La Justicia allanó una estancia en San Pedro, donde 69 trabajadores eran presuntamente reducidos a condiciones de servidumbre. Detuvieron a un directivo de la empresa y a cuatro capataces.
Por Leonardo Rossi
Para Página 12
5 de enero de 2011
“Estamos prácticamente abandonados, esto no es justo”, dijo con rabia uno de los 69 hombres que trabajaba a destajo en la estancia La Luisa, ubicada en el paraje Beladrich, en San Pedro. En este campo de 400 hectáreas residía en forma temporal un grupo de campesinos santiagueños sometidos a condiciones de insalubridad, presumiblemente reducidos a servidumbre. El caso se enmarca en la investigación por hechos conexos con el delito de trata de personas en establecimientos rurales, que desde diciembre pasado encabeza el fiscal de la UFI 6 de San Nicolás, Rubén Darío Giagnorio. A partir de este trabajo del fiscal fue descubierta la explotación de obreros rurales efectuada por la multinacional Nidera –como reveló Página/12 el domingo pasado–. En este caso, la empresa infractora es Southern Seeds Production SA (SSP), con sede en Arrecifes. Uno de los dueños de la compañía, Alfredo Montealegre, quedó demorado, junto a cuatro capataces. Los cinco serán indagados hoy por el fiscal. Por su parte, el Ministerio de Trabajo bonaerense dejó clausurado el establecimiento.
Los trabajadores, que llegaron en dos tandas el 15 y el 29 de diciembre pasado, desfloraban maíz todos los días, durante 12 horas. Según constató Página/12 durante el operativo, para dormir contaban con unas 30 camas cuchetas ubicadas dentro de una carpa de lona. Además, no tenían baños ni luz. Los alimentos perecederos eran conservados a la intemperie. El agua para bañarse la trasladaban en tachos de agrotóxicos. “Desde que están allí jamás vieron un médico. Varios sufrieron diarrea y a uno lo afecta un tumor. Además, no sabían en qué lugar geográfico se encontraban”, dijo el fiscal a este diario. Todos habían sido traídos desde sus pueblos, en Santiago del Estero, con la promesa de buenas condiciones de trabajo, en comparación con las que los tienen acostumbrados.
Los campesinos no podían salir de la estancia porque corrían riesgo de que todos perdieran el empleo. Si utilizaban más alimentos de los que tenían asignados –una bolsa de 25 pesos por día, les decían los capataces– se les descontaba el excedente del sueldo, que era de 1100 pesos por hectárea desflorada. Los cálculos de los trabajadores indican que eso requiere de ocho días de trabajo. Pero dicen que entre los descuentos alcanzarían a sacar entre 500 y 800 pesos por hectárea. Todo eso según los cálculos, ya que hasta ahora no habían cobrado nada. También debían pagarse los pilotos, guantes o calzado que necesitan para realizar su tarea.
El fiscal se acercó al establecimiento poco antes de las seis de la mañana. Alertados por los procedimientos previos, los dueños se llevaron del lugar a dos menores que estaban en la actividad –que ya estarían en sus casas, en Santiago, según sus familiares–. “También pusieron, en la madrugada (de ayer) un baño químico y compraron faroles a kerosene”, relataron los trabajadores a Página/12. Todo el resto se mantuvo igual.
Abrumado por el cuadro que encontró, el funcionario judicial sostuvo: “El objetivo es que la gente se vaya a Santiago con la plata que le deben”. Y recalcó: “La víctima no debe seguir trabajando con el victimario”.
Con la llegada de Giagnorio comenzó a intervenir un equipo de la Policía de Investigaciones bonaerense, que se dedicó a recabar datos de los empleados y empleadores. Además se dispusieron móviles para llevar a las personas con afecciones de salud a un centro sanitario de San Pedro. Por su parte, el Ministerio de Trabajo provincial también hizo sus actas, en las que dejó constancia de las irregularidades en materia sanitaria.
Organizados en ronda, los trabajadores agrarios hablaron con este diario. “La empresa se aprovecha. Ni siquiera nos dan pilotín para trabajar los días de lluvia. Si querés uno te lo venden a 160 pesos”, precisó Carlos. “Allá (en Santiago del Estero), cuando te contratan, te prometen de todo; llegas acá y no hay nada”, se quejó otro. También aseguraron que no pueden irse de la finca. “Si se escapa uno, paga la cuadrilla”, era la amenaza patronal. Más allá de los cuatro capataces que coordinaban los grupos de trabajo, nunca veían a los dueños de la empresa. Sólo iba todos los días un proveedor a llevar las bolsas con comida, que incluían fideos, arroz, salsa de tomate, pan, cebollas y papas. También les daban carne, que debían mantener en antiguas fiambreras, que sólo sirven de protección ante las moscas.
Los capataces que ahora se encuentran demorados son Víctor Barreto, Elio Ullua, Héctor Herrera e Isamel Ibarra. Ellos trabajaban en el campo, pero eran el aparente nexo con los dueños de SSP, ya que por los relatos de los campesinos estas personas los reclutaban en sus lugares de residencia. Estos hombres les prometieron trabajo en la desflora de maíz, pero con condiciones más dignas de las que resultaron.
El viceministro de Trabajo de la provincia, Carlos Molina, encabezó el procedimiento de esa cartera en La Luisa. “Esto se tiene que cortar”, manifestó el funcionario. Admitió, sin embargo, que la operatividad del ministerio es insuficiente para esa campaña. “Somos conscientes de que con nuestra capacidad es muy difícil llegar a descubrir estos casos. Hay que estimular las denuncias.” Molina atribuyó la proliferación de esta modalidad de empleo precario a los “muchos años en los que todo se libró al mercado”.
Luego de que Trabajo relevara a los empleados precarizados, el establecimiento quedó clausurado “porque incumple las normas de seguridad e higiene”. Respecto del registro de los trabajadores, la empresa tiene hasta el jueves de la semana próxima para presentar toda la documentación al ministerio. Hoy se realizará una audiencia en la sede regional de San Pedro de la cartera laboral para intentar que la empresa pague a los trabajadores los salarios por lo realizado hasta la fecha. Luego el ministerio se encargará de que los jornaleros cuenten con un micro que los traslade a su provincia. Por otra parte, el fiscal avanza en la causa penal que involucra a los dueños de la empresa y a los reclutadores. “Las penas para este tipo de delito van de tres a quince años de prisión”, explicó Giagnorio.
Con el operativo casi consumado, se hizo presente Mario Bentolila, un abogado que dijo representar a SSP. “Los trabajadores están todos legalmente registrados y sus salarios están por encima del convenio sindical”, le dijo a Página/12 el letrado. Bentolila intentó negociar con el fiscal y el viceministro de Trabajo la continuidad de las actividades de La Luisa. “En cuatro días se pierde la siembra. Necesitamos con urgencia la mano de obra.” De forma contundente, el fiscal le respondió: “Me parece importante la pérdida económica para que no vuelva a ocurrir. La empresa tiene una enorme ganancia superior a lo que debiera por la explotación que realizan de los trabajadores. Si el negocio no les sirve, que cierren”.
miércoles, 5 de enero de 2011
La equidad distributiva es la mejor desde el último gobierno de Perón
Por Ignacio Chausis
Para Tiempo Argentino
5 de enero de 2011
A partir de 2003 se inició un cambio en el patrón distributivo que revirtió el proceso de concentración de la riqueza que comenzó a partir del golpe militar de 1976. Pese a todo aún y queda mucho camino por recorrer para reducir la desigualdad.
Por primera vez desde la recuperación de la democracia, la economía argentina logró revertir la tendencia histórica a la concentración en la distribución del ingreso inaugurada con la dictadura militar de 1976, encaminándose hacia los niveles existentes previos al golpe militar que le arrebató el poder al peronismo.
De acuerdo a datos oficiales, el 10% de las familias de menores recursos recibieron en el tercer trimestre de 2010 ingresos que son, en promedio, casi 17 veces menores a los del 10% de los hogares más ricos.
Esa misma brecha era de 12 veces en el año 1975, y tras la hecatombe que sobrevino a la salida de la Convertibilidad alcanzó su pico máximo de desigualdad: 32 veces.
Aunque los expertos reconocen que todavía persisten niveles altos de desigualdad en la distribución de la riqueza que genera el país, desde el tercer trimestre de 2003 se inauguró un ciclo económico que permitió un cambio de patrón en el comportamiento de los indicadores sociales ligados a la equidad distributiva.
El Coeficiente de Gini es un indicador económico homogéneo utilizado en todo el mundo para medir la desigualdad de ingresos existentes entre las distintas capas sociales. Este indicador tiene una escala que va de cero a uno, en donde cero se corresponde al grado máximo de igualdad (todos perciben el mismo nivel de ingresos) y uno equivale a la perfecta desigualdad (una persona acapara todos los ingresos y los demás ninguno).
Tomando como referencia los ingresos monetarios totales de los hogares de la ciudad de Buenos Aires y 24 partidos del Gran Buenos Aires para un período que va desde 1974 hasta la actualidad, la estimación muestra que para el segundo trimestre de 2010 el coeficiente se ubica en 0,394, es decir, el nivel que más se acerca a 1974, cuando bajo el breve tercer período de gobierno peronista, el indicador alcanzaba a 0,357.
Entre un extremo y otro de la línea de tiempo, el indicador osciló entre el estancamiento y la aceleración de la desigualdad.
En efecto, hacia octubre de 1982 ya era notorio el deterioro en materia social producido por la política económica de los militares, lo que llevó a que el coeficiente de Gini se ubique en 0,418.
Pese a la recuperación de la democracia bajo el gobierno de Alfonsín, la inflación y el peso creciente de la deuda externa llevaron a un empeoramiento en los niveles de la desigualdad: 0,450 en octubre de 1989.
Sin embargo, va a ser tras la salida de la Convertibilidad que inauguró el menemismo y continuó el gobierno de la Alianza cuando se alcance el mayor grado de desigualdad entre los habitantes locales (0,476).
La Argentina fue, tradicionalmente, uno de las naciones latinoamericanos con mejores indicadores sociales, donde la pobreza y la desigualdad eran relativamente bajas en comparación con otros países de la región.
Sin embargo, el modelo económico impuesto por la dictadura militar inauguró un camino de deterioro social constante, que luego se fue profundizando durante los gobiernos democráticos que continuaron políticas en el campo económico de características similares.
Tal como lo indica un reciente documento de trabajo elaborado por el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), a cargo de los investigadores Walter Escudero y Sergio Petralia, “en los últimos 30 años la Argentina experimentó drásticos cambios en su distribución del ingreso, donde predominó mayormente un largo período de aumento de la inequidad y la pobreza, con un escenario de recuperación luego de 2003”.
En este sentido, la investigación indica que en las últimas tres décadas, y coincidiendo con las crisis, la clase media perdió su predominio social y empezó a crecer la pobreza.
Para Tiempo Argentino
5 de enero de 2011
A partir de 2003 se inició un cambio en el patrón distributivo que revirtió el proceso de concentración de la riqueza que comenzó a partir del golpe militar de 1976. Pese a todo aún y queda mucho camino por recorrer para reducir la desigualdad.
Por primera vez desde la recuperación de la democracia, la economía argentina logró revertir la tendencia histórica a la concentración en la distribución del ingreso inaugurada con la dictadura militar de 1976, encaminándose hacia los niveles existentes previos al golpe militar que le arrebató el poder al peronismo.
De acuerdo a datos oficiales, el 10% de las familias de menores recursos recibieron en el tercer trimestre de 2010 ingresos que son, en promedio, casi 17 veces menores a los del 10% de los hogares más ricos.
Esa misma brecha era de 12 veces en el año 1975, y tras la hecatombe que sobrevino a la salida de la Convertibilidad alcanzó su pico máximo de desigualdad: 32 veces.
Aunque los expertos reconocen que todavía persisten niveles altos de desigualdad en la distribución de la riqueza que genera el país, desde el tercer trimestre de 2003 se inauguró un ciclo económico que permitió un cambio de patrón en el comportamiento de los indicadores sociales ligados a la equidad distributiva.
El Coeficiente de Gini es un indicador económico homogéneo utilizado en todo el mundo para medir la desigualdad de ingresos existentes entre las distintas capas sociales. Este indicador tiene una escala que va de cero a uno, en donde cero se corresponde al grado máximo de igualdad (todos perciben el mismo nivel de ingresos) y uno equivale a la perfecta desigualdad (una persona acapara todos los ingresos y los demás ninguno).
Tomando como referencia los ingresos monetarios totales de los hogares de la ciudad de Buenos Aires y 24 partidos del Gran Buenos Aires para un período que va desde 1974 hasta la actualidad, la estimación muestra que para el segundo trimestre de 2010 el coeficiente se ubica en 0,394, es decir, el nivel que más se acerca a 1974, cuando bajo el breve tercer período de gobierno peronista, el indicador alcanzaba a 0,357.
Entre un extremo y otro de la línea de tiempo, el indicador osciló entre el estancamiento y la aceleración de la desigualdad.
En efecto, hacia octubre de 1982 ya era notorio el deterioro en materia social producido por la política económica de los militares, lo que llevó a que el coeficiente de Gini se ubique en 0,418.
Pese a la recuperación de la democracia bajo el gobierno de Alfonsín, la inflación y el peso creciente de la deuda externa llevaron a un empeoramiento en los niveles de la desigualdad: 0,450 en octubre de 1989.
Sin embargo, va a ser tras la salida de la Convertibilidad que inauguró el menemismo y continuó el gobierno de la Alianza cuando se alcance el mayor grado de desigualdad entre los habitantes locales (0,476).
La Argentina fue, tradicionalmente, uno de las naciones latinoamericanos con mejores indicadores sociales, donde la pobreza y la desigualdad eran relativamente bajas en comparación con otros países de la región.
Sin embargo, el modelo económico impuesto por la dictadura militar inauguró un camino de deterioro social constante, que luego se fue profundizando durante los gobiernos democráticos que continuaron políticas en el campo económico de características similares.
Tal como lo indica un reciente documento de trabajo elaborado por el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), a cargo de los investigadores Walter Escudero y Sergio Petralia, “en los últimos 30 años la Argentina experimentó drásticos cambios en su distribución del ingreso, donde predominó mayormente un largo período de aumento de la inequidad y la pobreza, con un escenario de recuperación luego de 2003”.
En este sentido, la investigación indica que en las últimas tres décadas, y coincidiendo con las crisis, la clase media perdió su predominio social y empezó a crecer la pobreza.
Se logró detener el deterioro de la época neoliberal y revertir la tendencia de los ’9
Por Artemio López
Sociólogo. Consultora Equis.
Para Tiempo Argentino
5 de enero de 2011
Sin desconocer que los niveles de concentración aún siguen siendo importantes, cuando uno analiza una serie histórica de los últimos 30 años, el modelo implementado por la Argentina desde 2003 logró detener el deterioro en la distribución de la riqueza. Es decir, por primera vez desde el desembarco del modelo neoliberal que vino de la mano de Martínez de Hoz, la Argentina logró que no siga aumentando la brecha entre el 10% de la población de mayores recursos y el 10% que menos percibe.
En términos socioeconómicos, la herencia de los ’90 fue una verdadera bomba, con un índice de pobreza que alcanzaba el 54% y la indigencia el 27%. No hay literatura en estos temas que explique un deterioro de tal magnitud ni en la región ni en el planeta.
Las mejoras tienen que ver, sin dudas, con el incremento en los niveles de empleo formal, y con una gran medida en materia de política social como la Asignación Universal por Hijo. Y también con la captación de renta extraordinaria a los sectores de mayor concentración, como es el caso de las retenciones al sector agroexportador.
Sociólogo. Consultora Equis.
Para Tiempo Argentino
5 de enero de 2011
Sin desconocer que los niveles de concentración aún siguen siendo importantes, cuando uno analiza una serie histórica de los últimos 30 años, el modelo implementado por la Argentina desde 2003 logró detener el deterioro en la distribución de la riqueza. Es decir, por primera vez desde el desembarco del modelo neoliberal que vino de la mano de Martínez de Hoz, la Argentina logró que no siga aumentando la brecha entre el 10% de la población de mayores recursos y el 10% que menos percibe.
En términos socioeconómicos, la herencia de los ’90 fue una verdadera bomba, con un índice de pobreza que alcanzaba el 54% y la indigencia el 27%. No hay literatura en estos temas que explique un deterioro de tal magnitud ni en la región ni en el planeta.
Las mejoras tienen que ver, sin dudas, con el incremento en los niveles de empleo formal, y con una gran medida en materia de política social como la Asignación Universal por Hijo. Y también con la captación de renta extraordinaria a los sectores de mayor concentración, como es el caso de las retenciones al sector agroexportador.
martes, 4 de enero de 2011
Piden el procesamiento del barrabrava Capella
Por Irina Hauser
Para Página 12
4 de enero de 2011
La presencia del barrabrava de Huracán y empleado de la obra social del gobierno porteño Julio Capella, filmado cuando apuntaba una y otra vez con un arma hacia el corazón del Parque Indoamericano, no fue casual ni la respuesta a un pedido de ayuda de un pariente aterrado por un supuesto ataque de “okupas”, según surge de un dictamen del fiscal Sandro Abraldes firmado la semana pasada. Abraldes, quien investiga los tres homicidios vinculados con el desalojo en Villa Soldati, pidió directamente el procesamiento de Capella por “intimidación pública”, en contra de la falta de mérito que le había dictado el juez Eliseo Otero. Más aún, sostuvo que no actuó solo, sino en forma “coordinada” con una patota de “civiles”, entre quienes también imputó a Alejandro Pastore, otro hombre ligado (como Capella) al Sutecba, y a Ricardo Gerino, un barrabrava de River que sería inspector de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad.
Capella fue registrado por cámaras de televisión durante largo rato dos días después del violento desolojo en el Indoamericano y un rato antes de que fuera asesinada la tercera víctima, Emiliano Canaviri. Vestía un pantalón rojo con el escudo de Huracán y se lo vio repetir el gesto de sacar un arma, apuntarla hacia el predio ocupado y esconderla. Dado que su imagen había circulado por doquier, se presentó en el juzgado de Otero y su abogado pidió que lo indaguen. El juez no sólo aceptó interrogarlo y darle la chance de decir que lo que había usado era un arma de juguete para “defender” a unos parientes que viven en los monoblocks de Soldati, sino que en cuatro días le dictó falta de mérito.
El gobierno porteño tuvo que reconocer que Capella era empleado de la Obsba e integra la junta electoral de Sutecba. Según informó Horacio Verbitsky, su tío, Jorge Luis Capella, trabaja en la dirección de Migraciones, donde entró cuando Miguel Angel Toma era ministro de Interior y el legislador de PRO Cristian Ritondo subsecretario. Su padre es masajista de Boca, y su tía, puntera macrista en Villa Lugano.
Al fiscal Abraldes le bastó ver los videos crudos de la televisión para notar que cuando Capella apuntaba con el arma no había nadie atacándolo, es decir, no estaba defendiendo a nadie. Incluso era él quien avanzaba hacia la gente que estaba en el parque. En el pedido para que lo procesen además sostuvo que no actuó solo, sino que hubo un grupo de “civiles” que se movieron de manera “coordinada” y cuya presencia “no fue espontánea”. En este punto imputa también a Pastore y a Gerino. Pastore y Capella tienen en común su relación con el gremio de Amadeo Genta, que igual que otros recluta sus grupos de choque en las hinchadas de fútbol. Gerino es de la barra de River y tiene relación con la de Huracán. Al parecer, se crió en Soldati, aunque no vive allí. Según información que maneja el gobierno nacional, sería inspector del gobierno porteño en el área que fiscaliza boliches, comercios y puestos callejeros. Fue filmado participando de la agresión, tirando piedras. A Pastore se lo vio en actitud intimidatoria acomodándose un arma en la cintura.
El fiscal le pidió al juez Otero que investigue la relación de esta presunta patota sindical-futbolera con todos los sucesos en el parque. En una presentación previa señaló que Capella había estado justo en el lugar donde fue asesinado Canaviri. Varios testigos hablaron de que lo mató una patota con barrabravas que venía detrás de dos patrulleros de la Policía Metropolitana. Los asesinatos, dos días antes, de Rosemary Churapuña y Bernardo Salgueiro se sospecha que están relacionados con la represión de la Metropolitana y la Federal (ver aparte), durante el intento de desalojo, aunque no se descarta participación de los matones. Los rumores en tribunales dicen que el juez se quiere declarar incompetente.
Para Página 12
4 de enero de 2011
La presencia del barrabrava de Huracán y empleado de la obra social del gobierno porteño Julio Capella, filmado cuando apuntaba una y otra vez con un arma hacia el corazón del Parque Indoamericano, no fue casual ni la respuesta a un pedido de ayuda de un pariente aterrado por un supuesto ataque de “okupas”, según surge de un dictamen del fiscal Sandro Abraldes firmado la semana pasada. Abraldes, quien investiga los tres homicidios vinculados con el desalojo en Villa Soldati, pidió directamente el procesamiento de Capella por “intimidación pública”, en contra de la falta de mérito que le había dictado el juez Eliseo Otero. Más aún, sostuvo que no actuó solo, sino en forma “coordinada” con una patota de “civiles”, entre quienes también imputó a Alejandro Pastore, otro hombre ligado (como Capella) al Sutecba, y a Ricardo Gerino, un barrabrava de River que sería inspector de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad.
Capella fue registrado por cámaras de televisión durante largo rato dos días después del violento desolojo en el Indoamericano y un rato antes de que fuera asesinada la tercera víctima, Emiliano Canaviri. Vestía un pantalón rojo con el escudo de Huracán y se lo vio repetir el gesto de sacar un arma, apuntarla hacia el predio ocupado y esconderla. Dado que su imagen había circulado por doquier, se presentó en el juzgado de Otero y su abogado pidió que lo indaguen. El juez no sólo aceptó interrogarlo y darle la chance de decir que lo que había usado era un arma de juguete para “defender” a unos parientes que viven en los monoblocks de Soldati, sino que en cuatro días le dictó falta de mérito.
El gobierno porteño tuvo que reconocer que Capella era empleado de la Obsba e integra la junta electoral de Sutecba. Según informó Horacio Verbitsky, su tío, Jorge Luis Capella, trabaja en la dirección de Migraciones, donde entró cuando Miguel Angel Toma era ministro de Interior y el legislador de PRO Cristian Ritondo subsecretario. Su padre es masajista de Boca, y su tía, puntera macrista en Villa Lugano.
