Página 12
27 de enero de 2011
El Gobierno anunció la informatización del empleo registrado, que posibilitará detectar irregularidades “on line” durante las inspecciones. Permitirá centrar la tarea sobre focos de trabajo en negro. El agro, la construcción y el empleo doméstico en la mira.
Por Tomás Lukin
Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer la informatización del proceso de detección y sanción de las empresas que violan la legislación laboral. Con la puesta en marcha del programa Trabajo Registrado Digital el proceso de fiscalización del empleo informal que demoraba 40 días pasará a insumir una sola jornada. La última cifra oficial de empleo no registrado asciende a 35,8 por ciento en el tercer trimestre de 2010. Sin embargo, según los datos del Ministerio de Trabajo en el sector agropecuario y el empleo doméstico la cifra llega a superar el 60 por ciento. En esos casos no sólo se trata de patrones que no realizan los aportes a la seguridad social sino que los asalariados perciben remuneraciones por debajo del salario mínimo vital y móvil y están sometidos a condiciones de trabajo infrahumanas. En ese sentido, la Presidenta instó a los legisladores a priorizar el tratamiento del nuevo marco legal para el trabajo rural impulsado desde el Poder Ejecutivo.
“La única manera para que determinadas patronales cambien su comportamiento es que exista este tipo de reglas e instrumentos. No se trata solamente de mayor eficiencia en la lucha contra el empleo no registrado, ahora el riesgo para los empresarios es concreto. Los vamos a encontrar, juzgar y multar más rápido”, explicó Tomada a Página/12. Los anuncios de ayer forman parte del proceso de recuperación de las herramientas de fiscalización que habían sido desmanteladas durante los años noventa. “El deterioro económico no alcanza para explicar por qué el país llegó al 50 por ciento de empleo no registrado. Eso fue posible porque existió una permisibilidad absoluta desde el Estado. Nosotros estamos recuperando las herramientas. Sabemos cada vez más dónde está el trabajo ilegal y sabemos que hay que mantener el eje del modelo productivo en la creación de puestos de trabajo para que las condiciones laborales sigan mejorando”, expresó el funcionario.
En las próximas fiscalizaciones, los inspectores del Ministerio de Trabajo que recorran campos, construcciones, empresas madereras o restaurantes en los centros turísticos contarán con netbooks que permitirán realizar digitalmente los relevamientos y constatar en las bases de datos de la Anses y la AFIP, al momento de la fiscalización, la situación de los trabajadores mediante una conexión inalámbrica a Internet. Según precisó a este diario el subsecretario de Fiscalización, Guillermo Navone, el mecanismo facilitará los operativos en lugares remotos como los que realizaron recientemente en distintas explotaciones agropecuarias. Allí, la cartera laboral detectó numerosos casos de trabajadores rurales sometidos a condiciones de trabajo infrahumanas que comenzaron a ser revelados por este diario el pasado 2 de enero.
Los últimos datos del Plan Nacional de Regularización del Trabajo que lleva adelante la Secretaría de Trabajo, a cargo de Noemí Rial, indican que la tasa de no registro en el agro es de 49,8 por ciento, más de 13 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Pero en algunas producciones como la yerba mate en Misiones o las huertas salteñas las cifras ascienden al 60 y 94 por ciento, respectivamente. “Existe trabajo ilegal y también trabajo esclavo en condiciones infrahumanas. Se reproducen situaciones de los siglos XVIII y XIX. Por eso sería bueno que el Parlamento argentino ponga en su agenda el tratamiento del nuevo Estatuto del Peón Rural”, sostuvo CFK en el Salón Mujeres Argentinas de la Casa Rosada, donde realizó la entrega simbólica de tres netbooks.
Los fondos para adquirir las 500 computadoras, los servidores y la conectividad a Internet provienen de las multas realizadas el año pasado. Según apuntó a Página/12 Guillermo Navone, en 2010 el Ministerio de Trabajo recaudó 37 millones de pesos en multas por irregularidades laborales y la informatización costó 5 millones de pesos. Las netbooks ya están siendo utilizadas en algunos operativos y permiten reducir considerablemente el tiempo que insume todo el proceso.
A su vez, el Gobierno presentó un nuevo instrumento para determinar la probabilidad de que una empresa incumpla la normativa laboral. El sistema elabora un ranking del total de firmas que posiblemente organizan su producción con empleo ilegal. “Los estamos visibilizando. Con este nuevo sistema que nos permite identificar la probabilidad de que haya trabajo no registrado en una empresa, surgirán casos en otros sectores como la alimentación o la industria textil, que sólo encontrábamos cuando barríamos una zona”, consideró Tomada en diálogo con este diario.
La presidenta CFK y el ministro se refirieron a la situación del empleo a lo largo de la última década como un “cambio de paradigma”. El titular de la cartera laboral reconoce que el número de trabajadores no registrados continúa en valores elevados, pero remarca que desde 2003 la cifra se redujo en 14 puntos porcentuales. “Argentina alcanzó el nivel de trabajo registrado más elevado de los últimos 30 años. Existe una transformación significativa, en los ’90 por cada 10 nuevos puestos de trabajo, 9 eran informales. Hoy por cada 10 nuevos empleos, 8 son en blanco.”
jueves, 27 de enero de 2011
Una mano que indignó a la dirigencia
Página 12
27 de enero de 2011
Carbap descalificó el acuerdo oficial con la acopiadora de Federación Agraria y la industria molinera para que los pequeños productores de trigo reciban “el precio pleno”. Era lo reclamado por los ruralistas, pero con el retiro del Estado.
Por Raúl Dellatorre
La disputa de las entidades rurales por lograr “el precio pleno” por el trigo –que refleje el precio internacional menos el descuento teórico por flete y calidad– sigue mostrando fisuras en el seno de la Mesa de Enlace. La “colaboración” que prestó el Ministerio de Agricultura para con una acopiadora y comercializadora ligada a Federación Agraria despertó la histérica reacción de Carbap, entidad de base de Confederaciones Rurales, que acusó al Gobierno de “accionar discrecional en perjuicio de miles de productores, privilegiando a una cooperativa vinculada a FAA en detrimento de otros competidores”. Al responder, el titular de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, afirmó que “objetivamente, hay más diferencias ideológicas entre la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales con el Gobierno, que las que podemos tener nosotros, esto es así desde el primer momento”. Pero a pesar de las acusaciones y rechazo de Carbap, ayer por lo menos otros tres núcleos regionales de productores de trigo hicieron lo mismo que la acopiadora de FAA: le pidieron al ministerio que les “facilite” la colocación de sus granos en el mercado recibiendo el denominado “precio pleno”, equivalente al precio internacional menos un descuento por transporte y calidad.
Extrañamente, el presidente de Sociedad Rural, Hugo Biolcati, señaló ayer que se habrían concretado “algunas operaciones respetando el precio pleno” reclamado por las entidades, aunque de todos modos aseguró que “la voluntad del productor es continuar la lucha” en caso de no obtener el resultado deseado. Aunque Biolcati no lo precisó, las operaciones a las que se refería podrían ser las comprometidas por la industria molinera con Agricultores Federados Argentinos (AFA), acopiadora y comercializadora de granos vinculada con Federación Agraria. AFA le solicitó, por nota, al Ministerio de Agricultura alguna gestión para lograr colocar un volumen de 300 mil toneladas de trigo en el mercado. “A modo de facilitador”, expresaron fuentes oficiales de aquella cartera, ésta le pidió a la Federación de la Industria Molinera (FAIM) que analizara la petición de AFA y tratara de satisfacerla. Inmediatamente, las autoridades de la FAIM giraron el pedido a sus asociados y lograron una rápida “suscripción” de pedidos para completar las 300 mil toneladas. En la tarde de ayer, desde la cartera agropecuaria se informó que se han recibido “otras solicitudes de Entre Ríos por 70.000 toneladas, 500.000 para Puerto Quequén y 500.000 para Bahía Blanca”.
“Somos facilitadores para acercar las distintas áreas de competencia y defender al productor; damos respuesta en el marco de la urgencia que tienen para comercializar su trigo”, explicó esta intervención pública el subsecretario de Agricultura, Oscar Solís. “El ministro de Agricultura (Julián Domínguez) es un gringo del interior peronista, filosóficamente cooperativista y socialmente federado”, describió Solís para subrayar la sensibilidad del funcionario frente a las necesidades del productor. “Nuestro objetivo es canalizar y actuar para que los productores que más dificultades tienen puedan comercializar el trigo al precio FAS teórico”, señaló el funcionario.
Sin embargo, desde Carbap, entidad de base de confederaciones rurales que agrupa a los productores pampeanos y bonaerenses, se lanzó una fuerte manifestación de rechazo a la intervención oficial en el mercado triguero. Tras calificarla de “discrecional”, señala Carbap que dicho accionar “ahora privilegia a una cooperativa en particular, AFA, vinculada a Federación Agraria, en detrimento de otros competidores”. “Se trata de una metodología utilizada desde hace cinco campañas que promueve una escandalosa y discrecional transferencia de recursos, que debiera investigarse profundamente de una vez por todas y sin miramientos”, concluye el comunicado firmado por Alberto Frola, presidente de Carbap.
“Independientemente de las opiniones de los dirigentes políticos, tenemos la obligación como Estado de defender el precio de los productores trigueros”, fue la respuesta de Solís a dichos cuestionamientos.
27 de enero de 2011
Carbap descalificó el acuerdo oficial con la acopiadora de Federación Agraria y la industria molinera para que los pequeños productores de trigo reciban “el precio pleno”. Era lo reclamado por los ruralistas, pero con el retiro del Estado.
Por Raúl Dellatorre
La disputa de las entidades rurales por lograr “el precio pleno” por el trigo –que refleje el precio internacional menos el descuento teórico por flete y calidad– sigue mostrando fisuras en el seno de la Mesa de Enlace. La “colaboración” que prestó el Ministerio de Agricultura para con una acopiadora y comercializadora ligada a Federación Agraria despertó la histérica reacción de Carbap, entidad de base de Confederaciones Rurales, que acusó al Gobierno de “accionar discrecional en perjuicio de miles de productores, privilegiando a una cooperativa vinculada a FAA en detrimento de otros competidores”. Al responder, el titular de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, afirmó que “objetivamente, hay más diferencias ideológicas entre la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales con el Gobierno, que las que podemos tener nosotros, esto es así desde el primer momento”. Pero a pesar de las acusaciones y rechazo de Carbap, ayer por lo menos otros tres núcleos regionales de productores de trigo hicieron lo mismo que la acopiadora de FAA: le pidieron al ministerio que les “facilite” la colocación de sus granos en el mercado recibiendo el denominado “precio pleno”, equivalente al precio internacional menos un descuento por transporte y calidad.
Extrañamente, el presidente de Sociedad Rural, Hugo Biolcati, señaló ayer que se habrían concretado “algunas operaciones respetando el precio pleno” reclamado por las entidades, aunque de todos modos aseguró que “la voluntad del productor es continuar la lucha” en caso de no obtener el resultado deseado. Aunque Biolcati no lo precisó, las operaciones a las que se refería podrían ser las comprometidas por la industria molinera con Agricultores Federados Argentinos (AFA), acopiadora y comercializadora de granos vinculada con Federación Agraria. AFA le solicitó, por nota, al Ministerio de Agricultura alguna gestión para lograr colocar un volumen de 300 mil toneladas de trigo en el mercado. “A modo de facilitador”, expresaron fuentes oficiales de aquella cartera, ésta le pidió a la Federación de la Industria Molinera (FAIM) que analizara la petición de AFA y tratara de satisfacerla. Inmediatamente, las autoridades de la FAIM giraron el pedido a sus asociados y lograron una rápida “suscripción” de pedidos para completar las 300 mil toneladas. En la tarde de ayer, desde la cartera agropecuaria se informó que se han recibido “otras solicitudes de Entre Ríos por 70.000 toneladas, 500.000 para Puerto Quequén y 500.000 para Bahía Blanca”.
“Somos facilitadores para acercar las distintas áreas de competencia y defender al productor; damos respuesta en el marco de la urgencia que tienen para comercializar su trigo”, explicó esta intervención pública el subsecretario de Agricultura, Oscar Solís. “El ministro de Agricultura (Julián Domínguez) es un gringo del interior peronista, filosóficamente cooperativista y socialmente federado”, describió Solís para subrayar la sensibilidad del funcionario frente a las necesidades del productor. “Nuestro objetivo es canalizar y actuar para que los productores que más dificultades tienen puedan comercializar el trigo al precio FAS teórico”, señaló el funcionario.
Sin embargo, desde Carbap, entidad de base de confederaciones rurales que agrupa a los productores pampeanos y bonaerenses, se lanzó una fuerte manifestación de rechazo a la intervención oficial en el mercado triguero. Tras calificarla de “discrecional”, señala Carbap que dicho accionar “ahora privilegia a una cooperativa en particular, AFA, vinculada a Federación Agraria, en detrimento de otros competidores”. “Se trata de una metodología utilizada desde hace cinco campañas que promueve una escandalosa y discrecional transferencia de recursos, que debiera investigarse profundamente de una vez por todas y sin miramientos”, concluye el comunicado firmado por Alberto Frola, presidente de Carbap.
“Independientemente de las opiniones de los dirigentes políticos, tenemos la obligación como Estado de defender el precio de los productores trigueros”, fue la respuesta de Solís a dichos cuestionamientos.
“Es muy difícil de controlar”
Tiempo Argentino
27 de enero de 2011
Por Julio César Neffa
CEIL-PIETT Conicet. Doctor en Ciencias Sociales del Trabajo.
Desde el año 2003 comenzó un proceso de crecimiento económico a tasas elevadas que permitieron la creación de nuevos empleos. Eso permitió que disminuyera fuertemente el desempleo y el subempleo. Sin embargo, la economía argentina arrastra otro problema de tipo estructural desde mediados de los ’70 y esa es la causa por la que el trabajo no registrado disminuyó mucho más lentamente.
El trabajo en negro comenzó a disminuir con más vigor recién en 2004. En un momento representaba más del 50% de los asalariados y en la actualidad anda cerca del 35%. Ha habido un progreso notable de todas maneras.
Los empresarios al no registrar a sus trabajadores se están ahorrando un 20 o 30% sobre el costo salarial. A pesar del esfuerzo del ministerio de Trabajo, de ANSES y AFIP, es muy difícil controlar empresa por empresa y hay también un problema de conciencia por parte de las organizaciones sindicales que no ven a los trabajadores no registrados como formando parte de su propia clase.
Este es un problema muy difícil de controlar, que requiere una gran responsabilidad por parte de los empresarios, pero en los últimos años se nota una voluntad mucho más positiva por parte del gobierno nacional y en especial del Ministerio de Trabajo por enfrentar este problema.
27 de enero de 2011
Por Julio César Neffa
CEIL-PIETT Conicet. Doctor en Ciencias Sociales del Trabajo.
Desde el año 2003 comenzó un proceso de crecimiento económico a tasas elevadas que permitieron la creación de nuevos empleos. Eso permitió que disminuyera fuertemente el desempleo y el subempleo. Sin embargo, la economía argentina arrastra otro problema de tipo estructural desde mediados de los ’70 y esa es la causa por la que el trabajo no registrado disminuyó mucho más lentamente.
El trabajo en negro comenzó a disminuir con más vigor recién en 2004. En un momento representaba más del 50% de los asalariados y en la actualidad anda cerca del 35%. Ha habido un progreso notable de todas maneras.
Los empresarios al no registrar a sus trabajadores se están ahorrando un 20 o 30% sobre el costo salarial. A pesar del esfuerzo del ministerio de Trabajo, de ANSES y AFIP, es muy difícil controlar empresa por empresa y hay también un problema de conciencia por parte de las organizaciones sindicales que no ven a los trabajadores no registrados como formando parte de su propia clase.
Este es un problema muy difícil de controlar, que requiere una gran responsabilidad por parte de los empresarios, pero en los últimos años se nota una voluntad mucho más positiva por parte del gobierno nacional y en especial del Ministerio de Trabajo por enfrentar este problema.
“Queda un largo camino por recorrer”
Tiempo Argentino
27 de enero de 2011
Por Viviana Cifarelli
Codirectora del Taller de Estudios Laborales (TEL).
Aunque es evidente que hubo una caída en los últimos años, el nivel del trabajo no registrado sigue siendo alto. Más allá de los números, esta problemática tiene que ver con la ofensiva capitalista y la ola de flexibilización laboral de los ’90, una de cuyas estrategias era el trabajo no registrado que garantizaba a los empresarios bajar sus costos. Combatirlo es muy complejo. Se necesita una muy fuerte participación de los sindicatos. Ellos son la principal herramienta que tienen los trabajadores, por eso deberían tener una política muy fuerte de denuncia y de registro de estas situaciones en cada sector de la economía.
Aunque queda un largo camino por recorrer, veo que las cosas se están encarando de otra manera a lo que fueron los ’90. Falta bastante todavía. El mundo del trabajo fue el más atacado, y todas las medidas que se toman parecen no alcanzar. Pero hoy, por ejemplo, no es lo mismo ir al Ministerio de Trabajo que en los años ’90, cuando las empresas tenían allí sus oficinas, donde sólo entraban empresarios. Hoy van los trabajadores. Es una opción ir al ministerio. Antes había dejado de serlo, y eso es un termómetro muy claro.
27 de enero de 2011
Por Viviana Cifarelli
Codirectora del Taller de Estudios Laborales (TEL).
Aunque es evidente que hubo una caída en los últimos años, el nivel del trabajo no registrado sigue siendo alto. Más allá de los números, esta problemática tiene que ver con la ofensiva capitalista y la ola de flexibilización laboral de los ’90, una de cuyas estrategias era el trabajo no registrado que garantizaba a los empresarios bajar sus costos. Combatirlo es muy complejo. Se necesita una muy fuerte participación de los sindicatos. Ellos son la principal herramienta que tienen los trabajadores, por eso deberían tener una política muy fuerte de denuncia y de registro de estas situaciones en cada sector de la economía.
Aunque queda un largo camino por recorrer, veo que las cosas se están encarando de otra manera a lo que fueron los ’90. Falta bastante todavía. El mundo del trabajo fue el más atacado, y todas las medidas que se toman parecen no alcanzar. Pero hoy, por ejemplo, no es lo mismo ir al Ministerio de Trabajo que en los años ’90, cuando las empresas tenían allí sus oficinas, donde sólo entraban empresarios. Hoy van los trabajadores. Es una opción ir al ministerio. Antes había dejado de serlo, y eso es un termómetro muy claro.
Declara uno de los encargados de la Base Militar
Tiempo Argentino
27 de enero de 2011
Por N.O.E.
El vicecomodoro Jorge Tomasoni, uno de los responsables del funcionamiento de la Base Militar de Morón y encargado de uno de los hangares, inaugurará hoy el desfile de funcionarios militares por el juzgado del juez en lo Penal Económico Alejandro Catania, quien investiga el envío de casi una tonelada de cocaína en un avión privado a Barcelona. Tomasoni aparece mencionado en un mail anónimo, presuntamente escrito por “esposas de oficiales de la base Morón”, que circuló en distintos ambitos. El mail aparece con una simple búsqueda en cualquier motor de Internet, y junto con él, aclaraciones, desmentidas y puntualizaciones que ponen en tela de juicio todas las imputaciones. No obstante, “Nilda (Garré) lo recibió hace rato y ordenó chequear los datos. Hay cosas que son ciertas y otras que no”, dijo a Tiempo Argentino una fuente del área de Seguridad. “De lo único de lo que estamos seguros es que la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) no tuvo nada que ver”, agregó.
Tomasoni (mencionado como “Thomasoni” en el mail) declarará como testigo, es decir que al momento de sentarse frente al juez no pesará sobre él ninguna acusación, pero deberá prestar juramento de decir la verdad. ¿Sobre qué? Sobre una cuestión que obsesiona a los investigadores: quién debía controlar el avión Challenger en el que se transportaron a España los 994 kilos de droga. O, lo que es lo mismo pero dicho en la jerga oficial, “a quién se le escapó la cocaína”.
Después de Tomasoni declararán otros cinco oficiales de la Fuerza Aérea que se desempeñan en la base aérea de Morón. Y entre el viernes y el lunes (cuando Catania ya no estará al frente del juzgado) lo harán otros 12.
Por lo pronto, ayer declararon siete empleados de la torre de control y del área de planes de vuelo de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Todos coincidieron en situar al avión en el predio, pero ninguno admitió haberlo visto “hangarado”, es decir estacionado dentro de un hangar y bajo techo. Las fuentes consultadas por este diario insisten en que todo el tiempo que la aeronave estuvo en Morón permaneció al aire libre. Los relatos también concordaron en que, tal como adelantó ayer este diario, el control de la carga de los aviones que llegaban y partían desde la base formaba parte de una zona gris y permeable.
El juez Catania quiere saber si efectivamente, tal como sospecha, la cocaína fue cargada en la aeroestación de Morón. En las últimas horas llegó al juzgado un primer documento proveniente de las autoridades españolas, confirmando el peso de la droga secuestrada (que supera ligeramente los 944 kilos), y con otras formalidades elaboradas por la Guardia Civil, encargada del operativo.
27 de enero de 2011
Por N.O.E.
El vicecomodoro Jorge Tomasoni, uno de los responsables del funcionamiento de la Base Militar de Morón y encargado de uno de los hangares, inaugurará hoy el desfile de funcionarios militares por el juzgado del juez en lo Penal Económico Alejandro Catania, quien investiga el envío de casi una tonelada de cocaína en un avión privado a Barcelona. Tomasoni aparece mencionado en un mail anónimo, presuntamente escrito por “esposas de oficiales de la base Morón”, que circuló en distintos ambitos. El mail aparece con una simple búsqueda en cualquier motor de Internet, y junto con él, aclaraciones, desmentidas y puntualizaciones que ponen en tela de juicio todas las imputaciones. No obstante, “Nilda (Garré) lo recibió hace rato y ordenó chequear los datos. Hay cosas que son ciertas y otras que no”, dijo a Tiempo Argentino una fuente del área de Seguridad. “De lo único de lo que estamos seguros es que la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) no tuvo nada que ver”, agregó.
Tomasoni (mencionado como “Thomasoni” en el mail) declarará como testigo, es decir que al momento de sentarse frente al juez no pesará sobre él ninguna acusación, pero deberá prestar juramento de decir la verdad. ¿Sobre qué? Sobre una cuestión que obsesiona a los investigadores: quién debía controlar el avión Challenger en el que se transportaron a España los 994 kilos de droga. O, lo que es lo mismo pero dicho en la jerga oficial, “a quién se le escapó la cocaína”.
Después de Tomasoni declararán otros cinco oficiales de la Fuerza Aérea que se desempeñan en la base aérea de Morón. Y entre el viernes y el lunes (cuando Catania ya no estará al frente del juzgado) lo harán otros 12.
