Tiempo Argentino
3 de abril de 2011
Por Víctor Hugo Morales
Si la tapa en blanco de Clarín es el lado “bueno” del mundo, el mundo es un asco. Si los defensores de Clarín, los políticos, los artistas y –lo que es peor– los trabajadores del periodismo que respaldan a Magnetto en su pretensión de victimizarse, están hablando de verdad de libertad de expresión, este periodista no entendió nada de su profesión. Y lo peor es que puede jurar que la ama, por lo cual ha vivido equivocado y duele aceptarlo.
Por eso, quizás, la mirada es exactamente la contraria. Nada más grave ha sucedido desde hace bastante más de diez años, sostiene el firmante, que el propio Grupo Clarín. No hay ideal, postulado, aspiración ética, que no haya sido triturada al paso de este gigante corrupto, que aplasta a su paso todo lo que toca, robándolo, o poniéndolo a su servicio.
En tiempos de dictadura, los comportamientos humanos recorren un amplio espectro de grises que deja en las orillas a los contendientes. Sólo estos y ni siquiera ellos, porque hasta entre ellos, mientras esquivaban el fuego cruzado, hubo quienes fueron más resistentes a la tortura y no confesaron; y otros sí. Algunos lo hicieron apenas los tocó la picana y otros se murieron aguantando, sólo ellos estuvieron alerta para que el comportamiento fuera extremo.
Hace unos días en Un Caño, Pablo Llonto recordó una frase de este relator que en un gol de presentación en la Argentina, mencionó una canción emblemática de las luchas populares (“A Desalambrar” de Viglietti). Travesuras hubo muchas, de muchos, pero también repliegue, resignación, miedo, y hasta formas inevitables de convivencia con los usurpadores del poder.
La búsqueda de mimetizarse en la sociedad de los militares de entonces es una parte del plan. Para las personas públicas aún más. Son convocados, halagados. Dan un chirlo y un mimo los que detentan el poder. Si te hacés el loco ya sabes a dónde vas a parar, pero mirá que en el fondo somos buenos y te estamos haciendo un gran favor, ya vas a ver.
Pocos, salvo los que estaban en el fragor de la lucha, y sus familiares y más directos amigos, mantenían la guardia en alto y nada concedieron. Vivieron las profundidades del miedo, del odio y de la valentía. El resto, convivió, convivimos, con márgenes de dignidad que hubiésemos querido más enfáticos. Cualquiera que mire sinceramente aquellos años sabe lo que esta nota intenta decir. No hay héroes en la población “civil”, la que no participa de la lucha. En todo caso, sólo alguna excepción.
En ese contexto puede entenderse la debilidad de muchos medios. Las limitaciones para decir la verdad, para cuestionar al poder, para enfrentarlo. Pero algunos fueron mucho más allá de la comprensible debilidad humana. Y fueron cómplices, y lucraron con el apañamiento de esos gobiernos. Robaron papel, máquinas, hijos y construyeron un poder que fue un rebenque furioso a la hora de la libertad. Y a rebencazo limpio, sobre la base de lo conseguido en los tiempos de sangre, se quedaron con el país. No es necesario ni mencionar a Clarín, para que se sepa que de ellos estamos hablando.
Que tengan la desvergüenza de atreverse a esa tapa en blanco para quejarse de la falta de libertad de expresión, quienes cantaron “normalidad” en el país un aciago día del ’76, ofenden la historia. ¿Cuánta libertad si de verás la hubiesen anhelado, tenían ese día, cuando sí llegaron a los kioscos? Sin embargo a ellos, a los de Clarín, se los puede entender. Están defendiendo sus intereses. Pueden hasta ir presos mientras van cayendo a pedazos varios de sus privilegios. Magnetto, Ernestina, sólo aspiran a “irse” antes de que los alcance la justicia. ¿Pero los otros, los clarineros, los clarinetistas, los clarines, qué defienden? A estos cuesta entenderlos mucho más. Clarín usa esa tapa o lo que sea para lograr que cada una de sus estafas a la sociedad, queden bajo la protección de la libertad de expresión.
Muy bien Clarín. Nadie duda de la inteligencia de quienes a la luz del día se roban un país y luego lo custodian con la propia gente a la que estafaron. Pero, ¿cómo entender a los defensores?. Y no se habla aquí tan sólo de los políticos, que al menos transparentan sus ambiciones y ofrecen indicios de cómo piensan concretarlas.
Hay artistas, hay periodistas, hay trabajadores que no pueden ignorar el origen del conflicto y dejar de solidarizarse con esos trabajadores que gritaron con desesperación sin que nadie los escuchase mucho antes de la tapa blanca de Clarín. Carnerear de esta forma quienes están en el mundo del trabajo es una razón más valedera que la consabida mentira de Clarín, para apenarse.
Nota publicada en simultáneo por la revista Un Caño.
domingo, 3 de abril de 2011
Sin brújula en las vísperas
Página 12
3 de abriel de 2011
Por Mario Wainfeld
Sólo los dos Hugos, Chávez y Moyano, les permiten ejercitar un discurso común y unirse en la diatriba. Casi todo el resto del Cosmos (que es, ciertamente muy vasto) los enfrenta y fragmenta. Semana a semana, la oferta electoral de las oposiciones agrega señales de desconcierto y entropía. La suspensión de la preinterna radical, una movida que podía tener su encanto y su practicidad, fue la mala nueva más restallante de la semana. La interna escalonada del apodado peronismo federal, con apenas dos candidatos, comienza hoy en la Ciudad Autónoma y (por decirlo con un eufemismo) no erotiza multitudes.
Para algunos contreras optimistas, esa desdicha incita a una jugada centrípeta: la unidad por la que claman los medios hegemónicos. Puede que suceda lo contrario: la fuerza centrífuga es más potente y menos virtual, crece (a paso lento) la perspectiva de una apertura por el centroizquierda. Sólo el jefe de Gobierno Mauricio Macri tomó una iniciativa, fijar la fecha de las elecciones porteñas y, casi seguro, lanzarse a la presidencial. Los federales lo esperan con los brazos caídos y abiertos, valga el primer oxímoron de esta columna.
- - -
Desanzgelados: El senador Ernesto Sanz desistió de intervenir en la competencia radical del 30 abril, desactivando una jugada que parecía interesante. Generar una instancia de participación, instalar un candidato con intervención de correligionarios e independientes, ganar centimil durante semanas eran réditos al alcance de la mano, con la sola condición de no hacer un enchastre institucional como el de Chubut. El radicalismo traspapeló la oportunidad, por decisión de quien fuera presidente del partido. Sus argumentos formales fueron por un lado, los extraoficiales son más potentes. La bronca entre boinas blancas es elevada y, salvo que se reorganicen (lo que hoy suena entre improbable e imposible) proseguirá hasta agosto.
El periplo de Sanz justifica unas líneas. Detestaba a Julio Cobos por su adhesión a la Concertación Plural y porque años atrás le ganó la interna por la gobernación de Mendoza. Le habló a su curul vacío en la célebre madrugada del “voto no positivo” temiendo que el vicepresidente se borrase y procurando incitarlo a jugarse. Se sumó a la ola triunfalista ulterior que incluyó la amnistía partidaria al hijo pródigo. Mientras duró la estrella de Cobos, su objetivo era reunificar al radicalismo, ser una referencia partidaria, llevar al partido a la Casa Rosada. Y, last but not least, prepararse para suceder a Cobos en 2015 porque el vicepresidente estaría impedido de ir por la reelección, por haber cumplido dos mandatos. La dilución de Cobos cambió el panorama, Sanz contribuyó a ir construyendo la candidatura del diputado Ricardo Alfonsín. En un recodo del camino, el senador mendocino intuyó que “Ricardito” no era tan sólido y que él podía lanzarse antes de lo que había previsto y edificado. Las alabanzas de los medios y de sectores empresarios, que lo juzgan más confiable y apto que Alfonsín, seguramente lo entonaron.
Hace semanas venía anticipando su idea de retirarse. Sus argumentos formales son conocidos, los repitió el martes. Esa instancia se plasmó cuando se sospechaba que no se concretarían las primarias obligatorias de agosto, ahora confirmadas. Además, existe un clima de escasa concientización y movilización. Mejor, entonces, esperar a agosto. Hasta ahí lo expresado on the record.
En off the record, pero muy audible, tanto que fue reproducido generosamente en medios amigables, sumaba acusaciones severas, que dañan la reputación de sus correligionarios-adversarios. Los resumimos, brevemente. Angel Rozas, que quedó con la presidencia del partido porque Sanz se corrió para jugar la interna con ventajas, no obró con fair play. El ex gobernador chaqueño y Leopoldo Moreau amañaron el resultado de la interna para la presidencia en 2003, volvieron a confluir y son sospechosos. Una compulsa difícil de fiscalizar podría arrojar resultados exorbitantes (fraudulentos) en distritos chicos, cercanos a Rozas: su Chaco y Formosa, sin ir más lejos. Si se votara y hubiera escándalo, el saldo sería decepcionante. Más por lo bajo, hay quien comenta que la masividad de la elección debía competir con la del acto de la CGT fijado para el 29 de abril, lo que acaso sería poco funcional en el clima actual.
Desde las tiendas de Alfonsín, la lectura es más lineal. Juzgan que Sanz se bajó para eludir una derrota aplastante. “Confiaban en pelearnos la provincia de Buenos Aires con los viejos dirigentes de la Coordinadora. Pero Leopoldo, que tiene su base y no puede desoírla, jugó con Ricardo. Y ahí se les venía una goleada.” Los alfonsinistas entienden que su líder cuenta con el favor de los radicales de pura cepa. Los sanzistas admiten en parte esa inclinación pero aducen que no mueve el amperímetro fuera de las fronteras partidarias, como sí lo hace su referente.
Alfonsín actuará como si hubiera vencido en abril, un derrotero lógico pero resentido por su debilidad institucional. Tratará de convocar a un “frente progresista” desde su legitimidad partidaria, que es transitoria, supeditada a que sus adversarios no se presenten en agosto o, que en tal caso, no lo venzan. Ya comenzó a armar reuniones, sabe que Sanz lo dejó flojito de papeles.
Su primera movida pública, firmar un documento “para cuidar la democracia” motorizado por Mauricio Macri y el peronismo federal revela cuán estrechos son sus márgenes. Apartarse de un planteo de esa naturaleza puede deslucirlo ante el target de votantes opositores, que incluye una fracción irredentamente gorila. Pero, al suscribirlo, fue “conducido” por Macri y su mejor operador parlamentario, Federico Pinedo. El Grupo A se dividió frente al documento, todos los aliados deseados por Alfonsín rehusaron firmar: el gobernador socialista Hermes Binner, la diputada Margarita Stolbizer, el diputado Fernando Solanas, hasta el senador Luis Juez.
La retractación de Sanz resintió al radicalismo, todos lo saben, aunque se esmeren en minimizar el daño y los reproches públicos. Con menos limitaciones, un dirigente alfonsinista del ’83, Federico Polak, expresó la bronca en un post publicado en su blog “El tonto y los sabios”. Lo tituló “La importancia de llamarse Honesto”, haciendo gala de un exquisito saber sobre la obra de Oscar Wilde. Polak es un veterano de la política, su formación es mucho más vasta que la de la media de la dirigencia política actual. Pero el objetivo del texto no es Wilde sino Sanz, quien, asevera, “es, de alguna forma, el retrato deformado de Dorian Gray. En el rostro que muestran sus innúmeros carteles que saturan la vía pública, se muestra dulce y atinado, casi ingenuo. O tonto. Pero en el retrato guardado en su desván, no”. Y agrega que el senador sabe que “con su zigzag favorece impúdicamente a cualquier otra opción que no sea Alfonsín para enfrentar al Frente para la Victoria en octubre”. Polak interpreta la jugada en términos político-ideológicos, ubicando a Sanz en las antípodas del ex presidente Raúl Alfonsín: “Pertenece a una dirigencia que nunca lo quiso, que lo celó, que esperó cual presunto heredero aturdido y sin luces que muriera de una vez por todas, no le importan las raíces del movimiento, sino las propias”.
Usualmente con prosa menos galana, en las huestes de Ricardo Alfonsín se piensa parecido. Y, con el partido desvencijado, trata de encontrarle la vuelta a un trance de enorme debilidad, a pocos meses de los comicios. Alfonsín está mejor posicionado que Cobos y Sanz, puntea y es el único que seguro sigue en carrera. Pero lo hirió el fuego amigo, un problema de la etapa en todo el espectro político.
- - -
Chasis, nunca taxi: Llega a manos del cronista un sobre remitido desde la Unión de Trabajadores Gastronómicos de la República Argentina, con un sticker que la identifica al dorso. Es publicidad del candidato Eduardo Duhalde para las internas abiertas del peronismo federal en la Ciudad Autónoma. Se puede votar en quince escuelas, una cifra irrisoria para tamaño distrito, una confesión tácita sobre las aspiraciones de la convocatoria. El radicalismo, que es un partido nacional, ya había pedido su padrón de afiliados y el de independientes para su interna abierta. El peronismo federal, que es un nombre de fantasía (lo que está por debajo del famoso “sello de goma”) omitió ese recaudo, una confesión acerca de la seriedad que le imprime a la compulsa.
El diputado Felipe Solá no compite, alegando que es un trámite en el que “hay que llevar a la gente”, lo que implica aparato y plata. El gobernador Mario Das Neves, malherido tras la papelonera elección de su provincia, también se apeó. Duhalde compite con el gobernador Alberto Rodríguez Saá, otro que no firmó el mentado documento de “la oposición”. Tal como está la situación, el anhelo de la mayoría del peronismo federal (no de todos sus dirigentes, otra debilidad) es armar un chasis para que Macri los encabece y funja de motor. Sin ese motor, ni arrancar podrían. Tampoco está probado que sea un Fórmula 1 pero es su principal expectativa para seguir participando en ligas mayores.
- - -
Lo que viene: La hipótesis de una fórmula presidencial de centroizquierda, encabezada por Hermes Binner, necesita corroborarse en las urnas de Santa Fe. Pero cobró fuerza y sentido ante la dispersión del Grupo A. Terciar o, por la parte baja, definir una presencia de cara al 2015, era una quimera hace dos o tres años. Dejó de serlo.
El domingo que viene se elige gobernador en Salta. Un tercio del padrón lo hará con voto electrónico. Los sondeos favorecen largamente al actual mandatario, Juan Manuel Urtubey. Con los precedentes de Catamarca y Chubut podría imaginarse que ser local y favorito es mufa. Quizá no sea exacto y se comience a desmentir. En todo caso, los vaticinios son indigestos. Lo que sí es cabal es que a menos de siete meses, subsisten la primacía del oficialismo y la inconsistente performance de “la oposición”, ese singular que es demasiado plural.
3 de abriel de 2011
Por Mario Wainfeld
Sólo los dos Hugos, Chávez y Moyano, les permiten ejercitar un discurso común y unirse en la diatriba. Casi todo el resto del Cosmos (que es, ciertamente muy vasto) los enfrenta y fragmenta. Semana a semana, la oferta electoral de las oposiciones agrega señales de desconcierto y entropía. La suspensión de la preinterna radical, una movida que podía tener su encanto y su practicidad, fue la mala nueva más restallante de la semana. La interna escalonada del apodado peronismo federal, con apenas dos candidatos, comienza hoy en la Ciudad Autónoma y (por decirlo con un eufemismo) no erotiza multitudes.
Para algunos contreras optimistas, esa desdicha incita a una jugada centrípeta: la unidad por la que claman los medios hegemónicos. Puede que suceda lo contrario: la fuerza centrífuga es más potente y menos virtual, crece (a paso lento) la perspectiva de una apertura por el centroizquierda. Sólo el jefe de Gobierno Mauricio Macri tomó una iniciativa, fijar la fecha de las elecciones porteñas y, casi seguro, lanzarse a la presidencial. Los federales lo esperan con los brazos caídos y abiertos, valga el primer oxímoron de esta columna.
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Desanzgelados: El senador Ernesto Sanz desistió de intervenir en la competencia radical del 30 abril, desactivando una jugada que parecía interesante. Generar una instancia de participación, instalar un candidato con intervención de correligionarios e independientes, ganar centimil durante semanas eran réditos al alcance de la mano, con la sola condición de no hacer un enchastre institucional como el de Chubut. El radicalismo traspapeló la oportunidad, por decisión de quien fuera presidente del partido. Sus argumentos formales fueron por un lado, los extraoficiales son más potentes. La bronca entre boinas blancas es elevada y, salvo que se reorganicen (lo que hoy suena entre improbable e imposible) proseguirá hasta agosto.
El periplo de Sanz justifica unas líneas. Detestaba a Julio Cobos por su adhesión a la Concertación Plural y porque años atrás le ganó la interna por la gobernación de Mendoza. Le habló a su curul vacío en la célebre madrugada del “voto no positivo” temiendo que el vicepresidente se borrase y procurando incitarlo a jugarse. Se sumó a la ola triunfalista ulterior que incluyó la amnistía partidaria al hijo pródigo. Mientras duró la estrella de Cobos, su objetivo era reunificar al radicalismo, ser una referencia partidaria, llevar al partido a la Casa Rosada. Y, last but not least, prepararse para suceder a Cobos en 2015 porque el vicepresidente estaría impedido de ir por la reelección, por haber cumplido dos mandatos. La dilución de Cobos cambió el panorama, Sanz contribuyó a ir construyendo la candidatura del diputado Ricardo Alfonsín. En un recodo del camino, el senador mendocino intuyó que “Ricardito” no era tan sólido y que él podía lanzarse antes de lo que había previsto y edificado. Las alabanzas de los medios y de sectores empresarios, que lo juzgan más confiable y apto que Alfonsín, seguramente lo entonaron.
Hace semanas venía anticipando su idea de retirarse. Sus argumentos formales son conocidos, los repitió el martes. Esa instancia se plasmó cuando se sospechaba que no se concretarían las primarias obligatorias de agosto, ahora confirmadas. Además, existe un clima de escasa concientización y movilización. Mejor, entonces, esperar a agosto. Hasta ahí lo expresado on the record.
En off the record, pero muy audible, tanto que fue reproducido generosamente en medios amigables, sumaba acusaciones severas, que dañan la reputación de sus correligionarios-adversarios. Los resumimos, brevemente. Angel Rozas, que quedó con la presidencia del partido porque Sanz se corrió para jugar la interna con ventajas, no obró con fair play. El ex gobernador chaqueño y Leopoldo Moreau amañaron el resultado de la interna para la presidencia en 2003, volvieron a confluir y son sospechosos. Una compulsa difícil de fiscalizar podría arrojar resultados exorbitantes (fraudulentos) en distritos chicos, cercanos a Rozas: su Chaco y Formosa, sin ir más lejos. Si se votara y hubiera escándalo, el saldo sería decepcionante. Más por lo bajo, hay quien comenta que la masividad de la elección debía competir con la del acto de la CGT fijado para el 29 de abril, lo que acaso sería poco funcional en el clima actual.
Desde las tiendas de Alfonsín, la lectura es más lineal. Juzgan que Sanz se bajó para eludir una derrota aplastante. “Confiaban en pelearnos la provincia de Buenos Aires con los viejos dirigentes de la Coordinadora. Pero Leopoldo, que tiene su base y no puede desoírla, jugó con Ricardo. Y ahí se les venía una goleada.” Los alfonsinistas entienden que su líder cuenta con el favor de los radicales de pura cepa. Los sanzistas admiten en parte esa inclinación pero aducen que no mueve el amperímetro fuera de las fronteras partidarias, como sí lo hace su referente.
Alfonsín actuará como si hubiera vencido en abril, un derrotero lógico pero resentido por su debilidad institucional. Tratará de convocar a un “frente progresista” desde su legitimidad partidaria, que es transitoria, supeditada a que sus adversarios no se presenten en agosto o, que en tal caso, no lo venzan. Ya comenzó a armar reuniones, sabe que Sanz lo dejó flojito de papeles.
Su primera movida pública, firmar un documento “para cuidar la democracia” motorizado por Mauricio Macri y el peronismo federal revela cuán estrechos son sus márgenes. Apartarse de un planteo de esa naturaleza puede deslucirlo ante el target de votantes opositores, que incluye una fracción irredentamente gorila. Pero, al suscribirlo, fue “conducido” por Macri y su mejor operador parlamentario, Federico Pinedo. El Grupo A se dividió frente al documento, todos los aliados deseados por Alfonsín rehusaron firmar: el gobernador socialista Hermes Binner, la diputada Margarita Stolbizer, el diputado Fernando Solanas, hasta el senador Luis Juez.
La retractación de Sanz resintió al radicalismo, todos lo saben, aunque se esmeren en minimizar el daño y los reproches públicos. Con menos limitaciones, un dirigente alfonsinista del ’83, Federico Polak, expresó la bronca en un post publicado en su blog “El tonto y los sabios”. Lo tituló “La importancia de llamarse Honesto”, haciendo gala de un exquisito saber sobre la obra de Oscar Wilde. Polak es un veterano de la política, su formación es mucho más vasta que la de la media de la dirigencia política actual. Pero el objetivo del texto no es Wilde sino Sanz, quien, asevera, “es, de alguna forma, el retrato deformado de Dorian Gray. En el rostro que muestran sus innúmeros carteles que saturan la vía pública, se muestra dulce y atinado, casi ingenuo. O tonto. Pero en el retrato guardado en su desván, no”. Y agrega que el senador sabe que “con su zigzag favorece impúdicamente a cualquier otra opción que no sea Alfonsín para enfrentar al Frente para la Victoria en octubre”. Polak interpreta la jugada en términos político-ideológicos, ubicando a Sanz en las antípodas del ex presidente Raúl Alfonsín: “Pertenece a una dirigencia que nunca lo quiso, que lo celó, que esperó cual presunto heredero aturdido y sin luces que muriera de una vez por todas, no le importan las raíces del movimiento, sino las propias”.
Usualmente con prosa menos galana, en las huestes de Ricardo Alfonsín se piensa parecido. Y, con el partido desvencijado, trata de encontrarle la vuelta a un trance de enorme debilidad, a pocos meses de los comicios. Alfonsín está mejor posicionado que Cobos y Sanz, puntea y es el único que seguro sigue en carrera. Pero lo hirió el fuego amigo, un problema de la etapa en todo el espectro político.
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Chasis, nunca taxi: Llega a manos del cronista un sobre remitido desde la Unión de Trabajadores Gastronómicos de la República Argentina, con un sticker que la identifica al dorso. Es publicidad del candidato Eduardo Duhalde para las internas abiertas del peronismo federal en la Ciudad Autónoma. Se puede votar en quince escuelas, una cifra irrisoria para tamaño distrito, una confesión tácita sobre las aspiraciones de la convocatoria. El radicalismo, que es un partido nacional, ya había pedido su padrón de afiliados y el de independientes para su interna abierta. El peronismo federal, que es un nombre de fantasía (lo que está por debajo del famoso “sello de goma”) omitió ese recaudo, una confesión acerca de la seriedad que le imprime a la compulsa.
