Tiempo Argentino
11 de febrero de 2011
Por Martín Piqué
Tal como lo anticipó la presidenta, los dos gobiernos comenzarán a discutir la delegación de funciones de la Federal.
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, recibirá hoy a su par del gobierno de la Ciudad, Guillermo Montenegro, para comenzar a discutir las jurisdicciones y competencias de las policías Federal y Metropolitana. La reunión se concretará a las 16:30 en la sede del Ministerio de Seguridad de la calle Gelly y Obes al 2200. Hace una semana, en la inauguración del cuartel de bomberos del Club Albariño, la presidenta convocó al gobierno de Mauricio Macri a discutir justamente sobre estos temas. “Es bueno que podamos sentarnos entre ambos gobiernos para discutir serenamente estas cosas en beneficio de los ciudadanos y sin enredar a la sociedad en falsas discusiones”, había dicho.
En el encuentro, Garré le transmitirá a Montenegro los mismos planteos que en su momento le hiciera al fiscal general contravencional porteño, Germán Garavano. Reclamará que la Policía Metropolitana comience a intervenir en los delitos comunes cometidos en la Ciudad, que son potestad de la justicia local y su brazo auxiliar, para que la Policía Federal se concentre en su función, que es actuar ante los delitos federales, léase narcotráfico, terrorismo y secuestros.
La jurisdicción de la Metropolitana está delimitada por una serie de convenios firmados por la Nación y la Ciudad en la última década. Los convenios transfirieron de manera gradual ciertas competencias penales desde la Nación al distrito porteño. Hoy, con la tipificación vigente, la justicia contravencional debe actuar ante delitos comunes como amenazas, violación de domicilio, daños, lesiones en riña, abandono de persona y usurpación, entre otras figuras penales. Como fuerza auxiliar de la justicia porteña, la Metropolitana tendría que intervenir en esos casos.
Garré tiene previsto hacer un repaso de los últimos episodios de usurpación. Según los convenios vigentes, la toma del Parque Indoamericano debería haber involucrado únicamente a la Metropolitana, por tratarse de un predio de la Ciudad. Distinto fue el caso del Albariño, cuyos terrenos son propiedad de la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) que depende de la Secretaría de Transportes de la Nación. Ante esa toma, que duró 16 días, la Casa Rosada tenía la responsabilidad de intervenir. La idea de Garré es evitar disputas por competencias en el futuro inmediato.
Montenegro llevará a la reunión la postura del jefe de gobierno en esta materia: dirá que la Metropolitana no tiene los efectivos suficientes para actuar frente a esa larga lista de delitos comunes, y mucho menos para intervenir ante piquetes y tomas. En la reunión se hablará también de la compatibilidad de las cámaras de vigilancia que funcionan en el territorio de la Ciudad.
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