DOS MODELOS EN CONFLICTO
Por Hugo Presman
Ya en la Primera Junta se expresaron intereses contrapuestos que representaban dos visiones de país.
Las propuestas enfrentadas de Moreno y Saavedra se continuarían en San Martín y Rivadavia, adversarios viscerales que la historia oficial los ubica como si fueran integrantes de las mismas propuestas.
Por un lado, los comerciantes del puerto de Buenos Aires y los hacendados de la Provincia de Buenos Aires enfrentados con las provincias norteñas con producciones artesanales, embriones de posibles desarrollos industriales, por el otro.
Las terceras en discordia fueron las provincias litoraleñas con intereses parecidos a los de la provincia de Buenos Aires, pero con la exigencia que las rentas de la aduana no sean apropiadas exclusivamente por los porteños y bonaerenses, sino que se distribuyeran equitativamente.
Incluso las políticas hacia el interior serán diferentes según prevalezcan comerciantes o hacendados: los primeros intentarán arrasar el interior para introducir las mercaderías británicas, los segundos las dejarán vegetar sin distribuir las rentas del puerto.
Ambos tendrán una visión territorial balcanizada, lejos de la estrategia latinoamericana de San Martín, Artigas, Dorrego o Felipe Varela.
El enfrentamiento de las dos visiones originó seis décadas de guerras civiles en el país.
La batalla decisiva, en donde paradojalmente no hubo combate, fue Pavón en 1861, el mismo año en que se inicia la guerra de secesión en los EE.UU que concluiría en 1865 con el triunfo del norte industrial.
Aquí en cambio venció el sur agropecuario.
Esto definiría claramente el desarrollo posterior de EE.UU y Argentina.
En nuestro país los conflictos se continuarían hasta 1880, ya convertida en una cacería de las fuerzas de los jefes norteños.
Vencido el posible modelo industrial, cuya expresión más acabada fue el Paraguay, destruido en la infame Guerra de la Triple Alianza, nace el modelo de producción primaria exportadora basada en la complementariedad de nuestra economía con la británica.
Para sustituir la mano de obra local mermada en las guerras civiles y de la independencia, se fomenta una gran inmigración.
En este modelo Argentina es el granero y Gran Bretaña es la expresión de la industria.
El funcionamiento político es extremadamente precario con elecciones limitadas y fraudulentas.
El momento de mayor esplendor del modelo coincidió con el Primer Centenario, caracterizado por vacas gordas y peones flacos, con estado de sitio y ley de residencia para expulsar extranjeros politizados u obreros molestos.
Según el historiador Fernando Devoto: "No se celebraba el pasado, sino que el pasado era una excusa para celebrar el presente" y el optimismo de las clases dominantes aseguraba: "Un país con problemas pero sin problema".
El intento de colonia próspera obligó a desarrollar una infraestructura
ferroviaria y de servicios donde nació una creciente clase media que impuso el voto secreto y obligatorio a través de Hipólito Yrigoyen.
Las crisis del capitalismo (guerra mundial, crisis económica) impidieron el abastecimiento de los productos elaborados y dio lugar a un fruto no deseado: el modelo de sustitución de importaciones.
Se adoptaron, con pragmatismo, medidas proteccionistas contrarias a las posiciones ideológicas de las clases dominantes mentoras del librecambio.
Los descendientes de los derrotados en las guerras civiles migraron hacia la capital atraídos por la demanda laboral, y un cálido día del mes de octubre, avanzaron hacia la capital desde los establecimientos fabriles, se mojaron sus pies cansados en la fuente de Plaza de Mayo y cambiaron la historia.
El peronismo es la cara y la expresión del nuevo modelo, el intento de realizar una revolución burguesa basada en el mercado interno, construido a través de la distribución del ingreso y la constitución de poderosos sindicatos.
En su primer gobierno, Perón tuvo el apoyo de los trabajadores, franjas de clase media, burguesía industrial, ejército e iglesia.
En el segundo, perdió el apoyo de sectores del ejército y de la totalidad de la iglesia que junto con la mayoría de las clases medias pasó a la oposición.