El diputado Felipe Solá no compite, alegando que es un trámite en el que “hay que llevar a la gente”, lo que implica aparato y plata. El gobernador Mario Das Neves, malherido tras la papelonera elección de su provincia, también se apeó. Duhalde compite con el gobernador Alberto Rodríguez Saá, otro que no firmó el mentado documento de “la oposición”. Tal como está la situación, el anhelo de la mayoría del peronismo federal (no de todos sus dirigentes, otra debilidad) es armar un chasis para que Macri los encabece y funja de motor. Sin ese motor, ni arrancar podrían. Tampoco está probado que sea un Fórmula 1 pero es su principal expectativa para seguir participando en ligas mayores.
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Lo que viene: La hipótesis de una fórmula presidencial de centroizquierda, encabezada por Hermes Binner, necesita corroborarse en las urnas de Santa Fe. Pero cobró fuerza y sentido ante la dispersión del Grupo A. Terciar o, por la parte baja, definir una presencia de cara al 2015, era una quimera hace dos o tres años. Dejó de serlo.
El domingo que viene se elige gobernador en Salta. Un tercio del padrón lo hará con voto electrónico. Los sondeos favorecen largamente al actual mandatario, Juan Manuel Urtubey. Con los precedentes de Catamarca y Chubut podría imaginarse que ser local y favorito es mufa. Quizá no sea exacto y se comience a desmentir. En todo caso, los vaticinios son indigestos. Lo que sí es cabal es que a menos de siete meses, subsisten la primacía del oficialismo y la inconsistente performance de “la oposición”, ese singular que es demasiado plural.
De a pedacitos apareció la verdad y llegó la justicia
Página 12
3 de abril de 2011
La realidad completa de Cabanillas, uno de los oficiales que comandaba el campo de concentración de la Operación Cóndor, fue conociéndose por retazos que pudieron armarse después de las cartas públicas de Gelman. Los detalles.
Por Martín Granovsky
La condena a prisión perpetua del ex general Eduardo Cabanillas, el jueves último, es parte de una larga historia que ilustra cómo fue construyéndose socialmente la plataforma que permitió juzgar a todos los represores acusados por delitos de lesa humanidad. El inicio fueron las cartas públicas de Juan Gelman al entonces jefe del Ejército, Martín Balza, que Página/12 reprodujo en 1999.
En abril del ’99, Gelman había acusado a Cabanillas, que era general de división y jefe del Segundo Cuerpo con asiento en Rosario, como responsable mediato del robo de su nieta, la criatura de su hijo Marcelo y su nuera María Claudia, secuestrados en 1976 en el campo de concentración Automotores Orletti, en Venancio Flores y Emilio Lamarca, del que el entonces capitán era subjefe. Por sus acciones en Orletti es que fue condenado el jueves a perpetua.
Balza, que hoy es embajador en Colombia, llamó entonces por teléfono a Gelman y se puso a su disposición. Pero el camino hacia la Justicia civil debió remover muchas barreras de casta. Cabanillas intentó esquivar la Justicia gracias a la complicidad del Tribunal de Honor del Ejército, que lo investigó por dos “faltas”, definidas de este modo por el propio general de división:
n La primera, “faltar a la verdad al jefe del Estado Mayor del Ejército, a mis camaradas y a la sociedad en general, al negar mi participación en 1976 en un presunto lugar de reunión de detenidos”.
n La segunda falta, “ocultar y/o adulterar tal antecedente de mi legajo personal, para facilitar mis sucesivos ascensos”.
Contradicciones
Pero cuando aparecen papeles sostener una falacia es más complicado. Cabanillas dijo en 1999 ante el Tribunal de Honor que él nunca había ocultado la verdad, ni siquiera en la declaración que prestó en 1977 en un sumario militar. El dato clave es que el propio Gelman había aportado ese expediente. Allí Cabanillas reconoció que revistaba en un organismo llamado OT 18, dependiente de otro llamado OT 1, a cargo del teniente coronel Rubén Visuara. El general siempre negó que la OT 18 tuviera algo que ver con Orletti. Pero cuando se desató el escándalo, concedió un reportaje al diario La Mañana del Sur.
“Yo trabajé todo lo que era contrainteligencia”, dijo Cabanillas. “Se recibían en la SIDE nombres, gente que estaba trabajando en estas organizaciones defensoras de los derechos humanos. A partir de ahí, los grupos operativos, llámase Jardín o Automotores Orletti o los inorgánicos, operaban, sacaban gente y la ponían a disposición de la SIDE. Luego se les tomaba declaración y se los entregaba a la Justicia. Ese era el procedimiento que yo conocía.”
“Sin datos”
En cuanto al segundo cargo por el que Cabanillas intentó protegerse en el Tribunal de Honor, también es útil para dar cuenta de la transición democrática en la Argentina.
Tras la publicación de las cartas de Gelman, Página/12 consultó a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Dos dirigentes, ya fallecidos, Alfredo Bravo y Simón Lázara, investigaron el caso y aportaron una conclusión valiosa para explicar por qué Cabanillas había podido seguir ascendiendo en democracia y sorteado todos los obstáculos en la Comisión de Acuerdos del Senado.
El truco era simple. Según la APDH, cada vez que el pliego del oficial llegaba al Congreso lo hacía con dos letras, s.d., que significa “sin datos”. Aludía al período en que Cabanillas había estado en comisión en la Secretaría de Inteligencia del Estado.
Frente al Tribunal de Honor declaró el general de brigada retirado Enrique Lusso, compañero en el Colegio Militar de Cabanillas y su amigo.
–No tenía actividades en ningún LRD –dijo Lusso como si todo el mundo entendiera–. LRD significa “Lugar de Reunión de Detenidos”. En castellano, campo de concentración.
El Tribunal formuló a Lusso sólo cuatro preguntas. Al coronel retirado Rubén Víctor Visuara le hizo siete. Igual a Visuara se le escaparon algunas precisiones. Dijo que no debía hablarse de OT 1 sino de A III 1 e informó que de él dependían un “grupo de apoyo a jefatura”, una “división reunión”, una “división interior”, una “división apoyo” y un “grupo guardia”.
En su conclusión, el presidente del Tribunal de Honor, Miguel Angel Viviani Rossi dijo que “Silva (es decir, el represor no militar subordinado a los militares Aníbal Gordon) y su gente operaban Orletti, pero revistaron o se ampararon en la OT 18”. Y que “Calmon y Cabanillas revistaron en la OT 18 pero no operaban ni conocían Orletti. El grupo Silva era operacional y secreto. La sigla, denominación o cartel OT 18 les venía bien para encubrir sus actividades. También les venía bien manifestar que la OT 18 tenía jefe y segundo jefe. Desviaban responsabilidades”.
Viviani Rossi aclaró que presidía “un tribunal de conciencia que se basa en la palabra de honor de todos los que declaran en este Tribunal Superior de Honor”, y dictó la absolución por este motivo: “Mi conciencia me dicta que el hoy general Cabanillas no faltó a la verdad cuando declaró sus actividades en la corta comisión que cumplió en la SIDE”.
Los generales retirados Alejandro Soria, Héctor Lubin Arias, Isaías García Enciso y Juan Mabragaña dieron su bendición.
Pero antes de esa decisión de casta, Balza decidió pasar a Cabanillas a disponibilidad, paso previo a su retiro, y pidió a la Justicia civil que investigara el tema.
A la Justicia
La decisión de Balza no tenía precedentes en ese momento. El propio jefe del Ejército enviaba a la Justicia federal el expediente del Tribunal de Honor sobre el general Eduardo Cabanillas. Y en otra decisión sin precedentes, la última página del expediente indicaba que Balza “no comparte” y “califica cuanto menos de excesivos” “algunos de los términos” de lo actuado por el Tribunal.
El documento, obtenido entonces por Página/12 en medios judiciales y publicado, tiene un párrafo que explica por qué todo el expediente puede interesarle a la Justicia. Dijo Balza: “Es criterio del suscripto que en el desarrollo de la investigación se habrían abordado aspectos que trascienden el marco fáctico que el específico campo del honor militar impone, motivo por el cual corresponde que tales antecedentes sean puestos en conocimiento del Juzgado Criminal y Correccional federal No 7 de la Capital Federal, a cargo del doctor Adolfo Bagnasco, por considerar que los mismos podrían resultar de interés en la causa que dicho magistrado instruye en relación a la desaparición de menores”.
Balza también evitó aprobar la absolución del Tribunal de Honor. El entonces jefe del Ejército consideró que como el Tribunal de Honor había absuelto a Cabanillas, era “inoficioso”, es decir superfluo e inútil, dictar una resolución especial que santificara a los santificadores de Cabanillas.
La entonces defensora del Pueblo porteño, Alicia Oliveira, una de las abogadas más experimentadas en causas de derechos humanos desde el primer día de la dictadura, también había tomado el tema como propio. Oliveira criticó que el Tribunal de Honor tuviera facultades para deliberar en secreto, que también fuera secreto el expediente y que hasta los términos exactos de la resolución final fuesen reservados. Para la abogada, la falta de control de los actos públicos es propia de sistemas tiránicos.
Alicia Oliveira llegó a advertir al entonces presidente Carlos Menem que si el expediente no se hacía público ella presentaría una demanda contra el Estado argentino ante el sistema interamericano de derechos humanos.
La publicidad de cada paso y la presión permanente de Gelman y de abogados y organismos de derechos humanos llevó a Balza para concluir, con su decisión de ese momento, que el honor militar no está por encima de las leyes y que la conciencia de un tribunal administrativo no basta para determinar la conciencia o la culpabilidad de un oficial sobre faltas mucho más severas que mentir.
Corporaciones
El Tribunal de Honor que absolvió a Cabanillas podría formar parte de un manual sobre corporaciones al margen de la ley. Nunca sancionó a nadie violar los derechos humanos pero sí castigó a oficiales que, incluso, antes de la autocrítica pública de Balza sobre el papel del Ejército, difundida en 1995, condenaron la represión durante la dictadura.
El Tribunal ni siquiera investigó por qué el entonces general de división sometido a su veredicto regalaba siempre un libro de la Agrupación Aunar, del represor Fernando Verplaetsen, que considera al Nunca Más un libro “anestesiante”. Balza consideró que regalar ese panfleto era, en sí misma, una causa suficiente para el pase a disponibilidad de un alto oficial. Fue ese hecho el que utilizó para separar a Cabanillas del Ejército y dejarlo sin protección ante la Justicia. Lo hizo por un radiograma comunicado al propio Cabanillas. Recién después lo informó al ministro de Defensa, Jorge Domínguez, que a su vez trasladó el dato a Menem.
“La misiva pública del señor Juan Gelman fue efectivamente conocida por mí en su oportunidad”, señaló ayer Balza en un texto que envió desde Colombia ante la consulta de este diario. “Habiendo comprobado la veracidad de las afirmaciones del distinguido poeta, procedí, en mi condición de máxima instancia jerárquica de la Fuerza, a relevar del mando al general Cabanillas y a disponer su pase a situación de retiro, aun con la oposición del entonces ministro de Defensa.”
Los castigados
Los ex capitanes José Luis D’Andrea Mohr, ya fallecido, y Federico Mittelbach, conocieron en cambio la severidad del Tribunal de Honor. En los primeros años de la democracia D’Andrea tildó de “heroicas” a las Madres de Plaza de Mayo y de “cobardes” a las juntas militares. Igual que Juan Jaime Cesio, un valiente oficial que siempre condenó la masacre de civiles, D’Andrea fue descalificado por “falta gravísima al honor”. Apeló ante Miguel Angel Viviani Rossi (el mismo portador de conciencia que absolvió la conciencia de Cabanillas) y éste interpretó que D’Andrea era “un soberbio y un irrespetuoso”. Después, el Consejo de Guerra tomó el expediente del Tribunal de Honor y le quitó el grado a D’Andrea. Ya como ex capitán, se dedicó a investigar, con resultados concretos, la desaparición de conscriptos durante la dictadura.
El Viviani Rossi del Tribunal de Honor era padre del Viviani Rossi que fue segundo de Cabanillas cuando el general ofendido en su honor era comandante del Segundo Cuerpo de Ejército. También es el mismo que, cuando presidía Salto Grande, bautizó las turbinas con el nombre de sus hijas.
3 de abril de 2011
La realidad completa de Cabanillas, uno de los oficiales que comandaba el campo de concentración de la Operación Cóndor, fue conociéndose por retazos que pudieron armarse después de las cartas públicas de Gelman. Los detalles.
Por Martín Granovsky
La condena a prisión perpetua del ex general Eduardo Cabanillas, el jueves último, es parte de una larga historia que ilustra cómo fue construyéndose socialmente la plataforma que permitió juzgar a todos los represores acusados por delitos de lesa humanidad. El inicio fueron las cartas públicas de Juan Gelman al entonces jefe del Ejército, Martín Balza, que Página/12 reprodujo en 1999.
En abril del ’99, Gelman había acusado a Cabanillas, que era general de división y jefe del Segundo Cuerpo con asiento en Rosario, como responsable mediato del robo de su nieta, la criatura de su hijo Marcelo y su nuera María Claudia, secuestrados en 1976 en el campo de concentración Automotores Orletti, en Venancio Flores y Emilio Lamarca, del que el entonces capitán era subjefe. Por sus acciones en Orletti es que fue condenado el jueves a perpetua.
Balza, que hoy es embajador en Colombia, llamó entonces por teléfono a Gelman y se puso a su disposición. Pero el camino hacia la Justicia civil debió remover muchas barreras de casta. Cabanillas intentó esquivar la Justicia gracias a la complicidad del Tribunal de Honor del Ejército, que lo investigó por dos “faltas”, definidas de este modo por el propio general de división:
n La primera, “faltar a la verdad al jefe del Estado Mayor del Ejército, a mis camaradas y a la sociedad en general, al negar mi participación en 1976 en un presunto lugar de reunión de detenidos”.
n La segunda falta, “ocultar y/o adulterar tal antecedente de mi legajo personal, para facilitar mis sucesivos ascensos”.
Contradicciones
Pero cuando aparecen papeles sostener una falacia es más complicado. Cabanillas dijo en 1999 ante el Tribunal de Honor que él nunca había ocultado la verdad, ni siquiera en la declaración que prestó en 1977 en un sumario militar. El dato clave es que el propio Gelman había aportado ese expediente. Allí Cabanillas reconoció que revistaba en un organismo llamado OT 18, dependiente de otro llamado OT 1, a cargo del teniente coronel Rubén Visuara. El general siempre negó que la OT 18 tuviera algo que ver con Orletti. Pero cuando se desató el escándalo, concedió un reportaje al diario La Mañana del Sur.
“Yo trabajé todo lo que era contrainteligencia”, dijo Cabanillas. “Se recibían en la SIDE nombres, gente que estaba trabajando en estas organizaciones defensoras de los derechos humanos. A partir de ahí, los grupos operativos, llámase Jardín o Automotores Orletti o los inorgánicos, operaban, sacaban gente y la ponían a disposición de la SIDE. Luego se les tomaba declaración y se los entregaba a la Justicia. Ese era el procedimiento que yo conocía.”
“Sin datos”
En cuanto al segundo cargo por el que Cabanillas intentó protegerse en el Tribunal de Honor, también es útil para dar cuenta de la transición democrática en la Argentina.
Tras la publicación de las cartas de Gelman, Página/12 consultó a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Dos dirigentes, ya fallecidos, Alfredo Bravo y Simón Lázara, investigaron el caso y aportaron una conclusión valiosa para explicar por qué Cabanillas había podido seguir ascendiendo en democracia y sorteado todos los obstáculos en la Comisión de Acuerdos del Senado.
El truco era simple. Según la APDH, cada vez que el pliego del oficial llegaba al Congreso lo hacía con dos letras, s.d., que significa “sin datos”. Aludía al período en que Cabanillas había estado en comisión en la Secretaría de Inteligencia del Estado.
Frente al Tribunal de Honor declaró el general de brigada retirado Enrique Lusso, compañero en el Colegio Militar de Cabanillas y su amigo.
–No tenía actividades en ningún LRD –dijo Lusso como si todo el mundo entendiera–. LRD significa “Lugar de Reunión de Detenidos”. En castellano, campo de concentración.
El Tribunal formuló a Lusso sólo cuatro preguntas. Al coronel retirado Rubén Víctor Visuara le hizo siete. Igual a Visuara se le escaparon algunas precisiones. Dijo que no debía hablarse de OT 1 sino de A III 1 e informó que de él dependían un “grupo de apoyo a jefatura”, una “división reunión”, una “división interior”, una “división apoyo” y un “grupo guardia”.
En su conclusión, el presidente del Tribunal de Honor, Miguel Angel Viviani Rossi dijo que “Silva (es decir, el represor no militar subordinado a los militares Aníbal Gordon) y su gente operaban Orletti, pero revistaron o se ampararon en la OT 18”. Y que “Calmon y Cabanillas revistaron en la OT 18 pero no operaban ni conocían Orletti. El grupo Silva era operacional y secreto. La sigla, denominación o cartel OT 18 les venía bien para encubrir sus actividades. También les venía bien manifestar que la OT 18 tenía jefe y segundo jefe. Desviaban responsabilidades”.
Viviani Rossi aclaró que presidía “un tribunal de conciencia que se basa en la palabra de honor de todos los que declaran en este Tribunal Superior de Honor”, y dictó la absolución por este motivo: “Mi conciencia me dicta que el hoy general Cabanillas no faltó a la verdad cuando declaró sus actividades en la corta comisión que cumplió en la SIDE”.
Los generales retirados Alejandro Soria, Héctor Lubin Arias, Isaías García Enciso y Juan Mabragaña dieron su bendición.
Pero antes de esa decisión de casta, Balza decidió pasar a Cabanillas a disponibilidad, paso previo a su retiro, y pidió a la Justicia civil que investigara el tema.
A la Justicia
La decisión de Balza no tenía precedentes en ese momento. El propio jefe del Ejército enviaba a la Justicia federal el expediente del Tribunal de Honor sobre el general Eduardo Cabanillas. Y en otra decisión sin precedentes, la última página del expediente indicaba que Balza “no comparte” y “califica cuanto menos de excesivos” “algunos de los términos” de lo actuado por el Tribunal.
El documento, obtenido entonces por Página/12 en medios judiciales y publicado, tiene un párrafo que explica por qué todo el expediente puede interesarle a la Justicia. Dijo Balza: “Es criterio del suscripto que en el desarrollo de la investigación se habrían abordado aspectos que trascienden el marco fáctico que el específico campo del honor militar impone, motivo por el cual corresponde que tales antecedentes sean puestos en conocimiento del Juzgado Criminal y Correccional federal No 7 de la Capital Federal, a cargo del doctor Adolfo Bagnasco, por considerar que los mismos podrían resultar de interés en la causa que dicho magistrado instruye en relación a la desaparición de menores”.
Balza también evitó aprobar la absolución del Tribunal de Honor. El entonces jefe del Ejército consideró que como el Tribunal de Honor había absuelto a Cabanillas, era “inoficioso”, es decir superfluo e inútil, dictar una resolución especial que santificara a los santificadores de Cabanillas.
La entonces defensora del Pueblo porteño, Alicia Oliveira, una de las abogadas más experimentadas en causas de derechos humanos desde el primer día de la dictadura, también había tomado el tema como propio. Oliveira criticó que el Tribunal de Honor tuviera facultades para deliberar en secreto, que también fuera secreto el expediente y que hasta los términos exactos de la resolución final fuesen reservados. Para la abogada, la falta de control de los actos públicos es propia de sistemas tiránicos.
Alicia Oliveira llegó a advertir al entonces presidente Carlos Menem que si el expediente no se hacía público ella presentaría una demanda contra el Estado argentino ante el sistema interamericano de derechos humanos.
La publicidad de cada paso y la presión permanente de Gelman y de abogados y organismos de derechos humanos llevó a Balza para concluir, con su decisión de ese momento, que el honor militar no está por encima de las leyes y que la conciencia de un tribunal administrativo no basta para determinar la conciencia o la culpabilidad de un oficial sobre faltas mucho más severas que mentir.
Corporaciones
El Tribunal de Honor que absolvió a Cabanillas podría formar parte de un manual sobre corporaciones al margen de la ley. Nunca sancionó a nadie violar los derechos humanos pero sí castigó a oficiales que, incluso, antes de la autocrítica pública de Balza sobre el papel del Ejército, difundida en 1995, condenaron la represión durante la dictadura.
El Tribunal ni siquiera investigó por qué el entonces general de división sometido a su veredicto regalaba siempre un libro de la Agrupación Aunar, del represor Fernando Verplaetsen, que considera al Nunca Más un libro “anestesiante”. Balza consideró que regalar ese panfleto era, en sí misma, una causa suficiente para el pase a disponibilidad de un alto oficial. Fue ese hecho el que utilizó para separar a Cabanillas del Ejército y dejarlo sin protección ante la Justicia. Lo hizo por un radiograma comunicado al propio Cabanillas. Recién después lo informó al ministro de Defensa, Jorge Domínguez, que a su vez trasladó el dato a Menem.
“La misiva pública del señor Juan Gelman fue efectivamente conocida por mí en su oportunidad”, señaló ayer Balza en un texto que envió desde Colombia ante la consulta de este diario. “Habiendo comprobado la veracidad de las afirmaciones del distinguido poeta, procedí, en mi condición de máxima instancia jerárquica de la Fuerza, a relevar del mando al general Cabanillas y a disponer su pase a situación de retiro, aun con la oposición del entonces ministro de Defensa.”
Los castigados
Los ex capitanes José Luis D’Andrea Mohr, ya fallecido, y Federico Mittelbach, conocieron en cambio la severidad del Tribunal de Honor. En los primeros años de la democracia D’Andrea tildó de “heroicas” a las Madres de Plaza de Mayo y de “cobardes” a las juntas militares. Igual que Juan Jaime Cesio, un valiente oficial que siempre condenó la masacre de civiles, D’Andrea fue descalificado por “falta gravísima al honor”. Apeló ante Miguel Angel Viviani Rossi (el mismo portador de conciencia que absolvió la conciencia de Cabanillas) y éste interpretó que D’Andrea era “un soberbio y un irrespetuoso”. Después, el Consejo de Guerra tomó el expediente del Tribunal de Honor y le quitó el grado a D’Andrea. Ya como ex capitán, se dedicó a investigar, con resultados concretos, la desaparición de conscriptos durante la dictadura.
El Viviani Rossi del Tribunal de Honor era padre del Viviani Rossi que fue segundo de Cabanillas cuando el general ofendido en su honor era comandante del Segundo Cuerpo de Ejército. También es el mismo que, cuando presidía Salto Grande, bautizó las turbinas con el nombre de sus hijas.
Expresarse
Página 12
3 de abril de 2011
Por Sandra Russo
Cuando tenía tres años, mis padres me mandaron a un Kindergarten que, como su nombre lo indica, era alemán. Era hija única y querían que tuviera contacto con otros chicos. Eso por lo menos es lo que me contaron. El ascenso social de la época indicaba colegio privado, pero como no había vacantes en el High School, que era el más coqueto, me inscribieron en el alemán.
Fue una experiencia que marcó mi vida, en el mejor y en el peor de los sentidos. En el mejor, porque estoy segura que de ahí me vino siempre la necesidad de expresarme, escribiendo o dibujando. En el peor, porque me recuerda una parte de la infancia de una incomunicación muy dolorosa.