Por lo pronto, ayer declararon siete empleados de la torre de control y del área de planes de vuelo de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Todos coincidieron en situar al avión en el predio, pero ninguno admitió haberlo visto “hangarado”, es decir estacionado dentro de un hangar y bajo techo. Las fuentes consultadas por este diario insisten en que todo el tiempo que la aeronave estuvo en Morón permaneció al aire libre. Los relatos también concordaron en que, tal como adelantó ayer este diario, el control de la carga de los aviones que llegaban y partían desde la base formaba parte de una zona gris y permeable.
El juez Catania quiere saber si efectivamente, tal como sospecha, la cocaína fue cargada en la aeroestación de Morón. En las últimas horas llegó al juzgado un primer documento proveniente de las autoridades españolas, confirmando el peso de la droga secuestrada (que supera ligeramente los 944 kilos), y con otras formalidades elaboradas por la Guardia Civil, encargada del operativo.
Nuevo revés para Clarín: la presidenta respaldó a Mariotto y a la Ley de Medios
Tiempo Argentino
27 de enero de 2011
Por Hernán Cocchi
Cristina calificó el pedido del grupo monopólico de “malicioso” y afirmó que las pruebas eran insuficientes. Habían acusado a los funcionarios de formar parte de un “plan contra la prensa libre”.
La presidenta Cristina Fernández rechazó ayer un pedido de recusación presentado por Cablevisión contra todos los integrantes del Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), incluido el presidente del organismo, Gabriel Mariotto. La empresa del Grupo Clarín había argumentado que los funcionarios manifestaron “enemistad, odio o resentimiento” contra la prestadora de televisión paga. El decreto 72/2011 afirma que “la vaguedad hace maliciosa” a la acusación.
Todo comenzó luego de un sumario iniciado por la AFSCA por el incumplimiento del reordenamiento de la grilla de canales de la televisión por cable ordenado el año pasado. Luego de idas y vueltas judiciales, la resolución 296/2010 quedó firme pero Cablevisión se negó a cumplirla. Entonces, los funcionarios del organismo sancionaron a la empresa. En su descargo, la compañía de Clarín intentó desacreditar a Mariotto, Jorge Capitanich y otros integrantes del Directorio con el argumento de que son “amigos” del Poder Ejecutivo. Además, afirmaron que forman parte de un “plan deliberado para afectar a la prensa libre” y utilizaron como pruebas las resoluciones dictadas por la AFSCA contra el grupo monopólico por el incumplimiento de la Ley de Medios de la Democracia.
El decreto firmado por la presidenta consideró como “generalidades” los argumentos presentados por los abogados del Grupo Clarín y aclara que en los escritos no se aportaron pruebas para demostrar que Mariotto y los demás integrantes del Directorio de la AFSCA actuaron con parcialidad. Además, el texto publicado en el Boletín Oficial explica que la recusación debe ser individual y sobre la base de hechos que puedan ser demostrados en cada caso. En la denuncia inicial, Cablevisión no había nombrado a todos los integrantes del Directorio de la AFSCA
El artículo 17 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece una serie de causas que autorizan la recusación. En el caso de que un juez o un funcionario mantengan vínculos de sangre, relaciones comerciales, de amistad; algún pleito legal pendiente o que se demuestre “enemistad, odio o resentimiento”, una de las partes podrá pedir la exclusión. Sin embargo, los abogados de Cablevisión intentaron recusar al organismo en su conjunto.
Cablevisión es el único prestador de televisión paga que aún no reordenó sus señales de manera temática y correlativa. La resolución adoptada el 8 de septiembre de 2009 por el Directorio de la AFSCA establece una serie de criterios para la confección de la grilla y así evitar las “avivadas” de los cableoperadores para beneficiar o perjudicar a un canal según su ubicación en el servicio. Entre otras, deben incluir señales como Telesur y CN23.
27 de enero de 2011
Por Hernán Cocchi
Cristina calificó el pedido del grupo monopólico de “malicioso” y afirmó que las pruebas eran insuficientes. Habían acusado a los funcionarios de formar parte de un “plan contra la prensa libre”.
La presidenta Cristina Fernández rechazó ayer un pedido de recusación presentado por Cablevisión contra todos los integrantes del Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), incluido el presidente del organismo, Gabriel Mariotto. La empresa del Grupo Clarín había argumentado que los funcionarios manifestaron “enemistad, odio o resentimiento” contra la prestadora de televisión paga. El decreto 72/2011 afirma que “la vaguedad hace maliciosa” a la acusación.
Todo comenzó luego de un sumario iniciado por la AFSCA por el incumplimiento del reordenamiento de la grilla de canales de la televisión por cable ordenado el año pasado. Luego de idas y vueltas judiciales, la resolución 296/2010 quedó firme pero Cablevisión se negó a cumplirla. Entonces, los funcionarios del organismo sancionaron a la empresa. En su descargo, la compañía de Clarín intentó desacreditar a Mariotto, Jorge Capitanich y otros integrantes del Directorio con el argumento de que son “amigos” del Poder Ejecutivo. Además, afirmaron que forman parte de un “plan deliberado para afectar a la prensa libre” y utilizaron como pruebas las resoluciones dictadas por la AFSCA contra el grupo monopólico por el incumplimiento de la Ley de Medios de la Democracia.
El decreto firmado por la presidenta consideró como “generalidades” los argumentos presentados por los abogados del Grupo Clarín y aclara que en los escritos no se aportaron pruebas para demostrar que Mariotto y los demás integrantes del Directorio de la AFSCA actuaron con parcialidad. Además, el texto publicado en el Boletín Oficial explica que la recusación debe ser individual y sobre la base de hechos que puedan ser demostrados en cada caso. En la denuncia inicial, Cablevisión no había nombrado a todos los integrantes del Directorio de la AFSCA
El artículo 17 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece una serie de causas que autorizan la recusación. En el caso de que un juez o un funcionario mantengan vínculos de sangre, relaciones comerciales, de amistad; algún pleito legal pendiente o que se demuestre “enemistad, odio o resentimiento”, una de las partes podrá pedir la exclusión. Sin embargo, los abogados de Cablevisión intentaron recusar al organismo en su conjunto.
Cablevisión es el único prestador de televisión paga que aún no reordenó sus señales de manera temática y correlativa. La resolución adoptada el 8 de septiembre de 2009 por el Directorio de la AFSCA establece una serie de criterios para la confección de la grilla y así evitar las “avivadas” de los cableoperadores para beneficiar o perjudicar a un canal según su ubicación en el servicio. Entre otras, deben incluir señales como Telesur y CN23.
A los hijos de los brigadieres les movieron el piso
Página 12
26 de enero de 2011
Las autoridades españolas enviaron un informe en el que se señala que la cocaína iba escondida en el piso del Bombardier Challenger. La droga habría sido acondicionada en Morón a lo largo de varias jornadas.
Por Raúl Kollmann
Las autoridades españolas remitieron un informe extraoficial al gobierno argentino en el que se señala que la cocaína iba escondida en el piso del avión Bombardier Challenger, es decir debajo de los asientos, las alfombras y la estructura que pisan los pasajeros. Según este texto, la droga fue acondicionada en el avión en el aeródromo de Morón y tuvo que hacerse a lo largo de varias jornadas. El informe sostiene que, al menos por ahora, los tres detenidos son igualmente responsables, es decir los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá y Matías Miret. El secreto del sumario se mantiene porque se está investigando toda la organización que llevó los 944 kilos a Barcelona. Por lo que señala el texto, el origen de la cocaína es Colombia, por lo que la organización tiene su punto de partida en ese país.
Todo indica que el informe ya llegó a la Argentina o está por llegar a través del embajador Carlos Bettini, pero es posible que un adelanto de los datos ya esté en manos de la ministra de Seguridad, Nilda Garré. En primer lugar, porque el lunes se dispuso el desplazamiento del comodoro Jorge Ayerdi, jefe de la Base Aérea de Morón. Pero además, porque Garré realizó ese día una declaración sugestiva: “Todavía no hay seguridad, si bien los últimos datos hacen pensar cada vez más que la droga pudo haber sido cargada en la Argentina”. Más allá de esa frase, lo cierto es que desde que se conoció la detención de los hijos de los brigadieres, Garré viene sosteniendo ante sus colaboradores lo que ayer dijo en forma pública: que hay agujeros en el control, sobre todo en aeródromos del estilo del de Morón, donde se superponen responsabilidades de la Fuerza Aérea y de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Como hubo una transferencia de los militares a los civiles, quedaron zonas grises que fueron aprovechadas por los narcos. Además, todavía resta establecer si la Aduana debió revisar el avión, pese a que los hijos de los brigadieres declararon que no llevaban carga.
El informe español dice en concreto que la droga se ubicó por debajo del piso del avión. Esto significa que hubo que hacer un trabajo de acondicionamiento que seguro llevó bastantes horas. Se sacaron los asientos, las alfombras y la estructura que pisan los pasajeros, para colocar la cocaína en los huecos que hay por debajo del piso. Los españoles no dicen –al menos hasta ahora– cómo descubrieron el cargamento ni hacen referencia a lo que ya mencionó Alfredo Pérez Rubalcaba, número dos del gobierno español: que esperaban el avión sabiendo que traía la cocaína.
El dato sobre el aeropuerto de Morón habría salido del informe que envió a España la empresa que fabricó el Bombardier. La computadora de a bordo registra los pesos de la aeronave en cada despegue, por lo que detectó el lugar desde el que partió el Bombardier con una tonelada de más. Esa computadora es como las llamadas cajas negras, o sea inviolable, y sólo puede ser abierta y analizada por el fabricante. Es probable entonces que la información haya surgido de ese análisis, pero más allá del origen, lo cierto es que los españoles sostienen que la carga se hizo en Morón y así lo pusieron en el informe.
En el Juzgado en lo Penal Económico que encabeza Alejandro Catania todavía no se recibió ninguna información oficial. El magistrado libró un exhorto a España hace ya dos semanas y a través de Interpol Argentina se le pidió a Interpol España que se envíen las fotos del procedimiento en que se secuestró la cocaína. Se trata incluso de parte del convenio que en su momento firmaron el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, y su par de España, Alfredo Pérez Rubalcaba, hoy número dos del gobierno ibérico. Mientras no llegue el informe oficial, Catania y su secretario letrado, Martín Castellano, sólo pueden investigar delitos menores, como el incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero no el delito mayor: contrabando agravado de estupefacientes.
El secreto de sumario en Barcelona no se levantó porque una organización como la que llevó los 944 kilos en el avión no se integra sólo con tres hijos de brigadieres. Por lo pronto, se está haciendo un análisis de todos los vuelos previos, incluyendo el que se hizo en abril a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, llevando a dos personas sospechadas de ser proveedoras de la cocaína. En ese vuelo también estuvieron los hermanos Juliá y Matías Miret y entre sus pasajeros el colombiano John Wilson Díaz Vélez y un argentino, Daniel Amitrano. En el vuelo que trajo el Challenger a la Argentina, también los hermanos Juliá y Miret estuvieron en los controles y la esposa de este último, Agustina María Conil Paz, figura en la lista de pasajeros. Hubo dos vuelos en junio, con aviones privados, en los que Gustavo y Eduardo Juliá despegaron desde Buenos Aires y llegaron a Murcia y a Reus, muy cerca de Barcelona. Por último, los hijos del ex jefe de la Fuerza Aérea estuvieron en Barcelona en diciembre por tres días en cada oportunidad. Llegaron a la ciudad catalana en vuelos de línea.
Miret, a través de su esposa, hizo trascender que efectivamente la droga fue cargada en la Argentina y específicamente en Morón, manifestando que fue engañado por los Juliá. Por ahora, las autoridades españolas lo consideran involucrado en el caso, sobre todo teniendo en cuenta que participó de dos de los vuelos anteriores, el de Santa Cruz de la Sierra y el que trajo el avión desde Fort Lauderdale. Su esposa, Conil Paz, también figura integrando la empresa Aviación Atlántico Sur S.A., que hizo trámites relacionados con el avión. Conil Paz dijo que su marido sólo realizó el vuelo a Barcelona, lo que no encaja con los informes de Migraciones.
Un elemento importante en la pesquisa es el peritaje químico de la cocaína. Se menciona que la organización que estuvo detrás del vuelo con los 944 kilos de cocaína a Barcelona es la misma que proveyó a la banda en la que habría revistado, como supervisora, la modelo colombiana Angie Sanclemente. Esto podría determinarse justamente por la pericia química, ya que los laboratorios dejan una especie de huella digital en la droga.
Lo cierto es que faltan otros elementos en la investigación: cómo llegó la droga a la Argentina, las complicidades, quién la recibía en España y, lo fundamental, qué organización estuvo detrás de semejante transporte de cocaína por valor de 50 millones de euros.
Informe desde España: O. G.
26 de enero de 2011
Las autoridades españolas enviaron un informe en el que se señala que la cocaína iba escondida en el piso del Bombardier Challenger. La droga habría sido acondicionada en Morón a lo largo de varias jornadas.
Por Raúl Kollmann
Las autoridades españolas remitieron un informe extraoficial al gobierno argentino en el que se señala que la cocaína iba escondida en el piso del avión Bombardier Challenger, es decir debajo de los asientos, las alfombras y la estructura que pisan los pasajeros. Según este texto, la droga fue acondicionada en el avión en el aeródromo de Morón y tuvo que hacerse a lo largo de varias jornadas. El informe sostiene que, al menos por ahora, los tres detenidos son igualmente responsables, es decir los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá y Matías Miret. El secreto del sumario se mantiene porque se está investigando toda la organización que llevó los 944 kilos a Barcelona. Por lo que señala el texto, el origen de la cocaína es Colombia, por lo que la organización tiene su punto de partida en ese país.
Todo indica que el informe ya llegó a la Argentina o está por llegar a través del embajador Carlos Bettini, pero es posible que un adelanto de los datos ya esté en manos de la ministra de Seguridad, Nilda Garré. En primer lugar, porque el lunes se dispuso el desplazamiento del comodoro Jorge Ayerdi, jefe de la Base Aérea de Morón. Pero además, porque Garré realizó ese día una declaración sugestiva: “Todavía no hay seguridad, si bien los últimos datos hacen pensar cada vez más que la droga pudo haber sido cargada en la Argentina”. Más allá de esa frase, lo cierto es que desde que se conoció la detención de los hijos de los brigadieres, Garré viene sosteniendo ante sus colaboradores lo que ayer dijo en forma pública: que hay agujeros en el control, sobre todo en aeródromos del estilo del de Morón, donde se superponen responsabilidades de la Fuerza Aérea y de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Como hubo una transferencia de los militares a los civiles, quedaron zonas grises que fueron aprovechadas por los narcos. Además, todavía resta establecer si la Aduana debió revisar el avión, pese a que los hijos de los brigadieres declararon que no llevaban carga.
El informe español dice en concreto que la droga se ubicó por debajo del piso del avión. Esto significa que hubo que hacer un trabajo de acondicionamiento que seguro llevó bastantes horas. Se sacaron los asientos, las alfombras y la estructura que pisan los pasajeros, para colocar la cocaína en los huecos que hay por debajo del piso. Los españoles no dicen –al menos hasta ahora– cómo descubrieron el cargamento ni hacen referencia a lo que ya mencionó Alfredo Pérez Rubalcaba, número dos del gobierno español: que esperaban el avión sabiendo que traía la cocaína.
El dato sobre el aeropuerto de Morón habría salido del informe que envió a España la empresa que fabricó el Bombardier. La computadora de a bordo registra los pesos de la aeronave en cada despegue, por lo que detectó el lugar desde el que partió el Bombardier con una tonelada de más. Esa computadora es como las llamadas cajas negras, o sea inviolable, y sólo puede ser abierta y analizada por el fabricante. Es probable entonces que la información haya surgido de ese análisis, pero más allá del origen, lo cierto es que los españoles sostienen que la carga se hizo en Morón y así lo pusieron en el informe.
En el Juzgado en lo Penal Económico que encabeza Alejandro Catania todavía no se recibió ninguna información oficial. El magistrado libró un exhorto a España hace ya dos semanas y a través de Interpol Argentina se le pidió a Interpol España que se envíen las fotos del procedimiento en que se secuestró la cocaína. Se trata incluso de parte del convenio que en su momento firmaron el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, y su par de España, Alfredo Pérez Rubalcaba, hoy número dos del gobierno ibérico. Mientras no llegue el informe oficial, Catania y su secretario letrado, Martín Castellano, sólo pueden investigar delitos menores, como el incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero no el delito mayor: contrabando agravado de estupefacientes.
El secreto de sumario en Barcelona no se levantó porque una organización como la que llevó los 944 kilos en el avión no se integra sólo con tres hijos de brigadieres. Por lo pronto, se está haciendo un análisis de todos los vuelos previos, incluyendo el que se hizo en abril a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, llevando a dos personas sospechadas de ser proveedoras de la cocaína. En ese vuelo también estuvieron los hermanos Juliá y Matías Miret y entre sus pasajeros el colombiano John Wilson Díaz Vélez y un argentino, Daniel Amitrano. En el vuelo que trajo el Challenger a la Argentina, también los hermanos Juliá y Miret estuvieron en los controles y la esposa de este último, Agustina María Conil Paz, figura en la lista de pasajeros. Hubo dos vuelos en junio, con aviones privados, en los que Gustavo y Eduardo Juliá despegaron desde Buenos Aires y llegaron a Murcia y a Reus, muy cerca de Barcelona. Por último, los hijos del ex jefe de la Fuerza Aérea estuvieron en Barcelona en diciembre por tres días en cada oportunidad. Llegaron a la ciudad catalana en vuelos de línea.
Miret, a través de su esposa, hizo trascender que efectivamente la droga fue cargada en la Argentina y específicamente en Morón, manifestando que fue engañado por los Juliá. Por ahora, las autoridades españolas lo consideran involucrado en el caso, sobre todo teniendo en cuenta que participó de dos de los vuelos anteriores, el de Santa Cruz de la Sierra y el que trajo el avión desde Fort Lauderdale. Su esposa, Conil Paz, también figura integrando la empresa Aviación Atlántico Sur S.A., que hizo trámites relacionados con el avión. Conil Paz dijo que su marido sólo realizó el vuelo a Barcelona, lo que no encaja con los informes de Migraciones.
Un elemento importante en la pesquisa es el peritaje químico de la cocaína. Se menciona que la organización que estuvo detrás del vuelo con los 944 kilos de cocaína a Barcelona es la misma que proveyó a la banda en la que habría revistado, como supervisora, la modelo colombiana Angie Sanclemente. Esto podría determinarse justamente por la pericia química, ya que los laboratorios dejan una especie de huella digital en la droga.
Lo cierto es que faltan otros elementos en la investigación: cómo llegó la droga a la Argentina, las complicidades, quién la recibía en España y, lo fundamental, qué organización estuvo detrás de semejante transporte de cocaína por valor de 50 millones de euros.
Informe desde España: O. G.
Declara hoy el hijo de Paco Urondo
Tiempo Argentino
26 de enero de 2011
Por G.A.
Con la declaración del hijo del poeta y militante de Montoneros Francisco ‘Paco’ Urondo, el Tribunal Oral Federal Nº1 de Mendoza retoma hoy las audiencias. Javier Urondo comenzará a atestiguar a las 9 frente a los jueces sobre el homicidio de su padre ocurrido el 17 de junio de 1976 y el secuestro de la pareja del poeta, Alicia Raboy.
El abogado querellante Pablo Salinas aseguró a Tiempo Argentino que la declaración será un momento “muy emotivo” porque la causa se abrió gracias al impulso y los aportes de Javier. “Él era un adolescente cuando murió el padre y va a ser un momento histórico que pueda declarar y estar frente a los asesinos buscando justicia”, manifestó.
Si bien este testimonio no aportará pruebas sobre el asesinato, Salinas señaló que buscará contribuir sobre las características del poeta y sus ideales. “Las pruebas sobre su asesinato ya se aportaron, pero estos juicios no tienen sólo un sentido jurídico penal, además tienen una trascendencia histórica ya que en este caso se trata del primer juicio en Mendoza capital”, agregó.
Paco Urondo fue enviado a Mendoza por Montoneros para encabezar las acciones en esa unidad que había sido diezmada. A los pocos meses de haber llegado fue interceptado por un grupo de represores cuando se trasladaba en su auto con su pareja, Alicia Raboy, y Ángela, la hija de ambos.
“Está probado que ‘Paco’ fue asesinado por golpes en la cabeza, esto lo confirmó la pericia médica y el propio (ex policía Celustiano) Lucero, quien declaró en el juicio que lo había golpeado”, detalló Salinas.
26 de enero de 2011
Por G.A.
Con la declaración del hijo del poeta y militante de Montoneros Francisco ‘Paco’ Urondo, el Tribunal Oral Federal Nº1 de Mendoza retoma hoy las audiencias. Javier Urondo comenzará a atestiguar a las 9 frente a los jueces sobre el homicidio de su padre ocurrido el 17 de junio de 1976 y el secuestro de la pareja del poeta, Alicia Raboy.
El abogado querellante Pablo Salinas aseguró a Tiempo Argentino que la declaración será un momento “muy emotivo” porque la causa se abrió gracias al impulso y los aportes de Javier. “Él era un adolescente cuando murió el padre y va a ser un momento histórico que pueda declarar y estar frente a los asesinos buscando justicia”, manifestó.
Si bien este testimonio no aportará pruebas sobre el asesinato, Salinas señaló que buscará contribuir sobre las características del poeta y sus ideales. “Las pruebas sobre su asesinato ya se aportaron, pero estos juicios no tienen sólo un sentido jurídico penal, además tienen una trascendencia histórica ya que en este caso se trata del primer juicio en Mendoza capital”, agregó.
Paco Urondo fue enviado a Mendoza por Montoneros para encabezar las acciones en esa unidad que había sido diezmada. A los pocos meses de haber llegado fue interceptado por un grupo de represores cuando se trasladaba en su auto con su pareja, Alicia Raboy, y Ángela, la hija de ambos.
“Está probado que ‘Paco’ fue asesinado por golpes en la cabeza, esto lo confirmó la pericia médica y el propio (ex policía Celustiano) Lucero, quien declaró en el juicio que lo había golpeado”, detalló Salinas.
Buzzi reconoció que el lockout no fue un éxito
Tiempo Argentino
26 de enero de 2011
Por Mariano Beristain
Declararon el estado de alerta y movilización y criticaron al gobierno. Crearán un observatorio.