El modelo creado fue la obsesión del establishment y destruirlo fue una cruzada.
Se lo intentó demoler en dos golpes militares: el de 1955 y el 1966 recurriendo desde los bombardeos al pueblo en Plaza de Mayo, hasta los fusilamientos clandestinos y las proscripciones.
Se hirió al modelo sin poder apartar a los sectores populares de su líder el que finalmente montado en una radicalización de la sociedad, llegó a la Presidencia.
Perón gobernó un escenario que parecía un brioso corcel, con el apoyo anteriormente inédito de los jóvenes de clase media.
Su muerte abrió las puertas del enfrentamiento descarnado.
El establishment y su brazo armado decidieron dar un golpe potenciado en
relación a los dos anteriores y destruir definitivamente al modelo arrasando
a la industria y asesinando delegados de fábrica a través del terrorismo de
estado.
Lo que quedó pendiente en el arrasamiento, lo concluyó Menem con apoyo
popular.
Surgió el modelo de rentabilidad financiera basado en hacer dinero
especulando con el dinero.
Todo esto terminó con la peor crisis económica y social del país.
Después de 19 y 20 de diciembre del 2001, expresión social del estallido económico, hubo un cambio, primero en el lenguaje y luego en los hechos.
Llegamos al segundo bicentenario, tratando de dejar atrás el modelo de
rentabilidad financiera, retomando algunas líneas fundamentales del modelo de sustitución de importaciones, pero con un fuerte componente de economía primaria exportadora en donde el modelo sojero y minero son estrellas rutilantes.
El camino es duro y revertir el largo proceso de destrucción sistemática
exige un esfuerzo ciclópeo.
Basta dar dos ejemplos: en 1914 la red ferroviaria, diseñada en forma de embudo hacia Buenos Aires superaba los 33.000 kilómetros.
Hoy se explotan 8.000. Más del 60% del área sembrada es de soja que se utiliza para alimentar a los cerdos chinos.
A pesar de todo y porque la noche más oscura ha quedado atrás, en un contexto continental muy favorable, se han retomado las grandes banderas de la unidad latinoamericana que levantaron los libertadores del siglo XIX.
La Argentina desarrolla su historia con marchas y contramarchas.
Ningún modelo ha podido consolidarse definitivamente.
Hasta que no se imponga el modelo que nos acerque al futuro y que pueda incluir a todos los argentinos en su seno, las contramarchas no estarán desterradas.
A diferencia del escepticismo final de Bolívar, las mayorías populares
latinoamericanas esperan que esta vez, no se vaya a arar en el mar.
Es posible, tal vez, que se esté más cerca del optimismo de Artigas, enfermo, exiliado y próximo a morir quién solicitó: -Amanece, ensíllenme el caballo.
HP/
23-12-2010
TODOS LOS LOS DERECHOS RESERVADOS . Hugo Presman. Para publicar citar la
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Puede visitar nuestro blog http://www.presmanhugo.blogspot.com/
ESCUCHE DE LUNES A JUEVES DE 20 A 21,00 HORAS, POR AM 770 RADIO
COOPERATIVA, EL TREN,
CONDUCIDO POR: GERARDO YOMAL Y HUGO PRESMAN.
lunes, 27 de diciembre de 2010
domingo, 26 de diciembre de 2010
Volver a vivir
Con trabajadores de otros ferrocarriles, el partido “Obrero” realizó el corte en Avellaneda que provocó los disturbios en Constitución. Sobre el grave problema del acceso a la tierra urbana se montan otras operaciones políticas de desgaste. Tanto los obreristas como el ex senador Duhalde intentan revivir las jornadas de diciembre de 2001, pero sólo logran conatos aislados y fugaces, en un país volcado al consumo y el esparcimiento.
