Tiempo Argentino
20 de marzo de 2011
Ni pruebas, ni acusaciones, el exhorto de la fiscalía suiza que ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores el 9 de marzo pasado no incluye ninguno de esos elementos contra la figura de Hugo Moyano y su hijo Pablo. Apenas reproduce una enumeración de versiones publicadas en la prensa argentina.
En el tradicional lenguaje barroco de las relaciones internacionales, el exhorto del Ministerio Público Fiscal de Suiza informa a la justicia argentina que tiene bloqueada una cuenta a nombre de Ricardo Rubén Depresbiteris y sostiene que, de la lectura de los diarios argentinos podría inferirse una vinculación del empresario con Hugo y Pablo Moyano.
El documento, al que accedió Tiempo Argentino, nunca sostiene como difundió el Centro de Información Judicial (CIJ), que el líder de la CGT y su hijo están siendo investigados en la Confederación helvética por presunto lavado de dinero, sino que pregunta a la justicia argentina si hay en el país procesos en contra del camionero o su familia por ese delito.
En resumen, en Suiza leen los diarios argentinos y quieren saber si lo que publican es cierto.
El requerimiento firmado por María Antonella Bino resalta que el 24 de enero pasado el ministerio público suizo abrió una instrucción contra personas desconocidas por el cargo de blanqueo de dinero y destaca que el titular de la cuenta bloqueada, Ricardo Rubén Depresbiteris, sería presidente y propietario de una empresa de procesamiento de residuos llamado Covelia SA, mientras que Elvira Marcela Mete sería administradora y accionista de esta sociedad.
En una sucesión de potenciales, el exhorto consigna que “Covelia es una sociedad de procesamiento de residuos fundada en el año 1999 y su crecimiento espectacular estaría vinculado a la llegada al poder de Hugo Moyano. Según artículos de prensa, la atribución de contratos públicos a la sociedad Covelia sería el resultado de ofertas públicas falseadas y de corrupción”.
A partir de esa simple especulación, la justicia helvética sostiene que si eso fuera verdad, se cumplirían los requisitos que fija la ley suiza para determinar el lavado de dinero, a partir del blanqueo de fondos obtenidos por vía ilícita o como resultado de actos de corrupción.
Es por eso que en el exhorto reclama a la Justicia argentina que le informe si se llevan adelante causas que investiguen la participación en esos delitos por parte de Moyano. Ni más ni menos que el mismo sistema de construcción de la denuncia que se encuentra en la matriz de los cables difundidos por WikiLeaks.
El exhorto fue contestado el viernes pasado por el juez Norberto Oyarbide, sobre quien recayó la causa. Precisamente, el magistrado reclamó más precisiones no sólo sobre el articulado de la legislación en la que se sustenta el pedido sino también sobre las pruebas que existen en la causa.
En esa línea, el abogado de Hugo Moyano, Daniel Llermanos, denunció que el oficio tenía vicios de forma que tendrían que haber determinado su rechazo de plano por parte de la cancillería argentina.
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