Por Néstor Espósito
Para Tiempo Argentino
14 de diciembre de 2010
La Cámara del Crimen debe resolver antes del 21 de diciembre las apelaciones presentadas por los siete detenidos. La fiscal Caamaño podría pedir el procesamiento de varios policías.
La jueza Wilma López y la fiscal Cristina Caamaño aguardan con suma expectativa lo que resolverá la Cámara del Crimen el próximo 21 de diciembre, cuando analice en audiencias orales las apelaciones de los siete detenidos por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra. Pero, por lo pronto, ayer recibieron una noticia que puede tener directa influencia con los avances futuros de la investigación: el juez reconocido como el “más garantista” del tribunal que tiene que revisar los procesamientos fue separado de la causa y ya no intervendrá en ella.
Se trata de Gustavo Bruzzone, uno de los autores intelectuales de la teoría que establece que los procesados, cualquiera sea el delito que se les imputa, deben esperar el juicio oral en libertad a menos que existan riesgos de que se fuguen o de que entorpezcan la investigación. Bruzzone y su colega Jorge Rimondi exhiben habitualmente un criterio amplio en materia de excarcelaciones y, de hecho, los abogados defensores confiaban en que sus clientes estarían en libertad para fin de año.
La abogada del PO, Claudia Ferrero, quien representa en el expediente a uno de los heridos de bala, recusó a Bruzzone por su cercanía con el titular del gremio ferroviario, José Pedraza. El juez es editor de una revista de cultura llamada La Ramona, en la que Patricia Pedraza, hija del sindicalista, es columnista. El propio Bruzzone advirtió esa situación apenas recibió la causa y lo comunicó a las partes. Ayer, los jueces Rimondi, Luis Bunge Campos y Marcelo Lucini, aceptaron la recusación y el propio Bunge Campos, ex integrante del Consejo de la Magistratura, será su remplazante.
El 21 de diciembre todas las partes están citadas para la “audiencia in voce” en la que fundamentarán verbalmente por qué consideran que el fallo de primera instancia con los siete procesamientos con prisión preventiva debe ser corregido. Lo usual en estos casos, ante una causa tan compleja, es que los jueces tomen cinco días hábiles de plazo para resolver. En este punto, hay dos cuestiones en danza: si confirman o revocan los procesamientos, y si mantienen las preventivas u ordenan liberar a los detenidos bajo determinadas garantías de que estarán en todo momento disponibles para la causa.
De lo que decida la Cámara dependerá cómo avanzará la causa. De hecho, las fuentes consultadas por Tiempo Argentino aseguraron que “si confirman los procesamientos, la jueza va a avanzar sobre Pedraza y a su segundo en el gremio, Juan Carlos “Gallego” Fernández. La jueza debe resolver en los próximos días una serie de cuestiones preliminares en el marco de otra causa conexa, la investigación sobre el rol y la actuación de la Policía Federal aquel 20 de octubre. Una vez superado ese trámite, la fiscal Caamaño avanzará sobre “más de dos y menos de diez” policías cuyas conductas aparecen seriamente cuestionadas. En principio, podrían ser imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, pero las fuentes no descartaron una figura más grave, por ejemplo “abandono de persona”.
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