Oyarbide va tras la pista de Barrionuevo

Tiempo Argentino
17 de febrero de 2011

Por Néstor Espósito

El juez sumó a la voluminosa causa a la obra social de los Químicos y Petroquímicos conducida por Fabián Hermoso, un hombre muy cercano al líder de los gastronómicos. Se le imputa la adulteración y comercialización de drogas oncológicas.


El juez federal Norberto Oyarbide sumó a la investigación por la denominada “mafia de los medicamentos” a la obra social de los Químicos y Petroquímicos (OSPIQYP), cuyo titular es Fabián Oscar Hermoso. Se trata del hijo de un fallecido dirigente gremial históricamente vinculado con el barrionuevismo y con el PAMI.
La ex ministra de Salud Graciela Ocaña, en su paso por la obra social de los jubilados, inició varias causas judiciales contra el ex director Reynaldo Hermoso. De hecho, Hermoso –quien trabajó en el PAMI durante la gestión del menemista Víctor Alderete- murió cuando estaba en camino a un juicio oral y público por presunta estafa en la contratación de geriátricos. A poco de asumir el gobierno Néstor Kirchner, fue desplazado del cargo.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi aceptó un pedido de Oyarbide de “declinatoria de competencia”. La resolución, adoptada días antes de que finalizara 2010, acaba de ser notificada a los abogados de los imputados, entre ellos el gerente de la obra social, Sergio Alberto Zapata. Junto con él, fueron indagados y aún no se resolvieron las respectivas situaciones procesales de Dante Daniel Contreras, Juan Ignacio Ragozzini, Juan Carlos Ragozzini y Osvaldo Humberto Zavala Correa, todos vinculados con la obra social.
La OSPIQYP quedó enredada en la causa, en la que están bajo investigación más de 80 obras sociales, a raíz de “la presunta adulteración del producto Mabthera”, un fármaco fabricado por la multinacional F. Hoffman La Roche LTD e importado en la Argentina por Productos Roche. Se prescribe para afecciones como la artritis reumatoidea, pero también para la terapéutica de un tipo particular de cáncer denominado “linfoma no-Hodgkin”. Cada aplicación supera los 20 mil pesos y es uno de los tratamientos a los que asisten los programas especiales del Ministerio de Salud.
Martínez de Giorgi investigaba la presunta “adulteración y comercialización” de ese medicamento y logró determinar que “serían desviados de hospitales, obras sociales o directamente de pacientes que los utilizan, y vendidos a la obra social, estando el gerente de esta, Sergio Alberto Zapata, en pleno conocimiento de la maniobra”.
Oyarbide ya tenía indicios de esas irregularidades y en su juzgado había una investigación en marcha sobre “la presunta defraudación al Estado a través de la tramitación de expedientes en forma irregular ante la Administración de Prestaciones Especiales, surgiendo la sospecha de que la obra social mencionada habría utilizado troqueles falsos a los fines de justificar los subsidios solicitados”.
Ayer, Oyarbide le tomó declaración indagatoria a la escribana Ana María Rey, cuya situación se complicó por el testimonio de otro procesado (aunque excarcelado) en la causa, el farmacéutico Gabriel Brito. La semana pasada, el juez amplió el procesamiento de Brito y le trabó embargo por 620 mil pesos, pero por el delito de “encubrimiento”.