Página 12
29 de abril de 2011
Por Alejandra Dandan
Después de la extensa ampliación de declaración de Jorge “El Tigre” Acosta sobre el secuestro de las monjas francesas, del grupo de Madres y de Rodolfo Walsh, el tribunal incorporó los videos de los testigos en el Juicio a las Juntas.
A dieciséis meses del comienzo, el juicio por los crímenes de la ESMA entró en la etapa final. Después de la última ampliación de la declaración de Jorge “El Tigre” Acosta –que se extendió el lunes pasado hasta las once y media de la noche–, el Tribunal Oral Federal 5 dio lugar a la incorporación de las declaraciones de testigos que están muertos o no están en condiciones de declarar. En una medida celebrada por los querellantes, en las audiencias se están viendo las declaraciones filmadas que esos mismos testigos realizaron en el juicio a la junta de comandantes. Entre ellos hubo testimonios fundamentales como el de Emilio Mignone, uno de los fundadores del CELS, y el ex capitán Jorge Félix Roberto Búsico, uno de los integrantes de la ESMA que reconoció las operaciones ilegales contra los militantes políticos.
La semana comenzó el lunes con la declaración de El Tigre Acosta, que viene hablando desde hace tiempo. Habló mucho, largo, y pronunciando mentiras sobre verdades, como lo explicaron las querellas. Como había sucedido días previos con Miguel Donda, durante su relato Acosta rozó por momentos la autoincriminación. En una línea en la que terminó describiendo la ESMA como centro de reclutamiento y de torturas, hizo subrayados importantes sobre tres puntos: volvió al operativo a Rodolfo Walsh descripto por él mismo en una carta que había entregado al tribunal; se refirió al secuestro del grupo de Madres y familiares de desaparecidos en la Iglesia de Santa Cruz y describió cómo se organizaban los operativos en las calles.
Sobre Walsh, volvió a decir lo que dijo en la carta. Que estaba dispuesto a morir sí o sí. Repitió la idea del suicidio, habló de un solo tiro y describió el traslado del cuerpo a una comisaría de la zona para sacarlo de la ESMA. Fuera de eso, las querellas tomaron nota del nombre de un capitán a quien mencionó como a cargo del operativo, hombre que, por supuesto, está muerto.
Del grupo de la Santa Cruz, mencionó por la negativa un dato que podría certificar la fecha de los traslados de las víctimas. Acosta dijo que entre el 7 y el 15 de diciembre la ESMA prácticamente no funcionó. Que se suspendieron las tareas del GT 3.3.2, que nadie trabajó y que por los feriados quedaron todos abocados a firmar papeles de las licencias y diplomas. “Lo dijo así, con ese descaro”, señaló a Página/12 Ana María Careaga, hija de una de las integrantes de la Santa Cruz. Para los acusadores el tema de las fechas es importante. Algunos creen que, de alguna manera, con esos datos Acosta marcó los límites de la permanencia del grupo en la ESMA, y ubicó el día 14 como el momento del vuelo final de los cuerpos, un dato que está en investigación porque algunas versiones indican que podría haber sido días más tarde.
Por otra parte, admitió que desde agosto o septiembre de 1977 todos los agentes de inteligencia estuvieron abocados a infiltrarse en el Movimiento de Solidaridad de Derechos Humanos para cambiar la imagen de Argentina en el exterior. “Incluso yo mismo participé para visitar periodistas y medios extranjeros porque sabía bien inglés”, dijo. Explicó que hizo la tarea con una de las secuestradas que tenía esas mismas condiciones. Pese a que no dijo claramente dónde estuvo, quienes lo escucharon entendieron que uno de los lugares pudo haber sido la Plaza de Mayo. Y que la idea era toparse ahí con periodistas para darles una versión distinta de lo que estaba pasando.
Sobre los operativos, evocó las estrategias del grupo de tarea 3.3.2 ante el uso de las pastillas de cianuro durante los secuestros. Explicó que al comienzo daban la voz de alto, pero eso producía un enfrentamiento y los militantes solían usar las pastillas de cianuro que impedían capturarlos con vida. “Todo el mundo conoce el famoso tacle de Astiz –dijo–, pero eso lo hicieron varios.” Con ese tacle, lo que hacían era acercarse a las víctimas y agarrarlos para evitar que tomen las pastillas. A esa altura, en la ESMA, explicó también, había un médico que encontró el modo de contrarrestar los efectos del veneno.
Días después, comenzaron a verse los videos de las declaraciones en el juicio a la junta de comandantes. Uno de los testimonios clave fueron dos tramos del testimonio de Mignone, sobre el que las querellas tomaron nota. Uno de ellos son las tres entrevistas que mantuvo con el represor y jefe de la Armada Emilio Massera, en las que le dijo que las monjas francesas estaban muertas. Mignone le respondió: “Si están muertas es porque ustedes las mataron”. Y Massera no contestó. Otro de los tramos es cuando da cuenta de una entrevista en 1977 con Oscar Antonio Montes, uno de los represores acusados en el juicio. Durante un exabrupto Montes reconoció que los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics habían sido víctimas de grupos de tarea de la Armada.
Otro de los testigos reescuchados fue Búsico. Durante el Juicio a las Juntas, declaró que en 1976 era capitán de Fragata y era uno de los operativos dentro de la ESMA. Pese a que no estaba afectado a la “lucha contra la subversión”, un día lo convocaron para un operativo. Durante el procedimiento, él dio su nombre y por eso lo reprocharon sus compañeros de arma. Detrás de él llegó Néstor Omar Sabio, que no dio su nombre, sino uno falso, una característica que le permitió empezar a entender cuál era la metodología. Aseguró que por esa situación se quejó ante Chamorro para decirle que no estaba de acuerdo con el uso de nombres falsos, con los operativos de noche y el hacerlos de modo encubierto. Que por esa razón lo separaron de la “lucha antisubversiva”, pero que de todos modos en las guardias que le tocaban veía entrada y salida de personas que claramente no eran personal de la ESMA. Que la gente entraba capturada, llegaba encapuchada y nunca los vio salir”. Los veía pasar de un lado a otro, en algunos casos los llevaban con frazadas, y que desde uno de los puestos se les daba órdenes a la Policía Federal para no intervenir en las zonas.
Una vez, dijo, le pidió a un mayordomo de la ESMA sus cosas para llevárselas. El hombre no las encontró y entonces lo autorizaron a subir a buscarlas al altillo. Dijo que en ese momento se quedó impactado. “Para mi sorpresa estaba repleto de muebles y de cosas que sin duda eran resultado de la lucha contra la subversión.”
Ayer fue el turno de Thelma Jara de Cabezas, que no está en condiciones físicas de declarar en las audiencias. Esta serie de testimonios permitió a las querellas empezar a pensar que todas las declaraciones de estos juicios, que también están siendo registradas, podrían usarse en los próximos debates.
viernes, 29 de abril de 2011
jueves, 28 de abril de 2011
La presidenta pidió limitar al 20% las tierras en manos de extranjeros
Tiempo Argentino
28 de abril de 2011
Por Rodolfo González Arzac
La iniciativa respeta los derechos adquiridos por quienes ya poseen campos en el país. Además prevé la creación de un Registro Nacional de propiedades rurales. Hubo satisfacción en la Federación Agraria y sectores de la oposición.
Tal como había advertido el día de la apertura de sesiones legislativas, y como había vuelto a insistir el miércoles pasado en el Luna Park en la presentación de la corriente agraria CANPO, la presidenta Cristina Fernández anunció ayer que envió al Congreso un proyecto de ley para limitar a un 20% la sumatoria de propiedades extranjeras sobre el total de tierras disponibles, y a un máximo de 1000 hectáreas la propiedad comprada por persona física o jurídica. La iniciativa se inspira en la ley vigente en Brasil, pero también recoge las experiencias de normativas dictadas en los Estados Unidos, Francia, Canadá, España y el Reino Unido. “El proyecto que se propicia en ningún modo resulta una legislación xenofóbica, prohibitiva o refractaria a las inversiones extranjeras responsables”, dice el mensaje enviado a senadores y diputados nacionales, que aclara que se respetarán los derechos adquiridos.
Los diputados radicales de Federación Agraria Argentina (FAA) festejaron la iniciativa. Pablo Orsolini y Ulises Forte señalaron que “limitar la venta de tierra a extranjeros es un anhelo histórico” para la Federación, y expresaron su expectativa de “dar un debate profundo en el Congreso”. El titular de FAA, Eduardo Buzzi, aseguró que se trata de “una conquista” de los federados (y de paso abogó por la regulación de los arrendamientos y un cambio en el sistema de comercialización de granos). El dirigente Pedro Peretti, que encabeza Chacareros en Proyecto Sur, también apoyó el anuncio. Carlos Garetto, de Coninagro, admitió la necesidad de “regular la tenencia de la tierra”, aunque apuntó que le hubiera gustado un debate con las entidades “para saber, por ejemplo, cómo va a impactar esto en los productores y posibles compradores argentinos”. También hubo apoyo de diputados socialistas y de Proyecto Sur (como Lisandro Viale, Claudio Lozano y Eduardo Macaluse).
La Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas volvieron a quedar del otro lado: nunca apoyaron la regulación.
Un repaso por las noticias de este año deja ver que compañías chinas y francesas, entre otras, tenían definido un fuerte desembarco en áreas rurales argentinas. Un proceso que lleva más de diez años, que se agudizó con los precios internacionales de los productos primarios, un negocio cada vez más copado por capitales financieros transnacionales. Los recursos naturales no renovables, por otra parte, hace rato que tienen vecinos de otros lados: por ejemplo el billonario inglés Joseph Lewis, con enormes extensiones en la Patagonia, o el estadounidense Douglas Tompkins, ahora dueño de los Esteros del Iberá.
El proyecto oficial –hay otros diez que descansan en los despachos del Congreso–, como destacó la jefa de Estado, respeta los derechos adquiridos, un punto que queda especificado en el artículo 16, y sobre el que fue enfática, ante la sospecha de una tergiversación del espíritu de la iniciativa.
El proyecto prevé además la creación de un Registro Nacional de Tierras Rurales dentro del Ministerio de Justicia, y la obligación de los propietarios extranjeros de denunciar su condición ante la autoridad de aplicación. Las cifras extraoficiales estiman que, hoy día, un 10% de las hectáreas rurales está a nombre de extranjeros (ver recuadro aparte).
“El límite de dominio de la tierra argentina es del 20%. No sabemos si no hay excedente. Tenemos la producción agrícolo-ganadera como uno de los puntales y no sabemos esto”, blanqueó la presidenta, quien confió en que la ley sea tratada con celeridad por los legisladores.
El acto fue transmitido en cadena nacional. Hubo diputados y senadores, empresarios –como Cristiano Ratazzi–, gremialistas –como Julio Piumatto–, estuvo el flamante jefe de la UIA, Ignacio de Mendiguren y el gabinete nacional a pleno. Los invitados escucharon otras referencias de la presidenta a la actualidad: pidió un replanteo de cómo se abordan los conflictos y la puja salarial, pidió una reunión para la próxima semana con la CGT y la UIA (ver p. 4). Y recordó, a seis meses de su muerte repentina, a Néstor Kirchner: “Tengo un compromiso con el pueblo y con quien ya no está, y que en una mañana como esta, hace seis meses, partió. Me desvela que este esfuerzo colectivo y personal y familiar no caiga en saco roto”, dijo, cerca del mediodía (ver p. 6). A las 4 de la tarde viajó hacia Río Gallegos, donde tenía previsto visitar la bóveda en la que desansan los restos del ex presidente.
28 de abril de 2011
Por Rodolfo González Arzac
La iniciativa respeta los derechos adquiridos por quienes ya poseen campos en el país. Además prevé la creación de un Registro Nacional de propiedades rurales. Hubo satisfacción en la Federación Agraria y sectores de la oposición.
Tal como había advertido el día de la apertura de sesiones legislativas, y como había vuelto a insistir el miércoles pasado en el Luna Park en la presentación de la corriente agraria CANPO, la presidenta Cristina Fernández anunció ayer que envió al Congreso un proyecto de ley para limitar a un 20% la sumatoria de propiedades extranjeras sobre el total de tierras disponibles, y a un máximo de 1000 hectáreas la propiedad comprada por persona física o jurídica. La iniciativa se inspira en la ley vigente en Brasil, pero también recoge las experiencias de normativas dictadas en los Estados Unidos, Francia, Canadá, España y el Reino Unido. “El proyecto que se propicia en ningún modo resulta una legislación xenofóbica, prohibitiva o refractaria a las inversiones extranjeras responsables”, dice el mensaje enviado a senadores y diputados nacionales, que aclara que se respetarán los derechos adquiridos.
Los diputados radicales de Federación Agraria Argentina (FAA) festejaron la iniciativa. Pablo Orsolini y Ulises Forte señalaron que “limitar la venta de tierra a extranjeros es un anhelo histórico” para la Federación, y expresaron su expectativa de “dar un debate profundo en el Congreso”. El titular de FAA, Eduardo Buzzi, aseguró que se trata de “una conquista” de los federados (y de paso abogó por la regulación de los arrendamientos y un cambio en el sistema de comercialización de granos). El dirigente Pedro Peretti, que encabeza Chacareros en Proyecto Sur, también apoyó el anuncio. Carlos Garetto, de Coninagro, admitió la necesidad de “regular la tenencia de la tierra”, aunque apuntó que le hubiera gustado un debate con las entidades “para saber, por ejemplo, cómo va a impactar esto en los productores y posibles compradores argentinos”. También hubo apoyo de diputados socialistas y de Proyecto Sur (como Lisandro Viale, Claudio Lozano y Eduardo Macaluse).
La Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas volvieron a quedar del otro lado: nunca apoyaron la regulación.
Un repaso por las noticias de este año deja ver que compañías chinas y francesas, entre otras, tenían definido un fuerte desembarco en áreas rurales argentinas. Un proceso que lleva más de diez años, que se agudizó con los precios internacionales de los productos primarios, un negocio cada vez más copado por capitales financieros transnacionales. Los recursos naturales no renovables, por otra parte, hace rato que tienen vecinos de otros lados: por ejemplo el billonario inglés Joseph Lewis, con enormes extensiones en la Patagonia, o el estadounidense Douglas Tompkins, ahora dueño de los Esteros del Iberá.
El proyecto oficial –hay otros diez que descansan en los despachos del Congreso–, como destacó la jefa de Estado, respeta los derechos adquiridos, un punto que queda especificado en el artículo 16, y sobre el que fue enfática, ante la sospecha de una tergiversación del espíritu de la iniciativa.
El proyecto prevé además la creación de un Registro Nacional de Tierras Rurales dentro del Ministerio de Justicia, y la obligación de los propietarios extranjeros de denunciar su condición ante la autoridad de aplicación. Las cifras extraoficiales estiman que, hoy día, un 10% de las hectáreas rurales está a nombre de extranjeros (ver recuadro aparte).
“El límite de dominio de la tierra argentina es del 20%. No sabemos si no hay excedente. Tenemos la producción agrícolo-ganadera como uno de los puntales y no sabemos esto”, blanqueó la presidenta, quien confió en que la ley sea tratada con celeridad por los legisladores.
El acto fue transmitido en cadena nacional. Hubo diputados y senadores, empresarios –como Cristiano Ratazzi–, gremialistas –como Julio Piumatto–, estuvo el flamante jefe de la UIA, Ignacio de Mendiguren y el gabinete nacional a pleno. Los invitados escucharon otras referencias de la presidenta a la actualidad: pidió un replanteo de cómo se abordan los conflictos y la puja salarial, pidió una reunión para la próxima semana con la CGT y la UIA (ver p. 4). Y recordó, a seis meses de su muerte repentina, a Néstor Kirchner: “Tengo un compromiso con el pueblo y con quien ya no está, y que en una mañana como esta, hace seis meses, partió. Me desvela que este esfuerzo colectivo y personal y familiar no caiga en saco roto”, dijo, cerca del mediodía (ver p. 6). A las 4 de la tarde viajó hacia Río Gallegos, donde tenía previsto visitar la bóveda en la que desansan los restos del ex presidente.
“Me desvela que el esfuerzo colectivo y personal caiga en un saco roto”
Por Viviana Mariño
La presidenta Cristina Fernández volvió a dar pistas de su futuro electoral. Defendió la gestión iniciada por el ex mandatario. También insistió con el reclamo para “institucionalizar” los logros y políticas del gobierno kirchnerista.
El almanaque superpuso las fechas. Emocionada, la presidenta Cristina Fernández resaltó la coincidencia y trazó el diagnóstico político al cumplirse ayer seis meses de la muerte de Néstor Kirchner y ocho años de la elección nacional que configuró el finalmente fallido ballottage con Carlos Menem y encaminó al ex mandatario a la Casa Rosada. “Demostramos que se podía tener ideas. Hemos hecho cosas increíbles en estos ocho años. Es mucho lo que avanzó el país y a mí me desvela otra cuestión. Me desvela que este inmenso esfuerzo colectivo y también inmenso esfuerzo personal, y hasta familiar, caiga en un saco roto”, puntualizó. En el mismo discurso, transmitido por cadena nacional, Cristina anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para limitar la venta de tierras rurales a extranjeros. Además, adelantó que convocará a un diálogo formal a la nueva conducción de la UIA y a la CGT.
La alusión a defender las conquistas del gobierno –también insistió con la idea de “institucionalizar, internalizar” los cambios en la sociedad– pasó a engrosar la lista de intervenciones públicas de Cristina destinadas a vaticinar su futuro electoral. Aunque el gobierno y fuerzas aliadas al kirchnerismo descuentan que la presidenta competirá en octubre por la reelección, voces de la oposición se dedicaron en las últimas semanas al análisis del discurso presidencial, especialmente aquellas reflexiones sobre un pasaje “temporal” por el poder que la mandataria hizo la semana pasada. “Cristina no será candidata porque el poder está dividido”, juzgó en las últimas horas la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió.
Esa secuencia inscribe como punto de partida el reclamo de la presidenta en la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el 1 de marzo pasado. “No se hagan los rulos. Quién les dijo que voy a ir por la reelección”, señaló entonces la presidenta.
El kirchnerismo, en cambio, descansa en la convicción de que Cristina maneja los tiempos para los anuncios. “Tiene la mayor responsabilidad institucional y ninguna razón para apurarse”, razonan en la Casa Rosada.
En línea con ese argumento, en el gobierno descuentan que la mandataria jugará al límite con los plazos legales para lanzar formal y públicamente su candidatura.
Ese calendario tiene dos hitos: el 14 de junio es la fecha límite para constituir frentes electorales, una instancia clave en la que el oficialismo develará los límites de los acuerdos con sus aliados. Las candidaturas presidenciales, en tanto, deberán quedar formalmente inscriptas el 25 de junio.
Los funcionarios nacionales que diseñan estrategia electoral visualizan el inicio de ese mes como un momento propicio para el anuncio, pero tampoco descartan, como se especuló hace unos meses, que Cristina aproveche el acto oficial por los festejos del 25 de mayo, en la provincia de Chaco, para avanzar con el anuncio.
“Lo importante no es lo que dice, si juega con el misterio o cómo maneja los tiempos. Lo importante es lo que hace”, resumió un funcionario del Ejecutivo que participa de la articulación de los acuerdos electorales del kirchnerismo.
Esa lectura se nutre en varios antecedentes. Apenas retomó la gestión tras la muerte de Kirchner, la presidenta se involucró en la agenda electoral que lideraba el ex mandatario.
Además, jugó fuerte en el calendario de elecciones provinciales que Catamarca inauguró el 13 de marzo pasado. Su presencia en los actos de campaña de los candidatos K inclinó la tendencia en forma decisiva. Fue el caso de la provincia de Chubut donde Carlos Eliceche parecía contar con pocas chances de imponerse sobre el dasnevismo. La elección terminó en escándalo por irregularidades y sospechas de fraude, pero todavía no se pudo proclamar un ganador por la exigua diferencia entre los rivales.
Además, Cristina dio el aval final al sistema de listas de adhesión. Y negoció con Daniel Scioli la incorporación de esa herramienta en la provincia de Buenos Aires, donde era resistida por el PJ provincial.
La presidenta Cristina Fernández volvió a dar pistas de su futuro electoral. Defendió la gestión iniciada por el ex mandatario. También insistió con el reclamo para “institucionalizar” los logros y políticas del gobierno kirchnerista.
El almanaque superpuso las fechas. Emocionada, la presidenta Cristina Fernández resaltó la coincidencia y trazó el diagnóstico político al cumplirse ayer seis meses de la muerte de Néstor Kirchner y ocho años de la elección nacional que configuró el finalmente fallido ballottage con Carlos Menem y encaminó al ex mandatario a la Casa Rosada. “Demostramos que se podía tener ideas. Hemos hecho cosas increíbles en estos ocho años. Es mucho lo que avanzó el país y a mí me desvela otra cuestión. Me desvela que este inmenso esfuerzo colectivo y también inmenso esfuerzo personal, y hasta familiar, caiga en un saco roto”, puntualizó. En el mismo discurso, transmitido por cadena nacional, Cristina anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para limitar la venta de tierras rurales a extranjeros. Además, adelantó que convocará a un diálogo formal a la nueva conducción de la UIA y a la CGT.
La alusión a defender las conquistas del gobierno –también insistió con la idea de “institucionalizar, internalizar” los cambios en la sociedad– pasó a engrosar la lista de intervenciones públicas de Cristina destinadas a vaticinar su futuro electoral. Aunque el gobierno y fuerzas aliadas al kirchnerismo descuentan que la presidenta competirá en octubre por la reelección, voces de la oposición se dedicaron en las últimas semanas al análisis del discurso presidencial, especialmente aquellas reflexiones sobre un pasaje “temporal” por el poder que la mandataria hizo la semana pasada. “Cristina no será candidata porque el poder está dividido”, juzgó en las últimas horas la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió.
Esa secuencia inscribe como punto de partida el reclamo de la presidenta en la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el 1 de marzo pasado. “No se hagan los rulos. Quién les dijo que voy a ir por la reelección”, señaló entonces la presidenta.
El kirchnerismo, en cambio, descansa en la convicción de que Cristina maneja los tiempos para los anuncios. “Tiene la mayor responsabilidad institucional y ninguna razón para apurarse”, razonan en la Casa Rosada.
En línea con ese argumento, en el gobierno descuentan que la mandataria jugará al límite con los plazos legales para lanzar formal y públicamente su candidatura.
Ese calendario tiene dos hitos: el 14 de junio es la fecha límite para constituir frentes electorales, una instancia clave en la que el oficialismo develará los límites de los acuerdos con sus aliados. Las candidaturas presidenciales, en tanto, deberán quedar formalmente inscriptas el 25 de junio.
Los funcionarios nacionales que diseñan estrategia electoral visualizan el inicio de ese mes como un momento propicio para el anuncio, pero tampoco descartan, como se especuló hace unos meses, que Cristina aproveche el acto oficial por los festejos del 25 de mayo, en la provincia de Chaco, para avanzar con el anuncio.