Pocos de mis compañeros hablaban castellano. Eran nenas y nenes criados en hogares de inmigrantes alemanes que luchaban contra el olvido de su propia lengua. El alemán que se hablaba en esas casas no era siempre alemán del todo: ya se mezclaba con neologismos y argentinismos como en el cocoliche. Debe haber habido cocoliches en todos los idiomas que hablaron los habitantes del Buenos Aires de las primeras décadas del siglo XX.
Las maestras del Kindergarten nos hablaban en alemán. Parecía que no les importaba, que no tenían en cuenta en absoluto que podía haber alumnos, como yo, que no entendían ni una palabra desde que llegaban hasta que se iban a sus casas. Jugábamos en alemán, y todos los días me tocaba hacer la prenda, porque perdía. Es una experiencia horrible no poder traspasar la lengua que a uno lo rodea. Es no poder compartir el mismo mundo con los otros. La lengua nos envía a una dimensión precisa que incluye forma y fondo. Es la manera de entenderse, ponerse de acuerdo en las palabras y en el significado de esas palabras para poder comunicarse con los otros y ser a su vez comprendido.
Esto no tiene que ver con estar de acuerdo en nada. No tiene que ver con coincidir más que en el marco, en el mar en el que se navega o se naufraga. En el colegio, yo nunca sabía si estaba naufragando o navegando, solamente llegaba a percibir que en la clase se estaba hablando sobre algo acuático. A medida que fui aprendiendo un poco, fui uniendo palabra con palabra, por deducción o iluminación. Eran flashes. Ponían más en relieve, todavía, la bruma en la que estaba el resto del tiempo. Cuando uno no habla la misma lengua que otro, puede comunicarse de muchas otras maneras, pero se pierde la comunicación directa y tranquilizadora que nos brinda la lengua. La precisión de la lengua. La buena escritura y la buena política también, creo, están muy vinculadas a la precisión. A lo específico. A la unicidad de lo que se describe, se comprende, se recibe del otro.
Esa especificidad tiene que ver tanto con lo personal como con lo colectivo. Así de específicas fueron, por ejemplo, las máquinas de coser Singer que regalaba Evita. Convirtió esa experiencia de millones de mujeres que por primera vez recibían un regalo del Estado en algo puntual irrepetible de cada una de esas biografías. Hizo que algo íntimamente emocional fuera una experiencia colectiva.
Sobre el Kindergarten todavía falta lo peor. Soy zurda. Me refiero a que escribo con la mano izquierda. Las maestras tenían decidido que eso era un defecto que había que corregir. En las clases de dibujo me ataban la mano izquierda con una soga a la cintura, y tenía que dibujar con la derecha. Tengo presente hasta hoy el árbol tieso y tenebroso que dibujé, mientras miraba entre lágrimas lo frondoso del árbol que dibujaba el nene que estaba a mi lado. Es terrible querer expresarse y no poder. Tener la idea o el impulso de hacer algo y no poder ser capaz de expulsarlo, es decir: de comunicarlo.
Por estas experiencias de frustración y de impotencia pasan diariamente muchos millones de seres, la gran mayoría de la humanidad. Millones y millones de criaturas que viven en los territorios sacrificables. A partir de ahí, de esa foto del World Press que pudieron haber tomado Cartier-Bresson, Salgado o Capra, de ese universo de anónimos sufrientes que nunca se han expresado, porque son una masa indiferenciada y, precisamente, inespecífica, uno puede ir acercando el foco hasta llegar a cualquier ámbito en el que el derecho de expresarse se les reserva a algunos ciudadanos, mientras no se concibe ni se defiende ni se reclama el derecho de expresión de enormes mayorías.
En nuestras sociedades, que han sacralizado la “libertad de expresión” como un icono impenetrable e incuestionable, no llama la atención que sea un sofisma que, es cierto, indica la necesidad democrática innegable de permitir que todas las voces, de todos los signos políticos, orígenes y clases sociales, puedan circulan libremente. Pero cuando se habla de “libertad de expresión”, ¿se alude a eso? ¿De qué estamos hablando exactamente cuando nos referimos a “libertad de expresión”? Si así fuera, si estamos defendiendo el derecho de todos, los ricos y los pobres, los célebres y los anónimos, los influyentes y los desesperados, es un buen momento para analizar, revisitar y debatir la “libertad de expresión”. Por mi parte, la completaría con la palabra “popular”: esa especificación es lo que necesito añadirle para asegurarme de que estoy diciendo lo que quiero: que la “libertad de expresión” es un derecho de todos, de todas, que no es solamente el derecho de los dueños de las empresas periodísticas. Sí de sus columnistas, de sus periodistas, piensen como piensen y digan lo que digan, pero en tanto dueños, ellos mismos, de sus propias firmas y sus propias conciencias. De sus palabras. Si no especificamos también esto, estamos decretando la muerte del periodismo. Y lo de “todos y todas” no es un cliché. Quiere decir que la “libertad de expresión” no puede excluir a nadie, si la respetamos en serio. Y porque la “libertad de expresión” es imposible sin el acceso a la comunicación, sin las condiciones materiales de acceso a la comunicación y a la emisión de mensajes, es porque apoyé fervorosamente la ley de medios y espero que el juez Carbone resuelva pronto sobre la medida cautelar del artículo objetado por Clarín.
3 de abril de 2011
Por Sandra Russo
Cuando tenía tres años, mis padres me mandaron a un Kindergarten que, como su nombre lo indica, era alemán. Era hija única y querían que tuviera contacto con otros chicos. Eso por lo menos es lo que me contaron. El ascenso social de la época indicaba colegio privado, pero como no había vacantes en el High School, que era el más coqueto, me inscribieron en el alemán.
Fue una experiencia que marcó mi vida, en el mejor y en el peor de los sentidos. En el mejor, porque estoy segura que de ahí me vino siempre la necesidad de expresarme, escribiendo o dibujando. En el peor, porque me recuerda una parte de la infancia de una incomunicación muy dolorosa.
Pocos de mis compañeros hablaban castellano. Eran nenas y nenes criados en hogares de inmigrantes alemanes que luchaban contra el olvido de su propia lengua. El alemán que se hablaba en esas casas no era siempre alemán del todo: ya se mezclaba con neologismos y argentinismos como en el cocoliche. Debe haber habido cocoliches en todos los idiomas que hablaron los habitantes del Buenos Aires de las primeras décadas del siglo XX.
Las maestras del Kindergarten nos hablaban en alemán. Parecía que no les importaba, que no tenían en cuenta en absoluto que podía haber alumnos, como yo, que no entendían ni una palabra desde que llegaban hasta que se iban a sus casas. Jugábamos en alemán, y todos los días me tocaba hacer la prenda, porque perdía. Es una experiencia horrible no poder traspasar la lengua que a uno lo rodea. Es no poder compartir el mismo mundo con los otros. La lengua nos envía a una dimensión precisa que incluye forma y fondo. Es la manera de entenderse, ponerse de acuerdo en las palabras y en el significado de esas palabras para poder comunicarse con los otros y ser a su vez comprendido.
Esto no tiene que ver con estar de acuerdo en nada. No tiene que ver con coincidir más que en el marco, en el mar en el que se navega o se naufraga. En el colegio, yo nunca sabía si estaba naufragando o navegando, solamente llegaba a percibir que en la clase se estaba hablando sobre algo acuático. A medida que fui aprendiendo un poco, fui uniendo palabra con palabra, por deducción o iluminación. Eran flashes. Ponían más en relieve, todavía, la bruma en la que estaba el resto del tiempo. Cuando uno no habla la misma lengua que otro, puede comunicarse de muchas otras maneras, pero se pierde la comunicación directa y tranquilizadora que nos brinda la lengua. La precisión de la lengua. La buena escritura y la buena política también, creo, están muy vinculadas a la precisión. A lo específico. A la unicidad de lo que se describe, se comprende, se recibe del otro.
Esa especificidad tiene que ver tanto con lo personal como con lo colectivo. Así de específicas fueron, por ejemplo, las máquinas de coser Singer que regalaba Evita. Convirtió esa experiencia de millones de mujeres que por primera vez recibían un regalo del Estado en algo puntual irrepetible de cada una de esas biografías. Hizo que algo íntimamente emocional fuera una experiencia colectiva.
Sobre el Kindergarten todavía falta lo peor. Soy zurda. Me refiero a que escribo con la mano izquierda. Las maestras tenían decidido que eso era un defecto que había que corregir. En las clases de dibujo me ataban la mano izquierda con una soga a la cintura, y tenía que dibujar con la derecha. Tengo presente hasta hoy el árbol tieso y tenebroso que dibujé, mientras miraba entre lágrimas lo frondoso del árbol que dibujaba el nene que estaba a mi lado. Es terrible querer expresarse y no poder. Tener la idea o el impulso de hacer algo y no poder ser capaz de expulsarlo, es decir: de comunicarlo.
Por estas experiencias de frustración y de impotencia pasan diariamente muchos millones de seres, la gran mayoría de la humanidad. Millones y millones de criaturas que viven en los territorios sacrificables. A partir de ahí, de esa foto del World Press que pudieron haber tomado Cartier-Bresson, Salgado o Capra, de ese universo de anónimos sufrientes que nunca se han expresado, porque son una masa indiferenciada y, precisamente, inespecífica, uno puede ir acercando el foco hasta llegar a cualquier ámbito en el que el derecho de expresarse se les reserva a algunos ciudadanos, mientras no se concibe ni se defiende ni se reclama el derecho de expresión de enormes mayorías.
En nuestras sociedades, que han sacralizado la “libertad de expresión” como un icono impenetrable e incuestionable, no llama la atención que sea un sofisma que, es cierto, indica la necesidad democrática innegable de permitir que todas las voces, de todos los signos políticos, orígenes y clases sociales, puedan circulan libremente. Pero cuando se habla de “libertad de expresión”, ¿se alude a eso? ¿De qué estamos hablando exactamente cuando nos referimos a “libertad de expresión”? Si así fuera, si estamos defendiendo el derecho de todos, los ricos y los pobres, los célebres y los anónimos, los influyentes y los desesperados, es un buen momento para analizar, revisitar y debatir la “libertad de expresión”. Por mi parte, la completaría con la palabra “popular”: esa especificación es lo que necesito añadirle para asegurarme de que estoy diciendo lo que quiero: que la “libertad de expresión” es un derecho de todos, de todas, que no es solamente el derecho de los dueños de las empresas periodísticas. Sí de sus columnistas, de sus periodistas, piensen como piensen y digan lo que digan, pero en tanto dueños, ellos mismos, de sus propias firmas y sus propias conciencias. De sus palabras. Si no especificamos también esto, estamos decretando la muerte del periodismo. Y lo de “todos y todas” no es un cliché. Quiere decir que la “libertad de expresión” no puede excluir a nadie, si la respetamos en serio. Y porque la “libertad de expresión” es imposible sin el acceso a la comunicación, sin las condiciones materiales de acceso a la comunicación y a la emisión de mensajes, es porque apoyé fervorosamente la ley de medios y espero que el juez Carbone resuelva pronto sobre la medida cautelar del artículo objetado por Clarín.
sábado, 2 de abril de 2011
Suben el piso de Ganancias un 20% y 400 mil asalariados dejarán de pagar
Tiempo Argentino
2 de abril de 2011
Por Randy Stagnaro
El gobierno hizo el anuncio ayer tras una reunión de la presidenta con miembros de la dirección de la CGT. Ahora el límite estará en $ 5782 por mes de bolsillo para solteros y $ 7998 para casados con dos hijos. El lunes se publica en el Boletín Oficial.
Tras una semana de fuertes rumores y declaraciones de funcionarios admitiendo que el tema estaba a estudio de la presidenta Cristina Fernández, finalmente ayer se hizo el anuncio oficial por el cual el gobierno nacional incrementará en un 20% el piso del monto mínimo para el cálculo del Impuesto a las Ganancias que pagan los asalariados, medida que permitirá que más de 400 mil trabajadores que se desempeñan bajo relación de dependencia dejen de abonar este tributo.
La decisión fue comunicada por la presidenta a la delegación de la Confederación General del Trabajo que la visitó en la Casa Rosada y que integraban su titular, Hugo Moyano, y los miembros del Consejo Directivo: Omar Viviani (Taxis), Juan Carlos Schmid (Dragado), Gerardo Martínez (Construcción), José Luis Lingieri (Obras Sanitarias), Antonio Caló (UOM), Julio Piumatto (Judiciales), Mario Manrique (SMATA) y Omar Plaini (Canillitas).
Acompañaron a Cristina los ministros de Trabajo, Carlos Tomada, y de Economía, Amado Boudou, además del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray.
Por la decisión oficial, que estará publicada en el Boletín Oficial el próximo lunes y que será retroactiva a enero pasado, el mínimo no imponible para la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias (tal el nombre oficial) será para un trabajador casado con dos hijos de
$ 7998, mientras que para un soltero alcanzará a $ 5782.
Los gremialistas arribaron a la Casa Rosada diez minutos antes de la 11 de la mañana. Aunque la cita estaba prevista para las 11, se atrasó por un compromiso previo de la mandataria, quien recibió a sus ministros y a los sindicalistas minutos después de las 11:30. La reunión duró poco más de una hora y a eso de las 13, el ministro Boudou encaró los micrófonos para empezar la conferencia de prensa. “La presidenta tomó la decisión de aumentar en un 20% el piso del mínimo para el cálculo de dicho impuesto, que es un impuesto anual”, empezó Boudou, dando cierre a una semana de especulaciones.
El ministro recordó que Ganancias “es un impuesto de cálculo anual con lo cual el aumento del mínimo rige para el presente período”, por lo que las cifras abonadas por los trabajadores por tal concepto en los que va de 2011, serán devueltas por el fisco en los próximos meses, según confirmaron en la AFIP a Tiempo Argentino.
“Esto implica en números que se aumenta el piso mensual a 7998 pesos, prácticamente 8000 pesos para un trabajador casado con dos hijos, y 5782 pesos para un trabajador soltero”, detalló Boudou.
“Nos parece también importante señalar que la medida permite que el Impuesto a las Ganancias en el rubro trabajadores alcance a partir de ahora, a partir de este cambio, a alrededor de 800 mil trabajadores”, señaló el funcionario, para luego enfatizar de esta forma “este impuesto va a alcanzar a alrededor del 10% del total de los trabajadores registrados”.
En la misma conferencia, Moyano, que estaba al lado de Boudou, dijo que con esta medida “se ha dado un paso muy importante” debido a que va a posibilitar que “más de 600 mil trabajadores” dejen de tributar este impuesto. Según las cifras distribuidas ayer por la AFIP, el total de trabajadores que dejarán de pagar el impuesto será de 405.917. En la AFIP confirmaron, además que no habrá cambios en las escalas que se aplican para el pago del tributo.
A su turno, el titular de la AFIP precisó que la resolución con la que se dispondrán estos cambios será adoptada hoy por la dependencia que conduce y que el lunes será publicada en el Boletín Oficial. Además, Echegaray precisó que, en base a las declaraciones juradas presentadas por las empresas, se encuentran registrados un total de 7.405.978 trabajadores y que de ese total el 10,79% “quedan alcanzados por el pago del Impuesto a las Ganancias en sus liquidaciones mensuales”, volviendo al nivel del año 2000.
Tanto Echegaray como Boudou, recordaron que el gobierno tomó durante los últimos años medidas de corte similar. En 2010, a través de la Resolución General 2866, la AFIP estableció un incremento del orden del 20% en el piso mínimo para quedar comprendido dentro del pago de Ganancias. La medida, que fue anunciada en los primeros días de julio, determinó un piso de $ 4818 para los trabajadores solteros y $ 6662,80 para los casados con dos hijos.
Echaegaray explicó que el costo fiscal de esta medida será de $ 3245 millones, los que serán recuperados a partir de una mayoir fiscalización en otras áreas de la economía
2 de abril de 2011
Por Randy Stagnaro
El gobierno hizo el anuncio ayer tras una reunión de la presidenta con miembros de la dirección de la CGT. Ahora el límite estará en $ 5782 por mes de bolsillo para solteros y $ 7998 para casados con dos hijos. El lunes se publica en el Boletín Oficial.
Tras una semana de fuertes rumores y declaraciones de funcionarios admitiendo que el tema estaba a estudio de la presidenta Cristina Fernández, finalmente ayer se hizo el anuncio oficial por el cual el gobierno nacional incrementará en un 20% el piso del monto mínimo para el cálculo del Impuesto a las Ganancias que pagan los asalariados, medida que permitirá que más de 400 mil trabajadores que se desempeñan bajo relación de dependencia dejen de abonar este tributo.
La decisión fue comunicada por la presidenta a la delegación de la Confederación General del Trabajo que la visitó en la Casa Rosada y que integraban su titular, Hugo Moyano, y los miembros del Consejo Directivo: Omar Viviani (Taxis), Juan Carlos Schmid (Dragado), Gerardo Martínez (Construcción), José Luis Lingieri (Obras Sanitarias), Antonio Caló (UOM), Julio Piumatto (Judiciales), Mario Manrique (SMATA) y Omar Plaini (Canillitas).
Acompañaron a Cristina los ministros de Trabajo, Carlos Tomada, y de Economía, Amado Boudou, además del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray.
Por la decisión oficial, que estará publicada en el Boletín Oficial el próximo lunes y que será retroactiva a enero pasado, el mínimo no imponible para la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias (tal el nombre oficial) será para un trabajador casado con dos hijos de
$ 7998, mientras que para un soltero alcanzará a $ 5782.
Los gremialistas arribaron a la Casa Rosada diez minutos antes de la 11 de la mañana. Aunque la cita estaba prevista para las 11, se atrasó por un compromiso previo de la mandataria, quien recibió a sus ministros y a los sindicalistas minutos después de las 11:30. La reunión duró poco más de una hora y a eso de las 13, el ministro Boudou encaró los micrófonos para empezar la conferencia de prensa. “La presidenta tomó la decisión de aumentar en un 20% el piso del mínimo para el cálculo de dicho impuesto, que es un impuesto anual”, empezó Boudou, dando cierre a una semana de especulaciones.
El ministro recordó que Ganancias “es un impuesto de cálculo anual con lo cual el aumento del mínimo rige para el presente período”, por lo que las cifras abonadas por los trabajadores por tal concepto en los que va de 2011, serán devueltas por el fisco en los próximos meses, según confirmaron en la AFIP a Tiempo Argentino.
“Esto implica en números que se aumenta el piso mensual a 7998 pesos, prácticamente 8000 pesos para un trabajador casado con dos hijos, y 5782 pesos para un trabajador soltero”, detalló Boudou.
“Nos parece también importante señalar que la medida permite que el Impuesto a las Ganancias en el rubro trabajadores alcance a partir de ahora, a partir de este cambio, a alrededor de 800 mil trabajadores”, señaló el funcionario, para luego enfatizar de esta forma “este impuesto va a alcanzar a alrededor del 10% del total de los trabajadores registrados”.
En la misma conferencia, Moyano, que estaba al lado de Boudou, dijo que con esta medida “se ha dado un paso muy importante” debido a que va a posibilitar que “más de 600 mil trabajadores” dejen de tributar este impuesto. Según las cifras distribuidas ayer por la AFIP, el total de trabajadores que dejarán de pagar el impuesto será de 405.917. En la AFIP confirmaron, además que no habrá cambios en las escalas que se aplican para el pago del tributo.
A su turno, el titular de la AFIP precisó que la resolución con la que se dispondrán estos cambios será adoptada hoy por la dependencia que conduce y que el lunes será publicada en el Boletín Oficial. Además, Echegaray precisó que, en base a las declaraciones juradas presentadas por las empresas, se encuentran registrados un total de 7.405.978 trabajadores y que de ese total el 10,79% “quedan alcanzados por el pago del Impuesto a las Ganancias en sus liquidaciones mensuales”, volviendo al nivel del año 2000.
Tanto Echegaray como Boudou, recordaron que el gobierno tomó durante los últimos años medidas de corte similar. En 2010, a través de la Resolución General 2866, la AFIP estableció un incremento del orden del 20% en el piso mínimo para quedar comprendido dentro del pago de Ganancias. La medida, que fue anunciada en los primeros días de julio, determinó un piso de $ 4818 para los trabajadores solteros y $ 6662,80 para los casados con dos hijos.
Echaegaray explicó que el costo fiscal de esta medida será de $ 3245 millones, los que serán recuperados a partir de una mayoir fiscalización en otras áreas de la economía
La embajada de los Estados Unidos abrió una investigación por los fusiles
Tiempo Argentino
2 de abril de 2011
Por Hernán Cocchi
La vocera de la misión estadounidense anticipó que están preparando una “detallada respuesta que será entregada en breve” a la Cancillería. Sin embargo, no aclaró si el mecánico aeronáutico continúa en la Argentina.
No se puede tapar el sol con las manos. La Embajada de los Estados Unidos en la Argentina inició una investigación sobre el secuestro de los dos fusiles con mira telescópica encontrados en el asiento trasero del BMW con patente diplomática que manejaba el ciudadano estadounidense Matthew Steven Hankins. Luego de que Tiempo Argentino difundiera el caso, la representación diplomática había intentado blanquear la carabina Browning calibre 325. Sin embargo seguían sin poder explicar por qué no informaron de inmediato el hecho a la Cancillería argentina ni por qué un empleado de la misión tenía en su poder dos armas flojitas de papeles. “Era el comienzo del fin de semana largo y estábamos colaborando plenamente con las autoridades gubernamentales competentes del aeropuerto de San Fernando”, respondió ayer la agregada de prensa de la representación diplomática de los EE UU, Shannon Farrell, ante la pregunta de por qué no comunicaron a la Argentina el incidente.
“Nosotros mismos estábamos tratando de dilucidar determinados hechos sobre la situación y no sabíamos si los mismos ameritaban o no involucrar a la Cancillería”, agregó la funcionaria, quien además confirmó que Hankins se desempeña como mecánico de aviones para la Embajada de los Estados Unidos.
Luego del altercado que comenzó aproximadamente a las 14:30 del miércoles 23 marzo y finalizó cinco horas después, la representación diplomática había evitado hablar de investigaciones internas o deslizado la posibilidad de que Hankins hubiese violado la ley local. Sin embargo, Farrell explicó ayer a Tiempo que el cuerpo diplomático está “redactando una detallada respuesta cubriendo todos los aspectos sobre este asunto que en breve será entregada a la Cancillería”.
El jueves trascendió que la embajada había informado el miércoles a última hora al Ministerio de Relaciones Exteriores argentino sobre el secuestro de los dos fusiles con mira telescópica en poder de uno de sus empleados con inmunidad diplomática. Sin embargo, este diario pudo confirmar que la comunicación oficial no había existido.
La semana que viene será clave para la causa por tenencia ilegal de armas iniciada contra Hankins luego del decomiso de la carabina Browning y el rifle Tikka T3. El fiscal Sebastián Basso deberá decidir si imputa o no al “contratista” estadounidense por violar el artículo 189 bis del Código Penal. El juzgado a cargo de Conrado Bergesio tiene el expediente a su cargo. En este punto, Farrell cambió el tono con el que inicialmente había intentado minimizar el incidente: “Los empleados de la Embajada de los Estados Unidos tenemos una política gobernante muy estricta con respecto a la posesión y uso de armas de fuego y la misma es absolutamente coherente con la ley argentina.” Vale la traducción del glosario diplomático al español simple: si Hankins violó las leyes locales, también lo hizo con las normas internas de la representación diplomática.