Después de tres horas de deliberaciones con sus pares de la Mesa de Enlace, Eduardo Buzzi, el titular de la Federación Agraria Argentina, tuvo un rapto de sinceridad cuando le preguntaron si el lockout patronal había sido un triunfo. “Lamentablemente –respondió Buzzi atónito– usar la palabra exitoso no es lo más adecuado.” Las declaraciones de Buzzi, el dirigente más representativo de la Mesa de Enlace, pusieron al desnudo los verdaderos resultados del cese de comercialización que, en teoría, duró una semana pero que en los hechos prácticamente no se implementó. Esta semana Federación Agraria y Coninagro siguieron exportando granos a través de intermediarios que responden a sus intereses. Durante la protesta se certificaron movimientos por 800 mil toneladas de trigo, 200 mil de soja y 90 mil de maíz. Ayer los líderes de las entidades ruralistas quisieron dar una muestra de unidad y declararon el “estado de alerta, movilización y asamblea” para tratar de mostrarle al gobierno que el reclamo por el trigo sigue intacto. Además, adelantaron la creación de un observatorio para analizar el pago del FAS Teórico a los productores. En ese sentido, Biolcati explicó que ese “sistema de observación de los mercados servirá para ver qué precio se está pagando en cada región, para saber en el término de una semana o diez días cuál fue el efecto de las medidas tomadas la semana pasada”.
Pese a este intento por mostrar una Mesa de Enlace fortalecida después del lockout, las diferencias internas siguen siendo importantes. Hugo Biolcati, el titular de la anquilosada Sociedad Rural Argentina, insistió con el discurso de la libertad de mercado cuando Buzzi ha reclamado en numerosas ocasiones la creación de una Junta Nacional de Granos que proteja a los productores de los exportadores y los molinos, los sectores más fuertes de la cadena de comercialización. Si Buzzi acepta la religión promercado de La Rural estaría cremando los restos ideológicos que le dieron nacimiento a la Federación Agraria y se ganaría muchos enemigos dentro de la propia entidad. El escaso calor popular que generó la medida de fuerza entre los propios productores y los poblados del interior generó situaciones insólitas. Por ejemplo, cuando la Federación Agraria llamó a un tractorazo frente a la filial que Cargill tiene en las afueras de Rosario, sólo pudo notarse la presencia de periodistas, fotógrafos y un centenar de militantes. Muy lejos de las convocatorias multitudinarias que arrastraron a los sectores medios altos de la Argentina y que le dieron fama a los “cuatro caballeros del apocalipsis”, como los denominó en medio de una medida de fuerza que elevó los precios de los alimentos y frenó el crecimiento de la actividad económica. En cambio, pese al apoyo y la difusión de algunos medios, en esta oportunidad las masas no acompañaron a la Mesa de Enlace. En este nuevo contexto, Biolcati descartó la realización de nuevas medidas de fuerza en lo inmediato, pero dejó abierta esa posibilidad en el futuro. Buzzi reiteró sus críticas al gobierno, principalmente centralizadas en la figura del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, pero no le cerró las puertas al diálogo, invitación que Julián Domínguez ha hecho en distintas oportunidades, incluso en medio del lockout.
Informe: Rafael García Palavecino - cronista de CN23.
26 de enero de 2011
Por Mariano Beristain
Declararon el estado de alerta y movilización y criticaron al gobierno. Crearán un observatorio.
Después de tres horas de deliberaciones con sus pares de la Mesa de Enlace, Eduardo Buzzi, el titular de la Federación Agraria Argentina, tuvo un rapto de sinceridad cuando le preguntaron si el lockout patronal había sido un triunfo. “Lamentablemente –respondió Buzzi atónito– usar la palabra exitoso no es lo más adecuado.” Las declaraciones de Buzzi, el dirigente más representativo de la Mesa de Enlace, pusieron al desnudo los verdaderos resultados del cese de comercialización que, en teoría, duró una semana pero que en los hechos prácticamente no se implementó. Esta semana Federación Agraria y Coninagro siguieron exportando granos a través de intermediarios que responden a sus intereses. Durante la protesta se certificaron movimientos por 800 mil toneladas de trigo, 200 mil de soja y 90 mil de maíz. Ayer los líderes de las entidades ruralistas quisieron dar una muestra de unidad y declararon el “estado de alerta, movilización y asamblea” para tratar de mostrarle al gobierno que el reclamo por el trigo sigue intacto. Además, adelantaron la creación de un observatorio para analizar el pago del FAS Teórico a los productores. En ese sentido, Biolcati explicó que ese “sistema de observación de los mercados servirá para ver qué precio se está pagando en cada región, para saber en el término de una semana o diez días cuál fue el efecto de las medidas tomadas la semana pasada”.
Pese a este intento por mostrar una Mesa de Enlace fortalecida después del lockout, las diferencias internas siguen siendo importantes. Hugo Biolcati, el titular de la anquilosada Sociedad Rural Argentina, insistió con el discurso de la libertad de mercado cuando Buzzi ha reclamado en numerosas ocasiones la creación de una Junta Nacional de Granos que proteja a los productores de los exportadores y los molinos, los sectores más fuertes de la cadena de comercialización. Si Buzzi acepta la religión promercado de La Rural estaría cremando los restos ideológicos que le dieron nacimiento a la Federación Agraria y se ganaría muchos enemigos dentro de la propia entidad. El escaso calor popular que generó la medida de fuerza entre los propios productores y los poblados del interior generó situaciones insólitas. Por ejemplo, cuando la Federación Agraria llamó a un tractorazo frente a la filial que Cargill tiene en las afueras de Rosario, sólo pudo notarse la presencia de periodistas, fotógrafos y un centenar de militantes. Muy lejos de las convocatorias multitudinarias que arrastraron a los sectores medios altos de la Argentina y que le dieron fama a los “cuatro caballeros del apocalipsis”, como los denominó en medio de una medida de fuerza que elevó los precios de los alimentos y frenó el crecimiento de la actividad económica. En cambio, pese al apoyo y la difusión de algunos medios, en esta oportunidad las masas no acompañaron a la Mesa de Enlace. En este nuevo contexto, Biolcati descartó la realización de nuevas medidas de fuerza en lo inmediato, pero dejó abierta esa posibilidad en el futuro. Buzzi reiteró sus críticas al gobierno, principalmente centralizadas en la figura del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, pero no le cerró las puertas al diálogo, invitación que Julián Domínguez ha hecho en distintas oportunidades, incluso en medio del lockout.
Informe: Rafael García Palavecino - cronista de CN23.
El poder mediático ya no puede ocultar la verdad
Tiempo Argentino
26 de enero de 2011
Por Marcelo Duhalde
Director de Prensa y Comunicación del Archivo Nacional de la Memoria.
Las declaraciones del dictador Reynaldo Bignone confirmando las ‘buenas relaciones’ entre Clarín, La Nación, La Razón y los genocidas torna imposible sostener la mentira.
Por fin llegamos a un punto que hasta hace poco tiempo parecía imposible, empieza a resquebrajarse otro nicho de impunidad. Las declaraciones del dictador Reynaldo Bignone confirmando las “buenas relaciones” entre Clarín, La Nación, La Razón y los genocidas torna imposible sostener la mentira. Gracias a las políticas implementadas desde 2003 por el gobierno de Néstor Kirchner y continuadas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se pudo avanzar en la investigación de las atrocidades cometidas por la dictadura cívico militar.
Durante muchos años, hubo un manto de silencio cómplice sobre la participación de los civiles en la inducción y participación en la dictadura de 1976. Ya en el ’75 Celestino Rodrigo, entonces ministro de economía, intentó implementar una política neoliberal de marginación del pueblo argentino. La misma que luego llevaría adelante Alfredo Martínez de Hoz. A pesar de las complicidades y debilidades del gobierno de Isabel Perón, la vigencia de las instituciones democráticas y, por sobre todas las cosas, la resistencia desarrollada por la juventud, el movimiento obrero organizado en distintas expresiones, y las numerosas organizaciones de base, impidieron con la protesta social que se pudiera instalar esta política de hambre y desocupación.
Pero la decisión estaba tomada y el plan elaborado. Jorge Rafael Videla lo había anunciado el 24 de octubre de 1975. En una reunión de comandantes en Jefe de los ejércitos latinoamericanos en Montevideo, ante periodistas extranjeros, afirmó que en la Argentina morirían todos los que tuvieran que morir para llevar adelante el proyecto de país para unos pocos que ellos habían acordado con los empresarios y los grupos transnacionales.
En diciembre de 1975, hubo un intento de golpe de estado de otro sector de las Fuerzas Armadas, encabezado por el brigadier Orlando Capellini, que sirvió para medir la poca reacción de la población. La existencia de la Triple A al amparo de sectores del Estado de un gobierno sin política y sin presencia, con una oposición que llamaba a los cuarteles diciendo que no tenían solución, terminaron de configurar el escenario que dio paso al golpe del 24 de marzo de 1976.
El diseño e implementación de las políticas económicas estuvo a cargo de sectores civiles. Los grandes beneficios, por supuesto, fueron para unos pocos empresarios cómplices y partícipes de la más brutal represión que sufrió nuestro pueblo. Este proyecto tenía como necesidad fundamental para ser impuesto acallar hasta la más mínima protesta social. De esto se harían cargo los militares. Para poder convencer a la población de las supuestas bondades del proyecto económico y de la gesta salvadora de la Patria que encabezaba el dictador Videla, era necesario amordazar a los sectores de la prensa que no integraban esta sociedad macabra.
Es aquí donde la complicidad de Clarín, La Nación y La Razón, los tres principales diarios de entonces, se convierte en determinante. Esta siniestra sociedad permite desarrollar una estratégica relación económica por la cual pasan a controlar, además de la opinión de los medios, el negocio de los diarios en nuestro país. A partir de ser socios de los militares no sólo deciden sobre lo que se puede decir, sino que también deciden quién lo puede decir; logran ser beneficiarios directos por el precio inferior que pagan sus publicaciones y, de esta manera, ganar sobre lo que pagan los otros diarios. Sin perder de vista que son los que deciden quién puede acceder al papel y a qué precio, comenzando así una cadena de corrupción y estafa que continúa hasta el día de hoy.
La confianza generada por las políticas de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner provocó que en el mes de abril del año pasado se presentara a declarar por su propia iniciativa Rafael Iannover, quién había sido una de las víctimas de estas operaciones al ser parte y representante de la familia Graiver, los antiguos dueños de Papel Prensa. Iannover hizo su testimonio ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la que inmediatamente se presentó en la justicia para sustanciar la correspondiente denuncia penal por la participación en los delitos de Lesa Humanidad de los que se beneficiaron con la apropiación de la empresa del papel por medio de la amenaza, extorsión y asesinato.
La denuncia provocó una rápida investigación que comenzó a demostrar y comprobar lo que era sabido por muchos. La complicidad del grupo monopólico de medios con los gobiernos democráticos desde el año 1983 había evitado que llegaran esos delitos a la justicia.
Hoy todo está en manos de la justicia. Las pruebas existentes son contundentes y no cesan de incorporarse nuevas. Con el reconocimiento de la carta enviada por el dictador Reynaldo Bignone a Ernestina Herrera de Noble se comprueba contundentemente la repudiable alianza manchada de sangre. Se ha reconfirmado la relación de los genocidas con los dueños de los diarios, especialmente la “camaradería” con propietarios, directivos y periodistas de Clarín. Lidia Papaleo de Graiver, una de las víctimas, recordó que producía más terror la mirada del CEO de Clarín Héctor Magnetto amenazándola con su muerte y la de su pequeña hija si no vendía Papel Prensa, que la de los torturadores que le provocaban los tormentos más terribles.
Esta investigación también se inscribe en las acciones que ha emprendido el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner para la democratización de la información. La sanción hace más de un año de la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha creado un contexto favorable para que estos y otros hechos puedan salir a la luz. El poder mediático ya no es monolítico y su capacidad de ocultar la verdad no es la misma.
26 de enero de 2011
Por Marcelo Duhalde
Director de Prensa y Comunicación del Archivo Nacional de la Memoria.
Las declaraciones del dictador Reynaldo Bignone confirmando las ‘buenas relaciones’ entre Clarín, La Nación, La Razón y los genocidas torna imposible sostener la mentira.
Por fin llegamos a un punto que hasta hace poco tiempo parecía imposible, empieza a resquebrajarse otro nicho de impunidad. Las declaraciones del dictador Reynaldo Bignone confirmando las “buenas relaciones” entre Clarín, La Nación, La Razón y los genocidas torna imposible sostener la mentira. Gracias a las políticas implementadas desde 2003 por el gobierno de Néstor Kirchner y continuadas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se pudo avanzar en la investigación de las atrocidades cometidas por la dictadura cívico militar.
Durante muchos años, hubo un manto de silencio cómplice sobre la participación de los civiles en la inducción y participación en la dictadura de 1976. Ya en el ’75 Celestino Rodrigo, entonces ministro de economía, intentó implementar una política neoliberal de marginación del pueblo argentino. La misma que luego llevaría adelante Alfredo Martínez de Hoz. A pesar de las complicidades y debilidades del gobierno de Isabel Perón, la vigencia de las instituciones democráticas y, por sobre todas las cosas, la resistencia desarrollada por la juventud, el movimiento obrero organizado en distintas expresiones, y las numerosas organizaciones de base, impidieron con la protesta social que se pudiera instalar esta política de hambre y desocupación.
Pero la decisión estaba tomada y el plan elaborado. Jorge Rafael Videla lo había anunciado el 24 de octubre de 1975. En una reunión de comandantes en Jefe de los ejércitos latinoamericanos en Montevideo, ante periodistas extranjeros, afirmó que en la Argentina morirían todos los que tuvieran que morir para llevar adelante el proyecto de país para unos pocos que ellos habían acordado con los empresarios y los grupos transnacionales.
En diciembre de 1975, hubo un intento de golpe de estado de otro sector de las Fuerzas Armadas, encabezado por el brigadier Orlando Capellini, que sirvió para medir la poca reacción de la población. La existencia de la Triple A al amparo de sectores del Estado de un gobierno sin política y sin presencia, con una oposición que llamaba a los cuarteles diciendo que no tenían solución, terminaron de configurar el escenario que dio paso al golpe del 24 de marzo de 1976.
El diseño e implementación de las políticas económicas estuvo a cargo de sectores civiles. Los grandes beneficios, por supuesto, fueron para unos pocos empresarios cómplices y partícipes de la más brutal represión que sufrió nuestro pueblo. Este proyecto tenía como necesidad fundamental para ser impuesto acallar hasta la más mínima protesta social. De esto se harían cargo los militares. Para poder convencer a la población de las supuestas bondades del proyecto económico y de la gesta salvadora de la Patria que encabezaba el dictador Videla, era necesario amordazar a los sectores de la prensa que no integraban esta sociedad macabra.
Es aquí donde la complicidad de Clarín, La Nación y La Razón, los tres principales diarios de entonces, se convierte en determinante. Esta siniestra sociedad permite desarrollar una estratégica relación económica por la cual pasan a controlar, además de la opinión de los medios, el negocio de los diarios en nuestro país. A partir de ser socios de los militares no sólo deciden sobre lo que se puede decir, sino que también deciden quién lo puede decir; logran ser beneficiarios directos por el precio inferior que pagan sus publicaciones y, de esta manera, ganar sobre lo que pagan los otros diarios. Sin perder de vista que son los que deciden quién puede acceder al papel y a qué precio, comenzando así una cadena de corrupción y estafa que continúa hasta el día de hoy.
La confianza generada por las políticas de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner provocó que en el mes de abril del año pasado se presentara a declarar por su propia iniciativa Rafael Iannover, quién había sido una de las víctimas de estas operaciones al ser parte y representante de la familia Graiver, los antiguos dueños de Papel Prensa. Iannover hizo su testimonio ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la que inmediatamente se presentó en la justicia para sustanciar la correspondiente denuncia penal por la participación en los delitos de Lesa Humanidad de los que se beneficiaron con la apropiación de la empresa del papel por medio de la amenaza, extorsión y asesinato.
La denuncia provocó una rápida investigación que comenzó a demostrar y comprobar lo que era sabido por muchos. La complicidad del grupo monopólico de medios con los gobiernos democráticos desde el año 1983 había evitado que llegaran esos delitos a la justicia.
Hoy todo está en manos de la justicia. Las pruebas existentes son contundentes y no cesan de incorporarse nuevas. Con el reconocimiento de la carta enviada por el dictador Reynaldo Bignone a Ernestina Herrera de Noble se comprueba contundentemente la repudiable alianza manchada de sangre. Se ha reconfirmado la relación de los genocidas con los dueños de los diarios, especialmente la “camaradería” con propietarios, directivos y periodistas de Clarín. Lidia Papaleo de Graiver, una de las víctimas, recordó que producía más terror la mirada del CEO de Clarín Héctor Magnetto amenazándola con su muerte y la de su pequeña hija si no vendía Papel Prensa, que la de los torturadores que le provocaban los tormentos más terribles.
Esta investigación también se inscribe en las acciones que ha emprendido el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner para la democratización de la información. La sanción hace más de un año de la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha creado un contexto favorable para que estos y otros hechos puedan salir a la luz. El poder mediático ya no es monolítico y su capacidad de ocultar la verdad no es la misma.
La política como construcción colectiva
Tiempo Argentino
26 de enero de 2011
Por Víctor Ego Ducrot
Periodista, escritor y profesor universitario.
Por suerte para los argentinos, entre las prácticas políticas del flamante siglo XXI están sobresaliendo aquellas militantes y republicanas, reestablecidas a partir de 2003, gracias a la impronta ejercida por Néstor Kirchner.
En la Argentina parecen coexistir al menos tres formas de concebir y practicar la política, coexistencia que no podrá prolongarse durante mucho tiempo más. Por un lado, tenemos a los peligrosos, aquellos que auspician nuevas formas de golpismo, conforme lo describiera, no hace muchos días en este mismo diario, el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, cuando alertó que él mismo está pensado desde una eventual indisciplina sectorial de las fuerzas de seguridad, en combinación con las campañas desestabilizadoras desplegadas por los medios de comunicación de la corporación hegemónica. También existen aquellos sujetos que no se animan a fantasear con tanto, pero que caminan sobre la cornisa de la inconstitucionalidad; y, por último, los actores individuales y colectivos que lograron recuperar la identidad participativa de las prácticas republicanas, concibiendo a la política como un hacer ciudadano (militante) y transformador, en beneficio de las grandes mayorías.
Entre los dos primeros podríamos citar a esa especie de convoy del pasado, en el cual transitan por una misma trocha el capital concentrado financiero e industrial, las patronales del agro, que pretenden negar al Estado y mienten en forma sistemática con el solo fin de seguir siendo ellos los que manden a todos −tal cual oligarcas de nueva generación−, las corporaciones mediáticas y una especie de camándula política variopinta, que se dice oposición. Allí están entonces la Mesa de Enlace, Magnetto y sus socios y sicarios de la palabra, las huestes criminosas del duhaldismo residual, los capitanes del fracaso radical, la defensora de los genocidas que envejecen −es decir, Carrió−, los malabaristas de la inutilidad y la vagancia derechista −léase Macri− y los progresistas de a dos pesos, como es el caso, entre otros, del socialista Binner, para quien, y desde una ignorancia que asusta, el programa Asignación Universal por Hijo sólo es algo bueno porque le da de comer a los que tienen hambre. Todos ellos están desesperados porque se saben condenados al fracaso, pero son peligrosos (muy).
Por suerte para los argentinos, contamos con una tercera categoría de práctica ciudadana, el conglomerado de dirigentes, funcionarios y fuerzas sociales y políticas que, encolumnadas primero con Néstor Kirchner y ahora tras la figura conductora de la presidenta, vienen desplegando desde la gestión, la militancia y la comunicación activa como dialéctica de tres ejes, no sólo el programa de gobierno más transformador e inclusivo desde 1955 a esta parte, sino también una acción republicana que se traduce en creciente consenso y sumatoria de voluntades, tal cual lo indican las encuestas.
La semana pasada hice referencia al programa VES Inclusión (Vivienda, Educación y Salud) que están elaborando profesionales militantes de la Corriente por una Comunicación Nacional, Popular y Democrática (CCNP), espacio conducido por Gabriel Mariotto, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y uno de los cuadros dirigentes del oficialismo de mayor compromiso con el proyecto encabezado desde el Ejecutivo nacional, y mejor posicionado para acompañar, desde donde la presidenta lo indique, la etapa de consolidación y profundizaciones transformadoras que presupone el muy probable triunfo de Cristina en los comicios presidenciales de octubre próximo.
Tiempo Argentino tuvo acceso a los borradores casi finales del proyecto. El mismo prevé la puesta a disposición de Cristina de un plan de acción que contempla la construcción y distribución de espacios habitacionales dotados de centros socioasistenciales y de apoyo sanitario y educacional, articulados estos últimos con las estructuras escolares y hospitalarias existentes en cada área, o creados a tal fin en las zonas donde se careciese de estas.
El VES Inclusión está diseñado como módulo operativo, que tanto puede operar como unidad ejecutiva independiente o como plan de trabajo de instituciones del Ejecutivo ya en funcionamiento. En ese sentido, se concibe como programa en sí mismo, a ser dirigido desde el gobierno nacional, o desde los provinciales, según el caso; o bien como proyecto perteneciente a las entidades públicas que ya actúan en la especificidad. Por ejemplo, aclararon quienes participaron durante los últimos tres meses en su diseño, los módulos operativos del VES Inclusión pueden y deben trabajar en forma coordinada con programas como el anunciado el lunes último por el ministro de Economía, Amado Boudou, de especial relevancia y envergadura.
Su carácter modular le permite al VES Inclusión ejecutarse por Planes Tipos. Estos pueden contener la cantidad de unidades que cada caso y entorno demande. Desde esa óptica, el programa considera factible la construcción y distribución titularizada de 500 mil viviendas durante el período 2012-2015, con una inversión social total de 89 mil millones de pesos, aportados, fundamentalmente, por líneas de crédito internacional preexistentes para tal finalidad, según los relevamientos del equipo conducido por Gabriel Mariotto.
La ejecución del VES Inclusión está pensada en dos etapas: una puesta en la provincia de Buenos Aires, y su réplica a lo largo y ancho del territorio nacional, con el respeto absoluto de las identidades culturales de cada una de las áreas involucradas. La inversión social calculada incluye obras civiles y de servicios completos, como aguas, descargas cloacales y provisión energética. Los profesionales que están elaborando la redacción definitiva del proyecto aclararon que apuestan por la utilización complementada de nuevas tecnologías. También destacaron que los futuros titulares del derecho a la vivienda, a la educación y a la salud podrán participar en el diagnóstico de sus necesidades, y que, en ese sentido, las flamantes Casas Compañeras de la CCNP, lanzadas por Mariotto como espacios de nueva militancia en favor del proyecto que encabeza la presidenta, serán cruciales para la puesta en marcha concreta de los módulos de trabajo que prevé el VES Inclusión.
Se trata de una iniciativa “solidaria”, por lo cual la titularización de la vivienda-propiedad podrá efectivizarse por dos vías: mediante créditos blandos para quienes cuenten con empleo y fuentes de ingresos regulares, o a través de subsidios fijos con contraprestaciones laborales, a ejecutarse mediante la participación activa en los procesos de construcción, lo que, además, implica la capacitación social para futuros emprendimientos cooperativos.