“Lo importante no es lo que dice, si juega con el misterio o cómo maneja los tiempos. Lo importante es lo que hace”, resumió un funcionario del Ejecutivo que participa de la articulación de los acuerdos electorales del kirchnerismo.
Esa lectura se nutre en varios antecedentes. Apenas retomó la gestión tras la muerte de Kirchner, la presidenta se involucró en la agenda electoral que lideraba el ex mandatario.
Además, jugó fuerte en el calendario de elecciones provinciales que Catamarca inauguró el 13 de marzo pasado. Su presencia en los actos de campaña de los candidatos K inclinó la tendencia en forma decisiva. Fue el caso de la provincia de Chubut donde Carlos Eliceche parecía contar con pocas chances de imponerse sobre el dasnevismo. La elección terminó en escándalo por irregularidades y sospechas de fraude, pero todavía no se pudo proclamar un ganador por la exigua diferencia entre los rivales.
Además, Cristina dio el aval final al sistema de listas de adhesión. Y negoció con Daniel Scioli la incorporación de esa herramienta en la provincia de Buenos Aires, donde era resistida por el PJ provincial.
El juez Oyarbide investigará la causa contra Romero Victorica
Tiempo Argentino
28 de abril de 2011
Por Néstor Espósito
El caso, iniciado tras la acusación de una nieta recuperada en el marco del juicio por el robo de bebés, recayó en el magistrado por sorteo. La justicia de San Martín también fue notificada.
La investigación sobre el fiscal ante la Cámara Nacional de Casación Penal Juan Martín Romero Victorica, denunciado por una nieta recuperada como colaborador de ex represores imputados en causas por delitos de lesa humanidad, quedó a cargo del juez federal Norberto Oyarbide. En una nueva muestra del poder de atracción que sus dos juzgados –los federales Nº 5 y 7– tienen para los expedientes de alta importancia, Oyarbide fue designado por sorteo para llevar adelante una de las múltiples causas en las que Romero Victorica deberá dar explicaciones. En este caso, los denunciantes fueron los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 6, María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Domingo Altieri. Tras escuchar el relato desgarrador de Victoria Montenegro –quien durante su infancia y adolescencia vivió bajo la falsa identidad de María Sol Tetzlaff Eduartes, llamando “papá” a Herman Antonio Tetzlaff, su apropiador y presunto asesino de su verdadero padre–, el tribunal resolvió “extraer testimonios”, es decir impulsar una nueva causa en la que el fiscal será el principal investigado.
No será el único expediente que lo tendrá como activo protagonista: el tribunal también remitió información a la Cámara Federal de San Martín, donde se investigan violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército, especialmente en la guarnición Campo de Mayo. El asesinato de Hilda Ramona Torres y Roque Orlando Montenegro, ocurrido a manos del apropiador de Victoria (quien en ese momento tenía 13 días de vida) en la casa de Boulogne en la que se habían instalado escapando de la represión en el monte tucumano, aún se investiga en los tribunales de San Martín.
Romero Victorica hizo silencio de radio después de fijar su posición en una emisora sobre la declaración de Victoria ante el tribunal oral. No obstante, allegados que aseguran haber tenido contacto con él en las últimas horas indican que está “molesto pero no parece preocupado”, y aunque sospechan que podría tratarse de una “pose”, le escucharon algún exabrupto para minimizar los alcances de la imputación. “En el fondo, sigue pensando que es parte de la batalla ideológica que nunca se negó a dar”, sostienen.
Ayer, además, comenzaron a correr los plazos para que el fiscal formule su descargo ante el sumario interno que ordenó el procurador general de la Nación, Esteban Righi. Dispone, para ello, de cinco días hábiles. Fuentes judiciales recordaron que Romero Victorica tiene un antecedente disciplinario: hace un par de años recibió una sanción menor por parte de Righi, a raíz de expresiones consideradas inadecuadas en el marco de otra investigación. Ante la evolución de los acontecimientos, la causa que promovió el procurador parece ser menos complicada y riesgosa para él: a lo sumo podría ser destituido; en cambio, en los otros expedientes podría terminar preso.
28 de abril de 2011
Por Néstor Espósito
El caso, iniciado tras la acusación de una nieta recuperada en el marco del juicio por el robo de bebés, recayó en el magistrado por sorteo. La justicia de San Martín también fue notificada.
La investigación sobre el fiscal ante la Cámara Nacional de Casación Penal Juan Martín Romero Victorica, denunciado por una nieta recuperada como colaborador de ex represores imputados en causas por delitos de lesa humanidad, quedó a cargo del juez federal Norberto Oyarbide. En una nueva muestra del poder de atracción que sus dos juzgados –los federales Nº 5 y 7– tienen para los expedientes de alta importancia, Oyarbide fue designado por sorteo para llevar adelante una de las múltiples causas en las que Romero Victorica deberá dar explicaciones. En este caso, los denunciantes fueron los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 6, María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Domingo Altieri. Tras escuchar el relato desgarrador de Victoria Montenegro –quien durante su infancia y adolescencia vivió bajo la falsa identidad de María Sol Tetzlaff Eduartes, llamando “papá” a Herman Antonio Tetzlaff, su apropiador y presunto asesino de su verdadero padre–, el tribunal resolvió “extraer testimonios”, es decir impulsar una nueva causa en la que el fiscal será el principal investigado.
No será el único expediente que lo tendrá como activo protagonista: el tribunal también remitió información a la Cámara Federal de San Martín, donde se investigan violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército, especialmente en la guarnición Campo de Mayo. El asesinato de Hilda Ramona Torres y Roque Orlando Montenegro, ocurrido a manos del apropiador de Victoria (quien en ese momento tenía 13 días de vida) en la casa de Boulogne en la que se habían instalado escapando de la represión en el monte tucumano, aún se investiga en los tribunales de San Martín.
Romero Victorica hizo silencio de radio después de fijar su posición en una emisora sobre la declaración de Victoria ante el tribunal oral. No obstante, allegados que aseguran haber tenido contacto con él en las últimas horas indican que está “molesto pero no parece preocupado”, y aunque sospechan que podría tratarse de una “pose”, le escucharon algún exabrupto para minimizar los alcances de la imputación. “En el fondo, sigue pensando que es parte de la batalla ideológica que nunca se negó a dar”, sostienen.
Ayer, además, comenzaron a correr los plazos para que el fiscal formule su descargo ante el sumario interno que ordenó el procurador general de la Nación, Esteban Righi. Dispone, para ello, de cinco días hábiles. Fuentes judiciales recordaron que Romero Victorica tiene un antecedente disciplinario: hace un par de años recibió una sanción menor por parte de Righi, a raíz de expresiones consideradas inadecuadas en el marco de otra investigación. Ante la evolución de los acontecimientos, la causa que promovió el procurador parece ser menos complicada y riesgosa para él: a lo sumo podría ser destituido; en cambio, en los otros expedientes podría terminar preso.
El homenaje de una nueva militancia
Página 12
28 de abril de 2011
Por Luis Bruschtein
En el homenaje que le hicieron los movimientos juveniles kirchneristas del peronismo, la izquierda y el centroizquierda a Néstor Kirchner a los seis meses de su muerte, no hubo grandes aparatos ni ómnibus fletados ni vino ni choripán. Tampoco hubo veteranos, salvo alguna patrulla perdida y dispersa de canosos setentistas que más que en actitud protagónica estaban en ademán de pasar la posta. Al revés que los ochentistas con sus temores y sus dos demonios, esta generación los respeta.
No fue un homenaje de grandes fastos, ni de aparatos, ni solemne, ni manijero, porque todas las agrupaciones se pusieron de acuerdo para que el acto fuera amplio. No hubo oradores políticos, solamente una mesa de colaboradores de Kirchner que contaron anécdotas y un documental con retazos de discursos y entrevistas del ex presidente.
Para los que participaron en el hemiciclo del Parque Lezama, que representan a gran parte de una generación que se incorporó con el kirchnerismo a la política, no importaba tanto lo que sucediera en el acto en sí, sino estar allí, como una especie de homenaje a quien les abriera las puertas de una militancia que muchos de ellos ni se hubieran imaginado.
Hubo una generación que se incorporó a la política en los ‘70, después otra que lo hizo con todas las expectativas del retorno a la democracia en el ‘83. Y ésta es la tercera generación que llega a la militancia. Durante todo el tiempo hubo jóvenes que se incorporaron a la política en forma individual, pero como generación, ésta es la tercera que lo hace desde los años ’70. Lo que les pasó a las dos anteriores está mostrado por la historia, y sus derivaciones plantean enfoques muy polémicos y complejos, pero en todo caso fueron la herramienta que utilizó la sociedad para destrabar y abrir caminos, rebeldes en un caso o superpragmáticos en el otro. Lo que pase con ésta está por verse, porque recién empieza, pero tiene ante sí una senda mucho más despejada que las dos anteriores.
El lugar estaba lleno, pero no fue una gran movilización de cientos de miles. Sin embargo, los colores, temperaturas y tonos reproducían muchos de los que se vieron en las exequias de Kirchner, dándole a aquel fenómeno novedoso un carácter de permanencia. Algo que llegó para quedarse como la marca política central de una nueva generación. Como pasa en las militancias juveniles, a los pibes les gusta identificarse y entonces esas marcas que los identifican son a su vez convocantes.
Es obvio que el ex presidente tuvo mucho que ver, no solamente con esa afluencia generacional, sino también con las características y sus contenidos. Por eso el homenaje real que pudo tener un político de raza, como Kirchner, estuvo en las tribunas y en esa nueva militancia.
28 de abril de 2011
Por Luis Bruschtein
En el homenaje que le hicieron los movimientos juveniles kirchneristas del peronismo, la izquierda y el centroizquierda a Néstor Kirchner a los seis meses de su muerte, no hubo grandes aparatos ni ómnibus fletados ni vino ni choripán. Tampoco hubo veteranos, salvo alguna patrulla perdida y dispersa de canosos setentistas que más que en actitud protagónica estaban en ademán de pasar la posta. Al revés que los ochentistas con sus temores y sus dos demonios, esta generación los respeta.
No fue un homenaje de grandes fastos, ni de aparatos, ni solemne, ni manijero, porque todas las agrupaciones se pusieron de acuerdo para que el acto fuera amplio. No hubo oradores políticos, solamente una mesa de colaboradores de Kirchner que contaron anécdotas y un documental con retazos de discursos y entrevistas del ex presidente.
Para los que participaron en el hemiciclo del Parque Lezama, que representan a gran parte de una generación que se incorporó con el kirchnerismo a la política, no importaba tanto lo que sucediera en el acto en sí, sino estar allí, como una especie de homenaje a quien les abriera las puertas de una militancia que muchos de ellos ni se hubieran imaginado.
Hubo una generación que se incorporó a la política en los ‘70, después otra que lo hizo con todas las expectativas del retorno a la democracia en el ‘83. Y ésta es la tercera generación que llega a la militancia. Durante todo el tiempo hubo jóvenes que se incorporaron a la política en forma individual, pero como generación, ésta es la tercera que lo hace desde los años ’70. Lo que les pasó a las dos anteriores está mostrado por la historia, y sus derivaciones plantean enfoques muy polémicos y complejos, pero en todo caso fueron la herramienta que utilizó la sociedad para destrabar y abrir caminos, rebeldes en un caso o superpragmáticos en el otro. Lo que pase con ésta está por verse, porque recién empieza, pero tiene ante sí una senda mucho más despejada que las dos anteriores.
El lugar estaba lleno, pero no fue una gran movilización de cientos de miles. Sin embargo, los colores, temperaturas y tonos reproducían muchos de los que se vieron en las exequias de Kirchner, dándole a aquel fenómeno novedoso un carácter de permanencia. Algo que llegó para quedarse como la marca política central de una nueva generación. Como pasa en las militancias juveniles, a los pibes les gusta identificarse y entonces esas marcas que los identifican son a su vez convocantes.
Es obvio que el ex presidente tuvo mucho que ver, no solamente con esa afluencia generacional, sino también con las características y sus contenidos. Por eso el homenaje real que pudo tener un político de raza, como Kirchner, estuvo en las tribunas y en esa nueva militancia.
Los papeles que guardaba el apropiador
Página 12
28 de abril de 2011
Por Irina Hauser
Victoria Montenegro reveló que su apropiador poseía documentos con datos sobre procedimientos realizados durante la dictadura. La Justicia allanó una de sus casas y, aunque no se encontró ese material, se analizan otros elementos hallados.
Había algo más que Victoria Montenegro tenía atragantado desde hacía muchos años, aparte de que el fiscal de la Cámara de Casación Juan Martín Romero Victorica le pasaba información a su apropiador sobre la causa en su contra. Eso otro era un recuerdo nítido: en una casa donde solía pasar los fines de semana con sus apropiadores en Marcos Paz había visto documentos y papeles vinculados con el terrorismo de Estado, algunos puntualmente con operativos en los que había participado el coronel de Inteligencia Herman Tetzlaff, a quien la mayor parte de su vida creyó su padre, hasta que él mismo le dijo que había matado a sus padres biológicos en marzo de 1976. Así lo relató ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6), que lleva adelante el juicio sobre el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos. A partir de ese testimonio, los jueces ordenaron allanar la vivienda a la que Tetzlaff, con evidente sadismo, llamaba “El Campito”, como el centro clandestino de detención que funcionó dentro de Campo de Mayo. En el procedimiento, que se hizo ayer, se hallaron algunas de sus pertenencias, como una tarjeta de fin de año que le mandó el ex general Santiago Omar Riveros y el libro El Ejército hoy, de 1976, promotor del régimen dictatorial.
Aunque los hallazgos no fueron significativos como evidencia judicial, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo Alan Iud destacó la decisión del TOF6 de impulsar la medida. “Los jueces, casi por regla general, no allanan las casas de los apropiadores investigados. No se entiende por qué, cuando puede ser un gran aporte a la investigación. Hace poco se allanó la casa de un apropiador y se hallaron cartas que dejaban en evidencia que él y su mujer conocían el origen de la chica apropiada”, ilustró Iud.
Victoria le contó a Página/12 que hace diez años que no pisa la casa de Marcos Paz, y tampoco fue ayer, cuando se hizo el allanamiento del que sí participaron agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), un secretario del tribunal oral y Iud. Cuando declaró, ante la pregunta de uno de los jueces Victoria dijo que creía que allí ya no debía quedar mucho, “aunque quizá todavía quede algo”, aclaró. “Herman –como le dice a su apropiador, ya fallecido– guardaba documentación con información de operativos en los que había participado y en los que había dinero o cosas de valor. Lo hacía para cubrirse, para que después no le dijeran que se había quedado con algo. Pero sé que por orden del Ejército después quemó muchas cosas”, refrescó en diálogo con este diario lo que declaró ante la Justicia. Recordaba, por ejemplo, que Tetzlaff guardaba papeles en un entretecho.
La casa de Marcos Paz, “El Campito” de Tetzlaff, pertenece ahora a la hermana de crianza de Victoria pero la habitan familiares de su marido, que recibieron con buena predisposición a la policía.
Hay otros papeles de Tetzlaff que Victoria tuvo en su poder y que entregó en el juzgado de Norberto Oyarbide, que instruye la causa sobre los crímenes de la Triple A, en la que ella se presentó porque el asesinato de sus padres y su propio secuestro ocurrieron días antes del 24 de marzo de 1976. También relató esto ante el TOF6 y se lo explicó a Página/12 : “Herman había armado unas listas de las empresas de seguridad que trabajaban para (Alfredo) Yabrán y quienes las integraban y al lado ponía el nombre de los centros clandestinos a los que se ve que pertenecieron. Estas listas las tenía él en el penal donde estaba detenido, en Campo de Mayo, y cuando lo internaron en el Hospital Militar me las traje”. Después falleció. Tuvo en su poder, asimismo, una especie de mapa viejo, donde había una esquina marcada, en Ramos Mejía, cree recordar. “Un día, que me junté con hijos (de desaparecidos) que buscan a sus hermanos, lo mostré –cuenta– y una de ellas, me dice ‘¡Esa era mi casa, la casa de mis papás’.”
28 de abril de 2011
Por Irina Hauser
Victoria Montenegro reveló que su apropiador poseía documentos con datos sobre procedimientos realizados durante la dictadura. La Justicia allanó una de sus casas y, aunque no se encontró ese material, se analizan otros elementos hallados.
Había algo más que Victoria Montenegro tenía atragantado desde hacía muchos años, aparte de que el fiscal de la Cámara de Casación Juan Martín Romero Victorica le pasaba información a su apropiador sobre la causa en su contra. Eso otro era un recuerdo nítido: en una casa donde solía pasar los fines de semana con sus apropiadores en Marcos Paz había visto documentos y papeles vinculados con el terrorismo de Estado, algunos puntualmente con operativos en los que había participado el coronel de Inteligencia Herman Tetzlaff, a quien la mayor parte de su vida creyó su padre, hasta que él mismo le dijo que había matado a sus padres biológicos en marzo de 1976. Así lo relató ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6), que lleva adelante el juicio sobre el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos. A partir de ese testimonio, los jueces ordenaron allanar la vivienda a la que Tetzlaff, con evidente sadismo, llamaba “El Campito”, como el centro clandestino de detención que funcionó dentro de Campo de Mayo. En el procedimiento, que se hizo ayer, se hallaron algunas de sus pertenencias, como una tarjeta de fin de año que le mandó el ex general Santiago Omar Riveros y el libro El Ejército hoy, de 1976, promotor del régimen dictatorial.
Aunque los hallazgos no fueron significativos como evidencia judicial, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo Alan Iud destacó la decisión del TOF6 de impulsar la medida. “Los jueces, casi por regla general, no allanan las casas de los apropiadores investigados. No se entiende por qué, cuando puede ser un gran aporte a la investigación. Hace poco se allanó la casa de un apropiador y se hallaron cartas que dejaban en evidencia que él y su mujer conocían el origen de la chica apropiada”, ilustró Iud.
Victoria le contó a Página/12 que hace diez años que no pisa la casa de Marcos Paz, y tampoco fue ayer, cuando se hizo el allanamiento del que sí participaron agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), un secretario del tribunal oral y Iud. Cuando declaró, ante la pregunta de uno de los jueces Victoria dijo que creía que allí ya no debía quedar mucho, “aunque quizá todavía quede algo”, aclaró. “Herman –como le dice a su apropiador, ya fallecido– guardaba documentación con información de operativos en los que había participado y en los que había dinero o cosas de valor. Lo hacía para cubrirse, para que después no le dijeran que se había quedado con algo. Pero sé que por orden del Ejército después quemó muchas cosas”, refrescó en diálogo con este diario lo que declaró ante la Justicia. Recordaba, por ejemplo, que Tetzlaff guardaba papeles en un entretecho.
La casa de Marcos Paz, “El Campito” de Tetzlaff, pertenece ahora a la hermana de crianza de Victoria pero la habitan familiares de su marido, que recibieron con buena predisposición a la policía.
Hay otros papeles de Tetzlaff que Victoria tuvo en su poder y que entregó en el juzgado de Norberto Oyarbide, que instruye la causa sobre los crímenes de la Triple A, en la que ella se presentó porque el asesinato de sus padres y su propio secuestro ocurrieron días antes del 24 de marzo de 1976. También relató esto ante el TOF6 y se lo explicó a Página/12 : “Herman había armado unas listas de las empresas de seguridad que trabajaban para (Alfredo) Yabrán y quienes las integraban y al lado ponía el nombre de los centros clandestinos a los que se ve que pertenecieron. Estas listas las tenía él en el penal donde estaba detenido, en Campo de Mayo, y cuando lo internaron en el Hospital Militar me las traje”. Después falleció. Tuvo en su poder, asimismo, una especie de mapa viejo, donde había una esquina marcada, en Ramos Mejía, cree recordar. “Un día, que me junté con hijos (de desaparecidos) que buscan a sus hermanos, lo mostré –cuenta– y una de ellas, me dice ‘¡Esa era mi casa, la casa de mis papás’.”
Testigo de una despedida
Página 12
28 de abril de 2011
Por Alejandra Dandan
Papaleo contó que escuchó el parto, el llanto y el diálogo de la mamá con su beba. Relató que cuando la separaron de su hija, la mujer, que sería María Petrakos, les dio a los guardias los datos como si la fuesen a inscribir en el Registro Civil.
Lidia Eva Papaleo de Graiver llevaba un rato declarando. Había hablado de su secuestro, de los interrogatorios bajo tortura que le hicieron en presencia de otros hombres vinculados al grupo Graiver. De las preguntas sobre el dinero, del destino de los fondos del banquero. Pero estaba en el juicio por el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos para hablar de otra cosa. De su paso por el centro clandestino ubicado en el Pozo de Banfield, y de la embarazada y del parto que escuchó a unos metros, en el pasillo “inmundo” que estaba frente a su celda.
Cuando le quitaron la niña a la mujer de al lado habían pasado unas veinticuatro horas desde el nacimiento, explicó Lidia. Entró un guardia para pedirle el bebé. Y esa mujer –oyó Lidia pared de por medio– despidió a su hija dándole al guardia las referencias completas del nombre y apellido, como si estuviese dándole los datos para inscribirla en el registro civil. “Yo no sé si era el nombre de ella o de la niña”, dijo Lidia a los miembros del Tribunal Oral Federal 6. “Pero escuché claramente la palabra María y a continuación un apellido italiano que nunca más pude recordar.”
–¿Usted cree que si oye nuevamente ese apellido podría reconocerlo? –le preguntó Luciano Hazan, uno de los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo.
–Puede ser –dijo Lidia–, soy una persona muy creyente, le he pedido a Dios que me diga realmente algo porque me siento en deuda con esa criatura.
Ante la mención de los nombres, la mujer dijo que la parturienta podría ser María Petrakos.
Lidia llegó a los Tribunales de Retiro y su relato fue el tercero del día. Antes, había declarado por el mismo caso Gustavo Caraballo, que fue secretario técnico del último gobierno de Perón y abogado de Graiver. Además de reseñar un interrogatorio frente a Ramón Camps y dar datos sobre los secuestros extorsivos organizados por los militares para secuestrar a banqueros y financistas en nombre de Montoneros, también habló de ese parto. De los gritos de un bebé que lloraba desesperado aparentemente por el hambre, y del momento en el que uno de los guardias le acercó una mamadera enviada por un comandante.
Lidia era la que podía hablar de aquel caso con más precisiones. A ella la secuestraron el 14 de marzo de 1977. La llevaron a Puesto Vasco, donde estaba su suegro, su cuñado y un grupo de personas vinculadas con su marido, el banquero Isidoro Graiver. Durante la estadía intentaron obligarla a firmar alguna declaración en la que decía que él había recibido dinero en lingotes de oro de Perón. “Me habían apodado ‘la impura’ porque había estado con un judío y querían hacer aparecer como que había un complot judío”, dijo. La llevaron a La Plata, al Departamento de Policía donde Ramón Camps la enfrentó en un careo con el periodista Jacobo Timerman. Un mes después la trasladaron al Pozo de Banfield, donde la alojaron en el sector donde estaban las mujeres.