Al fiscal Abraldes le bastó ver los videos crudos de la televisión para notar que cuando Capella apuntaba con el arma no había nadie atacándolo, es decir, no estaba defendiendo a nadie. Incluso era él quien avanzaba hacia la gente que estaba en el parque. En el pedido para que lo procesen además sostuvo que no actuó solo, sino que hubo un grupo de “civiles” que se movieron de manera “coordinada” y cuya presencia “no fue espontánea”. En este punto imputa también a Pastore y a Gerino. Pastore y Capella tienen en común su relación con el gremio de Amadeo Genta, que igual que otros recluta sus grupos de choque en las hinchadas de fútbol. Gerino es de la barra de River y tiene relación con la de Huracán. Al parecer, se crió en Soldati, aunque no vive allí. Según información que maneja el gobierno nacional, sería inspector del gobierno porteño en el área que fiscaliza boliches, comercios y puestos callejeros. Fue filmado participando de la agresión, tirando piedras. A Pastore se lo vio en actitud intimidatoria acomodándose un arma en la cintura.
El fiscal le pidió al juez Otero que investigue la relación de esta presunta patota sindical-futbolera con todos los sucesos en el parque. En una presentación previa señaló que Capella había estado justo en el lugar donde fue asesinado Canaviri. Varios testigos hablaron de que lo mató una patota con barrabravas que venía detrás de dos patrulleros de la Policía Metropolitana. Los asesinatos, dos días antes, de Rosemary Churapuña y Bernardo Salgueiro se sospecha que están relacionados con la represión de la Metropolitana y la Federal (ver aparte), durante el intento de desalojo, aunque no se descarta participación de los matones. Los rumores en tribunales dicen que el juez se quiere declarar incompetente.
Memoria y balance
Por Oscar González *
Para Página 12
4 de enero de 2011
El año político que acaba de concluir comenzó prematuramente, con una decisión desafiante e imprescindible, la de asumir el pago de la deuda pública con reservas del Banco Central. Hubo que despedir a Martín Redrado y reemplazarlo por Mercedes Marcó del Pont, designación tenazmente resistida por la oposición legislativa, para devolverle a esa entidad su papel en la preservación de la estabilidad macroeconómica, la promoción de la industria y la generación de empleo. En ese enero se crispó la derecha económica y política, cuyas vacaciones se vieron turbadas por un gesto considerado inaudito: el año que se suponía decisivo para postrar al Gobierno comenzaba con una administración que se negaba a aceptar derrota alguna y resistía las exigencias de los grupos de poder.
Las elecciones de junio de 2009, teñidas por los resultados bonaerenses, habían disminuido significativamente la representación parlamentaria oficialista y alentaban la ilusión de que 2010 sería la apoteosis de la oposición. De hecho, la circunstancial mayoría opositora loteó y se repartió las comisiones decisivas de ambas Cámaras sin respetar la tradición parlamentaria que privilegia a la primera minoría. Esa usurpación, que vivieron como un triunfo, inundó a sus protagonistas de prematuras ilusiones.
Mientras los medios oligopólicos, eufóricos, le dictaban la agenda sin disimulos, se descontaba que la suma de la derecha justicialista, el radicalismo, el PRO y la Coalición Cívica lograría maniatar a un gobierno que los había desconcertado con su intrépida iniciativa política. Esos voceros insistían tanto con que el oficialismo había sido aplastado electoralmente –lo que ni siquiera era cierto a nivel nacional– como con que el Gobierno carecía de consenso para sostenerse hasta el fin de su mandato, que hasta creyeron que podían voltear las retenciones agropecuarias, impedir el desendeudamiento y desfinanciar al Estado con medidas como el 82 por ciento móvil, lo que obligaría al Gobierno a gastar más y recaudar menos, imponiéndole una política de ajuste con costos sociales altísimos.
Si algún sector imaginó que con todo eso podía acceder al Gobierno este año y ver después qué hacer con el desastre, para los grandes grupos de poder no había duda: apropiarse del poder político implicaba acabar con el modelo productivo basado en la expansión del empleo y el consumo y volver al modelo rentístico financiero que comenzó con la dictadura, se profundizó con Menem y se mantuvo incólume hasta la llegada de Néstor Kirchner.
Las patronales del campo brindaron anticipadamente por el fin de las retenciones y de los fastidiosos controles de organismos como la Oncca y supusieron que si no se podía eliminar al menos se votaría un supuesto contralor parlamentario destinado a paralizarlos. En los hechos se intentó imponer un sistema de cogobierno con el Congreso, no importa lo inviable que fuera, ya que el propósito era paralizar al Ejecutivo y quebrar al Estado.
Así, la oposición esterilizó al Congreso, convirtiéndolo en mero ámbito denegatorio donde el debate se trocó en diatriba y, sin propuestas, anuló su fecundidad política. Puesto que toda iniciativa oficialista era mala (o, al menos, de motivación inconfesable), la oposición se libró de formular alternativas y, con ello, se convirtió en políticamente mediocre, limitándose a repetir los clichés allegados por los conglomerados de prensa.
Bajo la invocación de que el Parlamento dejaría de ser una simple escribanía, la oposición transformó su heterogéneo caudal en brazo legislativo de quienes creen que la política y sus instituciones no deben perturbar a los mercados y, a poco andar, ni siquiera pudo ponerse de acuerdo sobre ningún tema. Ello descerrajó el enojo de los medios que comenzaron a descalificar a los líderes opositores llamándolos incompetentes, sectarios y mezquinos, ya que fracasaban una y otra vez, mientras el kirchnerismo y sus aliados desbarataban sus ilusiones de un asalto final, mortal para el Gobierno.
Así llegó el final de un año parlamentario olvidable, con la trabajosa aprobación de apenas 69 leyes y un solo y módico “éxito” opositor: forzar el veto presidencial al proyecto del 82 por ciento móvil, iniciativa que, estimaban, iba a movilizar a multitudes de jubilados, épico suceso que nunca ocurrió, ya que la mendacidad de la iniciativa (y, sobre todo, la política previsional del Gobierno) no logró entusiasmar a sus presuntos beneficiarios.
Es destacable, en cambio, que con impulso o apoyo oficialista, se aprobaran importantes normas de ampliación de derechos de ciudadanía como la de matrimonio igualitario y la de Salud Mental, que se propone evitar los procesos de cronificación y deterioro producidos por las internaciones psiquiatritas prolongadas.
Acostumbrados al mero ritual y a perorar sobre los méritos intrínsecos del ceremonial republicano, los contradictores del Gobierno optaron por el espectáculo, ignorando el proceso de transformaciones profundas y creciente protagonismo popular que asomó como recomposición positiva de conciencia emancipatoria en el Bicentenario y se consolidó después tras la infausta desaparición de Néstor Kirchner, al desatarse ese enorme y multitudinario dolor colectivo que hizo visible un nuevo movimiento político, social y generacional que refleja hasta qué punto el pueblo ha asumido como propio el proceso de reformas iniciado en 2003.
* Dirigente socialista, secretario de Relaciones Parlamentarias.
Para Página 12
4 de enero de 2011
El año político que acaba de concluir comenzó prematuramente, con una decisión desafiante e imprescindible, la de asumir el pago de la deuda pública con reservas del Banco Central. Hubo que despedir a Martín Redrado y reemplazarlo por Mercedes Marcó del Pont, designación tenazmente resistida por la oposición legislativa, para devolverle a esa entidad su papel en la preservación de la estabilidad macroeconómica, la promoción de la industria y la generación de empleo. En ese enero se crispó la derecha económica y política, cuyas vacaciones se vieron turbadas por un gesto considerado inaudito: el año que se suponía decisivo para postrar al Gobierno comenzaba con una administración que se negaba a aceptar derrota alguna y resistía las exigencias de los grupos de poder.
Las elecciones de junio de 2009, teñidas por los resultados bonaerenses, habían disminuido significativamente la representación parlamentaria oficialista y alentaban la ilusión de que 2010 sería la apoteosis de la oposición. De hecho, la circunstancial mayoría opositora loteó y se repartió las comisiones decisivas de ambas Cámaras sin respetar la tradición parlamentaria que privilegia a la primera minoría. Esa usurpación, que vivieron como un triunfo, inundó a sus protagonistas de prematuras ilusiones.
Mientras los medios oligopólicos, eufóricos, le dictaban la agenda sin disimulos, se descontaba que la suma de la derecha justicialista, el radicalismo, el PRO y la Coalición Cívica lograría maniatar a un gobierno que los había desconcertado con su intrépida iniciativa política. Esos voceros insistían tanto con que el oficialismo había sido aplastado electoralmente –lo que ni siquiera era cierto a nivel nacional– como con que el Gobierno carecía de consenso para sostenerse hasta el fin de su mandato, que hasta creyeron que podían voltear las retenciones agropecuarias, impedir el desendeudamiento y desfinanciar al Estado con medidas como el 82 por ciento móvil, lo que obligaría al Gobierno a gastar más y recaudar menos, imponiéndole una política de ajuste con costos sociales altísimos.
Si algún sector imaginó que con todo eso podía acceder al Gobierno este año y ver después qué hacer con el desastre, para los grandes grupos de poder no había duda: apropiarse del poder político implicaba acabar con el modelo productivo basado en la expansión del empleo y el consumo y volver al modelo rentístico financiero que comenzó con la dictadura, se profundizó con Menem y se mantuvo incólume hasta la llegada de Néstor Kirchner.
Las patronales del campo brindaron anticipadamente por el fin de las retenciones y de los fastidiosos controles de organismos como la Oncca y supusieron que si no se podía eliminar al menos se votaría un supuesto contralor parlamentario destinado a paralizarlos. En los hechos se intentó imponer un sistema de cogobierno con el Congreso, no importa lo inviable que fuera, ya que el propósito era paralizar al Ejecutivo y quebrar al Estado.
Así, la oposición esterilizó al Congreso, convirtiéndolo en mero ámbito denegatorio donde el debate se trocó en diatriba y, sin propuestas, anuló su fecundidad política. Puesto que toda iniciativa oficialista era mala (o, al menos, de motivación inconfesable), la oposición se libró de formular alternativas y, con ello, se convirtió en políticamente mediocre, limitándose a repetir los clichés allegados por los conglomerados de prensa.
Bajo la invocación de que el Parlamento dejaría de ser una simple escribanía, la oposición transformó su heterogéneo caudal en brazo legislativo de quienes creen que la política y sus instituciones no deben perturbar a los mercados y, a poco andar, ni siquiera pudo ponerse de acuerdo sobre ningún tema. Ello descerrajó el enojo de los medios que comenzaron a descalificar a los líderes opositores llamándolos incompetentes, sectarios y mezquinos, ya que fracasaban una y otra vez, mientras el kirchnerismo y sus aliados desbarataban sus ilusiones de un asalto final, mortal para el Gobierno.
Así llegó el final de un año parlamentario olvidable, con la trabajosa aprobación de apenas 69 leyes y un solo y módico “éxito” opositor: forzar el veto presidencial al proyecto del 82 por ciento móvil, iniciativa que, estimaban, iba a movilizar a multitudes de jubilados, épico suceso que nunca ocurrió, ya que la mendacidad de la iniciativa (y, sobre todo, la política previsional del Gobierno) no logró entusiasmar a sus presuntos beneficiarios.
Es destacable, en cambio, que con impulso o apoyo oficialista, se aprobaran importantes normas de ampliación de derechos de ciudadanía como la de matrimonio igualitario y la de Salud Mental, que se propone evitar los procesos de cronificación y deterioro producidos por las internaciones psiquiatritas prolongadas.
Acostumbrados al mero ritual y a perorar sobre los méritos intrínsecos del ceremonial republicano, los contradictores del Gobierno optaron por el espectáculo, ignorando el proceso de transformaciones profundas y creciente protagonismo popular que asomó como recomposición positiva de conciencia emancipatoria en el Bicentenario y se consolidó después tras la infausta desaparición de Néstor Kirchner, al desatarse ese enorme y multitudinario dolor colectivo que hizo visible un nuevo movimiento político, social y generacional que refleja hasta qué punto el pueblo ha asumido como propio el proceso de reformas iniciado en 2003.
* Dirigente socialista, secretario de Relaciones Parlamentarias.
Investigan a 54 policías federales
Tiempo Argentino
4 de enero de 2011
Cincuenta y cuatro policías federales, que habrían actuado de civil en el intento de desalojo del Parque Indoamericano en que fueron asesinados Bernardo Salgueiro y Rosemary Chura Puña, están siendo investigados por la justicia.
La nómina de los policías fue enviada al fiscal Sandro Abraldes, y se sumó a los 260 nombres ya proporcionados por las policías Federal y Metropolitana, que también intervinieron en el operativo.
Este interés por los policías de civil surgió luego de un minucioso registro de las filmaciones, tanto televisivas como policiales, de ese hecho que analizó la justicia y en los que se ven a policías no uniformados disparando sus escopetas contra la multitud.
Fuentes con acceso a la causa dijeron que varios policías que testimoniaron ante la fiscalía dijeron que entre los civiles había policías de la Metropolitana, cuya inocencia defendió ayer el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, al sostener que sólo dispararon postas de goma.
Salgueiro y Chura Puña fueron asesinados en las inmediaciones del parque con munición de plomo calibre 12, compatible con la que disparan las escopetas policiales o las armas caseras conocidas como “tumberas”.
Abraldes le pidió a la Gendarmería Nacional nuevos estudios para establecer si esos proyectiles fueron disparados con algunas de las más de 250 armas policiales incautadas.
En las modulaciones (comunicaciones) de la Policía Federal analizadas por la fiscalía se escucha que la División Central de Operaciones de esa fuerza le pidió a la Metropolitana que no usara armas largas ni agresivos químicos, como gases lacrimógenos.
Pero los videos en poder de la justicia revelan que ambas fuerzas usaron escopetas largas y cortas desde el puente a la altura de la calle Remedios de Escalada, en donde murió Salgueiro, a las 19:50 según los registros, hora en la que en el lugar se encontraba la Policía Metropolitana.
“Si la Federal pidió no utilizar armas largas pero después las usó, eso habla de una falta de coordinación en conjunto que era lo que se planteaba desde el inicio”, razonó una fuente con acceso a la causa.
Ayer, el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, desmintió que la Policía Metropolitana hubiera disparado con proyectiles de plomo durante el primer intento de desalojo compulsivo del Parque Indoamericano, que causó dos muertos. Pero las expresiones que Montenegro reprodujo ayer por varias radios y canales de TV parecen, en algún punto, entrar en contradicción con la investigación que está llevando adelante la justicia.
Según Montenegro, la Metropolitana “tampoco tiene personal de civil que haya actuado, ni existen escopetas recortadas” del tipo de las itakas. Sin embargo, las filmaciones contradicen esa afirmación: el fiscal posee imágenes en las que se ve a efectivos tanto de la Metropolitana como de la Federal disparando con armas de ese tipo. “Decir que no tienen itakas es como decir que no tomaron Coca-Cola sino Pepsi. Pueden ser de otra marca, pero son escopetas”, dijo a Tiempo Argentino una fuente cercana a la investigación.
Para la justicia está acreditado que federales y metropolitanos dispararon balas de goma. Pero no está descartado que, además, hubieran utilizado plomo.
4 de enero de 2011
Cincuenta y cuatro policías federales, que habrían actuado de civil en el intento de desalojo del Parque Indoamericano en que fueron asesinados Bernardo Salgueiro y Rosemary Chura Puña, están siendo investigados por la justicia.
La nómina de los policías fue enviada al fiscal Sandro Abraldes, y se sumó a los 260 nombres ya proporcionados por las policías Federal y Metropolitana, que también intervinieron en el operativo.
Este interés por los policías de civil surgió luego de un minucioso registro de las filmaciones, tanto televisivas como policiales, de ese hecho que analizó la justicia y en los que se ven a policías no uniformados disparando sus escopetas contra la multitud.
Fuentes con acceso a la causa dijeron que varios policías que testimoniaron ante la fiscalía dijeron que entre los civiles había policías de la Metropolitana, cuya inocencia defendió ayer el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, al sostener que sólo dispararon postas de goma.
Salgueiro y Chura Puña fueron asesinados en las inmediaciones del parque con munición de plomo calibre 12, compatible con la que disparan las escopetas policiales o las armas caseras conocidas como “tumberas”.
Abraldes le pidió a la Gendarmería Nacional nuevos estudios para establecer si esos proyectiles fueron disparados con algunas de las más de 250 armas policiales incautadas.
En las modulaciones (comunicaciones) de la Policía Federal analizadas por la fiscalía se escucha que la División Central de Operaciones de esa fuerza le pidió a la Metropolitana que no usara armas largas ni agresivos químicos, como gases lacrimógenos.
Pero los videos en poder de la justicia revelan que ambas fuerzas usaron escopetas largas y cortas desde el puente a la altura de la calle Remedios de Escalada, en donde murió Salgueiro, a las 19:50 según los registros, hora en la que en el lugar se encontraba la Policía Metropolitana.
“Si la Federal pidió no utilizar armas largas pero después las usó, eso habla de una falta de coordinación en conjunto que era lo que se planteaba desde el inicio”, razonó una fuente con acceso a la causa.
Ayer, el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, desmintió que la Policía Metropolitana hubiera disparado con proyectiles de plomo durante el primer intento de desalojo compulsivo del Parque Indoamericano, que causó dos muertos. Pero las expresiones que Montenegro reprodujo ayer por varias radios y canales de TV parecen, en algún punto, entrar en contradicción con la investigación que está llevando adelante la justicia.
Según Montenegro, la Metropolitana “tampoco tiene personal de civil que haya actuado, ni existen escopetas recortadas” del tipo de las itakas. Sin embargo, las filmaciones contradicen esa afirmación: el fiscal posee imágenes en las que se ve a efectivos tanto de la Metropolitana como de la Federal disparando con armas de ese tipo. “Decir que no tienen itakas es como decir que no tomaron Coca-Cola sino Pepsi. Pueden ser de otra marca, pero son escopetas”, dijo a Tiempo Argentino una fuente cercana a la investigación.
Para la justicia está acreditado que federales y metropolitanos dispararon balas de goma. Pero no está descartado que, además, hubieran utilizado plomo.
lunes, 3 de enero de 2011
Impedirás los derechos sexuales y reproductivos
La UCA y la Universidad Austral forman “especialistas en bioética” que luego operan en los comités de los hospitales. Enfermeras ligadas a la Iglesia alertan sobre los pedidos de aborto no punible. Y hay abogados que completan el trabajo de pinzas.
Por Mariana Carbajal
Para Página 12
3 de enero de 2011
La Iglesia Católica formó un ejército de especialistas en bioética que se desempeñan en hospitales públicos, con la intención de influir a través de los comités de bioética en las decisiones que tienen que ver con la regulación en torno al inicio, la reproducción y el fin de la vida y los límites de la ciencia. Particularmente les interesa obstruir el acceso a los abortos no punibles, entre otras prácticas legales sobre salud sexual y reproductiva, con el argumento de que es la Iglesia Católica y no el Estado la que debe establecer las normas de lo posible en lo concerniente a la vida de los individuos. Enfermeras formadas en cursos de la pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) y de la Universidad Austral, ligada al Opus Dei, son las que alertan cuando una mujer solicita la interrupción voluntaria del embarazo amparada en los permisos vigentes. La tropa se completa con médicas y médicos, otros profesionales de la salud y también abogados, que son quienes concurren a los debates parlamentarios sobre las reglamentaciones para los abortos no punibles, y litigan en tribunales federales y locales contra el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y en la judicialización de los casos de aborto no punible. Es significativo que los planes de estudio con los que se forman, en algunos casos, están avalados por el Estado, a través de su aprobación por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau).
El tema está siendo investigado desde el CEIL-Piette-Conicet, que encabeza Fortunato Mallimaci, ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y presidente de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión del Mercosur. Para contrarrestar la influencia de los especialistas en bioética que defienden los preceptos morales que imparte el Vaticano y pretenden imponerlos a toda la población, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el médico experto Juan Carlos Tealdi, director del Comité de Bioética del Hospital de Clínicas, está trabajando en la conformación de una red de especialistas con perspectiva de derechos humanos, que ya cuenta con 76 miembros que se desempeñan en hospitales públicos de distintas partes del país. Han elaborado un consenso con varios puntos a defender, entre ellos, el acceso al aborto no punible.
La estrategia
“La alta formación es la estrategia que les permite ganar concursos y ocupar lugares de decisión en el ámbito de la salud pública”, explicó a Página/12 un investigador del Conicet que les está siguiendo los pasos a los bioeticistas católicos desde hace un par de años, pero prefiere mantener el anonimato para evitar que le pongan obstáculos a su estudio, una tesis doctoral, dado que suele participar de las clases, jornadas y seminarios en los que se recibe capacitación. Este diario accedió a algunos de los avances preliminares de su investigación. “Desde la academia confesional, docentes universitarios, investigadores e intelectuales, forman profesionales de la salud abogados e ‘interesados en la bioética’ para dotarlos de herramientas teóricas y conceptuales que les permitan tomar decisiones en su práctica profesional. Uno de los principales intereses es que estos ‘interesados en la bioética’ integren comités hospitalarios en el sistema de salud pública”, explicó el investigador a este diario. La formación implica no solamente maestrías y especializaciones de posgrado sino también cursos cortos donde se analizan casos de aborto, eutanasia, trasplante de órganos y también reproducción asistida, detalla uno de los papers.
Una de las estrategias que utilizan para frenar los abortos no punibles es la demora: postergan las decisiones con la idea de que el embarazo avance y sea cada vez más complicada su interrupción. También tratan de influir sobre la mujer o los familiares que la acompañen, sobre todo en el caso de menores de edad, transmitiéndole la falsa idea de que un aborto puede poner en riesgo su vida, cuando –se sabe– es una intervención más segura, incluso que un parto, si se realiza en condiciones adecuadas (ver aparte).
La UCA y la Austral son dos de los sitios encargados de la capacitación y formación de los agentes católicos especializados en bioética. Los docentes que se consideran “maestros” formando “discípulos” –describe la investigación– son generalmente filósofos y médicos que han realizado posgrados y especializaciones en bioética en universidades de Europa y Estados Unidos. “Actualmente, las primeras cohortes de egresados de posgrados en las universidades confesionales locales ya están comenzando a dictar sus propios cursos”, indicó el investigador. Se caracterizan, agregó, por hablar “desde la ciencia”, aunque los mueve una misión celestial. “Ellos están convencidos de que así van a ir al cielo, creen que están haciendo un bien a la Humanidad”, contó. Incluso recordó que en una jornada de la UCA se llegó a analizar el caso de una mujer que tenía un embarazo de un feto con una malformación genética por la cual moriría al nacer. Y al feto, que tenía alrededor de cuatro meses de gestación, y un kilogramo de peso, lo llamaban “paciente”.