Por suerte para los argentinos, entre las prácticas políticas del flamante siglo XXI están sobresaliendo aquellas militantes y republicanas, reestablecidas a partir de 2003, gracias a la impronta ejercida por Néstor Kirchner, recuperadora de las mejores tradiciones participativas, más allá de los dictados de los poderosos de siempre y de sus dispositivos ideológicos. Por suerte.
26 de enero de 2011
Por Víctor Ego Ducrot
Periodista, escritor y profesor universitario.
Por suerte para los argentinos, entre las prácticas políticas del flamante siglo XXI están sobresaliendo aquellas militantes y republicanas, reestablecidas a partir de 2003, gracias a la impronta ejercida por Néstor Kirchner.
En la Argentina parecen coexistir al menos tres formas de concebir y practicar la política, coexistencia que no podrá prolongarse durante mucho tiempo más. Por un lado, tenemos a los peligrosos, aquellos que auspician nuevas formas de golpismo, conforme lo describiera, no hace muchos días en este mismo diario, el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, cuando alertó que él mismo está pensado desde una eventual indisciplina sectorial de las fuerzas de seguridad, en combinación con las campañas desestabilizadoras desplegadas por los medios de comunicación de la corporación hegemónica. También existen aquellos sujetos que no se animan a fantasear con tanto, pero que caminan sobre la cornisa de la inconstitucionalidad; y, por último, los actores individuales y colectivos que lograron recuperar la identidad participativa de las prácticas republicanas, concibiendo a la política como un hacer ciudadano (militante) y transformador, en beneficio de las grandes mayorías.
Entre los dos primeros podríamos citar a esa especie de convoy del pasado, en el cual transitan por una misma trocha el capital concentrado financiero e industrial, las patronales del agro, que pretenden negar al Estado y mienten en forma sistemática con el solo fin de seguir siendo ellos los que manden a todos −tal cual oligarcas de nueva generación−, las corporaciones mediáticas y una especie de camándula política variopinta, que se dice oposición. Allí están entonces la Mesa de Enlace, Magnetto y sus socios y sicarios de la palabra, las huestes criminosas del duhaldismo residual, los capitanes del fracaso radical, la defensora de los genocidas que envejecen −es decir, Carrió−, los malabaristas de la inutilidad y la vagancia derechista −léase Macri− y los progresistas de a dos pesos, como es el caso, entre otros, del socialista Binner, para quien, y desde una ignorancia que asusta, el programa Asignación Universal por Hijo sólo es algo bueno porque le da de comer a los que tienen hambre. Todos ellos están desesperados porque se saben condenados al fracaso, pero son peligrosos (muy).
Por suerte para los argentinos, contamos con una tercera categoría de práctica ciudadana, el conglomerado de dirigentes, funcionarios y fuerzas sociales y políticas que, encolumnadas primero con Néstor Kirchner y ahora tras la figura conductora de la presidenta, vienen desplegando desde la gestión, la militancia y la comunicación activa como dialéctica de tres ejes, no sólo el programa de gobierno más transformador e inclusivo desde 1955 a esta parte, sino también una acción republicana que se traduce en creciente consenso y sumatoria de voluntades, tal cual lo indican las encuestas.
La semana pasada hice referencia al programa VES Inclusión (Vivienda, Educación y Salud) que están elaborando profesionales militantes de la Corriente por una Comunicación Nacional, Popular y Democrática (CCNP), espacio conducido por Gabriel Mariotto, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y uno de los cuadros dirigentes del oficialismo de mayor compromiso con el proyecto encabezado desde el Ejecutivo nacional, y mejor posicionado para acompañar, desde donde la presidenta lo indique, la etapa de consolidación y profundizaciones transformadoras que presupone el muy probable triunfo de Cristina en los comicios presidenciales de octubre próximo.
Tiempo Argentino tuvo acceso a los borradores casi finales del proyecto. El mismo prevé la puesta a disposición de Cristina de un plan de acción que contempla la construcción y distribución de espacios habitacionales dotados de centros socioasistenciales y de apoyo sanitario y educacional, articulados estos últimos con las estructuras escolares y hospitalarias existentes en cada área, o creados a tal fin en las zonas donde se careciese de estas.
El VES Inclusión está diseñado como módulo operativo, que tanto puede operar como unidad ejecutiva independiente o como plan de trabajo de instituciones del Ejecutivo ya en funcionamiento. En ese sentido, se concibe como programa en sí mismo, a ser dirigido desde el gobierno nacional, o desde los provinciales, según el caso; o bien como proyecto perteneciente a las entidades públicas que ya actúan en la especificidad. Por ejemplo, aclararon quienes participaron durante los últimos tres meses en su diseño, los módulos operativos del VES Inclusión pueden y deben trabajar en forma coordinada con programas como el anunciado el lunes último por el ministro de Economía, Amado Boudou, de especial relevancia y envergadura.
Su carácter modular le permite al VES Inclusión ejecutarse por Planes Tipos. Estos pueden contener la cantidad de unidades que cada caso y entorno demande. Desde esa óptica, el programa considera factible la construcción y distribución titularizada de 500 mil viviendas durante el período 2012-2015, con una inversión social total de 89 mil millones de pesos, aportados, fundamentalmente, por líneas de crédito internacional preexistentes para tal finalidad, según los relevamientos del equipo conducido por Gabriel Mariotto.
La ejecución del VES Inclusión está pensada en dos etapas: una puesta en la provincia de Buenos Aires, y su réplica a lo largo y ancho del territorio nacional, con el respeto absoluto de las identidades culturales de cada una de las áreas involucradas. La inversión social calculada incluye obras civiles y de servicios completos, como aguas, descargas cloacales y provisión energética. Los profesionales que están elaborando la redacción definitiva del proyecto aclararon que apuestan por la utilización complementada de nuevas tecnologías. También destacaron que los futuros titulares del derecho a la vivienda, a la educación y a la salud podrán participar en el diagnóstico de sus necesidades, y que, en ese sentido, las flamantes Casas Compañeras de la CCNP, lanzadas por Mariotto como espacios de nueva militancia en favor del proyecto que encabeza la presidenta, serán cruciales para la puesta en marcha concreta de los módulos de trabajo que prevé el VES Inclusión.
Se trata de una iniciativa “solidaria”, por lo cual la titularización de la vivienda-propiedad podrá efectivizarse por dos vías: mediante créditos blandos para quienes cuenten con empleo y fuentes de ingresos regulares, o a través de subsidios fijos con contraprestaciones laborales, a ejecutarse mediante la participación activa en los procesos de construcción, lo que, además, implica la capacitación social para futuros emprendimientos cooperativos.
Por suerte para los argentinos, entre las prácticas políticas del flamante siglo XXI están sobresaliendo aquellas militantes y republicanas, reestablecidas a partir de 2003, gracias a la impronta ejercida por Néstor Kirchner, recuperadora de las mejores tradiciones participativas, más allá de los dictados de los poderosos de siempre y de sus dispositivos ideológicos. Por suerte.
martes, 25 de enero de 2011
“La de la edad es una polémica estéril”
Mientras la oposición y el oficialismo se sacaban chispas sobre la edad de aplicación del Código de Responsabilidad Juvenil, Cristina Fernández sostuvo que las definiciones de una política de seguridad no pasan por la edad sino por políticas inclusivas.
Página 12
25 de enero de 2011
Por Horacio Cecchi
En medio de la polémica sobre si la edad de punibilidad de los adolescentes debe iniciarse a los 16 o a los 14 años, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que “discutir la edad es desviar el problema. Lo importante es que la edad no es una política de seguridad”. CFK sostuvo que la decisión quedará en manos del Congreso, donde un proyecto con media sanción en el Senado aguarda ser llevado al recinto en Diputados, con modificaciones (ver aparte). La Presidenta sostuvo que la política “de este gobierno es dar oportunidades para todos”. El discurso de CFK fue realizado durante la tarde de ayer, en el acto de inauguración de la nueva sede de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Allí aseguró que “la posibilidad de acceder a los bienes básicos es lo que asegura que una sociedad pueda crecer más y mejor”. La posición oficial del gobierno nacional se inserta de ese modo en el debate sobre el futuro Código de Responsabilidad Juvenil nacional, cambiando el eje de la discusión: ya no sobre la edad, una discusión a la que llamó “estéril”, sino sobre las políticas de seguridad que deben aplicarse: “La verdadera política de seguridad –dijo– pasa por tener buenas instituciones policiales y buenos jueces”.
El debate, cíclico por otra parte, se desató en esta ocasión la semana pasada, luego de que en Tolosa, La Plata, dos adolescentes, al menos uno de 15 años, asaltaran a un vecino, Fabián Esquivel, de 40 años, quien murió baleado. El chico de 15 años fue detenido y el juez del fuero juvenil 2 platense, Fabián Cacivio, ordenó que la Justicia de Familia se hiciera cargo del caso, tal como lo indica la ley del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil bonaerense. La suposición de que la transferencia de fueros implica la libertad disparó el reclamo airado desde la oposición, al que se sumaron algunos representantes del oficialismo, que no siempre mantuvieron la misma posición (ver aparte).
En ese marco es que ayer se produjo la intervención presidencial, desviando del eje el debate por la edad, uno de los caballitos de batalla del manodurismo. Pidió en su discurso “no encerrarse en debates estériles y no encarar los problemas que tenemos con el facilismo, sino con eficacia”. Y completó claramente la posición del Gobierno: “La posibilidad de acceder a los bienes básicos es lo que asegura que una sociedad pueda crecer más y mejor”.
No lo dijo en cualquier lado sino en el marco de la inauguración de una nueva sede de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en Florencio Varela, como una apuesta a la educación gratuita como uno de los instrumentos de base en una sociedad que pretende ser igualitaria. “Inclusión social y medidas de seguridad indirecta, como el acto que estamos protagonizando esta tarde en una Universidad de Florencio Varela, que antes era una ciudad dormitorio, eso es lo que estamos haciendo”, agregó CFK.
La Presidenta insistió en que “lo importante es que sepamos que esto no es una política de seguridad, en todo caso es un instrumento de adecuación a los tiempos que corren”. Se refería al proyecto que se encuentra en Diputados y que llegó con media sanción del Senado. En Diputados, las comisiones de Familia, Presupuesto y Hacienda, y Legislación Penal analizaron el proyecto votado por unanimidad en el Senado, que crea el Código de Responsabilidad Penal Juvenil. Aprobaron prácticamente todo el texto a excepción de las edades de aplicación: el Senado aplicaba la ley penal a adolescentes de entre 14 y 17 años inclusive, y las comisiones de Diputados aprobaron en un dictamen por mayoría la aplicación a edades de entre 16 y 17 años inclusive. Erróneamente, la información “facilista” supone que el proyecto del Senado castigará a adolescentes como el del caso de Tolosa. El proyecto de media sanción no sólo no castiga sino que ordena que la prisión es la última posibilidad que tiene el juez, no la primera, aun en caso de homicidio. El de Diputados aplica el mismo criterio, pero aplicable desde los 16 años. Antes, como dispuso el juez Cacivio, queda bajo la esfera de un juez de Familia. No en la calle.
A esto se refirió CFK cuando señaló que “se instala desde los medios, con algún oportunismo electoral, y son debates que no nos deben enfrentar, debates que no nos deben dividir en falsas antinomias y en diferencias que realmente ya fueron superadas por el tiempo”.
Y agregó que “yo creo que están las políticas directas de seguridad con una buena policía, no una policía buena, una buena policía que no transa con los delincuentes, que no tiene zonas liberadas, y con jueces también que cuando esa buena policía aprehende a un delincuente no lo larga a los 15 minutos creando una sensación de impunidad e inseguridad en la sociedad”, sostuvo apuntando hacia algunos jueces, un detalle al que ya se refirió durante su gobierno como en el anterior, del ex presidente Néstor Kirchner, mensaje que en otras ocasiones provocó no pocas reacciones judiciales.
También agregó que el proyecto que ya lleva media sanción trata “un derecho penal juvenil diferente en un marco de contención y de adecuación a los tiempos que corren”. Y ejemplificó con los índices de homicidios de Brasil, donde la edad de aplicación de la ley penal parte de los 12 años, y la tasa de homicidios es de 32 cada 100 mil habitantes, mientras que en Argentina la tasa es sensiblemente menor, 6 por cada 100 mil, y sin embargo la edad de aplicación es desde los 16 años. “Puede parecer lógico bajar la edad de 16 a 14 –razonó CFK–, pero esto (la incidencia en los índices) demuestra que el problema no pasa por la edad.”
http://horaciocecchi.wordpress.com
Página 12
25 de enero de 2011
Por Horacio Cecchi
En medio de la polémica sobre si la edad de punibilidad de los adolescentes debe iniciarse a los 16 o a los 14 años, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que “discutir la edad es desviar el problema. Lo importante es que la edad no es una política de seguridad”. CFK sostuvo que la decisión quedará en manos del Congreso, donde un proyecto con media sanción en el Senado aguarda ser llevado al recinto en Diputados, con modificaciones (ver aparte). La Presidenta sostuvo que la política “de este gobierno es dar oportunidades para todos”. El discurso de CFK fue realizado durante la tarde de ayer, en el acto de inauguración de la nueva sede de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Allí aseguró que “la posibilidad de acceder a los bienes básicos es lo que asegura que una sociedad pueda crecer más y mejor”. La posición oficial del gobierno nacional se inserta de ese modo en el debate sobre el futuro Código de Responsabilidad Juvenil nacional, cambiando el eje de la discusión: ya no sobre la edad, una discusión a la que llamó “estéril”, sino sobre las políticas de seguridad que deben aplicarse: “La verdadera política de seguridad –dijo– pasa por tener buenas instituciones policiales y buenos jueces”.
El debate, cíclico por otra parte, se desató en esta ocasión la semana pasada, luego de que en Tolosa, La Plata, dos adolescentes, al menos uno de 15 años, asaltaran a un vecino, Fabián Esquivel, de 40 años, quien murió baleado. El chico de 15 años fue detenido y el juez del fuero juvenil 2 platense, Fabián Cacivio, ordenó que la Justicia de Familia se hiciera cargo del caso, tal como lo indica la ley del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil bonaerense. La suposición de que la transferencia de fueros implica la libertad disparó el reclamo airado desde la oposición, al que se sumaron algunos representantes del oficialismo, que no siempre mantuvieron la misma posición (ver aparte).
En ese marco es que ayer se produjo la intervención presidencial, desviando del eje el debate por la edad, uno de los caballitos de batalla del manodurismo. Pidió en su discurso “no encerrarse en debates estériles y no encarar los problemas que tenemos con el facilismo, sino con eficacia”. Y completó claramente la posición del Gobierno: “La posibilidad de acceder a los bienes básicos es lo que asegura que una sociedad pueda crecer más y mejor”.
No lo dijo en cualquier lado sino en el marco de la inauguración de una nueva sede de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en Florencio Varela, como una apuesta a la educación gratuita como uno de los instrumentos de base en una sociedad que pretende ser igualitaria. “Inclusión social y medidas de seguridad indirecta, como el acto que estamos protagonizando esta tarde en una Universidad de Florencio Varela, que antes era una ciudad dormitorio, eso es lo que estamos haciendo”, agregó CFK.
La Presidenta insistió en que “lo importante es que sepamos que esto no es una política de seguridad, en todo caso es un instrumento de adecuación a los tiempos que corren”. Se refería al proyecto que se encuentra en Diputados y que llegó con media sanción del Senado. En Diputados, las comisiones de Familia, Presupuesto y Hacienda, y Legislación Penal analizaron el proyecto votado por unanimidad en el Senado, que crea el Código de Responsabilidad Penal Juvenil. Aprobaron prácticamente todo el texto a excepción de las edades de aplicación: el Senado aplicaba la ley penal a adolescentes de entre 14 y 17 años inclusive, y las comisiones de Diputados aprobaron en un dictamen por mayoría la aplicación a edades de entre 16 y 17 años inclusive. Erróneamente, la información “facilista” supone que el proyecto del Senado castigará a adolescentes como el del caso de Tolosa. El proyecto de media sanción no sólo no castiga sino que ordena que la prisión es la última posibilidad que tiene el juez, no la primera, aun en caso de homicidio. El de Diputados aplica el mismo criterio, pero aplicable desde los 16 años. Antes, como dispuso el juez Cacivio, queda bajo la esfera de un juez de Familia. No en la calle.
A esto se refirió CFK cuando señaló que “se instala desde los medios, con algún oportunismo electoral, y son debates que no nos deben enfrentar, debates que no nos deben dividir en falsas antinomias y en diferencias que realmente ya fueron superadas por el tiempo”.
Y agregó que “yo creo que están las políticas directas de seguridad con una buena policía, no una policía buena, una buena policía que no transa con los delincuentes, que no tiene zonas liberadas, y con jueces también que cuando esa buena policía aprehende a un delincuente no lo larga a los 15 minutos creando una sensación de impunidad e inseguridad en la sociedad”, sostuvo apuntando hacia algunos jueces, un detalle al que ya se refirió durante su gobierno como en el anterior, del ex presidente Néstor Kirchner, mensaje que en otras ocasiones provocó no pocas reacciones judiciales.
También agregó que el proyecto que ya lleva media sanción trata “un derecho penal juvenil diferente en un marco de contención y de adecuación a los tiempos que corren”. Y ejemplificó con los índices de homicidios de Brasil, donde la edad de aplicación de la ley penal parte de los 12 años, y la tasa de homicidios es de 32 cada 100 mil habitantes, mientras que en Argentina la tasa es sensiblemente menor, 6 por cada 100 mil, y sin embargo la edad de aplicación es desde los 16 años. “Puede parecer lógico bajar la edad de 16 a 14 –razonó CFK–, pero esto (la incidencia en los índices) demuestra que el problema no pasa por la edad.”
http://horaciocecchi.wordpress.com
“Pudo haberse cargado acá”
El titular de la Fuerza Aérea aceptó el relevo del comodoro Jorge Ayerdi, jefe de la Base Aérea de Morón, donde se sospecha que pudieron haberse cargado los 944 kilos de cocaína que transportaron los hermanos Juliá y Miret a España.
Página 12
25 de enero de 2011
Por Raúl Kollmann
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, sostuvo ayer que aunque “no hay seguridad, si bien los últimos datos hacen pensar cada vez más que la droga pudo haber sido cargada en la Argentina”, respecto de la cocaína secuestrada en el aeropuerto de Barcelona. El diagnóstico se corresponde con los análisis que hizo Garré en las últimas dos semanas y que tienen que ver con lo que ayer llamó “controles relajados” producto de la transferencia de los aeropuertos de manos militares a civiles. Por ejemplo, en la Base Aérea de Morón no está claro quién debió controlar los movimientos alrededor del Bombardier Challenger que llevó la cocaína a España. Anoche, el jefe de la Fuerza Aérea, Normando Constantino, aceptó el pedido de relevo que le presentó el comodoro Jorge Ayerdi, quien pocas horas antes había declarado en la causa judicial como jefe de la Base Aérea de Morón. Ayer pidió dar un paso al costado para no obstaculizar la investigación y seguramente para no constituirse en un problema para su hermano, el brigadier mayor Marcelo Ayerdi, comandante de Adiestramiento y Alistamiento. Según aseguraban anoche fuentes de la Fuerza Aérea, el comodoro será trasladado a otro puesto “con buen concepto”.
En el juzgado en lo Penal Económico que está a cargo de Alejandro Catania no recibieron información de Barcelona sobre el lugar de embarque de la droga y siguen manteniendo abiertas las dos hipótesis: Morón o Cabo Verde. Siguiendo los dichos de Garré, da la impresión de que la carga se hizo en Morón y por eso resultaba de interés para el juez Catania y su secretario letrado, Martín Castellano, escuchar al responsable de la base, Ayerdi. Este sostuvo que la Fuerza Aérea transfirió a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) seis lugares importantes: la pista, las plataformas, los hangares, el puesto de entrada conocido como Punto Charlie, la torre de control y la oficina de planes de vuelos. De hecho, entonces, Ayerdi sugirió que quien se debió dar cuenta de que estaban subiendo la cocaína al avión es la ANAC, porque el aparato estaba estacionado en una plataforma. Desde la ANAC han dicho que no tienen poder de policía y que la clave está en las entradas a la Base controladas por la Fuerza Aérea. Allí, por lo que suponen, los dos Juliá, Gustavo y Eduardo, y Matías Miret, “carnetearon”, es decir que hicieron valer sus apellidos para que nadie les revise nada. De comprobarse el diagnóstico de Garré, Ayerdi quedaría en una situación delicada y es obvio que la pesquisa lo tendría en el centro. Por ello, pidió ser relevado del mando de la Base y que se lo traslade. El jefe de la fuerza estuvo de acuerdo, hubo una consulta con el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, y al terminar la jornada se emitió un comunicado oficial.
Hace 15 días, la ministra Garré adelantó que se redactaría un nuevo protocolo sobre el control de aviones que despegan hacia determinados destinos. Eso ya indicaba que Garré percibía agujeros en la seguridad por los que se colaron los hijos de los brigadieres. El texto del nuevo protocolo fue encomendado a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que, según adelantó la ministra, extenderá su jurisdicción a aeropuertos en los que hasta ahora no tenía el poder de policía. “La PSA controla 35 aeropuertos en el país, pero hay otros en los que no está, como Morón –explicó Garré a Radio Continental, en el programa de Víctor Hugo Morales–. Este esquema tiene que cambiar porque el delincuente, cuando ve aeropuertos en los que no está la PSA u otra fuerza de seguridad, es ahí donde va a tratar de cometer delitos.”
Garré dijo que la Justicia será la encargada de analizar si hubo algún tipo de protección de integrantes de la Fuerza Aérea para con los hijos de los brigadieres Juliá y Miret. “He visto funcionar esto y, a veces, ante situaciones de personas que les han hecho mucho mal a esas instituciones, se mantiene una cosa de protección, a pesar de todo. Es una protección sobre ellos y sobre sus grupos familiares, en vez de optar por el camino de la ley y de una depuración profunda.”
Desde un primer momento, Garré percibió las fallas en los controles producto de una indefinición en las facultades de cada fuerza e institución. En Morón parece nítido: la Fuerza Aérea sostiene que la ANAC debió percibir cualquier movimiento porque el Bombardier estaba en una plataforma, al aire libre, mientras que la ANAC sugiere que el control de todo lo que ingresa a la Base debe ser vigilado por la Fuerza Aérea que es la que maneja las entradas a la Base. En Ezeiza, por su parte, tampoco queda claro quién debió revisar el avión, sobre todo teniendo en cuenta que estaba a cargo de los Juliá, que tienen una causa judicial referida a maniobras con vuelos del PAMI. Además, la empresa Medical Jet registraba un vuelo anterior a Santa Cruz de la Sierra con personas investigadas como proveedoras de cocaína. La transferencia de la aviación civil de manos militares a manos civiles es lo que produjo, según dijo ayer la ministra, “el relajamiento de ciertos controles”.