Esa primera noche, cuando la guardia se retiró alguien le preguntó a Lidia quién era. Lidia estaba ubicada en la línea de las celdas de las mujeres, y se dio cuenta de que en la línea de atrás estaban los calabozos de los hombres. Las voces aparecían más lejos. Los escuchaba conversar. “Yo estaba aterrada, lastimada, con el cuerpo quemado por las picanas de Puesto Vasco, y entonces esa noche un guardia me abrió la puerta para preguntarme si podía ayudar en un parto, una mujer estaba por tener familia, pero yo no me pude parar porque estaba muy quemada. El guardia cerró la puerta y escuché cómo sacaban de la celda de al lado a alguien, y ella tenía familia, parió en ese pasillo.”
Antes de eso, aclaró, las compañeras de la muchacha que estaba a punto de parir empezaron a llamar a los guardias. “Se ve que estaba acompañada y que había más gente con ella, creo que en los calabozos había más de una persona y ellas empezaron a golpear contra esa chapa, que viniera el guardia porque la chica iba a parir.” Y parió, dijo después: “Parió en ese pasillo inmundo, ahí”.
Con el paso de los años, Gustavo Caraballo leyó en Página/12 que Clara Petrakos, la hermana de esa niña nacida en cautiverio, preguntaba si alguien tenía datos de ese nacimiento, si alguien había estado para abril de 1977 en el Pozo de Banfield. Llamó a Clara para invitarla a su casa, contarle lo poco que él podía decirle y darle los datos de Lidia.
Lidia perdió contacto con su compañera de celda poco después del parto. Al día siguiente la cambiaron a otro calabozo, donde también pusieron a su suegro. Antes de irse, sin embargo, escuchó a la joven: “La escuché cuando nació, que lloraba, que le hablaba de cosas de las que hablan las madres, con ternura”.
28 de abril de 2011
Por Alejandra Dandan
Papaleo contó que escuchó el parto, el llanto y el diálogo de la mamá con su beba. Relató que cuando la separaron de su hija, la mujer, que sería María Petrakos, les dio a los guardias los datos como si la fuesen a inscribir en el Registro Civil.
Lidia Eva Papaleo de Graiver llevaba un rato declarando. Había hablado de su secuestro, de los interrogatorios bajo tortura que le hicieron en presencia de otros hombres vinculados al grupo Graiver. De las preguntas sobre el dinero, del destino de los fondos del banquero. Pero estaba en el juicio por el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos para hablar de otra cosa. De su paso por el centro clandestino ubicado en el Pozo de Banfield, y de la embarazada y del parto que escuchó a unos metros, en el pasillo “inmundo” que estaba frente a su celda.
Cuando le quitaron la niña a la mujer de al lado habían pasado unas veinticuatro horas desde el nacimiento, explicó Lidia. Entró un guardia para pedirle el bebé. Y esa mujer –oyó Lidia pared de por medio– despidió a su hija dándole al guardia las referencias completas del nombre y apellido, como si estuviese dándole los datos para inscribirla en el registro civil. “Yo no sé si era el nombre de ella o de la niña”, dijo Lidia a los miembros del Tribunal Oral Federal 6. “Pero escuché claramente la palabra María y a continuación un apellido italiano que nunca más pude recordar.”
–¿Usted cree que si oye nuevamente ese apellido podría reconocerlo? –le preguntó Luciano Hazan, uno de los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo.
–Puede ser –dijo Lidia–, soy una persona muy creyente, le he pedido a Dios que me diga realmente algo porque me siento en deuda con esa criatura.
Ante la mención de los nombres, la mujer dijo que la parturienta podría ser María Petrakos.
Lidia llegó a los Tribunales de Retiro y su relato fue el tercero del día. Antes, había declarado por el mismo caso Gustavo Caraballo, que fue secretario técnico del último gobierno de Perón y abogado de Graiver. Además de reseñar un interrogatorio frente a Ramón Camps y dar datos sobre los secuestros extorsivos organizados por los militares para secuestrar a banqueros y financistas en nombre de Montoneros, también habló de ese parto. De los gritos de un bebé que lloraba desesperado aparentemente por el hambre, y del momento en el que uno de los guardias le acercó una mamadera enviada por un comandante.
Lidia era la que podía hablar de aquel caso con más precisiones. A ella la secuestraron el 14 de marzo de 1977. La llevaron a Puesto Vasco, donde estaba su suegro, su cuñado y un grupo de personas vinculadas con su marido, el banquero Isidoro Graiver. Durante la estadía intentaron obligarla a firmar alguna declaración en la que decía que él había recibido dinero en lingotes de oro de Perón. “Me habían apodado ‘la impura’ porque había estado con un judío y querían hacer aparecer como que había un complot judío”, dijo. La llevaron a La Plata, al Departamento de Policía donde Ramón Camps la enfrentó en un careo con el periodista Jacobo Timerman. Un mes después la trasladaron al Pozo de Banfield, donde la alojaron en el sector donde estaban las mujeres.
Esa primera noche, cuando la guardia se retiró alguien le preguntó a Lidia quién era. Lidia estaba ubicada en la línea de las celdas de las mujeres, y se dio cuenta de que en la línea de atrás estaban los calabozos de los hombres. Las voces aparecían más lejos. Los escuchaba conversar. “Yo estaba aterrada, lastimada, con el cuerpo quemado por las picanas de Puesto Vasco, y entonces esa noche un guardia me abrió la puerta para preguntarme si podía ayudar en un parto, una mujer estaba por tener familia, pero yo no me pude parar porque estaba muy quemada. El guardia cerró la puerta y escuché cómo sacaban de la celda de al lado a alguien, y ella tenía familia, parió en ese pasillo.”
Antes de eso, aclaró, las compañeras de la muchacha que estaba a punto de parir empezaron a llamar a los guardias. “Se ve que estaba acompañada y que había más gente con ella, creo que en los calabozos había más de una persona y ellas empezaron a golpear contra esa chapa, que viniera el guardia porque la chica iba a parir.” Y parió, dijo después: “Parió en ese pasillo inmundo, ahí”.
Con el paso de los años, Gustavo Caraballo leyó en Página/12 que Clara Petrakos, la hermana de esa niña nacida en cautiverio, preguntaba si alguien tenía datos de ese nacimiento, si alguien había estado para abril de 1977 en el Pozo de Banfield. Llamó a Clara para invitarla a su casa, contarle lo poco que él podía decirle y darle los datos de Lidia.
Lidia perdió contacto con su compañera de celda poco después del parto. Al día siguiente la cambiaron a otro calabozo, donde también pusieron a su suegro. Antes de irse, sin embargo, escuchó a la joven: “La escuché cuando nació, que lloraba, que le hablaba de cosas de las que hablan las madres, con ternura”.
miércoles, 27 de abril de 2011
“Argentina recuperó la gobernabilidad de su política y de su economía”
Tiempo Argentino
27 de abril de 2011
Por Ignacio Chausis
Hugo Moyano acaparó todas las miradas durante el acto. Ante 300 empresarios, el industrial reconoció que el país vive una “situación económica muy distinta a la de 2001” y bregó por un modelo desarrollista, aunque también elogió a Techint.
Tal vez porque se trata de la cámara patronal más politizada dentro del entramado empresarial local, el acto de asunción de José Ignacio de Mendiguren al frente de la Unión Industrial Argentina(UIA) contó ayer con prácticamente la misma solemnidad que un acto oficial, incluso con las palabras introductorias de un párroco que dio la bienvenida a la nueva comisión directa.
Acompañado por la nueva comisión directiva, “El Vasco”, tal como se lo conoce al dirigente, se hizo cargo por segunda vez de la entidad patronal, luego de las disputas internas en torno a su nombramiento. Con tono conciliador, De Mendiguren habló ante unos 300 empresarios que se hicieron presentes en el salón de actos que la entidad tiene en su sede de Avenida de Mayo al 1100, donde la presencia del titular de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, acaparó todas las miradas. También estuvieron presentes otros popes de la Central Obrera como Jose Luis Lingeri, Omar Plaini y Juan Carlos Schmid. “La UIA no está aquí para confrontar, sino para construir”, indicó el directivo frente a un auditorio en el cual también se encontraba el titular del Banco Macro, Jorge Brito; el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, y el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega. Ausente su mandamás Paolo Rocca, el Grupo Techint estuvo representado por medio de su gerente general, Martín Berardi. El empresario evitó, en todo momento, referirse a la actual tensión entre el Grupo Techint y el gobierno. Al respecto, con palabras muy medidas, afirmó que el Estado no tiene que estar ausente ni omnipresente, “sino que debe ser inteligente e inducir al desarrollo a través de políticas públicas activas”. Durante su discurso, el flamante titular de la UIA, quien presidirá la entidad los próximos dos años, contrastó el contexto económico actual con el que existía durante su anterior gestión en 2001, hacia el final del gobierno de la Alianza. “Hoy asumo la presidencia en un contexto diametralmente diferente al de nuestro país y nuestra industria cuando me tocó asumirla en 2001”, destacó el directivo, quien agregó además que “ese crecimiento contiene marcadas diferencias respecto de la estructura económica de décadas anteriores: un fuerte aumento del poder adquisitivo de los trabajadores y del empleo, y con ello, la reducción parcial de la pobreza y la indigencia”. Para De Mendiguren, “Argentina recuperó la gobernabilidad de su política y de su economía”. En este marco consideró “necesario mantener una demanda interna pujante y un tipo de cambio que favorezca la producción y el pleno empleo, y que sea flexible para poder adecuarse al escenario local e internacional”. A la hora de los reclamos, el ex ministro de la Producción de la gestión de Eduardo Duhalde pidió que se introduzcan cambios a la ley de riesgos de trabajo para evitar lo que considera “la industria del juicio”. “Debemos trabajar juntos para tener una legislación laboral y tributaria justa que limite la creciente litigiosidad laboral, que sólo alimenta el flagelo de la industria del juicio.” Reiteró el pedido de los industriales para que el Estado cree un Banco de Desarrollo destinado a financiar “la inversión de largo plazo”, sumado a la profundización de los actuales programas como el Fondo del Bicentenario. Federico Nicholson (Ledesma) –como vicepresidente primero– y Luis Betnaza (Techint) –vicepresidente segundo– son los principales directivos que secundarán al flamante presidente de la Unión Industrial Argentina.
27 de abril de 2011
Por Ignacio Chausis
Hugo Moyano acaparó todas las miradas durante el acto. Ante 300 empresarios, el industrial reconoció que el país vive una “situación económica muy distinta a la de 2001” y bregó por un modelo desarrollista, aunque también elogió a Techint.
Tal vez porque se trata de la cámara patronal más politizada dentro del entramado empresarial local, el acto de asunción de José Ignacio de Mendiguren al frente de la Unión Industrial Argentina(UIA) contó ayer con prácticamente la misma solemnidad que un acto oficial, incluso con las palabras introductorias de un párroco que dio la bienvenida a la nueva comisión directa.
Acompañado por la nueva comisión directiva, “El Vasco”, tal como se lo conoce al dirigente, se hizo cargo por segunda vez de la entidad patronal, luego de las disputas internas en torno a su nombramiento. Con tono conciliador, De Mendiguren habló ante unos 300 empresarios que se hicieron presentes en el salón de actos que la entidad tiene en su sede de Avenida de Mayo al 1100, donde la presencia del titular de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, acaparó todas las miradas. También estuvieron presentes otros popes de la Central Obrera como Jose Luis Lingeri, Omar Plaini y Juan Carlos Schmid. “La UIA no está aquí para confrontar, sino para construir”, indicó el directivo frente a un auditorio en el cual también se encontraba el titular del Banco Macro, Jorge Brito; el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, y el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega. Ausente su mandamás Paolo Rocca, el Grupo Techint estuvo representado por medio de su gerente general, Martín Berardi. El empresario evitó, en todo momento, referirse a la actual tensión entre el Grupo Techint y el gobierno. Al respecto, con palabras muy medidas, afirmó que el Estado no tiene que estar ausente ni omnipresente, “sino que debe ser inteligente e inducir al desarrollo a través de políticas públicas activas”. Durante su discurso, el flamante titular de la UIA, quien presidirá la entidad los próximos dos años, contrastó el contexto económico actual con el que existía durante su anterior gestión en 2001, hacia el final del gobierno de la Alianza. “Hoy asumo la presidencia en un contexto diametralmente diferente al de nuestro país y nuestra industria cuando me tocó asumirla en 2001”, destacó el directivo, quien agregó además que “ese crecimiento contiene marcadas diferencias respecto de la estructura económica de décadas anteriores: un fuerte aumento del poder adquisitivo de los trabajadores y del empleo, y con ello, la reducción parcial de la pobreza y la indigencia”. Para De Mendiguren, “Argentina recuperó la gobernabilidad de su política y de su economía”. En este marco consideró “necesario mantener una demanda interna pujante y un tipo de cambio que favorezca la producción y el pleno empleo, y que sea flexible para poder adecuarse al escenario local e internacional”. A la hora de los reclamos, el ex ministro de la Producción de la gestión de Eduardo Duhalde pidió que se introduzcan cambios a la ley de riesgos de trabajo para evitar lo que considera “la industria del juicio”. “Debemos trabajar juntos para tener una legislación laboral y tributaria justa que limite la creciente litigiosidad laboral, que sólo alimenta el flagelo de la industria del juicio.” Reiteró el pedido de los industriales para que el Estado cree un Banco de Desarrollo destinado a financiar “la inversión de largo plazo”, sumado a la profundización de los actuales programas como el Fondo del Bicentenario. Federico Nicholson (Ledesma) –como vicepresidente primero– y Luis Betnaza (Techint) –vicepresidente segundo– son los principales directivos que secundarán al flamante presidente de la Unión Industrial Argentina.
Siderar: la justicia avaló el pedido de ANSES
Tiempo Argentino
27 de abril de 2011
Por Equipo de Economía
El juez Hernán Papa otorgó al organismo previsional la medida cautelar por la que la empresa no podrá disponer de las ganancias retenidas y no distribuidas. Ayer, Roberto Feletti fue elegido director en la asamblea del Banco Macro.
El titular del Juzgado Nº 12 del fuero Comercial, Hernán Diego Papa, avaló ayer preventivamente el pedido de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) al otorgar la medida cautelar solicitada por el organismo en la acción de nulidad de la Asamblea de la empresa Siderar.
Con esta medida, el juez ordenó a esa compañía que se abstenga de realizar cualquier acto de disposición total o parcial de los saldos de las cuentas del patrimonio neto correspondiente a “reserva futuros dividendos”, “reserva facultativa”, “resultados diferidos” y “resultados no asignados”, salvo que la disposición consista en la desafectación total o parcial de los saldos con el exclusivo objeto de pagar los dividendos a los accionistas.
Asimismo, el juez suspendió preventivamente la ejecución de las resoluciones adoptadas en la asamblea del 15 de abril, en relación a los puntos del orden del día primero (primera parte sobre aprobación de los estados contables) y sexto (destino del ejercicio).
La información judicial cerró una jornada en la que la ANSES vio reforzada su posición a favor de que se elijan más directores en representación del Estado en las empresas en las que el organismo previsional tiene participación accionaria.
De esta manera, el viceministro de Economía, Roberto Feletti, se integró al directorio del Banco Macro en representación del 30,9% en manos de la ANSES, sumándose a Rafael Magnanini, quien renovó su mandato.
“Tal como lo había anticipado, la ANSES votó acumulativamente y por esta facultad otorgada por el artículo 263 de la Ley 19.550 logró la designación del doctor Roberto Feletti”, expresaron desde el Macro en un comunicado dirigido a la Bolsa de Comercio. En su texto, la entidad señaló que los accionistas designaron a otros dos directores, Juan Pablo Brito Devoto y Luis Carlos Cerolini, y aprobaron los estados contables y la distribución de $ 505,3 millones como dividendos en efectivo, de los que el Estado recibirá poco más de
$ 156 millones.
Ayer también se realizó la asamblea de accionistas de la firma inmobiliaria Consultatio, en la que se confirmó la continuidad de Juan Patricio Furlong como director en representación de la parte estatal del 26,62% del capital accionario, lo que también le dio derecho al Estado a elegir un síndico.
El director ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, indicó ayer en declaraciones públicas que “se cumplió la normativa vigente incluida en el Decreto 441/11. Todo se desarrolló con total normalidad en las asambleas de accionistas del Banco Macro y Consultatio.”
27 de abril de 2011
Por Equipo de Economía
El juez Hernán Papa otorgó al organismo previsional la medida cautelar por la que la empresa no podrá disponer de las ganancias retenidas y no distribuidas. Ayer, Roberto Feletti fue elegido director en la asamblea del Banco Macro.
El titular del Juzgado Nº 12 del fuero Comercial, Hernán Diego Papa, avaló ayer preventivamente el pedido de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) al otorgar la medida cautelar solicitada por el organismo en la acción de nulidad de la Asamblea de la empresa Siderar.
Con esta medida, el juez ordenó a esa compañía que se abstenga de realizar cualquier acto de disposición total o parcial de los saldos de las cuentas del patrimonio neto correspondiente a “reserva futuros dividendos”, “reserva facultativa”, “resultados diferidos” y “resultados no asignados”, salvo que la disposición consista en la desafectación total o parcial de los saldos con el exclusivo objeto de pagar los dividendos a los accionistas.
Asimismo, el juez suspendió preventivamente la ejecución de las resoluciones adoptadas en la asamblea del 15 de abril, en relación a los puntos del orden del día primero (primera parte sobre aprobación de los estados contables) y sexto (destino del ejercicio).
La información judicial cerró una jornada en la que la ANSES vio reforzada su posición a favor de que se elijan más directores en representación del Estado en las empresas en las que el organismo previsional tiene participación accionaria.
De esta manera, el viceministro de Economía, Roberto Feletti, se integró al directorio del Banco Macro en representación del 30,9% en manos de la ANSES, sumándose a Rafael Magnanini, quien renovó su mandato.
“Tal como lo había anticipado, la ANSES votó acumulativamente y por esta facultad otorgada por el artículo 263 de la Ley 19.550 logró la designación del doctor Roberto Feletti”, expresaron desde el Macro en un comunicado dirigido a la Bolsa de Comercio. En su texto, la entidad señaló que los accionistas designaron a otros dos directores, Juan Pablo Brito Devoto y Luis Carlos Cerolini, y aprobaron los estados contables y la distribución de $ 505,3 millones como dividendos en efectivo, de los que el Estado recibirá poco más de
$ 156 millones.
Ayer también se realizó la asamblea de accionistas de la firma inmobiliaria Consultatio, en la que se confirmó la continuidad de Juan Patricio Furlong como director en representación de la parte estatal del 26,62% del capital accionario, lo que también le dio derecho al Estado a elegir un síndico.
El director ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, indicó ayer en declaraciones públicas que “se cumplió la normativa vigente incluida en el Decreto 441/11. Todo se desarrolló con total normalidad en las asambleas de accionistas del Banco Macro y Consultatio.”
Ordenan investigar a un fiscal acusado de proteger a un represor
Tiempo Argentino
27 de abril de 2011
Por Néstor Espósito
El procurador general, Esteban Righi, promovió un sumario para determinar si Juan Martín Romero Victorica obstaculizó la causa por la identidad de una hija de desaparecidos. El TOF Nº 6 ordenó iniciar un proceso penal.
El procurador general de la Nación, Esteban Righi, promovió una investigación contra el fiscal ante la Cámara de Casación Penal Juan Martín Romero Victorica por presuntas irregularidades cometidas para obstaculizar una investigación sobre la verdadera identidad de una hija de desaparecidos. El expediente podría poner fin a su controvertida carrera en los Tribunales y, más aun, derivar en una condena penal. Y todo por el testimonio de Victoria Montenegro, una hija de desaparecidos que durante toda su infancia y adolescencia vivió engañada, creyendo ser María Sol Tetzlaff Eduartes y llamando “papá” y “mamá” a sus apropiadores, el fallecido coronel de inteligencia y jefe del centro clandestino de detención y torturas El Vesubio, Herman Antonio Tetzlaff, y su esposa, María del Carmen Eduartes.
En simultáneo, el Tribunal Oral Federal Nº 6 también ordenó investigar a Romero Victorica tras un pedido de la fiscalía y las querellas del juicio que se sigue por el Plan Sistemático de robo de bebés durante la dictadura militar en el que, el lunes y ante el mismo tribunal, declaró Montenegro. El cuerpo ordenó que se sortee qué juez tendrá a cargo la investigación contra Romero Victorica.
El escrito firmado por Righi, superior jerárquico de Romero Victorica, tiene apenas una página y le ofrece al fiscal la posibilidad de un descargo en el plazo de cinco días.
Además, deberá establecerse si ya hay una causa penal abierta para investigar la conducta de “El Potro” Romero Victorica, porque se lo acusa de haber filtrado información sobre la causa en la que se investigaba la apropiación de una bebé de apenas 13 días de vida a manos de quien, además, era el asesino de sus verdaderos padres. También de haber obstaculizado la investigación de modo tal de demorar la verdad; de haber colaborado con el aporte de abogados para que el apropiador pudiera estar en libertad, y complotado para que fuera destituido el ex juez federal de San Isidro Roberto Marquevich, el hombre que le reveló a Victoria su verdadera identidad.
Romero Victorica le habría propuesto a Victoria el armado de una maniobra para precipitar la destitución de Marquevich poco después de la detención de la dueña del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, en el marco de una investigación para determinar la verdadera identidad de sus hijos adoptivos, Marcela y Felipe.
En su testimonio, Montenegro calificó al fiscal como un “contacto” de su apropiador en la justicia. “Él sabía que yo había sido apropiada por la dictadura. Él sabía que Tetzlaff había matado a mis padres”, dijo el lunes en su testimonio ante la justicia.
Además, advirtió que su apropiador considera a Romero Victorica un “amigo de la causa”.
En la resolución firmada por Righi también se requirieron copias de la declaración de Montenegro del lunes ante el TOF Nº 6.
Entre las sanciones disciplinarias que podrían recaer en el fiscal figuran, según el artículo 25 del reglamento del Consejo Evaluador, la prevención, el apercibimiento, la suspensión de hasta 30 días sin goce de haberes, la cesantía o, directamente, la exoneración.
Romero Victorica parece complicado, porque lo que se tomará en cuenta es “la gravedad de la falta; los antecedentes en la función del magistrado; y los perjuicios efectivamente causados”.
27 de abril de 2011
Por Néstor Espósito
El procurador general, Esteban Righi, promovió un sumario para determinar si Juan Martín Romero Victorica obstaculizó la causa por la identidad de una hija de desaparecidos. El TOF Nº 6 ordenó iniciar un proceso penal.
El procurador general de la Nación, Esteban Righi, promovió una investigación contra el fiscal ante la Cámara de Casación Penal Juan Martín Romero Victorica por presuntas irregularidades cometidas para obstaculizar una investigación sobre la verdadera identidad de una hija de desaparecidos. El expediente podría poner fin a su controvertida carrera en los Tribunales y, más aun, derivar en una condena penal. Y todo por el testimonio de Victoria Montenegro, una hija de desaparecidos que durante toda su infancia y adolescencia vivió engañada, creyendo ser María Sol Tetzlaff Eduartes y llamando “papá” y “mamá” a sus apropiadores, el fallecido coronel de inteligencia y jefe del centro clandestino de detención y torturas El Vesubio, Herman Antonio Tetzlaff, y su esposa, María del Carmen Eduartes.