Por Horacio Verbitsky
Para Página 12
26 de diciembre de 2010
Los trabajadores tercerizados de la línea Roca que negocian su incorporación plena a la empresa ferroviaria no participaron en el corte de vías del jueves a la altura de Avellaneda. El acampe en las vías fue organizado por un pequeño grupo de dirigentes del partido “Obrero”, que trajo para ello a trabajadores tercerizados de otras líneas. El corte interrumpió el servicio y dio lugar a bien preparados disturbios en Constitución, cuando los obreros que intentaban regresar a sus casas llegaron a la terminal y fueron informados de que no corrían los trenes. Un compacto grupo de jóvenes comenzó la pedrea, a la que luego se sumaron algunos pasajeros, indignados por la imposibilidad de viajar. No queda claro si los primeros atacantes pertenecían al mismo grupo que los responsables del corte, porque actuaron sin ninguna identificación ostensible y porque en general el partido “Obrero” reivindica sus acciones.
Mil y sesenta
El 20 de octubre, luego de un similar intento de corte fue asesinado el estudiante Mariano Ferreyra y herida la trabajadora informal Elsa Rodríguez. La conmoción por el episodio aceleró las negociaciones que esos trabajadores venían realizando en el ministerio de Trabajo de la Nación. En esa mesa se había acordado que el lunes 20 el ministerio firmaría la resolución por la cual a partir del 1 de enero un millar de trabajadores tercerizados pasarían a la planta permanente de la empresa principal. En varias de las cooperativas truchas creadas para reducir costos laborales participan familiares de dirigentes del gremio, como su secretario general desde hace dos décadas José Pedraza. Los trabajadores cobran la mitad que los ferroviarios legales. La diferencia la paga el subsidio estatal y la embolsan los sindicalistas empresarios. Sólo se prolonga el desacuerdo sobre sesenta personas que, según la empresa, no pueden pasar a la planta permanente porque la limpieza de los baños que realizan es retribuida por las propinas de los usuarios. El Ministerio de Trabajo propuso prorrogar el plazo para el análisis de estos sesenta casos hasta el último día de este año. El resto de los trabajadores tercerizados del Roca ya llenaron los papeles requeridos y pasaron por la revisación médica correspondiente. La firma del documento de alta temprana, que formalizará su carácter de empleados de planta del Estado, estaba prevista para el lunes 20 pero se corrió una semana, aunque sin alterar el momento de la incorporación efectiva. Por eso los trabajadores del Roca habían resuelto aguardar hasta mañana, lunes 27, sin nuevas medidas de fuerza. El partido “Obrero” no aceptó la demora y organizó el corte en Avellaneda con trabajadores tercerizados de las líneas Belgrano Sur y Mitre. El empleado de la Legislatura porteña Néstor Pitrola, que dirige esa agrupación de la clase media radicalizada, participó de los encuentros de urgencia realizados en el Ministerio de Trabajo mientras la temperatura subía hasta los 35° C y aumentaba la afluencia de público a Constitución. Siete dirigentes y activistas de la Unión Ferroviaria están detenidos y procesados por el asesinato de Ferreyra, y la jueza Susana Wilma López debe decidir sobre el pedido de procesamiento del propio Pedraza, formulado por la fiscal Cristina Caamaño antes de pedir licencia para asumir como Secretaria de Gestión Operativa del Ministerio de Seguridad. Esa designación no parece confirmar las consignas del partido “Obrero” acerca de una presunta complicidad del gobierno nacional con Pedraza.
