jueves, 10 de febrero de 2011

Venegas cada vez más complicado

Tiempo Argentino
10 de febrero de 2011

El juez federal Norberto Oyarbide avanza en su investigación contra la “mafia de los medicamentos”, un proceso en el que se vería complicada, cada vez más, la situación judicial del sindicalista duhaldista, Gerónimo “Momo” Venegas.
Durante las últimas semanas, el magistrado sumó y evaluó nuevas pruebas por lo que habría novedades en el expediente en las próximas horas. Y esas novedades apuntan sobre Venegas. Por esta causa está detenido desde hace más de un año el titular de La Bancaria, Juan José Zanola, quien fue citado para el 10 de marzo para que amplíe su declaración indagatoria.
El 16 de diciembre último, Oyarbide allanó las oficinas de la obra social de los peones rurales, gremio del que Venegas es su histórico dirigente. En ese procedimiento que realizó la Policía Federal, en el edificio de Reconquista al 600, del microcentro porteño, se secuestró documentación que comprobaría que la obra social habría derivado unos 2 millones de pesos a la compra de vehículos, cuando originalmente estaban destinados a pacientes oncológicos. De confirmarse, Venegas deberá dar explicaciones ante la justicia por el presunto delito de “malversación de fondos”. Durante el allanamiento se secuestraron unas 100 cajas con documentos y soportes informáticos que fueron analizados por los investigadores en el último mes. A partir de la evaluación de estas pruebas, según fuentes judiciales, es que la situación de “Momo” Venegas se complicó en una causa en la que no sólo Zanola está preso, también fueron detenidos, entre otros, su mujer, Paula Aballay y el empresario Néstor Lorenzo, a quien la ex titular del PAMI Graciela Ocaña definió como “el Yabrán de los medicamentos”, por su largo historial como proveedor de remedios a las obras sociales que hoy están en la mira de Oyarbide.
En las últimas semanas, Venegas también fue cuestionado por su llamativo silencio como titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, ante la proliferación de denuncias que realizó la AFIP sobre el trabajo esclavo al que son sometidos cientos de trabajadores rurales.

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