Sin embargo, la encargada de la Oficina de Prensa del edificio de la Avenida Colombia evitó responder si Mathew Hankins continúa en la Argentina o si abandonó el país luego del altercado. Un detalle que será fundamental si es que la justicia decide acusarlo por el delito de tenencia y portación de armas de fuego sin el permiso y la documentación correspondientes. Legalmente, Hankins aún no está imputado en la causa, por lo que podría abandonar el país sin ningún inconveniente. Si en cambio el fiscal decide acusarlo, la embajada puede decidir quitarle la inmunidad, la Argentina puede reclamar su expulsión o podría volver a los Estados Unidos con su pasaporte diplomático vigente por el mismo aeropuerto de Ezeiza por donde ingresó el 20 de marzo de 2010
2 de abril de 2011
Por Hernán Cocchi
La vocera de la misión estadounidense anticipó que están preparando una “detallada respuesta que será entregada en breve” a la Cancillería. Sin embargo, no aclaró si el mecánico aeronáutico continúa en la Argentina.
No se puede tapar el sol con las manos. La Embajada de los Estados Unidos en la Argentina inició una investigación sobre el secuestro de los dos fusiles con mira telescópica encontrados en el asiento trasero del BMW con patente diplomática que manejaba el ciudadano estadounidense Matthew Steven Hankins. Luego de que Tiempo Argentino difundiera el caso, la representación diplomática había intentado blanquear la carabina Browning calibre 325. Sin embargo seguían sin poder explicar por qué no informaron de inmediato el hecho a la Cancillería argentina ni por qué un empleado de la misión tenía en su poder dos armas flojitas de papeles. “Era el comienzo del fin de semana largo y estábamos colaborando plenamente con las autoridades gubernamentales competentes del aeropuerto de San Fernando”, respondió ayer la agregada de prensa de la representación diplomática de los EE UU, Shannon Farrell, ante la pregunta de por qué no comunicaron a la Argentina el incidente.
“Nosotros mismos estábamos tratando de dilucidar determinados hechos sobre la situación y no sabíamos si los mismos ameritaban o no involucrar a la Cancillería”, agregó la funcionaria, quien además confirmó que Hankins se desempeña como mecánico de aviones para la Embajada de los Estados Unidos.
Luego del altercado que comenzó aproximadamente a las 14:30 del miércoles 23 marzo y finalizó cinco horas después, la representación diplomática había evitado hablar de investigaciones internas o deslizado la posibilidad de que Hankins hubiese violado la ley local. Sin embargo, Farrell explicó ayer a Tiempo que el cuerpo diplomático está “redactando una detallada respuesta cubriendo todos los aspectos sobre este asunto que en breve será entregada a la Cancillería”.
El jueves trascendió que la embajada había informado el miércoles a última hora al Ministerio de Relaciones Exteriores argentino sobre el secuestro de los dos fusiles con mira telescópica en poder de uno de sus empleados con inmunidad diplomática. Sin embargo, este diario pudo confirmar que la comunicación oficial no había existido.
La semana que viene será clave para la causa por tenencia ilegal de armas iniciada contra Hankins luego del decomiso de la carabina Browning y el rifle Tikka T3. El fiscal Sebastián Basso deberá decidir si imputa o no al “contratista” estadounidense por violar el artículo 189 bis del Código Penal. El juzgado a cargo de Conrado Bergesio tiene el expediente a su cargo. En este punto, Farrell cambió el tono con el que inicialmente había intentado minimizar el incidente: “Los empleados de la Embajada de los Estados Unidos tenemos una política gobernante muy estricta con respecto a la posesión y uso de armas de fuego y la misma es absolutamente coherente con la ley argentina.” Vale la traducción del glosario diplomático al español simple: si Hankins violó las leyes locales, también lo hizo con las normas internas de la representación diplomática.
Sin embargo, la encargada de la Oficina de Prensa del edificio de la Avenida Colombia evitó responder si Mathew Hankins continúa en la Argentina o si abandonó el país luego del altercado. Un detalle que será fundamental si es que la justicia decide acusarlo por el delito de tenencia y portación de armas de fuego sin el permiso y la documentación correspondientes. Legalmente, Hankins aún no está imputado en la causa, por lo que podría abandonar el país sin ningún inconveniente. Si en cambio el fiscal decide acusarlo, la embajada puede decidir quitarle la inmunidad, la Argentina puede reclamar su expulsión o podría volver a los Estados Unidos con su pasaporte diplomático vigente por el mismo aeropuerto de Ezeiza por donde ingresó el 20 de marzo de 2010
“Los caídos en Malvinas forman parte de los muertos de la dictadura”
Tiempo Argentino
2 de abril de 2011
Por Franco Mizrahi
Los integrantes del CECIM-La Plata destacaron que desde 1982 trabajan para que salga a la luz todo lo que los militares de carrera intentaron ocultar sobre el enfrentamiento. Hace tres semanas algunos volvieron al archipiélago.
Los seis amigos, abrigados hasta los dientes por las bajas temperaturas, se abrazaron y comenzaron a saltar como niños en el Monte Longdon, el mismo sitio en el que casi tres décadas atrás vivieron una de las batallas definitivas por el control de las Islas Malvinas, en la que murieron 36 de sus compañeros de regimiento. Estos hombres, inmersos en su propio ritual, agradecían el estar vivos, resistiendo. Gritaban y cantaban que no los habían podido quebrar los británicos ni los militares argentinos. Fue la forma que encontraron para rendirle homenaje a los caídos en una guerra sin sentido, de la que hoy se cumplen 29 años. Esta anécdota, que ocurrió hace tres semanas, sintetiza la esencia que envuelve al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) - La Plata, una organización de ex soldados conscriptos que se concibió en 1982 para dar a conocer todo lo que se intentó ocultar de la guerra. Pasaron 29 aniversarios y su lucha por la verdad continúa.
La organización –que se creó formalmente en 1984- comenzó a tomar forma en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Una de las primeras reuniones del CECIM se realizó en la casa del ex combatiente Martín Raninqueo y otra en el restaurante de su padre. Apenas despuntaba la década de 1980 y todavía la sede del centro era itinerante. Con el tiempo fueron apareciendo lo locales fijos: primero fue el Centro Universitario de Misiones y luego la sede actual ubicada en la intersección de las calles 21 y 40, en la ciudad de las diagonales, claro.
Justamente, uno de los miembros del contingente que voló a Malvinas en la semana del 12 de marzo fue el “Indio” Raninqueo. “Yo nunca tuve presente volver a las islas –asegura a Tiempo Argentino–. Fueron los compañeros con los que fundamos el CECIM los que me insistieron. Y eso fue determinante porque para mí el grupo es lo importante.” Músico y poeta, Raninqueo caminó por el terreno rocoso de Monte Longdon con su guitarra al hombro y le puso melodías a la noche malvinense. Entre los hits que sonaron durante el acampe hubo clásicos del rock nacional y un puñado de canciones propias, inspiradas en su experiencia bélica, que creó junto a otro ex combatiente, Fabián “Cucu” Passaro, y que pretende compilar en un CD.
“En nuestros viajes hacemos pequeñas intervenciones, en esta ocasión marcamos las posiciones en las que murieron nuestros compañeros – cuenta Ernesto Alonso, ex combatiente y secretario de Relaciones Institucionales del CECIM– En el año 2007 otro grupo plantó un pino. Nosotros plantamos cinco pinos más en distintos lugares. También vimos y escuchamos lo que pasa en Malvinas. Nos alarmó la imponente base militar que está instalada a sólo 700 kilómetros del continente”– agrega–
Pero no todos los miembros de la organización tienen la voluntad de volver a las islas. Carlos Amato, actual presidente del CECIM, es contundente: “Decidí no viajar. Nosotros nos respetamos mucho en el centro. A mí, el tema del sello del pasaporte no me cierra. Pero felicito a quienes viajaron.”
Carlos Giordano, ex soldado, esgrime razones similares a las de Amato para no pisar las islas: “No voy a viajar a Malvinas. Comprendo a los compañeros que van. Algunos dicen que cierran etapas, pero yo no tengo mucha necesidad psicológica ni simbólica de viajar a las islas. No sé si soportaría ver la bandera inglesa. Esto no quita que si mis hijos me lo piden no vuelva con ellos. Pero la verdad que no quiero que me sellen el pasaporte los ingleses”, se sincera este profesor universitario, doctor en Comunicación Social, que fue vicedecano en la Universidad Nacional de La Plata.
Giordano llegó al CECIM a mediados de los ‘80 cuando todavía era un estudiante y el centro ya tenía un planteo político ideológico definido. “Tenían una postura muy clara –recuerda– en Malvinas no sólo hubo una guerra que perdimos. Habíamos combatido contra el imperialismo de la OTAN, pero también con unas Fuerzas Armadas que nos hacían repensar día a día dónde estaba el enemigo.”
“Malvinas fue parte de la dictadura militar –agrega Alonso–. Para nosotros el 2 de abril empieza el 24 de marzo. Esa fecha hacemos todos los homenajes que corresponden. Los compañeros caídos en Malvinas también forman parte de los muertos que produjo la dictadura asesina que tomó una causa nacional y popular para sacar réditos políticos.”
Alonso es uno de los ex presidentes del Centro y un activo militante por la causa Malvinas. A medida que va recordando las acciones que realizaron desde la organización su voz se va dejando llevar por la pasión: “Desde el CECIM rompimos la imposición de silencio que nos quisieron imponer los militares cuando regresamos de la guerra. Fuimos los antihéroes de Malvinas”, dice, haciendo alusión al día histórico en que Raúl Alfonsín se refirió a los carapintadas como héroes de Malvinas.
Al final fueron considerados “antihéroes” pero por gran parte de las Fuerzas Armadas de la época. De hecho, el CECIM estuvo infiltrado por los servicios de inteligencia a fines de los ‘80, según se desprendió de los archivos desclasificados de la Dirección de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires –DIPBA–, hoy a cargo de la Comisión por la Memoria.
Un poco de historia quizás sirva para explicar esta preocupación castrense. El CECIM fue la primera organización que publicó el Informe Rattenbach, en 1988. Se trata de un informe que realizaron las propias Fuerzas Armadas para analizar la Guerra de Malvinas. En ese documento se dejó escrito para la posteridad que la guerra “fue una aventura militar”.
El centro de ex combatientes también resistió las políticas de los ’90. “En aquella década –recuerda Alonso–, el tema Malvinas se resolvió con los carapintadas, con Mohamed Alí Seineldín específicamente. Fue entonces que nació la figura de ‘veterano de guerra’. Menem nos puso a todos en una misma bolsa. Nosotros nos opusimos a esa figura porque somos ex soldados conscriptos. No dejamos que nos colonicen los cuadros militares de carrera.”
En este sentido, Amato describe la característica esencial de la organización que preside: “Entre las organizaciones de ex combatientes somos de las muy pocas formadas por ex soldados conscriptos. Esto no es motivado por fobias a las Fuerzas Armadas sino por los militares que, al amparo de la represión, llevaron sus cuestiones aberrantes a Malvinas. Con esas FF AA no tenemos reconciliación posible.”
En un repaso por sus acciones políticas, aquellas que le dan identidad al espacio, no puede obviarse el escrache que le realizaron a Mario Benjamín Menéndez –máxima autoridad política y militar en las islas– y a Leopoldo Fortunato Galtieri ni su pelea por depurar las pensiones honoríficas a ex combatientes. Cuando el “Tigre” Acosta, símbolo del terrorismo de Estado recibió este reconocimiento, el CECIM lo denunció y le quitaron la pensión.
Para Alonso, “en el relato de la épica militar se quiso colocar a falsos héroes. Muchos de los que estuvieron en Malvinas fueron parte de la última dictadura. Hay más de 80 oficiales y suboficiales que estuvieron en el conflicto bélico que están procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado.” Entre los casos paradigmáticos figuran el almirante retirado Carlos Busser, quien comandó el desembarco del 2 de abril en el Operativo Rosario y Carlos Carrizo Salvadores, segundo jefe del Regimiento 7, quien comandó las tropas en el combate de Monte Longdon.
Pero para los ex combatientes, la dictadura militar no sólo prestó sus hombres para dirigir la batalla. También repitió métodos y conceptos.
Una de las cuentas pendientes de Malvinas es el reconocimiento de los caídos ya que la mayoría de las lápidas que hay en el cementerio de Darwin no está identificada. “Nosotros fuimos a Malvinas con nombre y apellido, siendo parte de un Ejército regular– sostiene Alonso–. La política de la desaparición de personas que implementó la dictadura hoy perdura en Malvinas. Allí, el 50% de las tumbas son NN. No nos podemos permitir que sea un cementerio privado de identidad. Cuando uno empieza a caminar entre las lápidas y quiere encontrar los nombres de los amigos caídos, no los encuentra. Y eso te genera una sensación terrible -se angustia el ex colimba. Uno se ve reflejado allí, son nuestros compañeros, los conocimos, sabemos todo lo que pensaban. Tenemos que devolverles la identidad.”
Pero la principal batalla del CECIM comenzó en 2007 cuando denunció, junto a la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, a 70 oficiales y suboficiales por violaciones a los Derechos Humanos contra su propia tropa en pleno conflicto bélico. Se trata de una causa radicada ante el juzgado federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, que hoy se encuentra en trámite en la Cámara de Casación Penal, tras recibir tres fallos favorables en las instancias inferiores. Se trata de denuncias realizadas por ex soldados de diferentes provincias por torturas –como estaqueos–, vejámenes y hasta homicidios. Algunas de las víctimas sufrieron la mutilación de miembros de su cuerpo a causa de estos tormentos.
Por todo esto, “cuando se acerca la fecha no solamente aparecen los recuerdos de Malvinas, los días previos al conflicto –concluye Giordano. También se agiganta la distancia que nos separa con lo oculto de Malvinas, con lo que no se dijo. Se nota la deuda histórica a medida que pasan los aniversarios”.
No es para menos. A 29 años del conflicto con Gran Bretaña, los ex combatientes nucleados en el CECIM no bajan los brazos. Lejos de las trincheras saben que su lucha continúa.
2 de abril de 2011
Por Franco Mizrahi
Los integrantes del CECIM-La Plata destacaron que desde 1982 trabajan para que salga a la luz todo lo que los militares de carrera intentaron ocultar sobre el enfrentamiento. Hace tres semanas algunos volvieron al archipiélago.
Los seis amigos, abrigados hasta los dientes por las bajas temperaturas, se abrazaron y comenzaron a saltar como niños en el Monte Longdon, el mismo sitio en el que casi tres décadas atrás vivieron una de las batallas definitivas por el control de las Islas Malvinas, en la que murieron 36 de sus compañeros de regimiento. Estos hombres, inmersos en su propio ritual, agradecían el estar vivos, resistiendo. Gritaban y cantaban que no los habían podido quebrar los británicos ni los militares argentinos. Fue la forma que encontraron para rendirle homenaje a los caídos en una guerra sin sentido, de la que hoy se cumplen 29 años. Esta anécdota, que ocurrió hace tres semanas, sintetiza la esencia que envuelve al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) - La Plata, una organización de ex soldados conscriptos que se concibió en 1982 para dar a conocer todo lo que se intentó ocultar de la guerra. Pasaron 29 aniversarios y su lucha por la verdad continúa.
La organización –que se creó formalmente en 1984- comenzó a tomar forma en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Una de las primeras reuniones del CECIM se realizó en la casa del ex combatiente Martín Raninqueo y otra en el restaurante de su padre. Apenas despuntaba la década de 1980 y todavía la sede del centro era itinerante. Con el tiempo fueron apareciendo lo locales fijos: primero fue el Centro Universitario de Misiones y luego la sede actual ubicada en la intersección de las calles 21 y 40, en la ciudad de las diagonales, claro.
Justamente, uno de los miembros del contingente que voló a Malvinas en la semana del 12 de marzo fue el “Indio” Raninqueo. “Yo nunca tuve presente volver a las islas –asegura a Tiempo Argentino–. Fueron los compañeros con los que fundamos el CECIM los que me insistieron. Y eso fue determinante porque para mí el grupo es lo importante.” Músico y poeta, Raninqueo caminó por el terreno rocoso de Monte Longdon con su guitarra al hombro y le puso melodías a la noche malvinense. Entre los hits que sonaron durante el acampe hubo clásicos del rock nacional y un puñado de canciones propias, inspiradas en su experiencia bélica, que creó junto a otro ex combatiente, Fabián “Cucu” Passaro, y que pretende compilar en un CD.
“En nuestros viajes hacemos pequeñas intervenciones, en esta ocasión marcamos las posiciones en las que murieron nuestros compañeros – cuenta Ernesto Alonso, ex combatiente y secretario de Relaciones Institucionales del CECIM– En el año 2007 otro grupo plantó un pino. Nosotros plantamos cinco pinos más en distintos lugares. También vimos y escuchamos lo que pasa en Malvinas. Nos alarmó la imponente base militar que está instalada a sólo 700 kilómetros del continente”– agrega–
Pero no todos los miembros de la organización tienen la voluntad de volver a las islas. Carlos Amato, actual presidente del CECIM, es contundente: “Decidí no viajar. Nosotros nos respetamos mucho en el centro. A mí, el tema del sello del pasaporte no me cierra. Pero felicito a quienes viajaron.”
Carlos Giordano, ex soldado, esgrime razones similares a las de Amato para no pisar las islas: “No voy a viajar a Malvinas. Comprendo a los compañeros que van. Algunos dicen que cierran etapas, pero yo no tengo mucha necesidad psicológica ni simbólica de viajar a las islas. No sé si soportaría ver la bandera inglesa. Esto no quita que si mis hijos me lo piden no vuelva con ellos. Pero la verdad que no quiero que me sellen el pasaporte los ingleses”, se sincera este profesor universitario, doctor en Comunicación Social, que fue vicedecano en la Universidad Nacional de La Plata.
Giordano llegó al CECIM a mediados de los ‘80 cuando todavía era un estudiante y el centro ya tenía un planteo político ideológico definido. “Tenían una postura muy clara –recuerda– en Malvinas no sólo hubo una guerra que perdimos. Habíamos combatido contra el imperialismo de la OTAN, pero también con unas Fuerzas Armadas que nos hacían repensar día a día dónde estaba el enemigo.”
“Malvinas fue parte de la dictadura militar –agrega Alonso–. Para nosotros el 2 de abril empieza el 24 de marzo. Esa fecha hacemos todos los homenajes que corresponden. Los compañeros caídos en Malvinas también forman parte de los muertos que produjo la dictadura asesina que tomó una causa nacional y popular para sacar réditos políticos.”
Alonso es uno de los ex presidentes del Centro y un activo militante por la causa Malvinas. A medida que va recordando las acciones que realizaron desde la organización su voz se va dejando llevar por la pasión: “Desde el CECIM rompimos la imposición de silencio que nos quisieron imponer los militares cuando regresamos de la guerra. Fuimos los antihéroes de Malvinas”, dice, haciendo alusión al día histórico en que Raúl Alfonsín se refirió a los carapintadas como héroes de Malvinas.
Al final fueron considerados “antihéroes” pero por gran parte de las Fuerzas Armadas de la época. De hecho, el CECIM estuvo infiltrado por los servicios de inteligencia a fines de los ‘80, según se desprendió de los archivos desclasificados de la Dirección de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires –DIPBA–, hoy a cargo de la Comisión por la Memoria.
Un poco de historia quizás sirva para explicar esta preocupación castrense. El CECIM fue la primera organización que publicó el Informe Rattenbach, en 1988. Se trata de un informe que realizaron las propias Fuerzas Armadas para analizar la Guerra de Malvinas. En ese documento se dejó escrito para la posteridad que la guerra “fue una aventura militar”.
El centro de ex combatientes también resistió las políticas de los ’90. “En aquella década –recuerda Alonso–, el tema Malvinas se resolvió con los carapintadas, con Mohamed Alí Seineldín específicamente. Fue entonces que nació la figura de ‘veterano de guerra’. Menem nos puso a todos en una misma bolsa. Nosotros nos opusimos a esa figura porque somos ex soldados conscriptos. No dejamos que nos colonicen los cuadros militares de carrera.”
En este sentido, Amato describe la característica esencial de la organización que preside: “Entre las organizaciones de ex combatientes somos de las muy pocas formadas por ex soldados conscriptos. Esto no es motivado por fobias a las Fuerzas Armadas sino por los militares que, al amparo de la represión, llevaron sus cuestiones aberrantes a Malvinas. Con esas FF AA no tenemos reconciliación posible.”
En un repaso por sus acciones políticas, aquellas que le dan identidad al espacio, no puede obviarse el escrache que le realizaron a Mario Benjamín Menéndez –máxima autoridad política y militar en las islas– y a Leopoldo Fortunato Galtieri ni su pelea por depurar las pensiones honoríficas a ex combatientes. Cuando el “Tigre” Acosta, símbolo del terrorismo de Estado recibió este reconocimiento, el CECIM lo denunció y le quitaron la pensión.
Para Alonso, “en el relato de la épica militar se quiso colocar a falsos héroes. Muchos de los que estuvieron en Malvinas fueron parte de la última dictadura. Hay más de 80 oficiales y suboficiales que estuvieron en el conflicto bélico que están procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado.” Entre los casos paradigmáticos figuran el almirante retirado Carlos Busser, quien comandó el desembarco del 2 de abril en el Operativo Rosario y Carlos Carrizo Salvadores, segundo jefe del Regimiento 7, quien comandó las tropas en el combate de Monte Longdon.
Pero para los ex combatientes, la dictadura militar no sólo prestó sus hombres para dirigir la batalla. También repitió métodos y conceptos.
Una de las cuentas pendientes de Malvinas es el reconocimiento de los caídos ya que la mayoría de las lápidas que hay en el cementerio de Darwin no está identificada. “Nosotros fuimos a Malvinas con nombre y apellido, siendo parte de un Ejército regular– sostiene Alonso–. La política de la desaparición de personas que implementó la dictadura hoy perdura en Malvinas. Allí, el 50% de las tumbas son NN. No nos podemos permitir que sea un cementerio privado de identidad. Cuando uno empieza a caminar entre las lápidas y quiere encontrar los nombres de los amigos caídos, no los encuentra. Y eso te genera una sensación terrible -se angustia el ex colimba. Uno se ve reflejado allí, son nuestros compañeros, los conocimos, sabemos todo lo que pensaban. Tenemos que devolverles la identidad.”
Pero la principal batalla del CECIM comenzó en 2007 cuando denunció, junto a la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, a 70 oficiales y suboficiales por violaciones a los Derechos Humanos contra su propia tropa en pleno conflicto bélico. Se trata de una causa radicada ante el juzgado federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, que hoy se encuentra en trámite en la Cámara de Casación Penal, tras recibir tres fallos favorables en las instancias inferiores. Se trata de denuncias realizadas por ex soldados de diferentes provincias por torturas –como estaqueos–, vejámenes y hasta homicidios. Algunas de las víctimas sufrieron la mutilación de miembros de su cuerpo a causa de estos tormentos.
Por todo esto, “cuando se acerca la fecha no solamente aparecen los recuerdos de Malvinas, los días previos al conflicto –concluye Giordano. También se agiganta la distancia que nos separa con lo oculto de Malvinas, con lo que no se dijo. Se nota la deuda histórica a medida que pasan los aniversarios”.