Visera, mochila y pañuelo
Pitrola se levantó de la mesa de negociación a las 18 del jueves, sin que se hubiera llegado a un acuerdo. Minutos después unos veinte hombres jóvenes, que llevaban gorros con visera que dificultaban su identificación, mochilas aptas para cargar piedras y en muchos casos pañuelos poco apropiados para el clima tórrido pero convenientes para cubrirse el rostro, comenzaron a apedrear los cerrados accesos a la terminal ferroviaria, donde una reducida guardia de infantería de la Policía Federal les cerraba el paso. Esa escasa fuerza les vedó el acceso a la estación pero fue insuficiente para impedir que saquearan algunos locales de calzado y de venta de bebidas, cuyas botellas fueron empleadas como proyectiles. Ese grupo emblemático de la paleoizquierda fue pionero de las candidaturas testimoniales y está en campaña contra el gobierno nacional por la ley electoral que las prohíbe, al exigir un piso mínimo de votos que los obreristas no alcanzan. Dada su pureza ideológica les resulta imposible aliarse con otras fuerzas afines, a las que combaten con el mayor entusiasmo. El partido “Obrero” intenta reeditar cada 20 de diciembre las violentas jornadas de 2001. En el aniversario de 2003 un explosivo hizo volar un cesto de papeles en la Plaza de Mayo y causó heridas a 26 manifestantes. Pitrola lo atribuyó al gobierno, pero el dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda Luis D’Elía afirmó que se trató de un autoatentado, dentro de un programa de agitación dirigido a desestabilizar al entonces flamante gobierno de Néstor Kirchner, e involucró en el intento al ex senador Eduardo Duhalde. Hoy como entonces, las sospechas sobre el origen de los actos violentos se van hacia esas direcciones. A ello contribuyó la elección del 20 de diciembre como fecha de lanzamiento de la candidatura presidencial de Duhalde, cuya principal oferta proselitista es el orden alcanzado por medio de la represión.
El discurso del método
En el acto de lanzamiento, al que asistió la esposa castrense Cecilia Pando, que considera presos políticos a los militares procesados, Duhalde coincidió en dos puntos centrales con otro político que ocupó la casa de gobierno sin el auspicio de la voluntad popular, Jorge Rafael Videla, quien leyó su alegato ante el Tribunal Federal que lo juzgó por el asesinato de 31 presos políticos detenidos en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba. Para ambos cultores del hecho consumado los juicios por crímenes de lesa humanidad no son un acto de justicia sino de venganza y la violencia estatal es el principio fundante de la convivencia colectiva. Videla se jactó de haber prestado un “inestimable servicio a la nación agredida facilitando el restablecimiento del orden republicano democrático”. Duhalde dijo que el gobierno había traído la violencia y que él reimplantaría el orden por medio de la represión. Ninguno ha aprendido ni olvidado nada, como el vizconde Chateaubriand decía de los Borbones después de la Revolución Francesa y el imperio de Napoleón. El ex dictador citó el fallo de la Cámara Federal que lo condenó en 1985 para decir que el país vivió una guerra revolucionaria. Pero también recurrió a la justificación teológica, invocando a Santo Tomás de Aquino para caracterizar la represión generalizada que se desató sobre el país como una “guerra justa”. Todo ello fue refutado hace ya 25 años. Los jueces Carlos Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio dijeron entonces que luego de estudiar las disposiciones del derecho de la guerra convencional y de la guerra revolucionaria o subversiva no encontraron ni una sola regla que justificara o exculpara a los autores de los hechos juzgados, ya que el homicidio, la tortura, el robo, el daño indiscriminado, la privación ilegal de la libertad “son antijurídicos para el derecho interno argentino. Son contrarios al derecho de gentes. No encuentran justificación en las normas de cultura. No son un medio justo para un fin justo. Contravienen principios éticos y religiosos”.
Una pequeña diferencia
Un inconveniente difícil de salvar para este volver a vivir que intentan el partido “Obrero” y Duhalde reside en las ostensibles diferencias entre aquel diciembre y éste. Entonces, el establecimiento de un corralito bancario que dejó sin ingresos al sector informal de la economía culminó en forma estrepitosa una recesión de tres años, que destruyó millones de puestos de trabajo y endeudó al país. Los saqueos generalizados de entonces fueron un recurso de última instancia para proveerse de alimentos por parte de personas que en el mes previo habían perdido los precarios empleos con los que sobrevivían. El sindicalismo carecía de peso político y su resistencia a la desprotección de los trabajadores se limitaba a denuncias como la de Hugo Moyano sobre la compra de votos para la aprobación de la ley de precarización laboral. Ahora la desocupación ha retrocedido a niveles de hace tres décadas. La alta inflación no ha hecho mermar el consumo, que bate records cada mes, lo mismo que la producción industrial y la construcción, mientras el país reduce la deuda externa como porcentaje del PIB a su mínimo histórico desde el empréstito Baring de 1826. La Asignación Universal por Hijo se constituyó en el plan de transferencia de ingresos más significativo de la región, según el juicio del organismo de las Naciones Unidas para la región. En 2001 se vivía además una profunda crisis política. Consecuencia de tres gobiernos sucesivos que llegaron al poder con promesas que abandonaron al día siguiente de asumir para dedicarse a viabilizar las políticas de ajuste dictadas por el consenso de Washington, se había impuesto un descreimiento absoluto de la política y de las instituciones. La abstención en los comicios de octubre de aquel año fue la más alta desde que se llevan registros, mientras se instalaba la exigencia de una renovación total de la clase política, en la penetrante consigna “Que se vayan todos”. Ante la imposibilidad de ejercer cualquier control político, el gobierno de la UCR ordenó la represión de las movilizaciones, sin asegurarse de qué forma la ejecutaban las fuerzas policiales y de seguridad, lo cual provocó cuatro decenas de muertos en todo el país.