Más allá de ese diagnóstico, en el juzgado de Catania, ni el juez ni su secretario letrado Martín Castellano, recibieron todavía la información desde España sobre el lugar de embarque de la cocaína. “Lo primero es eso. Si no sabemos dónde se cargó la droga, si no sabemos qué delito se cometió en la Argentina, estamos haciendo especulaciones. Y lo concreto es que hasta ahora esa información no llegó. Las hipótesis siguen abiertas”, razonan cerca del juez.
Hubo un punto de acuerdo entre la Fuerza Aérea y la ANAC. En el juzgado dijeron que ninguna de las dos instituciones tiene facultades ni capacidad para revisar carga, algo que debe hacer la Aduana. Por esa razón, el juzgado tiene decidido citar a los empleados de la Aduana que estaban de turno en Ezeiza cuando el vuelo partió hacia Cabo Verde. Esos aduaneros tendrán que explicar cómo es la modalidad de revisión de los aviones que salen del país. En el formulario correspondiente, los Juliá y Miret declararon que no llevaban carga. El juez quiere saber cómo actúa la Aduana en esos casos.
raulkollmann@hotmail.com
Página 12
25 de enero de 2011
Por Raúl Kollmann
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, sostuvo ayer que aunque “no hay seguridad, si bien los últimos datos hacen pensar cada vez más que la droga pudo haber sido cargada en la Argentina”, respecto de la cocaína secuestrada en el aeropuerto de Barcelona. El diagnóstico se corresponde con los análisis que hizo Garré en las últimas dos semanas y que tienen que ver con lo que ayer llamó “controles relajados” producto de la transferencia de los aeropuertos de manos militares a civiles. Por ejemplo, en la Base Aérea de Morón no está claro quién debió controlar los movimientos alrededor del Bombardier Challenger que llevó la cocaína a España. Anoche, el jefe de la Fuerza Aérea, Normando Constantino, aceptó el pedido de relevo que le presentó el comodoro Jorge Ayerdi, quien pocas horas antes había declarado en la causa judicial como jefe de la Base Aérea de Morón. Ayer pidió dar un paso al costado para no obstaculizar la investigación y seguramente para no constituirse en un problema para su hermano, el brigadier mayor Marcelo Ayerdi, comandante de Adiestramiento y Alistamiento. Según aseguraban anoche fuentes de la Fuerza Aérea, el comodoro será trasladado a otro puesto “con buen concepto”.
En el juzgado en lo Penal Económico que está a cargo de Alejandro Catania no recibieron información de Barcelona sobre el lugar de embarque de la droga y siguen manteniendo abiertas las dos hipótesis: Morón o Cabo Verde. Siguiendo los dichos de Garré, da la impresión de que la carga se hizo en Morón y por eso resultaba de interés para el juez Catania y su secretario letrado, Martín Castellano, escuchar al responsable de la base, Ayerdi. Este sostuvo que la Fuerza Aérea transfirió a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) seis lugares importantes: la pista, las plataformas, los hangares, el puesto de entrada conocido como Punto Charlie, la torre de control y la oficina de planes de vuelos. De hecho, entonces, Ayerdi sugirió que quien se debió dar cuenta de que estaban subiendo la cocaína al avión es la ANAC, porque el aparato estaba estacionado en una plataforma. Desde la ANAC han dicho que no tienen poder de policía y que la clave está en las entradas a la Base controladas por la Fuerza Aérea. Allí, por lo que suponen, los dos Juliá, Gustavo y Eduardo, y Matías Miret, “carnetearon”, es decir que hicieron valer sus apellidos para que nadie les revise nada. De comprobarse el diagnóstico de Garré, Ayerdi quedaría en una situación delicada y es obvio que la pesquisa lo tendría en el centro. Por ello, pidió ser relevado del mando de la Base y que se lo traslade. El jefe de la fuerza estuvo de acuerdo, hubo una consulta con el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, y al terminar la jornada se emitió un comunicado oficial.
Hace 15 días, la ministra Garré adelantó que se redactaría un nuevo protocolo sobre el control de aviones que despegan hacia determinados destinos. Eso ya indicaba que Garré percibía agujeros en la seguridad por los que se colaron los hijos de los brigadieres. El texto del nuevo protocolo fue encomendado a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que, según adelantó la ministra, extenderá su jurisdicción a aeropuertos en los que hasta ahora no tenía el poder de policía. “La PSA controla 35 aeropuertos en el país, pero hay otros en los que no está, como Morón –explicó Garré a Radio Continental, en el programa de Víctor Hugo Morales–. Este esquema tiene que cambiar porque el delincuente, cuando ve aeropuertos en los que no está la PSA u otra fuerza de seguridad, es ahí donde va a tratar de cometer delitos.”
Garré dijo que la Justicia será la encargada de analizar si hubo algún tipo de protección de integrantes de la Fuerza Aérea para con los hijos de los brigadieres Juliá y Miret. “He visto funcionar esto y, a veces, ante situaciones de personas que les han hecho mucho mal a esas instituciones, se mantiene una cosa de protección, a pesar de todo. Es una protección sobre ellos y sobre sus grupos familiares, en vez de optar por el camino de la ley y de una depuración profunda.”
Desde un primer momento, Garré percibió las fallas en los controles producto de una indefinición en las facultades de cada fuerza e institución. En Morón parece nítido: la Fuerza Aérea sostiene que la ANAC debió percibir cualquier movimiento porque el Bombardier estaba en una plataforma, al aire libre, mientras que la ANAC sugiere que el control de todo lo que ingresa a la Base debe ser vigilado por la Fuerza Aérea que es la que maneja las entradas a la Base. En Ezeiza, por su parte, tampoco queda claro quién debió revisar el avión, sobre todo teniendo en cuenta que estaba a cargo de los Juliá, que tienen una causa judicial referida a maniobras con vuelos del PAMI. Además, la empresa Medical Jet registraba un vuelo anterior a Santa Cruz de la Sierra con personas investigadas como proveedoras de cocaína. La transferencia de la aviación civil de manos militares a manos civiles es lo que produjo, según dijo ayer la ministra, “el relajamiento de ciertos controles”.
Más allá de ese diagnóstico, en el juzgado de Catania, ni el juez ni su secretario letrado Martín Castellano, recibieron todavía la información desde España sobre el lugar de embarque de la cocaína. “Lo primero es eso. Si no sabemos dónde se cargó la droga, si no sabemos qué delito se cometió en la Argentina, estamos haciendo especulaciones. Y lo concreto es que hasta ahora esa información no llegó. Las hipótesis siguen abiertas”, razonan cerca del juez.
Hubo un punto de acuerdo entre la Fuerza Aérea y la ANAC. En el juzgado dijeron que ninguna de las dos instituciones tiene facultades ni capacidad para revisar carga, algo que debe hacer la Aduana. Por esa razón, el juzgado tiene decidido citar a los empleados de la Aduana que estaban de turno en Ezeiza cuando el vuelo partió hacia Cabo Verde. Esos aduaneros tendrán que explicar cómo es la modalidad de revisión de los aviones que salen del país. En el formulario correspondiente, los Juliá y Miret declararon que no llevaban carga. El juez quiere saber cómo actúa la Aduana en esos casos.
raulkollmann@hotmail.com
“La ciudad tiene que ponerse a trabajar”
Con críticas a la gestión de Macri, el ministro de Economía anunció que el gobierno nacional invertirá 3173 millones de pesos en la construcción de 17.771 viviendas en la cuenca Matanza-Riachuelo. La iniciativa responde a una orden de la Corte Suprema.
Página 12
25 de enero de 2011
Por Roberto Navarro
El Gobierno presentó ayer un plan de urbanización de villas en la provincia y la ciudad de Buenos Aires. El ministro de Economía, Amado Boudou, acompañado por el secretario de Obras Públicas, José López, anunció que el Ejecutivo destinará 3173 millones de pesos a la construcción de 17.771 viviendas en los próximos 24 meses. Las villas a urbanizar son las que rodean a la cuenca Matanza-Riachuelo. La iniciativa da respuesta a una orden de la Corte Suprema de Justicia dictada el 21 de diciembre pasado. La urbanización de la zona comenzó en 2007, pero en la ciudad el avance fue nulo y ahora decidió intervenir el Ejecutivo Nacional. El proyecto presentado forma parte de un plan integral de urbanización de villas en la ciudad de Buenos Aires en el que está trabajando la Secretaría de Obras Públicas. En la misma línea, también se anunciaron las obras de urbanización de villas a realizarse en las zonas aledañas al Parque Indoamericano. Página/12 tuvo acceso al proyecto que propone urbanizar las 23 villas con más de 129 mil habitantes que existen en la ciudad. El plan será presentado por Boudou, como parte de su campaña a jefe de Gobierno porteño.
“El gobierno de la Nación no va a ser un obstáculo sino una palanca para solucionar la obra pública, porque esta administración tomó siempre este tema como uno de sus planes fundamentales desde 2003”, recalcó Boudou. Y agregó: “Nos parece una instancia importante para retomar la problemática de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, de forma profunda, con un sentido que tiene que ver con la obra pública y con los derechos plenos de los habitantes de esta zona”, dijo el ministro. “El proyecto está, el dinero está, lo que necesitamos es que el Gobierno de la Ciudad se ponga a trabajar en esto.”
El plan presentado ayer propone “consolidar a la población en el sitio en el que habita, regularizando el dominio de la tierra a favor de sus ocupantes efectivos, proveyendo infraestructura básica de servicios, consolidando los espacios públicos y mitigando los problemas ambientales”. A su vez, propone “relocalizar las familias ubicadas en sectores urbanos de riesgo ambiental inminente, con control exhaustivo y ordenado del plan de obras para las villas y asentamientos precarios”.
Un informe de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación señala que, del total de viviendas a realizar en la cuenca, el ciento por ciento de las obras a realizarse en la provincia de Buenos Aires (15.244 viviendas) tienen principio de ejecución y fecha certera de finalización. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cambio, sólo el 30 por ciento de las viviendas tiene su situación definida, mientras que el 70 por ciento restante (1764 viviendas) no tiene ningún nivel de definición.
Bordeando la cuenca Matanza-Riachuelo pasa el camino de sirga. A su vera, la zona de mayor riesgo ambiental, viven 2384 familias: 571 en la provincia y 1813 en la ciudad. La Corte señaló como fecha máxima para dar una solución a esa zona el 1º de febrero próximo. En la margen porteña se sitúan las villas 21-24, El Pueblito, villa 26, asentamiento Luján y Magaldi. Hasta ahora la Ciudad no presentó ningún proyecto oficialmente a la Justicia. Las únicas obras realizadas en la zona las construyó la Fundación Madres de Plaza de Mayo: ya están terminadas 220 viviendas, sobre un plan total de 780 en Avenida General Paz y Castañares.
El 29 de diciembre de 2010, producto del conflicto en el Parque Indoamericano, el gobierno porteño presentó una propuesta habitacional autodenominada “Plan para el Mejoramiento del Hábitat de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” que, según la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, no reúne las condiciones técnicas mínimas para ser considerado un plan y recibir financiamiento nacional. En Obras Públicas afirman que el breve informe es simplemente una “carta de intención”, donde se desarrollan en cinco páginas los objetivos generales, una página sobre los organismos intervinientes y otra página solicitando recursos por más de 1662 millones de pesos sin definir la cantidad de viviendas y mejoramientos a construir, la infraestructura y equipamientos necesarios, ni los tiempos, lugares y modos de ejecución.
En los últimos tres años, desde que asumió la Jefatura de Gobierno Mauricio Macri, la ciudad de Buenos Aires fue el distrito nacional que menos viviendas construyó. Según fuentes del gobierno nacional, más allá de la escasa vocación de la administración macrista por ocuparse de los problemas de los que menos tienen, el gobierno porteño muestra un “nulo conocimiento de la burocracia municipal”. La propuesta presentada el mes pasado por el gobierno porteño tuvo como respuesta una misiva que señala: “La presentación carece de las condiciones técnicas mínimas para ser considerado un plan”. Y le reseñó las condiciones necesarias para comenzar el proyecto: descripción de proyectos concretos (planos), cómputo y presupuesto de cada proyecto, abordaje territorial, estudio del impacto ambiental y urbano de cada propuesta, estrategia de gestión de tierras y aptitudes urbanísticas de la propuesta. Hasta ahora no se realizó una nueva presentación por parte del gobierno de Macri.
Si bien el ministro Boudou contempla como parte de su estrategia de campaña la propuesta de urbanización total de las villas de la ciudad, la intención del Gobierno es poner a disposición de la ciudad ya mismo las herramientas para que pueda avanzar en el tema. Ayer, la Secretaría de Obras Públicas le entregó al Gobierno de la Ciudad un listado con 51 terrenos deshabitados por un total de 127 mil metros cuadrados. Se trata de terrenos fiscales y privados desocupados en condiciones de expropiación.
Una alta fuente del Ejecutivo señaló a Página/12 que “la Nación está dispuesta a financiar las obras que resulten necesarias para la urbanización de las villas de la ciudad, en las condiciones acordadas en diciembre de 2010. Pero es indispensable que el gobierno municipal presente una programa formulado correctamente”. La Ciudad y la Nación consensuaron en 2004 un Plan Integral de Urbanización de Villas. Se propone que el actual jefe de Gobierno lo tome en cuenta y lo actualice. La misma fuente indicó que es necesario asumir que “la resolución del tema de las villas y asentamientos es un sistema complejo, que no solamente requiere la construcción de nuevas viviendas, sino el desarrollo integral de una fracción de la ciudad. Es un fenómeno de la construcción, pero también lo es desde lo social y lo urbano”. En línea con esta opinión, el proyecto de Obras Públicas para la urbanización total de las villas de la ciudad señala “que las familias que habitan las villas tienen su sistema de vida ubicado geográficamente en el sector que habitan, la escuela de sus hijos, los centros de salud, el transporte y el trabajo; son ciudadanos plenos de la ciudad y es importante respetarlos”. También indica que la construcción de nuevos conjuntos urbanos debe facilitar la integración social. “No podemos repetir viejas historias, como fueron los Mega Conjuntos, algunos fuera de la Ciudad como Don Orione, que se transformen en gigantescos ‘ghettos’ que dificulten el desarrollo social de las familias”, finaliza el informe.
Página 12
25 de enero de 2011
Por Roberto Navarro
El Gobierno presentó ayer un plan de urbanización de villas en la provincia y la ciudad de Buenos Aires. El ministro de Economía, Amado Boudou, acompañado por el secretario de Obras Públicas, José López, anunció que el Ejecutivo destinará 3173 millones de pesos a la construcción de 17.771 viviendas en los próximos 24 meses. Las villas a urbanizar son las que rodean a la cuenca Matanza-Riachuelo. La iniciativa da respuesta a una orden de la Corte Suprema de Justicia dictada el 21 de diciembre pasado. La urbanización de la zona comenzó en 2007, pero en la ciudad el avance fue nulo y ahora decidió intervenir el Ejecutivo Nacional. El proyecto presentado forma parte de un plan integral de urbanización de villas en la ciudad de Buenos Aires en el que está trabajando la Secretaría de Obras Públicas. En la misma línea, también se anunciaron las obras de urbanización de villas a realizarse en las zonas aledañas al Parque Indoamericano. Página/12 tuvo acceso al proyecto que propone urbanizar las 23 villas con más de 129 mil habitantes que existen en la ciudad. El plan será presentado por Boudou, como parte de su campaña a jefe de Gobierno porteño.
“El gobierno de la Nación no va a ser un obstáculo sino una palanca para solucionar la obra pública, porque esta administración tomó siempre este tema como uno de sus planes fundamentales desde 2003”, recalcó Boudou. Y agregó: “Nos parece una instancia importante para retomar la problemática de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, de forma profunda, con un sentido que tiene que ver con la obra pública y con los derechos plenos de los habitantes de esta zona”, dijo el ministro. “El proyecto está, el dinero está, lo que necesitamos es que el Gobierno de la Ciudad se ponga a trabajar en esto.”
El plan presentado ayer propone “consolidar a la población en el sitio en el que habita, regularizando el dominio de la tierra a favor de sus ocupantes efectivos, proveyendo infraestructura básica de servicios, consolidando los espacios públicos y mitigando los problemas ambientales”. A su vez, propone “relocalizar las familias ubicadas en sectores urbanos de riesgo ambiental inminente, con control exhaustivo y ordenado del plan de obras para las villas y asentamientos precarios”.
Un informe de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación señala que, del total de viviendas a realizar en la cuenca, el ciento por ciento de las obras a realizarse en la provincia de Buenos Aires (15.244 viviendas) tienen principio de ejecución y fecha certera de finalización. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cambio, sólo el 30 por ciento de las viviendas tiene su situación definida, mientras que el 70 por ciento restante (1764 viviendas) no tiene ningún nivel de definición.
Bordeando la cuenca Matanza-Riachuelo pasa el camino de sirga. A su vera, la zona de mayor riesgo ambiental, viven 2384 familias: 571 en la provincia y 1813 en la ciudad. La Corte señaló como fecha máxima para dar una solución a esa zona el 1º de febrero próximo. En la margen porteña se sitúan las villas 21-24, El Pueblito, villa 26, asentamiento Luján y Magaldi. Hasta ahora la Ciudad no presentó ningún proyecto oficialmente a la Justicia. Las únicas obras realizadas en la zona las construyó la Fundación Madres de Plaza de Mayo: ya están terminadas 220 viviendas, sobre un plan total de 780 en Avenida General Paz y Castañares.
El 29 de diciembre de 2010, producto del conflicto en el Parque Indoamericano, el gobierno porteño presentó una propuesta habitacional autodenominada “Plan para el Mejoramiento del Hábitat de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” que, según la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, no reúne las condiciones técnicas mínimas para ser considerado un plan y recibir financiamiento nacional. En Obras Públicas afirman que el breve informe es simplemente una “carta de intención”, donde se desarrollan en cinco páginas los objetivos generales, una página sobre los organismos intervinientes y otra página solicitando recursos por más de 1662 millones de pesos sin definir la cantidad de viviendas y mejoramientos a construir, la infraestructura y equipamientos necesarios, ni los tiempos, lugares y modos de ejecución.
En los últimos tres años, desde que asumió la Jefatura de Gobierno Mauricio Macri, la ciudad de Buenos Aires fue el distrito nacional que menos viviendas construyó. Según fuentes del gobierno nacional, más allá de la escasa vocación de la administración macrista por ocuparse de los problemas de los que menos tienen, el gobierno porteño muestra un “nulo conocimiento de la burocracia municipal”. La propuesta presentada el mes pasado por el gobierno porteño tuvo como respuesta una misiva que señala: “La presentación carece de las condiciones técnicas mínimas para ser considerado un plan”. Y le reseñó las condiciones necesarias para comenzar el proyecto: descripción de proyectos concretos (planos), cómputo y presupuesto de cada proyecto, abordaje territorial, estudio del impacto ambiental y urbano de cada propuesta, estrategia de gestión de tierras y aptitudes urbanísticas de la propuesta. Hasta ahora no se realizó una nueva presentación por parte del gobierno de Macri.
Si bien el ministro Boudou contempla como parte de su estrategia de campaña la propuesta de urbanización total de las villas de la ciudad, la intención del Gobierno es poner a disposición de la ciudad ya mismo las herramientas para que pueda avanzar en el tema. Ayer, la Secretaría de Obras Públicas le entregó al Gobierno de la Ciudad un listado con 51 terrenos deshabitados por un total de 127 mil metros cuadrados. Se trata de terrenos fiscales y privados desocupados en condiciones de expropiación.
Una alta fuente del Ejecutivo señaló a Página/12 que “la Nación está dispuesta a financiar las obras que resulten necesarias para la urbanización de las villas de la ciudad, en las condiciones acordadas en diciembre de 2010. Pero es indispensable que el gobierno municipal presente una programa formulado correctamente”. La Ciudad y la Nación consensuaron en 2004 un Plan Integral de Urbanización de Villas. Se propone que el actual jefe de Gobierno lo tome en cuenta y lo actualice. La misma fuente indicó que es necesario asumir que “la resolución del tema de las villas y asentamientos es un sistema complejo, que no solamente requiere la construcción de nuevas viviendas, sino el desarrollo integral de una fracción de la ciudad. Es un fenómeno de la construcción, pero también lo es desde lo social y lo urbano”. En línea con esta opinión, el proyecto de Obras Públicas para la urbanización total de las villas de la ciudad señala “que las familias que habitan las villas tienen su sistema de vida ubicado geográficamente en el sector que habitan, la escuela de sus hijos, los centros de salud, el transporte y el trabajo; son ciudadanos plenos de la ciudad y es importante respetarlos”. También indica que la construcción de nuevos conjuntos urbanos debe facilitar la integración social. “No podemos repetir viejas historias, como fueron los Mega Conjuntos, algunos fuera de la Ciudad como Don Orione, que se transformen en gigantescos ‘ghettos’ que dificulten el desarrollo social de las familias”, finaliza el informe.
El jefe de la base militar de Morón apuntó a la ANAC
Tiempo Argentino
25 de enero de 2011
Por Néstor Espósito
El comodoro Jorge Ayerdi, jefe de la Base Aérea Militar de Morón (BAM), extremó ayer sus esfuerzos para explicarle al juez en lo Penal Económico Alejandro Catania que el arma a su cargo no tuvo posibilidades reales de impedir que –tal como sospechan los investigadores–, los 944 kilos de cocaína decomisados de un avión de la empresa argentina Medical Jet en el aeropuerto El Prat, de Barcelona, fueran cargados en esa estación aérea. Durante más de tres horas, el aviador describió detalles del funcionamiento de la BAM, operada bajo una suerte de comando bifronte entre la Fuerza Aérea y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Ayerdi explicó que en noviembre del año pasado, a poco de asumir al frente del BAM decidió reforzar la seguridad en el Portón N° 1, el de la entrada principal al aeródromo, dejando entrever que había detectado que, tal como repiten los investigadores, el lugar era "un colador". Según Ayerdi, se fijaron nuevos requisitos y controles, de modo tal que el ingreso y egreso fueran transparentes y ordenados. Pero el Portón N° 1 no es el único lugar por el que se accede al predio. De hecho, hay una entrada terrestre secundaria y, por otra parte, es habitual que aterricen allí naves de distinto porte y procedencia. La autoridad militar tiene jurisdicción sobre el Instituto Nacional de la Aviación Civil (INAC), los hangares de sus aviones, el Museo Aeronáutico Nacional y un casino de oficiales. Y el avión Challenger secuestrado en Barcelona con la droga no habría pasado por ninguno de esos lugares.