Los cursos incluyen una alta formación en filosofía y teorías genéticas, y hasta historia del feminismo y teoría de género. En algunas jornadas, incluso, hablan sobre Simone de Beauvoir. En general están en contra de las prácticas de salud reproductiva que implican utilizar métodos anticonceptivos que no son avalados por el Vaticano, como el DIU, y las píldoras que tienen levonorgestrel –porque sostienen que impide la anidación, aunque no hay estudios científicos reconocidos internacionalmente que sostengan esa creencia–, entre ellas, la anticoncepción hormonal de emergencia. También rechazan el aborto no punible, a pesar de que es legal en el país desde 1921, de acuerdo con las excepciones previstas en el Código Penal, que a la luz de las interpretaciones de altos tribunales del país contemplan cuando el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la mujer y si la gestación fue producto de una violación, sea o no la mujer discapacitada mental.
De acuerdo con la investigación que se lleva adelante desde el CEIL–Piette, varios de los bioeticistas formados con la línea de pensamiento del Vaticano, especialmente aquellos que responden al Opus Dei, son jefes de servicios de Ginecología y Obstetricia o de Cuidados Paliativos.
Hay una clara división de género, las mujeres “trabajan territorialmente”, son enfermeras y médicas que identifican rápidamente los casos frente a los cuales influir. Los abogados en general son varones y son quienes litigan contra la venta de anticonceptivos o en casos de aborto no punible, o concurren a los debates parlamentarios. Por ejemplo, a lo largo de 2008 y 2009 tuvieron presencia en los debates y audiencias públicas sobre la reglamentación del aborto no punible en la Legislatura porteña. Distintas voces de agentes católicos especializados en bioética expresaron su rechazo al proyecto, promovido por distintos bloques de la oposición, que finalmente no se llegó a aprobar este año, a pesar de que lleva ya tres años de discusión. El macrismo siempre apeló a diversas estrategias para freezarlo.
Por Mariana Carbajal
Para Página 12
3 de enero de 2011
La Iglesia Católica formó un ejército de especialistas en bioética que se desempeñan en hospitales públicos, con la intención de influir a través de los comités de bioética en las decisiones que tienen que ver con la regulación en torno al inicio, la reproducción y el fin de la vida y los límites de la ciencia. Particularmente les interesa obstruir el acceso a los abortos no punibles, entre otras prácticas legales sobre salud sexual y reproductiva, con el argumento de que es la Iglesia Católica y no el Estado la que debe establecer las normas de lo posible en lo concerniente a la vida de los individuos. Enfermeras formadas en cursos de la pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) y de la Universidad Austral, ligada al Opus Dei, son las que alertan cuando una mujer solicita la interrupción voluntaria del embarazo amparada en los permisos vigentes. La tropa se completa con médicas y médicos, otros profesionales de la salud y también abogados, que son quienes concurren a los debates parlamentarios sobre las reglamentaciones para los abortos no punibles, y litigan en tribunales federales y locales contra el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y en la judicialización de los casos de aborto no punible. Es significativo que los planes de estudio con los que se forman, en algunos casos, están avalados por el Estado, a través de su aprobación por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau).
El tema está siendo investigado desde el CEIL-Piette-Conicet, que encabeza Fortunato Mallimaci, ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y presidente de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión del Mercosur. Para contrarrestar la influencia de los especialistas en bioética que defienden los preceptos morales que imparte el Vaticano y pretenden imponerlos a toda la población, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el médico experto Juan Carlos Tealdi, director del Comité de Bioética del Hospital de Clínicas, está trabajando en la conformación de una red de especialistas con perspectiva de derechos humanos, que ya cuenta con 76 miembros que se desempeñan en hospitales públicos de distintas partes del país. Han elaborado un consenso con varios puntos a defender, entre ellos, el acceso al aborto no punible.
La estrategia
“La alta formación es la estrategia que les permite ganar concursos y ocupar lugares de decisión en el ámbito de la salud pública”, explicó a Página/12 un investigador del Conicet que les está siguiendo los pasos a los bioeticistas católicos desde hace un par de años, pero prefiere mantener el anonimato para evitar que le pongan obstáculos a su estudio, una tesis doctoral, dado que suele participar de las clases, jornadas y seminarios en los que se recibe capacitación. Este diario accedió a algunos de los avances preliminares de su investigación. “Desde la academia confesional, docentes universitarios, investigadores e intelectuales, forman profesionales de la salud abogados e ‘interesados en la bioética’ para dotarlos de herramientas teóricas y conceptuales que les permitan tomar decisiones en su práctica profesional. Uno de los principales intereses es que estos ‘interesados en la bioética’ integren comités hospitalarios en el sistema de salud pública”, explicó el investigador a este diario. La formación implica no solamente maestrías y especializaciones de posgrado sino también cursos cortos donde se analizan casos de aborto, eutanasia, trasplante de órganos y también reproducción asistida, detalla uno de los papers.
Una de las estrategias que utilizan para frenar los abortos no punibles es la demora: postergan las decisiones con la idea de que el embarazo avance y sea cada vez más complicada su interrupción. También tratan de influir sobre la mujer o los familiares que la acompañen, sobre todo en el caso de menores de edad, transmitiéndole la falsa idea de que un aborto puede poner en riesgo su vida, cuando –se sabe– es una intervención más segura, incluso que un parto, si se realiza en condiciones adecuadas (ver aparte).
La UCA y la Austral son dos de los sitios encargados de la capacitación y formación de los agentes católicos especializados en bioética. Los docentes que se consideran “maestros” formando “discípulos” –describe la investigación– son generalmente filósofos y médicos que han realizado posgrados y especializaciones en bioética en universidades de Europa y Estados Unidos. “Actualmente, las primeras cohortes de egresados de posgrados en las universidades confesionales locales ya están comenzando a dictar sus propios cursos”, indicó el investigador. Se caracterizan, agregó, por hablar “desde la ciencia”, aunque los mueve una misión celestial. “Ellos están convencidos de que así van a ir al cielo, creen que están haciendo un bien a la Humanidad”, contó. Incluso recordó que en una jornada de la UCA se llegó a analizar el caso de una mujer que tenía un embarazo de un feto con una malformación genética por la cual moriría al nacer. Y al feto, que tenía alrededor de cuatro meses de gestación, y un kilogramo de peso, lo llamaban “paciente”.
Los cursos incluyen una alta formación en filosofía y teorías genéticas, y hasta historia del feminismo y teoría de género. En algunas jornadas, incluso, hablan sobre Simone de Beauvoir. En general están en contra de las prácticas de salud reproductiva que implican utilizar métodos anticonceptivos que no son avalados por el Vaticano, como el DIU, y las píldoras que tienen levonorgestrel –porque sostienen que impide la anidación, aunque no hay estudios científicos reconocidos internacionalmente que sostengan esa creencia–, entre ellas, la anticoncepción hormonal de emergencia. También rechazan el aborto no punible, a pesar de que es legal en el país desde 1921, de acuerdo con las excepciones previstas en el Código Penal, que a la luz de las interpretaciones de altos tribunales del país contemplan cuando el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la mujer y si la gestación fue producto de una violación, sea o no la mujer discapacitada mental.
De acuerdo con la investigación que se lleva adelante desde el CEIL–Piette, varios de los bioeticistas formados con la línea de pensamiento del Vaticano, especialmente aquellos que responden al Opus Dei, son jefes de servicios de Ginecología y Obstetricia o de Cuidados Paliativos.
Hay una clara división de género, las mujeres “trabajan territorialmente”, son enfermeras y médicas que identifican rápidamente los casos frente a los cuales influir. Los abogados en general son varones y son quienes litigan contra la venta de anticonceptivos o en casos de aborto no punible, o concurren a los debates parlamentarios. Por ejemplo, a lo largo de 2008 y 2009 tuvieron presencia en los debates y audiencias públicas sobre la reglamentación del aborto no punible en la Legislatura porteña. Distintas voces de agentes católicos especializados en bioética expresaron su rechazo al proyecto, promovido por distintos bloques de la oposición, que finalmente no se llegó a aprobar este año, a pesar de que lleva ya tres años de discusión. El macrismo siempre apeló a diversas estrategias para freezarlo.
Para rearmar el escenario
Por Washington Uranga
Para Página 12
3 de enero de 2011
En la vida política argentina, el año 2001 está marcado por diferentes apelativos. Es para muchos la cristalización de rupturas, transformaciones y cambios, resumidos (y simplificados) bajo la palabra “crisis”. Como ocurre con todas estas lecturas, también se puede hablar del 2001 como del momento del surgimiento de nuevos protagonismos y de otras formas de lucha política, social y ciudadana. Se puede decir que entonces se plasmó un nuevo modo de participación de las organizaciones y movimientos sociales y populares, cristalizando un proceso que se había iniciado mucho antes a caballo de la inoperancia de las organizaciones políticas tradicionales, de la pérdida de legitimidad de parte de la dirigencia sindical y frente a la huida del Estado de muchas de sus responsabilidades fundamentales. Renovados actores instalaron también otras metodologías de acción: el piquete y la irrupción en el espacio público para dar visibilidad ciudadana a sus reclamos y como una manera de convocar la atención de los medios de comunicación, en una sociedad cada día más atravesada por la “mediatización”. Otros actores y otros métodos de lucha y la consiguiente reconfiguración del espacio público.
En 2003 Néstor Kirchner llegó al gobierno con escaso respaldo electoral, en un escenario conflictivo con gran presencia de estos nuevos actores y la instalación pública del reclamo como principal forma de lucha. Kirchner entendió entonces que no podía echar la historia para atrás y, es más, que debía capitalizar políticamente esas iniciativas. La “transversalidad” no apuntó sólo a engrosar el caudal político del oficialismo sumando fuerzas políticas ajenas al justicialismo, sino a incorporar a estos nuevos actores provenientes del costado social. Se decidió no reprimir ni criminalizar la protesta, pero al mismo tiempo se desarrollaron mecanismos de negociación permanente para dar respuesta a las demandas y, por esa vía, disminuir la conflictividad y captar adhesiones.
Los resultados fueron diversos. Las discrepantes perspectivas políticas, las expectativas de cada organización, la conformación social de las bases de cada una de ellas y el accionar político del Gobierno –sus concesiones y sus negativas, las preferencias con unos y el relegamiento de otros– generaron diferencias en el comportamiento de las organizaciones y movimientos. Hubo quienes, por decisión propia y por habilidad del Gobierno, se sumaron a la gestión. Entre éstos están aquellos que, con el tiempo, decidieron pasarse a la vereda de la oposición y la crítica –más o menos virulenta según el caso–, mientras que otros permanecieron firmes en la defensa del Gobierno. Es verdad que entre los últimos se puede señalar algunos cooptados por el oficialismo y otros que, aun permaneciendo fieles a la actual gestión, no evitan las críticas a determinadas medidas o a la acción de ciertos funcionarios. Finalmente, están además aquellos que nunca abandonaron la crítica permanente.
Algo tienen todos en común: la calle, el espacio público es parte esencial de la forma de hacer política. Tanto para demandar, para oponerse como para apoyar. El Gobierno –tal como lo ha ratificado en estos días Cristina Fernández– eligió evitar la represión de la protesta. Pero es evidente que aquí se plantea una colisión entre el derecho a reclamar y el que tienen todos los ciudadanos al uso del espacio público y a la libre circulación. Un dilema aún sin soluciones políticas ni sociales y una fuente de mal humor no recomendable en tiempos electorales. Lo descripto antes acerca de los diferentes rumbos que han tomado las organizaciones y movimientos sociales pone en evidencia también la disparidad de objetivos y propuestas. Ya casi no existe la coordinación y el diálogo que antes era permanente entre estas organizaciones. Como decíamos: lo único común es la calle. Pero allí se superponen y se contradicen. En algunos casos se enfrentan.
Fallecido Néstor Kirchner desapareció también el hombre que podía dialogar con todos los dirigentes (independientemente de su posición política) y al que todos respetaban y escuchaban. También con quien discrepaban. No hay actualmente en el Gobierno ningún interlocutor de tanto peso. Hay respeto por la Presidenta, pero no es ella quien puede mantener este tipo de diálogos. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, es un hombre de gran cintura política, pero muchos desconfían de sus métodos y sus habilidades. Hay nuevas tareas en un año electoral. Es preciso rearmar el escenario y para ello hay que encaminar también el diálogo con las organizaciones y movimientos sociales, así esto no signifique recuperar la “transversalidad”. Es necesario tanto para dar respuesta a las demandas y bajar la conflictividad en la medida de lo posible, como para intentar sumar voluntades electorales que afiancen las posibilidades de una victoria en primera vuelta para Cristina Fernández. Al mismo tiempo hay que encontrar caminos y formas de negociación que eviten el uso indiscriminado y caótico del espacio público, sin que ello signifique recurrir a la represión violenta como único recurso. El mal humor de la clase media tampoco es un buen aporte a la hora de las urnas. Temas para considerar en la agenda electoral del año que comienza.
Para Página 12
3 de enero de 2011
En la vida política argentina, el año 2001 está marcado por diferentes apelativos. Es para muchos la cristalización de rupturas, transformaciones y cambios, resumidos (y simplificados) bajo la palabra “crisis”. Como ocurre con todas estas lecturas, también se puede hablar del 2001 como del momento del surgimiento de nuevos protagonismos y de otras formas de lucha política, social y ciudadana. Se puede decir que entonces se plasmó un nuevo modo de participación de las organizaciones y movimientos sociales y populares, cristalizando un proceso que se había iniciado mucho antes a caballo de la inoperancia de las organizaciones políticas tradicionales, de la pérdida de legitimidad de parte de la dirigencia sindical y frente a la huida del Estado de muchas de sus responsabilidades fundamentales. Renovados actores instalaron también otras metodologías de acción: el piquete y la irrupción en el espacio público para dar visibilidad ciudadana a sus reclamos y como una manera de convocar la atención de los medios de comunicación, en una sociedad cada día más atravesada por la “mediatización”. Otros actores y otros métodos de lucha y la consiguiente reconfiguración del espacio público.
En 2003 Néstor Kirchner llegó al gobierno con escaso respaldo electoral, en un escenario conflictivo con gran presencia de estos nuevos actores y la instalación pública del reclamo como principal forma de lucha. Kirchner entendió entonces que no podía echar la historia para atrás y, es más, que debía capitalizar políticamente esas iniciativas. La “transversalidad” no apuntó sólo a engrosar el caudal político del oficialismo sumando fuerzas políticas ajenas al justicialismo, sino a incorporar a estos nuevos actores provenientes del costado social. Se decidió no reprimir ni criminalizar la protesta, pero al mismo tiempo se desarrollaron mecanismos de negociación permanente para dar respuesta a las demandas y, por esa vía, disminuir la conflictividad y captar adhesiones.
Los resultados fueron diversos. Las discrepantes perspectivas políticas, las expectativas de cada organización, la conformación social de las bases de cada una de ellas y el accionar político del Gobierno –sus concesiones y sus negativas, las preferencias con unos y el relegamiento de otros– generaron diferencias en el comportamiento de las organizaciones y movimientos. Hubo quienes, por decisión propia y por habilidad del Gobierno, se sumaron a la gestión. Entre éstos están aquellos que, con el tiempo, decidieron pasarse a la vereda de la oposición y la crítica –más o menos virulenta según el caso–, mientras que otros permanecieron firmes en la defensa del Gobierno. Es verdad que entre los últimos se puede señalar algunos cooptados por el oficialismo y otros que, aun permaneciendo fieles a la actual gestión, no evitan las críticas a determinadas medidas o a la acción de ciertos funcionarios. Finalmente, están además aquellos que nunca abandonaron la crítica permanente.
Algo tienen todos en común: la calle, el espacio público es parte esencial de la forma de hacer política. Tanto para demandar, para oponerse como para apoyar. El Gobierno –tal como lo ha ratificado en estos días Cristina Fernández– eligió evitar la represión de la protesta. Pero es evidente que aquí se plantea una colisión entre el derecho a reclamar y el que tienen todos los ciudadanos al uso del espacio público y a la libre circulación. Un dilema aún sin soluciones políticas ni sociales y una fuente de mal humor no recomendable en tiempos electorales. Lo descripto antes acerca de los diferentes rumbos que han tomado las organizaciones y movimientos sociales pone en evidencia también la disparidad de objetivos y propuestas. Ya casi no existe la coordinación y el diálogo que antes era permanente entre estas organizaciones. Como decíamos: lo único común es la calle. Pero allí se superponen y se contradicen. En algunos casos se enfrentan.
Fallecido Néstor Kirchner desapareció también el hombre que podía dialogar con todos los dirigentes (independientemente de su posición política) y al que todos respetaban y escuchaban. También con quien discrepaban. No hay actualmente en el Gobierno ningún interlocutor de tanto peso. Hay respeto por la Presidenta, pero no es ella quien puede mantener este tipo de diálogos. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, es un hombre de gran cintura política, pero muchos desconfían de sus métodos y sus habilidades. Hay nuevas tareas en un año electoral. Es preciso rearmar el escenario y para ello hay que encaminar también el diálogo con las organizaciones y movimientos sociales, así esto no signifique recuperar la “transversalidad”. Es necesario tanto para dar respuesta a las demandas y bajar la conflictividad en la medida de lo posible, como para intentar sumar voluntades electorales que afiancen las posibilidades de una victoria en primera vuelta para Cristina Fernández. Al mismo tiempo hay que encontrar caminos y formas de negociación que eviten el uso indiscriminado y caótico del espacio público, sin que ello signifique recurrir a la represión violenta como único recurso. El mal humor de la clase media tampoco es un buen aporte a la hora de las urnas. Temas para considerar en la agenda electoral del año que comienza.
Un agradecimiento que llegó desde Palestina
Página 12
3 de enero de 2011
El canciller Héctor Timerman fue recibido ayer por Mahmud Abbas, titular de la Autoridad Palestina (ANP), quien agradeció el reconocimiento que la Argentina hizo, hace menos de un mes, de un Estado Palestino soberano e independiente. Además, el mandatario se comprometió a realizar gestiones ante Irán para avanzar en el juzgamiento de los sospechosos de haber participado en el atentado contra la sede de la AMIA en Buenos Aires, en 1994. El encuentro se llevó a cabo en Brasilia, donde ambos se encontraban para asistir a la toma de mando de la presidenta Dilma Rousseff, ocasión que Timerman también aprovechó para mantener encuentros bilaterales con sus pares de Siria y de Bulgaria.
La decisión que tomó la presidenta Cristina Fernández hace menos de un mes, el 6 de diciembre pasado, de reconocer la existencia de un Estado Palestino soberano e independiente de Israel, fue el eje del encuentro. El apoyo argentino llegó en el marco de una movida regional en ese sentido, que comenzó una semana antes con Brasil; luego siguió Ecuador y en los primeros meses de 2011 probablemente se sumen Uruguay y Chile. Abbas, en un comunicado, señaló su “agradecimiento y gratitud a la señora Presidenta Cristina Fernández por el reconocimiento de su país al Estado Palestino dentro de las fronteras de 1967”.
Al respecto, Timerman destacó que la aceptación formal de Palestina forma parte de “la búsqueda por transmitir el interés en que se logre un avance definitivo en materia de paz y está animada por la vocación de convivencia entre todos los pueblos, que es la convicción profunda de la sociedad argentina”, aunque también dejó en claro que a la vez “ratifica su posición irrevocable a favor del derecho de Israel a ser reconocido por todos y a vivir en paz y seguridad dentro de sus fronteras”. En ese sentido ambos remarcaron la convivencia pacífica de las extensas colectividades judía y musulmana que residen en este país.
A su turno, Abbas se comprometió ante el canciller argentino a realizar “las gestiones que estén a su alcance” ante Teherán para avanzar con el enjuiciamiento de los funcionarios y ex funcionarios iraníes acusados de estar involucrados directamente con el atentado al edificio de la AMIA que en julio de 1994 dejó 85 víctimas fatales. Palestina ofrecerá apoyo a la propuesta argentina de realizar el proceso en un tercer país o en un tribunal neutral que ofrezca todas las garantías de ambas partes, aseguró el titular de la ANP. Irán todavía rechaza toda posibilidad de juicio.
El comunicado suscripto por el mandatario palestino asegura que “ambas partes han reafirmado que el conflicto de Oriente Medio debe ser solucionado a través de negociaciones pacíficas” y expresa el “rechazo y condena” de ambas partes “a toda forma de violencia y terrorismo, tal como ocurrió hace algunos años en Buenos Aires en la mutual judía”. Durante la reunión, Abbas manifestó su disposición a que –tras una eventual retirada israelí de la Franja de Gaza y de Cisjordania– ingrese a la zona en conflicto una fuerza internacional de paz para garantizar las fronteras y la seguridad de ambos Estados.
Por último, Timerman agradeció el apoyo que ha brindado la ANP al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, algo que quedó plasmado en las declaraciones finales de cumbres pasadas como en el proyecto de declaración que se tratará el mes que viene, en el marco de la cumbre de jefes de Estado de América del Sur y Países Arabes que se celebrará el 10 y 11 de febrero próximos en Lima.
3 de enero de 2011
El canciller Héctor Timerman fue recibido ayer por Mahmud Abbas, titular de la Autoridad Palestina (ANP), quien agradeció el reconocimiento que la Argentina hizo, hace menos de un mes, de un Estado Palestino soberano e independiente. Además, el mandatario se comprometió a realizar gestiones ante Irán para avanzar en el juzgamiento de los sospechosos de haber participado en el atentado contra la sede de la AMIA en Buenos Aires, en 1994. El encuentro se llevó a cabo en Brasilia, donde ambos se encontraban para asistir a la toma de mando de la presidenta Dilma Rousseff, ocasión que Timerman también aprovechó para mantener encuentros bilaterales con sus pares de Siria y de Bulgaria.
La decisión que tomó la presidenta Cristina Fernández hace menos de un mes, el 6 de diciembre pasado, de reconocer la existencia de un Estado Palestino soberano e independiente de Israel, fue el eje del encuentro. El apoyo argentino llegó en el marco de una movida regional en ese sentido, que comenzó una semana antes con Brasil; luego siguió Ecuador y en los primeros meses de 2011 probablemente se sumen Uruguay y Chile. Abbas, en un comunicado, señaló su “agradecimiento y gratitud a la señora Presidenta Cristina Fernández por el reconocimiento de su país al Estado Palestino dentro de las fronteras de 1967”.
Al respecto, Timerman destacó que la aceptación formal de Palestina forma parte de “la búsqueda por transmitir el interés en que se logre un avance definitivo en materia de paz y está animada por la vocación de convivencia entre todos los pueblos, que es la convicción profunda de la sociedad argentina”, aunque también dejó en claro que a la vez “ratifica su posición irrevocable a favor del derecho de Israel a ser reconocido por todos y a vivir en paz y seguridad dentro de sus fronteras”. En ese sentido ambos remarcaron la convivencia pacífica de las extensas colectividades judía y musulmana que residen en este país.
A su turno, Abbas se comprometió ante el canciller argentino a realizar “las gestiones que estén a su alcance” ante Teherán para avanzar con el enjuiciamiento de los funcionarios y ex funcionarios iraníes acusados de estar involucrados directamente con el atentado al edificio de la AMIA que en julio de 1994 dejó 85 víctimas fatales. Palestina ofrecerá apoyo a la propuesta argentina de realizar el proceso en un tercer país o en un tribunal neutral que ofrezca todas las garantías de ambas partes, aseguró el titular de la ANP. Irán todavía rechaza toda posibilidad de juicio.