Se fueron todos
Desde entonces, se fueron casi todos: sólo 27 diputados y senadores actuales ya lo eran en 2001, cruzaron de cámara o fueron sucedidos por un familiar, es decir apenas el 8,2 por ciento. Pero además de la renovación de personal, se produjeron cambios sustanciales de política, que obtienen diferentes respuestas de la sociedad. La frase tantas veces reiterada por Kirchner de que no había llegado a la presidencia para dejar en la puerta sus convicciones está en la base de una recuperación de la estima social por la política como instrumento de transformación, aunque para ello deba confrontar con los poderes fácticos que añoran la situación anterior. Luego de la descontrolada represión en el desalojo del Parque Indoamericano, donde murieron tres personas, la presidente CFK ratificó la consigna de su antecesor en contra del empleo de armas de fuego ante manifestaciones y encaró la postergada reforma de las instituciones policiales, con la creación del Ministerio de Seguridad y la designación a cargo de Nilda Garré. Esa directiva no está exenta de desajustes, como los que se vieron el jueves en Constitución, cuando la pistola reglamentaria de un policía de civil de la comisaría del barrio asomó por debajo de la camisa que usaba para mimetizarse con los manifestantes y detener a quienes arrojaban piedras. Pero no hay comparación posible entre esa situación, que Garré detectó y corregirá, y la de 2001, cuando ni se ponía en tela de juicio el empleo de esos medios letales para enfrentar a personas furiosas pero desarmadas, que no pedían una vivienda o un transporte dignos, sino comer cada día.
Por Horacio Verbitsky
Para Página 12
26 de diciembre de 2010
Los trabajadores tercerizados de la línea Roca que negocian su incorporación plena a la empresa ferroviaria no participaron en el corte de vías del jueves a la altura de Avellaneda. El acampe en las vías fue organizado por un pequeño grupo de dirigentes del partido “Obrero”, que trajo para ello a trabajadores tercerizados de otras líneas. El corte interrumpió el servicio y dio lugar a bien preparados disturbios en Constitución, cuando los obreros que intentaban regresar a sus casas llegaron a la terminal y fueron informados de que no corrían los trenes. Un compacto grupo de jóvenes comenzó la pedrea, a la que luego se sumaron algunos pasajeros, indignados por la imposibilidad de viajar. No queda claro si los primeros atacantes pertenecían al mismo grupo que los responsables del corte, porque actuaron sin ninguna identificación ostensible y porque en general el partido “Obrero” reivindica sus acciones.