En simultáneo, el Tribunal Oral Federal Nº 6 también ordenó investigar a Romero Victorica tras un pedido de la fiscalía y las querellas del juicio que se sigue por el Plan Sistemático de robo de bebés durante la dictadura militar en el que, el lunes y ante el mismo tribunal, declaró Montenegro. El cuerpo ordenó que se sortee qué juez tendrá a cargo la investigación contra Romero Victorica.
El escrito firmado por Righi, superior jerárquico de Romero Victorica, tiene apenas una página y le ofrece al fiscal la posibilidad de un descargo en el plazo de cinco días.
Además, deberá establecerse si ya hay una causa penal abierta para investigar la conducta de “El Potro” Romero Victorica, porque se lo acusa de haber filtrado información sobre la causa en la que se investigaba la apropiación de una bebé de apenas 13 días de vida a manos de quien, además, era el asesino de sus verdaderos padres. También de haber obstaculizado la investigación de modo tal de demorar la verdad; de haber colaborado con el aporte de abogados para que el apropiador pudiera estar en libertad, y complotado para que fuera destituido el ex juez federal de San Isidro Roberto Marquevich, el hombre que le reveló a Victoria su verdadera identidad.
Romero Victorica le habría propuesto a Victoria el armado de una maniobra para precipitar la destitución de Marquevich poco después de la detención de la dueña del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, en el marco de una investigación para determinar la verdadera identidad de sus hijos adoptivos, Marcela y Felipe.
En su testimonio, Montenegro calificó al fiscal como un “contacto” de su apropiador en la justicia. “Él sabía que yo había sido apropiada por la dictadura. Él sabía que Tetzlaff había matado a mis padres”, dijo el lunes en su testimonio ante la justicia.
Además, advirtió que su apropiador considera a Romero Victorica un “amigo de la causa”.
En la resolución firmada por Righi también se requirieron copias de la declaración de Montenegro del lunes ante el TOF Nº 6.
Entre las sanciones disciplinarias que podrían recaer en el fiscal figuran, según el artículo 25 del reglamento del Consejo Evaluador, la prevención, el apercibimiento, la suspensión de hasta 30 días sin goce de haberes, la cesantía o, directamente, la exoneración.
Romero Victorica parece complicado, porque lo que se tomará en cuenta es “la gravedad de la falta; los antecedentes en la función del magistrado; y los perjuicios efectivamente causados”.
Citan a policías por el crimen de Ferreyra
Tiempo Argentino
27 de abril de 2011
Por N.E
La jueza López indagará a los efectivos de la Federal por no haber evitado el accionar de la patota de la Unión Ferroviaria, pese a contar con los medios para hacerlo. Entre los convocados está el ex superintendente Lompizano.
Siete integrantes de la Policía Federal, entre ellos tres comisarios, comenzarán a desfilar hoy ante la jueza de instrucción Wilma López acusados de haber “liberado la zona” en que el 20 de octubre de 2010, en el barrio porteño de Barracas, el militante del PO Mariano Ferreyra murió por un balazo presuntamente disparado desde una patota de la Unión Ferroviaria. La magistrada hizo lugar a un pedido que había formulado el 18 de febrero pasado, el fiscal de instrucción Fernando Fiszer, continuador de una tarea de investigación que inició su ex colega y hoy viceministra de Seguridad Cristina Caamaño. Las indagatorias comenzarán esta mañana y terminarán el jueves de la semana próxima.
La lista está integrada por el comisario inspector Luis Osvaldo Mansilla, titular del Departamento de Control de Líneas de la Policía Federal; el comisario Jorge Raúl Ferreyra, jefe de la División Roca de Ferrocarriles; el principal Gastón Conti, de la Dirección General de Operaciones; el subcomisario de la Seccional 30 –con jurisdicción en la zona– Rolando César Garay, y el agente David Ismael Villalba. A esos cinco nombres, originalmente imputados por el fiscal, la jueza López agregó otros dos: Hugo Lompizano, ex titular de la Superintendencia Metropolitana y recientemente pasado a disponibilidad, y su ex segundo, Luis Alberto Echevarría.
En las declaraciones indagatorias, el juez explica al imputado cuáles son los hechos por los que será interrogado y qué pruebas tiene en su contra. Cuando Conti ingrese hoy, a las 10, al despacho del quinto piso del Palacio de Tribunales, sabrá que él y sus compañeros de armas están acusados de haber “contado con los medios para evitar” el ataque contra los tercerizados del Roca y militantes de fuerzas de izquierda, pese a lo cual “no ordenaron interrumpir la conducta de los nombrados, abandonando a su suerte a las víctimas y poniendo en peligro la vida y la salud de los mismos”. Después del ataque, “permitieron que los autores huyan y oculten los elementos utilizados”, especialmente las armas, que jamás aparecieron. Finalmente, “no se adoptaron los recaudos para la obtención y preservación de la prueba en el lugar del hecho y no revelaron la totalidad de los elementos que en el lugar se hallaban”.
La jueza López ha desarrollado en el marco de esta causa una dinámica de trabajo que se repite sistemáticamente. No se apresura a llamar a indagatorias, pese a los pedidos del fiscal y las querellas, pero una vez que toma la decisión de convocar a los acusados los termina procesando. Cada paso que da está precedido de un aval previo de sus superiores jerárquicos de la Cámara del Crimen y de la Cámara de Casación. Cuando el 22 de febrero ordenó la detención de José Pedraza ya tenía consigo la confirmación de los procesamientos de los primeros siete acusados y la denegatoria de excarcelación de casi todos ellos. Ahora, con la confirmación del procesamiento de Pedraza y la certeza de que seguirá en prisión, avanza sobre los policías.
27 de abril de 2011
Por N.E
La jueza López indagará a los efectivos de la Federal por no haber evitado el accionar de la patota de la Unión Ferroviaria, pese a contar con los medios para hacerlo. Entre los convocados está el ex superintendente Lompizano.
Siete integrantes de la Policía Federal, entre ellos tres comisarios, comenzarán a desfilar hoy ante la jueza de instrucción Wilma López acusados de haber “liberado la zona” en que el 20 de octubre de 2010, en el barrio porteño de Barracas, el militante del PO Mariano Ferreyra murió por un balazo presuntamente disparado desde una patota de la Unión Ferroviaria. La magistrada hizo lugar a un pedido que había formulado el 18 de febrero pasado, el fiscal de instrucción Fernando Fiszer, continuador de una tarea de investigación que inició su ex colega y hoy viceministra de Seguridad Cristina Caamaño. Las indagatorias comenzarán esta mañana y terminarán el jueves de la semana próxima.
La lista está integrada por el comisario inspector Luis Osvaldo Mansilla, titular del Departamento de Control de Líneas de la Policía Federal; el comisario Jorge Raúl Ferreyra, jefe de la División Roca de Ferrocarriles; el principal Gastón Conti, de la Dirección General de Operaciones; el subcomisario de la Seccional 30 –con jurisdicción en la zona– Rolando César Garay, y el agente David Ismael Villalba. A esos cinco nombres, originalmente imputados por el fiscal, la jueza López agregó otros dos: Hugo Lompizano, ex titular de la Superintendencia Metropolitana y recientemente pasado a disponibilidad, y su ex segundo, Luis Alberto Echevarría.
En las declaraciones indagatorias, el juez explica al imputado cuáles son los hechos por los que será interrogado y qué pruebas tiene en su contra. Cuando Conti ingrese hoy, a las 10, al despacho del quinto piso del Palacio de Tribunales, sabrá que él y sus compañeros de armas están acusados de haber “contado con los medios para evitar” el ataque contra los tercerizados del Roca y militantes de fuerzas de izquierda, pese a lo cual “no ordenaron interrumpir la conducta de los nombrados, abandonando a su suerte a las víctimas y poniendo en peligro la vida y la salud de los mismos”. Después del ataque, “permitieron que los autores huyan y oculten los elementos utilizados”, especialmente las armas, que jamás aparecieron. Finalmente, “no se adoptaron los recaudos para la obtención y preservación de la prueba en el lugar del hecho y no revelaron la totalidad de los elementos que en el lugar se hallaban”.
La jueza López ha desarrollado en el marco de esta causa una dinámica de trabajo que se repite sistemáticamente. No se apresura a llamar a indagatorias, pese a los pedidos del fiscal y las querellas, pero una vez que toma la decisión de convocar a los acusados los termina procesando. Cada paso que da está precedido de un aval previo de sus superiores jerárquicos de la Cámara del Crimen y de la Cámara de Casación. Cuando el 22 de febrero ordenó la detención de José Pedraza ya tenía consigo la confirmación de los procesamientos de los primeros siete acusados y la denegatoria de excarcelación de casi todos ellos. Ahora, con la confirmación del procesamiento de Pedraza y la certeza de que seguirá en prisión, avanza sobre los policías.
Un expediente para evaluar la destitución de Romero Victorica
Página 12
27 de abril de 2011
Por Irina Hauser
Victoria Montenegro, apropiada por el coronel Herman Tetzlaff, aseguró que “Romero Victorica sabía que Herman mató a mi padre”. Righi investigará el caso y la Justicia abrirá una causa penal.
La carrera judicial del fiscal de la Cámara de Casación Juan Martín Romero Victorica se tambalea. Es porque para Victoria Montenegro, hija de una pareja de desa-parecidos, “se acabó el miedo” y siente “la obligación de denunciarlo”. El lunes declaró que mientras la Justicia tenía que investigar a su apropiador, el coronel de Inteligencia del Ejército Herman Tetzlaff, el fiscal Romero Victorica lo llamaba para anticiparle información de la causa y hasta le consiguió abogados para su defensa. Ayer, Victoria le dijo más a Página/12: “Romero Victorica sabía que Herman mató a mi padre”, en un operativo que comandaba. Ahora, “el Potro” –como le dicen al fiscal– tendrá cinco días para presentar un descargo ante el procurador general, Esteban Righi, jefe de todos los fiscales, quien enseguida abrió un expediente administrativo y evaluará si impulsa su destitución. Por lo pronto, además, el Tribunal Oral Federal 6, que lleva adelante el juicio sobre el plan sistemático de apropiación de menores durante la dictadura, donde Victoria hizo su relato revelador, resolvió enviar la grabación de toda su declaración a la Cámara Federal para que se abra una causa penal ante algún posible “delito de acción pública”.
Lo primero que hizo Righi fue pedir la declaración de Victoria y “todas las constancias vinculadas a la actuación” de Romero Victorica. Después de estas formalidades, anunció, le requerirá “explicaciones” y dará paso a la intervención de un grupo de fiscales que conforman un “consejo evaluador”, que le recomendarán el próximo paso, que puede ser desde una sanción hasta el impulso de su juicio político. El TOF 6, además de denunciar posibles delitos de parte del fiscal para que se lo investigue penalmente, también resolvió mandar la grabación del testimonio de la joven no sólo a la Procuración, sino al juzgado de Norberto Oyarbide, quien investiga la actuación de juzgados de menores durante la dictadura en la entrega de bebés nacidos en cautiverio, y también al juzgado de San Martín que investiga la desaparición de los padres de Victoria, Hilda Ramona Torres y Roque Orlando Montenegro, militantes de la JP y luego del ERP.
Victoria describió el lunes ante los jueces del TOF 6 –que preside María Roqueta– una relación muy estrecha entre Romero Victorica y su apropiador, el coronel Tetzlaff, fallecido, quien fue jefe del operativo que se llevó a sus padres de su casa en Boulogne, jefe de grupos de tareas de El Vesubio y de Inteligencia en Campo de Mayo. Situó el vínculo entre el fiscal y Tetzlaff en la época en que comenzó a avanzar la causa penal que dejaría al descubierto cómo se apropió de ella, seis meses después de ese operativo en el que mató al padre biológico de Victoria. El propio represor le confesó a ella que había asesinado a Montenegro, y hasta le dio el arma que utilizó, que tenía guardada (ver aparte).
Romero Victorica, contó Victoria, “llamaba a casa y le daba información” sobre lo que pasaba en el expediente. “Sé que era amigo de mi apropiador, Herman siempre dijo que era de la causa de ellos (...) iba a Comodoro Py a verlo por la información que le facilitaba”, reiteró ayer.
Cuando detuvieron a Tetzlaff por primera vez, por orden del ex juez de San Isidro Roberto Marquevich, ella misma atendió el teléfono y el fiscal le dijo que se quedara tranquila, “que yo debía contenerlo, que iba a salir, que él iba poner a unos amigos para que lo sacaran”. Según contó, Romero Victorica dijo que le debían un favor, uno era su sobrino Manuel Romero Victorica y otro Martín Anzoátegui, juez federal durante la dictadura, que mandó a allanar en 1981 a los organismos de derechos humanos. En tres meses lo liberaron. Con la condena volvió a quedar preso.
Como muchos otros hijos de de-saparecidos apropiados, Victoria pasó por una etapa de apego a su apropiador y de cierta resistencia a conocer la verdad sobre su origen, hasta que en un momento, en sus palabras, “empecé a hacerme cargo de la otra historia”. Fue cuando la Cámara de San Martín firmó un fallo aceptando que no se sacara sangre, entonces se planteó: “Soné si alguna vez quiero saber algo”. Después conoció su identidad por otros estudios de ADN alternativos, en base a elementos obtenidos en su casa. Contó que incluso ella misma había ido a ver alguna vez a Romero Victorica. “La última vez me habló muy bien de Herman, entonces yo le digo que participó en el operativo en el que matan a mis padres, por eso me volvió a buscar. Entonces me abraza y me dice ‘tu papá tuvo un motivo mucho más fuerte para irte a buscar’”, contó Victoria. “Romero Victorica sabía que Herman mató a mi padre”, le dijo a este diario.
Por mucho tiempo, dijo Victoria, no habló de Romero Victorica por “lealtad” dado que había “ayudado” a su apropiador. Hace poco, cuando tuvo que ir a declarar en la causa sobre la Triple A (a sus padres los mataron días antes del 24 de marzo de 1976), “me di cuenta de que a este señor no le debo nada, de que en realidad no ayudó nunca, que mi papá está desaparecido (...) que esta persona por el contrario ayudó a que nunca se sepa la verdad (...) Ahí en mi cabeza hice un quiebre y dije, no, fue cómplice y ya no hay lugar para eso en este país que estamos construyendo. Por eso tengo la obligación de denunciarlo y por eso no tengo que tener miedo”.
Romero Victorica habló ayer por radio e inquirió: “¿Eso dijo Victoria Montenegro?” “¿En qué juicio?”. Reconoció que se había reunido con ella y dijo que lo hacía para darle consejos, pero acotó que a Tetzlaff “no lo conozco, no lo conocí ni sé qué pasó con su vida”. “¿Cómo le voy a pasar información?”, agregó después. El fiscal sostuvo que “porque yo he tenido presos a terroristas y subversivos (sic), al hacer eso (se deduce) tengo que ser amigo de los militares. Eso es un grave error que cometen incluso pe-rio-dis-tas”, silabeó. “En la Justicia no tenemos amigos ni enemigos, tenemos gente que es objeto de la Justicia. O ella está en un profundo error o cree que porque yo la recibí, la atendí, le encontré la causa y la orienté un poquito en su vida, no sé, pero bueno... en fin”, titubeó.
Por no haber denunciado su aparente conocimiento de los operativos en los que Tetzlaff intervino, incluso la confesión de que mató al papá de Victoria, Romero Victorica podría ser investigado por posible incumplimiento de los deberes de funcionario público; asesorar y filtrar información para una parte, se correspondería con el delito de prevaricato. En la Procuración, un grupo de fiscales decidirá en los próximos días si hay motivos para mandarlo a un jury y destituirlo. Un antecedente de fiscales enviados a juicio por complicidad con crímenes de la dictadura es el de Roberto Mazzoni y Carlos Flores Leyes, acusados de participar en interrogatorios ilegales y amenazar a detenidos ligados a la Masacre de Margarita Belén. Ambos renunciaron antes del inicio del jury. El propio Romero Victorica ya fue sancionado por la Procuración a raíz de que, en una audiencia en Casación por la excarcelación del ex ministro de gobierno de facto Jaime Smart, dijo: “No puedo creer que a Jimmy le imputen esos hechos, no sé qué hace está causa acá, si yo estoy de acuerdo con la excarcelación”. Los hechos eran 60 privaciones ilegales de la libertad y tormentos en el circuito Camps.
27 de abril de 2011
Por Irina Hauser
Victoria Montenegro, apropiada por el coronel Herman Tetzlaff, aseguró que “Romero Victorica sabía que Herman mató a mi padre”. Righi investigará el caso y la Justicia abrirá una causa penal.
La carrera judicial del fiscal de la Cámara de Casación Juan Martín Romero Victorica se tambalea. Es porque para Victoria Montenegro, hija de una pareja de desa-parecidos, “se acabó el miedo” y siente “la obligación de denunciarlo”. El lunes declaró que mientras la Justicia tenía que investigar a su apropiador, el coronel de Inteligencia del Ejército Herman Tetzlaff, el fiscal Romero Victorica lo llamaba para anticiparle información de la causa y hasta le consiguió abogados para su defensa. Ayer, Victoria le dijo más a Página/12: “Romero Victorica sabía que Herman mató a mi padre”, en un operativo que comandaba. Ahora, “el Potro” –como le dicen al fiscal– tendrá cinco días para presentar un descargo ante el procurador general, Esteban Righi, jefe de todos los fiscales, quien enseguida abrió un expediente administrativo y evaluará si impulsa su destitución. Por lo pronto, además, el Tribunal Oral Federal 6, que lleva adelante el juicio sobre el plan sistemático de apropiación de menores durante la dictadura, donde Victoria hizo su relato revelador, resolvió enviar la grabación de toda su declaración a la Cámara Federal para que se abra una causa penal ante algún posible “delito de acción pública”.
Lo primero que hizo Righi fue pedir la declaración de Victoria y “todas las constancias vinculadas a la actuación” de Romero Victorica. Después de estas formalidades, anunció, le requerirá “explicaciones” y dará paso a la intervención de un grupo de fiscales que conforman un “consejo evaluador”, que le recomendarán el próximo paso, que puede ser desde una sanción hasta el impulso de su juicio político. El TOF 6, además de denunciar posibles delitos de parte del fiscal para que se lo investigue penalmente, también resolvió mandar la grabación del testimonio de la joven no sólo a la Procuración, sino al juzgado de Norberto Oyarbide, quien investiga la actuación de juzgados de menores durante la dictadura en la entrega de bebés nacidos en cautiverio, y también al juzgado de San Martín que investiga la desaparición de los padres de Victoria, Hilda Ramona Torres y Roque Orlando Montenegro, militantes de la JP y luego del ERP.
Victoria describió el lunes ante los jueces del TOF 6 –que preside María Roqueta– una relación muy estrecha entre Romero Victorica y su apropiador, el coronel Tetzlaff, fallecido, quien fue jefe del operativo que se llevó a sus padres de su casa en Boulogne, jefe de grupos de tareas de El Vesubio y de Inteligencia en Campo de Mayo. Situó el vínculo entre el fiscal y Tetzlaff en la época en que comenzó a avanzar la causa penal que dejaría al descubierto cómo se apropió de ella, seis meses después de ese operativo en el que mató al padre biológico de Victoria. El propio represor le confesó a ella que había asesinado a Montenegro, y hasta le dio el arma que utilizó, que tenía guardada (ver aparte).
Romero Victorica, contó Victoria, “llamaba a casa y le daba información” sobre lo que pasaba en el expediente. “Sé que era amigo de mi apropiador, Herman siempre dijo que era de la causa de ellos (...) iba a Comodoro Py a verlo por la información que le facilitaba”, reiteró ayer.
Cuando detuvieron a Tetzlaff por primera vez, por orden del ex juez de San Isidro Roberto Marquevich, ella misma atendió el teléfono y el fiscal le dijo que se quedara tranquila, “que yo debía contenerlo, que iba a salir, que él iba poner a unos amigos para que lo sacaran”. Según contó, Romero Victorica dijo que le debían un favor, uno era su sobrino Manuel Romero Victorica y otro Martín Anzoátegui, juez federal durante la dictadura, que mandó a allanar en 1981 a los organismos de derechos humanos. En tres meses lo liberaron. Con la condena volvió a quedar preso.
Como muchos otros hijos de de-saparecidos apropiados, Victoria pasó por una etapa de apego a su apropiador y de cierta resistencia a conocer la verdad sobre su origen, hasta que en un momento, en sus palabras, “empecé a hacerme cargo de la otra historia”. Fue cuando la Cámara de San Martín firmó un fallo aceptando que no se sacara sangre, entonces se planteó: “Soné si alguna vez quiero saber algo”. Después conoció su identidad por otros estudios de ADN alternativos, en base a elementos obtenidos en su casa. Contó que incluso ella misma había ido a ver alguna vez a Romero Victorica. “La última vez me habló muy bien de Herman, entonces yo le digo que participó en el operativo en el que matan a mis padres, por eso me volvió a buscar. Entonces me abraza y me dice ‘tu papá tuvo un motivo mucho más fuerte para irte a buscar’”, contó Victoria. “Romero Victorica sabía que Herman mató a mi padre”, le dijo a este diario.
Por mucho tiempo, dijo Victoria, no habló de Romero Victorica por “lealtad” dado que había “ayudado” a su apropiador. Hace poco, cuando tuvo que ir a declarar en la causa sobre la Triple A (a sus padres los mataron días antes del 24 de marzo de 1976), “me di cuenta de que a este señor no le debo nada, de que en realidad no ayudó nunca, que mi papá está desaparecido (...) que esta persona por el contrario ayudó a que nunca se sepa la verdad (...) Ahí en mi cabeza hice un quiebre y dije, no, fue cómplice y ya no hay lugar para eso en este país que estamos construyendo. Por eso tengo la obligación de denunciarlo y por eso no tengo que tener miedo”.
Romero Victorica habló ayer por radio e inquirió: “¿Eso dijo Victoria Montenegro?” “¿En qué juicio?”. Reconoció que se había reunido con ella y dijo que lo hacía para darle consejos, pero acotó que a Tetzlaff “no lo conozco, no lo conocí ni sé qué pasó con su vida”. “¿Cómo le voy a pasar información?”, agregó después. El fiscal sostuvo que “porque yo he tenido presos a terroristas y subversivos (sic), al hacer eso (se deduce) tengo que ser amigo de los militares. Eso es un grave error que cometen incluso pe-rio-dis-tas”, silabeó. “En la Justicia no tenemos amigos ni enemigos, tenemos gente que es objeto de la Justicia. O ella está en un profundo error o cree que porque yo la recibí, la atendí, le encontré la causa y la orienté un poquito en su vida, no sé, pero bueno... en fin”, titubeó.