El comunicado suscripto por el mandatario palestino asegura que “ambas partes han reafirmado que el conflicto de Oriente Medio debe ser solucionado a través de negociaciones pacíficas” y expresa el “rechazo y condena” de ambas partes “a toda forma de violencia y terrorismo, tal como ocurrió hace algunos años en Buenos Aires en la mutual judía”. Durante la reunión, Abbas manifestó su disposición a que –tras una eventual retirada israelí de la Franja de Gaza y de Cisjordania– ingrese a la zona en conflicto una fuerza internacional de paz para garantizar las fronteras y la seguridad de ambos Estados.
Por último, Timerman agradeció el apoyo que ha brindado la ANP al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, algo que quedó plasmado en las declaraciones finales de cumbres pasadas como en el proyecto de declaración que se tratará el mes que viene, en el marco de la cumbre de jefes de Estado de América del Sur y Países Arabes que se celebrará el 10 y 11 de febrero próximos en Lima.
Rousseff eligió a la Argentina para su primer viaje oficial al exterior
Tiempo Argentino
3 de enero de 2011
La agenda fue confirmada a Héctor Timerman por el canciller brasileño Antonio Patriota, quien llegará al país el lunes 10 de enero. La flamante mandataria visitará también Uruguay, el otro socio clave de su país en el Mercosur.
La cancillería de Brasil informó ayer que el primer viaje como presidenta de Dilma Rousseff será, probablemente a fines de enero, a la Argentina. La noticia confirmó lo evidente: el gran momento de las relaciones políticas y comerciales entre los dos países, y tapó el fugaz intento mediático de mostrar una marcha atrás en la asociación. Héctor Timerman se reunió en Brasilia con el flamante ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Patriota, en la que fue también la primera actividad oficial del flamante canciller brasileño.
El nuevo ministro de Relaciones Exteriores brasileño anunció que él viajará el próximo 10 de enero a Buenos Aires, lo que también supondrá su primer viaje al exterior en el cargo en que remplazó a Celso Amorim. Patriota aseguró, además, que el día 15 o 16 de enero el ministro de Defensa brasileño, Nelson Jobim, también hará una visita a la Argentina para discutir asuntos relativos a ese área específica. Sobre la visita de Rousseff a Buenos Aires, el funcionario dijo que sería a fines de enero y con certeza antes de la celebración de la próxima cumbre entre países suramericanos y árabes, prevista para el día 16 de febrero en Lima.
Héctor Timerman, quien conoce a Patriota desde los tiempos en que ambos eran embajadores de sus países en Washington, manifestó su “alegría” por el hecho de que “dos amigos” ocupen ahora las cancillerías.
“Tal vez en la historia nunca hubo ningún momento de tanta unión y afinidad entre Brasil y la Argentina”, sostuvo Timerman. El canciller argentino indicó que, en la reunión con Patriota, además de un repaso de la agenda bilateral, fueron tratados algunos asuntos relativos al Mercosur, que ambos países integran con Uruguay y Paraguay, y a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). “La integración es el destino de nuestros países”, dijo Timerman, quien agregó que el Mercosur “es el puntal para el desarrollo de las naciones que lo integran”.
Darle un nuevo impulso a “este momento de plenitud que vivimos en las relaciones con la Argentina” será la prioridad de la diplomacia del flamante gobierno brasileño hacia los países de la región, adelantó Antonio Patriota. Los primeros viajes de la nueva presidenta serán “a los países vecinos, a la Argentina y Uruguay, y después a los Estados Unidos y China”, anunció el canciller. “Cada vecino sudamericano recibirá una atención creciente y diferenciada”, agregó Patriota en las declaraciones públicas con las que inauguró su gestión como responsable de la diplomacia brasileña.
Sin precisar otros detalles, Patriota dijo que ya conversó con la nueva presidenta sobre “un programa de viajes”, que además de los países sudamericanos (en especial los del Mercado Común del Sur-Mercosur) y de los Estados Unidos y China, incluye su asistencia a la Cumbre entre Sudamérica y los países árabes que se celebrará en Lima, también en febrero próximo. “Esa cumbre constituirá una valiosa oportunidad para el contacto de la presidenta con los líderes su-damericanos y del mundo árabe”, indicó el heredero de Celso Amorim en el timón de Itamaraty.
En su discurso, Patriota puso como ejemplo de los objetivos de la política exterior de Rousseff la relación entre Brasil y la Argentina, “que vive hoy un momento de plenitud y avanza en un vasto espectro”, que incluye “áreas de cooperación en materia espacial y de uso pacífico de la energía nuclear”. Según el canciller, el “destino común” de los países sudamericanos exige “conocer mejor la historia, la demografía, el potencial económico y la cultura de unos y otros, desde la Tierra del Fuego hasta la Isla de Margarita.”
El nuevo ministro subrayó, sin embargo, que “la prioridad atribuida a la vecindad no se dará en detrimento de relaciones estrechas” con otros países del hemisferio sur o del mundo más desarrollado. También indicó que, “como séptima economía del mundo, y tras haber impulsado un conjunto de políticas económicas y sociales que han producido resultados tangibles, Brasil genera una expectativa natural en áreas de cooperación diversificadas” con todos los países de América Latina, el Caribe, África, Medio Oriente y Asia.
Asimismo, reiteró que su gestión será “de continuidad”, y que Brasil insistirá en la necesidad de una profunda reforma de los organismos internacionales, con el objetivo de dotar de mayor representatividad a los países emergentes y en desarrollo. Entre esos organismos incluyó el Grupo de los 20 (G-20), del que dijo que “sólo conseguirá consolidar su autoridad si es sensible a las ansias y los intereses de los más de 150 países que no se sientan en sus reuniones”.
Con relación al G-20, acotó que Brasil mantendrá “un contacto permanente” con la actual presidencia del organismo (Francia) a fin de “asegurar un ambiente propicio” para la recuperación de la economía global en un marco en el que se eviten las “presiones proteccionistas”.
En el mismo acto, Amorim anunció que, a sus 68 años, se retira definitivamente de la actividad pública y aseguró que lo hace con la sensación del deber cumplido. Amorim, quien estuvo al frente de la cancillería desde enero de 2003 y fue el único de los ministros que acompañó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en sus ocho años de gobierno, destacó que en ese período Brasil creó un “nuevo paradigma” en sus relaciones exteriores y asumió el “papel activo” que jamás había tenido en América Latina.
“Fui más a Puerto Príncipe que a Londres”, destacó Amorim, quien subrayó que eso no significó descuidar las relaciones con otros países, sean del mundo en desarrollo o de los más ricos. Sobre Patriota, uno de sus discípulos en la diplomacia, declaró que se trata de “un intelectual brillante, que comulga con el ideal de transformación” que encarnó Lula y que continuará con Rousseff.
3 de enero de 2011
La agenda fue confirmada a Héctor Timerman por el canciller brasileño Antonio Patriota, quien llegará al país el lunes 10 de enero. La flamante mandataria visitará también Uruguay, el otro socio clave de su país en el Mercosur.
La cancillería de Brasil informó ayer que el primer viaje como presidenta de Dilma Rousseff será, probablemente a fines de enero, a la Argentina. La noticia confirmó lo evidente: el gran momento de las relaciones políticas y comerciales entre los dos países, y tapó el fugaz intento mediático de mostrar una marcha atrás en la asociación. Héctor Timerman se reunió en Brasilia con el flamante ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Patriota, en la que fue también la primera actividad oficial del flamante canciller brasileño.
El nuevo ministro de Relaciones Exteriores brasileño anunció que él viajará el próximo 10 de enero a Buenos Aires, lo que también supondrá su primer viaje al exterior en el cargo en que remplazó a Celso Amorim. Patriota aseguró, además, que el día 15 o 16 de enero el ministro de Defensa brasileño, Nelson Jobim, también hará una visita a la Argentina para discutir asuntos relativos a ese área específica. Sobre la visita de Rousseff a Buenos Aires, el funcionario dijo que sería a fines de enero y con certeza antes de la celebración de la próxima cumbre entre países suramericanos y árabes, prevista para el día 16 de febrero en Lima.
Héctor Timerman, quien conoce a Patriota desde los tiempos en que ambos eran embajadores de sus países en Washington, manifestó su “alegría” por el hecho de que “dos amigos” ocupen ahora las cancillerías.
“Tal vez en la historia nunca hubo ningún momento de tanta unión y afinidad entre Brasil y la Argentina”, sostuvo Timerman. El canciller argentino indicó que, en la reunión con Patriota, además de un repaso de la agenda bilateral, fueron tratados algunos asuntos relativos al Mercosur, que ambos países integran con Uruguay y Paraguay, y a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). “La integración es el destino de nuestros países”, dijo Timerman, quien agregó que el Mercosur “es el puntal para el desarrollo de las naciones que lo integran”.
Darle un nuevo impulso a “este momento de plenitud que vivimos en las relaciones con la Argentina” será la prioridad de la diplomacia del flamante gobierno brasileño hacia los países de la región, adelantó Antonio Patriota. Los primeros viajes de la nueva presidenta serán “a los países vecinos, a la Argentina y Uruguay, y después a los Estados Unidos y China”, anunció el canciller. “Cada vecino sudamericano recibirá una atención creciente y diferenciada”, agregó Patriota en las declaraciones públicas con las que inauguró su gestión como responsable de la diplomacia brasileña.
Sin precisar otros detalles, Patriota dijo que ya conversó con la nueva presidenta sobre “un programa de viajes”, que además de los países sudamericanos (en especial los del Mercado Común del Sur-Mercosur) y de los Estados Unidos y China, incluye su asistencia a la Cumbre entre Sudamérica y los países árabes que se celebrará en Lima, también en febrero próximo. “Esa cumbre constituirá una valiosa oportunidad para el contacto de la presidenta con los líderes su-damericanos y del mundo árabe”, indicó el heredero de Celso Amorim en el timón de Itamaraty.
En su discurso, Patriota puso como ejemplo de los objetivos de la política exterior de Rousseff la relación entre Brasil y la Argentina, “que vive hoy un momento de plenitud y avanza en un vasto espectro”, que incluye “áreas de cooperación en materia espacial y de uso pacífico de la energía nuclear”. Según el canciller, el “destino común” de los países sudamericanos exige “conocer mejor la historia, la demografía, el potencial económico y la cultura de unos y otros, desde la Tierra del Fuego hasta la Isla de Margarita.”
El nuevo ministro subrayó, sin embargo, que “la prioridad atribuida a la vecindad no se dará en detrimento de relaciones estrechas” con otros países del hemisferio sur o del mundo más desarrollado. También indicó que, “como séptima economía del mundo, y tras haber impulsado un conjunto de políticas económicas y sociales que han producido resultados tangibles, Brasil genera una expectativa natural en áreas de cooperación diversificadas” con todos los países de América Latina, el Caribe, África, Medio Oriente y Asia.
Asimismo, reiteró que su gestión será “de continuidad”, y que Brasil insistirá en la necesidad de una profunda reforma de los organismos internacionales, con el objetivo de dotar de mayor representatividad a los países emergentes y en desarrollo. Entre esos organismos incluyó el Grupo de los 20 (G-20), del que dijo que “sólo conseguirá consolidar su autoridad si es sensible a las ansias y los intereses de los más de 150 países que no se sientan en sus reuniones”.
Con relación al G-20, acotó que Brasil mantendrá “un contacto permanente” con la actual presidencia del organismo (Francia) a fin de “asegurar un ambiente propicio” para la recuperación de la economía global en un marco en el que se eviten las “presiones proteccionistas”.
En el mismo acto, Amorim anunció que, a sus 68 años, se retira definitivamente de la actividad pública y aseguró que lo hace con la sensación del deber cumplido. Amorim, quien estuvo al frente de la cancillería desde enero de 2003 y fue el único de los ministros que acompañó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en sus ocho años de gobierno, destacó que en ese período Brasil creó un “nuevo paradigma” en sus relaciones exteriores y asumió el “papel activo” que jamás había tenido en América Latina.
“Fui más a Puerto Príncipe que a Londres”, destacó Amorim, quien subrayó que eso no significó descuidar las relaciones con otros países, sean del mundo en desarrollo o de los más ricos. Sobre Patriota, uno de sus discípulos en la diplomacia, declaró que se trata de “un intelectual brillante, que comulga con el ideal de transformación” que encarnó Lula y que continuará con Rousseff.
Lula también visitará Buenos Aires
Tiempo Argentino
3 de enero de 2011
El excelente vínculo que une a los gobiernos de la Argentina y Brasil, evidenciado en la decisión de la flamante presidenta Dilma Rousseff de que una visita oficial a su par Cristina Fernández constituya el primer viaje fuera de su país, ya había quedado demostrada en la última Cumbre del Mercosur celebrada en Foz de Iguazú.
En ese marco, el ahora ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantuvo una reunión bilateral con la presidenta argentina, ocasión que aprovechó para adelantarle que la Argentina será el destino de su primer viaje fuera de Brasil tras finalizar su gestión. Luego de dos mandatos consecutivos y devenido en una figura de proyección internacional –reclaman para él la Secretaría general de la ONU– Lula decidió así retribuir a la Argentina la buena sintonía que mantuvo primero con el gobierno de Néstor Kirchner y ahora con el de Cristina. Durante la bilateral, ambos mandatarios recordaron anécdotas de los últimos años y evocaron la figura del ex presidente.
3 de enero de 2011
El excelente vínculo que une a los gobiernos de la Argentina y Brasil, evidenciado en la decisión de la flamante presidenta Dilma Rousseff de que una visita oficial a su par Cristina Fernández constituya el primer viaje fuera de su país, ya había quedado demostrada en la última Cumbre del Mercosur celebrada en Foz de Iguazú.
En ese marco, el ahora ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantuvo una reunión bilateral con la presidenta argentina, ocasión que aprovechó para adelantarle que la Argentina será el destino de su primer viaje fuera de Brasil tras finalizar su gestión. Luego de dos mandatos consecutivos y devenido en una figura de proyección internacional –reclaman para él la Secretaría general de la ONU– Lula decidió así retribuir a la Argentina la buena sintonía que mantuvo primero con el gobierno de Néstor Kirchner y ahora con el de Cristina. Durante la bilateral, ambos mandatarios recordaron anécdotas de los últimos años y evocaron la figura del ex presidente.
El desafío es cómo administrar una relación con un país que juega en las ligas mayores
Por Rafael Bielsa
Ex canciller argentino.
Tiempo Argentino
3 de enero de 2011
Efectivamente, la presidenta Dilma Rousseff no mencionó a la Argentina en su discurso de asunción. Tampoco mencionó a China. En realidad, evocó repetidamente a su país, Brasil. Y para Brasil, como solía decir Marcos Azambuja, quien fue embajador brasileño en la Argentina entre 1993 y 1996, “Argentina es el único país importante para Brasil, para el cual Brasil es importante.”
Y si lo era entonces, mucho más lo es hoy cuando, convertido en la séptima potencia del mundo, le es esencial una escala planetaria para sostener la afirmación que hizo su presidente: “un gobierno se basa en la acumulación de los logros alcanzados a lo largo de la historia”.
Una frase llamativamente parecida a la que pronunció Napoleón al ser ungido emperador: “me hago cargo de la historia de Francia, desde el rey San Luis hasta el Comité de Salud Pública de la Revolución.” Dos frases que dan la medida de dos ambiciones.
En consecuencia, el verdadero desafío que afronta el pensamiento nacional argentino no es, ¡por Dios!, cuántas veces somos citados por mandatarios entrantes, sino el modo más inteligente que tenemos de administrar una relación con un país que juega en las ligas mayores.
Ser esencial para Brasil es una fortaleza que sólo el ingenio, el rigor intelectual y la dignidad pueden convertir en un beneficio para las grandes mayorías populares argentinas.
Ex canciller argentino.
Tiempo Argentino
3 de enero de 2011
Efectivamente, la presidenta Dilma Rousseff no mencionó a la Argentina en su discurso de asunción. Tampoco mencionó a China. En realidad, evocó repetidamente a su país, Brasil. Y para Brasil, como solía decir Marcos Azambuja, quien fue embajador brasileño en la Argentina entre 1993 y 1996, “Argentina es el único país importante para Brasil, para el cual Brasil es importante.”
Y si lo era entonces, mucho más lo es hoy cuando, convertido en la séptima potencia del mundo, le es esencial una escala planetaria para sostener la afirmación que hizo su presidente: “un gobierno se basa en la acumulación de los logros alcanzados a lo largo de la historia”.
Una frase llamativamente parecida a la que pronunció Napoleón al ser ungido emperador: “me hago cargo de la historia de Francia, desde el rey San Luis hasta el Comité de Salud Pública de la Revolución.” Dos frases que dan la medida de dos ambiciones.
En consecuencia, el verdadero desafío que afronta el pensamiento nacional argentino no es, ¡por Dios!, cuántas veces somos citados por mandatarios entrantes, sino el modo más inteligente que tenemos de administrar una relación con un país que juega en las ligas mayores.
Ser esencial para Brasil es una fortaleza que sólo el ingenio, el rigor intelectual y la dignidad pueden convertir en un beneficio para las grandes mayorías populares argentinas.
domingo, 2 de enero de 2011
Una vida nueva
El procedimiento realizado el 30 de diciembre en San Pedro ilustra de qué son capaces los mercados sin control. Nidera, transnacional granera que la AFIP denunció por evasión de 260 millones, tenía encerrados a 130 trabajadores del norte, adultos y adolescentes, que no sabían dónde estaban, no podían salir, no tenían luz ni agua y se les descontaba del salario en negro las provisiones que la empresa les vendía a precios alucinantes, incluyendo fideos gratuitos de los planes sociales de Scioli.
Por Horacio Verbitsky
Para Página 12
2 de enero de 2011
Una de las grandes traders exportadoras de productos agropecuarios, a la que el Estado Nacional investiga por evasión de impuestos, explotaba el trabajo esclavo de adultos y niños traídos desde provincias del norte. Los alojaba en trailers de chapa, en los que dormían hacinados de a veinte. La jornada laboral era de diez horas incluido el día de Navidad, bajo el rayo del sol, sin luz, sin agua potable salvo la que recibían en baldes. No podían salir de los límites de la propiedad en la que trabajaban ni conocían cuál sería su remuneración. La paga se difería para el último día del contrato informal, ya que no estaba registrado. Mientras, les descontaban todo lo que consumían a precios tan exorbitantes que nunca tenían un saldo favorable para cobrar. Les anotaban 80 pesos por una bolsa de papas, 65 por una de cebollas, 54 por un pollo, 17 por un atado de cigarrillos, ocho por un kilo de pan viejo y dos por recargar la batería del celular. También se hallaron fideos con la leyenda del ministerio de Desarrollo Social. Por un paquete, cuya venta está prohibida, los esclavos debían pagar 35 pesos. El titular de ese ministerio, Baldomero Alvarez de Oliveira, es el padrino político del ex intendente de San Pedro Julio Pángaro, quien este año fue designado secretario legal y técnico del ministerio de Justicia y Seguridad. También se encontraron alimentos vencidos. El único dinero que recibieron en las tres semanas transcurridas antes del allanamiento, fueron 12 pesos “para comprar pan dulce”. El ministro de Trabajo provincial, Oscar Cuartango, dijo que los hechos descubiertos rozaban el crimen de lesa humanidad.
Un millar
El campamento alojaba a 130 personas, entre ellas unos 30 niños y adolescentes, pero la justicia considera que hay por lo menos un millar en las mismas condiciones, en otros campos próximos a San Pedro. Su representación sindical corresponde a la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores, Uatre, conducida por Gerónimo Venegas, fundador junto con José Luis Barrionuevo de la denominada CGT Azul y Blanca. Los delegados de Uatre recién llegaron al lugar una vez que el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones N0 6 de San Nicolás, Rubén Darío Giagnorio, notificó al ministerio de Trabajo de la situación. El representante de Uatre en San Pedro, Cecilio Salazar es el líder local del peornismo opositor. Una de sus actividades más notorias ha sido el auspicio de Uatre al corredor de carreras de autos Pichi Iglesias, lo cual provocó críticas en un gremio de paupérrimos afiliados. A principios de diciembre, Giagnorio ordenó a la patrulla rural del Pueblo Doyle que rondara los campos de la zona en búsqueda de situaciones irregulares en la cosecha del maíz, que son habituales a esta altura del año, cuando son traídos trabajadores temporales desde el interior para desflorar maíz, una actividad que sólo se realiza en forma manual. Giagnorio dijo que lo hizo en aplicación de la política criminal determinada por el Ministerio Público Fiscal que él integra. El 20 de diciembre la patrulla le comunicó sus observaciones sobre la Estancia El Algarrobo, ubicada en el Paraje Beladrich, a pocos kilómetros de Santa Lucía, partido de San Pedro. Se trata de una finca de unas 1600 hectáreas, de las cuales 200 están arrendadas a Nidera. El acceso es dificultoso porque está a 12 km de la ruta más próxima. El miércoles 22 el fiscal solicitó una orden de allanamiento a la titular del Juzgado de Garantías N0 1 de San Nicolás, pero la jueza María Laura Vázquez se la negó, porque adujo que no había pruebas. Giagnorio prefirió que las patrullas rurales no se acercaran demasiado, para evitar que fueran advertidas y se levantaran los campamentos antes de que pudiera intervenir. Ante la negativa judicial comunicó su presunción a los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y a la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del ministerio de Justicia de la Nación. El ministerio de Trabajo de la Provincia tiene el poder de policía en estos casos y el miércoles 29 se presentó para inspeccionar la situación detectada por el fiscal. Giagnorio participó como veedor. Como escribió en su mensaje del 31 de diciembre un cura que ejerce en Haití su opción por los pobres, hay lugares y personas que más que un año nuevo precisan una vida nueva. Éste es el doloroso contraste con la Argentina eufórica de consumo y placeres que desde la tarde del jueves colmó todas las rutas de salida de las grandes ciudades.
Reducción a la servidumbre
Al verificar la gravísima situación en que se encontraban los trabajadores, el fiscal inició actuaciones por reducción a la servidumbre y malversación de caudales públicos. En cambio no tiene competencia para investigar el delito de trata de personas. Sin mención al desempeño del fiscal Giagnorio, el ministerio de Trabajo provincial se atribuyó el mérito. Según el subsecretario de Trabajo Carlos Molina se trató de un procedimiento habitual en la tarea que habría ordenado el gobernador Daniel Scioli para detectar trabajo infantil y controlar las condiciones de seguridad del trabajo rural. Según esa dependencia, Nidera deberá pagar 5000 pesos de multa por cada trabajador no registrado. Entre los detenidos están los ingenieros de Nidera Nicolás Martínez Allende y Diego Carballo, dos capataces y tres encargados de la distribución de alimentos. El fiscal les tomó declaración y los puso en libertad mientras continúa la investigación.