La explicación de Ayerdi pareció descargar responsabilidades en la ANAC. En ese sentido, fuentes judiciales señalaron que el Decreto 1770 de noviembre de 2007 asignó a la ANAC, entre otras funciones, "ejercer la fiscalización y control de los aeródromos públicos y privados del territorio nacional, los servicios de navegación aérea, las habilitaciones y licencias conferidas". El decreto fue firmado por el ex presidente Néstor Kirchner, su ex jefe de Gabinete Alberto Fernández; la entonces ministra de Defensa
Nilda Garré, y el ministro de Planificación, Julio De Vido. Ayerdi, quien declaró como testigo, limitó el rol de la Fuerza Aérea al control específico de las instalaciones asignadas y al refuerzo de la seguridad en los accesos, lo que –dijo– le fue informado al titular de la ANAC en Morón, el civil Ricardo Palazón, quien el viernes pasado había sostenido ante el juez Catania que el control de las cargas en los aviones le correspondía a la Fuerza Aérea. El juez resolvió ayer prorrogar por otros diez días el secreto de sumario en la causa. No obstante, trascendió que entre hoy y los próximos días citará a empleados militares y civiles.
25 de enero de 2011
Por Néstor Espósito
El comodoro Jorge Ayerdi, jefe de la Base Aérea Militar de Morón (BAM), extremó ayer sus esfuerzos para explicarle al juez en lo Penal Económico Alejandro Catania que el arma a su cargo no tuvo posibilidades reales de impedir que –tal como sospechan los investigadores–, los 944 kilos de cocaína decomisados de un avión de la empresa argentina Medical Jet en el aeropuerto El Prat, de Barcelona, fueran cargados en esa estación aérea. Durante más de tres horas, el aviador describió detalles del funcionamiento de la BAM, operada bajo una suerte de comando bifronte entre la Fuerza Aérea y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Ayerdi explicó que en noviembre del año pasado, a poco de asumir al frente del BAM decidió reforzar la seguridad en el Portón N° 1, el de la entrada principal al aeródromo, dejando entrever que había detectado que, tal como repiten los investigadores, el lugar era "un colador". Según Ayerdi, se fijaron nuevos requisitos y controles, de modo tal que el ingreso y egreso fueran transparentes y ordenados. Pero el Portón N° 1 no es el único lugar por el que se accede al predio. De hecho, hay una entrada terrestre secundaria y, por otra parte, es habitual que aterricen allí naves de distinto porte y procedencia. La autoridad militar tiene jurisdicción sobre el Instituto Nacional de la Aviación Civil (INAC), los hangares de sus aviones, el Museo Aeronáutico Nacional y un casino de oficiales. Y el avión Challenger secuestrado en Barcelona con la droga no habría pasado por ninguno de esos lugares.
La explicación de Ayerdi pareció descargar responsabilidades en la ANAC. En ese sentido, fuentes judiciales señalaron que el Decreto 1770 de noviembre de 2007 asignó a la ANAC, entre otras funciones, "ejercer la fiscalización y control de los aeródromos públicos y privados del territorio nacional, los servicios de navegación aérea, las habilitaciones y licencias conferidas". El decreto fue firmado por el ex presidente Néstor Kirchner, su ex jefe de Gabinete Alberto Fernández; la entonces ministra de Defensa
Nilda Garré, y el ministro de Planificación, Julio De Vido. Ayerdi, quien declaró como testigo, limitó el rol de la Fuerza Aérea al control específico de las instalaciones asignadas y al refuerzo de la seguridad en los accesos, lo que –dijo– le fue informado al titular de la ANAC en Morón, el civil Ricardo Palazón, quien el viernes pasado había sostenido ante el juez Catania que el control de las cargas en los aviones le correspondía a la Fuerza Aérea. El juez resolvió ayer prorrogar por otros diez días el secreto de sumario en la causa. No obstante, trascendió que entre hoy y los próximos días citará a empleados militares y civiles.
“UATRE es cómplice de los abusos”
Tiempo Argentino
25 de enero de 2011
Por Secretario General de la CTA y seccional Misiones.
Al negocio de la yerba lo controlan seis grandes empresas en todo el país, que tienen un monopolio absoluto. Desde el menemismo, la cosecha la hacen contratistas de estos grandes grupos. Es decir, hoy la industria yerbatera vive de la explotación del obrero que hacen los tercerizados. La mayoría de las plantaciones emplean menores y hasta niños, al igual de lo que sucede en Mendoza con la cosecha del ajo.
Con esta falta de control, pierden los pequeños productores y los trabajadores. Mientras ganan los contratistas y los industriales.
En este escenario, lo peor es que la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), nunca defiende a los trabajadores y fue cómplice de los abusos en todo este tiempo.
25 de enero de 2011
Por Secretario General de la CTA y seccional Misiones.
Al negocio de la yerba lo controlan seis grandes empresas en todo el país, que tienen un monopolio absoluto. Desde el menemismo, la cosecha la hacen contratistas de estos grandes grupos. Es decir, hoy la industria yerbatera vive de la explotación del obrero que hacen los tercerizados. La mayoría de las plantaciones emplean menores y hasta niños, al igual de lo que sucede en Mendoza con la cosecha del ajo.
Con esta falta de control, pierden los pequeños productores y los trabajadores. Mientras ganan los contratistas y los industriales.
En este escenario, lo peor es que la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), nunca defiende a los trabajadores y fue cómplice de los abusos en todo este tiempo.
lunes, 24 de enero de 2011
Una muerte que se anticipó a la justicia
Nicolaides cumplía una condena domiciliaria por violaciones a los derechos humanos, pero por su enfermedad no podía ser juzgado en la causa por el plan sistemático de robos de bebés que comienza en los primeros días de febrero.
Página 12
24 de enero de 2011
Por Alejandra Dandan
Murió en Córdoba el represor Cristino Nicolaides. Ex jefe del Ejército e integrante de la cuarta Junta Militar formada después de la derrota de Malvinas, murió el sábado a la noche a los 86 años de edad. Por razones de salud, su nombre había sido borrado de la lista de acusados en la causa por robos de bebés de la última dictadura, cuyos debates orales están a punto de iniciarse. Alertados porque sus abogados pedían nuevamente que no se lo juzgase por razones de salud, Abuelas de Plaza de Mayo envió un perito de parte a verlo hace unos seis meses. El abogado de Abuelas, Alan Iud, confirmó a Página/12 que el deterioro en su estado de salud era cierto, que efectivamente el militar ya no comprendía nada, pero también aseguró que si el juicio oral se hubiese hecho cuatro o cinco años atrás, el represor que encontró en su indisposición permanente una suerte de salvoconducto judicial podría haber sido condenado.
Los restos de Nicolaides fueron velados y cremados con celeridad. Su abogado Alejandro Zeverín confirmó a la prensa cordobesa que esas medidas se llevaron adelante por decisión de sus familiares.
Nicolaides nació en Córdoba en 1925. Integró la Junta de Comandantes que asumió el poder a medida que se despedazaba la dictadura. Fue quien ungió a Reynaldo Bignone para presidir la última etapa del “proceso”, y a quien se lo recuerda entre los autores del llamado “Documento Final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo”, que declaró muertos a los desaparecidos, y por el que estuvo acusado en la causa de Abuelas. Escapó del Juicio a las Juntas de 1985 por un acuerdo negociado por las Fuerzas Armadas con el ex presidente Raúl Alfonsín. De esa manera se le concedió una especie de autoamnistía por la que ni él ni los miembros de la última Junta fueron juzgados. Antes emitió la orden de quemar los documentos de la represión, impartida en noviembre de 1983 por el Estado Mayor General del Ejército para destruir las pruebas antes de la apertura democrática, otra de las acusaciones por las que iba a ser juzgado en la causa por el Plan Sistemático. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el subsecretario Luis Alén recordaba anoche una de sus frases más célebres: “El marxismo viene persiguiendo a la humanidad desde quinientos años antes de Cristo”.
A lo largo de los últimos años, el deterioro del estado de salud se convirtió en uno de sus mejores salvoconductos. No sólo lo salvó ahora de quedar incluido en el juicio oral que empieza el próximo 28 de febrero en la causa impulsada por Abuelas de Plaza de Mayo. Sucedió lo mismo en Corrientes y con la causa por la masacre de Margarita Belén en el Chaco. “De la Brigada que él comandaba salió la orden de traslado de los que terminaron siendo fusilados ese 13 de diciembre de 1976, con el nombre de ‘Operativo Rojo’”, recordó anoche el fiscal general Jorge Auat, enrolado entre quienes batallaron por conseguir primero quitarle el beneficio del indulto que había conseguido Nicolaides y entre quienes una vez que lo consiguieron tuvieron que escuchar, luego, que eran las razones de salud las que impedían procesarlo y habilitaron una vía para separarlo de la causa.
En 2007 esas mismas razones de salud le permitieron no estar presente en la sala de audiencias de los Tribunales porteños para escuchar lo que finalmente fue su primera y única condena a 25 años de prisión por el secuestro y la desaparición de integrantes de la organización Montoneros, que volvieron al país enrolados en lo que se llamó la Contraofensiva. Entre ellos estaba Ricardo Marcos Zucker, el hijo del actor Marcos Zucker, secuestrado en febrero de 1980. En 1997, el sargento Nelson Ramón González –ex miembro de un grupo de tareas– dijo en un reportaje de televisión que el propio Nicolaides ordenó fusilarlo en el polígono de tiro de Campo de Mayo. Durante el juicio, se supo que además ordenó el fusilamiento de otras dos personas que luego fueron incineradas entre neumáticos. El juicio fue llevado adelante por Ariel Lijo, y ese fue el primer juicio contra los jefes de la dictadura militar tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Es en ese sentido que Luis Alén decide hacer un subrayado: “Se murió condenado”, dice. “Y pese a esa condena –sigue– él ya tenía además una condena ética y moral de parte de la sociedad, y eso es para destacar.”
El sábado a la noche el estado de salud de Nicolaides desmejoró por una complicación pulmonar, según el parte de su abogado.
Las causas en las que estaba acusado o estaba siendo investigado incluyeron desde procesos en Corrientes a Chaco, Córdoba, el área de Campo de Mayo e incluso la acusación por el Plan Sistemático que dibujan de alguna manera una huella de lo que fueron sus pasos. Cristino Nicolaides fue jefe del Ejército entre diciembre de 1981 y julio de 1982. Pero antes, entre abril de 1976 y enero de 1978, estuvo a cargo de la Brigada de Infantería VII y de la subzona 23 del II Cuerpo del Ejército en Misiones, Chaco, Formosa y parte de Corrientes. Comandó la guarnición de Campo de Mayo del Ejército entre diciembre de 1979 y 1980. Y entre diciembre de 1980 y diciembre de 1981 fue jefe del III Cuerpo de Ejército en Córdoba.
Hasta hace seis meses, su nombre integraba la lista de acusados de la causa por los 33 casos de apropiación sistemática de niños a cargo del Tribunal Oral Federal 6 porteño. También están acusados los represores Jorge Rafael Videla y Bignone. En aquella visita a Córdoba, el perito de Abuelas confirmó no sólo que el estado de salud de Nicolaides iba a servirle nuevamente como salvoconducto. En el mismo análisis, el perito supo que si hubiese sido sometido a una batería de fármacos cuatro o cinco años atrás se podría haber contenido el proceso de deterioro. Si además, la etapa oral se hubiese hecho antes, Nicolaides podría haber sido juzgado.
El capitán José Luis D’Andrea Mohr –un luchador por los derechos humanos– lo conoció en 1962 durante los enfrentamientos entre azules y colorados, cuando a Nicolaides lo nombraron subdirector de la Escuela de Tropas Aerotransportadas (paracaidistas) de Córdoba, de la que él formaba parte. El ex capitán ya fallecido siguió sus pasos hasta denunciarlo por la incineración de los documentos sobre los desaparecidos en 1983. “Era gordo y torpe”, dijo a Página/12 a fines de los ’90. “Con pocas aptitudes para tirarse de un avión, apenas llegó, llenó los calabozos de soldados y con poco esfuerzo se hizo odiar por todos. A los oficiales nos ordenó concurrir a cenar al comedor del casino de saco y corbata, pero lo solucionamos en short y remera mudando las mesas al jardín.” El 2 de abril de 1963, a Nicolaides se le rebelaron los soldados. Era jefe de la guarnición, y por entonces los oficiales decían que era “un hombre de nalgas griegas” por su apellido. En la embestida lo introdujeron en el escobero, entre lampazos, baldes, jabón y papel higiénico. Algunos historiadores –dijo D’Andrea Mohr más tarde– sostienen que la oscuridad del escobero lo inspiró para planificar acciones tan heroicas como la de Margarita Belén. “Pueden ser calumnias de zurdos. O de carapintadas. O de pelilargos y barbudos a los que Cristino persiguió con saña en su aristotélica guerra ideológica.” De eso sabía mucho. Quizá por eso cuando decoró un pasillo de la Escuela de Tropas con retratos de próceres, encima de la leyenda “Facundo Quiroga” aparecía un ignoto hombre perfectamente rasurado y de aspecto mussoliniano.
Página 12
24 de enero de 2011
Por Alejandra Dandan
Murió en Córdoba el represor Cristino Nicolaides. Ex jefe del Ejército e integrante de la cuarta Junta Militar formada después de la derrota de Malvinas, murió el sábado a la noche a los 86 años de edad. Por razones de salud, su nombre había sido borrado de la lista de acusados en la causa por robos de bebés de la última dictadura, cuyos debates orales están a punto de iniciarse. Alertados porque sus abogados pedían nuevamente que no se lo juzgase por razones de salud, Abuelas de Plaza de Mayo envió un perito de parte a verlo hace unos seis meses. El abogado de Abuelas, Alan Iud, confirmó a Página/12 que el deterioro en su estado de salud era cierto, que efectivamente el militar ya no comprendía nada, pero también aseguró que si el juicio oral se hubiese hecho cuatro o cinco años atrás, el represor que encontró en su indisposición permanente una suerte de salvoconducto judicial podría haber sido condenado.
Los restos de Nicolaides fueron velados y cremados con celeridad. Su abogado Alejandro Zeverín confirmó a la prensa cordobesa que esas medidas se llevaron adelante por decisión de sus familiares.
Nicolaides nació en Córdoba en 1925. Integró la Junta de Comandantes que asumió el poder a medida que se despedazaba la dictadura. Fue quien ungió a Reynaldo Bignone para presidir la última etapa del “proceso”, y a quien se lo recuerda entre los autores del llamado “Documento Final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo”, que declaró muertos a los desaparecidos, y por el que estuvo acusado en la causa de Abuelas. Escapó del Juicio a las Juntas de 1985 por un acuerdo negociado por las Fuerzas Armadas con el ex presidente Raúl Alfonsín. De esa manera se le concedió una especie de autoamnistía por la que ni él ni los miembros de la última Junta fueron juzgados. Antes emitió la orden de quemar los documentos de la represión, impartida en noviembre de 1983 por el Estado Mayor General del Ejército para destruir las pruebas antes de la apertura democrática, otra de las acusaciones por las que iba a ser juzgado en la causa por el Plan Sistemático. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el subsecretario Luis Alén recordaba anoche una de sus frases más célebres: “El marxismo viene persiguiendo a la humanidad desde quinientos años antes de Cristo”.
A lo largo de los últimos años, el deterioro del estado de salud se convirtió en uno de sus mejores salvoconductos. No sólo lo salvó ahora de quedar incluido en el juicio oral que empieza el próximo 28 de febrero en la causa impulsada por Abuelas de Plaza de Mayo. Sucedió lo mismo en Corrientes y con la causa por la masacre de Margarita Belén en el Chaco. “De la Brigada que él comandaba salió la orden de traslado de los que terminaron siendo fusilados ese 13 de diciembre de 1976, con el nombre de ‘Operativo Rojo’”, recordó anoche el fiscal general Jorge Auat, enrolado entre quienes batallaron por conseguir primero quitarle el beneficio del indulto que había conseguido Nicolaides y entre quienes una vez que lo consiguieron tuvieron que escuchar, luego, que eran las razones de salud las que impedían procesarlo y habilitaron una vía para separarlo de la causa.
En 2007 esas mismas razones de salud le permitieron no estar presente en la sala de audiencias de los Tribunales porteños para escuchar lo que finalmente fue su primera y única condena a 25 años de prisión por el secuestro y la desaparición de integrantes de la organización Montoneros, que volvieron al país enrolados en lo que se llamó la Contraofensiva. Entre ellos estaba Ricardo Marcos Zucker, el hijo del actor Marcos Zucker, secuestrado en febrero de 1980. En 1997, el sargento Nelson Ramón González –ex miembro de un grupo de tareas– dijo en un reportaje de televisión que el propio Nicolaides ordenó fusilarlo en el polígono de tiro de Campo de Mayo. Durante el juicio, se supo que además ordenó el fusilamiento de otras dos personas que luego fueron incineradas entre neumáticos. El juicio fue llevado adelante por Ariel Lijo, y ese fue el primer juicio contra los jefes de la dictadura militar tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Es en ese sentido que Luis Alén decide hacer un subrayado: “Se murió condenado”, dice. “Y pese a esa condena –sigue– él ya tenía además una condena ética y moral de parte de la sociedad, y eso es para destacar.”
El sábado a la noche el estado de salud de Nicolaides desmejoró por una complicación pulmonar, según el parte de su abogado.
Las causas en las que estaba acusado o estaba siendo investigado incluyeron desde procesos en Corrientes a Chaco, Córdoba, el área de Campo de Mayo e incluso la acusación por el Plan Sistemático que dibujan de alguna manera una huella de lo que fueron sus pasos. Cristino Nicolaides fue jefe del Ejército entre diciembre de 1981 y julio de 1982. Pero antes, entre abril de 1976 y enero de 1978, estuvo a cargo de la Brigada de Infantería VII y de la subzona 23 del II Cuerpo del Ejército en Misiones, Chaco, Formosa y parte de Corrientes. Comandó la guarnición de Campo de Mayo del Ejército entre diciembre de 1979 y 1980. Y entre diciembre de 1980 y diciembre de 1981 fue jefe del III Cuerpo de Ejército en Córdoba.
Hasta hace seis meses, su nombre integraba la lista de acusados de la causa por los 33 casos de apropiación sistemática de niños a cargo del Tribunal Oral Federal 6 porteño. También están acusados los represores Jorge Rafael Videla y Bignone. En aquella visita a Córdoba, el perito de Abuelas confirmó no sólo que el estado de salud de Nicolaides iba a servirle nuevamente como salvoconducto. En el mismo análisis, el perito supo que si hubiese sido sometido a una batería de fármacos cuatro o cinco años atrás se podría haber contenido el proceso de deterioro. Si además, la etapa oral se hubiese hecho antes, Nicolaides podría haber sido juzgado.
El capitán José Luis D’Andrea Mohr –un luchador por los derechos humanos– lo conoció en 1962 durante los enfrentamientos entre azules y colorados, cuando a Nicolaides lo nombraron subdirector de la Escuela de Tropas Aerotransportadas (paracaidistas) de Córdoba, de la que él formaba parte. El ex capitán ya fallecido siguió sus pasos hasta denunciarlo por la incineración de los documentos sobre los desaparecidos en 1983. “Era gordo y torpe”, dijo a Página/12 a fines de los ’90. “Con pocas aptitudes para tirarse de un avión, apenas llegó, llenó los calabozos de soldados y con poco esfuerzo se hizo odiar por todos. A los oficiales nos ordenó concurrir a cenar al comedor del casino de saco y corbata, pero lo solucionamos en short y remera mudando las mesas al jardín.” El 2 de abril de 1963, a Nicolaides se le rebelaron los soldados. Era jefe de la guarnición, y por entonces los oficiales decían que era “un hombre de nalgas griegas” por su apellido. En la embestida lo introdujeron en el escobero, entre lampazos, baldes, jabón y papel higiénico. Algunos historiadores –dijo D’Andrea Mohr más tarde– sostienen que la oscuridad del escobero lo inspiró para planificar acciones tan heroicas como la de Margarita Belén. “Pueden ser calumnias de zurdos. O de carapintadas. O de pelilargos y barbudos a los que Cristino persiguió con saña en su aristotélica guerra ideológica.” De eso sabía mucho. Quizá por eso cuando decoró un pasillo de la Escuela de Tropas con retratos de próceres, encima de la leyenda “Facundo Quiroga” aparecía un ignoto hombre perfectamente rasurado y de aspecto mussoliniano.
Con los pies en polvorosa
Luego de un proceso irregular donde se otorgaron excarcelaciones a discreción en las causas por violaciones a derechos humanos en Bahía Blanca, el proceso fue revertido y tres represores permanecen prófugos.
Página 12
24 de enero de 2011
Las excarcelaciones otorgadas a discreción, que fueran recientemente revocadas a represores involucrados en causas por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, dejaron como resultado tres imputados prófugos. Cuando la policía allanó los domicilios que los militares Alejandro Lawless, José Héctor Fidalgo y Raúl Oscar Otero habían fijado en sede judicial, no encontraron a ninguno de los acusados. Mientras tanto, los abogados de los represores ingresaron pedidos de eximición de prisión para intentar disimular el carácter de evadidos de sus representados, pero se espera que sean rechazados por los jueces bahienses y que se dispongan medidas de investigación para lograr dar con su paradero. La situación irregular de las excarcelaciones en Bahía Blanca venía siendo denunciada por el fiscal Abel Córdoba, que lamentó un “nuevo escollo en el proceso” camino a un juicio oral para el que aún no hay fecha fija. El Tribunal Oral Federal de Bahía deberá decidir ahora sobre los nuevos pedidos de la fiscalía para anular otras ocho excarcelaciones.
Lo que el Ministerio Público y los organismos de derechos humanos temían, finalmente sucedió: de las cuarenta y cuatro órdenes de detención que se libraron los primeros días de enero contra represores involucrados en las causas por crímenes cometidos durante la dictadura en el V Cuerpo del Ejército y de la Armada, tres ya dieron por resultado represores prófugos. Los magistrados Alcindo Alvarez Canale y Eduardo Tentoni habían ordenado las detenciones a partir del pedido de Córdoba, sustentado en fallos de la Corte Suprema sobre la necesidad de extremar precauciones para que los imputados en libertad no obstruyeran el accionar de la Justicia. En estos tres casos, y en los que podrían llegar a sumarse, la Justicia ordenaría desde la captura nacional e internacional, hasta que pase a manos del Estado el dinero y los bienes que los acusados dejaron como fianza para garantizar que se ajustarían al proceso. A su vez, desde la fiscalía solicitarán que se pongan en marcha los mecanismos de investigación para encontrarlos y que se ofrezca una recompensa por datos sobre su paradero.