Por no haber denunciado su aparente conocimiento de los operativos en los que Tetzlaff intervino, incluso la confesión de que mató al papá de Victoria, Romero Victorica podría ser investigado por posible incumplimiento de los deberes de funcionario público; asesorar y filtrar información para una parte, se correspondería con el delito de prevaricato. En la Procuración, un grupo de fiscales decidirá en los próximos días si hay motivos para mandarlo a un jury y destituirlo. Un antecedente de fiscales enviados a juicio por complicidad con crímenes de la dictadura es el de Roberto Mazzoni y Carlos Flores Leyes, acusados de participar en interrogatorios ilegales y amenazar a detenidos ligados a la Masacre de Margarita Belén. Ambos renunciaron antes del inicio del jury. El propio Romero Victorica ya fue sancionado por la Procuración a raíz de que, en una audiencia en Casación por la excarcelación del ex ministro de gobierno de facto Jaime Smart, dijo: “No puedo creer que a Jimmy le imputen esos hechos, no sé qué hace está causa acá, si yo estoy de acuerdo con la excarcelación”. Los hechos eran 60 privaciones ilegales de la libertad y tormentos en el circuito Camps.
Partos en la comisaría
Página 12
27 de abril de 2011
Por Alejandra Dandan
La causa por el plan sistemático del robo de bebés volvió a situarse en la comisaría 5ª de La Plata. Uno de los sobrevivientes del centro clandestino habló ayer del embarazo de Inés Ortega, del nacimiento de su hijo y de las otras parturientas que estaban en el lugar: “Cuando se llevaron a Inés se escuchaban los gritos y de repente sentimos una alegría un poco rara –dijo Hugo Pablo Marini–, porque se escucharon los llantos, había mucho alboroto, felicitaciones, llantos y bronca, todas emociones encontradas”.
Hasta antes de sentarse ante el Tribunal Oral Federal 6 que ayer lo escuchó hablar, Marini no sabía qué había sucedido con ese niño. Sabía que el bebé había vuelto con su madre a la celda enseguida, que estuvo con ella durante unos días y que luego se lo habían robado. Minutos después, ya en el pasillo, supo que ese chico recuperó su identidad, se llama Leonardo Fosatti, trabaja con las Abuelas de Plaza de Mayo y declaró la semana pasada.
Marini era vicepresidente del centro universitario de Chacabuco, militaba en la Juventud Peronista Universitaria y se había afiliado al Partido Auténtico. Lo secuestraron el 11 de enero de 1977. Primero lo llevaron a la Brigada de San Nicolás, luego al Pozo de Arana y finalmente a la comisaría 5ª de La Plata, donde permaneció hasta el 30 de marzo.
“Estuve esposado, con las manos atadas a las espaldas la mayor parte del tiempo, tabicado, pero no considero que se me hayan cometido actos de tortura a sabiendas de lo que sufrieron los demás compañeros. No considero que mis dichos puedan ser relevantes, pero sí me golpearon, estuvimos días sin comer, me dieron toques de picana, simulacros de tiros”, dijo.
Marini explicó que cuando llegó a la comisaría 5ª había unas cuatro o cinco embarazadas. “Las chicas eran llevadas al baño para bañarse cada dos o tres días, las traían de a tres o de a cuatro, una se quedaba en el patio, otra se bañaba y la otra, que podía ser la esposa de algún compañero, se quedaba charlando con nosotros.”
Entre las embarazadas estaba Adriana Calvo, que murió el año pasado, pero durante su cautiverio ayudó a Inés Ortega con el trabajo de parto. Marini nombró además a Inés y a Elena de la Cuadra.
“Inés había entrado en trabajo de parto y me acuerdo que pedían por favor que el cabo de guardia la fuera a atender. Las chicas gritaban, todo era un infierno hasta que se la llevaron. Sacaron a Inés y a alguien que la acompañaba, mientras tanto le gritaban y le decían de todo. Pasaron unas horas y volvieron con el bebé, después supe que el nacimiento fue en la misma comisaría.” Inés tuvo a su hijo en la cocina. Cuando la devolvieron, la llevaron a bañarse y en ese momento logró hablar por la mirilla con su marido, que también estaba secuestrado”, dijo Marini. Los padres de Leandro estuvieron unos días más en el lugar. Ambos están desaparecidos.
Cuando Marini recuperó la libertad, el 30 de marzo, Inés todavía estaba ahí. A él lo llevaron a hablar con una persona que parecía el jefe. “Era alguien muy, muy importante. Se notaba por el rigor que tenían todos los demás, era una persona muy rígida, un hombre muy puntilloso, no se oía una voz que no fuera la de él mientras hablaba; por debajo de la venda se le veían los zapatos lustrados, el pantalón a rayitas muy definidas, tenía un lenguaje muy propio, hablaba con mucha precisión.”
Un día y medio después de esa reunión, a Marini lo sacaron en un auto y lo dejaron en la Circunvalación de La Plata, a unas cinco cuadras de la comisaría 5ª. En ese momento escuchó lo de siempre, que el silencio es salud, que no dijera nada.
27 de abril de 2011
Por Alejandra Dandan
La causa por el plan sistemático del robo de bebés volvió a situarse en la comisaría 5ª de La Plata. Uno de los sobrevivientes del centro clandestino habló ayer del embarazo de Inés Ortega, del nacimiento de su hijo y de las otras parturientas que estaban en el lugar: “Cuando se llevaron a Inés se escuchaban los gritos y de repente sentimos una alegría un poco rara –dijo Hugo Pablo Marini–, porque se escucharon los llantos, había mucho alboroto, felicitaciones, llantos y bronca, todas emociones encontradas”.
Hasta antes de sentarse ante el Tribunal Oral Federal 6 que ayer lo escuchó hablar, Marini no sabía qué había sucedido con ese niño. Sabía que el bebé había vuelto con su madre a la celda enseguida, que estuvo con ella durante unos días y que luego se lo habían robado. Minutos después, ya en el pasillo, supo que ese chico recuperó su identidad, se llama Leonardo Fosatti, trabaja con las Abuelas de Plaza de Mayo y declaró la semana pasada.
Marini era vicepresidente del centro universitario de Chacabuco, militaba en la Juventud Peronista Universitaria y se había afiliado al Partido Auténtico. Lo secuestraron el 11 de enero de 1977. Primero lo llevaron a la Brigada de San Nicolás, luego al Pozo de Arana y finalmente a la comisaría 5ª de La Plata, donde permaneció hasta el 30 de marzo.
“Estuve esposado, con las manos atadas a las espaldas la mayor parte del tiempo, tabicado, pero no considero que se me hayan cometido actos de tortura a sabiendas de lo que sufrieron los demás compañeros. No considero que mis dichos puedan ser relevantes, pero sí me golpearon, estuvimos días sin comer, me dieron toques de picana, simulacros de tiros”, dijo.
Marini explicó que cuando llegó a la comisaría 5ª había unas cuatro o cinco embarazadas. “Las chicas eran llevadas al baño para bañarse cada dos o tres días, las traían de a tres o de a cuatro, una se quedaba en el patio, otra se bañaba y la otra, que podía ser la esposa de algún compañero, se quedaba charlando con nosotros.”
Entre las embarazadas estaba Adriana Calvo, que murió el año pasado, pero durante su cautiverio ayudó a Inés Ortega con el trabajo de parto. Marini nombró además a Inés y a Elena de la Cuadra.
“Inés había entrado en trabajo de parto y me acuerdo que pedían por favor que el cabo de guardia la fuera a atender. Las chicas gritaban, todo era un infierno hasta que se la llevaron. Sacaron a Inés y a alguien que la acompañaba, mientras tanto le gritaban y le decían de todo. Pasaron unas horas y volvieron con el bebé, después supe que el nacimiento fue en la misma comisaría.” Inés tuvo a su hijo en la cocina. Cuando la devolvieron, la llevaron a bañarse y en ese momento logró hablar por la mirilla con su marido, que también estaba secuestrado”, dijo Marini. Los padres de Leandro estuvieron unos días más en el lugar. Ambos están desaparecidos.
Cuando Marini recuperó la libertad, el 30 de marzo, Inés todavía estaba ahí. A él lo llevaron a hablar con una persona que parecía el jefe. “Era alguien muy, muy importante. Se notaba por el rigor que tenían todos los demás, era una persona muy rígida, un hombre muy puntilloso, no se oía una voz que no fuera la de él mientras hablaba; por debajo de la venda se le veían los zapatos lustrados, el pantalón a rayitas muy definidas, tenía un lenguaje muy propio, hablaba con mucha precisión.”
Un día y medio después de esa reunión, a Marini lo sacaron en un auto y lo dejaron en la Circunvalación de La Plata, a unas cinco cuadras de la comisaría 5ª. En ese momento escuchó lo de siempre, que el silencio es salud, que no dijera nada.
“Hoy los golpes tienden a darlos las policías”
Página 12
27 de abril de 2011
El juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni avaló la decisión gubernamental de “redefinir” las estructuras de las fuerzas de seguridad, a las que responsabilizó de dar “golpes de Estado” en el pasado reciente, aunque advirtió que “la policía es una institución absolutamente necesaria”. “Por fin en la Argentina estamos tratando de resolver una deuda pendiente desde la vuelta de la democracia, ya que no habíamos redefinido nuestro modelo de policía: tenemos que redefinir las estructuras policiales”, aseveró el magistrado.
Zaffaroni retomó un concepto que había esbozado en octubre, tras la sublevación policial en Ecuador contra el presidente Rafael Correa. “Esta tentativa de golpe de Estado refleja un problema general de América latina. No nos hemos ocupado de hacer un modelo policial democrático. Es el poder que da golpes en este momento. No son tradicionales, pero pueden desestabilizar”, advirtió. “Hoy los golpes tienden a darlos las policías”, insistió ayer. Citó tres ejemplos: “El último empujón a (Fernando) De la Rúa se lo dio la policía; el empujón a (Eduardo) Duhalde se lo dio la policía, y el caso de Ecuador fue más manifiesto”.
“La policía es una institución absolutamente necesaria”, destacó el juez de la Corte. “Hay que ver si queremos una Policía Federal que sea nuestro FBI, si queremos que intervenga en la investigación efectiva de todos los delitos federales o los delegue en las policías provinciales”, planteó. Modelos al margen, advirtió que “debemos mejorar las condiciones laborales de los policías, jerarquizarlos, mejorar el salario, su formación”. “Hay que marchar hacia modelos de policía con mayor inserción comunitaria”, reclamó.
Respecto de la corrupción policial, explicó que él la llama “ámbito de recaudación autónoma, que es lo que toleró la estructura política: cambio de recaudación autónoma por gobernabilidad”, explicó. “Con los gobiernos conservadores era la prostitución, el juego, etcétera. Hoy entraron todas las formas de criminalidad organizada y, como los ingresos se multiplican, esto desarticula la verticalidad de las fuerzas policiales, se descontrolan mandos medios e inferiores, y no se puede seguir con este procedimiento”, aseveró. “Ese ámbito de recaudación autónoma no financia la política para una elección nacional pero puede financiarla a nivel de caudillismo local, de caciquismo para una elección interna”, avisó.
27 de abril de 2011
El juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni avaló la decisión gubernamental de “redefinir” las estructuras de las fuerzas de seguridad, a las que responsabilizó de dar “golpes de Estado” en el pasado reciente, aunque advirtió que “la policía es una institución absolutamente necesaria”. “Por fin en la Argentina estamos tratando de resolver una deuda pendiente desde la vuelta de la democracia, ya que no habíamos redefinido nuestro modelo de policía: tenemos que redefinir las estructuras policiales”, aseveró el magistrado.
Zaffaroni retomó un concepto que había esbozado en octubre, tras la sublevación policial en Ecuador contra el presidente Rafael Correa. “Esta tentativa de golpe de Estado refleja un problema general de América latina. No nos hemos ocupado de hacer un modelo policial democrático. Es el poder que da golpes en este momento. No son tradicionales, pero pueden desestabilizar”, advirtió. “Hoy los golpes tienden a darlos las policías”, insistió ayer. Citó tres ejemplos: “El último empujón a (Fernando) De la Rúa se lo dio la policía; el empujón a (Eduardo) Duhalde se lo dio la policía, y el caso de Ecuador fue más manifiesto”.
“La policía es una institución absolutamente necesaria”, destacó el juez de la Corte. “Hay que ver si queremos una Policía Federal que sea nuestro FBI, si queremos que intervenga en la investigación efectiva de todos los delitos federales o los delegue en las policías provinciales”, planteó. Modelos al margen, advirtió que “debemos mejorar las condiciones laborales de los policías, jerarquizarlos, mejorar el salario, su formación”. “Hay que marchar hacia modelos de policía con mayor inserción comunitaria”, reclamó.
Respecto de la corrupción policial, explicó que él la llama “ámbito de recaudación autónoma, que es lo que toleró la estructura política: cambio de recaudación autónoma por gobernabilidad”, explicó. “Con los gobiernos conservadores era la prostitución, el juego, etcétera. Hoy entraron todas las formas de criminalidad organizada y, como los ingresos se multiplican, esto desarticula la verticalidad de las fuerzas policiales, se descontrolan mandos medios e inferiores, y no se puede seguir con este procedimiento”, aseveró. “Ese ámbito de recaudación autónoma no financia la política para una elección nacional pero puede financiarla a nivel de caudillismo local, de caciquismo para una elección interna”, avisó.
La igualdad, la democracia y los incontables de la historia
Página 12
27 de abril de 2011
Por Ricardo Forster *
Reflexionar políticamente sobre la cuestión, siempre acuciante, compleja y litigante de la “igualdad”, implica acercarse a su núcleo olvidado y, también, a aquello que la sigue colocando en la dimensión de lo subversivo, es decir, de lo que no puede ser reducido a la lógica despolitizadora del capital-liberalismo. Supone interpelar lo que de la democracia se pone en juego cuando la inquietud gira alrededor de la suma de los muchos en un sistema de cuentas que suele eludir la aritmética de los iguales en nombre de una naturalización de la desigualdad. Pero lo hace también asumiendo la diferencia y la diversidad como proliferación de multiplicidades en el interior de los iguales y nunca como negación homogeneizadora, abriendo, de ese modo, el puente de ida y vuelta entre la igualdad y la libertad, esa extraña pareja que se ha llevado tan mal a lo largo y ancho de la historia, pero de cuya intercambiabilidad depende el destino de la propia democracia.
Vemos de qué manera la democracia es un espacio de litigio, pero también descubrimos su núcleo libertario en consonancia con la exigencia que la marca desde los orígenes y que se relaciona con la parte de los que no tienen parte en la suma de los bienes materiales y simbólicos, en ese plus que desestructura lo establecido, que desfonda lo que se ofrece como acabado y que se muestra como proliferación de formas abiertas. La democracia desplegada a lo largo de la historia no ha dejado de mutar y de buscar, una y otra vez, formas capaces de expresar lo inexpresable de su modo incompleto de ser. Su potencia recreadora se corresponde con el rebasamiento de los límites, con ese más allá de la ley que, sin embargo, no ha dejado de constituir uno de sus focos conflictivos allí donde los dominadores de cada época buscan cerrar el proceso de regeneramiento y de reinvención que permanentemente sacude a la vida democrática.
Pensar la democracia como lo ya establecido, cerrarla y acorralarla en el interior de fronteras definidas de una vez y para siempre ha constituido la contrautopía del poder. Los incontables han sido los portadores del ensueño igualitario que se guarda en la promesa originaria de la invención democrática (asumiendo, en su travesía por la historia, las diversas características de los ciudadanos no propietarios de la antigua Atenas, de la plebe romana, de los siervos de la Edad Media, de los pobres y miserables de los primeros tiempos del capitalismo, de las muchedumbres revolucionarias emergidas de lo más profundo del Tercer Estado, de los proletarios de una época dominada por la industria, de las masas desarrapadas y anónimas de las vastas regiones coloniales y semicoloniales, de los parias y de los explotados de todos los tiempos, de las multitudes de ayer y de hoy que siguen mostrando que algo no funciona en la aritmética de la democracia allí donde hay una parte, la mayoritaria, que se queda fuera de la suma).
Esos incontables que han atravesado, bajo diversas metamorfosis, el tiempo de la explotación y la desigualdad, constituyen lo irrepresentado del orden republicano, el lugar de los que no tienen lugar, el nombre de los que carecen de nombre porque son arrojados al anonimato de lo inconmensurable. El discurso del poder, su trama ideológica más decisiva ha buscado, desde siempre, invisibilizarlos o, cuando no lo ha logrado, expulsarlos de la decisión racional arrojándolos a los márgenes de la barbarie. Han sido, y siguen siendo, los bárbaros, los negros de la historia, la fuerza del instinto que amenaza quebrarle el espinazo a la ley de la República llevando a la sociedad a un tiempo sin tiempo de la noche civilizatoria.
Son el espanto y lo espectral de una memoria que insiste con recordarnos la violencia que se guarda en lo más profundo e íntimo de las multitudes. Es desde ese miedo a la anarquía, a la locura del desorden de los muchos, al rebasamiento de los controles que se fue montando el contradiscurso neoconservador de las últimas décadas del siglo XX; un discurso que ha buscado desactivar la tradición de las rebeldías y de las insubordinaciones de aquellos que, al moverse como masa compacta y diversa, arremeten contra la estructura del sistema. Miedo, entonces, al regreso del sujeto activo y consciente de sus demandas y de su fuerza (aunque, y eso ya lo sabemos, no se trate de un sujeto unívoco ni signado por el “sentido” de la historia articulado con la verdad esencial de su destinación), de aquel que cuestiona con su sola presencia en la escena pública la transformación de la política en administración, en la acción contable de los gerentes que se dedican a gestionar, bajo distintas formas de ingeniería social, aquello que llamamos “la sociedad”.
Por eso, bajo el nombre de democracia se dicen cosas muy disímiles. Para unos es el cierre del horizonte imprevisible de la era de las revoluciones y la llegada al puerto seguro de la economía mundial de mercado enhebrada con la forma liberal-republicana como quintaesencia del ideal democrático. Para otros es, como siempre, un desafío sin garantías, una apertura permanente del horizonte de la inteligibilidad para aventurarse por nuevas regiones de la acción y del sueño transformador. Para los primeros, la historia ya está sellada. Para los segundos, el tiempo de esa misma historia sigue sin realizarse allí donde la promesa de la redención continúa dibujándose como proyecto inconcluso. Para unos, la democracia es sinónimo de orden y seguridad, es decir, mutación republicana que debe ocuparse incansablemente de custodiar las amenazas que ponen en riesgo su legitimidad. Para los otros, el movimiento, la subversión, la conmoción y lo inesperado constituyen la fuerza vital de la democracia que es vivida no como perfección sino como confusión.
2 Girando nuestra perspectiva hacia América latina (hasta ahora el centro de la resistencia contra las políticas neoliberales, resistencia que en estos meses calientes se despliega también en gran parte de los países árabes señalando la radical puesta en cuestión de un dispositivo de dominación que durante décadas sostuvo y fue cómplice de los mismos regímenes a los que ahora crítica y denuncia) podemos descubrir rasgos semejantes entre nuestros progresistas capaces de denunciar la envergadura explotadora y corrosiva del capitalismo mientras rechazan, con indignación neopuritana, la aparición de movimientos de raíz popular que, con sus desprolijidades y sus impurezas ideológicas, cuestionan en sus prácticas reales al sistema aunque todavía no lo hagan de ese modo “radical” tan caro al purismo de nuestros progresistas (quizá lo hacen del único modo que lo pueden hacer después de décadas de reconstruir pacientemente el daño producido por una cuantiosa derrota histórica que no dejó intocadas las ideas popular-emancipatorias).
El dominio de la ideología de un capitalismo posproductivo traía como una de sus consecuencias fundamentales un doble vaciamiento: de la política como lenguaje del conflicto y del sujeto social capaz de encarnar la disputa por la igualdad. Lo que resultó intolerable de la irrupción kirchnerista fue su a deshora, la absoluta anacronía de su presencia en un tiempo de clausura en el que sólo podía ser reconocido el pueblo como objeto de estudio de historiadores y antropólogos, de sociólogos y psicólogos pero ya no como sujeto del cambio histórico. En ese retorno de lo inesperado, en esa vuelta de tuerca de lo ausente, radica el escándalo de lo que en otro lugar he llamado “el nombre de Kirchner”. El litigio que atraviesa la vida democrática, invisibilizado pacientemente por los dispositivos ideológico-culturales del sistema, se ha vuelto a hacer presente recobrando, en parte y bajo nuevas perspectivas e invenciones, lo que desde siempre se guarda en la memoria de las multitudes y que, bajo determinadas circunstancias, vuelve a emerger para reintegrar la parte de los incontables en la suma de la distribución.
Un progresismo que terminó por reducir la democracia a su variante republicana e, incluso, redujo la propia idea de república a su forma más estanca y conservadora. Un progresismo que después de “recuperarse” de la borrachera revolucionaria transformó dramáticamente su mirada del mundo y de la historia hasta arrojar al tacho de los desperdicios aquellas ideas y aquellas luchas que tanto lo habían conmovido en un pasado no tan lejano pero que, ahora y bajo las seducciones de la sociedad global de mercado, habían mutado en testimonio del horror totalitario, en desvarío homicida (acoplado a las interpretaciones liberal-conservadoras de la historia moderna, nuestros progresistas aceptan la homologación, propuesta por esa ideología, entre movimientos revolucionarios, cuya matriz originaria la constituyó la Revolución Francesa, y las diversas formas del totalitarismo). Para muchos progresistas de la era neoliberal significó instalarse en la comodidad de sus profesiones académicas y/o liberales (como se decía antes) desde las cuales fueron destejiendo los telares tejidos en una etapa de la historia cerrada por la llegada de un realismo adulto. Seguridad y tranquilidad que fueron convirtiéndose en rasgos de carácter, en afirmación de una nueva sensibilidad a contramano de una memoria que les recordaba las épocas del sobresalto. Si el precio a pagar era el de la lucha por la igualdad, lo pagarían. Si la consecuencia era destituir lo que otrora fue el reconocimiento del papel de las multitudes en las grandes gestas transformadoras, lo harían justificando teóricamente la decisión al convertir a esas mismas masas populares, antes garantes de la libertad y el cambio histórico, en fuerzas ciegas y manipulables, en aluviones pasivos de multitudes dirigidas por líderes populistas o, peor todavía, en masas telemáticas absolutamente vaciadas de toda conciencia.