Un campo de concentración
El médico Julio Caraballo, director de Bromatología de San Pedro, dijo a una radio local que las condiciones eran las de un campo de concentración, con dos agujeros en el suelo como baños, sólo aislados por una cortina cosida con bolsas de Nidera. También vio a un adolescente que se bañaba con agua acarreada en un recipiente de agrotóxicos. “Es para pasar de la indignación a las lágrimas”, dijo. La comida era suministrada por la distribuidora Comat S.A, del ex concejal radical de San Pedro Eugenio Abel González. Al mismo grupo pertenecen la Compañía Argentina de Recursos Humanos y Soluciones Agropecuarias, que prestan servicios de tercerización de personal no permanente para empresas agropecuarias. A Comat, Nidera le pagaba a 24 pesos por día por persona. Pero los precios que les cargaba a los trabajadores eran tan altos que siempre excedían el monto diario asignado. La diferencia se anotaba, para ser debitada del salario. Comat dijo que sólo era proveedora de alimentos secos y frescos a Nidera y que la acusación en su contra equivalía a responsabilizar a Coca-Cola por “la tragedia de Cromañón, porque proveía las gaseosas”. También negó haber suministrado los alimentos del programa de ayuda social del gobierno bonaerense que el fiscal secuestró en El Algarrobo. El reclutamiento de personas muy humildes se hizo en Santiago del Estero, con la promesa de trabajar en la cosecha del maíz en Buenos Aires “en la mejor empresa”, en condiciones laborales apropiadas y un buen salario. Un colectivo los trasladó en forma directa hasta la estancia, de la que una vez que ingresaron no se les permitió salir. Nidera les hizo saber que si alguien abandonaba el predio, toda la cuadrilla de trabajo que integraba sería devuelta a su pueblo sin pago. Consultado para esta nota el fiscal agregó que estas personas “ni sabían en qué lugar estaban”. Giagnorio pasó el 31 de diciembre de la mañana a la noche en la estancia, completando el sumario. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se encargó de llevar a los trabajadores hasta sus pueblos de origen, donde quedarán a cargo de las autoridades provinciales. El mismo fiscal allanó hace poco varios prostíbulos de la zona, en los que también encontró leche de las partidas gratuitas que distribuye el gobierno bonaerense.
Empresa líder
Nidera es una compañía transnacional, líder en el mercado argentino de semillas y uno de los mayores exportadores de aceites, de cereales y de oleaginosas. Su participación ronda el 10 por ciento del total de las exportaciones argentinas de esos productos. En 1996, fue la primera que obtuvo autorización para liberar al consumo humano y animal la soja transgénica resistente al glifosato, durante la gestión como secretario de agricultura del ingeniero Felipe Carlos Solá. Tiene tres centros semilleros, en Venado Tuerto (maíz), Chacabuco (girasol) y Miramar (trigo y maíz). Creada hace noventa años por comerciantes de granos de los Países Bajos, su nombre surge de la combinación de las iniciales de los grandes mercados cerealeros en los que actuaba entonces: Holanda (Netherlands) India, Alemania (Deutschland), Inglaterra (England), Rusia y la Argentina, donde Nidera Argentina se instaló en 1929. También comercializa insumos agrícolas, opera en fletes marítimos y produce fertilizantes, herbicidas y fungicidas. Posee terminales portuarios propios en Rosario, Quequén y Bahía Blanca. En 2010 fue el sexto exportador de granos (detrás de Cargill, Bunge, ADM, Dreyfus y Toeper) y el séptimo en los de subproductos y aceites (detrás de Cargill, Bunge, AGD, Dreyfus, Molinos y Vicentín). Nidera es la empresa líder en los mercados de semillas de soja y de girasol, está en segundo lugar en el de maíz y en el tercero en el de trigo. También opera una sociedad de garantías recíprocas, que financia siembras de sus clientes por medio de fideicomisos. Como no informa sobre volúmenes de negocios ni cotiza en bolsa, esos rankings ayudan a evaluar en forma aproximada su facturación. Según el ranking publicado hace seis meses por la revista Mercado, en 2009 Nidera Argentina facturó 3500 millones de pesos y ocupa el puesto 47 entre la cúpula de las empresas que más venden. La Escuela de Estadísticas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario estima que los salarios pagados por Nidera representan el 1,54 por ciento de esa facturación. La redacción de esta nota entre el viernes 31 y el sábado 1 dificultó la obtención de mayores precisiones.
Nidera en Acción
El presidente de Nidera global, Martín Mayer Wolf, de una de las familias fundadoras, es uno de los sostenedores de Accion International, una organización privada sin fines de lucro, cuya misión es ayudar a la gente a salir de la pobreza a través de su propio trabajo. “Al proporcionar microcréditos, capacitación empresarial y otros servicios financieros a hombres y mujeres pobres que inician sus propios negocios, ayuda a estas personas a alcanzar un nivel en la escala económica, con dignidad y orgullo”, informa en su documento “El negocio de luchar contra la pobreza”. Entre los accionistas minoritarios de Nidera Argentina está Rolgra Inversora SA, empresa presidida por Raúl Simón Loeb, presidente de la Cámara de Comercio Argentina para el Sudeste Asiático, vicepresidente de la Cámara de la Producción, la Industria y el Comercio Argentino-China, y cónsul honorario de Singapur y de Sri Lanka. El presidente de Nidera Argentina, Ricardo López Mayorga organiza concursos que otorgan premios a alumnos de escuelas agrotécnicas, estimulándolos a cuidar el suelo y utilizarlo en forma racional. En septiembre, la AFIP anunció que estaba investigando por evasión impositiva a cuatro de las mayores exportadoras de granos. Sus nombres se fueron conociendo en forma gradual: Bunge, Cargill, Molinos Ríos de La Plata y Nidera. En este último caso, la AFIP estima la evasión en 260 millones de pesos entre 2005 y 2009.
Por Horacio Verbitsky
Para Página 12
2 de enero de 2011
Una de las grandes traders exportadoras de productos agropecuarios, a la que el Estado Nacional investiga por evasión de impuestos, explotaba el trabajo esclavo de adultos y niños traídos desde provincias del norte. Los alojaba en trailers de chapa, en los que dormían hacinados de a veinte. La jornada laboral era de diez horas incluido el día de Navidad, bajo el rayo del sol, sin luz, sin agua potable salvo la que recibían en baldes. No podían salir de los límites de la propiedad en la que trabajaban ni conocían cuál sería su remuneración. La paga se difería para el último día del contrato informal, ya que no estaba registrado. Mientras, les descontaban todo lo que consumían a precios tan exorbitantes que nunca tenían un saldo favorable para cobrar. Les anotaban 80 pesos por una bolsa de papas, 65 por una de cebollas, 54 por un pollo, 17 por un atado de cigarrillos, ocho por un kilo de pan viejo y dos por recargar la batería del celular. También se hallaron fideos con la leyenda del ministerio de Desarrollo Social. Por un paquete, cuya venta está prohibida, los esclavos debían pagar 35 pesos. El titular de ese ministerio, Baldomero Alvarez de Oliveira, es el padrino político del ex intendente de San Pedro Julio Pángaro, quien este año fue designado secretario legal y técnico del ministerio de Justicia y Seguridad. También se encontraron alimentos vencidos. El único dinero que recibieron en las tres semanas transcurridas antes del allanamiento, fueron 12 pesos “para comprar pan dulce”. El ministro de Trabajo provincial, Oscar Cuartango, dijo que los hechos descubiertos rozaban el crimen de lesa humanidad.
Un millar
El campamento alojaba a 130 personas, entre ellas unos 30 niños y adolescentes, pero la justicia considera que hay por lo menos un millar en las mismas condiciones, en otros campos próximos a San Pedro. Su representación sindical corresponde a la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores, Uatre, conducida por Gerónimo Venegas, fundador junto con José Luis Barrionuevo de la denominada CGT Azul y Blanca. Los delegados de Uatre recién llegaron al lugar una vez que el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones N0 6 de San Nicolás, Rubén Darío Giagnorio, notificó al ministerio de Trabajo de la situación. El representante de Uatre en San Pedro, Cecilio Salazar es el líder local del peornismo opositor. Una de sus actividades más notorias ha sido el auspicio de Uatre al corredor de carreras de autos Pichi Iglesias, lo cual provocó críticas en un gremio de paupérrimos afiliados. A principios de diciembre, Giagnorio ordenó a la patrulla rural del Pueblo Doyle que rondara los campos de la zona en búsqueda de situaciones irregulares en la cosecha del maíz, que son habituales a esta altura del año, cuando son traídos trabajadores temporales desde el interior para desflorar maíz, una actividad que sólo se realiza en forma manual. Giagnorio dijo que lo hizo en aplicación de la política criminal determinada por el Ministerio Público Fiscal que él integra. El 20 de diciembre la patrulla le comunicó sus observaciones sobre la Estancia El Algarrobo, ubicada en el Paraje Beladrich, a pocos kilómetros de Santa Lucía, partido de San Pedro. Se trata de una finca de unas 1600 hectáreas, de las cuales 200 están arrendadas a Nidera. El acceso es dificultoso porque está a 12 km de la ruta más próxima. El miércoles 22 el fiscal solicitó una orden de allanamiento a la titular del Juzgado de Garantías N0 1 de San Nicolás, pero la jueza María Laura Vázquez se la negó, porque adujo que no había pruebas. Giagnorio prefirió que las patrullas rurales no se acercaran demasiado, para evitar que fueran advertidas y se levantaran los campamentos antes de que pudiera intervenir. Ante la negativa judicial comunicó su presunción a los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y a la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del ministerio de Justicia de la Nación. El ministerio de Trabajo de la Provincia tiene el poder de policía en estos casos y el miércoles 29 se presentó para inspeccionar la situación detectada por el fiscal. Giagnorio participó como veedor. Como escribió en su mensaje del 31 de diciembre un cura que ejerce en Haití su opción por los pobres, hay lugares y personas que más que un año nuevo precisan una vida nueva. Éste es el doloroso contraste con la Argentina eufórica de consumo y placeres que desde la tarde del jueves colmó todas las rutas de salida de las grandes ciudades.
Reducción a la servidumbre
Al verificar la gravísima situación en que se encontraban los trabajadores, el fiscal inició actuaciones por reducción a la servidumbre y malversación de caudales públicos. En cambio no tiene competencia para investigar el delito de trata de personas. Sin mención al desempeño del fiscal Giagnorio, el ministerio de Trabajo provincial se atribuyó el mérito. Según el subsecretario de Trabajo Carlos Molina se trató de un procedimiento habitual en la tarea que habría ordenado el gobernador Daniel Scioli para detectar trabajo infantil y controlar las condiciones de seguridad del trabajo rural. Según esa dependencia, Nidera deberá pagar 5000 pesos de multa por cada trabajador no registrado. Entre los detenidos están los ingenieros de Nidera Nicolás Martínez Allende y Diego Carballo, dos capataces y tres encargados de la distribución de alimentos. El fiscal les tomó declaración y los puso en libertad mientras continúa la investigación.
Un campo de concentración
El médico Julio Caraballo, director de Bromatología de San Pedro, dijo a una radio local que las condiciones eran las de un campo de concentración, con dos agujeros en el suelo como baños, sólo aislados por una cortina cosida con bolsas de Nidera. También vio a un adolescente que se bañaba con agua acarreada en un recipiente de agrotóxicos. “Es para pasar de la indignación a las lágrimas”, dijo. La comida era suministrada por la distribuidora Comat S.A, del ex concejal radical de San Pedro Eugenio Abel González. Al mismo grupo pertenecen la Compañía Argentina de Recursos Humanos y Soluciones Agropecuarias, que prestan servicios de tercerización de personal no permanente para empresas agropecuarias. A Comat, Nidera le pagaba a 24 pesos por día por persona. Pero los precios que les cargaba a los trabajadores eran tan altos que siempre excedían el monto diario asignado. La diferencia se anotaba, para ser debitada del salario. Comat dijo que sólo era proveedora de alimentos secos y frescos a Nidera y que la acusación en su contra equivalía a responsabilizar a Coca-Cola por “la tragedia de Cromañón, porque proveía las gaseosas”. También negó haber suministrado los alimentos del programa de ayuda social del gobierno bonaerense que el fiscal secuestró en El Algarrobo. El reclutamiento de personas muy humildes se hizo en Santiago del Estero, con la promesa de trabajar en la cosecha del maíz en Buenos Aires “en la mejor empresa”, en condiciones laborales apropiadas y un buen salario. Un colectivo los trasladó en forma directa hasta la estancia, de la que una vez que ingresaron no se les permitió salir. Nidera les hizo saber que si alguien abandonaba el predio, toda la cuadrilla de trabajo que integraba sería devuelta a su pueblo sin pago. Consultado para esta nota el fiscal agregó que estas personas “ni sabían en qué lugar estaban”. Giagnorio pasó el 31 de diciembre de la mañana a la noche en la estancia, completando el sumario. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se encargó de llevar a los trabajadores hasta sus pueblos de origen, donde quedarán a cargo de las autoridades provinciales. El mismo fiscal allanó hace poco varios prostíbulos de la zona, en los que también encontró leche de las partidas gratuitas que distribuye el gobierno bonaerense.
Empresa líder
Nidera es una compañía transnacional, líder en el mercado argentino de semillas y uno de los mayores exportadores de aceites, de cereales y de oleaginosas. Su participación ronda el 10 por ciento del total de las exportaciones argentinas de esos productos. En 1996, fue la primera que obtuvo autorización para liberar al consumo humano y animal la soja transgénica resistente al glifosato, durante la gestión como secretario de agricultura del ingeniero Felipe Carlos Solá. Tiene tres centros semilleros, en Venado Tuerto (maíz), Chacabuco (girasol) y Miramar (trigo y maíz). Creada hace noventa años por comerciantes de granos de los Países Bajos, su nombre surge de la combinación de las iniciales de los grandes mercados cerealeros en los que actuaba entonces: Holanda (Netherlands) India, Alemania (Deutschland), Inglaterra (England), Rusia y la Argentina, donde Nidera Argentina se instaló en 1929. También comercializa insumos agrícolas, opera en fletes marítimos y produce fertilizantes, herbicidas y fungicidas. Posee terminales portuarios propios en Rosario, Quequén y Bahía Blanca. En 2010 fue el sexto exportador de granos (detrás de Cargill, Bunge, ADM, Dreyfus y Toeper) y el séptimo en los de subproductos y aceites (detrás de Cargill, Bunge, AGD, Dreyfus, Molinos y Vicentín). Nidera es la empresa líder en los mercados de semillas de soja y de girasol, está en segundo lugar en el de maíz y en el tercero en el de trigo. También opera una sociedad de garantías recíprocas, que financia siembras de sus clientes por medio de fideicomisos. Como no informa sobre volúmenes de negocios ni cotiza en bolsa, esos rankings ayudan a evaluar en forma aproximada su facturación. Según el ranking publicado hace seis meses por la revista Mercado, en 2009 Nidera Argentina facturó 3500 millones de pesos y ocupa el puesto 47 entre la cúpula de las empresas que más venden. La Escuela de Estadísticas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario estima que los salarios pagados por Nidera representan el 1,54 por ciento de esa facturación. La redacción de esta nota entre el viernes 31 y el sábado 1 dificultó la obtención de mayores precisiones.
Nidera en Acción
El presidente de Nidera global, Martín Mayer Wolf, de una de las familias fundadoras, es uno de los sostenedores de Accion International, una organización privada sin fines de lucro, cuya misión es ayudar a la gente a salir de la pobreza a través de su propio trabajo. “Al proporcionar microcréditos, capacitación empresarial y otros servicios financieros a hombres y mujeres pobres que inician sus propios negocios, ayuda a estas personas a alcanzar un nivel en la escala económica, con dignidad y orgullo”, informa en su documento “El negocio de luchar contra la pobreza”. Entre los accionistas minoritarios de Nidera Argentina está Rolgra Inversora SA, empresa presidida por Raúl Simón Loeb, presidente de la Cámara de Comercio Argentina para el Sudeste Asiático, vicepresidente de la Cámara de la Producción, la Industria y el Comercio Argentino-China, y cónsul honorario de Singapur y de Sri Lanka. El presidente de Nidera Argentina, Ricardo López Mayorga organiza concursos que otorgan premios a alumnos de escuelas agrotécnicas, estimulándolos a cuidar el suelo y utilizarlo en forma racional. En septiembre, la AFIP anunció que estaba investigando por evasión impositiva a cuatro de las mayores exportadoras de granos. Sus nombres se fueron conociendo en forma gradual: Bunge, Cargill, Molinos Ríos de La Plata y Nidera. En este último caso, la AFIP estima la evasión en 260 millones de pesos entre 2005 y 2009.
Lo acumulado y lo inesperado
Las profecías económicas y políticas, refutadas por la realidad y las multitudes. El discurso de la gente. El doble veto lábil. Los radicales, de uno a tres. Los pejotistas, esperando a otro Godot. El lugar en el mundo, los avances en siete años, las nuevas demandas.
Por Mario Wainfeld
Para Página 12
2 de enero de 2011
La economía de 2010 contradijo (cuando no dejó en ridículo) las profecías de dirigentes opositores o economistas de postín. Repasemos las más tonantes, a vuelo de pájaro. Crecimiento cero o irrisorio; caída a pique de las reservas, rechazo del canje de deuda, inflación espiralizada, importación de trigo y carne, “n” catástrofes adicionales. El crecimiento se sostuvo, el desendeudamiento avanzó, las reservas del Banco Central son record, la demanda se mantiene a niveles altísimos, tanto como la producción de automotores... hasta las intratables corporaciones “del campo” bajaron el tono, más interesadas en llevársela con pala que en cortar rutas.
La inflación sigue siendo muy elevada, aunque se mantiene bajo relativo control. Muchos actores económicos (entre ellos los sindicatos, los profesionales independientes y buena parte de las pymes) tienen cómo defenderse y no vivirla como una tragedia. Pero el impacto es distinto a medida que se bajan escalones en la pirámide social. Y la tasa manejable puede dispararse, lo que hace aconsejable políticas activas de nuevo cuño, porque las empleadas por el Gobierno en sus años primeros ya no rinden. Las tratativas para conformar el Consejo para el Diálogo Económico Social son una señal promisoria, primero, porque revelan introspección (así fuera tardía) y conciencia sobre el problema. Y segundo, porque elige una herramienta idónea que es el diálogo (y eventuales pactos) entre sectores.
Una nueva faz del modelo abre tareas de “segunda generación”, más sofisticadas y de más largo plazo que las respuestas a la crisis terminal. Hablamos de la desigualdad, la inflación, el déficit de viviendas, el trabajo de baja calidad, el transporte público, un sistema de salud que insume muchos recursos y no presta servicios en consonancia.
Haber tenido más razón que sus antagonistas en casi todos los debates sobre economía no faculta al Gobierno a dormirse en los laureles. Ni mucho menos, a soslayar cuántos problemas añejos o emergentes esperan respuestas pese a (o, mejor, porque) se han ascendido algunos peldaños.
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De la soberbia al piñazo: Las agorerías opositoras comenzaron con el año. Por entonces su paladín era Martín Redrado. La oposición transitó desde la resistencia civil del Golden Boy hasta el piñazo de Graciela Camaño, que trasuntó más impotencia que brutalidad. En enero se pugnaba por el Banco Central y por imponerle el programa económico al Gobierno. En diciembre las ambiciones eran más módicas: mantener con pulmotor una patética cuestión de privilegio.
En el ínterin, naufragaron las fantasías acerca de un enjambre de fuerzas o protagonistas que se describían como un sujeto único. Las misceláneas tribus ganadoras de las elecciones de 2009 manejarían el Congreso, impondrían su agenda, generarían un Parlamento de rechupete. Sus primeras ofensivas revelaron soberbia, errada “imagen corporal” y desdén por las instituciones o el diálogo. Quisieron suplir al Ejecutivo en sus funciones, imponer un programa económico de jubileo para medianos o grandes contribuyentes, llevarse puesta a la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. Se afincaron como ocupas en más comisiones que las que les asignaba la regla proporcional o la tradición. Cuando se percibieron mayoría dejaron ver la hilacha: poco respeto por la calidad institucional. Julio Cobos se aferró, sin ética ni respeto a la Constitución, al cargo de vicepresidente que había deshonrado con su voto no positivo. A fin de año, Mauricio Macri añadió otra mancha a la atigrada piel institucional del Grupo A: especuló con usar las elecciones de su distrito como un trampolín para las nacionales. No ya una candidatura testimonial sino una de tránsito hacia ligas mayores. Desistió de hacerlo, no por pruritos republicanos sino porque no le daban los números. La cultura política que deja mucho que desear no es un invento ni un monopolio kirchnerista, como recita la Vulgata hegemónica. Más aún, la ciudadanía le presta muy poca atención, ungiendo con asiduidad a quien viola las reglas pero le cae bien.
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Vetocracia de baja intensidad: “La oposición” careció de liderazgo, de enjundia y hasta de presentismo en las bancas. Las internas partidarias y la competencia por el “otro” lugar en el ballottage primaron sobre sus objetivos comunes. Su accionar parlamentario fue más desordenado que barullero, y ya es decir. El escenario anticipaba una paridad ardua, más propicia al empate bobo o al veto cruzado que a la excelencia. El oficialismo soportó los primeros embates, se abroqueló mejor y primó en el promedio porque pudo gobernar. Para no ser un pato rengo, escribió este cronista un año atrás clavado, hay que creer no serlo y querer no serlo. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner no se sometió al lugar que quisieron imponerle, a menudo con malos modales.
La Presidenta vetó una ley (el 82 por ciento móvil, un simulacro que procuraba ese desenlace), no docenas. El Grupo A “vetó” el Presupuesto. En el ínterin, el Ejecutivo gestionó y copó la parada mientras sus adversarios desfilaban por canales de cable. Dos leyes relevantes se sancionaron, con mayorías transversales: Matrimonio igualitario y Glaciares. La primera, una virtuosa ampliación de derechos ciudadanos reclamada por minorías activas pero que sólo la voluntad política del kirchnerismo podía plasmar. Hay partidos más progresistas y coherentes ideológicamente que el Frente para la Victoria (FpV) pero no tienen el número necesario para una conquista así. Hay partidos con potencial y experiencia de gobierno como el FpV pero jamás se hubieran comprado un conflicto de ese jaez con la jerarquía de la Iglesia Católica. Las minorías militantes que bregaron por esos derechos entendieron lo que pasó, de ahí su agradecimiento sincero y su aval al Gobierno. La incorporación de la luchadora María Rachid al Inadi cierra un círculo sin precedentes.
