“Las apropiaciones fueron parte del plan de exterminio de la dictadura”

Tiempo Argentino
1 de marzo de 2011

Por Gerardo Aranguren

La acusación del fiscal Delgado marcó el inicio del proceso que investiga 34 casos de apropiación. Se montaron maternidades en varios de los centros clandestinos para “resolver” el problema de los nacimientos en cautiverio.


El Tribunal Oral Federal Nº 6 porteño comenzó ayer a juzgar a los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone por 34 casos de apropiación de niños durante la última dictadura cívico-militar que integran la emblemática causa conocida como ‘Plan Sistemático’ de robo de bebés.
La audiencia prevista para las 10 de la mañana arrancó minutos después de las 11, cuando, con las manos esposadas por delante, los ocho acusados ingresaron uno a uno a la sala AMIA de los tribunales de Retiro: primero los ex dictadores, seguidos por los ex jefes de la Armada, Rubén Franco, quien integró la última Junta Militar con el cargo de comandante en jefe de la Armada, y Antonio Vañek, ex comandante de Operaciones Navales. Los siguieron el ex jefe de inteligencia del Grupo de Tareas de la ESMA, Jorge “Tigre” Acosta; el ex prefecto Jorge Azic, el ex médico de la ESMA, José Luis Magnacco y por último el ex comandante de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros.
El juicio comenzó con la lectura de una de las partes de la elevación a juicio que realizó el fiscal federal Federico Delgado. El texto, leído por los secretarios del juzgado, fue seguido con atención por todos los imputados a excepción de Videla, que se quedó dormido en varias ocasiones, inclinando su cabeza hacia los costados y a punto de caerse de su silla.
El fiscal destacó en el escrito la planificación y el carácter sistemático del robo de bebés, ya que existían en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia maternidades clandestinas que funcionaron en los Centros Clandestinos de Detención (CCD) de la ESMA, Campo de Mayo y el Pozo de Banfield. En la audiencia de hoy, que comenzará a las 9:30, se retomará la lectura.
“Las apropiaciones fueron parte del plan de exterminio que tuvo la dictadura. Lo dijo Ramón Camps clarísimo: los menores no podían volver con sus familias porque iban a criar a guerrilleros como los padres, entonces ellos se tenían que hacer cargo”, explicó a Tiempo Argentino la abogada querellante Alcira Ríos, quien además será llamada a declarar como testigo en el caso del nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Ríos compartió cautiverio en el CCD La Cacha con Laura Carlotto, quien fue “trasladada” al Hospital Militar de Campo de Mayo donde dio a luz a un niño al que llamó Guido.
En el mismo sentido que la abogada querellante se pronunció el fiscal Delgado en su pedido de elevación a juicio. “No se trata de una causa más, porque aquí se ventilan eventos que se corresponden con uno de los capítulos más oscuros de la historia de la República Argentina, porque se trató de una feroz y desnuda represión ejecutada por quienes usurparon el poder el 24 de marzo de 1976”, destacó, y aseguró que la sustracción, retención y ocultamiento de menores, así como la sustitución de sus identidades tenía como objetivo “cortar sus lazos de sangre para que ‘sean’ conforme al imaginario social que subyacía al régimen político. Aquí se encuentra el gran secreto del Proceso de Reorganización Nacional.”
En una detallada descripción sobre el funcionamiento del plan criminal de la dictadura, Delgado aseguró que “en el marco de las acciones delictivas desarrolladas para reprimir a la subversión, quienes ocupaban de facto los roles de gobierno se toparon con la ‘cuestión de los niños’; y que sobre la marcha redefinieron parte del plan delictivo para encontrar una ‘solución’”. La reacción a ese “problema” fue la creación de las maternidades clandestinas, ubicadas en sitios estratégicos. “Nacimientos hubo en todos lados, ocurrió que en algunos centros clandestinos se montaron estructuras específicas a las que eran trasladadas algunas detenidas al sólo efecto de dar a luz, y luego regresadas a sus cárceles clandestinas de origen”, aclaró el fiscal.
Durante la audiencia se leyó la elevación de una de las tres causas que integran el Plan Sistemático conocida como “Nicolaides”, por el fallecido comandante del Instituto Militar de Campo de Mayo. Allí se le imputan a Vañek nueve casos de apropiación por su responsabilidad como jefe operativo de la ESMA. Al “Tigre” Acosta se lo acusa de diez casos de robo de bebés, ya que si bien su cargo era de jefe de inteligencia del Grupo de Tareas de la ESMA, todos los testimonios apuntan a que se comportaba como un virtual jefe de esa patota.
Riveros fue responsabilizado por la apropiación de los hijos de Norma Tato de Casariego y de Silvia Mónica Quintela Dallasta. Bignone y Franco, integrantes de la última Junta Militar, deberán responder por su rol de coautores mediatos de los 34 casos de apropiación ya que “garantizaron la impunidad”, al ordenar meses antes de la vuelta de la democracia la destrucción de la documentación del terrorismo de Estado y la Autoamnistía para los miembros de las Fuerzas Armadas.