No es para menos. A 29 años del conflicto con Gran Bretaña, los ex combatientes nucleados en el CECIM no bajan los brazos. Lejos de las trincheras saben que su lucha continúa.
La Argentina no está sola en su reclamo por Malvinas
Diario Registrado
2 de abril de 2011
El 2 de abril honramos a los caídos y veteranos que, 29 años atrás, dejaron su vida o su juventud para recuperar lo que es nuestro en la Guerra de Malvinas.
Por Héctor Timerman
Ellos son dignos, hoy como siempre, de nuestro recuerdo, homenaje y permanente agradecimiento.
Sus acciones nos interpelan para continuar en la lucha, esta vez con las armas de la diplomacia, para recuperar el pleno ejercicio de nuestra soberanía sobre las islas Malvinas, las Georgias del Sur y las Sándwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes.
Dos días después de asumir como Canciller tuve el honor y privilegio de reafirmar ante las Naciones Unidas los derechos soberanos irrenunciables e imprescriptibles de la Argentina en la Cuestión de las Islas Malvinas, contando con el respaldo unánime del pueblo argentino en el marco del sólido e ininterrumpido reclamo que hace más de 178 años viene llevando adelante el Estado argentino contra el despojo al que fuimos sometidos por la usurpación del Reino Unido.
La Argentina no está sola en su reclamo. Numerosos organismos internacionales, foros regionales y birregionales han sumado sus voces a favor de la pronta solución de este diferendo, mediante negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido.
Entre otros, pueden mencionarse a la Organización de Estados Americanos, las Cumbres Iberoamericanas, el Grupo de los 77, las Cumbres de Países de América del Sur y Países Árabes (ASPA) y las Cumbres de Países de América del Sur y de África (ASA).
Quiero destacar la Cumbre de Países Latinoamericanos y del Caribe (CALC), que incluyó a las ex colonias británicas caribeñas, en febrero de 2010. Mención especial merece la firme postura de los países del MERCOSUR y de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), que además de expresar su solidaridad con la reivindicación de soberanía por parte de la Argentina, se han comprometido a adoptar medidas tendientes a evitar la consolidación de la situación colonial.
A ellos se agrega también el compromiso, demostrado con actos concretos, de nuestros hermanos brasileños, chilenos y uruguayos.
Ante lo mencionado, puedo afirmar que la Cuestión de las Islas Malvinas se ha convertido en una causa que afecta a la región, que ve con preocupación la búsqueda por parte del Reino Unido de recursos naturales en las áreas que controlan como colonias, reeditando la política de aprovechamiento y explotación de recursos que caracterizó su accionar tanto en nuestra América, como en Asia y África desde el siglo XVIII.
A esto se suma, de manera preocupante, el haber establecido una verdadera fortaleza militar en el Atlántico Sur, lo que constituye una afrenta a la vez que una amenaza para toda la región.
El Gobierno argentino reitera su permanente voluntad negociadora, dejando en claro que no es contrario a cooperar con el Reino Unido en aspectos prácticos que se derivan de la situación de hecho imperante en el Atlántico Sur, bajo el debido resguardo jurídico y con el objeto primordial de crear el marco propicio para que las dos partes puedan reanudar las negociaciones sobre el fondo de la cuestión.
Como ha expresado la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no puede haber un doble estándar en las relaciones internacionales por el cual se exige a los Estados menos poderosos cumplir las obligaciones internacionales que los más poderosos simplemente se niegan a cumplir.
Quienes suscribimos la Carta de las Naciones Unidas, como países amantes de la paz, lo hicimos para dejar atrás esa lógica de poder que sólo ha llevado al conflicto y al enfrentamiento.
Lo hicimos porque confiamos en el imperio del derecho y la justicia internacional y en las Naciones Unidas como garantía de paz y seguridad para el mundo entero.
Héctor Timerman es Ministro de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto.
2 de abril de 2011
El 2 de abril honramos a los caídos y veteranos que, 29 años atrás, dejaron su vida o su juventud para recuperar lo que es nuestro en la Guerra de Malvinas.
Por Héctor Timerman
Ellos son dignos, hoy como siempre, de nuestro recuerdo, homenaje y permanente agradecimiento.
Sus acciones nos interpelan para continuar en la lucha, esta vez con las armas de la diplomacia, para recuperar el pleno ejercicio de nuestra soberanía sobre las islas Malvinas, las Georgias del Sur y las Sándwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes.
Dos días después de asumir como Canciller tuve el honor y privilegio de reafirmar ante las Naciones Unidas los derechos soberanos irrenunciables e imprescriptibles de la Argentina en la Cuestión de las Islas Malvinas, contando con el respaldo unánime del pueblo argentino en el marco del sólido e ininterrumpido reclamo que hace más de 178 años viene llevando adelante el Estado argentino contra el despojo al que fuimos sometidos por la usurpación del Reino Unido.
La Argentina no está sola en su reclamo. Numerosos organismos internacionales, foros regionales y birregionales han sumado sus voces a favor de la pronta solución de este diferendo, mediante negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido.
Entre otros, pueden mencionarse a la Organización de Estados Americanos, las Cumbres Iberoamericanas, el Grupo de los 77, las Cumbres de Países de América del Sur y Países Árabes (ASPA) y las Cumbres de Países de América del Sur y de África (ASA).
Quiero destacar la Cumbre de Países Latinoamericanos y del Caribe (CALC), que incluyó a las ex colonias británicas caribeñas, en febrero de 2010. Mención especial merece la firme postura de los países del MERCOSUR y de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), que además de expresar su solidaridad con la reivindicación de soberanía por parte de la Argentina, se han comprometido a adoptar medidas tendientes a evitar la consolidación de la situación colonial.
A ellos se agrega también el compromiso, demostrado con actos concretos, de nuestros hermanos brasileños, chilenos y uruguayos.
Ante lo mencionado, puedo afirmar que la Cuestión de las Islas Malvinas se ha convertido en una causa que afecta a la región, que ve con preocupación la búsqueda por parte del Reino Unido de recursos naturales en las áreas que controlan como colonias, reeditando la política de aprovechamiento y explotación de recursos que caracterizó su accionar tanto en nuestra América, como en Asia y África desde el siglo XVIII.
A esto se suma, de manera preocupante, el haber establecido una verdadera fortaleza militar en el Atlántico Sur, lo que constituye una afrenta a la vez que una amenaza para toda la región.
El Gobierno argentino reitera su permanente voluntad negociadora, dejando en claro que no es contrario a cooperar con el Reino Unido en aspectos prácticos que se derivan de la situación de hecho imperante en el Atlántico Sur, bajo el debido resguardo jurídico y con el objeto primordial de crear el marco propicio para que las dos partes puedan reanudar las negociaciones sobre el fondo de la cuestión.
Como ha expresado la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no puede haber un doble estándar en las relaciones internacionales por el cual se exige a los Estados menos poderosos cumplir las obligaciones internacionales que los más poderosos simplemente se niegan a cumplir.
Quienes suscribimos la Carta de las Naciones Unidas, como países amantes de la paz, lo hicimos para dejar atrás esa lógica de poder que sólo ha llevado al conflicto y al enfrentamiento.
Lo hicimos porque confiamos en el imperio del derecho y la justicia internacional y en las Naciones Unidas como garantía de paz y seguridad para el mundo entero.
Héctor Timerman es Ministro de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto.
viernes, 1 de abril de 2011
Estados Unidos quiso blanquear una de las armas secuestradas
Tiempo Argentino
1 de abril de 2011
Por Hernán Cocchi
La embajada estadounidense pidió este miércoles, cuando supo que trascendería que la PSA había incautado armamento de un vehículo con patente diplomática de ese país, la autorización para ingresar una carabina Browning 325.
La Embajada de los Estados Unidos pidió el miércoles a última hora la autorización para ingresar al país dos armas de fuego. Una de ellas es la carabina Browning 325 que el 23 de marzo fue secuestrada por dos agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en San Fernando. Dicho de otro modo, la representación extranjera intentó resolver el conflicto que generó la requisa de un arma no declarada en un auto con patente diplomática, intentando poner en regla casi un año más tarde la documentación del fusil.
Lo que el “contratista” de la embajada estadounidense no les dijo a los uniformados de la PSA es que la autorización para portar las armas que había recibido cuando ingresó al país había vencido el 18 de junio de 2010, y que la Argentina le había negado la extensión del permiso. El 20 de marzo de 2010, Matthew Steven Hankins entró al país con una escopeta Benelli calibre 12 y una carabina Browning calibre 325. La escopeta no fue hallada en el BMW. El otro fusil secuestrado es un Tikka T3 calibre 300 que habría sido comprado a un argentino.
Ayer trascendió que la embajada habría informado a la Cancillería sobre el incidente ocurrido en el ingreso del Aeropuerto de San Fernando hace nueve días. Sin embargo, Tiempo Argentino pudo comprobar que la comunicación oficial no existió a pesar de que la agregada de prensa diplomática, Shannon Farrell, intentó bajar el tono al caso.
El permiso otorgado a Hankins por la Argentina para el ingreso de dos armas de su propiedad al país venció el 18 de junio de 2010. El “contratista” estadounidense pidió la extensión temporaria y alegó que estaba trabajando para la Embajada de los Estados Unidos y que estaba tramitando la radicación ante migraciones. El Registro Nacional de Armas (RENAR) no accedió al pedido e intimó a Hankins a entregar los fusiles al organismo estatal encargado del registro de armas de fuego y de entregar los permisos para la tenencia y portación. La falta de respuesta del estadounidense determinó que se inicie un sumario administrativo. En resumen, Hankins sumaba varias irregularidades. Fuentes judiciales anticiparon que la semana próxima podría haber novedades en la causa radicada en el juzgado de Conrado Bergesio por la violación del artículo 189 bis del Código Penal, que prohíbe la posesión, el uso y el transporte de armas, municiones y explosivos sin el permiso correspondiente y la documentación que acredite la titularidad. El precio de este fusil usado ronda los 2500 dólares.
El segundo rifle –Tikka T3– está inscripto en el RENAR a nombre de Germán Darío Balegno, quien presuntamente le habría vendido el arma a Hankins. Sin embargo, el trámite de transferencia obligatorio no fue completado.
Había un detalle en el que el “contratista” estadounidense no mintió. Efectivamente contaba con visa diplomática como funcionario administrativo de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina. Sin embargo, al momento del ingreso al país, Hankins no invocó su calidad y realizó el trámite por el fusil Browning y la escopeta Benelli como un ciudadano común.
En el gobierno nacional mantuvieron silencio en torno al caso. “Es un tema judicial”, respondió a este diario un funcionario cercano a la presidenta Cristina Fernández. Sin embargo, los detalles del incidente del pasado 23 de marzo fueron seguidos con atención.
Tal como anticipó Tiempo en su edición de ayer, los fusiles fueron secuestrados por dos agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria durante un control de ingreso y egreso al Aeropuerto Internacional de San Fernando el 23 de marzo. Steven Matthew Hankins manejaba un BMW con patente PA-6837. Ante el pedido de los uniformados, el ciudadano estadounidense se negó a abrir el baúl amparándose en la inmunidad diplomática que, en ese momento, no pudo documentar.
Entonces, uno de los efectivos observó que en el asiento trasero del vehículo había dos fundas de tela similares a las utilizadas para proteger armas de caza y se comunicaron con el jefe de turno, quien se hizo cargo del operativo. Los rayos X demostraron que se trataba de dos fusiles con mira telescópica, junto a unas 30 balas. Puede que el ciudadano estadounidense no lo sepa, pero la ley argentina obliga a llevar las armas de fuego descargadas, separadas de la munición y guardadas para evitar que puedan ser identificadas a simple vista.
El presunto mecánico de aviones intentó explicar con “un idioma español precario” (así figura en las actas de la PSA) que las utilizaba para cazar pero que había olvidado los papeles en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires.
Inmediatamente, el jefe de turno informó del altercado al juzgado de Bergesio, desde donde se ordenó tomar fotografías tanto de las armas como del vehículo. Lo que llamó la atención fue la aclaración de que nadie le tome una fotografía a Hankins, por lo que ni el juzgado ni la PSA cuentan con una imagen de la cara del infractor.
Durante el transcurso de la tarde de ese miércoles, el RENAR informó al secretario del juzgado que sólo una de las dos armas de fuego estaban registradas.
Inicialmente había trascendido que los fusiles habían sido devueltos al “contratista” de la Embajada de los Estados Unidos, pero este diario pudo confirmar que continúan en custodia de la justicia argentina hasta determinar cómo avanzará la causa. En concreto, el fiscal Sebastián Basso deberá decidir si le pide al juez la imputación de Hankins por tenencia y portación ilegal de armas de fuego, un delito penado con prisión de uno a cuatro años y una multa de entre 1000 y 10 mil pesos.
1 de abril de 2011
Por Hernán Cocchi
La embajada estadounidense pidió este miércoles, cuando supo que trascendería que la PSA había incautado armamento de un vehículo con patente diplomática de ese país, la autorización para ingresar una carabina Browning 325.
La Embajada de los Estados Unidos pidió el miércoles a última hora la autorización para ingresar al país dos armas de fuego. Una de ellas es la carabina Browning 325 que el 23 de marzo fue secuestrada por dos agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en San Fernando. Dicho de otro modo, la representación extranjera intentó resolver el conflicto que generó la requisa de un arma no declarada en un auto con patente diplomática, intentando poner en regla casi un año más tarde la documentación del fusil.
Lo que el “contratista” de la embajada estadounidense no les dijo a los uniformados de la PSA es que la autorización para portar las armas que había recibido cuando ingresó al país había vencido el 18 de junio de 2010, y que la Argentina le había negado la extensión del permiso. El 20 de marzo de 2010, Matthew Steven Hankins entró al país con una escopeta Benelli calibre 12 y una carabina Browning calibre 325. La escopeta no fue hallada en el BMW. El otro fusil secuestrado es un Tikka T3 calibre 300 que habría sido comprado a un argentino.
Ayer trascendió que la embajada habría informado a la Cancillería sobre el incidente ocurrido en el ingreso del Aeropuerto de San Fernando hace nueve días. Sin embargo, Tiempo Argentino pudo comprobar que la comunicación oficial no existió a pesar de que la agregada de prensa diplomática, Shannon Farrell, intentó bajar el tono al caso.
El permiso otorgado a Hankins por la Argentina para el ingreso de dos armas de su propiedad al país venció el 18 de junio de 2010. El “contratista” estadounidense pidió la extensión temporaria y alegó que estaba trabajando para la Embajada de los Estados Unidos y que estaba tramitando la radicación ante migraciones. El Registro Nacional de Armas (RENAR) no accedió al pedido e intimó a Hankins a entregar los fusiles al organismo estatal encargado del registro de armas de fuego y de entregar los permisos para la tenencia y portación. La falta de respuesta del estadounidense determinó que se inicie un sumario administrativo. En resumen, Hankins sumaba varias irregularidades. Fuentes judiciales anticiparon que la semana próxima podría haber novedades en la causa radicada en el juzgado de Conrado Bergesio por la violación del artículo 189 bis del Código Penal, que prohíbe la posesión, el uso y el transporte de armas, municiones y explosivos sin el permiso correspondiente y la documentación que acredite la titularidad. El precio de este fusil usado ronda los 2500 dólares.
El segundo rifle –Tikka T3– está inscripto en el RENAR a nombre de Germán Darío Balegno, quien presuntamente le habría vendido el arma a Hankins. Sin embargo, el trámite de transferencia obligatorio no fue completado.
Había un detalle en el que el “contratista” estadounidense no mintió. Efectivamente contaba con visa diplomática como funcionario administrativo de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina. Sin embargo, al momento del ingreso al país, Hankins no invocó su calidad y realizó el trámite por el fusil Browning y la escopeta Benelli como un ciudadano común.
En el gobierno nacional mantuvieron silencio en torno al caso. “Es un tema judicial”, respondió a este diario un funcionario cercano a la presidenta Cristina Fernández. Sin embargo, los detalles del incidente del pasado 23 de marzo fueron seguidos con atención.
Tal como anticipó Tiempo en su edición de ayer, los fusiles fueron secuestrados por dos agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria durante un control de ingreso y egreso al Aeropuerto Internacional de San Fernando el 23 de marzo. Steven Matthew Hankins manejaba un BMW con patente PA-6837. Ante el pedido de los uniformados, el ciudadano estadounidense se negó a abrir el baúl amparándose en la inmunidad diplomática que, en ese momento, no pudo documentar.
Entonces, uno de los efectivos observó que en el asiento trasero del vehículo había dos fundas de tela similares a las utilizadas para proteger armas de caza y se comunicaron con el jefe de turno, quien se hizo cargo del operativo. Los rayos X demostraron que se trataba de dos fusiles con mira telescópica, junto a unas 30 balas. Puede que el ciudadano estadounidense no lo sepa, pero la ley argentina obliga a llevar las armas de fuego descargadas, separadas de la munición y guardadas para evitar que puedan ser identificadas a simple vista.
El presunto mecánico de aviones intentó explicar con “un idioma español precario” (así figura en las actas de la PSA) que las utilizaba para cazar pero que había olvidado los papeles en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires.
Inmediatamente, el jefe de turno informó del altercado al juzgado de Bergesio, desde donde se ordenó tomar fotografías tanto de las armas como del vehículo. Lo que llamó la atención fue la aclaración de que nadie le tome una fotografía a Hankins, por lo que ni el juzgado ni la PSA cuentan con una imagen de la cara del infractor.
Durante el transcurso de la tarde de ese miércoles, el RENAR informó al secretario del juzgado que sólo una de las dos armas de fuego estaban registradas.
Inicialmente había trascendido que los fusiles habían sido devueltos al “contratista” de la Embajada de los Estados Unidos, pero este diario pudo confirmar que continúan en custodia de la justicia argentina hasta determinar cómo avanzará la causa. En concreto, el fiscal Sebastián Basso deberá decidir si le pide al juez la imputación de Hankins por tenencia y portación ilegal de armas de fuego, un delito penado con prisión de uno a cuatro años y una multa de entre 1000 y 10 mil pesos.
La doble vara del imperio
Tiempo Argentino
1 de abril de 2011
Por Roberto Caballero Director.
Después de que Tiempo Argentino, en una impecable nota de Hernán Cocchi publicada ayer, revelara que un ciudadano estadounidense, en un auto diplomático, quiso ingresar dos armas largas a la zona de seguridad en el aeropuerto de San Fernando de modo injustificado, sin permiso de portación y dando un domicilio irreal como referencia, la portavoz de la embajada de los EE UU en Buenos Aires, Shannon Farrell, salió a minimizar el hecho, por demás dudoso: “Hasta el momento (Matthew Steven Hawking -o Hankins-, el hombre que se presentó como “mecánico aeronáutico” cuando se le descubrieron las armas) no está acusado de ningún delito”. Para Farrell, como se ve, se trató de un incidente menor. Así fue tomado, incluso, por Clarín.com, único medio con el que habló, pese a los insistentes llamados de diarios y radios nacionales. “La Embajada le baja el tono a un incidente con un ciudadano estadounidense”, tituló el sitio. ¿Recuerdan el cable de WikiLeaks que hablaba de los “periodistas cautivos” de la misma misión diplomática?
La postura de la vocera sería lógica, y hasta entendible, si se ignorara, el contexto en el que se produjo este último secuestro: a mediados de febrero, una misión militar estadounidense quiso ingresar al país armas, drogas y equipos de comunicación no declarados en una valija sellada, infringiendo el Código Aduanero.
Desde entonces, algunos incontinentes funcionarios del Departamento de Estado y hasta el mismísimo presidente Barack Obama, en una forzada entrevista, convirtieron el asunto –por despliegue y uso de adjetivos poco felices–, en un supuesto conflicto entre ambas naciones cuya magnitud pareció equipararse, casi, al desafío de Trípoli a las fuerzas de la OTAN.
Llama la atención la evidente doble vara con la que Farrell y sus mandantes se refirieron a ambos casos: lo del avión fue “gravísimo” y lo de las armas largas de San Fernando del misterioso Hankins (o Hawking), algo aislado y sin importancia. Quizá no haya que cargar contra la portavoz. En este caso, como en tantos otros, la distorsión mediática de diarios como Clarín y La Nación puede haber hecho su parte. Al fin de cuentas, las palabras de Obama sobre la valija fueron obtenidas, con no poco esfuerzo, por Andrés Oppenheimer, columnista del diario de los Mitre y del Miami Herald, en un encuentro donde se habló de muchos otros temas, la mayoría más interesantes.
Pongamos bajo un manto de piedad las palabras de Farrell y confiemos en que la amplificación del absurdo corrió sólo por cuenta de los medios hegemónicos, los mismos que festejan cuando el presidente de los EE UU visita Brasil y desaira a la Argentina.
Es mejor ser bien pensados. Quizá mañana o pasado los EE UU pidan disculpas formales por el incidente Hankins.
Si no habría que admitir que las históricas prácticas imperiales de Washington para la región están resurgiendo con tanta intensidad como descaro, en una suerte de dejà vu de las “relaciones carnales” de los ’90.
En ese caso, la respuesta argentina bien podría ser exigirles visa a los estadounidenses que visitan nuestro país.
Como hizo Lula en su momento. Y no entró en el Eje del Mal por eso. Al contrario: hasta Macri y Duhalde lo ponen como ejemplo.
1 de abril de 2011
Por Roberto Caballero Director.
Después de que Tiempo Argentino, en una impecable nota de Hernán Cocchi publicada ayer, revelara que un ciudadano estadounidense, en un auto diplomático, quiso ingresar dos armas largas a la zona de seguridad en el aeropuerto de San Fernando de modo injustificado, sin permiso de portación y dando un domicilio irreal como referencia, la portavoz de la embajada de los EE UU en Buenos Aires, Shannon Farrell, salió a minimizar el hecho, por demás dudoso: “Hasta el momento (Matthew Steven Hawking -o Hankins-, el hombre que se presentó como “mecánico aeronáutico” cuando se le descubrieron las armas) no está acusado de ningún delito”. Para Farrell, como se ve, se trató de un incidente menor. Así fue tomado, incluso, por Clarín.com, único medio con el que habló, pese a los insistentes llamados de diarios y radios nacionales. “La Embajada le baja el tono a un incidente con un ciudadano estadounidense”, tituló el sitio. ¿Recuerdan el cable de WikiLeaks que hablaba de los “periodistas cautivos” de la misma misión diplomática?
La postura de la vocera sería lógica, y hasta entendible, si se ignorara, el contexto en el que se produjo este último secuestro: a mediados de febrero, una misión militar estadounidense quiso ingresar al país armas, drogas y equipos de comunicación no declarados en una valija sellada, infringiendo el Código Aduanero.
Desde entonces, algunos incontinentes funcionarios del Departamento de Estado y hasta el mismísimo presidente Barack Obama, en una forzada entrevista, convirtieron el asunto –por despliegue y uso de adjetivos poco felices–, en un supuesto conflicto entre ambas naciones cuya magnitud pareció equipararse, casi, al desafío de Trípoli a las fuerzas de la OTAN.