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Compañeros esperando a Godot: Las fiestas encuentran a la oposición dividida y confundida. El radicalismo tenía en 2008 a la única Gran esperanza Blanca, Cobos. La estrella de éste se desdibujó, emergió el diputado Ricardo Alfonsín. El senador Ernesto Sanz se sumó a la interna recientemente, su apuesta es difícil y revela que los dos favoritos no las tienen todas consigo. Así y todo, la UCR sigue siendo el segundo partido, el de mayor despliegue geográfico, el de mayores virtualidades entre los A.
El peronismo federal amaneció esperando a Carlos Reutemann. Luego sus numerosos caciques sin tribus se sintieron portadores del bastón de mariscal. Las encuestas ni los registran, ahora esperan a Mauricio Macri. Esa joint venture es una posibilidad cierta. Tal el mayor potencial del líder de PRO, quien merced a un discurso sinceramente de derecha se ganó el sitial del mayor contradictor del oficialismo. Es un buen lugar de cara a una elección polarizada, aunque quizá el sesgo elegido le marque un techo bajo.
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Doblar la apuesta: Ante cada trance adverso, el oficialismo dobló la apuesta. Muchas veces mejoró su menú, adoptando medidas que no estaban en su repertorio. Sistema jubilatorio, Medios, Asignación Universal por Hijo (AUH), matrimonio igualitario. Congregó apoyos de sectores distantes o esquivos. Se granjeó la simpatía activa de colectivos impensados tiempo atrás: artistas, intelectuales, trabajadores de la cultura, movimientos sociales de clase media. Un salto cualitativo, que cobró fuerzas a partir del matrimonio igualitario y la ley de medios.
Las reformas al espectro audiovisual fueron muy trabadas por reclamos judiciales de los grupos oligopólicos, se veía venir. La Corte Suprema le dio una manito a Clarín en una de las peores decisiones de su respetable trayectoria. De cualquier modo, la disputa de la opinión pública se hizo más pareja por la aparición de nuevos medios tanto como por la emergencia de intelectuales, artistas o bloggers que revitalizaron el discurso oficial. La reacción de las corporaciones, de sus popes y de los periodistas que le rinden pleitesía fue desmedida. No se enojaron, apenas: se sacaron. Alegan que se los destrata o insulta, lo que en algunas ocasiones es cierto. Pero lo que los descoloca es ser objeto de polémica porque estaban habituados a ser intocables e invisibles. La luz pública nunca iluminó rostros y biografías de CEOs, comunicadores o dueños de empresas cuya opacidad era atributo de su poder. La furia indujo a réplicas desmedidas y groseras, que agrandaron la pertinencia de 6, 7, 8 (el fenómeno audiovisual del año) o mejoraron el caudal de adhesiones a Víctor Hugo Morales.
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El discurso corporal: La narrativa dominante fue desmenuzada (a menudo, demolida) en un Agora mediática franca y expuesta. También por gentes del común, por muchedumbres que se expresaron en los festejos del Bicentenario y en las exequias de Néstor Kirchner. En ambos casos, los cuerpos y los gestos dieron un mentís a la prédica mediática mayoritaria. Cientos de miles de ciudadanos dieron rienda suelta a su alegría o a su dolor, convivieron sin incidentes, celebraron una vez, acompañaron a la Presidenta en su dolor la otra. Las dos veces sorprendió la magnitud de las asistencias, su mensaje inequívoco. Un ánimo colectivo (quizá no mayoritario pero marcadamente nutrido) probó que la crispación no es el sentimiento de “la gente” ni el odio o la sumisión el único vínculo con el kirchnerismo.
Habló un conjunto ciudadano impactante por su coincidencia y su número. Debe resaltarse que el Gobierno supo anticipar sus deseos y tuvo empatía con su voluntad, que predispuso el escenario con intuición sobre el sentir popular. Se apostrofó al festejo del Bicentenario por tener un mensaje político sectario (¿es posible una celebración sin alguno?... mmm). Era un detalle, episódico. Lo central fue la amabilidad de la propuesta, la afinidad con los deseos de la muchedumbre, hedónicos, participativos, autocelebratorios, convivenciales.
La Casa Rosada y la Plaza de Mayo se abrieron a quienes lloraron a Kirchner. La escenografía fue adecuada, no rimbombante, cálida. Nimia la presencia policial. La marca del homenaje fue el discurrir de personas de todo el abanico social. Desde el primer minuto le transmitieron solidaridad a Cristina Kirchner, sustento político y un mandato sencillo de interpretar.
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La irrupción de la muerte: El devenir económico era previsible, si se analizaba sin prejuicios obtusos ni anteojeras. La primacía política del kirchnerismo era factible, sí que supeditada a su desempeño y el de los contrincantes: todos jugaron para el local. En los últimos meses irrumpió lo inesperado. Para peor, lo más cruel e irreparable: la muerte. La desaparición de Néstor Kirchner, de la que se habla también en nota aparte. Y los asesinatos por violencia política o policial: en Barracas, en Formosa, en el Parque Indoamericano. Quedó atrás o por lo menos muy mellado, un acierto de los gobiernos kirchneristas: la no represión de la protesta social. Mecanismo inteligente como catarsis ante la malaria y el descrédito de la política, se fue herrumbrando ante la propagación de reclamos muy lesivos, eventualmente violentos. La sociedad “le tomó la mano” al recurso y la metodología oficial comenzó a hacer agua. Corrió sangre debida a brutalidad policial, a la de un gobierno provincial peronista y a la de una patota sindical a la que la Federal dejó hacer.
En el caso de Mariano Ferreyra, los tribunales actuaron bien, la investigación avanza. En los otros prima la opacidad.
La Presidenta asumió que debía cambiar drásticamente la política de Seguridad, renovar los cuadros de conducción de la Federal. Poner al poder político a conducir a los uniformados. Nombró a Nilda Garré, una ministra con condiciones para esa labor titánica. Es un buen comienzo, son pasos necesarios para una reforma que, si anda bien, insumirá años.
El reflejo de jugarse a fondo, de politizar la cuestión, de apelar a cuadros garantistas y valientes es el mejor estilo “K”. Que divide aguas, sin duda, concitando la aprobación de quienes hacen y leen este diario.
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Las brechas del “modelo”: Los crímenes, tal vez, pudieron evitarse. Hubo provocadores y aprovechados. Esos árboles deben ser podados pero no impedir ver el bosque: los problemas laborales y sociales que los detonaron son tangibles, injustos, acuciantes. El kirchnerismo se prendó de un esquema laborista, que imaginariamente cerraba un círculo virtuoso: incitación de la demanda, mercado interno activo, generación de empleo. En el siglo XXI el modelo dejó flancos vacantes. Hubo trabajadores que con empleo no podían parar la olla y quedaron relegados los informales.
La Asignación Universal por Hijo inyectó ingresos en los hogares más desfavorecidos. Un decreto presidencial a fin de año amplió el universo de beneficiarios, sumando a los hijos de trabajadores de temporada. Cientos de miles de ciudadanos bajitos serán beneficiarios de la reforma que debería profundizarse despejando requisitos burocráticos excesivos que dejan afuera a otros pibes. El producido social de la AUH es, aun restando incorporaciones, inmenso.
Ahora hay casi pleno empleo y tienen ingresos seguros muchos entre los más desvalidos, eran dos utopías inalcanzables hace siete años. En un estadio superior, quedan necesidades básicas insatisfechas para demasiados argentinos: vivienda digna, transporte no infamante, trabajo decente con toda la tutela legal. Los reclamos brotaron con virulencia, en algún ejemplo con mala fe, los derechos pendientes de satisfacción son realidad.
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Mi lugar es acá: Argentina tiene su lugar en el mundo, el que siempre debió ser: la América del Sur. Esta región atraviesa una etapa única, con preeminencia de gobiernos populares, de centroizquierda o populistas, intervencionistas en economía, atentos a las demandas populares, chúcaros ante los poderes centrales y las doctrinas neoconservadoras. Los gobiernos kirchneristas funcionaron, como jamás se vio antes, en sintonía con la potencia regional, Brasil. Cooperaron activamente para mantener la paz en el vecindario, se convirtieron en la referencia principal para países hermanos que antes miraban al centro del mundo. Sincronizaron para desendeudarse con el Fondo Monetario Internacional casi al unísono, para implicarse a fondo en defensa de la estabilidad democrática de Honduras, Ecuador y Bolivia, para decirle “No (y chau) al ALCA” en Mar del Plata, para reconocer al Estado palestino.
Destino sudamericano con democracias vibrantes, jaqueadas por coaliciones entre fuerzas de derecha y grandes medios de difusión. Hay crecimiento económico sostenido, lleva muchos años. La condición de los sectores populares ha mejorado sensiblemente pero se arrancó de muy abajo y queda mucho por hacer. El crecimiento, en trazos generales, no palió la desigualdad. América del Sur sigue siendo el lugar más desigual del planeta.
En ese contexto, auspicioso pero pleno de rémoras y carencias, debe leerse la coyuntura nacional. No somos el ornitorrinco del mundo, ni de América del Sur, ni los inventores de un sistema económico hiperdiferente. Los adversarios del kirchnerismo se equivocan feo cuando abjuran en block de todo lo hecho y proponen un vuelco o a una regresión, demasiado a menudo sin explicar el nuevo rumbo. Quizá el único que lo insinúa con franqueza es el Jefe de Gobierno Mauricio Macri: un giro reaccionario de derecha, con aplicaciones clasistas y xenófobas.
El oficialismo acierta en el rumbo aunque a menudo endiosa en exceso al “modelo”. El esquema económico sirvió para salir de la crisis aparentemente irremisible, elevó la condición de vida de casi toda la población, empoderó a sectores de trabajadores, mejoró los niveles de empleo, amplió la masa de jubilados, disminuyó la pobreza. Es un montón, nunca es bastante. Subsisten asimetrías formidables, incluso al interior de la clase trabajadora. Proliferan demandas soterradas aunque (o mejor, porque) se transitó del infierno al Purgatorio.
La desigualdad subleva acaso más en las pampas que en países linderos. Acá hay memoria de tiempos cercanos mejores en paridad y en movilidad social. En otras comarcas no existió ese pasado evocable y frustrante. El igualitarismo propio de la sociedad argentina, la capacidad de lucha y de protesta de su sociedad civil dinamizan las demandas y las movilizaciones. Muchas conquistas se han logrado, antaño y hoy, en las calles o vía acción directa. Es clavado que quienes son “perdedores relativos” del actual modelo emerjan a reclamar sus derechos, tumultuosos y desafiantes.
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Los números y las urnas: Los números corroboran cuánto se avanzó. Basta repasar los datos duros de crecimiento, empleo, salario real, indicadores sociales. También la cantidad de represores procesados y condenados, la de provincias en las que se dictaron sentencias ejemplares.
Datos impresionistas ratifican la percepción. Ya se mentó al Bicentenario, el cronista agregaría con qué templanza absorbió un país futbolero la eliminación en el Mundial. El consumo cotidiano, los festejos de fin de año, las vacaciones a todo trapo en las plazas turísticas de una, dos, tres, cuatro o cinco estrellas. Hay que evocar cómo se recibía el fin de año a principios de este siglo. También, cuando se magnifica la ausencia de billetes por tres días en los cajeros automáticos, internalizar que hace nueve años (y no un siglo) los ahorros habían sido birlados y con poca antelación confiscadas las jubilaciones y reducidos los salarios. Es tonificante que gentes de derecha se conmuevan por los mercerizados (siempre que no sean los conchabados por Clarín o Techint), corresponde asumir que la desflexibilización es una cuesta arriba a partir de las tropelías consumadas entre 1989 y 2001.
Los guarismos de intención de voto son satisfactorios para el oficialismo. Cristina Fernández de Kirchner está en la mejor posición relativa de su mandato, al menos desde marzo de 2008. No tiene la victoria comprada como Carlos Menem cuando fue reelegido o ella misma en 2007. Pero dista más de estar derrotada un año antes, como le pasó al radicalismo en 1988 o al menemismo en 1998 o a Fernando de la Rúa antes de cumplir dos años de gestión. Sus adversarios lucen más dispersos y menos papábiles que el peronismo menemista o la Alianza, en sus buenos momentos.
Este año votará el pueblo soberano en ese asombroso día en que todos los ciudadanos valen uno. De momento, la primera minoría movilizada, ratificada por movilizaciones emocionantes y masivas y con apoyos cualitativos incomparables, conserva la pole position.
El 2011 será un año decisivo. Lula deja la presidencia, Kirchner no estará. Son dos protagonistas que marcaron una etapa de despegue, difíciles de reemplazar. Sus banderas, sus legados sí que merecen un brindis y, piensa el cronista, una revalidación que en Brasil ya se dio y que acá depende del veredicto popular.
Por Mario Wainfeld
Para Página 12
2 de enero de 2011
La economía de 2010 contradijo (cuando no dejó en ridículo) las profecías de dirigentes opositores o economistas de postín. Repasemos las más tonantes, a vuelo de pájaro. Crecimiento cero o irrisorio; caída a pique de las reservas, rechazo del canje de deuda, inflación espiralizada, importación de trigo y carne, “n” catástrofes adicionales. El crecimiento se sostuvo, el desendeudamiento avanzó, las reservas del Banco Central son record, la demanda se mantiene a niveles altísimos, tanto como la producción de automotores... hasta las intratables corporaciones “del campo” bajaron el tono, más interesadas en llevársela con pala que en cortar rutas.
La inflación sigue siendo muy elevada, aunque se mantiene bajo relativo control. Muchos actores económicos (entre ellos los sindicatos, los profesionales independientes y buena parte de las pymes) tienen cómo defenderse y no vivirla como una tragedia. Pero el impacto es distinto a medida que se bajan escalones en la pirámide social. Y la tasa manejable puede dispararse, lo que hace aconsejable políticas activas de nuevo cuño, porque las empleadas por el Gobierno en sus años primeros ya no rinden. Las tratativas para conformar el Consejo para el Diálogo Económico Social son una señal promisoria, primero, porque revelan introspección (así fuera tardía) y conciencia sobre el problema. Y segundo, porque elige una herramienta idónea que es el diálogo (y eventuales pactos) entre sectores.
Una nueva faz del modelo abre tareas de “segunda generación”, más sofisticadas y de más largo plazo que las respuestas a la crisis terminal. Hablamos de la desigualdad, la inflación, el déficit de viviendas, el trabajo de baja calidad, el transporte público, un sistema de salud que insume muchos recursos y no presta servicios en consonancia.
Haber tenido más razón que sus antagonistas en casi todos los debates sobre economía no faculta al Gobierno a dormirse en los laureles. Ni mucho menos, a soslayar cuántos problemas añejos o emergentes esperan respuestas pese a (o, mejor, porque) se han ascendido algunos peldaños.
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De la soberbia al piñazo: Las agorerías opositoras comenzaron con el año. Por entonces su paladín era Martín Redrado. La oposición transitó desde la resistencia civil del Golden Boy hasta el piñazo de Graciela Camaño, que trasuntó más impotencia que brutalidad. En enero se pugnaba por el Banco Central y por imponerle el programa económico al Gobierno. En diciembre las ambiciones eran más módicas: mantener con pulmotor una patética cuestión de privilegio.
En el ínterin, naufragaron las fantasías acerca de un enjambre de fuerzas o protagonistas que se describían como un sujeto único. Las misceláneas tribus ganadoras de las elecciones de 2009 manejarían el Congreso, impondrían su agenda, generarían un Parlamento de rechupete. Sus primeras ofensivas revelaron soberbia, errada “imagen corporal” y desdén por las instituciones o el diálogo. Quisieron suplir al Ejecutivo en sus funciones, imponer un programa económico de jubileo para medianos o grandes contribuyentes, llevarse puesta a la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. Se afincaron como ocupas en más comisiones que las que les asignaba la regla proporcional o la tradición. Cuando se percibieron mayoría dejaron ver la hilacha: poco respeto por la calidad institucional. Julio Cobos se aferró, sin ética ni respeto a la Constitución, al cargo de vicepresidente que había deshonrado con su voto no positivo. A fin de año, Mauricio Macri añadió otra mancha a la atigrada piel institucional del Grupo A: especuló con usar las elecciones de su distrito como un trampolín para las nacionales. No ya una candidatura testimonial sino una de tránsito hacia ligas mayores. Desistió de hacerlo, no por pruritos republicanos sino porque no le daban los números. La cultura política que deja mucho que desear no es un invento ni un monopolio kirchnerista, como recita la Vulgata hegemónica. Más aún, la ciudadanía le presta muy poca atención, ungiendo con asiduidad a quien viola las reglas pero le cae bien.
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Vetocracia de baja intensidad: “La oposición” careció de liderazgo, de enjundia y hasta de presentismo en las bancas. Las internas partidarias y la competencia por el “otro” lugar en el ballottage primaron sobre sus objetivos comunes. Su accionar parlamentario fue más desordenado que barullero, y ya es decir. El escenario anticipaba una paridad ardua, más propicia al empate bobo o al veto cruzado que a la excelencia. El oficialismo soportó los primeros embates, se abroqueló mejor y primó en el promedio porque pudo gobernar. Para no ser un pato rengo, escribió este cronista un año atrás clavado, hay que creer no serlo y querer no serlo. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner no se sometió al lugar que quisieron imponerle, a menudo con malos modales.
La Presidenta vetó una ley (el 82 por ciento móvil, un simulacro que procuraba ese desenlace), no docenas. El Grupo A “vetó” el Presupuesto. En el ínterin, el Ejecutivo gestionó y copó la parada mientras sus adversarios desfilaban por canales de cable. Dos leyes relevantes se sancionaron, con mayorías transversales: Matrimonio igualitario y Glaciares. La primera, una virtuosa ampliación de derechos ciudadanos reclamada por minorías activas pero que sólo la voluntad política del kirchnerismo podía plasmar. Hay partidos más progresistas y coherentes ideológicamente que el Frente para la Victoria (FpV) pero no tienen el número necesario para una conquista así. Hay partidos con potencial y experiencia de gobierno como el FpV pero jamás se hubieran comprado un conflicto de ese jaez con la jerarquía de la Iglesia Católica. Las minorías militantes que bregaron por esos derechos entendieron lo que pasó, de ahí su agradecimiento sincero y su aval al Gobierno. La incorporación de la luchadora María Rachid al Inadi cierra un círculo sin precedentes.
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Compañeros esperando a Godot: Las fiestas encuentran a la oposición dividida y confundida. El radicalismo tenía en 2008 a la única Gran esperanza Blanca, Cobos. La estrella de éste se desdibujó, emergió el diputado Ricardo Alfonsín. El senador Ernesto Sanz se sumó a la interna recientemente, su apuesta es difícil y revela que los dos favoritos no las tienen todas consigo. Así y todo, la UCR sigue siendo el segundo partido, el de mayor despliegue geográfico, el de mayores virtualidades entre los A.
El peronismo federal amaneció esperando a Carlos Reutemann. Luego sus numerosos caciques sin tribus se sintieron portadores del bastón de mariscal. Las encuestas ni los registran, ahora esperan a Mauricio Macri. Esa joint venture es una posibilidad cierta. Tal el mayor potencial del líder de PRO, quien merced a un discurso sinceramente de derecha se ganó el sitial del mayor contradictor del oficialismo. Es un buen lugar de cara a una elección polarizada, aunque quizá el sesgo elegido le marque un techo bajo.
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Doblar la apuesta: Ante cada trance adverso, el oficialismo dobló la apuesta. Muchas veces mejoró su menú, adoptando medidas que no estaban en su repertorio. Sistema jubilatorio, Medios, Asignación Universal por Hijo (AUH), matrimonio igualitario. Congregó apoyos de sectores distantes o esquivos. Se granjeó la simpatía activa de colectivos impensados tiempo atrás: artistas, intelectuales, trabajadores de la cultura, movimientos sociales de clase media. Un salto cualitativo, que cobró fuerzas a partir del matrimonio igualitario y la ley de medios.
Las reformas al espectro audiovisual fueron muy trabadas por reclamos judiciales de los grupos oligopólicos, se veía venir. La Corte Suprema le dio una manito a Clarín en una de las peores decisiones de su respetable trayectoria. De cualquier modo, la disputa de la opinión pública se hizo más pareja por la aparición de nuevos medios tanto como por la emergencia de intelectuales, artistas o bloggers que revitalizaron el discurso oficial. La reacción de las corporaciones, de sus popes y de los periodistas que le rinden pleitesía fue desmedida. No se enojaron, apenas: se sacaron. Alegan que se los destrata o insulta, lo que en algunas ocasiones es cierto. Pero lo que los descoloca es ser objeto de polémica porque estaban habituados a ser intocables e invisibles. La luz pública nunca iluminó rostros y biografías de CEOs, comunicadores o dueños de empresas cuya opacidad era atributo de su poder. La furia indujo a réplicas desmedidas y groseras, que agrandaron la pertinencia de 6, 7, 8 (el fenómeno audiovisual del año) o mejoraron el caudal de adhesiones a Víctor Hugo Morales.
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El discurso corporal: La narrativa dominante fue desmenuzada (a menudo, demolida) en un Agora mediática franca y expuesta. También por gentes del común, por muchedumbres que se expresaron en los festejos del Bicentenario y en las exequias de Néstor Kirchner. En ambos casos, los cuerpos y los gestos dieron un mentís a la prédica mediática mayoritaria. Cientos de miles de ciudadanos dieron rienda suelta a su alegría o a su dolor, convivieron sin incidentes, celebraron una vez, acompañaron a la Presidenta en su dolor la otra. Las dos veces sorprendió la magnitud de las asistencias, su mensaje inequívoco. Un ánimo colectivo (quizá no mayoritario pero marcadamente nutrido) probó que la crispación no es el sentimiento de “la gente” ni el odio o la sumisión el único vínculo con el kirchnerismo.
Habló un conjunto ciudadano impactante por su coincidencia y su número. Debe resaltarse que el Gobierno supo anticipar sus deseos y tuvo empatía con su voluntad, que predispuso el escenario con intuición sobre el sentir popular. Se apostrofó al festejo del Bicentenario por tener un mensaje político sectario (¿es posible una celebración sin alguno?... mmm). Era un detalle, episódico. Lo central fue la amabilidad de la propuesta, la afinidad con los deseos de la muchedumbre, hedónicos, participativos, autocelebratorios, convivenciales.
La Casa Rosada y la Plaza de Mayo se abrieron a quienes lloraron a Kirchner. La escenografía fue adecuada, no rimbombante, cálida. Nimia la presencia policial. La marca del homenaje fue el discurrir de personas de todo el abanico social. Desde el primer minuto le transmitieron solidaridad a Cristina Kirchner, sustento político y un mandato sencillo de interpretar.