Ni Fidalgo ni Otero ni Lawless estaban en las direcciones que habían fijado en la Justicia como lugar de residencia permanente. La situación no es nueva para Lawless –subteniente en el Batallón de Comunicaciones 181–, que estuvo fugado durante un año, sin que esto representara un obstáculo para que fuera beneficiado con la excarcelación, luego de apenas unos días de detención. El teniente coronel Otero, que jamás logró ser detenido en todo el proceso previo al juicio pese a estar acusado de 87 delitos, es gerente en una agencia de seguridad privada: Eulen de Seguridad SA forma parte de un grupo multinacional que incluye servicios de vigilancia, y que puso a Otero a cargo de la filial que abrió en territorio bonaerense. Con esta revocatoria, su situación es nuevamente la de prófugo. El negocio de las agencias de seguridad privada posibilitó a Otero y a otros represores acceder a los medios necesarios para evadir a la Justicia. La utilización de guardias que dan aviso de los allanamientos y cubren la retirada y de teléfonos satelitales para impedir intercepciones son algunas de las maniobras que algunos imputados han aprovechado de la logística que administran. En paralelo, sus abogados presentan medidas de eximición de prisión. “Se colocan primero en situación de prófugos y luego comienzan a tramitar las excarcelaciones indefinidamente”, dijo a Página/12 el fiscal Córdoba, que se quejó del perjuicio de “no tener asegurada la presencia de los imputados” a esta altura del proceso y del “nuevo escollo” que representa para las causas denominadas “04/07” y “05/07”.
Ahora, el TOF de Bahía Blanca deberá decidir si hace lugar al nuevo pedido del fiscal para que se anulen las excarcelaciones a los imputados Héctor Arturo Gonçalves, Vicente Antonio Forcheti, Héctor Jorge Abelleira, Carlos Alberto Contreras, Hugo Carlos Fantoni, Norberto Condal y Mario Carlos Méndez. La medida también incluye al ex teniente coronel Miguel Angel García Moreno, quien se desempeñó durante el interinato de Eduardo Duhalde nada menos que como director del Registro Nacional de las Personas y supo ser diputado, asesor de Miguel Angel Toma y legislador porteño.
Por otro lado, la mayoría de los represores a los que se les revocó la excarcelación en esta última medida judicial, ya no están libres. Por la causa Armada: Carlos Büsser, Eduardo Fracassi, Angel Martín, Edmundo Núñez, Carlos Padula, Leandro Maloberti, Guillermo Botto, Hernán Payba, Domingo Negrete, Oscar Castro, José Luis Ripa, Enrique de León, el ex comisario bonaerense Víctor Fogelman, el penitenciario Héctor Luis Selaya, y los prefectos Carlos Cornelli y Francisco Martínez Loydy esperarán el juicio oral detenidos. Hugo Mac Gaul, por su parte, está internado en un hospital, pero bajo custodia. Se descompensó cuando se enteró de que integraba la lista de los que debían volver a prisión, informaron sus familiares. En tanto es inminente la detención de Luis Pons, que también intentó evadir su captura cambiando de ubicación. Según cada caso, se los derivó al penal de Marcos Paz, o quedaron confinados en sus domicilios. En la denominada causa Ejército, Walter Tejada, Ricardo Gandolfo, Hugo Delme, Juan Manuel Bayon, Manuel Villegas, Jorge Mansueto Swendsen, Arsenio Lavayen, Osvaldo Laurella Grippa, Carlos Arroyo, Osvaldo Páez y el penitenciario Andrés Miraglia también fueron apresados. La fiscalía tiene pendiente saber cuál fue el resultado del operativo con respecto a Carlos Stricker, Guillermo Obligio, Fernando Videla y Tomás Carrizo. En tanto, Armando Barrera, Bernardo Cabezón, Gabriel Cañicul, Andrés González y José María Martínez –de la localidad de Junín de los Andes– fueron capturados por Gendarmería y ya se encuentran en la Unidad penitenciaria Nº 5 de General Roca.
Página 12
24 de enero de 2011
Las excarcelaciones otorgadas a discreción, que fueran recientemente revocadas a represores involucrados en causas por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, dejaron como resultado tres imputados prófugos. Cuando la policía allanó los domicilios que los militares Alejandro Lawless, José Héctor Fidalgo y Raúl Oscar Otero habían fijado en sede judicial, no encontraron a ninguno de los acusados. Mientras tanto, los abogados de los represores ingresaron pedidos de eximición de prisión para intentar disimular el carácter de evadidos de sus representados, pero se espera que sean rechazados por los jueces bahienses y que se dispongan medidas de investigación para lograr dar con su paradero. La situación irregular de las excarcelaciones en Bahía Blanca venía siendo denunciada por el fiscal Abel Córdoba, que lamentó un “nuevo escollo en el proceso” camino a un juicio oral para el que aún no hay fecha fija. El Tribunal Oral Federal de Bahía deberá decidir ahora sobre los nuevos pedidos de la fiscalía para anular otras ocho excarcelaciones.
Lo que el Ministerio Público y los organismos de derechos humanos temían, finalmente sucedió: de las cuarenta y cuatro órdenes de detención que se libraron los primeros días de enero contra represores involucrados en las causas por crímenes cometidos durante la dictadura en el V Cuerpo del Ejército y de la Armada, tres ya dieron por resultado represores prófugos. Los magistrados Alcindo Alvarez Canale y Eduardo Tentoni habían ordenado las detenciones a partir del pedido de Córdoba, sustentado en fallos de la Corte Suprema sobre la necesidad de extremar precauciones para que los imputados en libertad no obstruyeran el accionar de la Justicia. En estos tres casos, y en los que podrían llegar a sumarse, la Justicia ordenaría desde la captura nacional e internacional, hasta que pase a manos del Estado el dinero y los bienes que los acusados dejaron como fianza para garantizar que se ajustarían al proceso. A su vez, desde la fiscalía solicitarán que se pongan en marcha los mecanismos de investigación para encontrarlos y que se ofrezca una recompensa por datos sobre su paradero.
Ni Fidalgo ni Otero ni Lawless estaban en las direcciones que habían fijado en la Justicia como lugar de residencia permanente. La situación no es nueva para Lawless –subteniente en el Batallón de Comunicaciones 181–, que estuvo fugado durante un año, sin que esto representara un obstáculo para que fuera beneficiado con la excarcelación, luego de apenas unos días de detención. El teniente coronel Otero, que jamás logró ser detenido en todo el proceso previo al juicio pese a estar acusado de 87 delitos, es gerente en una agencia de seguridad privada: Eulen de Seguridad SA forma parte de un grupo multinacional que incluye servicios de vigilancia, y que puso a Otero a cargo de la filial que abrió en territorio bonaerense. Con esta revocatoria, su situación es nuevamente la de prófugo. El negocio de las agencias de seguridad privada posibilitó a Otero y a otros represores acceder a los medios necesarios para evadir a la Justicia. La utilización de guardias que dan aviso de los allanamientos y cubren la retirada y de teléfonos satelitales para impedir intercepciones son algunas de las maniobras que algunos imputados han aprovechado de la logística que administran. En paralelo, sus abogados presentan medidas de eximición de prisión. “Se colocan primero en situación de prófugos y luego comienzan a tramitar las excarcelaciones indefinidamente”, dijo a Página/12 el fiscal Córdoba, que se quejó del perjuicio de “no tener asegurada la presencia de los imputados” a esta altura del proceso y del “nuevo escollo” que representa para las causas denominadas “04/07” y “05/07”.
Ahora, el TOF de Bahía Blanca deberá decidir si hace lugar al nuevo pedido del fiscal para que se anulen las excarcelaciones a los imputados Héctor Arturo Gonçalves, Vicente Antonio Forcheti, Héctor Jorge Abelleira, Carlos Alberto Contreras, Hugo Carlos Fantoni, Norberto Condal y Mario Carlos Méndez. La medida también incluye al ex teniente coronel Miguel Angel García Moreno, quien se desempeñó durante el interinato de Eduardo Duhalde nada menos que como director del Registro Nacional de las Personas y supo ser diputado, asesor de Miguel Angel Toma y legislador porteño.
Por otro lado, la mayoría de los represores a los que se les revocó la excarcelación en esta última medida judicial, ya no están libres. Por la causa Armada: Carlos Büsser, Eduardo Fracassi, Angel Martín, Edmundo Núñez, Carlos Padula, Leandro Maloberti, Guillermo Botto, Hernán Payba, Domingo Negrete, Oscar Castro, José Luis Ripa, Enrique de León, el ex comisario bonaerense Víctor Fogelman, el penitenciario Héctor Luis Selaya, y los prefectos Carlos Cornelli y Francisco Martínez Loydy esperarán el juicio oral detenidos. Hugo Mac Gaul, por su parte, está internado en un hospital, pero bajo custodia. Se descompensó cuando se enteró de que integraba la lista de los que debían volver a prisión, informaron sus familiares. En tanto es inminente la detención de Luis Pons, que también intentó evadir su captura cambiando de ubicación. Según cada caso, se los derivó al penal de Marcos Paz, o quedaron confinados en sus domicilios. En la denominada causa Ejército, Walter Tejada, Ricardo Gandolfo, Hugo Delme, Juan Manuel Bayon, Manuel Villegas, Jorge Mansueto Swendsen, Arsenio Lavayen, Osvaldo Laurella Grippa, Carlos Arroyo, Osvaldo Páez y el penitenciario Andrés Miraglia también fueron apresados. La fiscalía tiene pendiente saber cuál fue el resultado del operativo con respecto a Carlos Stricker, Guillermo Obligio, Fernando Videla y Tomás Carrizo. En tanto, Armando Barrera, Bernardo Cabezón, Gabriel Cañicul, Andrés González y José María Martínez –de la localidad de Junín de los Andes– fueron capturados por Gendarmería y ya se encuentran en la Unidad penitenciaria Nº 5 de General Roca.
El peronismo de Santa Fe define su estrategia
Tiempo Argentino
24 de enero de 2011
El titular del bloque del Frente para la Victoria de la Cámara de Diputados y precandidato a gobernador por Santa Fe, Agustín Rossi, encabezará hoy un plenario del kirchnerismo santafesino para avanzar en la estrategia electoral del peronismo de esta provincia con miras a las elecciones primarias del 22 de mayo.
Durante el encuentro, convocado para las 19 en la Sala Luz y Fuerza de Rosario, el sector que encabeza Rossi debatirá sobre la estrategia para enfrentar las elecciones primarias y las acciones a tomar en el futuro congreso partidario del 5 de febrero.
El PJ santafesino debe definir si va a internas o si, por el contrario, enfrenta el escenario electoral con dos listas, el Frente para la Victoria que conduce Rossi y el Peronismo Federal que en Santa Fe comanda el senador Carlos Reutemann.
Rossi reclama que el peronismo santafesino emita una declaración de apoyo al gobierno nacional como condición para participar de la interna del PJ, para evitar que el PJ Federal termine “votando a Eduardo Duhalde o a Mauricio Macri”.
24 de enero de 2011
El titular del bloque del Frente para la Victoria de la Cámara de Diputados y precandidato a gobernador por Santa Fe, Agustín Rossi, encabezará hoy un plenario del kirchnerismo santafesino para avanzar en la estrategia electoral del peronismo de esta provincia con miras a las elecciones primarias del 22 de mayo.
Durante el encuentro, convocado para las 19 en la Sala Luz y Fuerza de Rosario, el sector que encabeza Rossi debatirá sobre la estrategia para enfrentar las elecciones primarias y las acciones a tomar en el futuro congreso partidario del 5 de febrero.
El PJ santafesino debe definir si va a internas o si, por el contrario, enfrenta el escenario electoral con dos listas, el Frente para la Victoria que conduce Rossi y el Peronismo Federal que en Santa Fe comanda el senador Carlos Reutemann.
Rossi reclama que el peronismo santafesino emita una declaración de apoyo al gobierno nacional como condición para participar de la interna del PJ, para evitar que el PJ Federal termine “votando a Eduardo Duhalde o a Mauricio Macri”.
El fracaso del lockout puso en evidencia las contradicciones de los ruralistas
Tiempo Argentino
24 de enero de 2011
Por Nicolás Furfaro
No se cumplió con el cese de comercialización de cereales y oleaginosas. En 15 días se decidirán los pasos a seguir. Además, la Bolsa de Cereales porteña informó que la campaña triguera 2010-2011 registrará un nuevo récord.
El lockout patronal establecido por la Mesa de Enlace terminó ayer, después de una semana en la que primó la confusión. El cese de comercialización no fue tal y los reclamos de la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural (SRA) chocaron con uno de los principales debates que se dan al interior de las entidades: el papel que debe jugar el Estado. Además, la Bolsa de Cereales porteña informó que la campaña triguera 2010-2011 marcará un nuevo récord de productividad.
A pesar de los problemas de la última semana, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambías, aseguró que se “terminó el cese de comercialización, pero no la protesta” y que si el gobierno no responde, en 15 días se volverán a juntar en una gran asamblea. Sin embargo, el saldo del lockout es negativo.
La información sobre el cierre de la campaña triguera 2010-2011 evidencia que la fuerte recuperación del sector no coincide con las afirmaciones apocalípticas de los ruralistas.
El Panorama Agrícola Semanal de la Bolsa de Cereales Porteña aseguró que se logrará un nuevo récord luego de la crisis de 2009, y habrá una productividad de 3450 kilos por hectárea. Además, la producción final alcanzará las 15 millones de toneladas.
Las entidades rurales también vieron desestimada la que supuestamente era su principal medida de fuerza: el cese de comercialización de cereales y oleaginosas. Como infomó Tiempo Argentino, entre el lunes 17 de enero, el primer día de la medida, y el viernes 21, se comercializaron más de 800 mil toneladas de trigo.
Lo endeble de la medida se profudiza cuando se observa que también se registraron solicitudes de exportación de productos agrícolas en la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), y que el Mercado a Término de Buenos Aires, donde se realiza la compra-venta de productos agrarios en la plaza financiera, funcionó con normalidad.
Otra de las contradicciones del lockout patronal se registró en la respuesta que las diferentes entidades esperan del gobierno nacional. Por el lado de la FAA, liderada por Eduardo Buzzi, se subrayó durante toda la semana la necesidad de la creación de una Junta Nacional de Granos que controle el comercio interno. Por el contrario, la SRA de Hugo Biolcati, apoyoda por CRA, sólo abogó por el libre comercio y la retirada del Estado.
La convocatoria de las protestas también marcó un fracaso. A la última movilización de la FAA, frente al puerto que la agroexportadora Cargill tiene al sur de Rosario, sólo asistieron 300 productores.
Por su parte, el gobierno nacional mantuvo las críticas a la medida, pero se aseguró de realizar un gesto a los sectores que no se limitan a los móviles políticos y realmente piden recibir el precio pleno por su producción.
Funcionarios del Ministerio de Agricultura continuaron con las reuniones con productores y además acentuaron la fiscalización a molinos y exportadoras para verificar que paguen el precio acordado.
24 de enero de 2011
Por Nicolás Furfaro
No se cumplió con el cese de comercialización de cereales y oleaginosas. En 15 días se decidirán los pasos a seguir. Además, la Bolsa de Cereales porteña informó que la campaña triguera 2010-2011 registrará un nuevo récord.
El lockout patronal establecido por la Mesa de Enlace terminó ayer, después de una semana en la que primó la confusión. El cese de comercialización no fue tal y los reclamos de la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural (SRA) chocaron con uno de los principales debates que se dan al interior de las entidades: el papel que debe jugar el Estado. Además, la Bolsa de Cereales porteña informó que la campaña triguera 2010-2011 marcará un nuevo récord de productividad.
A pesar de los problemas de la última semana, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambías, aseguró que se “terminó el cese de comercialización, pero no la protesta” y que si el gobierno no responde, en 15 días se volverán a juntar en una gran asamblea. Sin embargo, el saldo del lockout es negativo.
La información sobre el cierre de la campaña triguera 2010-2011 evidencia que la fuerte recuperación del sector no coincide con las afirmaciones apocalípticas de los ruralistas.
El Panorama Agrícola Semanal de la Bolsa de Cereales Porteña aseguró que se logrará un nuevo récord luego de la crisis de 2009, y habrá una productividad de 3450 kilos por hectárea. Además, la producción final alcanzará las 15 millones de toneladas.
Las entidades rurales también vieron desestimada la que supuestamente era su principal medida de fuerza: el cese de comercialización de cereales y oleaginosas. Como infomó Tiempo Argentino, entre el lunes 17 de enero, el primer día de la medida, y el viernes 21, se comercializaron más de 800 mil toneladas de trigo.
Lo endeble de la medida se profudiza cuando se observa que también se registraron solicitudes de exportación de productos agrícolas en la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), y que el Mercado a Término de Buenos Aires, donde se realiza la compra-venta de productos agrarios en la plaza financiera, funcionó con normalidad.
Otra de las contradicciones del lockout patronal se registró en la respuesta que las diferentes entidades esperan del gobierno nacional. Por el lado de la FAA, liderada por Eduardo Buzzi, se subrayó durante toda la semana la necesidad de la creación de una Junta Nacional de Granos que controle el comercio interno. Por el contrario, la SRA de Hugo Biolcati, apoyoda por CRA, sólo abogó por el libre comercio y la retirada del Estado.
La convocatoria de las protestas también marcó un fracaso. A la última movilización de la FAA, frente al puerto que la agroexportadora Cargill tiene al sur de Rosario, sólo asistieron 300 productores.
Por su parte, el gobierno nacional mantuvo las críticas a la medida, pero se aseguró de realizar un gesto a los sectores que no se limitan a los móviles políticos y realmente piden recibir el precio pleno por su producción.
Funcionarios del Ministerio de Agricultura continuaron con las reuniones con productores y además acentuaron la fiscalización a molinos y exportadoras para verificar que paguen el precio acordado.
domingo, 23 de enero de 2011
Final de juego
Página 12
23 de enero de 2011
Por Horacio Verbitsky
A tres meses de la muerte de Kirchner la candidatura de CFK emerge sin rivales en el Frente para la Victoria. Quedó desactivada la combinación propiciada por la AEA: Scioli-Urtubey por el FpV, Sanz-Michetti por la oposición, Gerardo Martínez a la CGT y Techint a la UIA, para negociar un pacto de contención salarial al estilo italiano. La disolución del Peornismo opositor, a insulto limpio.
Con pocos días de diferencia, los gobernadores de Buenos Aires y de Salta, Daniel Scioli y Juan Manuel Urtubey, anunciaron que buscarán revalidar sus respectivos mandatos, y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Maurizio Macrì, descartó la posibilidad de hacer otro tanto en su distrito, porque su proyecto es presidencial. Se perfilan de este modo las principales alternativas que el electorado tendrá por delante en octubre: CFK vs. Macrì y quien surja del proceso interno de la UCR, cada uno con sus respectivas alianzas. Además habrá diversos candidatos testimoniales reacios a cualquier combinación que contamine su pureza, como Elisa Carrió y Fernando Solanas, o los de aquellas microfracciones de la paleoizquierda que llegaran al número de afiliaciones requeridas y obtuvieran en las primarias obligatorias el porcentaje de votos que exige la ley.
Expresión de deseos
Esto descarta la compleja ingeniería electoral que desde mediados del año pasado propone la primera línea de la Asociación Empresaria (AEA), que debería haber conducido a la conformación de las fórmulas Scioli-Urtubey y Ernesto Sanz-Gabriela Michetti. La proyección nacional de Urtubey fue impulsada por el descubridor de talentos Alberto Fernández. Las reuniones tendientes a este resultado comenzaron a realizarse a mediados del año 2010, a instancias del directivo de la transnacional italiana Techint, Luis Betnaza, en la sede de la Unión Obrera de la Construcción. Betnaza es uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial. En la media docena de encuentros realizados hasta ahora también participaron Michetti, Sanz, Urtubey, Alfonso de Prat Gay y el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez. Dentro de las previsiones del grupo figura la ascensión de Martínez a la secretaría general de la CGT, en lugar de Hugo Moyano, y la de Betnaza a la presidencia de la UIA, por Héctor Méndez. En esas reuniones se discute la coyuntura económica, con proyección de filminas, y se postula un pacto político y económico del tipo del celebrado en La Moncloa al concluir la dictadura española, que implicó el trueque de democracia política por economía neoliberal. Un experimento similar realizó en la Argentina Carlos Menem, aunque sin la ceremonia y las formalidades del acuerdo europeo. En realidad, la inspiración más directa es el pacto social italiano, con sus capítulos de 1993 y 1996, dirigido a frenar el nivel de los salarios. Una nueva ronda, impulsada este año por la FIAT, insiste con el recorte de derechos laborales adquiridos y los sustituye por premios a la productividad. Los trabajadores de la FIAT lo plebiscitaron en Turín, bajo la amenaza de que la multinacional emblemática cerrara sus plantas en Italia. El plan económico del acuerdo argentino se basaría en las exportaciones agropecuarias, agroindustriales y de commodities industriales como los tubos sin costura, con un de-sarrollo de Pymes al estilo de las que incuba Techint para atenuar la pérdida de puestos de trabajo. Mientras el gobierno celebra que la Argentina haya batido el récord histórico de inversión, las transnacionales que realizan sus negocios a escala global bufan por tener que hundir capital en el país por exigencia de un gobierno populista que de otro modo los amenaza con la rescisión de sus contratos, como acaba de ocurrir con Edesur. Los últimos anuncios de Scioli, Urtubey y Macrì redujeron el proyecto de AEA a una mera expresión de deseos, aunque todavía falte una eternidad para el cotejo electoral. Scioli debe concentrarse ahora en la defensa de su posición bonaerense, que también le apetece al intendente de Tigre, Sergio Massa, cuyos niveles de conocimiento e instalación superan a los de Martín Sabbatella. Pero el ex intendente de Morón compartirá la boleta con CFK, imán con el que no puede soñar su ex jefe de gabinete, luego de su actuación estelar en el capítulo porno del WikiLeaks argentino. El plus que aporte Sabbatella puede implicar para Cristina la victoria en primera vuelta, pero es comprensible que no entusiasme a Scioli. Aunque no le impidiera retener el cargo, lo dejaría en clara inferioridad frente a la presidente. Sería la primera vez desde 1983 que un candidato presidencial obtuviera en Buenos Aires más votos que su candidato a la gobernación. (En 1983, Alfonsín atrajo 0,5 por ciento menos votos que Alejandro Armendáriz; en 1995 Menem quedó más de cinco puntos atrás de Duhalde en Buenos Aires; en 1999 Duhalde reunió 5,5 por ciento menos votos que Carlos Rückauf y en 2007, Cristina obtuvo el 2,1 por ciento menos que Scioli.) Los debates sobre la sucesión en 2015 asumirían otro color.