Llama la atención la evidente doble vara con la que Farrell y sus mandantes se refirieron a ambos casos: lo del avión fue “gravísimo” y lo de las armas largas de San Fernando del misterioso Hankins (o Hawking), algo aislado y sin importancia. Quizá no haya que cargar contra la portavoz. En este caso, como en tantos otros, la distorsión mediática de diarios como Clarín y La Nación puede haber hecho su parte. Al fin de cuentas, las palabras de Obama sobre la valija fueron obtenidas, con no poco esfuerzo, por Andrés Oppenheimer, columnista del diario de los Mitre y del Miami Herald, en un encuentro donde se habló de muchos otros temas, la mayoría más interesantes.
Pongamos bajo un manto de piedad las palabras de Farrell y confiemos en que la amplificación del absurdo corrió sólo por cuenta de los medios hegemónicos, los mismos que festejan cuando el presidente de los EE UU visita Brasil y desaira a la Argentina.
Es mejor ser bien pensados. Quizá mañana o pasado los EE UU pidan disculpas formales por el incidente Hankins.
Si no habría que admitir que las históricas prácticas imperiales de Washington para la región están resurgiendo con tanta intensidad como descaro, en una suerte de dejà vu de las “relaciones carnales” de los ’90.
En ese caso, la respuesta argentina bien podría ser exigirles visa a los estadounidenses que visitan nuestro país.
Como hizo Lula en su momento. Y no entró en el Eje del Mal por eso. Al contrario: hasta Macri y Duhalde lo ponen como ejemplo.
La sangre nunca seca
Tiempo Argentino
1 de abril de 2011
Por Juan Alonso Editor de Policiales.
Que el hijo del coronel que diseñó el operativo de inteligencia para ocultar el cadáver de Eva Perón en 1956, cuando el país era gobernado por Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Francisco Rojas, ahora –55 años después de aquellos fuegos– sea condenado a prisión perpetua como responsable de cinco asesinatos y 29 secuestros y tormentos en el campo de exterminio que regenteaba en la dictadura, no es un asunto casual.
Si bien el repaso de la historia no es lineal, lo cierto es que la sangre nunca seca. El relato de la vida de los hombres lo confirma con hechos concretos.
El coronel Héctor Cabanillas, padre de Eduardo, el genocida, murió en febrero de 1998. El diario La Nación –socio de Clarín en Papel Prensa y oficialista del terror tras el golpe del 24 de marzo de 1976– dio cuenta de su fallecimiento.
Cabanillas fue el jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) que planeó y ejecutó el ultraje del cuerpo de Evita con Juan Perón en el exilio y el peronismo perseguido y prohibido.
Bajo esa bruma de secretos insanos se crió el asesino de Orletti. Tuvo que soportar la noticia de la muerte de su padre bajo un clima espeso. No faltó quién afirmó que su papá se descerrajó un balazo por tanta culpa. Poco antes de irse de este mundo apareció en un documental dando cuenta del peregrinaje del cuerpo de Evita, a quien mandó a enterrar con el nombre falso de María Maggi de Magistris en Milán, bajo cuerda del Vaticano.
En esa empresa macabra estuvo implicado también otro personaje infame: el teniente coronel Carlos Eduardo Moori Koenig, que ultrajó el cadáver y lo mantuvo escondido dentro de un placard del SIE.
Papá Cabanillas obtuvo el desprecio infinito de Perón en 1971. Viajó a Madrid para entregar el cuerpo de Eva por orden de Agustín Lanusse. Pero Perón ni siquiera lo miró y se negó a estrecharle la mano, en un acto de rechazo a tanta infamia.
1 de abril de 2011
Por Juan Alonso Editor de Policiales.
Que el hijo del coronel que diseñó el operativo de inteligencia para ocultar el cadáver de Eva Perón en 1956, cuando el país era gobernado por Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Francisco Rojas, ahora –55 años después de aquellos fuegos– sea condenado a prisión perpetua como responsable de cinco asesinatos y 29 secuestros y tormentos en el campo de exterminio que regenteaba en la dictadura, no es un asunto casual.
Si bien el repaso de la historia no es lineal, lo cierto es que la sangre nunca seca. El relato de la vida de los hombres lo confirma con hechos concretos.
El coronel Héctor Cabanillas, padre de Eduardo, el genocida, murió en febrero de 1998. El diario La Nación –socio de Clarín en Papel Prensa y oficialista del terror tras el golpe del 24 de marzo de 1976– dio cuenta de su fallecimiento.
Cabanillas fue el jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) que planeó y ejecutó el ultraje del cuerpo de Evita con Juan Perón en el exilio y el peronismo perseguido y prohibido.
Bajo esa bruma de secretos insanos se crió el asesino de Orletti. Tuvo que soportar la noticia de la muerte de su padre bajo un clima espeso. No faltó quién afirmó que su papá se descerrajó un balazo por tanta culpa. Poco antes de irse de este mundo apareció en un documental dando cuenta del peregrinaje del cuerpo de Evita, a quien mandó a enterrar con el nombre falso de María Maggi de Magistris en Milán, bajo cuerda del Vaticano.
En esa empresa macabra estuvo implicado también otro personaje infame: el teniente coronel Carlos Eduardo Moori Koenig, que ultrajó el cadáver y lo mantuvo escondido dentro de un placard del SIE.
Papá Cabanillas obtuvo el desprecio infinito de Perón en 1971. Viajó a Madrid para entregar el cuerpo de Eva por orden de Agustín Lanusse. Pero Perón ni siquiera lo miró y se negó a estrecharle la mano, en un acto de rechazo a tanta infamia.
“Muchos países europeos van a recurrir a la solución argentina”
Tiempo Argentino
1 de abril de 2011
Cristina Fernández subrayó que la salida que adoptó el país tras la crisis de 2001 recibe elogios de “varios premios Nobel”. Y recordó que Paul Krugman respaldó el modelo “para superar situaciones de deudas estructurales”.
La presidenta Cristina Fernández defendió el camino que adoptó el país para superar la profunda crisis económico-social de diciembre de 2001, y advirtió que varios economistas, entre los que incluyó al Premio Nobel Paul Krugman, aconsejan a muchos países europeos adoptar la “solución argentina” para superar situaciones de endeudamiento estructural. La mandataria trazó el paralelo durante el almuerzo que ofreció ayer en la Cancillería para agasajar a su par de la República Checa, Václav Klaus, con quien antes mantuvo una reunión en la Casa de Gobierno.
El mandatario checo, de profesión economista, contestó el comentario con elogios a la política económica del gobierno y consideró que la Argentina “pudo encontrar una salida relativamente fácil a la crisis”.
“Las empresas checas tienen una gran interés de ampliar la colaboración económica con la Argentina”, subrayó. De inmediato, explicó que los acuerdos con las naciones de la Unión Europea “conllevan muchos riesgos” para su país porque “se encuentran afectados fuertemente por la recesión”. Y completó con una detallada argumentación: “El euro no permite que la tasa de cambio reaccione a la modificación de las condiciones económicas.”
En el mismo salón y acompañada por el canciller Héctor Timerman; el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; y el secretario general de la Presidencia, entre otros funcionarios, Cristina subrayó que, más allá de las potenciales diferencias de criterio, el encuentro con Klaus demostró “una misma idea sobre la importancia que tiene la Nación para poder desarrollarse y contar con los instrumentos necesarios” para cumplir con ese objetivo.
“Tiene una visión y una convicción acerca de cómo deben ser los roles de integración y también acerca de cómo se construye una Nación y el grado de independencia que deben tener de instrumentos básicos y fundamentales como su signo monetario”, razonó la presidenta.
En ese punto, Cristina reveló un tramo de la charla que había mantenido apenas unas horas antes en la Casa Rosada con su colega checo: “Cuando visitó el país en los ’90, le dijo a sus interlocutores que el sistema de paridad uno a uno no podía durar demasiado, y finalmente iba a explotar.”
1 de abril de 2011
Cristina Fernández subrayó que la salida que adoptó el país tras la crisis de 2001 recibe elogios de “varios premios Nobel”. Y recordó que Paul Krugman respaldó el modelo “para superar situaciones de deudas estructurales”.
La presidenta Cristina Fernández defendió el camino que adoptó el país para superar la profunda crisis económico-social de diciembre de 2001, y advirtió que varios economistas, entre los que incluyó al Premio Nobel Paul Krugman, aconsejan a muchos países europeos adoptar la “solución argentina” para superar situaciones de endeudamiento estructural. La mandataria trazó el paralelo durante el almuerzo que ofreció ayer en la Cancillería para agasajar a su par de la República Checa, Václav Klaus, con quien antes mantuvo una reunión en la Casa de Gobierno.
El mandatario checo, de profesión economista, contestó el comentario con elogios a la política económica del gobierno y consideró que la Argentina “pudo encontrar una salida relativamente fácil a la crisis”.
“Las empresas checas tienen una gran interés de ampliar la colaboración económica con la Argentina”, subrayó. De inmediato, explicó que los acuerdos con las naciones de la Unión Europea “conllevan muchos riesgos” para su país porque “se encuentran afectados fuertemente por la recesión”. Y completó con una detallada argumentación: “El euro no permite que la tasa de cambio reaccione a la modificación de las condiciones económicas.”
En el mismo salón y acompañada por el canciller Héctor Timerman; el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; y el secretario general de la Presidencia, entre otros funcionarios, Cristina subrayó que, más allá de las potenciales diferencias de criterio, el encuentro con Klaus demostró “una misma idea sobre la importancia que tiene la Nación para poder desarrollarse y contar con los instrumentos necesarios” para cumplir con ese objetivo.
“Tiene una visión y una convicción acerca de cómo deben ser los roles de integración y también acerca de cómo se construye una Nación y el grado de independencia que deben tener de instrumentos básicos y fundamentales como su signo monetario”, razonó la presidenta.
En ese punto, Cristina reveló un tramo de la charla que había mantenido apenas unas horas antes en la Casa Rosada con su colega checo: “Cuando visitó el país en los ’90, le dijo a sus interlocutores que el sistema de paridad uno a uno no podía durar demasiado, y finalmente iba a explotar.”
Una condena que atraviesa fronteras
Página 12
1 de abril de 2011
Eduardo Cabanillas, Honorio Martínez Ruiz, Eduardo Alfredo Ruffo y Raúl Guglielminetti fueron juzgados por los crímenes cometidos en el centro de exterminio en el que operaba la SIDE y fue base del Plan Cóndor en Argentina.
Por Alejandra Dandan
Terminaban de oírse las condenas. Los cuatro acusados del centro clandestino que funcionó en Automotores Orletti se pararon después de escuchar la sentencia. En la parte de arriba de la sala, atiborrada sobre todo por las mujeres de los represores, se pusieron a cantar el Himno, como hacen en cada juicio. Abajo, en la sala, entre los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo, los hijos de los desaparecidos del centro de exterminio que fue base del Plan Cóndor en Argentina, entre los sobrevivientes, muchos llegados especialmente desde Uruguay, sonó el “Olé Olé” del “A dónde vayan los iremos a buscar”. Entonces, lentamente y en silencio empezaron a sonar, vivos, los nombres de los desaparecidos: ¡Gerardo Gatti! ¡Presente! ¡Dardo Zelarayán! Presente. ¡María del Carmen Pérez! ¡Presente! ¡Marcelo Gelman! ¡Presente!
El fallo del Tribunal Oral Federal 1, integrado por los jueces Jorge Gettas, Adrián Grumberg y Oscar Amirante, tuvo características históricas: entre otras cosas porque dio por probada la privación ilegal de 65 víctimas del Plan Cóndor, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. En términos generales, respondió además a los pedidos planteados por las querellantes de los organismos de derechos humanos que representan a las víctimas y al de la fiscalía de Guillermo Friele y Mercedes Soysa Reilly. Sólo en el caso de Raúl Guglielminetti la pena fue más leve: habían pedido 25 años de prisión y el TOF dio 20 años. Aun así, cada quien consideró que fue una de las condenas más duras: Guglielminetti, que era agente del 601 y operó en distintos centros clandestinos, estuvo en 1976 en Orletti, pero se lo juzgó por su actuación sólo durante cinco días. El TOF le imputó 20 años por 25 casos.
La lectura de la sentencia empezó minutos antes de las siete de la tarde. A esa altura se habían sentado los cuatro acusados. Eduardo Cabanillas, el único acusado con grado militar, ex general, que operó como jefe del OT18 –en la práctica el centro clandestino–, entró con traje y corbata, saludando como en un estadio, con los brazos en alto y tirando besos al aire. Lo siguieron Honorio Martínez Ruiz y Eduardo Alfredo Ruffo, los dos agentes de la SIDE, la mano de obra del centro de exterminio. Al final entró Guglielminetti, el agente del 601, ya condenado por su intervención en el circuito del Atlético Banco y Olimpo.
Arriba, entre las mujeres, Cecilia Pando le decía a una de sus colegas que se quedara en su asiento. La mujer estaba parada y a punto de armar un escándalo porque desde las pantallas veía entre el público a los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo. Metros atrás, murmuraba Bernardo Menéndez. Condenado a prisión perpetua en la causa de los Jefes de Area y quien sigue en libertad por cuestiones procesales, hasta hace unas semanas trabajó de abogado del ex militar Rubén Visuara, ahora muerto, pero quien fue jefe de Cabanillas en la estructura represiva que dependía orgánicamente de la SIDE de Otto Paladino.
Cuando todo el mundo ocupó su lugar, Gettas, presidente del tribunal, leyó la sentencia. Pese a que aún no se conocen los fundamentos, el TOF liberó a los represores de algunos cargos al parecer porque equiparó los tormentos sólo a la figura de la tortura física, una definición que los acusadores creen acotada porque no contempla aspectos como el encierro, la alimentación y las demás características que se les impuso a los prisioneros durante su cautiverio.
El fallo
Cabanillas fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por cinco homicidios. Le imputaron además la privación ilegal de la libertad agravada, reiterada en 29 oportunidades, cuatro de las cuales se extendieron durante más de 30 días.
Fue el único de los cuatro que recibió perpetua, porque es el único condenado por homicidios. Fue acusado por los asesinatos de lo que se conoce como los cinco tambores del río Luján, un grupo de prisioneros de Orletti arrojados allí en octubre de 1976 y descubiertos por un prefecto e identificados en 1989. Entre ellos estaban muchos de los nombres que se gritaron a la noche en la sala de audiencias: los mellizos Gustavo y Ricardo Gayá, Marcelo Gelman, Dardo Albeano Zelarayán y Ana María del Carmen Pérez, arrojada con un tiro en la panza, con un embarazo de nueve meses, la única embarazada encontrada hasta aquí en ese estado, según explicaron durante el debate los integrantes del Equipo de Antropología Forense.
En ese escenario, lo que a ojos de la fiscalía, el TOF dio por probado en cuanto a Cabanillas son no sólo los hechos, sino su rol: operó como jefe del OT18, como autor intermedio o nexo de la cadena de mandos que hacia arriba tenía a Visuara y a Otto Paladino y hacia abajo a la patota operativa o autores directos, integrada por Aníbal Gordon, que ya está muerto, a Ruffo, Martínez Ruiz y a Guglielminetti.
La salida
–Señores –dijo el presidente del TOF–, el juicio ha terminado.
En la sala estaban muchos de los que habían sido testigos durante las audiencias, las víctimas, los abogados. Los HIJOS. El Tano Santucho corrió a abrazar a la uruguaya Sara Méndez, y una voz empezó a recorrerlo todo, anunciando que ayer era además el día de su cumpleaños. Sara estuvo secuestrada en Orletti y le robaron a su hijo Simón, a quien recuperó después de veinte años. “Yo siempre digo que la justicia cuando llega tarde no es justicia –dijo–, porque con la extensión de los años se alarga la impunidad, pero en este caso es un paso más, y es la lucha lo importante.” Otra de las uruguayas caminaba hacia la salida. Iba a sumarse al escenario de HIJOS que trasmitió lo que sucedía en el interior. “Creo que es importante”, decía Elba Rama. Ella viajó de Uruguay especialmente para escuchar la sentencia. Quería estar, hacerse presente, como un reconocimiento al colectivo de quienes llevaron adelante el juicio, a la fiscalía, dijo, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Elba estuvo en Orletti con Carlos y Manuela Santucho. Estuvo detenida del centro clandestino que funcionó en la SIDE uruguaya poco después con María Claudia García Irureta Goyena, la madre de Macarena Gelman.
Afuera, frente al edificio de tribunales de Comodoro Py, Edy Binstock abrazaba a uno de los hijos de los Gayá. En el escenario, una de las madres de Plaza de Mayo habló de los juicios. Blanca Santucho dio vueltas entre los familiares. Alguien cantó el feliz cumpleaños para Sara.
1 de abril de 2011
Eduardo Cabanillas, Honorio Martínez Ruiz, Eduardo Alfredo Ruffo y Raúl Guglielminetti fueron juzgados por los crímenes cometidos en el centro de exterminio en el que operaba la SIDE y fue base del Plan Cóndor en Argentina.
Por Alejandra Dandan
Terminaban de oírse las condenas. Los cuatro acusados del centro clandestino que funcionó en Automotores Orletti se pararon después de escuchar la sentencia. En la parte de arriba de la sala, atiborrada sobre todo por las mujeres de los represores, se pusieron a cantar el Himno, como hacen en cada juicio. Abajo, en la sala, entre los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo, los hijos de los desaparecidos del centro de exterminio que fue base del Plan Cóndor en Argentina, entre los sobrevivientes, muchos llegados especialmente desde Uruguay, sonó el “Olé Olé” del “A dónde vayan los iremos a buscar”. Entonces, lentamente y en silencio empezaron a sonar, vivos, los nombres de los desaparecidos: ¡Gerardo Gatti! ¡Presente! ¡Dardo Zelarayán! Presente. ¡María del Carmen Pérez! ¡Presente! ¡Marcelo Gelman! ¡Presente!
El fallo del Tribunal Oral Federal 1, integrado por los jueces Jorge Gettas, Adrián Grumberg y Oscar Amirante, tuvo características históricas: entre otras cosas porque dio por probada la privación ilegal de 65 víctimas del Plan Cóndor, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. En términos generales, respondió además a los pedidos planteados por las querellantes de los organismos de derechos humanos que representan a las víctimas y al de la fiscalía de Guillermo Friele y Mercedes Soysa Reilly. Sólo en el caso de Raúl Guglielminetti la pena fue más leve: habían pedido 25 años de prisión y el TOF dio 20 años. Aun así, cada quien consideró que fue una de las condenas más duras: Guglielminetti, que era agente del 601 y operó en distintos centros clandestinos, estuvo en 1976 en Orletti, pero se lo juzgó por su actuación sólo durante cinco días. El TOF le imputó 20 años por 25 casos.
La lectura de la sentencia empezó minutos antes de las siete de la tarde. A esa altura se habían sentado los cuatro acusados. Eduardo Cabanillas, el único acusado con grado militar, ex general, que operó como jefe del OT18 –en la práctica el centro clandestino–, entró con traje y corbata, saludando como en un estadio, con los brazos en alto y tirando besos al aire. Lo siguieron Honorio Martínez Ruiz y Eduardo Alfredo Ruffo, los dos agentes de la SIDE, la mano de obra del centro de exterminio. Al final entró Guglielminetti, el agente del 601, ya condenado por su intervención en el circuito del Atlético Banco y Olimpo.
Arriba, entre las mujeres, Cecilia Pando le decía a una de sus colegas que se quedara en su asiento. La mujer estaba parada y a punto de armar un escándalo porque desde las pantallas veía entre el público a los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo. Metros atrás, murmuraba Bernardo Menéndez. Condenado a prisión perpetua en la causa de los Jefes de Area y quien sigue en libertad por cuestiones procesales, hasta hace unas semanas trabajó de abogado del ex militar Rubén Visuara, ahora muerto, pero quien fue jefe de Cabanillas en la estructura represiva que dependía orgánicamente de la SIDE de Otto Paladino.
Cuando todo el mundo ocupó su lugar, Gettas, presidente del tribunal, leyó la sentencia. Pese a que aún no se conocen los fundamentos, el TOF liberó a los represores de algunos cargos al parecer porque equiparó los tormentos sólo a la figura de la tortura física, una definición que los acusadores creen acotada porque no contempla aspectos como el encierro, la alimentación y las demás características que se les impuso a los prisioneros durante su cautiverio.
El fallo
Cabanillas fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por cinco homicidios. Le imputaron además la privación ilegal de la libertad agravada, reiterada en 29 oportunidades, cuatro de las cuales se extendieron durante más de 30 días.
Fue el único de los cuatro que recibió perpetua, porque es el único condenado por homicidios. Fue acusado por los asesinatos de lo que se conoce como los cinco tambores del río Luján, un grupo de prisioneros de Orletti arrojados allí en octubre de 1976 y descubiertos por un prefecto e identificados en 1989. Entre ellos estaban muchos de los nombres que se gritaron a la noche en la sala de audiencias: los mellizos Gustavo y Ricardo Gayá, Marcelo Gelman, Dardo Albeano Zelarayán y Ana María del Carmen Pérez, arrojada con un tiro en la panza, con un embarazo de nueve meses, la única embarazada encontrada hasta aquí en ese estado, según explicaron durante el debate los integrantes del Equipo de Antropología Forense.
En ese escenario, lo que a ojos de la fiscalía, el TOF dio por probado en cuanto a Cabanillas son no sólo los hechos, sino su rol: operó como jefe del OT18, como autor intermedio o nexo de la cadena de mandos que hacia arriba tenía a Visuara y a Otto Paladino y hacia abajo a la patota operativa o autores directos, integrada por Aníbal Gordon, que ya está muerto, a Ruffo, Martínez Ruiz y a Guglielminetti.
La salida
–Señores –dijo el presidente del TOF–, el juicio ha terminado.
En la sala estaban muchos de los que habían sido testigos durante las audiencias, las víctimas, los abogados. Los HIJOS. El Tano Santucho corrió a abrazar a la uruguaya Sara Méndez, y una voz empezó a recorrerlo todo, anunciando que ayer era además el día de su cumpleaños. Sara estuvo secuestrada en Orletti y le robaron a su hijo Simón, a quien recuperó después de veinte años. “Yo siempre digo que la justicia cuando llega tarde no es justicia –dijo–, porque con la extensión de los años se alarga la impunidad, pero en este caso es un paso más, y es la lucha lo importante.” Otra de las uruguayas caminaba hacia la salida. Iba a sumarse al escenario de HIJOS que trasmitió lo que sucedía en el interior. “Creo que es importante”, decía Elba Rama. Ella viajó de Uruguay especialmente para escuchar la sentencia. Quería estar, hacerse presente, como un reconocimiento al colectivo de quienes llevaron adelante el juicio, a la fiscalía, dijo, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Elba estuvo en Orletti con Carlos y Manuela Santucho. Estuvo detenida del centro clandestino que funcionó en la SIDE uruguaya poco después con María Claudia García Irureta Goyena, la madre de Macarena Gelman.
Afuera, frente al edificio de tribunales de Comodoro Py, Edy Binstock abrazaba a uno de los hijos de los Gayá. En el escenario, una de las madres de Plaza de Mayo habló de los juicios. Blanca Santucho dio vueltas entre los familiares. Alguien cantó el feliz cumpleaños para Sara.
Al teniente general Balza: de Orletti y el general Cabanillas
Página 12
1 de abril de 2011
El 4 de abril de 1999, Juan Gelman reveló el pasado de Eduardo Cabanillas –en ese entonces general en actividad– en una contratapa publicada en este diario. Aquí se reproduce aquella nota, la primera de una serie de denuncias que ayer terminaron en su condena.