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La irrupción de la muerte: El devenir económico era previsible, si se analizaba sin prejuicios obtusos ni anteojeras. La primacía política del kirchnerismo era factible, sí que supeditada a su desempeño y el de los contrincantes: todos jugaron para el local. En los últimos meses irrumpió lo inesperado. Para peor, lo más cruel e irreparable: la muerte. La desaparición de Néstor Kirchner, de la que se habla también en nota aparte. Y los asesinatos por violencia política o policial: en Barracas, en Formosa, en el Parque Indoamericano. Quedó atrás o por lo menos muy mellado, un acierto de los gobiernos kirchneristas: la no represión de la protesta social. Mecanismo inteligente como catarsis ante la malaria y el descrédito de la política, se fue herrumbrando ante la propagación de reclamos muy lesivos, eventualmente violentos. La sociedad “le tomó la mano” al recurso y la metodología oficial comenzó a hacer agua. Corrió sangre debida a brutalidad policial, a la de un gobierno provincial peronista y a la de una patota sindical a la que la Federal dejó hacer.
En el caso de Mariano Ferreyra, los tribunales actuaron bien, la investigación avanza. En los otros prima la opacidad.
La Presidenta asumió que debía cambiar drásticamente la política de Seguridad, renovar los cuadros de conducción de la Federal. Poner al poder político a conducir a los uniformados. Nombró a Nilda Garré, una ministra con condiciones para esa labor titánica. Es un buen comienzo, son pasos necesarios para una reforma que, si anda bien, insumirá años.
El reflejo de jugarse a fondo, de politizar la cuestión, de apelar a cuadros garantistas y valientes es el mejor estilo “K”. Que divide aguas, sin duda, concitando la aprobación de quienes hacen y leen este diario.
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Las brechas del “modelo”: Los crímenes, tal vez, pudieron evitarse. Hubo provocadores y aprovechados. Esos árboles deben ser podados pero no impedir ver el bosque: los problemas laborales y sociales que los detonaron son tangibles, injustos, acuciantes. El kirchnerismo se prendó de un esquema laborista, que imaginariamente cerraba un círculo virtuoso: incitación de la demanda, mercado interno activo, generación de empleo. En el siglo XXI el modelo dejó flancos vacantes. Hubo trabajadores que con empleo no podían parar la olla y quedaron relegados los informales.
La Asignación Universal por Hijo inyectó ingresos en los hogares más desfavorecidos. Un decreto presidencial a fin de año amplió el universo de beneficiarios, sumando a los hijos de trabajadores de temporada. Cientos de miles de ciudadanos bajitos serán beneficiarios de la reforma que debería profundizarse despejando requisitos burocráticos excesivos que dejan afuera a otros pibes. El producido social de la AUH es, aun restando incorporaciones, inmenso.
Ahora hay casi pleno empleo y tienen ingresos seguros muchos entre los más desvalidos, eran dos utopías inalcanzables hace siete años. En un estadio superior, quedan necesidades básicas insatisfechas para demasiados argentinos: vivienda digna, transporte no infamante, trabajo decente con toda la tutela legal. Los reclamos brotaron con virulencia, en algún ejemplo con mala fe, los derechos pendientes de satisfacción son realidad.
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Mi lugar es acá: Argentina tiene su lugar en el mundo, el que siempre debió ser: la América del Sur. Esta región atraviesa una etapa única, con preeminencia de gobiernos populares, de centroizquierda o populistas, intervencionistas en economía, atentos a las demandas populares, chúcaros ante los poderes centrales y las doctrinas neoconservadoras. Los gobiernos kirchneristas funcionaron, como jamás se vio antes, en sintonía con la potencia regional, Brasil. Cooperaron activamente para mantener la paz en el vecindario, se convirtieron en la referencia principal para países hermanos que antes miraban al centro del mundo. Sincronizaron para desendeudarse con el Fondo Monetario Internacional casi al unísono, para implicarse a fondo en defensa de la estabilidad democrática de Honduras, Ecuador y Bolivia, para decirle “No (y chau) al ALCA” en Mar del Plata, para reconocer al Estado palestino.
Destino sudamericano con democracias vibrantes, jaqueadas por coaliciones entre fuerzas de derecha y grandes medios de difusión. Hay crecimiento económico sostenido, lleva muchos años. La condición de los sectores populares ha mejorado sensiblemente pero se arrancó de muy abajo y queda mucho por hacer. El crecimiento, en trazos generales, no palió la desigualdad. América del Sur sigue siendo el lugar más desigual del planeta.
En ese contexto, auspicioso pero pleno de rémoras y carencias, debe leerse la coyuntura nacional. No somos el ornitorrinco del mundo, ni de América del Sur, ni los inventores de un sistema económico hiperdiferente. Los adversarios del kirchnerismo se equivocan feo cuando abjuran en block de todo lo hecho y proponen un vuelco o a una regresión, demasiado a menudo sin explicar el nuevo rumbo. Quizá el único que lo insinúa con franqueza es el Jefe de Gobierno Mauricio Macri: un giro reaccionario de derecha, con aplicaciones clasistas y xenófobas.
El oficialismo acierta en el rumbo aunque a menudo endiosa en exceso al “modelo”. El esquema económico sirvió para salir de la crisis aparentemente irremisible, elevó la condición de vida de casi toda la población, empoderó a sectores de trabajadores, mejoró los niveles de empleo, amplió la masa de jubilados, disminuyó la pobreza. Es un montón, nunca es bastante. Subsisten asimetrías formidables, incluso al interior de la clase trabajadora. Proliferan demandas soterradas aunque (o mejor, porque) se transitó del infierno al Purgatorio.
La desigualdad subleva acaso más en las pampas que en países linderos. Acá hay memoria de tiempos cercanos mejores en paridad y en movilidad social. En otras comarcas no existió ese pasado evocable y frustrante. El igualitarismo propio de la sociedad argentina, la capacidad de lucha y de protesta de su sociedad civil dinamizan las demandas y las movilizaciones. Muchas conquistas se han logrado, antaño y hoy, en las calles o vía acción directa. Es clavado que quienes son “perdedores relativos” del actual modelo emerjan a reclamar sus derechos, tumultuosos y desafiantes.
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Los números y las urnas: Los números corroboran cuánto se avanzó. Basta repasar los datos duros de crecimiento, empleo, salario real, indicadores sociales. También la cantidad de represores procesados y condenados, la de provincias en las que se dictaron sentencias ejemplares.
Datos impresionistas ratifican la percepción. Ya se mentó al Bicentenario, el cronista agregaría con qué templanza absorbió un país futbolero la eliminación en el Mundial. El consumo cotidiano, los festejos de fin de año, las vacaciones a todo trapo en las plazas turísticas de una, dos, tres, cuatro o cinco estrellas. Hay que evocar cómo se recibía el fin de año a principios de este siglo. También, cuando se magnifica la ausencia de billetes por tres días en los cajeros automáticos, internalizar que hace nueve años (y no un siglo) los ahorros habían sido birlados y con poca antelación confiscadas las jubilaciones y reducidos los salarios. Es tonificante que gentes de derecha se conmuevan por los mercerizados (siempre que no sean los conchabados por Clarín o Techint), corresponde asumir que la desflexibilización es una cuesta arriba a partir de las tropelías consumadas entre 1989 y 2001.
Los guarismos de intención de voto son satisfactorios para el oficialismo. Cristina Fernández de Kirchner está en la mejor posición relativa de su mandato, al menos desde marzo de 2008. No tiene la victoria comprada como Carlos Menem cuando fue reelegido o ella misma en 2007. Pero dista más de estar derrotada un año antes, como le pasó al radicalismo en 1988 o al menemismo en 1998 o a Fernando de la Rúa antes de cumplir dos años de gestión. Sus adversarios lucen más dispersos y menos papábiles que el peronismo menemista o la Alianza, en sus buenos momentos.
Este año votará el pueblo soberano en ese asombroso día en que todos los ciudadanos valen uno. De momento, la primera minoría movilizada, ratificada por movilizaciones emocionantes y masivas y con apoyos cualitativos incomparables, conserva la pole position.
El 2011 será un año decisivo. Lula deja la presidencia, Kirchner no estará. Son dos protagonistas que marcaron una etapa de despegue, difíciles de reemplazar. Sus banderas, sus legados sí que merecen un brindis y, piensa el cronista, una revalidación que en Brasil ya se dio y que acá depende del veredicto popular.
Balance sin frutas abrillantadas 2010
Por José Natanson
Para Página 12
2 de enero de 2011
El fin de año fuerza los balances. Al cierre del 2009 escribí en Página/12 una nota (“Balance sin frutas abrillantadas”) en la que afirmaba que el Gobierno había comenzado el año en baja, con el fracaso en las elecciones del 28 de junio, y lo había terminado bien, con la sanción de la ley de medios y el anuncio de la Asignación Universal. En el camino, el kirchnerismo se había convertido en una “minoría intensa”, la expresión de un sector cuantitativamente minoritario pero dotado de un programa y un líder y un proyecto (en ese entonces, Néstor 2011). Agregaba, sin embargo, que un gobierno puede apoyarse en una minoría social para administrar la coyuntura y que hay miles de ejemplos de “patos rengos” que transitan con relativa calma el final de sus mandatos, incluso uno argentino y no muy lejano, el Carlos Menem 1997-1999. Pero como el kirchnerismo nunca estuvo dispuesto a simplemente gestionar el Estado, nadie podía razonablemente pensar que se limitaría a flotar en paz hasta octubre del 2011. Y como ningún proyecto verdaderamente popular puede proponerse realizar transformaciones importantes sin contar con el respaldo de las mayorías, el éxito oficial se cifraría en su capacidad para, a partir del firme soporte de ese núcleo minoritario, expandir su influencia a otros sectores sociales. Ese era, para mí, el gran desafío del año que comenzaba.
El 2010 fue el año en el que el kirchnerismo consolidó la recuperación iniciada en 2009: hoy sigue siendo una primera minoría, no menos intensa pero bastante expandida. ¿Cómo consiguió semejante cosa? En primer lugar, por su capacidad para retener el control de PJ a pesar del desafío planteado por el peronismo disidente. Hoy suena absurdo, pero tras la derrota en las elecciones de junio una fuga masiva de dirigentes era una posibilidad cierta. Los recursos del Estado, que el Gobierno ha utilizado con indudable habilidad para, digamos, persuadir a aliados, seguramente desempeñaron un papel, pero también hay que señalar la incapacidad del PJ emigrado para plantear una alternativa más o menos convincente y los éxitos políticos del oficialismo, tanto en el debate parlamentario como en la opinión pública, que habrán convencido a más de uno de la inconveniencia de pegar el salto. Más que la obra pública o el discurso, el éxito es el principal mecanismo de persuasión política.
El kirchnerismo también logró mantener su alianza con la CGT y el control de la calle. Los episodios de las últimas semanas, del Indoamericano al Club Albariño, no deberían confundir: allí se mezclaron intentos organizados de ocupación de espacios públicos con el accionar de delincuentes más o menos lumpenizados y más o menos politizados, sobre una base de reclamos sociales muy genuinos. Pero a pesar de estos sucesos y de otros que seguramente vendrán, no existe un actor político o social capaz de disputarle la calle al Gobierno. Si se mira bien, quien estuvo más cerca de lograrlo no fue ni el movimiento de okupas ni la microizquierda trotskista sino las corporaciones rurales, allá por el 2008.
Pero la recuperación oficial no descansa sólo en su capacidad para anudar aliados sino también en su incansable iniciativa política. Si el 2009 estuvo marcado por dos decisiones de fuerte contenido transformador, la ley de medios y la Asignación Universal, el 2010 incluyó medidas menos espectaculares pero tendientes a la normalización de la situación externa del país (el fin del corte en Gualeguaychú, el canje del último tramo de la deuda en default y el pago al Club de París), junto con decisiones económicas de peso –la utilización de reservas para el pago de la deuda– que derivaron en cambios de funcionarios importantes –Mercedes Marcó del Pont en lugar de Martín Redrado–.
Algunas de estas iniciativas, sin duda positivas, no han sido lo suficientemente institucionalizadas: la designación de Marcó del Pont no ha sido acompañada por una reforma al tono de la Carta Orgánica del Central, del mismo modo que la Asignación Universal no se ha convertido en ley (como explica bien Daniel Arroyo, el riesgo no es que un gobierno socialmente insensible elimine el subsidio, algo difícil de encarar políticamente, sino que cierre el padrón de beneficiarios, como ocurrió con el Plan Jefas de Hogar). En ambos casos, se trata de darles un marco institucional sólido a decisiones que ya se encuentran vigentes. Y en esta línea la creación del Ministerio de Seguridad, la última novedad importante del año, abre la posibilidad de realizar cambios normativos que confirmen la nueva orientación en el manejo de la fuerza pública, en sintonía con los que Nilda Garré ya implementó en las Fuerzas Armadas.
Antes de continuar, un comentario de estilo: la autocita es un recurso que debe usarse con prudencia, para no saturar a los lectores y mantener controlado el ego del columnista. Pero con la excusa del fin de año y tras unas copas, nos permitimos cierto abuso. En la nota mencionada al comienzo de este artículo citaba al politólogo Joseph Nye, de la Universidad de Harvard, y su clásica distinción entre el “poder duro” –aquel que se vale de la fuerza militar o la presión económica– y el “poder blando” –que descansa en la persuasión cultural o ideológica–. Decía a fines del 2009 que la estrategia del kirchnerismo para expandir su base de apoyos parecía limitarse a ofrecer una buena perspectiva económica (de la Asignación Universal a la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias), en una reedición en clave de marxismo patagónico de la vieja tesis materialista de que la estructura económica determina el comportamiento político-ideológico. El kirchnerismo descuidaba, creía yo, los aspectos “blandos” de la gestión.
Los festejos del Bicentenario demostraron que estaba equivocado o que el Gobierno revisó este punto. Aun con las críticas que se le pueden formular al enfoque histórico elegido, el Bicentenario fue una celebración masiva, colorida y pacífica. Poco después, la ley de casamiento igualitario fue, además de un acto de justicia, una jugada política que le permitió al kirchnerismo situarse en el costado más progresista del debate público, descolocando a adversarios y acercándose a un sector importante de la sociedad. La política de medios, errática por años, también avanza (la semana pasada se lanzó el canal del Incaa), y subraya por contraste la ausencia de una política cultural más inclusiva, que repare en fenómenos que el mismo kirchnerismo ha generado, como la activación política de un sector de la juventud y su reconciliación con segmentos nada desdeñables de la clase media (a los que, insistamos, no tiene sentido seguir machacándoles con los greatest hits de Jauretche). En este cómputo de iniciativas inmateriales, la intervención del Indec es quizá la gran asignatura pendiente.
El último factor que contribuyó a la recuperación del oficialismo fue la atonía de la oposición. Luego de su rotundo triunfo en los comicios de junio y de un primer golpe de efecto (el reparto de comisiones que dio inicio al Grupo A), el no kirchnerismo se enredó en una serie interminable de internas y conflictos. En su agenda para el 2010 figuraban iniciativas de alto impacto, como la reforma del Consejo de la Magistratura o un cambio en el régimen de retenciones, de las cuales sólo logró imponer el 82 por ciento móvil (el único veto en la tan anunciada conversión de Cristina en una vetadora serial). En ese universo heterogéneo que hoy es la oposición, dos candidatos aparecen con más chances de enfrentar al oficialismo: Mauricio Macri, que pese a los desmanejos de su gestión conserva una buena imagen y que podría contar con el apoyo de retazos del PJ disidente, y Ricardo Alfonsín, la estrella en ascenso del radicalismo. De que la competencia política se organice en torno de un eje ideológico (derecha-izquierda) o partidario (peronismo-radicalismo) dependerá que uno o el otro se conviertan en el principal adversario del Gobierno.
El balance político del año se recorta sobre el fondo de una economía que reproduce la ecuación K de alto crecimiento con alta inflación, en el marco de un boom de consumo inédito. El fin de semana pasado, la sucursal de San Telmo de una conocida heladería no vendía vasitos ni cucuruchos. Los vendedores argumentaban que tenían instrucciones de “privilegiar a los que compran a partir de dos kilos” (y eso que el vasito más chico costaba ¡quince pesos!). Y junto al auge del consumo, que abarrota los mediocres pero carísimos hoteles de la costa y las estaciones de servicio, el fondo sentimental generado por la muerte del ex presidente: despejadas las dudas acerca de la supervivencia del kirchnerismo tras la desaparición de su soporte biológico, queda el interrogante acerca del impacto emocional generado por el fallecimiento del líder, cuyas consecuencias resulta imposible estimar.
En todo caso, el panorama incluye a un oficialismo fortalecido y consolidado, una economía ordenada y en crecimiento y una oposición dispersa. No todo está dicho: como quedó claro en las últimas semanas, de Formosa a Constitución, los déficits sociales acumulados, las estructuras políticas oxidadas y los agujeros de la gestión pueden aparecer en cualquier momento, incluso bajo la forma del estallido y la violencia. Pero si esta perspectiva se consolida, y con la cautela con la que cabe pronunciarse en un país como el nuestro, podríamos encontrarnos, por primera vez desde 1983, con un ciclo político de tres mandatos: ni Menem lo hizo. Buscando ejemplos, quizá la trayectoria más parecida sea la de Lula: en 2005, cuando finalizaba su primer período, el presidente brasileño enfrentó una serie de escándalos de corrupción encadenados que le costaron todo un gabinete y que casi derivan en un impeachment, pese a lo cual logró recuperarse, ganar su reelección y gestionar un exitosísimo segundo mandato, clave para el éxito de Dilma Rousseff en las elecciones de octubre. De la capacidad del oficialismo para seguir expandiendo su base de apoyo dependerá que triunfe en esta tarea.
Mientras tanto, continuaremos con la campaña de cada año: por un pan dulce sin frutas abrillantadas.
Para Página 12
2 de enero de 2011
El fin de año fuerza los balances. Al cierre del 2009 escribí en Página/12 una nota (“Balance sin frutas abrillantadas”) en la que afirmaba que el Gobierno había comenzado el año en baja, con el fracaso en las elecciones del 28 de junio, y lo había terminado bien, con la sanción de la ley de medios y el anuncio de la Asignación Universal. En el camino, el kirchnerismo se había convertido en una “minoría intensa”, la expresión de un sector cuantitativamente minoritario pero dotado de un programa y un líder y un proyecto (en ese entonces, Néstor 2011). Agregaba, sin embargo, que un gobierno puede apoyarse en una minoría social para administrar la coyuntura y que hay miles de ejemplos de “patos rengos” que transitan con relativa calma el final de sus mandatos, incluso uno argentino y no muy lejano, el Carlos Menem 1997-1999. Pero como el kirchnerismo nunca estuvo dispuesto a simplemente gestionar el Estado, nadie podía razonablemente pensar que se limitaría a flotar en paz hasta octubre del 2011. Y como ningún proyecto verdaderamente popular puede proponerse realizar transformaciones importantes sin contar con el respaldo de las mayorías, el éxito oficial se cifraría en su capacidad para, a partir del firme soporte de ese núcleo minoritario, expandir su influencia a otros sectores sociales. Ese era, para mí, el gran desafío del año que comenzaba.
El 2010 fue el año en el que el kirchnerismo consolidó la recuperación iniciada en 2009: hoy sigue siendo una primera minoría, no menos intensa pero bastante expandida. ¿Cómo consiguió semejante cosa? En primer lugar, por su capacidad para retener el control de PJ a pesar del desafío planteado por el peronismo disidente. Hoy suena absurdo, pero tras la derrota en las elecciones de junio una fuga masiva de dirigentes era una posibilidad cierta. Los recursos del Estado, que el Gobierno ha utilizado con indudable habilidad para, digamos, persuadir a aliados, seguramente desempeñaron un papel, pero también hay que señalar la incapacidad del PJ emigrado para plantear una alternativa más o menos convincente y los éxitos políticos del oficialismo, tanto en el debate parlamentario como en la opinión pública, que habrán convencido a más de uno de la inconveniencia de pegar el salto. Más que la obra pública o el discurso, el éxito es el principal mecanismo de persuasión política.
El kirchnerismo también logró mantener su alianza con la CGT y el control de la calle. Los episodios de las últimas semanas, del Indoamericano al Club Albariño, no deberían confundir: allí se mezclaron intentos organizados de ocupación de espacios públicos con el accionar de delincuentes más o menos lumpenizados y más o menos politizados, sobre una base de reclamos sociales muy genuinos. Pero a pesar de estos sucesos y de otros que seguramente vendrán, no existe un actor político o social capaz de disputarle la calle al Gobierno. Si se mira bien, quien estuvo más cerca de lograrlo no fue ni el movimiento de okupas ni la microizquierda trotskista sino las corporaciones rurales, allá por el 2008.
Pero la recuperación oficial no descansa sólo en su capacidad para anudar aliados sino también en su incansable iniciativa política. Si el 2009 estuvo marcado por dos decisiones de fuerte contenido transformador, la ley de medios y la Asignación Universal, el 2010 incluyó medidas menos espectaculares pero tendientes a la normalización de la situación externa del país (el fin del corte en Gualeguaychú, el canje del último tramo de la deuda en default y el pago al Club de París), junto con decisiones económicas de peso –la utilización de reservas para el pago de la deuda– que derivaron en cambios de funcionarios importantes –Mercedes Marcó del Pont en lugar de Martín Redrado–.
Algunas de estas iniciativas, sin duda positivas, no han sido lo suficientemente institucionalizadas: la designación de Marcó del Pont no ha sido acompañada por una reforma al tono de la Carta Orgánica del Central, del mismo modo que la Asignación Universal no se ha convertido en ley (como explica bien Daniel Arroyo, el riesgo no es que un gobierno socialmente insensible elimine el subsidio, algo difícil de encarar políticamente, sino que cierre el padrón de beneficiarios, como ocurrió con el Plan Jefas de Hogar). En ambos casos, se trata de darles un marco institucional sólido a decisiones que ya se encuentran vigentes. Y en esta línea la creación del Ministerio de Seguridad, la última novedad importante del año, abre la posibilidad de realizar cambios normativos que confirmen la nueva orientación en el manejo de la fuerza pública, en sintonía con los que Nilda Garré ya implementó en las Fuerzas Armadas.
Antes de continuar, un comentario de estilo: la autocita es un recurso que debe usarse con prudencia, para no saturar a los lectores y mantener controlado el ego del columnista. Pero con la excusa del fin de año y tras unas copas, nos permitimos cierto abuso. En la nota mencionada al comienzo de este artículo citaba al politólogo Joseph Nye, de la Universidad de Harvard, y su clásica distinción entre el “poder duro” –aquel que se vale de la fuerza militar o la presión económica– y el “poder blando” –que descansa en la persuasión cultural o ideológica–. Decía a fines del 2009 que la estrategia del kirchnerismo para expandir su base de apoyos parecía limitarse a ofrecer una buena perspectiva económica (de la Asignación Universal a la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias), en una reedición en clave de marxismo patagónico de la vieja tesis materialista de que la estructura económica determina el comportamiento político-ideológico. El kirchnerismo descuidaba, creía yo, los aspectos “blandos” de la gestión.