Lo que no fue
Cuando el esposo de una mujer baleada en una salidera bancaria le reclamó acción contra la inseguridad, Scioli le dijo que tenía las manos atadas y el hombre lo hizo público. Una semana después, Kirchner lo instó en público a no tener miedo y revelar quién le ataba las manos para luchar contra la inseguridad. Scioli no respondió pero aprobó los preparativos de sus colaboradores para lanzarse como candidato presidencial. Imaginaba que si en marzo de este año las encuestas sobre intención de voto le daban los mejores resultados, Kirchner lo ungiría como sucesor. Si el ex presidente se resistiera, Scioli intentaría reagrupar a todas las fracciones del peronismo detrás de su escisión. Durante un encuentro en Olivos, Kirchner invitó a Scioli a presentarse como candidato en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y le dijo que si le ganaba, él se encolumnaría detrás de su candidatura. Scioli se negó con protestas de lealtad. Esto es coherente con la imagen impoluta del gobernador que emerge de los cables de WikiLeaks (en uno de ellos consta que durante “el conflicto con el campo” Scioli se negó a “romper con los Kirchner” arguyendo que “si lo hago, se caen, y yo no soy golpista”). No es menos cierto que en caso de haber aceptado el reto, debía jugarse a todo o nada, lo cual no se ajusta a su personalidad. Esas eran las cavilaciones de Scioli la mañana del 27 de octubre, cuando una espontánea movilización tan doliente como combativa, que no cesó de crecer en las 72 horas siguientes, actuó como el chasquido que despierta a un hipnotizado. La ruta de la emoción recondujo a la racionalidad perdida en la espuma de los días y la trivialidad del debate mediático.
El 18 Brumario
El primer día del verano, cuando Cristina expulsó de su gobierno al principal operador de la jugada de Scioli, nadie descifró mejor el mensaje que el gobernador. Una semana después, todavía, Scioli hizo público un almuerzo en Puerto Madero con la embajadora de Estados Unidos, un par de hombres de negocios y uno de los principales operadores de la CIA en el país. También había sido invitado un juez de la Corte Suprema de Justicia, que tuvo el buen tino de no asistir. Esta semana se cumplirán tres meses de la muerte de Néstor Kirchner. Algunos con alivio, otros con decepción han comprobado que pese a su dolor, Cristina desmintió con pulso firme e iniciativa política constante la imagen de dependencia respecto de Kirchner, construida para menoscabarla. El intento de presentar algunos pequeños contratiempos como signos del Apocalipsis chocó con el sentido común general. Nadie creyó que la ocupación de una manzana en Lugano por una pequeña banda de especuladores inmobiliarios, desbaratada en forma incruenta por un juez sobrio y activo; la escasez de billetes en los cajeros automáticos durante unos pocos días por déficits de gestión, los cortes de luz focalizados en algunos barrios por breve plazo, debidos a la falta de inversión privada en distribución como para cubrir los picos de verano e invierno; las dificultades para cargar combustible en algunas estaciones de servicio a raíz de un conflicto gremial y una disputa de intereses en la cadena de comercialización; y la detención en Barcelona de tres hijos de brigadieres vinculados con Duhalde, al llegar en un avión con una tonelada de cocaína, pudieran equiparse con los saqueos y el caos que acompañaron los últimos días de las dos últimas presidencias radicales, con el corralito, con el apagón general que paralizó el tránsito y la industria en el verano de 1989, con la condena judicial por lavado de dinero del narcotráfico al cajero de la campaña Menem-Duhalde en 1989, Mario Caserta, o con el aporte económico del Cartel de Juárez a la campaña de Eduardo Duhalde en 1999. Los esfuerzos por convertir estas farsas en una tragedia fueron inútiles. Más éxito tuvo la elección en Mar del Plata del mejor culo del verano.
Cada ficha en su lugar
El lunes 10, desde su lugar de descanso en Punta del Este, el gerente de la UIA, Martín Echegoyen, envió un mail a los contertulios para informarles que la reunión de la tarde en la UOCRA se suspendía. No incluyó ninguna explicación, pero tampoco era necesaria. El jueves 13, en un reportaje con La Nación, Michetti blanqueó la relación con Sanz, De Prat Gay y Urtubey, pero los presentó como amigos del alma, sin explicar las coincidencias políticas y económicas sobre la próxima etapa del país y su proceso electoral en las que estaban trabajando. Por si alguien pudiera pensar que la guiaba un interés personal, Michetti repitió varias veces que su preferencia era que Macrì aspirara a la reelección en la Capital y no a la presidencia. Tanto Macrì como Sanz negaron el acuerdo, como si se hubiera tratado de una especulación estival y no de un proyecto concreto. Las pintadas a favor de la candidatura de Scioli para 2011 se volvieron más detallistas: ahora explicitan que su candidatura es a la gobernación, y el propio Scioli terminó por afirmar que su intención era acompañar desde Buenos Aires a Cristina. Luego de años de tirantez e incluso denuncias cruzadas, Urtubey recompuso la deteriorada relación con su vicegobernador Andrés Zottos, y juntos buscarán la reelección para gobernar Salta. Aceptó integrar la comitiva presidencial en el viaje a Medio Oriente y Turquía como ratificación de su resignado apoyo a Cristina. Las únicas esperanzas que aún expresan algunos políticos y medios de la oposición, es que ella decida no buscar un segundo mandato. Despejado de este modo el panorama, Sanz sigue en carrera presidencial dentro de la UCR, en disputa, por ahora, con Ricardo Alfonsín, y más adelante se verá si también con la estrella fugaz de Julio Cobos. Por el momento, se verifica una estampida de sus partidarios hacia el campo de Sanz, temerosos de quedar sin silla cuando se interrumpa la música. Las reyertas del Peornismo opositor suben de tono. Los hermanos Rodríguez Saa acordaron con el ex senador Duhalde escalonar comicios regionales a partir de abril, pero no han conseguido interesar a Mario Das Neves y Felipe Solá. El chubutense dice que le robaron la idea de las internas adelantadas pero sin consultarlo. El gauchito gil descubre con algún retardo que su ex protector es derechoso y recibe como única respuesta un sonoro calificativo de imbécil. Con estos niveles de exasperación, es difícil imaginar cómo podrían llegar a un acuerdo sostenible de convivencia. El único decidido a seguir sin calcular pros ni contras es Duhalde, porque su motivación es la venganza. Tanto Das Neves como Solá advierten que en estas condiciones de disolución del Peornismo opositor, Duhalde terminará apoyando a Macrì a cambio de un cargo legislativo que le garantice inmunidad. El giro que está imprimiendo a su campaña provocó pánico en sus propias filas. Salvo el acto de lanzamiento, el resto de sus presentaciones se realizan en pequeños salones, nunca colmados. Sus apelaciones en contra de los derechos humanos y laborales y en favor de la internación de chicos en cuarteles militares, sus estridentes propuestas de represión como principio ordenador de la sociedad tienen la ventaja de la nitidez sobre las formulaciones genéricas de otros postulantes, pero sólo son atractivas para una franja marginal. Su plana mayor se reduce al matrimonio Camaño-Barrionuevo, a Miguel Angel Tomanzano y al glamoroso sindicalista Gerónimo Venegas. Pero hasta Venegas comienza a expresar sus temores, al advertir la fragilidad del proyecto de Duhalde, que lo dejaría desprotegido. Varios ex funcionarios de su interinato presidencial están deliberando cómo hacerle entender que ya no es el que fue y que el conurbano se ha vuelto un yermo para él.
Cinco por dos
La inopia de la oposición y la marcha serena de los indicadores económicos, le confieren más interés a la competencia entre candidaturas dentro del oficialismo, en distritos donde se multiplican las alternativas, como la Capital y Santa Fe, en los que el Frente para la Victoria sólo obtuvo la adhesión de uno de cada diez electores en los últimos comicios. Ahora, en cambio, tres figuras fuertes se disputan la chance de destronar al macrismo en la Ciudad Autónoma, y dos aspiran a confrontar con el Frente Radical-Socialista en el Litoral. Un fenómeno que se observa en todo el país es que Cristina tracciona a los precandidatos locales de su fuerza, lo cual le permite esperar a que decanten las pugnas en cada distrito, sin ungir a ninguno. Cuatro de ellos son o fueron ministros de los gabinetes kirchneristas (Carlos Tomada, Amado Boudou, Daniel Filmus y Rafael Bielsa) y el restante preside el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria (Agustín Rossi). A lo sumo, trascienden en sordina comentarios cálidos o reticentes hacia alguno de ellos, vertidos en privado por Cristina, y se sabe que al menos dos no clavaron la bandera antes de consultarla. Este es el panorama a siete meses de las primarias y a nueve de la elección presidencial. A medida que se definan las demás candidaturas, alguna podrá crecer hasta constituirse en una opción viable frente a la actual presidente. La dificultad surgirá cuando los interroguen sobre las políticas centrales del kirchnerismo, como la AUH: si las repudian, se aíslan de una sociedad que las apoya; si las asumen, aun con reparos, como ya hicieron Sanz y Duhalde, mellan la legitimidad de sus propios proyectos, basados en la diferenciación y la denuncia y se exponen al cotejo con la posición que asumieron cuando esas medidas se adoptaron.
23 de enero de 2011
Por Horacio Verbitsky
A tres meses de la muerte de Kirchner la candidatura de CFK emerge sin rivales en el Frente para la Victoria. Quedó desactivada la combinación propiciada por la AEA: Scioli-Urtubey por el FpV, Sanz-Michetti por la oposición, Gerardo Martínez a la CGT y Techint a la UIA, para negociar un pacto de contención salarial al estilo italiano. La disolución del Peornismo opositor, a insulto limpio.
Con pocos días de diferencia, los gobernadores de Buenos Aires y de Salta, Daniel Scioli y Juan Manuel Urtubey, anunciaron que buscarán revalidar sus respectivos mandatos, y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Maurizio Macrì, descartó la posibilidad de hacer otro tanto en su distrito, porque su proyecto es presidencial. Se perfilan de este modo las principales alternativas que el electorado tendrá por delante en octubre: CFK vs. Macrì y quien surja del proceso interno de la UCR, cada uno con sus respectivas alianzas. Además habrá diversos candidatos testimoniales reacios a cualquier combinación que contamine su pureza, como Elisa Carrió y Fernando Solanas, o los de aquellas microfracciones de la paleoizquierda que llegaran al número de afiliaciones requeridas y obtuvieran en las primarias obligatorias el porcentaje de votos que exige la ley.
Expresión de deseos
Esto descarta la compleja ingeniería electoral que desde mediados del año pasado propone la primera línea de la Asociación Empresaria (AEA), que debería haber conducido a la conformación de las fórmulas Scioli-Urtubey y Ernesto Sanz-Gabriela Michetti. La proyección nacional de Urtubey fue impulsada por el descubridor de talentos Alberto Fernández. Las reuniones tendientes a este resultado comenzaron a realizarse a mediados del año 2010, a instancias del directivo de la transnacional italiana Techint, Luis Betnaza, en la sede de la Unión Obrera de la Construcción. Betnaza es uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial. En la media docena de encuentros realizados hasta ahora también participaron Michetti, Sanz, Urtubey, Alfonso de Prat Gay y el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez. Dentro de las previsiones del grupo figura la ascensión de Martínez a la secretaría general de la CGT, en lugar de Hugo Moyano, y la de Betnaza a la presidencia de la UIA, por Héctor Méndez. En esas reuniones se discute la coyuntura económica, con proyección de filminas, y se postula un pacto político y económico del tipo del celebrado en La Moncloa al concluir la dictadura española, que implicó el trueque de democracia política por economía neoliberal. Un experimento similar realizó en la Argentina Carlos Menem, aunque sin la ceremonia y las formalidades del acuerdo europeo. En realidad, la inspiración más directa es el pacto social italiano, con sus capítulos de 1993 y 1996, dirigido a frenar el nivel de los salarios. Una nueva ronda, impulsada este año por la FIAT, insiste con el recorte de derechos laborales adquiridos y los sustituye por premios a la productividad. Los trabajadores de la FIAT lo plebiscitaron en Turín, bajo la amenaza de que la multinacional emblemática cerrara sus plantas en Italia. El plan económico del acuerdo argentino se basaría en las exportaciones agropecuarias, agroindustriales y de commodities industriales como los tubos sin costura, con un de-sarrollo de Pymes al estilo de las que incuba Techint para atenuar la pérdida de puestos de trabajo. Mientras el gobierno celebra que la Argentina haya batido el récord histórico de inversión, las transnacionales que realizan sus negocios a escala global bufan por tener que hundir capital en el país por exigencia de un gobierno populista que de otro modo los amenaza con la rescisión de sus contratos, como acaba de ocurrir con Edesur. Los últimos anuncios de Scioli, Urtubey y Macrì redujeron el proyecto de AEA a una mera expresión de deseos, aunque todavía falte una eternidad para el cotejo electoral. Scioli debe concentrarse ahora en la defensa de su posición bonaerense, que también le apetece al intendente de Tigre, Sergio Massa, cuyos niveles de conocimiento e instalación superan a los de Martín Sabbatella. Pero el ex intendente de Morón compartirá la boleta con CFK, imán con el que no puede soñar su ex jefe de gabinete, luego de su actuación estelar en el capítulo porno del WikiLeaks argentino. El plus que aporte Sabbatella puede implicar para Cristina la victoria en primera vuelta, pero es comprensible que no entusiasme a Scioli. Aunque no le impidiera retener el cargo, lo dejaría en clara inferioridad frente a la presidente. Sería la primera vez desde 1983 que un candidato presidencial obtuviera en Buenos Aires más votos que su candidato a la gobernación. (En 1983, Alfonsín atrajo 0,5 por ciento menos votos que Alejandro Armendáriz; en 1995 Menem quedó más de cinco puntos atrás de Duhalde en Buenos Aires; en 1999 Duhalde reunió 5,5 por ciento menos votos que Carlos Rückauf y en 2007, Cristina obtuvo el 2,1 por ciento menos que Scioli.) Los debates sobre la sucesión en 2015 asumirían otro color.
Lo que no fue
Cuando el esposo de una mujer baleada en una salidera bancaria le reclamó acción contra la inseguridad, Scioli le dijo que tenía las manos atadas y el hombre lo hizo público. Una semana después, Kirchner lo instó en público a no tener miedo y revelar quién le ataba las manos para luchar contra la inseguridad. Scioli no respondió pero aprobó los preparativos de sus colaboradores para lanzarse como candidato presidencial. Imaginaba que si en marzo de este año las encuestas sobre intención de voto le daban los mejores resultados, Kirchner lo ungiría como sucesor. Si el ex presidente se resistiera, Scioli intentaría reagrupar a todas las fracciones del peronismo detrás de su escisión. Durante un encuentro en Olivos, Kirchner invitó a Scioli a presentarse como candidato en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y le dijo que si le ganaba, él se encolumnaría detrás de su candidatura. Scioli se negó con protestas de lealtad. Esto es coherente con la imagen impoluta del gobernador que emerge de los cables de WikiLeaks (en uno de ellos consta que durante “el conflicto con el campo” Scioli se negó a “romper con los Kirchner” arguyendo que “si lo hago, se caen, y yo no soy golpista”). No es menos cierto que en caso de haber aceptado el reto, debía jugarse a todo o nada, lo cual no se ajusta a su personalidad. Esas eran las cavilaciones de Scioli la mañana del 27 de octubre, cuando una espontánea movilización tan doliente como combativa, que no cesó de crecer en las 72 horas siguientes, actuó como el chasquido que despierta a un hipnotizado. La ruta de la emoción recondujo a la racionalidad perdida en la espuma de los días y la trivialidad del debate mediático.
El 18 Brumario
El primer día del verano, cuando Cristina expulsó de su gobierno al principal operador de la jugada de Scioli, nadie descifró mejor el mensaje que el gobernador. Una semana después, todavía, Scioli hizo público un almuerzo en Puerto Madero con la embajadora de Estados Unidos, un par de hombres de negocios y uno de los principales operadores de la CIA en el país. También había sido invitado un juez de la Corte Suprema de Justicia, que tuvo el buen tino de no asistir. Esta semana se cumplirán tres meses de la muerte de Néstor Kirchner. Algunos con alivio, otros con decepción han comprobado que pese a su dolor, Cristina desmintió con pulso firme e iniciativa política constante la imagen de dependencia respecto de Kirchner, construida para menoscabarla. El intento de presentar algunos pequeños contratiempos como signos del Apocalipsis chocó con el sentido común general. Nadie creyó que la ocupación de una manzana en Lugano por una pequeña banda de especuladores inmobiliarios, desbaratada en forma incruenta por un juez sobrio y activo; la escasez de billetes en los cajeros automáticos durante unos pocos días por déficits de gestión, los cortes de luz focalizados en algunos barrios por breve plazo, debidos a la falta de inversión privada en distribución como para cubrir los picos de verano e invierno; las dificultades para cargar combustible en algunas estaciones de servicio a raíz de un conflicto gremial y una disputa de intereses en la cadena de comercialización; y la detención en Barcelona de tres hijos de brigadieres vinculados con Duhalde, al llegar en un avión con una tonelada de cocaína, pudieran equiparse con los saqueos y el caos que acompañaron los últimos días de las dos últimas presidencias radicales, con el corralito, con el apagón general que paralizó el tránsito y la industria en el verano de 1989, con la condena judicial por lavado de dinero del narcotráfico al cajero de la campaña Menem-Duhalde en 1989, Mario Caserta, o con el aporte económico del Cartel de Juárez a la campaña de Eduardo Duhalde en 1999. Los esfuerzos por convertir estas farsas en una tragedia fueron inútiles. Más éxito tuvo la elección en Mar del Plata del mejor culo del verano.
Cada ficha en su lugar
El lunes 10, desde su lugar de descanso en Punta del Este, el gerente de la UIA, Martín Echegoyen, envió un mail a los contertulios para informarles que la reunión de la tarde en la UOCRA se suspendía. No incluyó ninguna explicación, pero tampoco era necesaria. El jueves 13, en un reportaje con La Nación, Michetti blanqueó la relación con Sanz, De Prat Gay y Urtubey, pero los presentó como amigos del alma, sin explicar las coincidencias políticas y económicas sobre la próxima etapa del país y su proceso electoral en las que estaban trabajando. Por si alguien pudiera pensar que la guiaba un interés personal, Michetti repitió varias veces que su preferencia era que Macrì aspirara a la reelección en la Capital y no a la presidencia. Tanto Macrì como Sanz negaron el acuerdo, como si se hubiera tratado de una especulación estival y no de un proyecto concreto. Las pintadas a favor de la candidatura de Scioli para 2011 se volvieron más detallistas: ahora explicitan que su candidatura es a la gobernación, y el propio Scioli terminó por afirmar que su intención era acompañar desde Buenos Aires a Cristina. Luego de años de tirantez e incluso denuncias cruzadas, Urtubey recompuso la deteriorada relación con su vicegobernador Andrés Zottos, y juntos buscarán la reelección para gobernar Salta. Aceptó integrar la comitiva presidencial en el viaje a Medio Oriente y Turquía como ratificación de su resignado apoyo a Cristina. Las únicas esperanzas que aún expresan algunos políticos y medios de la oposición, es que ella decida no buscar un segundo mandato. Despejado de este modo el panorama, Sanz sigue en carrera presidencial dentro de la UCR, en disputa, por ahora, con Ricardo Alfonsín, y más adelante se verá si también con la estrella fugaz de Julio Cobos. Por el momento, se verifica una estampida de sus partidarios hacia el campo de Sanz, temerosos de quedar sin silla cuando se interrumpa la música. Las reyertas del Peornismo opositor suben de tono. Los hermanos Rodríguez Saa acordaron con el ex senador Duhalde escalonar comicios regionales a partir de abril, pero no han conseguido interesar a Mario Das Neves y Felipe Solá. El chubutense dice que le robaron la idea de las internas adelantadas pero sin consultarlo. El gauchito gil descubre con algún retardo que su ex protector es derechoso y recibe como única respuesta un sonoro calificativo de imbécil. Con estos niveles de exasperación, es difícil imaginar cómo podrían llegar a un acuerdo sostenible de convivencia. El único decidido a seguir sin calcular pros ni contras es Duhalde, porque su motivación es la venganza. Tanto Das Neves como Solá advierten que en estas condiciones de disolución del Peornismo opositor, Duhalde terminará apoyando a Macrì a cambio de un cargo legislativo que le garantice inmunidad. El giro que está imprimiendo a su campaña provocó pánico en sus propias filas. Salvo el acto de lanzamiento, el resto de sus presentaciones se realizan en pequeños salones, nunca colmados. Sus apelaciones en contra de los derechos humanos y laborales y en favor de la internación de chicos en cuarteles militares, sus estridentes propuestas de represión como principio ordenador de la sociedad tienen la ventaja de la nitidez sobre las formulaciones genéricas de otros postulantes, pero sólo son atractivas para una franja marginal. Su plana mayor se reduce al matrimonio Camaño-Barrionuevo, a Miguel Angel Tomanzano y al glamoroso sindicalista Gerónimo Venegas. Pero hasta Venegas comienza a expresar sus temores, al advertir la fragilidad del proyecto de Duhalde, que lo dejaría desprotegido. Varios ex funcionarios de su interinato presidencial están deliberando cómo hacerle entender que ya no es el que fue y que el conurbano se ha vuelto un yermo para él.
Cinco por dos
La inopia de la oposición y la marcha serena de los indicadores económicos, le confieren más interés a la competencia entre candidaturas dentro del oficialismo, en distritos donde se multiplican las alternativas, como la Capital y Santa Fe, en los que el Frente para la Victoria sólo obtuvo la adhesión de uno de cada diez electores en los últimos comicios. Ahora, en cambio, tres figuras fuertes se disputan la chance de destronar al macrismo en la Ciudad Autónoma, y dos aspiran a confrontar con el Frente Radical-Socialista en el Litoral. Un fenómeno que se observa en todo el país es que Cristina tracciona a los precandidatos locales de su fuerza, lo cual le permite esperar a que decanten las pugnas en cada distrito, sin ungir a ninguno. Cuatro de ellos son o fueron ministros de los gabinetes kirchneristas (Carlos Tomada, Amado Boudou, Daniel Filmus y Rafael Bielsa) y el restante preside el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria (Agustín Rossi). A lo sumo, trascienden en sordina comentarios cálidos o reticentes hacia alguno de ellos, vertidos en privado por Cristina, y se sabe que al menos dos no clavaron la bandera antes de consultarla. Este es el panorama a siete meses de las primarias y a nueve de la elección presidencial. A medida que se definan las demás candidaturas, alguna podrá crecer hasta constituirse en una opción viable frente a la actual presidente. La dificultad surgirá cuando los interroguen sobre las políticas centrales del kirchnerismo, como la AUH: si las repudian, se aíslan de una sociedad que las apoya; si las asumen, aun con reparos, como ya hicieron Sanz y Duhalde, mellan la legitimidad de sus propios proyectos, basados en la diferenciación y la denuncia y se exponen al cotejo con la posición que asumieron cuando esas medidas se adoptaron.
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