Por Juan Gelman
Señor teniente general Martín Balza: tiene usted bajo su mando inmediato a uno de los responsables mediatos del robo de mi nieta o nieto nacida/nacido en cautiverio. Se trata del general Eduardo Rodolfo Cabanillas, comandante del Segundo Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario. Como usted no ignora, ese delito es imprescriptible. ¿Piensa hacer algo al respecto?
Un sumario de la justicia de instrucción militar caratulado “Comando de la IVta. Brigada de Infantería Aerotransportada, Letra: 417; Nro.: 0035; Cde: 1” recoge las declaraciones que ante el juez de la institución José Herman Llera formuló el 17 de noviembre de 1977 el entonces capitán Eduardo Rodolfo Cabanillas. La causa se inició por el secuestro extorsivo que la banda de Aníbal Gordon perpetró el 24 de julio de ese año contra el empresario Pedro León Zavalía, quien contaba al parecer –como en muy pocos otros casos de esa naturaleza– con los contactos jerárquicos necesarios para que el hecho pasara a la justicia militar. Aníbal Gordon era jefe de los “inorgánicos” que cobraban sueldo de la SIDE y operaban en “Automotores Orletti”, centro clandestino de detención que fue polo de la Operación Cóndor en la Argentina.
El hoy general Cabanillas declara en dicho sumario (pág. 146 y ss) “que se desempeñó como segundo jefe de la OT 18, ya que como dijera anteriormente el jefe lo era el mayor Calmon, realizando Actividades Especiales de Inteligencia ordenadas por la SIDE”. Agrega que prestó allí servicios “desde mediados del año mil novecientos setentiséis hasta el mes de diciembre de ese mismo año”. Señalo a su atención, señor teniente general Martín Balza, dos elementos de ese testimonio que hacen directamente al tema que me ocupa. La OT 18 fue una base operativa que se instaló primero en la calle Bacacay y luego en la calle Venancio Flores de esta capital, en “Automotores Orletti”. El segundo elemento es el período en que el declarante se desempeñó en la SIDE como subjefe de la OT 18. Durante ese lapso, exactamente el 24 de agosto de 1976, mi hijo Marcelo Ariel y su esposa María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, de 20 y 19 años de edad, fueron secuestrados en su domicilio por personal de Orletti y llevados a ese campo de concentración. Mi nuera estaba embarazada y durante ese lapso, exactamente el 7 de octubre de 1976, fue vista por un sobreviviente: María Claudia estaba en esa fecha encinta de 8 meses y medio, no había sido torturada y todo indica que su bebé ya estaba destinado a una pareja de apropiadores. No hay dudas de que mi nuera dio a luz durante el período en que el capitán Cabanillas se desempeñó como subjefe de la OT 18. Supongo, señor teniente general, que coincidirá conmigo en que al general Cabanillas le cabe una responsabilidad en la entrega de mi nieta o nieto a manos extrañas a mi familia. ¿Piensa usted hacer algo al respecto?
En el mismo sumario (pág. 279 y ss) el teniente coronel (RE) Juan Ramón Nieto Moreno confirma que la OT 18 “se constituyó por orden del entonces secretario de Inteligencia de Estado, general don Otto Carlos Paladino”, que su personal era una mezcla de “inorgánicos” al mando de Aníbal Gordon –(a) El Viejo, (a) coronel Silva, (a) Ezcurra, otros alias– y de “orgánicos” o agentes de la SIDE como Eduardo Alfredo Ruffo y Juan Rodríguez, que éstos dependieron primero del vicecomodoro Guillamondegui –a su vez bajo las órdenes del coronel Carlos A. Mitchell– “y posteriormente de los entonces capitanes Calmon y Cabanillas”, y que los efectivos de esa base ejecutaban los blancos operacionales fijados por el Departamento de Contrainteligencia de la SIDE que el declarante dirigió desde el 20 de enero de 1975 hasta el 8 de octubre de 1977. Esos “blancos operacionales” comprendieron a mi hijo, asesinado de un tiro en la nuca a menos de medio metro de distancia y cuyos restos aparecieron trece años después; a mi nuera desaparecida y a su bebé robado.
La vida social del capitán Cabanillas tuvo ribetes peculiares. Era “muy amigo” –dijo– del mayor Alberto Juan Hubert (sospechado de haber ayudado a Gordon en la comisión del secuestro extorsivo) hasta el punto de que “ambos son padrinos de sus respectivos hijos”. Interrogado por el juez de instrucción militar acerca de una fiesta de despedida en honor del general Paladino por su pase a retiro, del mayor Calmon y de él mismo por el pase de ambos a la Escuela Superior de Guerra, el capitán Cabanillas declara que tuvo lugar en un carrito de la Costanera llamado “Años Locos”, que “recuerda se hallaban presentes el señor general Paladino, jefe de la SIDE; el teniente coronel Visuara (jefe del mayor Calmon); el teniente coronel Nieto Moreno, jefe del Servicio de Contrainteligencia de la SIDE; el mayor Calmon, de la OT 18; oficiales del ejército uruguayo y chileno que estaban ‘en comisión’ (sic) en la SIDE (la Operación Cóndor, ¿no es cierto, señor teniente general?); y además personal civil contratado y orgánico de la SIDE que cumplían tareas en la OT 18 a quienes sólo conocía por nombres de guerra, tales como Aníbal, Zapato, Gallego, Paqui, Cornalito, Puma, León, Pájaro, Dondin, y otros”. Es decir, otros secuestradores, torturadores, asesinos y ladrones de bebés de Orletti. El capitán Cabanillas agrega que “la mayoría de ellos concurrieron con sus respectivas señoras esposas”, que en total habrían asistido unas 80 personas y que la fiesta fue organizada por “Aníbal”, a quien dos respuestas más adelante le encuentra el apellido: Gordon. El declarante, como quien dice, se codeaba.
¿Acaso el general Cabanillas no sabe lo que supo el capitán Cabanillas? ¿Y qué piensa hacer al respecto, señor teniente general Martín Balza? Poco le costaría, por ejemplo, consultar la causa que menciono: es la 4 I 70035/1 y se encuentra en los archivos judiciales del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, carpeta 10720, expediente 80739. A usted compete la responsabilidad de que los seis cuerpos de la causa no desaparezcan. También la de leerlos: atañen a su subordinado inmediato, nada menos que comandante de un cuerpo de Ejército.
En su notorio discurso del 25 de abril de 1995 ofreció usted a los familiares de las víctimas de la dictadura militar “respeto, silencio ante el dolor y el compromiso de todo mi esfuerzo para un futuro que no repita el pasado”. Pero, ¿cómo impedir la repetición del pasado si se lo aplasta con impunidad y silencio? El dolor necesita palabras. Hable, señor teniente general. A usted le será mucho más fácil que a mí averiguar el destino de María Claudia y su bebé. Tiene acceso a todos los medios para ello. Si no lo hiciere, procure evitar el castigo del insomnio: el no sueño de la mala conciencia es un territorio devastado por la muerte.
1 de abril de 2011
El 4 de abril de 1999, Juan Gelman reveló el pasado de Eduardo Cabanillas –en ese entonces general en actividad– en una contratapa publicada en este diario. Aquí se reproduce aquella nota, la primera de una serie de denuncias que ayer terminaron en su condena.
Por Juan Gelman
Señor teniente general Martín Balza: tiene usted bajo su mando inmediato a uno de los responsables mediatos del robo de mi nieta o nieto nacida/nacido en cautiverio. Se trata del general Eduardo Rodolfo Cabanillas, comandante del Segundo Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario. Como usted no ignora, ese delito es imprescriptible. ¿Piensa hacer algo al respecto?
Un sumario de la justicia de instrucción militar caratulado “Comando de la IVta. Brigada de Infantería Aerotransportada, Letra: 417; Nro.: 0035; Cde: 1” recoge las declaraciones que ante el juez de la institución José Herman Llera formuló el 17 de noviembre de 1977 el entonces capitán Eduardo Rodolfo Cabanillas. La causa se inició por el secuestro extorsivo que la banda de Aníbal Gordon perpetró el 24 de julio de ese año contra el empresario Pedro León Zavalía, quien contaba al parecer –como en muy pocos otros casos de esa naturaleza– con los contactos jerárquicos necesarios para que el hecho pasara a la justicia militar. Aníbal Gordon era jefe de los “inorgánicos” que cobraban sueldo de la SIDE y operaban en “Automotores Orletti”, centro clandestino de detención que fue polo de la Operación Cóndor en la Argentina.
El hoy general Cabanillas declara en dicho sumario (pág. 146 y ss) “que se desempeñó como segundo jefe de la OT 18, ya que como dijera anteriormente el jefe lo era el mayor Calmon, realizando Actividades Especiales de Inteligencia ordenadas por la SIDE”. Agrega que prestó allí servicios “desde mediados del año mil novecientos setentiséis hasta el mes de diciembre de ese mismo año”. Señalo a su atención, señor teniente general Martín Balza, dos elementos de ese testimonio que hacen directamente al tema que me ocupa. La OT 18 fue una base operativa que se instaló primero en la calle Bacacay y luego en la calle Venancio Flores de esta capital, en “Automotores Orletti”. El segundo elemento es el período en que el declarante se desempeñó en la SIDE como subjefe de la OT 18. Durante ese lapso, exactamente el 24 de agosto de 1976, mi hijo Marcelo Ariel y su esposa María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, de 20 y 19 años de edad, fueron secuestrados en su domicilio por personal de Orletti y llevados a ese campo de concentración. Mi nuera estaba embarazada y durante ese lapso, exactamente el 7 de octubre de 1976, fue vista por un sobreviviente: María Claudia estaba en esa fecha encinta de 8 meses y medio, no había sido torturada y todo indica que su bebé ya estaba destinado a una pareja de apropiadores. No hay dudas de que mi nuera dio a luz durante el período en que el capitán Cabanillas se desempeñó como subjefe de la OT 18. Supongo, señor teniente general, que coincidirá conmigo en que al general Cabanillas le cabe una responsabilidad en la entrega de mi nieta o nieto a manos extrañas a mi familia. ¿Piensa usted hacer algo al respecto?
En el mismo sumario (pág. 279 y ss) el teniente coronel (RE) Juan Ramón Nieto Moreno confirma que la OT 18 “se constituyó por orden del entonces secretario de Inteligencia de Estado, general don Otto Carlos Paladino”, que su personal era una mezcla de “inorgánicos” al mando de Aníbal Gordon –(a) El Viejo, (a) coronel Silva, (a) Ezcurra, otros alias– y de “orgánicos” o agentes de la SIDE como Eduardo Alfredo Ruffo y Juan Rodríguez, que éstos dependieron primero del vicecomodoro Guillamondegui –a su vez bajo las órdenes del coronel Carlos A. Mitchell– “y posteriormente de los entonces capitanes Calmon y Cabanillas”, y que los efectivos de esa base ejecutaban los blancos operacionales fijados por el Departamento de Contrainteligencia de la SIDE que el declarante dirigió desde el 20 de enero de 1975 hasta el 8 de octubre de 1977. Esos “blancos operacionales” comprendieron a mi hijo, asesinado de un tiro en la nuca a menos de medio metro de distancia y cuyos restos aparecieron trece años después; a mi nuera desaparecida y a su bebé robado.
La vida social del capitán Cabanillas tuvo ribetes peculiares. Era “muy amigo” –dijo– del mayor Alberto Juan Hubert (sospechado de haber ayudado a Gordon en la comisión del secuestro extorsivo) hasta el punto de que “ambos son padrinos de sus respectivos hijos”. Interrogado por el juez de instrucción militar acerca de una fiesta de despedida en honor del general Paladino por su pase a retiro, del mayor Calmon y de él mismo por el pase de ambos a la Escuela Superior de Guerra, el capitán Cabanillas declara que tuvo lugar en un carrito de la Costanera llamado “Años Locos”, que “recuerda se hallaban presentes el señor general Paladino, jefe de la SIDE; el teniente coronel Visuara (jefe del mayor Calmon); el teniente coronel Nieto Moreno, jefe del Servicio de Contrainteligencia de la SIDE; el mayor Calmon, de la OT 18; oficiales del ejército uruguayo y chileno que estaban ‘en comisión’ (sic) en la SIDE (la Operación Cóndor, ¿no es cierto, señor teniente general?); y además personal civil contratado y orgánico de la SIDE que cumplían tareas en la OT 18 a quienes sólo conocía por nombres de guerra, tales como Aníbal, Zapato, Gallego, Paqui, Cornalito, Puma, León, Pájaro, Dondin, y otros”. Es decir, otros secuestradores, torturadores, asesinos y ladrones de bebés de Orletti. El capitán Cabanillas agrega que “la mayoría de ellos concurrieron con sus respectivas señoras esposas”, que en total habrían asistido unas 80 personas y que la fiesta fue organizada por “Aníbal”, a quien dos respuestas más adelante le encuentra el apellido: Gordon. El declarante, como quien dice, se codeaba.
¿Acaso el general Cabanillas no sabe lo que supo el capitán Cabanillas? ¿Y qué piensa hacer al respecto, señor teniente general Martín Balza? Poco le costaría, por ejemplo, consultar la causa que menciono: es la 4 I 70035/1 y se encuentra en los archivos judiciales del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, carpeta 10720, expediente 80739. A usted compete la responsabilidad de que los seis cuerpos de la causa no desaparezcan. También la de leerlos: atañen a su subordinado inmediato, nada menos que comandante de un cuerpo de Ejército.
En su notorio discurso del 25 de abril de 1995 ofreció usted a los familiares de las víctimas de la dictadura militar “respeto, silencio ante el dolor y el compromiso de todo mi esfuerzo para un futuro que no repita el pasado”. Pero, ¿cómo impedir la repetición del pasado si se lo aplasta con impunidad y silencio? El dolor necesita palabras. Hable, señor teniente general. A usted le será mucho más fácil que a mí averiguar el destino de María Claudia y su bebé. Tiene acceso a todos los medios para ello. Si no lo hiciere, procure evitar el castigo del insomnio: el no sueño de la mala conciencia es un territorio devastado por la muerte.
El futuro de Pedraza en una audiencia
Página 12
1 de abril de 2011
En la causa por el crimen de Ferreyra, la defensa de Pedraza argumentó que fue procesado en forma “disparatada”. La fiscalía y las querellas mostraron su relación con la patota y hasta las escuchas que lo vinculan con un intento de soborno para trabar la pesquisa.
Por Irina Hauser
El abogado del titular de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, y de su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández, le pidió ayer a la Sala I de la Cámara del Crimen que libere a sus clientes: dijo que fueron procesados en forma “disparatada” y “arbitraria” como instigadores del asesinato del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra, ocurrido durante una protesta de trabajadores tercerizados de la línea Roca el 20 de octubre pasado. Esgrimió falta de pruebas y que no se demostró el doble rol de empresario y gremialista que la jueza Wilma López atribuyó a Pedraza para explicar su interés en atacar a los subcontratados que ponían en jaque su poderío, asentado no sólo sobre la UF, sino también sobre Belgrano Cargas y la cooperativa Unión del Mercosur.
Una de las respuestas más reveladoras provino del fiscal Fernando Fiszer cuando, para ilustrar las posibilidades de la cúpula gremial de direccionar dinero entre esas entidades ferroviarias, reveló que en el allanamiento al estudio de Octavio Aráoz de Lamadrid, ex abogado de uno de los integrantes de la patota acusados, se halló una factura de noviembre por 370 mil (no dice si pesos o dólares) a nombre de Belgrano Cargas. Se sospecha que era parte del dinero destinado a una supuesta coima dirigida a un juez de la Cámara de Casación –de quien Aráoz había sido secretario– para conseguir la libertad de los detenidos y debilitar la causa que, se veía venir, llegaría hasta lo más alto del sindicato. Fiszer refrescó que ese intento de entorpecer la investigación fue una de las razones por las que se rechazó excarcelar al líder ferroviario, que aparecía en escuchas gestionando ese pago.
Según afirmó la jueza al firmar los procesamientos, en una de las escuchas Pedraza se comunicaba con “quien sería Angel Satfforini, director de Belgrano Cargas” y hablaban del posible pago de un soborno. Pedraza le dice “serán 75 o 50”, y el directivo le responde “si no llegás, nosotros ponemos la diferencia y después lo recuperamos”. Pretendían, según los investigadores, conseguir la libertad de los siete primeros detenidos por el crimen a través de un juez de Casación, que sería Eduardo Riggi. Esto explicaría la supuesta intervención de Aráoz de Lamadrid, ex secretario del camarista y luego juez federal subrogante, quien se presentó como abogado de Guillermo Uño, uno de los ferroviarios presos. Ayer Fiszer reveló que la factura número 01 de Aráoz de Lamadrid como abogado matriculado, de noviembre pasado, era a nombre de Belgrano Cargas, llevaba la cifra 370 mil, sin precisar la moneda, “por honorarios profesionales por asesoramiento jurídico integral”.
Con el dato, Fiszer pretendía ilustrar el manejo económico del que la defensa decía no encontrar pruebas, dejar en claro uno de los motivos por los que se había rechazado la excarcelación y defender el valor de las escuchas. Para la fiscalía y la jueza López, el ataque a los trabajadores que cuestionaban la tercerización pretendía neutralizar una amenaza concreta a la hegemonía en la UF, que se complementaba con manejos a través de Belgrano Cargas (que explotó el gremio desde fines de los ’90) y de la Cooperativa del Mercosur. Ambas tienen en común el nombre de la esposa de Pedraza, Graciela Coria. En la primera, como directiva. En la segunda, resaltó Fiszer ayer, como propietaria del inmueble donde funciona; se suma la presencia de su hermana como tesorera, su sobrino como empleado y el consejo de administración con directivos de la UF.
Carlos Froment, abogado de Pedraza y Fernández, dijo que los treinta tercerizados que protestaban el día que mataron a Ferreyra o los 1500 regularizados con posterioridad no podían tener ninguna injerencia política en un sindicato con 18 mil afiliados. Tanto Fiszer, como a su turno la abogada del PO, Claudia Ferrero, y María del Carmen Vedú, de Correpi, en representación de dos de los heridos, retrucaron que cualquiera fuera el número “un grupo de trabajadores conscientes” implicaban un “riesgo” para Pedraza.
El otro punto clave de la audiencia rondó las pruebas, en especial el análisis de los llamados telefónicos. La defensa siempre sostuvo para despegar a Fernández y Pedraza que no estuvieron en el lugar de los hechos (Barracas) y nada los liga a los autores materiales. La jueza había advertido que, desde el gremio, Fernández, con Pedraza a su lado, se comunicaba permanentemente durante el ataque con el delegado Pablo Díaz (uno de los detenidos señalado como quien comandaba la patota) y puso a la vista cadenas de llamadas que llevaban a los miembros de la patota. Froment sostuvo que era lo más normal que Fernández hablara con los delegados. Se quejó de que los acusaran por “su rol sindical y no por lo que hicieron”. “Lo que son determina lo que hicieron”, dijo Verdú. Luego la fiscalía precisó que para “instigar” un crimen ni siquiera hace falta conocer al que luego lo ejecuta, hasta alcanza la ascendencia psicológica del más poderoso.
“Los llamados aislados no dicen nada, pero analizados en todo el cuadro adquieren relevancia”, advirtió el abogado Diego Morales, del CELS, que representa a Beatriz Rial, la mamá de Mariano. Dijo que las llamadas siempre partían de Fernández a Díaz y que hay que mirar los horarios, ya que algunos son significativos, como el de las 13.23, que coincide con el inicio de los disparos, y con la declaración de un testigo que escucha a Díaz dar orden de “sacar los fierros”. Ferrero recordó que a la mañana Fernández habló con Díaz y éste inmediatamente se contacta con Cristian Favale, el barrabrava acusado de disparar.
Mientras parte del público escuchaba desde afuera, por la ventana, los jueces Jorge Rimondi, Alfredo Barbarosch y Luis María Bunge Campos anunciaron que tomarán una decisión sobre la situación de Pedraza, Fernández y el delegado Claudio Alcorcel para el jueves que viene. Afuera, en una esquina, un grupo de la UF pedía la excarcelación de su líder. En la otra esquina, el PO pedía que quede preso. La Policía Federal marcaba la distancia entre ellos, a diferencia del día que mataron a Mariano, donde dejó vía libre a la patota.
1 de abril de 2011
En la causa por el crimen de Ferreyra, la defensa de Pedraza argumentó que fue procesado en forma “disparatada”. La fiscalía y las querellas mostraron su relación con la patota y hasta las escuchas que lo vinculan con un intento de soborno para trabar la pesquisa.
Por Irina Hauser
El abogado del titular de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, y de su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández, le pidió ayer a la Sala I de la Cámara del Crimen que libere a sus clientes: dijo que fueron procesados en forma “disparatada” y “arbitraria” como instigadores del asesinato del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra, ocurrido durante una protesta de trabajadores tercerizados de la línea Roca el 20 de octubre pasado. Esgrimió falta de pruebas y que no se demostró el doble rol de empresario y gremialista que la jueza Wilma López atribuyó a Pedraza para explicar su interés en atacar a los subcontratados que ponían en jaque su poderío, asentado no sólo sobre la UF, sino también sobre Belgrano Cargas y la cooperativa Unión del Mercosur.
Una de las respuestas más reveladoras provino del fiscal Fernando Fiszer cuando, para ilustrar las posibilidades de la cúpula gremial de direccionar dinero entre esas entidades ferroviarias, reveló que en el allanamiento al estudio de Octavio Aráoz de Lamadrid, ex abogado de uno de los integrantes de la patota acusados, se halló una factura de noviembre por 370 mil (no dice si pesos o dólares) a nombre de Belgrano Cargas. Se sospecha que era parte del dinero destinado a una supuesta coima dirigida a un juez de la Cámara de Casación –de quien Aráoz había sido secretario– para conseguir la libertad de los detenidos y debilitar la causa que, se veía venir, llegaría hasta lo más alto del sindicato. Fiszer refrescó que ese intento de entorpecer la investigación fue una de las razones por las que se rechazó excarcelar al líder ferroviario, que aparecía en escuchas gestionando ese pago.
Según afirmó la jueza al firmar los procesamientos, en una de las escuchas Pedraza se comunicaba con “quien sería Angel Satfforini, director de Belgrano Cargas” y hablaban del posible pago de un soborno. Pedraza le dice “serán 75 o 50”, y el directivo le responde “si no llegás, nosotros ponemos la diferencia y después lo recuperamos”. Pretendían, según los investigadores, conseguir la libertad de los siete primeros detenidos por el crimen a través de un juez de Casación, que sería Eduardo Riggi. Esto explicaría la supuesta intervención de Aráoz de Lamadrid, ex secretario del camarista y luego juez federal subrogante, quien se presentó como abogado de Guillermo Uño, uno de los ferroviarios presos. Ayer Fiszer reveló que la factura número 01 de Aráoz de Lamadrid como abogado matriculado, de noviembre pasado, era a nombre de Belgrano Cargas, llevaba la cifra 370 mil, sin precisar la moneda, “por honorarios profesionales por asesoramiento jurídico integral”.