Los festejos del Bicentenario demostraron que estaba equivocado o que el Gobierno revisó este punto. Aun con las críticas que se le pueden formular al enfoque histórico elegido, el Bicentenario fue una celebración masiva, colorida y pacífica. Poco después, la ley de casamiento igualitario fue, además de un acto de justicia, una jugada política que le permitió al kirchnerismo situarse en el costado más progresista del debate público, descolocando a adversarios y acercándose a un sector importante de la sociedad. La política de medios, errática por años, también avanza (la semana pasada se lanzó el canal del Incaa), y subraya por contraste la ausencia de una política cultural más inclusiva, que repare en fenómenos que el mismo kirchnerismo ha generado, como la activación política de un sector de la juventud y su reconciliación con segmentos nada desdeñables de la clase media (a los que, insistamos, no tiene sentido seguir machacándoles con los greatest hits de Jauretche). En este cómputo de iniciativas inmateriales, la intervención del Indec es quizá la gran asignatura pendiente.
El último factor que contribuyó a la recuperación del oficialismo fue la atonía de la oposición. Luego de su rotundo triunfo en los comicios de junio y de un primer golpe de efecto (el reparto de comisiones que dio inicio al Grupo A), el no kirchnerismo se enredó en una serie interminable de internas y conflictos. En su agenda para el 2010 figuraban iniciativas de alto impacto, como la reforma del Consejo de la Magistratura o un cambio en el régimen de retenciones, de las cuales sólo logró imponer el 82 por ciento móvil (el único veto en la tan anunciada conversión de Cristina en una vetadora serial). En ese universo heterogéneo que hoy es la oposición, dos candidatos aparecen con más chances de enfrentar al oficialismo: Mauricio Macri, que pese a los desmanejos de su gestión conserva una buena imagen y que podría contar con el apoyo de retazos del PJ disidente, y Ricardo Alfonsín, la estrella en ascenso del radicalismo. De que la competencia política se organice en torno de un eje ideológico (derecha-izquierda) o partidario (peronismo-radicalismo) dependerá que uno o el otro se conviertan en el principal adversario del Gobierno.
El balance político del año se recorta sobre el fondo de una economía que reproduce la ecuación K de alto crecimiento con alta inflación, en el marco de un boom de consumo inédito. El fin de semana pasado, la sucursal de San Telmo de una conocida heladería no vendía vasitos ni cucuruchos. Los vendedores argumentaban que tenían instrucciones de “privilegiar a los que compran a partir de dos kilos” (y eso que el vasito más chico costaba ¡quince pesos!). Y junto al auge del consumo, que abarrota los mediocres pero carísimos hoteles de la costa y las estaciones de servicio, el fondo sentimental generado por la muerte del ex presidente: despejadas las dudas acerca de la supervivencia del kirchnerismo tras la desaparición de su soporte biológico, queda el interrogante acerca del impacto emocional generado por el fallecimiento del líder, cuyas consecuencias resulta imposible estimar.
En todo caso, el panorama incluye a un oficialismo fortalecido y consolidado, una economía ordenada y en crecimiento y una oposición dispersa. No todo está dicho: como quedó claro en las últimas semanas, de Formosa a Constitución, los déficits sociales acumulados, las estructuras políticas oxidadas y los agujeros de la gestión pueden aparecer en cualquier momento, incluso bajo la forma del estallido y la violencia. Pero si esta perspectiva se consolida, y con la cautela con la que cabe pronunciarse en un país como el nuestro, podríamos encontrarnos, por primera vez desde 1983, con un ciclo político de tres mandatos: ni Menem lo hizo. Buscando ejemplos, quizá la trayectoria más parecida sea la de Lula: en 2005, cuando finalizaba su primer período, el presidente brasileño enfrentó una serie de escándalos de corrupción encadenados que le costaron todo un gabinete y que casi derivan en un impeachment, pese a lo cual logró recuperarse, ganar su reelección y gestionar un exitosísimo segundo mandato, clave para el éxito de Dilma Rousseff en las elecciones de octubre. De la capacidad del oficialismo para seguir expandiendo su base de apoyo dependerá que triunfe en esta tarea.
Mientras tanto, continuaremos con la campaña de cada año: por un pan dulce sin frutas abrillantadas.
sábado, 1 de enero de 2011
Cuando la muerte se viste de mujer
Mirta Antón es una de las pocas mujeres que fueron reconocidas por sobrevivientes del terrorismo de Estado como integrante de las patotas dedicadas al secuestro y exterminio. Ex policía, activa hasta hace poco, fue condenada por tormentos agravados a siete años de prisión efectiva.
Por Sebastian Puechagut
Para Página 12
1 de enero de 2011
Desde Cordoba
El apogeo de la represión en Córdoba comenzó antes del golpe. Las bandas policiales tenían asignado su coto de caza y el Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba (D2) era su centro operativo. Ubicado en pleno centro de la ciudad –entre la catedral y el Cabildo Histórico, a metros la plaza San Martín–, en 2007 pasó a ser la sede del Archivo Provincial de la Memoria.
Esa vieja casona era el luctuoso reino que gobernaba la patota de azul, integrada por algunos de los imputados en la causa “Gontero”, en la que se investigaron los tormentos inflingidos en 1976 a cinco policías y al hermano de uno de ellos. Esta causa fue agrupada con otra mayor, denominada “UP1”, que juzgó a los responsables de 31 asesinatos de presas y presos políticos alojados en la Unidad Penitenciaria Nº1. Conocido como el juicio Videla, fue el juicio por delitos de lesa humanidad con más imputados de la historia argentina.
CUCA
En el banquillo de acusados se mezclaban policías y militares. Salvo los rostros más conocidos (Videla, Menéndez, Yanicelli), ninguno destacaba del resto. Sólo una nota de color resaltaba entre los atuendos oscuros. Sentada en la segunda fila, Mirta Graciela “Cuca” Antón rompió la monotonía exhibiendo coloridos conjuntos primaverales. Esta policía retirada intentaba construir una imagen femenina que resultaba forzada, tanto como cuando declaró su ocupación actual: “ama de casa”.
Mirta Antón ostenta la marca de ser la primera mujer acusada por estos crímenes en Córdoba. Su actuación en el D2 quedó grabada en el recuerdo y en el cuerpo de los detenidos. Pocas mujeres integraron la patota, y si esta diferencia puede establecerse desde una (siempre en cuestión) referencia a la genitalidad, el caso de la Cuca resulta paradigmático y profundamente complejo.
La primera vez que habló frente al tribunal se presentó con irónicas evasivas. Ante la pregunta por su alias negó haber usado el mote de Cuca y afirmó: “Tengo muchísimos apodos: Cheli, Tachula, Chechu... depende los amigos”. La importancia de los apodos no es menor: los represores se identificaban de ese modo ante sus víctimas.
La caracterización de los testigos fue recurrente. Sanguinaria y brutal, se ensañaba en las sesiones de tortura. En ese terrible 1976, Mirta Antón tenía poco más de 20 años y estaba embarazada.
LOS CUERPOS POLITICOS
Una faceta oculta de la represión fue denunciada por primera vez en el juicio Videla: los abusos sexuales que sufrieron las mujeres habían sido clausurados por la vergüenza y el dolor. Pero muchas sobrevivientes denunciaron haber sido sometidas a un régimen que incluía, como práctica sistemática, violaciones acompañadas de insultos denigrantes a su condición femenina. No se trató de delitos de instancia privada, tuvieron un alto componente político: anular y castigar el compromiso social y la militancia de la mujer. Esa perversión genital no tuvo para la Cuca distinciones de género. Humberto Vera dejó en su declaración una imagen que conmovió a toda la sala de audiencias: desnudo en su celda, debió soportar que le aplastara los testículos con el taco alto de sus cuidados zapatos.
Gloria Di Rienzo estuvo poco tiempo detenida en el D2, el suficiente para que su memoria guardara hasta hoy la incomprensible figura de esa joven torturadora. “¿Recuerda alguna mujer en el D2?”, le preguntó el juez cuando brindó su testimonio. La respuesta tardó unos segundos: “Sí, cuando me torturaban ella tenía especial predilección por retorcerme los pezones”. Por esas lesiones pasó 10 días recuperándose en el Policlínco Policial.
Charlie Moore fue un testigo clave. Mantuvo una ambigua relación con sus captores durante los años que estuvo en el D2. Declaró por videoconferencia desde Londres que durante un tiempo fue trasladado con su mujer a la comisaría de Unquillo, y allí conoció los peores tormentos: “No nos daban de comer. A las chicas las tenían desparramadas, todo el tiempo las mojaban, dormían en un charco de agua. Les hicieron un simulacro de fusilamiento. A Mónica la picaneaban, era una tortura para mí y la Cuca se reía, estaba directamente enferma. Después nos llevaron al D2, cuando nos bajaron no podíamos ni caminar”.
Estas marcas en su prontuario prepararon a Mirta Antón para otras acciones. Su desempeño le granjeó el favor de la jerarquía policial, que le asignó el trabajo sucio, incluso en democracia. Muchos la sindican como una de las encargadas de “limpiar” a otros miembros de la fuerza que entorpecían al accionar represivo.
Ha sido mencionada en hechos de amenazas: un testigo de otra causa, el ex policía Jesús González, se suicidó horas antes del inicio del juicio Menéndez II para no incriminar con su relato a miembros del D2. En su teléfono, figuraban llamadas de la Cuca en los días previos a que se quitara la vida.
El hermano de Mirta, Herminio Jesús “Boxer” Antón, fue instructor de la Policía de Córdoba hasta hace sólo una década. También continuó su actividad con ligeras variantes: Germán Kammerath, el recordado delfín menemista que llegó a ser intendente de la ciudad de la mano de José Manuel de la Sota, recorría el trayecto que separaba su palacete de barrio privado hasta el palacio municipal con la escolta segura de Boxer.
CONDENADA
Promediando el juicio, mientras hablaba el imputado Molina insistiendo en desacreditar testigos, Cuca fue presa de un efusivo llanto. La foto ocupó los diarios y Antón habló al otro día: “Soy como una presa política”. Dijo sentirse “muy representada” por los relatos de los ex presos, debido a la “comida y atención médica” que recibía en la cárcel. Su rechazo al presidio es reconocido por miembros del Servicio Penitenciario. Una trabajadora social que asiste al penal oyó sus amenazas en una pelea con otras presas: “¡Si ya me cargué a 8 no voy a tener problemas en llevarme puesta una más!”.
En la tarde del miércoles 22 de diciembre escuchó el dictamen del tribunal. Cuando llegó su sentencia, levantó el largo cuello mirando alrededor con un mezcla de alivio y satisfacción. La querella representada por los abogados Hugo Vaca Narvaja y María Elba Martínez había pedido para Mirta Antón dos décadas de reclusión por “tormentos agravados y privación ilegítima de la libertad”. El juez Jaime Díaz Gavier redujo la pena a 7 años. En medio del festejo generalizado y la conmoción que se vivían en la sala, algunos de los presentes alcanzaron a verla mientras los imputados se levantaban para retirarse. Dicen que se dio vuelta y dirigiéndose al público ensayó un rápido aplauso. Quizá el último gesto público antes de encaminarse a su celda en la Unidad Penitenciaria de Mujeres de Bouwer.
Por Sebastian Puechagut
Para Página 12
1 de enero de 2011
Desde Cordoba
El apogeo de la represión en Córdoba comenzó antes del golpe. Las bandas policiales tenían asignado su coto de caza y el Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba (D2) era su centro operativo. Ubicado en pleno centro de la ciudad –entre la catedral y el Cabildo Histórico, a metros la plaza San Martín–, en 2007 pasó a ser la sede del Archivo Provincial de la Memoria.
Esa vieja casona era el luctuoso reino que gobernaba la patota de azul, integrada por algunos de los imputados en la causa “Gontero”, en la que se investigaron los tormentos inflingidos en 1976 a cinco policías y al hermano de uno de ellos. Esta causa fue agrupada con otra mayor, denominada “UP1”, que juzgó a los responsables de 31 asesinatos de presas y presos políticos alojados en la Unidad Penitenciaria Nº1. Conocido como el juicio Videla, fue el juicio por delitos de lesa humanidad con más imputados de la historia argentina.
CUCA
En el banquillo de acusados se mezclaban policías y militares. Salvo los rostros más conocidos (Videla, Menéndez, Yanicelli), ninguno destacaba del resto. Sólo una nota de color resaltaba entre los atuendos oscuros. Sentada en la segunda fila, Mirta Graciela “Cuca” Antón rompió la monotonía exhibiendo coloridos conjuntos primaverales. Esta policía retirada intentaba construir una imagen femenina que resultaba forzada, tanto como cuando declaró su ocupación actual: “ama de casa”.
Mirta Antón ostenta la marca de ser la primera mujer acusada por estos crímenes en Córdoba. Su actuación en el D2 quedó grabada en el recuerdo y en el cuerpo de los detenidos. Pocas mujeres integraron la patota, y si esta diferencia puede establecerse desde una (siempre en cuestión) referencia a la genitalidad, el caso de la Cuca resulta paradigmático y profundamente complejo.
La primera vez que habló frente al tribunal se presentó con irónicas evasivas. Ante la pregunta por su alias negó haber usado el mote de Cuca y afirmó: “Tengo muchísimos apodos: Cheli, Tachula, Chechu... depende los amigos”. La importancia de los apodos no es menor: los represores se identificaban de ese modo ante sus víctimas.
La caracterización de los testigos fue recurrente. Sanguinaria y brutal, se ensañaba en las sesiones de tortura. En ese terrible 1976, Mirta Antón tenía poco más de 20 años y estaba embarazada.
LOS CUERPOS POLITICOS
Una faceta oculta de la represión fue denunciada por primera vez en el juicio Videla: los abusos sexuales que sufrieron las mujeres habían sido clausurados por la vergüenza y el dolor. Pero muchas sobrevivientes denunciaron haber sido sometidas a un régimen que incluía, como práctica sistemática, violaciones acompañadas de insultos denigrantes a su condición femenina. No se trató de delitos de instancia privada, tuvieron un alto componente político: anular y castigar el compromiso social y la militancia de la mujer. Esa perversión genital no tuvo para la Cuca distinciones de género. Humberto Vera dejó en su declaración una imagen que conmovió a toda la sala de audiencias: desnudo en su celda, debió soportar que le aplastara los testículos con el taco alto de sus cuidados zapatos.
Gloria Di Rienzo estuvo poco tiempo detenida en el D2, el suficiente para que su memoria guardara hasta hoy la incomprensible figura de esa joven torturadora. “¿Recuerda alguna mujer en el D2?”, le preguntó el juez cuando brindó su testimonio. La respuesta tardó unos segundos: “Sí, cuando me torturaban ella tenía especial predilección por retorcerme los pezones”. Por esas lesiones pasó 10 días recuperándose en el Policlínco Policial.
Charlie Moore fue un testigo clave. Mantuvo una ambigua relación con sus captores durante los años que estuvo en el D2. Declaró por videoconferencia desde Londres que durante un tiempo fue trasladado con su mujer a la comisaría de Unquillo, y allí conoció los peores tormentos: “No nos daban de comer. A las chicas las tenían desparramadas, todo el tiempo las mojaban, dormían en un charco de agua. Les hicieron un simulacro de fusilamiento. A Mónica la picaneaban, era una tortura para mí y la Cuca se reía, estaba directamente enferma. Después nos llevaron al D2, cuando nos bajaron no podíamos ni caminar”.
Estas marcas en su prontuario prepararon a Mirta Antón para otras acciones. Su desempeño le granjeó el favor de la jerarquía policial, que le asignó el trabajo sucio, incluso en democracia. Muchos la sindican como una de las encargadas de “limpiar” a otros miembros de la fuerza que entorpecían al accionar represivo.
Ha sido mencionada en hechos de amenazas: un testigo de otra causa, el ex policía Jesús González, se suicidó horas antes del inicio del juicio Menéndez II para no incriminar con su relato a miembros del D2. En su teléfono, figuraban llamadas de la Cuca en los días previos a que se quitara la vida.
El hermano de Mirta, Herminio Jesús “Boxer” Antón, fue instructor de la Policía de Córdoba hasta hace sólo una década. También continuó su actividad con ligeras variantes: Germán Kammerath, el recordado delfín menemista que llegó a ser intendente de la ciudad de la mano de José Manuel de la Sota, recorría el trayecto que separaba su palacete de barrio privado hasta el palacio municipal con la escolta segura de Boxer.
CONDENADA
Promediando el juicio, mientras hablaba el imputado Molina insistiendo en desacreditar testigos, Cuca fue presa de un efusivo llanto. La foto ocupó los diarios y Antón habló al otro día: “Soy como una presa política”. Dijo sentirse “muy representada” por los relatos de los ex presos, debido a la “comida y atención médica” que recibía en la cárcel. Su rechazo al presidio es reconocido por miembros del Servicio Penitenciario. Una trabajadora social que asiste al penal oyó sus amenazas en una pelea con otras presas: “¡Si ya me cargué a 8 no voy a tener problemas en llevarme puesta una más!”.
En la tarde del miércoles 22 de diciembre escuchó el dictamen del tribunal. Cuando llegó su sentencia, levantó el largo cuello mirando alrededor con un mezcla de alivio y satisfacción. La querella representada por los abogados Hugo Vaca Narvaja y María Elba Martínez había pedido para Mirta Antón dos décadas de reclusión por “tormentos agravados y privación ilegítima de la libertad”. El juez Jaime Díaz Gavier redujo la pena a 7 años. En medio del festejo generalizado y la conmoción que se vivían en la sala, algunos de los presentes alcanzaron a verla mientras los imputados se levantaban para retirarse. Dicen que se dio vuelta y dirigiéndose al público ensayó un rápido aplauso. Quizá el último gesto público antes de encaminarse a su celda en la Unidad Penitenciaria de Mujeres de Bouwer.
El líder qom levantó su huelga de hambre tras firmar un preacuerdo
Por Ramiro Barreiro
Para Tiempo Argentino
1 de enero de 2011
El referente de la comunidad formoseña La Primavera se comprometió a no reclamar las tierras en las que se construirá la universidad provincial, y el Estado, a darles otros lotes, restituir los DNI y facilitar el acceso a la salud.
Al cabo de una semana, el líder qom, Félix Díaz, levantó la huelga de hambre que mantenía en 9 de Julio y Avenida de Mayo, luego de arribar a un principio de acuerdo con representantes del gobierno nacional. En la negociación, la comunidad La Primavera no reclamará las tierras donde se va a construir la sede de la Universidad de Formosa y se abrirán mesas de diálogo para que les sean devueltos otros lotes. Asimismo, se firmó un compromiso para que les restituyan los DNI y para facilitarles el acceso a la salud con participación de médicos y parteras indígenas.
Díaz aclaró a Tiempo Argentino que, a pesar del acuerdo firmado, su expectativa “es mínima”, aunque reconoció que la lucha que lideró desde principios de diciembre “generó un contacto para seguir conversando”.
La reunión se realizó en las oficinas del INADI, con su presidente, Claudio Morgado; el viceministro del Interior, Marcio Barbosa Moreira, y el representante de Parques Nacionales, Raúl Chiesa. Durante las seis horas de diálogo se diseñó el documento final que consta de seis puntos y en los que se manifiesta el compromiso del Estado Nacional de regularizar la situación de los DNI quemados durante la represión del 23 de noviembre y de crear un registro civil para la comunidad. Asimismo, se presentará un proyecto de ley para que Parques Nacionales devuelva tierras originarias y sus autoridades se reunirán con Díaz en enero, con el fin de analizar el acceso y utilización del río Pilcomayo por parte de los qom.
El Ministerio de Desarrollo Social, por su parte, deberá hacer un relevamiento territorial para implementar programas sociales en la región. En ese sentido, Díaz pidió que se priorice a las familias más perjudicadas en el conflicto. También se resolverá el histórico problema de inscripciones tardías de nacimiento y Médicos del Mundo trabajará capacitando a los qom en cuestiones de salud.
Finalmente, se abrirá una mesa de diálogo con las autoridades provinciales para articular un mecanismo de solución en cuanto a las tierras comunales, que deberán ser devueltas en un plazo de 60 días a partir de ayer. No obstante, Díaz permanecerá en Buenos Aires hasta que se garantice su seguridad y la de sus hermanos.
Para Tiempo Argentino
1 de enero de 2011
El referente de la comunidad formoseña La Primavera se comprometió a no reclamar las tierras en las que se construirá la universidad provincial, y el Estado, a darles otros lotes, restituir los DNI y facilitar el acceso a la salud.
Al cabo de una semana, el líder qom, Félix Díaz, levantó la huelga de hambre que mantenía en 9 de Julio y Avenida de Mayo, luego de arribar a un principio de acuerdo con representantes del gobierno nacional. En la negociación, la comunidad La Primavera no reclamará las tierras donde se va a construir la sede de la Universidad de Formosa y se abrirán mesas de diálogo para que les sean devueltos otros lotes. Asimismo, se firmó un compromiso para que les restituyan los DNI y para facilitarles el acceso a la salud con participación de médicos y parteras indígenas.
Díaz aclaró a Tiempo Argentino que, a pesar del acuerdo firmado, su expectativa “es mínima”, aunque reconoció que la lucha que lideró desde principios de diciembre “generó un contacto para seguir conversando”.
La reunión se realizó en las oficinas del INADI, con su presidente, Claudio Morgado; el viceministro del Interior, Marcio Barbosa Moreira, y el representante de Parques Nacionales, Raúl Chiesa. Durante las seis horas de diálogo se diseñó el documento final que consta de seis puntos y en los que se manifiesta el compromiso del Estado Nacional de regularizar la situación de los DNI quemados durante la represión del 23 de noviembre y de crear un registro civil para la comunidad. Asimismo, se presentará un proyecto de ley para que Parques Nacionales devuelva tierras originarias y sus autoridades se reunirán con Díaz en enero, con el fin de analizar el acceso y utilización del río Pilcomayo por parte de los qom.
El Ministerio de Desarrollo Social, por su parte, deberá hacer un relevamiento territorial para implementar programas sociales en la región. En ese sentido, Díaz pidió que se priorice a las familias más perjudicadas en el conflicto. También se resolverá el histórico problema de inscripciones tardías de nacimiento y Médicos del Mundo trabajará capacitando a los qom en cuestiones de salud.
Finalmente, se abrirá una mesa de diálogo con las autoridades provinciales para articular un mecanismo de solución en cuanto a las tierras comunales, que deberán ser devueltas en un plazo de 60 días a partir de ayer. No obstante, Díaz permanecerá en Buenos Aires hasta que se garantice su seguridad y la de sus hermanos.
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