Para los progresistas, arrojados con cuerpo y alma a las aguas puras del ideal republicano-liberal, la genealogía de las resistencias populares encontraban su legitimación sólo y en cuanto habían contribuido a la realización histórica de la democracia (restringida de acuerdo con esa matriz de “orden y progreso” portada por las clases dirigentes), pero se volvían sospechosas allí donde habían rebasado los límites permitidos y habían mezclado de forma alocada los distintos condimentos de la vida social. En nuestra actualidad, esas mezclas asumen los rasgos del “maldito populismo”, la destilación más degradada, así lo leen, de las tradiciones populares que abandonando su antigua matriz emancipatoria (clausurada de una vez y para siempre de acuerdo con las pautas ilustradas) se lanzaron, en tanto multitudes ciegas, a los brazos de dictadorzuelos bizarros o de aventureros inimputables capaces de travestir los ideales revolucionarios, de utilizar sus memorias más encendidas y venerables, para desquiciar la vida republicana, vaciar la democracia y enriquecer sus arcas privadas. Para los progresistas se trata de la llegada de los impostores que han logrado imponer un lenguaje de la impostura manipulando a su antojo los deseos de unas masas atrasadas que no han podido salir, todavía, del tutelaje y del clientelismo.
Sin siquiera sonrojarse eligen el partido de los dueños de la riqueza y del poder real para enfrentarse a los “usurpadores de las tradiciones libertarias”. Algunos de ellos, autodesignados como custodios de la verdadera tradición revolucionaria o nacional-popular, no dudan en aliarse con las derechas a la hora de buscar la destitución de gobiernos caracterizados como impostores y falseadores de la memoria popular. Incapaces de leer las complejidades de esta etapa de la historia, y más incapaces para descubrir las impurezas de la lucha política, salen al ruedo afirmando su condición de “verdaderos exponentes de las ideas revolucionarias” y denunciando a los gobiernos que en la actualidad sudamericana, con sus idas y vueltas, con sus logros y sus errores, han reabierto el surco de la historia emancipatoria, como los enemigos a derrotar, como portadores de una peste que infecta a los pueblos. Aquello que dicen de los Kirchner en Argentina, también lo dicen, los respectivos “puritanos”, de Evo Morales en Bolivia o de Correa en Ecuador. Ni Chávez ni Lula, que también han contribuido, con sus peculiaridades, a la riqueza de este momento latinoamericano, escapan a estas caracterizaciones.
Pero también –los progresistas que se han vuelto liberalrepublicanos–, en la continuidad de su profundo rechazo de lo que otrora fueron los ideales de la revolución, asumen, como propia, la mirada prejuiciosa de las clases ricas respecto de la emergencia de movimientos populares que buscan, bajo nuevas experiencias y nuevos lenguajes que se enhebran con sus historias, avanzar en sumar a los que no participan de la distribución. Un doble rechazo atraviesa su visión: de la idea de igualdad como centro nuclear del litigio democrático (de una igualdad que apunta a lo que no se reparte de lo material y de lo simbólico) y de la potencia regeneradora de vida colectiva que se guarda en el interior de la reconstitución del pueblo. Sin siquiera percatarse de ello han adquirido los prejuicios que antes de ayer repudiaban. Para ellas el fin de la era de las revoluciones, su inevitable crepúsculo, no significa la imperiosa necesidad de buscar nuevas maneras de resistir a la injusticia y de avanzar hacia el sueño de otra sociedad, sino la asunción, lisa y llana, de un fin de la historia entendido como llegada, nos guste o no, al puerto del mercado global y de su socia inevitable, la democracia liberal. Lo demás es violencia, populismo, desorden y autoritarismo.
* Doctor en Filosofía, profesor de las universidades de Buenos Aires y de Córdoba.
27 de abril de 2011
Por Ricardo Forster *
Reflexionar políticamente sobre la cuestión, siempre acuciante, compleja y litigante de la “igualdad”, implica acercarse a su núcleo olvidado y, también, a aquello que la sigue colocando en la dimensión de lo subversivo, es decir, de lo que no puede ser reducido a la lógica despolitizadora del capital-liberalismo. Supone interpelar lo que de la democracia se pone en juego cuando la inquietud gira alrededor de la suma de los muchos en un sistema de cuentas que suele eludir la aritmética de los iguales en nombre de una naturalización de la desigualdad. Pero lo hace también asumiendo la diferencia y la diversidad como proliferación de multiplicidades en el interior de los iguales y nunca como negación homogeneizadora, abriendo, de ese modo, el puente de ida y vuelta entre la igualdad y la libertad, esa extraña pareja que se ha llevado tan mal a lo largo y ancho de la historia, pero de cuya intercambiabilidad depende el destino de la propia democracia.
Vemos de qué manera la democracia es un espacio de litigio, pero también descubrimos su núcleo libertario en consonancia con la exigencia que la marca desde los orígenes y que se relaciona con la parte de los que no tienen parte en la suma de los bienes materiales y simbólicos, en ese plus que desestructura lo establecido, que desfonda lo que se ofrece como acabado y que se muestra como proliferación de formas abiertas. La democracia desplegada a lo largo de la historia no ha dejado de mutar y de buscar, una y otra vez, formas capaces de expresar lo inexpresable de su modo incompleto de ser. Su potencia recreadora se corresponde con el rebasamiento de los límites, con ese más allá de la ley que, sin embargo, no ha dejado de constituir uno de sus focos conflictivos allí donde los dominadores de cada época buscan cerrar el proceso de regeneramiento y de reinvención que permanentemente sacude a la vida democrática.
Pensar la democracia como lo ya establecido, cerrarla y acorralarla en el interior de fronteras definidas de una vez y para siempre ha constituido la contrautopía del poder. Los incontables han sido los portadores del ensueño igualitario que se guarda en la promesa originaria de la invención democrática (asumiendo, en su travesía por la historia, las diversas características de los ciudadanos no propietarios de la antigua Atenas, de la plebe romana, de los siervos de la Edad Media, de los pobres y miserables de los primeros tiempos del capitalismo, de las muchedumbres revolucionarias emergidas de lo más profundo del Tercer Estado, de los proletarios de una época dominada por la industria, de las masas desarrapadas y anónimas de las vastas regiones coloniales y semicoloniales, de los parias y de los explotados de todos los tiempos, de las multitudes de ayer y de hoy que siguen mostrando que algo no funciona en la aritmética de la democracia allí donde hay una parte, la mayoritaria, que se queda fuera de la suma).
Esos incontables que han atravesado, bajo diversas metamorfosis, el tiempo de la explotación y la desigualdad, constituyen lo irrepresentado del orden republicano, el lugar de los que no tienen lugar, el nombre de los que carecen de nombre porque son arrojados al anonimato de lo inconmensurable. El discurso del poder, su trama ideológica más decisiva ha buscado, desde siempre, invisibilizarlos o, cuando no lo ha logrado, expulsarlos de la decisión racional arrojándolos a los márgenes de la barbarie. Han sido, y siguen siendo, los bárbaros, los negros de la historia, la fuerza del instinto que amenaza quebrarle el espinazo a la ley de la República llevando a la sociedad a un tiempo sin tiempo de la noche civilizatoria.
Son el espanto y lo espectral de una memoria que insiste con recordarnos la violencia que se guarda en lo más profundo e íntimo de las multitudes. Es desde ese miedo a la anarquía, a la locura del desorden de los muchos, al rebasamiento de los controles que se fue montando el contradiscurso neoconservador de las últimas décadas del siglo XX; un discurso que ha buscado desactivar la tradición de las rebeldías y de las insubordinaciones de aquellos que, al moverse como masa compacta y diversa, arremeten contra la estructura del sistema. Miedo, entonces, al regreso del sujeto activo y consciente de sus demandas y de su fuerza (aunque, y eso ya lo sabemos, no se trate de un sujeto unívoco ni signado por el “sentido” de la historia articulado con la verdad esencial de su destinación), de aquel que cuestiona con su sola presencia en la escena pública la transformación de la política en administración, en la acción contable de los gerentes que se dedican a gestionar, bajo distintas formas de ingeniería social, aquello que llamamos “la sociedad”.
Por eso, bajo el nombre de democracia se dicen cosas muy disímiles. Para unos es el cierre del horizonte imprevisible de la era de las revoluciones y la llegada al puerto seguro de la economía mundial de mercado enhebrada con la forma liberal-republicana como quintaesencia del ideal democrático. Para otros es, como siempre, un desafío sin garantías, una apertura permanente del horizonte de la inteligibilidad para aventurarse por nuevas regiones de la acción y del sueño transformador. Para los primeros, la historia ya está sellada. Para los segundos, el tiempo de esa misma historia sigue sin realizarse allí donde la promesa de la redención continúa dibujándose como proyecto inconcluso. Para unos, la democracia es sinónimo de orden y seguridad, es decir, mutación republicana que debe ocuparse incansablemente de custodiar las amenazas que ponen en riesgo su legitimidad. Para los otros, el movimiento, la subversión, la conmoción y lo inesperado constituyen la fuerza vital de la democracia que es vivida no como perfección sino como confusión.
2 Girando nuestra perspectiva hacia América latina (hasta ahora el centro de la resistencia contra las políticas neoliberales, resistencia que en estos meses calientes se despliega también en gran parte de los países árabes señalando la radical puesta en cuestión de un dispositivo de dominación que durante décadas sostuvo y fue cómplice de los mismos regímenes a los que ahora crítica y denuncia) podemos descubrir rasgos semejantes entre nuestros progresistas capaces de denunciar la envergadura explotadora y corrosiva del capitalismo mientras rechazan, con indignación neopuritana, la aparición de movimientos de raíz popular que, con sus desprolijidades y sus impurezas ideológicas, cuestionan en sus prácticas reales al sistema aunque todavía no lo hagan de ese modo “radical” tan caro al purismo de nuestros progresistas (quizá lo hacen del único modo que lo pueden hacer después de décadas de reconstruir pacientemente el daño producido por una cuantiosa derrota histórica que no dejó intocadas las ideas popular-emancipatorias).
El dominio de la ideología de un capitalismo posproductivo traía como una de sus consecuencias fundamentales un doble vaciamiento: de la política como lenguaje del conflicto y del sujeto social capaz de encarnar la disputa por la igualdad. Lo que resultó intolerable de la irrupción kirchnerista fue su a deshora, la absoluta anacronía de su presencia en un tiempo de clausura en el que sólo podía ser reconocido el pueblo como objeto de estudio de historiadores y antropólogos, de sociólogos y psicólogos pero ya no como sujeto del cambio histórico. En ese retorno de lo inesperado, en esa vuelta de tuerca de lo ausente, radica el escándalo de lo que en otro lugar he llamado “el nombre de Kirchner”. El litigio que atraviesa la vida democrática, invisibilizado pacientemente por los dispositivos ideológico-culturales del sistema, se ha vuelto a hacer presente recobrando, en parte y bajo nuevas perspectivas e invenciones, lo que desde siempre se guarda en la memoria de las multitudes y que, bajo determinadas circunstancias, vuelve a emerger para reintegrar la parte de los incontables en la suma de la distribución.
Un progresismo que terminó por reducir la democracia a su variante republicana e, incluso, redujo la propia idea de república a su forma más estanca y conservadora. Un progresismo que después de “recuperarse” de la borrachera revolucionaria transformó dramáticamente su mirada del mundo y de la historia hasta arrojar al tacho de los desperdicios aquellas ideas y aquellas luchas que tanto lo habían conmovido en un pasado no tan lejano pero que, ahora y bajo las seducciones de la sociedad global de mercado, habían mutado en testimonio del horror totalitario, en desvarío homicida (acoplado a las interpretaciones liberal-conservadoras de la historia moderna, nuestros progresistas aceptan la homologación, propuesta por esa ideología, entre movimientos revolucionarios, cuya matriz originaria la constituyó la Revolución Francesa, y las diversas formas del totalitarismo). Para muchos progresistas de la era neoliberal significó instalarse en la comodidad de sus profesiones académicas y/o liberales (como se decía antes) desde las cuales fueron destejiendo los telares tejidos en una etapa de la historia cerrada por la llegada de un realismo adulto. Seguridad y tranquilidad que fueron convirtiéndose en rasgos de carácter, en afirmación de una nueva sensibilidad a contramano de una memoria que les recordaba las épocas del sobresalto. Si el precio a pagar era el de la lucha por la igualdad, lo pagarían. Si la consecuencia era destituir lo que otrora fue el reconocimiento del papel de las multitudes en las grandes gestas transformadoras, lo harían justificando teóricamente la decisión al convertir a esas mismas masas populares, antes garantes de la libertad y el cambio histórico, en fuerzas ciegas y manipulables, en aluviones pasivos de multitudes dirigidas por líderes populistas o, peor todavía, en masas telemáticas absolutamente vaciadas de toda conciencia.
Para los progresistas, arrojados con cuerpo y alma a las aguas puras del ideal republicano-liberal, la genealogía de las resistencias populares encontraban su legitimación sólo y en cuanto habían contribuido a la realización histórica de la democracia (restringida de acuerdo con esa matriz de “orden y progreso” portada por las clases dirigentes), pero se volvían sospechosas allí donde habían rebasado los límites permitidos y habían mezclado de forma alocada los distintos condimentos de la vida social. En nuestra actualidad, esas mezclas asumen los rasgos del “maldito populismo”, la destilación más degradada, así lo leen, de las tradiciones populares que abandonando su antigua matriz emancipatoria (clausurada de una vez y para siempre de acuerdo con las pautas ilustradas) se lanzaron, en tanto multitudes ciegas, a los brazos de dictadorzuelos bizarros o de aventureros inimputables capaces de travestir los ideales revolucionarios, de utilizar sus memorias más encendidas y venerables, para desquiciar la vida republicana, vaciar la democracia y enriquecer sus arcas privadas. Para los progresistas se trata de la llegada de los impostores que han logrado imponer un lenguaje de la impostura manipulando a su antojo los deseos de unas masas atrasadas que no han podido salir, todavía, del tutelaje y del clientelismo.
Sin siquiera sonrojarse eligen el partido de los dueños de la riqueza y del poder real para enfrentarse a los “usurpadores de las tradiciones libertarias”. Algunos de ellos, autodesignados como custodios de la verdadera tradición revolucionaria o nacional-popular, no dudan en aliarse con las derechas a la hora de buscar la destitución de gobiernos caracterizados como impostores y falseadores de la memoria popular. Incapaces de leer las complejidades de esta etapa de la historia, y más incapaces para descubrir las impurezas de la lucha política, salen al ruedo afirmando su condición de “verdaderos exponentes de las ideas revolucionarias” y denunciando a los gobiernos que en la actualidad sudamericana, con sus idas y vueltas, con sus logros y sus errores, han reabierto el surco de la historia emancipatoria, como los enemigos a derrotar, como portadores de una peste que infecta a los pueblos. Aquello que dicen de los Kirchner en Argentina, también lo dicen, los respectivos “puritanos”, de Evo Morales en Bolivia o de Correa en Ecuador. Ni Chávez ni Lula, que también han contribuido, con sus peculiaridades, a la riqueza de este momento latinoamericano, escapan a estas caracterizaciones.
Pero también –los progresistas que se han vuelto liberalrepublicanos–, en la continuidad de su profundo rechazo de lo que otrora fueron los ideales de la revolución, asumen, como propia, la mirada prejuiciosa de las clases ricas respecto de la emergencia de movimientos populares que buscan, bajo nuevas experiencias y nuevos lenguajes que se enhebran con sus historias, avanzar en sumar a los que no participan de la distribución. Un doble rechazo atraviesa su visión: de la idea de igualdad como centro nuclear del litigio democrático (de una igualdad que apunta a lo que no se reparte de lo material y de lo simbólico) y de la potencia regeneradora de vida colectiva que se guarda en el interior de la reconstitución del pueblo. Sin siquiera percatarse de ello han adquirido los prejuicios que antes de ayer repudiaban. Para ellas el fin de la era de las revoluciones, su inevitable crepúsculo, no significa la imperiosa necesidad de buscar nuevas maneras de resistir a la injusticia y de avanzar hacia el sueño de otra sociedad, sino la asunción, lisa y llana, de un fin de la historia entendido como llegada, nos guste o no, al puerto del mercado global y de su socia inevitable, la democracia liberal. Lo demás es violencia, populismo, desorden y autoritarismo.
* Doctor en Filosofía, profesor de las universidades de Buenos Aires y de Córdoba.
martes, 26 de abril de 2011
Una nieta recuperada reveló los vínculos de un fiscal con la represión
Tiempo Argentino
26 de abril de 2011
Por Gerardo Aranguren
Dijo que el funcionario, quien actúa en la Cámara de Casación, le pasaba información a su apropiador sobre el estado de la causa. También develó un complot para destituir a Marquevich por la detención de Herrera de Noble.
Una contundente declaración de la nieta recuperada Victoria Montenegro expuso ayer los vínculos que el actual fiscal de la Cámara de Casación Penal, Juan Martín Romero Victorica, mantuvo con su apropiador, el fallecido ex coronel Hernán Tetzlaff.
Luego del testimonio de Montenegro, en el marco de la causa Plan Sistemático de robo de bebés, que se sigue contra Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, la fiscalía y las querellas pidieron al Tribunal Oral Federal Nº 6 que inicie una denuncia penal y otra en la Procuración General de la Nación para que se analice la actuación del fiscal, quien entre otras causas tiene a su cargo la investigación de la identidad de Marcela y Felipe Noble Herrera.
Victoria Montenegro se sentó ayer en la Sala AMIA de Comodoro Py con su historia a cuestas, algo que su apropiador le había quitado cuando el 13 de febrero de 1976 comandó un operativo en el que asesinó a sus padres, Hilda Torres y Roque Montenegro, y la secuestró con sólo 13 días.
“Es movilizante estar acá porque durante años utilicé la justicia para beneficiar a mi apropiador. El hecho de estar acá con mi nombre y con mi historia es muy importante y siento que estoy reivindicando a mis padres”, dijo la joven al finalizar su relato.
Desde que tiene memoria, Victoria vio a su apropiador como un héroe en una guerra contra la subversión. Escuchó, atenta, cómo reivindicaba a la Patria mientras relataba los operativos que había encabezado como jefe de inteligencia del Grupo de Tareas del Vesubio.
Cuando tenía nueve años y todavía se llamaba María Sol Tetzlaff fue junto a su apropiador a un juzgado de Morón. El juez, a quien conocía, sacó una causa y le dijo: “Las viejas –por las Abuelas de Plaza de Mayo– están molestando, pero me voy a encargar de guardarla.” La causa quedó “guardada” hasta que en 1992 recayó en el juzgado de Roberto Marquevich. “En ese momento yo creía que en la Argentina había una guerra y que las Abuelas se estaban vengando”, relató. Los vínculos con la justicia eran amplios, agrega Victoria, “tenía varios amigos”.
Uno de sus contactos en Comodoro Py era justamente el fiscal Juan Martín Romero Victorica, quien “le contaba en qué estaba la causa y le pasaba información”, y a quien Tetzlaff consideraba “un amigo de la causa”.
“Hablé con él cuando lo detuvieron, me tranquilizó y me dijo que unos amigos lo iban a sacar. Romero Victorica le puso tres abogados que lo sacaron en poco más de tres meses”, agregó. Los letrados eran Federico Casal, Manuel Romero Victorica, sobrino del fiscal, y el ex juez de la dictadura Martín Anzoátegui, abogados que la familia jamás hubiera podido pagar. Pero ni los mejores abogados, ni los esfuerzos de Victoria para frenar la extracción de sangre, ni los vínculos con la justicia lograron mantener a Tetzlaff impune.
Luego de la extracción de sangre, Marquevich le informó a Victoria que era hija de Hilda Torres y Roque Montenegro, y al año siguiente condenó a su apropiador, ahora fallecido. “Yo tenía miedo que Germán –como todavía llama al ex coronel– no me quisiera porque era hija de subversivos. Cuando le conté el resultado del examen, él ya sabía quién era yo. Me contó sobre el operativo, que él había sido el jefe del grupo, que había entrado y matado a mis padres”, recordó sollozando Victoria. Su apropiadora, luego, le contó que Tetzlaff la había sacado de abajo de una mesada, que estaba con los oídos sangrando y que la entregó. “Cinco meses después volvió a buscarme a la Comisaría Femenina de San Martín, donde estaba en una oficina con varios bebés de otros operativos, y unas monjas nos cuidaban.”
Si bien la causa ya había terminado, la relación con los abogados no. Una noche la llamaron a su despacho y le propusieron que los ayudara a destituir a Marquevich, quien tenía en sus manos la causa Noble y había detenido a la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble. “La idea era que lo denunciara por abuso de autoridad. La atención mediática ya estaba asegurada. Ellos se encargaban de todo. Sólo tenía que decir que me había tirado el expediente y me había gritado. No se hizo porque me vieron muy nerviosa para interpretar el papel. Yo no sabía en ese momento que la señora de Noble tenía dos chicos que podían ser apropiados”, sostuvo. El juez fue finalmente destituido en 2004.
Durante las dos horas de declaración, Victoria hizo un resumen de sus vicisitudes, de los golpes que sufría de sus apropiadores, del odio que sentía hacia Abuelas y de su reencuentro con sus familiares biológicos. Victoria lo sintetizó de esta manera: “Trato de recuperar mi historia todos los días. Me llenaron de anticuerpos para que no entrara la verdad. Hace poco más de dos años que me hago llamar Victoria. Tengo contradicciones importantes, no es que recuperé la identidad con mi DNI. Me llevó tiempo apartar a Germán y reconocer que él no era mi papá, que mi papá está desaparecido.”
26 de abril de 2011
Por Gerardo Aranguren
Dijo que el funcionario, quien actúa en la Cámara de Casación, le pasaba información a su apropiador sobre el estado de la causa. También develó un complot para destituir a Marquevich por la detención de Herrera de Noble.
Una contundente declaración de la nieta recuperada Victoria Montenegro expuso ayer los vínculos que el actual fiscal de la Cámara de Casación Penal, Juan Martín Romero Victorica, mantuvo con su apropiador, el fallecido ex coronel Hernán Tetzlaff.
Luego del testimonio de Montenegro, en el marco de la causa Plan Sistemático de robo de bebés, que se sigue contra Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, la fiscalía y las querellas pidieron al Tribunal Oral Federal Nº 6 que inicie una denuncia penal y otra en la Procuración General de la Nación para que se analice la actuación del fiscal, quien entre otras causas tiene a su cargo la investigación de la identidad de Marcela y Felipe Noble Herrera.
Victoria Montenegro se sentó ayer en la Sala AMIA de Comodoro Py con su historia a cuestas, algo que su apropiador le había quitado cuando el 13 de febrero de 1976 comandó un operativo en el que asesinó a sus padres, Hilda Torres y Roque Montenegro, y la secuestró con sólo 13 días.
“Es movilizante estar acá porque durante años utilicé la justicia para beneficiar a mi apropiador. El hecho de estar acá con mi nombre y con mi historia es muy importante y siento que estoy reivindicando a mis padres”, dijo la joven al finalizar su relato.
Desde que tiene memoria, Victoria vio a su apropiador como un héroe en una guerra contra la subversión. Escuchó, atenta, cómo reivindicaba a la Patria mientras relataba los operativos que había encabezado como jefe de inteligencia del Grupo de Tareas del Vesubio.
Cuando tenía nueve años y todavía se llamaba María Sol Tetzlaff fue junto a su apropiador a un juzgado de Morón. El juez, a quien conocía, sacó una causa y le dijo: “Las viejas –por las Abuelas de Plaza de Mayo– están molestando, pero me voy a encargar de guardarla.” La causa quedó “guardada” hasta que en 1992 recayó en el juzgado de Roberto Marquevich. “En ese momento yo creía que en la Argentina había una guerra y que las Abuelas se estaban vengando”, relató. Los vínculos con la justicia eran amplios, agrega Victoria, “tenía varios amigos”.