Con el dato, Fiszer pretendía ilustrar el manejo económico del que la defensa decía no encontrar pruebas, dejar en claro uno de los motivos por los que se había rechazado la excarcelación y defender el valor de las escuchas. Para la fiscalía y la jueza López, el ataque a los trabajadores que cuestionaban la tercerización pretendía neutralizar una amenaza concreta a la hegemonía en la UF, que se complementaba con manejos a través de Belgrano Cargas (que explotó el gremio desde fines de los ’90) y de la Cooperativa del Mercosur. Ambas tienen en común el nombre de la esposa de Pedraza, Graciela Coria. En la primera, como directiva. En la segunda, resaltó Fiszer ayer, como propietaria del inmueble donde funciona; se suma la presencia de su hermana como tesorera, su sobrino como empleado y el consejo de administración con directivos de la UF.
Carlos Froment, abogado de Pedraza y Fernández, dijo que los treinta tercerizados que protestaban el día que mataron a Ferreyra o los 1500 regularizados con posterioridad no podían tener ninguna injerencia política en un sindicato con 18 mil afiliados. Tanto Fiszer, como a su turno la abogada del PO, Claudia Ferrero, y María del Carmen Vedú, de Correpi, en representación de dos de los heridos, retrucaron que cualquiera fuera el número “un grupo de trabajadores conscientes” implicaban un “riesgo” para Pedraza.
El otro punto clave de la audiencia rondó las pruebas, en especial el análisis de los llamados telefónicos. La defensa siempre sostuvo para despegar a Fernández y Pedraza que no estuvieron en el lugar de los hechos (Barracas) y nada los liga a los autores materiales. La jueza había advertido que, desde el gremio, Fernández, con Pedraza a su lado, se comunicaba permanentemente durante el ataque con el delegado Pablo Díaz (uno de los detenidos señalado como quien comandaba la patota) y puso a la vista cadenas de llamadas que llevaban a los miembros de la patota. Froment sostuvo que era lo más normal que Fernández hablara con los delegados. Se quejó de que los acusaran por “su rol sindical y no por lo que hicieron”. “Lo que son determina lo que hicieron”, dijo Verdú. Luego la fiscalía precisó que para “instigar” un crimen ni siquiera hace falta conocer al que luego lo ejecuta, hasta alcanza la ascendencia psicológica del más poderoso.
“Los llamados aislados no dicen nada, pero analizados en todo el cuadro adquieren relevancia”, advirtió el abogado Diego Morales, del CELS, que representa a Beatriz Rial, la mamá de Mariano. Dijo que las llamadas siempre partían de Fernández a Díaz y que hay que mirar los horarios, ya que algunos son significativos, como el de las 13.23, que coincide con el inicio de los disparos, y con la declaración de un testigo que escucha a Díaz dar orden de “sacar los fierros”. Ferrero recordó que a la mañana Fernández habló con Díaz y éste inmediatamente se contacta con Cristian Favale, el barrabrava acusado de disparar.
Mientras parte del público escuchaba desde afuera, por la ventana, los jueces Jorge Rimondi, Alfredo Barbarosch y Luis María Bunge Campos anunciaron que tomarán una decisión sobre la situación de Pedraza, Fernández y el delegado Claudio Alcorcel para el jueves que viene. Afuera, en una esquina, un grupo de la UF pedía la excarcelación de su líder. En la otra esquina, el PO pedía que quede preso. La Policía Federal marcaba la distancia entre ellos, a diferencia del día que mataron a Mariano, donde dejó vía libre a la patota.
Efecto Cristina
Diario Registrado
1 de abril de 2011
El notable dominio electoral del oficialismo que se precipita con efecto cascada sobre el escenario nacional comienza a modificar la arquitectura opositora y lo hará aún más.
Por Artemio López
A las elecciones catamarqueñas del 13 de marzo donde el FPV triunfara con el 48% de los votos, le siguieron el domingo 20 las de la provincia de Chubut, con resultado aún incierto pero en paridad casi absoluta entre fuerzas y con manifiestas diferencias respecto al anuncio oficial del Gobierno de Das Neves
Vendrá próximamente la provincia de Salta el domingo 10 de abril, donde el pan FPV a través de sus dos listas Wayar y Urtubey, que apoyaran en octubre a la fórmula que eventualmente encabece Cristina 2011, obtendrá el 70% de los votos.
Continúa La Rioja el 29 de mayo, donde se espera un 55% de piso para Beder Herrera, candidato oficialista, el domingo 12 de Junio votará la provincia de Neuquén donde el MPN y la concertación que incluye al FPV local proyectan el 65% de los votos y cerrarán la agenda de esta primera parte del año el domingo 26 de junio la provincia de Tierra del Fuego donde Roxana Bertone dará vuelta el oficialismo provincial y se impondrá con más del 30% de los votos y finalmente Misiones , con la reelección de Maurice Closs de la Concertación Plural y el FPV , que proyecta un 70% de los votos promedio, el domingo 26 de junio.
En otras palabras de los 7 distritos -que representan el 9% del electorado nacional e inician el calendario electoral 2011-, en 6 triunfa de manera contundente el FPV y en solo uno presenta un escenario de paridad .
En todos los distritos, sobre las construcciones locales del FPV que en algunos casos hace solo un semestre perdían las elecciones por más de 20 puntos (Catamarca, Chubut, Tierra del Fuego) resulta clave en el resultado de las elecciones provinciales la tracción nacional que ejerce la figura de Cristina Kirchner que sobre el conjunto de estas 7 provincias del primer tramo electoral del año 2011 promedia el 55% de imagen positiva con apenas un 15% de menciones negativas.
Así las cosas sobre el 9% del electorado nacional que va a elecciones en este primer tramo del año, el FPV obtendrá un desarrollo electoral en promedio superior al 50% de los votos. Más allá de las interpretaciones forzadas por algunos medios, tras este primer tramo electoral, la pregunta sobre cuales son las perspectivas electorales de octubre se contesta sin dificultad: El FPV abrumadoramente.
Esta circunstancia tan notable de dominio electoral del oficialismo que se precipita con efecto cascada sobre el escenario electoral nacional comienza a modificar la arquitectura opositora y lo hará aún más.
Primer efecto de las elecciones de Catamarca y Chubut: Inducción de la crisis de denominado Peronismo Federal. Retirado Das Neves tras el bochorno de Chubut, Jorge Busti pidiendo la suspensión de las elecciones internas, Felipe Solá tomando distancia y el pionero en gambetas, Carlos Reutemann, cada vez lejos, el Peronismo Federal es hoy una licencia poética encarnado apenas en la deshilachada figura de Eduardo Duhalde, prácticamente un ex político, en competencia con el poco convencido Alberto Rodríguez Saa.
Segundo efecto, crisis en la UCR y el pan radicalismo con el apartamiento de Cleto Cobos como candidato nacional, bajada presurosa de Ernesto Sanz de su candidatura interna y la toma de distancia de Hermes Binner respecto a su participación en la fórmula nacional que encabezaría Ricardo Alfonsín, advirtiendo, tras observar el catastrófico resultado de Catamarca para la UCR, que también él ahora tiene expectativas presidenciales.
Un tercer efecto colateral de la avalancha oficialista, en especial del arrastre de Cristina sobre los escenarios locales es el desdoblamiento de las elecciones porteñas. En efecto, Macri leyó correctamente el escenario local y tomando nota de que la Presidenta lo dobla en intención de voto a presidente en la propia Ciudad de Buenos Aires en una proporción del 30% contra 15% del caudillo PRO, decide desdoblar las elecciones porteñas.
Intenta evitar el perspicaz Mauricio el efecto “arrastre” de Cristina sobre sus candidatos locales y aún peor el temible efecto “collar de melones” que su candidatura presidencial descargaría sobre su propia fórmula distrital si las elecciones fueran superpuestas, llevando por caso a Gabriela Michetti no al 35% que mide si se presenta en soledad como candidata a la Jefatura de Gobierno, sino al 15% que reiteramos hoy Mauricio Macri proyecta como candidato a presidente en la Capital.
Como se observa, el efecto Cristina domina en el oficialismo y la oposición el primer tramo electoral de cara al año 2011 y este dominio acontece sin conocerse aún la voluntad explícita de la Presidenta de ser reelecta. Qué intenso resulta todo esto, Néstor Kirchner debiera poder verlo.
1 de abril de 2011
El notable dominio electoral del oficialismo que se precipita con efecto cascada sobre el escenario nacional comienza a modificar la arquitectura opositora y lo hará aún más.
Por Artemio López
A las elecciones catamarqueñas del 13 de marzo donde el FPV triunfara con el 48% de los votos, le siguieron el domingo 20 las de la provincia de Chubut, con resultado aún incierto pero en paridad casi absoluta entre fuerzas y con manifiestas diferencias respecto al anuncio oficial del Gobierno de Das Neves
Vendrá próximamente la provincia de Salta el domingo 10 de abril, donde el pan FPV a través de sus dos listas Wayar y Urtubey, que apoyaran en octubre a la fórmula que eventualmente encabece Cristina 2011, obtendrá el 70% de los votos.
Continúa La Rioja el 29 de mayo, donde se espera un 55% de piso para Beder Herrera, candidato oficialista, el domingo 12 de Junio votará la provincia de Neuquén donde el MPN y la concertación que incluye al FPV local proyectan el 65% de los votos y cerrarán la agenda de esta primera parte del año el domingo 26 de junio la provincia de Tierra del Fuego donde Roxana Bertone dará vuelta el oficialismo provincial y se impondrá con más del 30% de los votos y finalmente Misiones , con la reelección de Maurice Closs de la Concertación Plural y el FPV , que proyecta un 70% de los votos promedio, el domingo 26 de junio.
En otras palabras de los 7 distritos -que representan el 9% del electorado nacional e inician el calendario electoral 2011-, en 6 triunfa de manera contundente el FPV y en solo uno presenta un escenario de paridad .
En todos los distritos, sobre las construcciones locales del FPV que en algunos casos hace solo un semestre perdían las elecciones por más de 20 puntos (Catamarca, Chubut, Tierra del Fuego) resulta clave en el resultado de las elecciones provinciales la tracción nacional que ejerce la figura de Cristina Kirchner que sobre el conjunto de estas 7 provincias del primer tramo electoral del año 2011 promedia el 55% de imagen positiva con apenas un 15% de menciones negativas.
Así las cosas sobre el 9% del electorado nacional que va a elecciones en este primer tramo del año, el FPV obtendrá un desarrollo electoral en promedio superior al 50% de los votos. Más allá de las interpretaciones forzadas por algunos medios, tras este primer tramo electoral, la pregunta sobre cuales son las perspectivas electorales de octubre se contesta sin dificultad: El FPV abrumadoramente.
Esta circunstancia tan notable de dominio electoral del oficialismo que se precipita con efecto cascada sobre el escenario electoral nacional comienza a modificar la arquitectura opositora y lo hará aún más.
Primer efecto de las elecciones de Catamarca y Chubut: Inducción de la crisis de denominado Peronismo Federal. Retirado Das Neves tras el bochorno de Chubut, Jorge Busti pidiendo la suspensión de las elecciones internas, Felipe Solá tomando distancia y el pionero en gambetas, Carlos Reutemann, cada vez lejos, el Peronismo Federal es hoy una licencia poética encarnado apenas en la deshilachada figura de Eduardo Duhalde, prácticamente un ex político, en competencia con el poco convencido Alberto Rodríguez Saa.
Segundo efecto, crisis en la UCR y el pan radicalismo con el apartamiento de Cleto Cobos como candidato nacional, bajada presurosa de Ernesto Sanz de su candidatura interna y la toma de distancia de Hermes Binner respecto a su participación en la fórmula nacional que encabezaría Ricardo Alfonsín, advirtiendo, tras observar el catastrófico resultado de Catamarca para la UCR, que también él ahora tiene expectativas presidenciales.
Un tercer efecto colateral de la avalancha oficialista, en especial del arrastre de Cristina sobre los escenarios locales es el desdoblamiento de las elecciones porteñas. En efecto, Macri leyó correctamente el escenario local y tomando nota de que la Presidenta lo dobla en intención de voto a presidente en la propia Ciudad de Buenos Aires en una proporción del 30% contra 15% del caudillo PRO, decide desdoblar las elecciones porteñas.
Intenta evitar el perspicaz Mauricio el efecto “arrastre” de Cristina sobre sus candidatos locales y aún peor el temible efecto “collar de melones” que su candidatura presidencial descargaría sobre su propia fórmula distrital si las elecciones fueran superpuestas, llevando por caso a Gabriela Michetti no al 35% que mide si se presenta en soledad como candidata a la Jefatura de Gobierno, sino al 15% que reiteramos hoy Mauricio Macri proyecta como candidato a presidente en la Capital.
Como se observa, el efecto Cristina domina en el oficialismo y la oposición el primer tramo electoral de cara al año 2011 y este dominio acontece sin conocerse aún la voluntad explícita de la Presidenta de ser reelecta. Qué intenso resulta todo esto, Néstor Kirchner debiera poder verlo.
jueves, 31 de marzo de 2011
La PSA secuestró armas largas de un auto de la embajada de los EE UU
Tiempo Argentino
31 de marzo de 2011
Por Hernán Cocchi
En un operativo de rutina, dos agentes de la Policía de Seguridad Aeroporturia de San Fernando encontraron el armamento en el asiento trasero del vehículo. El conductor es un presunto mecánico de aviones de la sede diplomática.
El miércoles 23 de marzo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria secuestró de un auto con patente diplomática de los Estados Unidos dos fusiles (uno sin declarar) durante un chequeo de rutina realizado en uno de los ingresos del Aeropuerto Internacional de San Fernando. La historia comenzó cuando dos agentes de la PSA intentaron identificar al conductor de un BMW que se negó a abrir el baúl del vehículo. Matthew Steven Hankins intentó evitar que los uniformados revisaran el auto amparado en su supuesta inmunidad diplomática, aunque argumentó que había olvidado en su casa la documentación que acreditaba ese beneficio. Sin embargo, los policías aeronáuticos advirtieron dos fundas de tela similares a las que se utilizan para guardar rifles o armas largas. “Son dos fusiles, vengo de cazar”, intentó explicar el ciudadano estadounidense con el pasaporte en la mano y un “español precario”, según consta en el informe de la PSA. Sin embargo, los policías no pudieron determinar en ese momento que el hombre contara con la inmunidad otorgada a los representantes extranjeros.
Los oficiales Giayetto y Orrico sabían que luego del intento frustrado de ingresar equipos de inteligencia y armas en el Aeropuerto de Ezeiza, el asunto debía manejarse con suma cautela. Entonces, se comunicaron por radio con el jefe de turno y esperaron nuevas órdenes. Los rayos X demostraron que las fundas tenían en su interior dos armas largas con mira telescópica. Un simple operativo de control de ingreso y egreso al aeropuerto se había transformado en un posible conflicto diplomático. La documentación de las armas no estaba.
Cerca de las 16:40, el secretario del juzgado Federal en lo Criminal y Correccional a cargo de Conrado Bergesio llegó al aeropuerto y ordenó que se tomen fotografías del BMW patente PA-6837 y de las armas. Además, se pidió informes al Registro Nacional de Armas de Fuego (RENAR) sobre los fusiles Browning calibre 325 y Tikka T3 calibre 300 secuestrados junto a dos cargadores y unas 30 balas.
Pero el incidente no pasó a mayores. El secretario del juzgado ordenó que se permitiera el ingreso y egreso de Hankins al aeropuerto de San Fernando. Sin embargo, quedó abierta una causa por violación del artículo 189 bis del Código Penal que prohíbe la tenencia de armas de fuego sin la documentación y los permisos necesarios. El delito de portación sin autorización está penado con prisión de uno a cuatro años. Un dato que llamó la atención fue que el secretario del juzgado de Bergesio, Fernando Goldaracena, no ordenara sacarle una fotografía al presunto mecánico de aviones (el acta de la PSA afirma que ese es su trabajo) que andaba felizmente con dos fusiles de caza mayor sin la documentación reglamentaria. Tal vez, la patente diplomática del BMW le brindaba la sensación de seguridad e impunidad. La realidad es que ni la PSA ni el juzgado cuentan con una imagen de la cara del empleado de la embajada.
Pero pasadas las 19 del miércoles, el teléfono de la delegación de San Fernando de la Policía de Seguridad Aeroporturia sonó. Del otro lado de la línea, un hombre se identificó como el teniente coronel Guy, de la embajada de los Estados Unidos y solicitó información sobre el altercado. El llamado se repitió con el secretario del juzgado de Bergesio. Si bien las armas fueron entregadas al juzgado y la causa sigue abierta, el magistrado dispuso que se devolvieran los fusiles a Hankins.
Según consta en los registros de la Dirección Nacional de Migraciones, el presunto mecánico de aeronaves ingresó al país el 20 de marzo de 2010 en un vuelo de Delta Airlines proveniente de Japón con pasaporte de los Estados Unidos. El acta de la PSA afirma que se hospedaría en el Alvear Palace Hotel del barrio porteño de Recoleta.
Fuentes de Cancillería confiaron a Tiempo Argentino que “la embajada no informó sobre el incidente”, sin embargo, siguen el tema con atención.
El artículo 125 del decreto reglamentario de la Ley Nacional de Armas y Explosivos ordena que el transporte “deberá efectuarse siempre por separado de sus municiones y dentro de la mayor reserva”. La norma dispone además que debe disimularse “la naturaleza” de la carga. Sin embargo, los dos fusiles fueron encontrados en el asiento trasero del vehículo, a la vista y las municiones no estaban separadas.
Las sospechas de que los Estados Unidos ingresan armas y equipos de inteligencia de manera ilegal a la Argentina se confirmaron el pasado 10 de febrero cuando un enorme avión C17 Globemaster III llegó al país con una “carga sensible” destinada a un curso de entrenamiento táctico. Pero los containers no sólo traían las toneladas de equipamiento declarado. Por orden de la presidenta Cristina Fernández, el propio canciller, Héctor Timerman, participó del operativo junto al secretario de Transportes de la Nación, Juan Pablo Schiavi. La noticia cayó como un baldazo de agua fría en los Estados Unidos. Nunca habían pensado que un país se atreviera a revisar los aviones que vuelan por los cielos del mundo casi sin controles y secuestrar su carga
31 de marzo de 2011
Por Hernán Cocchi
En un operativo de rutina, dos agentes de la Policía de Seguridad Aeroporturia de San Fernando encontraron el armamento en el asiento trasero del vehículo. El conductor es un presunto mecánico de aviones de la sede diplomática.
El miércoles 23 de marzo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria secuestró de un auto con patente diplomática de los Estados Unidos dos fusiles (uno sin declarar) durante un chequeo de rutina realizado en uno de los ingresos del Aeropuerto Internacional de San Fernando. La historia comenzó cuando dos agentes de la PSA intentaron identificar al conductor de un BMW que se negó a abrir el baúl del vehículo. Matthew Steven Hankins intentó evitar que los uniformados revisaran el auto amparado en su supuesta inmunidad diplomática, aunque argumentó que había olvidado en su casa la documentación que acreditaba ese beneficio. Sin embargo, los policías aeronáuticos advirtieron dos fundas de tela similares a las que se utilizan para guardar rifles o armas largas. “Son dos fusiles, vengo de cazar”, intentó explicar el ciudadano estadounidense con el pasaporte en la mano y un “español precario”, según consta en el informe de la PSA. Sin embargo, los policías no pudieron determinar en ese momento que el hombre contara con la inmunidad otorgada a los representantes extranjeros.
Los oficiales Giayetto y Orrico sabían que luego del intento frustrado de ingresar equipos de inteligencia y armas en el Aeropuerto de Ezeiza, el asunto debía manejarse con suma cautela. Entonces, se comunicaron por radio con el jefe de turno y esperaron nuevas órdenes. Los rayos X demostraron que las fundas tenían en su interior dos armas largas con mira telescópica. Un simple operativo de control de ingreso y egreso al aeropuerto se había transformado en un posible conflicto diplomático. La documentación de las armas no estaba.
Cerca de las 16:40, el secretario del juzgado Federal en lo Criminal y Correccional a cargo de Conrado Bergesio llegó al aeropuerto y ordenó que se tomen fotografías del BMW patente PA-6837 y de las armas. Además, se pidió informes al Registro Nacional de Armas de Fuego (RENAR) sobre los fusiles Browning calibre 325 y Tikka T3 calibre 300 secuestrados junto a dos cargadores y unas 30 balas.
Pero el incidente no pasó a mayores. El secretario del juzgado ordenó que se permitiera el ingreso y egreso de Hankins al aeropuerto de San Fernando. Sin embargo, quedó abierta una causa por violación del artículo 189 bis del Código Penal que prohíbe la tenencia de armas de fuego sin la documentación y los permisos necesarios. El delito de portación sin autorización está penado con prisión de uno a cuatro años. Un dato que llamó la atención fue que el secretario del juzgado de Bergesio, Fernando Goldaracena, no ordenara sacarle una fotografía al presunto mecánico de aviones (el acta de la PSA afirma que ese es su trabajo) que andaba felizmente con dos fusiles de caza mayor sin la documentación reglamentaria. Tal vez, la patente diplomática del BMW le brindaba la sensación de seguridad e impunidad. La realidad es que ni la PSA ni el juzgado cuentan con una imagen de la cara del empleado de la embajada.
Pero pasadas las 19 del miércoles, el teléfono de la delegación de San Fernando de la Policía de Seguridad Aeroporturia sonó. Del otro lado de la línea, un hombre se identificó como el teniente coronel Guy, de la embajada de los Estados Unidos y solicitó información sobre el altercado. El llamado se repitió con el secretario del juzgado de Bergesio. Si bien las armas fueron entregadas al juzgado y la causa sigue abierta, el magistrado dispuso que se devolvieran los fusiles a Hankins.
Según consta en los registros de la Dirección Nacional de Migraciones, el presunto mecánico de aeronaves ingresó al país el 20 de marzo de 2010 en un vuelo de Delta Airlines proveniente de Japón con pasaporte de los Estados Unidos. El acta de la PSA afirma que se hospedaría en el Alvear Palace Hotel del barrio porteño de Recoleta.
Fuentes de Cancillería confiaron a Tiempo Argentino que “la embajada no informó sobre el incidente”, sin embargo, siguen el tema con atención.
El artículo 125 del decreto reglamentario de la Ley Nacional de Armas y Explosivos ordena que el transporte “deberá efectuarse siempre por separado de sus municiones y dentro de la mayor reserva”. La norma dispone además que debe disimularse “la naturaleza” de la carga. Sin embargo, los dos fusiles fueron encontrados en el asiento trasero del vehículo, a la vista y las municiones no estaban separadas.
Las sospechas de que los Estados Unidos ingresan armas y equipos de inteligencia de manera ilegal a la Argentina se confirmaron el pasado 10 de febrero cuando un enorme avión C17 Globemaster III llegó al país con una “carga sensible” destinada a un curso de entrenamiento táctico. Pero los containers no sólo traían las toneladas de equipamiento declarado. Por orden de la presidenta Cristina Fernández, el propio canciller, Héctor Timerman, participó del operativo junto al secretario de Transportes de la Nación, Juan Pablo Schiavi. La noticia cayó como un baldazo de agua fría en los Estados Unidos. Nunca habían pensado que un país se atreviera a revisar los aviones que vuelan por los cielos del mundo casi sin controles y secuestrar su carga
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