Uno de sus contactos en Comodoro Py era justamente el fiscal Juan Martín Romero Victorica, quien “le contaba en qué estaba la causa y le pasaba información”, y a quien Tetzlaff consideraba “un amigo de la causa”.
“Hablé con él cuando lo detuvieron, me tranquilizó y me dijo que unos amigos lo iban a sacar. Romero Victorica le puso tres abogados que lo sacaron en poco más de tres meses”, agregó. Los letrados eran Federico Casal, Manuel Romero Victorica, sobrino del fiscal, y el ex juez de la dictadura Martín Anzoátegui, abogados que la familia jamás hubiera podido pagar. Pero ni los mejores abogados, ni los esfuerzos de Victoria para frenar la extracción de sangre, ni los vínculos con la justicia lograron mantener a Tetzlaff impune.
Luego de la extracción de sangre, Marquevich le informó a Victoria que era hija de Hilda Torres y Roque Montenegro, y al año siguiente condenó a su apropiador, ahora fallecido. “Yo tenía miedo que Germán –como todavía llama al ex coronel– no me quisiera porque era hija de subversivos. Cuando le conté el resultado del examen, él ya sabía quién era yo. Me contó sobre el operativo, que él había sido el jefe del grupo, que había entrado y matado a mis padres”, recordó sollozando Victoria. Su apropiadora, luego, le contó que Tetzlaff la había sacado de abajo de una mesada, que estaba con los oídos sangrando y que la entregó. “Cinco meses después volvió a buscarme a la Comisaría Femenina de San Martín, donde estaba en una oficina con varios bebés de otros operativos, y unas monjas nos cuidaban.”
Si bien la causa ya había terminado, la relación con los abogados no. Una noche la llamaron a su despacho y le propusieron que los ayudara a destituir a Marquevich, quien tenía en sus manos la causa Noble y había detenido a la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble. “La idea era que lo denunciara por abuso de autoridad. La atención mediática ya estaba asegurada. Ellos se encargaban de todo. Sólo tenía que decir que me había tirado el expediente y me había gritado. No se hizo porque me vieron muy nerviosa para interpretar el papel. Yo no sabía en ese momento que la señora de Noble tenía dos chicos que podían ser apropiados”, sostuvo. El juez fue finalmente destituido en 2004.
Durante las dos horas de declaración, Victoria hizo un resumen de sus vicisitudes, de los golpes que sufría de sus apropiadores, del odio que sentía hacia Abuelas y de su reencuentro con sus familiares biológicos. Victoria lo sintetizó de esta manera: “Trato de recuperar mi historia todos los días. Me llenaron de anticuerpos para que no entrara la verdad. Hace poco más de dos años que me hago llamar Victoria. Tengo contradicciones importantes, no es que recuperé la identidad con mi DNI. Me llevó tiempo apartar a Germán y reconocer que él no era mi papá, que mi papá está desaparecido.”
Chubut: Reclamo para abrir 23 urnas
Tiempo Argentino
26 de abril de 2011
La fiscal Graciela Antonio Suárez García solicitará la apertura de 23 de las 1122 urnas que se utilizaron en la elección por la gobernación de Chubut del 20 de marzo pasado, que terminó en escándalo y teñida de sospechas de fraude. Se trata de una medida probatoria en el marco de la causa iniciada tras la denuncia por irregularidades en el proceso electoral que impulsa el Frente para la Victoria (FPV).
“Pediremos que se abran 23 urnas aunque hay denuncias por otros casos. También se procurará tener el testimonio de la gente responsable de las mesas electorales para que cuenten cómo se confeccionó el acta, si hay falsificación parcial o total de los datos”, puntualizó la fiscal de Rawson. En ese sentido, la funcionaria del ministerio público fundamentó que “se hará por la vía judicial lo que no se pudo obtener por la vía electoral”. Y subrayó: “Esto es inédito. Ya di cuenta al Tribunal Electoral para que no destruyan la documentación ni las urnas, como suele ocurrir cuando se da por cerrado el proceso electoral, sino que se mantengan en custodia y se pueda acceder a la revisión.”
En paralelo a la denuncia judicial, el FPV espera para los próximos días el fallo del Superior Tribunal de Justicia a la apelación presentada para reclamar la convocatoria a elecciones complementarias.
El kirchnerismo apuesta a lograr el aval de la Corte provincial para que se vote nuevamente en las seis mesas anuladas, por distintas irregularidades, en varios puntos del distrito patagónico.
Los apoderados de FPV presentaron el viernes la apelación ante la máxima instancia judicial de la provincia, después del rechazo del Tribunal Electoral del distrito (TEP) a aceptar el pedido de un nuevo llamado. Los representantes legales del kirchnerismo argumentaron que la negativa del Tribunal vulneraba derechos constitucionales básicos de los 2000 electores involucrados.
26 de abril de 2011
La fiscal Graciela Antonio Suárez García solicitará la apertura de 23 de las 1122 urnas que se utilizaron en la elección por la gobernación de Chubut del 20 de marzo pasado, que terminó en escándalo y teñida de sospechas de fraude. Se trata de una medida probatoria en el marco de la causa iniciada tras la denuncia por irregularidades en el proceso electoral que impulsa el Frente para la Victoria (FPV).
“Pediremos que se abran 23 urnas aunque hay denuncias por otros casos. También se procurará tener el testimonio de la gente responsable de las mesas electorales para que cuenten cómo se confeccionó el acta, si hay falsificación parcial o total de los datos”, puntualizó la fiscal de Rawson. En ese sentido, la funcionaria del ministerio público fundamentó que “se hará por la vía judicial lo que no se pudo obtener por la vía electoral”. Y subrayó: “Esto es inédito. Ya di cuenta al Tribunal Electoral para que no destruyan la documentación ni las urnas, como suele ocurrir cuando se da por cerrado el proceso electoral, sino que se mantengan en custodia y se pueda acceder a la revisión.”
En paralelo a la denuncia judicial, el FPV espera para los próximos días el fallo del Superior Tribunal de Justicia a la apelación presentada para reclamar la convocatoria a elecciones complementarias.
El kirchnerismo apuesta a lograr el aval de la Corte provincial para que se vote nuevamente en las seis mesas anuladas, por distintas irregularidades, en varios puntos del distrito patagónico.
Los apoderados de FPV presentaron el viernes la apelación ante la máxima instancia judicial de la provincia, después del rechazo del Tribunal Electoral del distrito (TEP) a aceptar el pedido de un nuevo llamado. Los representantes legales del kirchnerismo argumentaron que la negativa del Tribunal vulneraba derechos constitucionales básicos de los 2000 electores involucrados.
El fiscal del caso Ferreyra también pidió que Pedraza vaya a juicio oral
Tiempo Argentino
26 de abril de 2011
El titular de la Unión Ferroviaria y su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández, son considerados instigadores del homicidio del militante del PO en el escrito de Fernando Fiszer. También se imputa a los autores de los disparos.
El fiscal Fernando Fiszer pidió que el titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y los otros nueve procesados y detenidos por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra vayan a juicio oral por el delito de homicidio calificado.
Junto con Pedraza está acusado el número dos del gremio, Juan Carlos “Gallego” Fernández, ambos considerados “instigadores” del homicidio, cometido el 20 de octubre pasado en proximidades de las vías del ferrocarril Roca, en el barrio de Barracas.
En un escrito de más de un centenar de páginas, el fiscal consideró probado que hubo un “concurso premeditado” y una organización para “escarmentar” a los empleados tercerizados que reclamaban su efectivización.
Además de los dos jefes sindicales, están acusados el barrabrava Cristian “Harry” Favale y el ferroviario Gabriel “Payaso” Sánchez, presuntos autores de los disparos que mataron a Ferreyra e hirieron gravemente a otros tres manifestantes.
También están detenidos como miembros de la organización los delegados sindicales y activistas Jorge González, Gustavo Alcorcel, Pablo Díaz, Salvador Pipitó, Armando Uño y Juan Carlos Pérez.
Fiszer sostuvo que los jefes gremiales instigaron el crimen para “asegurar el poder económico y político” del gremio, dado que habitualmente designaba a los trabajadores que entraban a trabajar a la UGOFE, que gestiona el ferrocarril Roca.
El fiscal contestó con su escrito la vista que días atrás le corrió la jueza de la causa, Susana Wilma López, para declarar cerrada la investigación y pasar a juicio oral y público a los acusados.
Los abogados del Partido Obrero, en representación de Elsa Rodríguez, la más afectada de los otros tres heridos, habían pedido ya la semana pasada el cierre de la causa, aunque reclamaron que la investigación alcance también a directivos de la UGOFE y de la Secretaría de Transportes.
Ahora resta que haga su presentación el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que patrocina a la familia de Ferrey-ra y que había pedido que se determinara la responsabilidad de los policías federales que no se interpusieron entre agresores y agredidos.
La jueza le correrá vista a las diez defensas, y tras ello decidirá si da por cerrada esta parte de la investigación, aunque, tal como lo anticipó Tiempo Argentino, los abogados de los imputados anticiparon que centran sus expectativas en una nueva pericia sobre la bala que mató a Ferreyra.
Según esa pericia, realizada por la Policía Federal, el proyectil habría rebotado antes de impactar en el cuerpo del muchacho, dado que se habrían encontrado restos de silicio y aluminio, componentes frecuentes en las mezclas asfálticas. La teoría del “rebote” es funcional a la idea de que los tiradores no buscaban matar a Ferreyra, lo que modificaría la calificación legal de “homicidio agravado” –con una pena de prisión o reclusión perpetua– a “homicidio culposo” –con una condena de seis meses a cinco años de cárcel–. No obstante, esa eventual modificación no impedirá el inicio del juicio oral y público.
26 de abril de 2011
El titular de la Unión Ferroviaria y su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández, son considerados instigadores del homicidio del militante del PO en el escrito de Fernando Fiszer. También se imputa a los autores de los disparos.
El fiscal Fernando Fiszer pidió que el titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y los otros nueve procesados y detenidos por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra vayan a juicio oral por el delito de homicidio calificado.
Junto con Pedraza está acusado el número dos del gremio, Juan Carlos “Gallego” Fernández, ambos considerados “instigadores” del homicidio, cometido el 20 de octubre pasado en proximidades de las vías del ferrocarril Roca, en el barrio de Barracas.
En un escrito de más de un centenar de páginas, el fiscal consideró probado que hubo un “concurso premeditado” y una organización para “escarmentar” a los empleados tercerizados que reclamaban su efectivización.
Además de los dos jefes sindicales, están acusados el barrabrava Cristian “Harry” Favale y el ferroviario Gabriel “Payaso” Sánchez, presuntos autores de los disparos que mataron a Ferreyra e hirieron gravemente a otros tres manifestantes.
También están detenidos como miembros de la organización los delegados sindicales y activistas Jorge González, Gustavo Alcorcel, Pablo Díaz, Salvador Pipitó, Armando Uño y Juan Carlos Pérez.
Fiszer sostuvo que los jefes gremiales instigaron el crimen para “asegurar el poder económico y político” del gremio, dado que habitualmente designaba a los trabajadores que entraban a trabajar a la UGOFE, que gestiona el ferrocarril Roca.
El fiscal contestó con su escrito la vista que días atrás le corrió la jueza de la causa, Susana Wilma López, para declarar cerrada la investigación y pasar a juicio oral y público a los acusados.
Los abogados del Partido Obrero, en representación de Elsa Rodríguez, la más afectada de los otros tres heridos, habían pedido ya la semana pasada el cierre de la causa, aunque reclamaron que la investigación alcance también a directivos de la UGOFE y de la Secretaría de Transportes.
Ahora resta que haga su presentación el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que patrocina a la familia de Ferrey-ra y que había pedido que se determinara la responsabilidad de los policías federales que no se interpusieron entre agresores y agredidos.
La jueza le correrá vista a las diez defensas, y tras ello decidirá si da por cerrada esta parte de la investigación, aunque, tal como lo anticipó Tiempo Argentino, los abogados de los imputados anticiparon que centran sus expectativas en una nueva pericia sobre la bala que mató a Ferreyra.
Según esa pericia, realizada por la Policía Federal, el proyectil habría rebotado antes de impactar en el cuerpo del muchacho, dado que se habrían encontrado restos de silicio y aluminio, componentes frecuentes en las mezclas asfálticas. La teoría del “rebote” es funcional a la idea de que los tiradores no buscaban matar a Ferreyra, lo que modificaría la calificación legal de “homicidio agravado” –con una pena de prisión o reclusión perpetua– a “homicidio culposo” –con una condena de seis meses a cinco años de cárcel–. No obstante, esa eventual modificación no impedirá el inicio del juicio oral y público.
“El fiscal llamaba a casa y le daba información”
Página 12
26 de abril de 2011
Por Alejandra Dandan
En la causa sobre el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos, Montenegro denunció que el fiscal de Casación Juan Martín Romero Victorica le filtraba información al coronel Herman Tetzlaff, su apropiador y asesino de su padre biológico.
Entró en la sala de audiencias sin pañuelo, convencida de que no le iba a hacer falta. Su apropiador se lo había dicho muchas veces: que no llorara, que ésa era una forma de mostrarse débil ante el enemigo. Victoria Montenegro ayer lloró, lloró mucho, acompañada por buena parte de la sala. Contó escenas de sus años de hija de desaparecidos apropiada por un coronel de Inteligencia del Ejército. Por primera vez en su vida declaró contra él y, de alguna manera, a favor de la recuperación de la historia de sus padres biológicos. En medio de ese relato denunció al fiscal de Casación Juan Martín Romero Victorica porque, mientras la Justicia investigaba a su apropiador, el fiscal filtraba información hasta veinte días antes. Al terminar la audiencia, en la causa sobre el plan sistemático para apropiar hijos de desaparecidos, el fiscal Martín Niklison pidió al Tribunal Oral Federal 6 que impulse una denuncia penal a Romero Victorica y envíe los datos al procurador general.
“Yo de Romero Victorica nunca dije nada y, pese a que tuve charlas en Abuelas, siempre me contuve –dijo Victoria–. Nunca dije nada porque estaba convencida de que soy una persona sumamente leal y que yo le debía lealtad a él, porque había ayudado a mi papá. Cuando hace poco me llamaron para declarar en una causa, me di cuenta de que a este señor no le debo nada, que en realidad no ayudó nunca. Que mi papá está desaparecido. Y que él hizo todo lo contrario: ayudó a que yo apareciera más tarde, y ahora tengo a mis abuelos muertos, a mi tía también muerta... Recién entonces pude darme cuenta de quién es esta persona.”
Romero Victorica era amigo de Herman Tetzlaff, el apropiador de Victoria. Ella ubicó esa relación desde antes de 1992. En ese momento, la Justicia reabrió una causa contra Tetzlaff y ordenó detenerlo. Romero Victorica, que en la familia era mencionado con un apodo, le puso tres abogados y en tres meses lo sacaron de la cárcel. Victoria dijo que eran abogados que ellos no estaban en condiciones de pagar. Y que luego le adelantó a su apropiador todos los avances de la causa: “El llamaba a casa y le daba información”, explicó. En una ocasión, para el momento de la primera detención de su apropiador, fue Victoria la que le atendió el teléfono. Ella lloraba: “El me dice que me quede tranquila y me pega dos gritos: me dice que llorando no se soluciona nada, que mi padre estaba orgulloso de mí, que yo debía contenerlo, que iba a salir, que él iba a poner a unos amigos para que lo sacaran... Ahí me entero de quién era esta persona”.
La historia
Victoria nació el 31 de enero de 1976. Sus padres eran Hilda Ramona Torres y Roque Orlando Montenegro, dos militantes de la JP primero y luego del ERP, salteños, una familia que escapaba del Operativo Independencia. Trece días después del nacimiento, un grupo de tareas entró en la casa donde vivían, en Boulogne. Tetzlaff era el jefe del operativo, un hombre que había sido jefe de los grupos de tareas de El Vesubio, jefe de Inteligencia y en algún momento encargado del arma de Comunicaciones en Campo de Mayo. Se apropió de Victoria seis meses después del operativo en el que –como le confesó más adelante– él mismo asesinó a su padre. ¿Usted vivió con otra identidad durante muchos años? –preguntó Niklison al comenzar la audiencia.
“Me llamaron María Sol Tetzlaff Eduartes, nacida el 28 de mayo del ’76 en Boulogne, San Isidro, como hija del coronel Herman Antonio Tetzlaff y de su esposa, María del Carmen Eduartes. Yo nunca tuve dudas de que no era María Sol, me decían que era hija de ellos”, explicó. ¿Qué versión le dieron? “Yo siempre tuve dudas, pero sobre el horario en el que había nacido. Lo que le preguntaba a mi apropiadora era la hora: sabía que el 29 de mayo era el Día del Ejército. Me decían que el 28 Herman tuvo un desfile militar en San Isidro, ella se descompone y yo nací en la Clínica del Sol.” ¿Cuándo aparecieron las dudas de que no sería hija de ellos? “Cuando tenía nueve años, calculo, llaman a Herman a un juzgado de Morón. Un día yo lo acompaño. Entro con él al despacho del juez y el juez pregunta si no era mejor que yo esperara afuera. El dijo que no. El juez saca del cajón una causa y le dice que las ‘viejas’ ya estaban empezando a molestar. Que se quedara tranquilo, que el encargado de todo esto era otro colega, pero que tomara conocimiento de que estaba pasando esto.”
Eso sucedió alrededor de 1989. Victoria no se acuerda del nombre del juez, pero sabe que en ese momento empezó la causa a Tetzlaff. “Hasta entonces, yo lo que sabía era que en Argentina hubo una guerra, en ese momento yo consideraba a Herman como mi papá, para mí la subversión se estaba vengando de ellos que habían sido soldados; que los desaparecidos eran mentira. Pensaba que no eran personas físicas, sino un invento de las Abuelas.”
Cada vez que aparecía en TV algo que no cerraba con ese relato, Tetzlaff la sentaba a adoctrinarla. Le dijo que lo primero que hacía la subversión era dañar a la familia, núcleo vital de una sociedad sana. Que las Abuelas instaban las dudas para crear miedo. “Por eso para mí eran todas unas mentiras: yo era hija de él y estaba convencida de que todo era un invento.”
Tetzlaff era enorme: medía dos metros y pesaba 145 kilos. Era rubio como su mujer, descendientes de alemanes. Vivían rodeados de policías y de militares en los monoblocks de Villa Lugano, que recién se habían construido, dijo Victoria. El departamento solía estar lleno de banderas. Tetzlaff hablaba de la causa: “La causa no sé qué era exactamente, pero era una bandera celeste y blanca; ellos eran los buenos, había una causa nacional; era el olor a cuero, las botas, la familia cristiana, la misa, cenar afuera porque Mary no cocinaba, para mí ésa era la familia: los restaurantes llenos y Herman que terminaba las conversaciones con la 45 arriba de la mesa diciendo: ‘Yo siempre tengo razón, y más cuando no la tengo’”.
Victorica
Entre los amigos de Tetzlaff estaban Leopoldo Galtieri, Guillermo Suárez Mason y Omar Riveros. Con la democracia, a Tetzlaff lo ascendieron de teniente coronel a coronel, lo mandaron a Paraná como juez de instrucción militar para alejarlo por las causas que empezaban a ventilarse en Buenos Aires. Cuando Victoria cumplió 15 años, lo detuvieron por primera vez: entonces apareció Romero Victorica.
“Herman estaba muy nervioso. Un día me llama y me plantea que ya había una causa que había tomado (Roberto) Marquevich, que era un juez montonero, que estaban las Abuelas de por medio, que lo más probable era que me sacaran sangre para compararla con el Banco Genético que en realidad lo manejaban las Abuelas.” En ese momento, también le dijo que seguro iban a decirle que era “hija de la subversión, así es que seguramente después vengan y te saquen de casa. Yo decía mientras tanto que no: que diera lo que diera, me iba a quedar con él; él me lo agradeció y que me dijo que no esperaba otra cosa de mí”.
Para entonces, Tetzlaff tenía a su “amigo en Comodoro Py” que le pasaba todos los datos, dijo ella. Cuando Marquevich, que era juez de San Isidro, la llamó para sacarse sangre, Tetzlaff la acompañó al Banco Genético. Poco después, le anunciaron la primera parte de lo esperado: que no era hija de quienes hasta ese momento suponía sus padres. “Me dijeron que en un 99 por ciento yo no era hija de ellos, pero yo dije que me quedaba con ese uno por ciento, porque sí era hija de ellos. Les decía que eran todos unos subversivos, porque pensaba que era hija de ellos.”
En el camino, Tetzlaff quedó detenido. Romero Victorica puso a sus amigos abogados que, según el relato, le debían un favor. Uno de ellos era un sobrino suyo de apellido Romero Victorica y otro Martín Anzoátegui, juez federal durante la dictadura, que ordenó en 1981 allanamientos a los organismos de derechos humanos. “Lo sacaron a Herman a los tres meses de Caseros, entró en diciembre y salió en abril para la Pascua”, recordó ella.
Mientras tanto, Marquevich seguía buscando la identidad. Un día le pidió más sangre para compararla con otras muestras, pero ella se negó para frenar la causa. Un mes y medio después, su apropiador, que ya sabía lo que estaba pasando, le avisó que la iban a llamar de la Cámara de Casación de San Martín. Ella entró a entrevistarse con los jueces sabiendo que había tres, “uno subversivo y montonero y dos de los nuestros”, dijo. Después de entrevistarla, la Cámara sacó un fallo aceptando que no se sacara sangre, un fallo que nutrió más adelante la resolución de Evelyn Vásquez, que terminó confirmada por la Corte Suprema de Nación.
Victoria le avisó Tetzlaff: “Me acuerdo que Herman me esperaba en una parrilla cerca –dijo–, y yo fui y le llevé el fallo. Me felicitó: ‘Muy bien, m’hija’, me dijo. Se lo di y me acuerdo que cuando me senté creo que fue el comienzo del momento de empezar a hacerme cargo de la otra historia. Pensé: ahora soné si alguna vez quiero saber algo”.
Finalmente, no hizo falta una nueva muestra. Con los nuevos métodos, el juzgado hizo el cruce. Marquevich la llamó un día para decirle cuál era su familia: “Me agarró terror –dijo ella–, porque era hija de la subversión, ése fue el primer miedo”. Cuando su apropiador estaba enfermo o ya había fallecido, ella entró al despacho de Romero Victorica en Comodoro Py. Iba a preguntarle cómo hacer con su nuevo documento porque no lo quería. “¡Si lo habré tenido al gordo acá sentado horas!”, contó que le dijo el fiscal.
El complot contra el juez
Un día, Martín Anzoátegui y otro de los abogados que le había asignado Juan Martín Romero Victorica llamaron a Victoria para proponerle un complot contra el juez Roberto Marquevich. “Para destruir al joven Marquevich”, le dijeron, según contó ella. “Creo que fue cuando el juez ordenó la detención de la señora (Ernestina Herrera) de Noble –dijo Victoria–: decían que había pasado todos los límites.” La propuesta consistía en denunciar al magistrado. Tiempo antes, Marquevich se había enojado con ella porque se negaba a leer el expediente con la historia de sus padres. Le preguntó si sabía leer y le gritó que leyera. Victoria salió del despacho diciendo le habían gritado. Y los abogados ahora pretendían montarse a esa situación: “Querían que yo saliera a los medios a decir que había sido víctima de malos tratos de parte del juez y ellos me iban a ayudar para agrandar esa situación”, dijo. “El tema era que si corríamos a Marquevich de la causa se paraba el expediente y papá además zafaba de ir preso.” En ese contexto, Victoria agregó un detalle: ella aceptó hacer la denuncia para la que los abogados aseguraban contar con todos los medios, pero finalmente no avanzaron porque, al parecer, la vieron muy temerosa. Marquevich fue destituido, pero Victoria recordó que entre las causales de la destitución se mencionaba a su apropiadora: al juez lo acusaron de darle a ella prisión domiciliaria y a la dueña de Clarín, no.
Golpes, gritos y amenazas
Después de nacer, Victoria estuvo de enero a mayo del ’76 en la comisaría de San Martín, al cuidado de unas monjas. Con ella había otros seis bebés, supo por su apropiador. Las monjas los tenían al parecer durante un plazo perentorio: si no los entregaban en los primeros meses, eran enviados a Casa Cuna. Tetzlaff convenció a su mujer de recoger a la niña cuando se acercaba ese límite. Se llevó otro bebé para Lina, su empleada doméstica. Y él mismo decía que los otros se los llevaron hombres de Lugano. Cuando tenía unos cinco o seis años, ella rompió una taza de porcelana de la apropiadora: “Mary me empieza a pegar, y me dice que me devolvía a las monjas. Cuando llega Herman, él le dijo que ya no podían hacerlo, así que después yo le pido perdón, ella me perdona y me dice que por esta vez me quedo en casa”. Cuando creció, no podía escuchar música porque era subversiva. Su hermana más grande –hija biológica del matrimonio– solía hacerlo pero sin que supiera el padre. “Una vez puso la ‘Marcha de la Bronca’, la apagó y cuando salimos todos en el auto yo me pongo a cantar, porque era pegadiza... No llegué a decir uno, dos y me comí un cachetazo de Herman, que me cimbró la nuca”, contó. “Mary puso música en la radio, Luis Miguel o algo así y me dijo: ‘Vos tenés que escuchar esta música y no música subversiva’.” Otra vez, cuando la película La historia oficial ganó el Oscar, su apropiadora sacó la bandera por la ventana para festejar. ¡Vamos Argentina!, decía. “Cuando llegó Herman –dijo Victoria– va al dormitorio y le dice: ¿qué hacés? Ella le responde que habíamos ganado el Oscar y él le dice: ¿pero no entendés nada?”
26 de abril de 2011
Por Alejandra Dandan
En la causa sobre el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos, Montenegro denunció que el fiscal de Casación Juan Martín Romero Victorica le filtraba información al coronel Herman Tetzlaff, su apropiador y asesino de su padre biológico.
Entró en la sala de audiencias sin pañuelo, convencida de que no le iba a hacer falta. Su apropiador se lo había dicho muchas veces: que no llorara, que ésa era una forma de mostrarse débil ante el enemigo. Victoria Montenegro ayer lloró, lloró mucho, acompañada por buena parte de la sala. Contó escenas de sus años de hija de desaparecidos apropiada por un coronel de Inteligencia del Ejército. Por primera vez en su vida declaró contra él y, de alguna manera, a favor de la recuperación de la historia de sus padres biológicos. En medio de ese relato denunció al fiscal de Casación Juan Martín Romero Victorica porque, mientras la Justicia investigaba a su apropiador, el fiscal filtraba información hasta veinte días antes. Al terminar la audiencia, en la causa sobre el plan sistemático para apropiar hijos de desaparecidos, el fiscal Martín Niklison pidió al Tribunal Oral Federal 6 que impulse una denuncia penal a Romero Victorica y envíe los datos al procurador general.
“Yo de Romero Victorica nunca dije nada y, pese a que tuve charlas en Abuelas, siempre me contuve –dijo Victoria–. Nunca dije nada porque estaba convencida de que soy una persona sumamente leal y que yo le debía lealtad a él, porque había ayudado a mi papá. Cuando hace poco me llamaron para declarar en una causa, me di cuenta de que a este señor no le debo nada, que en realidad no ayudó nunca. Que mi papá está desaparecido. Y que él hizo todo lo contrario: ayudó a que yo apareciera más tarde, y ahora tengo a mis abuelos muertos, a mi tía también muerta... Recién entonces pude darme cuenta de quién es esta persona.”
Romero Victorica era amigo de Herman Tetzlaff, el apropiador de Victoria. Ella ubicó esa relación desde antes de 1992. En ese momento, la Justicia reabrió una causa contra Tetzlaff y ordenó detenerlo. Romero Victorica, que en la familia era mencionado con un apodo, le puso tres abogados y en tres meses lo sacaron de la cárcel. Victoria dijo que eran abogados que ellos no estaban en condiciones de pagar. Y que luego le adelantó a su apropiador todos los avances de la causa: “El llamaba a casa y le daba información”, explicó. En una ocasión, para el momento de la primera detención de su apropiador, fue Victoria la que le atendió el teléfono. Ella lloraba: “El me dice que me quede tranquila y me pega dos gritos: me dice que llorando no se soluciona nada, que mi padre estaba orgulloso de mí, que yo debía contenerlo, que iba a salir, que él iba a poner a unos amigos para que lo sacaran... Ahí me entero de quién era esta persona”.
La historia
Victoria nació el 31 de enero de 1976. Sus padres eran Hilda Ramona Torres y Roque Orlando Montenegro, dos militantes de la JP primero y luego del ERP, salteños, una familia que escapaba del Operativo Independencia. Trece días después del nacimiento, un grupo de tareas entró en la casa donde vivían, en Boulogne. Tetzlaff era el jefe del operativo, un hombre que había sido jefe de los grupos de tareas de El Vesubio, jefe de Inteligencia y en algún momento encargado del arma de Comunicaciones en Campo de Mayo. Se apropió de Victoria seis meses después del operativo en el que –como le confesó más adelante– él mismo asesinó a su padre. ¿Usted vivió con otra identidad durante muchos años? –preguntó Niklison al comenzar la audiencia.
“Me llamaron María Sol Tetzlaff Eduartes, nacida el 28 de mayo del ’76 en Boulogne, San Isidro, como hija del coronel Herman Antonio Tetzlaff y de su esposa, María del Carmen Eduartes. Yo nunca tuve dudas de que no era María Sol, me decían que era hija de ellos”, explicó. ¿Qué versión le dieron? “Yo siempre tuve dudas, pero sobre el horario en el que había nacido. Lo que le preguntaba a mi apropiadora era la hora: sabía que el 29 de mayo era el Día del Ejército. Me decían que el 28 Herman tuvo un desfile militar en San Isidro, ella se descompone y yo nací en la Clínica del Sol.” ¿Cuándo aparecieron las dudas de que no sería hija de ellos? “Cuando tenía nueve años, calculo, llaman a Herman a un juzgado de Morón. Un día yo lo acompaño. Entro con él al despacho del juez y el juez pregunta si no era mejor que yo esperara afuera. El dijo que no. El juez saca del cajón una causa y le dice que las ‘viejas’ ya estaban empezando a molestar. Que se quedara tranquilo, que el encargado de todo esto era otro colega, pero que tomara conocimiento de que estaba pasando esto.”
Eso sucedió alrededor de 1989. Victoria no se acuerda del nombre del juez, pero sabe que en ese momento empezó la causa a Tetzlaff. “Hasta entonces, yo lo que sabía era que en Argentina hubo una guerra, en ese momento yo consideraba a Herman como mi papá, para mí la subversión se estaba vengando de ellos que habían sido soldados; que los desaparecidos eran mentira. Pensaba que no eran personas físicas, sino un invento de las Abuelas.”
Cada vez que aparecía en TV algo que no cerraba con ese relato, Tetzlaff la sentaba a adoctrinarla. Le dijo que lo primero que hacía la subversión era dañar a la familia, núcleo vital de una sociedad sana. Que las Abuelas instaban las dudas para crear miedo. “Por eso para mí eran todas unas mentiras: yo era hija de él y estaba convencida de que todo era un invento.”
Tetzlaff era enorme: medía dos metros y pesaba 145 kilos. Era rubio como su mujer, descendientes de alemanes. Vivían rodeados de policías y de militares en los monoblocks de Villa Lugano, que recién se habían construido, dijo Victoria. El departamento solía estar lleno de banderas. Tetzlaff hablaba de la causa: “La causa no sé qué era exactamente, pero era una bandera celeste y blanca; ellos eran los buenos, había una causa nacional; era el olor a cuero, las botas, la familia cristiana, la misa, cenar afuera porque Mary no cocinaba, para mí ésa era la familia: los restaurantes llenos y Herman que terminaba las conversaciones con la 45 arriba de la mesa diciendo: ‘Yo siempre tengo razón, y más cuando no la tengo’”.
Victorica
Entre los amigos de Tetzlaff estaban Leopoldo Galtieri, Guillermo Suárez Mason y Omar Riveros. Con la democracia, a Tetzlaff lo ascendieron de teniente coronel a coronel, lo mandaron a Paraná como juez de instrucción militar para alejarlo por las causas que empezaban a ventilarse en Buenos Aires. Cuando Victoria cumplió 15 años, lo detuvieron por primera vez: entonces apareció Romero Victorica.
“Herman estaba muy nervioso. Un día me llama y me plantea que ya había una causa que había tomado (Roberto) Marquevich, que era un juez montonero, que estaban las Abuelas de por medio, que lo más probable era que me sacaran sangre para compararla con el Banco Genético que en realidad lo manejaban las Abuelas.” En ese momento, también le dijo que seguro iban a decirle que era “hija de la subversión, así es que seguramente después vengan y te saquen de casa. Yo decía mientras tanto que no: que diera lo que diera, me iba a quedar con él; él me lo agradeció y que me dijo que no esperaba otra cosa de mí”.
Para entonces, Tetzlaff tenía a su “amigo en Comodoro Py” que le pasaba todos los datos, dijo ella. Cuando Marquevich, que era juez de San Isidro, la llamó para sacarse sangre, Tetzlaff la acompañó al Banco Genético. Poco después, le anunciaron la primera parte de lo esperado: que no era hija de quienes hasta ese momento suponía sus padres. “Me dijeron que en un 99 por ciento yo no era hija de ellos, pero yo dije que me quedaba con ese uno por ciento, porque sí era hija de ellos. Les decía que eran todos unos subversivos, porque pensaba que era hija de ellos.”
En el camino, Tetzlaff quedó detenido. Romero Victorica puso a sus amigos abogados que, según el relato, le debían un favor. Uno de ellos era un sobrino suyo de apellido Romero Victorica y otro Martín Anzoátegui, juez federal durante la dictadura, que ordenó en 1981 allanamientos a los organismos de derechos humanos. “Lo sacaron a Herman a los tres meses de Caseros, entró en diciembre y salió en abril para la Pascua”, recordó ella.
Mientras tanto, Marquevich seguía buscando la identidad. Un día le pidió más sangre para compararla con otras muestras, pero ella se negó para frenar la causa. Un mes y medio después, su apropiador, que ya sabía lo que estaba pasando, le avisó que la iban a llamar de la Cámara de Casación de San Martín. Ella entró a entrevistarse con los jueces sabiendo que había tres, “uno subversivo y montonero y dos de los nuestros”, dijo. Después de entrevistarla, la Cámara sacó un fallo aceptando que no se sacara sangre, un fallo que nutrió más adelante la resolución de Evelyn Vásquez, que terminó confirmada por la Corte Suprema de Nación.
Victoria le avisó Tetzlaff: “Me acuerdo que Herman me esperaba en una parrilla cerca –dijo–, y yo fui y le llevé el fallo. Me felicitó: ‘Muy bien, m’hija’, me dijo. Se lo di y me acuerdo que cuando me senté creo que fue el comienzo del momento de empezar a hacerme cargo de la otra historia. Pensé: ahora soné si alguna vez quiero saber algo”.
Finalmente, no hizo falta una nueva muestra. Con los nuevos métodos, el juzgado hizo el cruce. Marquevich la llamó un día para decirle cuál era su familia: “Me agarró terror –dijo ella–, porque era hija de la subversión, ése fue el primer miedo”. Cuando su apropiador estaba enfermo o ya había fallecido, ella entró al despacho de Romero Victorica en Comodoro Py. Iba a preguntarle cómo hacer con su nuevo documento porque no lo quería. “¡Si lo habré tenido al gordo acá sentado horas!”, contó que le dijo el fiscal.
El complot contra el juez
Un día, Martín Anzoátegui y otro de los abogados que le había asignado Juan Martín Romero Victorica llamaron a Victoria para proponerle un complot contra el juez Roberto Marquevich. “Para destruir al joven Marquevich”, le dijeron, según contó ella. “Creo que fue cuando el juez ordenó la detención de la señora (Ernestina Herrera) de Noble –dijo Victoria–: decían que había pasado todos los límites.” La propuesta consistía en denunciar al magistrado. Tiempo antes, Marquevich se había enojado con ella porque se negaba a leer el expediente con la historia de sus padres. Le preguntó si sabía leer y le gritó que leyera. Victoria salió del despacho diciendo le habían gritado. Y los abogados ahora pretendían montarse a esa situación: “Querían que yo saliera a los medios a decir que había sido víctima de malos tratos de parte del juez y ellos me iban a ayudar para agrandar esa situación”, dijo. “El tema era que si corríamos a Marquevich de la causa se paraba el expediente y papá además zafaba de ir preso.” En ese contexto, Victoria agregó un detalle: ella aceptó hacer la denuncia para la que los abogados aseguraban contar con todos los medios, pero finalmente no avanzaron porque, al parecer, la vieron muy temerosa. Marquevich fue destituido, pero Victoria recordó que entre las causales de la destitución se mencionaba a su apropiadora: al juez lo acusaron de darle a ella prisión domiciliaria y a la dueña de Clarín, no.
Golpes, gritos y amenazas
Después de nacer, Victoria estuvo de enero a mayo del ’76 en la comisaría de San Martín, al cuidado de unas monjas. Con ella había otros seis bebés, supo por su apropiador. Las monjas los tenían al parecer durante un plazo perentorio: si no los entregaban en los primeros meses, eran enviados a Casa Cuna. Tetzlaff convenció a su mujer de recoger a la niña cuando se acercaba ese límite. Se llevó otro bebé para Lina, su empleada doméstica. Y él mismo decía que los otros se los llevaron hombres de Lugano. Cuando tenía unos cinco o seis años, ella rompió una taza de porcelana de la apropiadora: “Mary me empieza a pegar, y me dice que me devolvía a las monjas. Cuando llega Herman, él le dijo que ya no podían hacerlo, así que después yo le pido perdón, ella me perdona y me dice que por esta vez me quedo en casa”. Cuando creció, no podía escuchar música porque era subversiva. Su hermana más grande –hija biológica del matrimonio– solía hacerlo pero sin que supiera el padre. “Una vez puso la ‘Marcha de la Bronca’, la apagó y cuando salimos todos en el auto yo me pongo a cantar, porque era pegadiza... No llegué a decir uno, dos y me comí un cachetazo de Herman, que me cimbró la nuca”, contó. “Mary puso música en la radio, Luis Miguel o algo así y me dijo: ‘Vos tenés que escuchar esta música y no música subversiva’.” Otra vez, cuando la película La historia oficial ganó el Oscar, su apropiadora sacó la bandera por la ventana para festejar. ¡Vamos Argentina!, decía. “Cuando llegó Herman –dijo Victoria– va al dormitorio y le dice: ¿qué hacés? Ella le responde que habíamos ganado el Oscar y él le dice: ¿pero no entendés nada?”
“Queremos saber si hay falsificación de datos”
Página 12
26 de abril de 2011
Por Nicolás Lantos
Mientras el Superior Tribunal de Justicia de Chubut comienza a deliberar para decidir si convocará o no a elecciones complementarias por las seis mesas anuladas en los comicios provinciales del 20 de marzo, la fiscal general de Rawson, Graciela Suárez García, comenzó a actuar con el fin de determinar si hubo o no fraude en el proceso electoral y el escrutinio, tal como denunció el Frente para la Victoria. Con esa finalidad, ordenó incautar las más de mil cien urnas utilizadas para evitar que se destruyan (tal como se suele hacer cuando no se detectan irregularidades) y ya anticipó que solicitará la apertura de al menos 23 de ellas para comenzar a indagar, aunque esto se llevará a cabo sólo una vez que haya concluido el proceso electoral y la provincia tenga un nuevo gobernador.
“Hemos pedido que se abran 23 urnas, aunque hay denuncias por otros casos, y además se procurará tener el testimonio de la gente responsable de las mesas electorales para que cuenten cómo se confeccionó el acta, si hay falsificación parcial o total de los datos”, anticipó Suárez García. “Ya di cuenta al tribunal para que no destruyan la documentación ni las urnas como suele ocurrir cuando se da por cerrado el proceso electoral, sino que se mantengan en custodia y pueda acceder a la revisión –justificó–. Tengo denunciada la falsedad documental, y con los datos aportados por los denunciantes más otras acciones que realizamos en el marco de la investigación debo requerir la apertura de las urnas para saber lo que hay adentro.”
El resultado de estas investigaciones, que afectan a más de diez mil votantes, no podrán modificar el llamado a elecciones complementarias, que se hará, si así lo decide el STJ, sobre las seis que fueron requeridas por el FpV y anuladas por la Justicia. “Las otras ya fueron habilitadas por nuestros fiscales dos veces, en el escrutinio provisorio y en el definitivo, por lo que no podemos solicitar ahora que vuelva a votarse”, le explicó a Página/12 el apoderado del PJ nacional, Jorge Landau, encargado de seguir el caso por orden de la presidenta Cristina Kirchner. Sin embargo, estas acciones refuerzan las denuncias de fraude y suman argumentos a favor de que se repita la votación en las mesas impugnadas, ya que “queda cada vez más claro que hubo irregularidades que apuntaron a beneficiar a uno de los dos lados”.
La decisión sobre si se llevarán a cabo o no nuevas elecciones para las seis urnas anuladas la tomará esta semana el STJ, luego de que el Tribunal Electoral provincial (con mayoría designada por el gobernador Mario Das Neves) rechazara ese pedido y el kirchnerismo apelara la decisión. El apoderado del FpV chubutense, Blas Meza Evans, observó que ese espacio se reserva “llevar el caso a la Corte Suprema de la Nación” en caso de no estar conformes con la decisión, algo que seguramente hará también la otra lista si el STJ falla en el otro sentido. Sin embargo, es poco probable que el máximo tribunal del país acepte decidir sobre un tema que incumbe a la vida institucional de una provincia, por lo que la decisión del tribunal provincial –que se conocería este jueves– sea definitiva.
Por otro carril corre la denuncia penal por fraude, presentada a principios de este mes para que se investigue el “cúmulo de irregularidades producidas en el proceso electoral convocado en la provincia” y que, entre otras desprolijidades, indica que “ha votado una cantidad indeterminada de personas sin derecho a voto por no estar empadronados en Chubut”. La actuación de la fiscal Suárez García busca determinar la veracidad de estas acusaciones.
26 de abril de 2011
Por Nicolás Lantos
Mientras el Superior Tribunal de Justicia de Chubut comienza a deliberar para decidir si convocará o no a elecciones complementarias por las seis mesas anuladas en los comicios provinciales del 20 de marzo, la fiscal general de Rawson, Graciela Suárez García, comenzó a actuar con el fin de determinar si hubo o no fraude en el proceso electoral y el escrutinio, tal como denunció el Frente para la Victoria. Con esa finalidad, ordenó incautar las más de mil cien urnas utilizadas para evitar que se destruyan (tal como se suele hacer cuando no se detectan irregularidades) y ya anticipó que solicitará la apertura de al menos 23 de ellas para comenzar a indagar, aunque esto se llevará a cabo sólo una vez que haya concluido el proceso electoral y la provincia tenga un nuevo gobernador.
“Hemos pedido que se abran 23 urnas, aunque hay denuncias por otros casos, y además se procurará tener el testimonio de la gente responsable de las mesas electorales para que cuenten cómo se confeccionó el acta, si hay falsificación parcial o total de los datos”, anticipó Suárez García. “Ya di cuenta al tribunal para que no destruyan la documentación ni las urnas como suele ocurrir cuando se da por cerrado el proceso electoral, sino que se mantengan en custodia y pueda acceder a la revisión –justificó–. Tengo denunciada la falsedad documental, y con los datos aportados por los denunciantes más otras acciones que realizamos en el marco de la investigación debo requerir la apertura de las urnas para saber lo que hay adentro.”
El resultado de estas investigaciones, que afectan a más de diez mil votantes, no podrán modificar el llamado a elecciones complementarias, que se hará, si así lo decide el STJ, sobre las seis que fueron requeridas por el FpV y anuladas por la Justicia. “Las otras ya fueron habilitadas por nuestros fiscales dos veces, en el escrutinio provisorio y en el definitivo, por lo que no podemos solicitar ahora que vuelva a votarse”, le explicó a Página/12 el apoderado del PJ nacional, Jorge Landau, encargado de seguir el caso por orden de la presidenta Cristina Kirchner. Sin embargo, estas acciones refuerzan las denuncias de fraude y suman argumentos a favor de que se repita la votación en las mesas impugnadas, ya que “queda cada vez más claro que hubo irregularidades que apuntaron a beneficiar a uno de los dos lados”.
La decisión sobre si se llevarán a cabo o no nuevas elecciones para las seis urnas anuladas la tomará esta semana el STJ, luego de que el Tribunal Electoral provincial (con mayoría designada por el gobernador Mario Das Neves) rechazara ese pedido y el kirchnerismo apelara la decisión. El apoderado del FpV chubutense, Blas Meza Evans, observó que ese espacio se reserva “llevar el caso a la Corte Suprema de la Nación” en caso de no estar conformes con la decisión, algo que seguramente hará también la otra lista si el STJ falla en el otro sentido. Sin embargo, es poco probable que el máximo tribunal del país acepte decidir sobre un tema que incumbe a la vida institucional de una provincia, por lo que la decisión del tribunal provincial –que se conocería este jueves– sea definitiva.
Por otro carril corre la denuncia penal por fraude, presentada a principios de este mes para que se investigue el “cúmulo de irregularidades producidas en el proceso electoral convocado en la provincia” y que, entre otras desprolijidades, indica que “ha votado una cantidad indeterminada de personas sin derecho a voto por no estar empadronados en Chubut”. La actuación de la fiscal Suárez García busca determinar la veracidad de estas acusaciones.
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