Mil y sesenta
El 20 de octubre, luego de un similar intento de corte fue asesinado el estudiante Mariano Ferreyra y herida la trabajadora informal Elsa Rodríguez. La conmoción por el episodio aceleró las negociaciones que esos trabajadores venían realizando en el ministerio de Trabajo de la Nación. En esa mesa se había acordado que el lunes 20 el ministerio firmaría la resolución por la cual a partir del 1 de enero un millar de trabajadores tercerizados pasarían a la planta permanente de la empresa principal. En varias de las cooperativas truchas creadas para reducir costos laborales participan familiares de dirigentes del gremio, como su secretario general desde hace dos décadas José Pedraza. Los trabajadores cobran la mitad que los ferroviarios legales. La diferencia la paga el subsidio estatal y la embolsan los sindicalistas empresarios. Sólo se prolonga el desacuerdo sobre sesenta personas que, según la empresa, no pueden pasar a la planta permanente porque la limpieza de los baños que realizan es retribuida por las propinas de los usuarios. El Ministerio de Trabajo propuso prorrogar el plazo para el análisis de estos sesenta casos hasta el último día de este año. El resto de los trabajadores tercerizados del Roca ya llenaron los papeles requeridos y pasaron por la revisación médica correspondiente. La firma del documento de alta temprana, que formalizará su carácter de empleados de planta del Estado, estaba prevista para el lunes 20 pero se corrió una semana, aunque sin alterar el momento de la incorporación efectiva. Por eso los trabajadores del Roca habían resuelto aguardar hasta mañana, lunes 27, sin nuevas medidas de fuerza. El partido “Obrero” no aceptó la demora y organizó el corte en Avellaneda con trabajadores tercerizados de las líneas Belgrano Sur y Mitre. El empleado de la Legislatura porteña Néstor Pitrola, que dirige esa agrupación de la clase media radicalizada, participó de los encuentros de urgencia realizados en el Ministerio de Trabajo mientras la temperatura subía hasta los 35° C y aumentaba la afluencia de público a Constitución. Siete dirigentes y activistas de la Unión Ferroviaria están detenidos y procesados por el asesinato de Ferreyra, y la jueza Susana Wilma López debe decidir sobre el pedido de procesamiento del propio Pedraza, formulado por la fiscal Cristina Caamaño antes de pedir licencia para asumir como Secretaria de Gestión Operativa del Ministerio de Seguridad. Esa designación no parece confirmar las consignas del partido “Obrero” acerca de una presunta complicidad del gobierno nacional con Pedraza.
Visera, mochila y pañuelo
Pitrola se levantó de la mesa de negociación a las 18 del jueves, sin que se hubiera llegado a un acuerdo. Minutos después unos veinte hombres jóvenes, que llevaban gorros con visera que dificultaban su identificación, mochilas aptas para cargar piedras y en muchos casos pañuelos poco apropiados para el clima tórrido pero convenientes para cubrirse el rostro, comenzaron a apedrear los cerrados accesos a la terminal ferroviaria, donde una reducida guardia de infantería de la Policía Federal les cerraba el paso. Esa escasa fuerza les vedó el acceso a la estación pero fue insuficiente para impedir que saquearan algunos locales de calzado y de venta de bebidas, cuyas botellas fueron empleadas como proyectiles. Ese grupo emblemático de la paleoizquierda fue pionero de las candidaturas testimoniales y está en campaña contra el gobierno nacional por la ley electoral que las prohíbe, al exigir un piso mínimo de votos que los obreristas no alcanzan. Dada su pureza ideológica les resulta imposible aliarse con otras fuerzas afines, a las que combaten con el mayor entusiasmo. El partido “Obrero” intenta reeditar cada 20 de diciembre las violentas jornadas de 2001. En el aniversario de 2003 un explosivo hizo volar un cesto de papeles en la Plaza de Mayo y causó heridas a 26 manifestantes. Pitrola lo atribuyó al gobierno, pero el dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda Luis D’Elía afirmó que se trató de un autoatentado, dentro de un programa de agitación dirigido a desestabilizar al entonces flamante gobierno de Néstor Kirchner, e involucró en el intento al ex senador Eduardo Duhalde. Hoy como entonces, las sospechas sobre el origen de los actos violentos se van hacia esas direcciones. A ello contribuyó la elección del 20 de diciembre como fecha de lanzamiento de la candidatura presidencial de Duhalde, cuya principal oferta proselitista es el orden alcanzado por medio de la represión.
El discurso del método
En el acto de lanzamiento, al que asistió la esposa castrense Cecilia Pando, que considera presos políticos a los militares procesados, Duhalde coincidió en dos puntos centrales con otro político que ocupó la casa de gobierno sin el auspicio de la voluntad popular, Jorge Rafael Videla, quien leyó su alegato ante el Tribunal Federal que lo juzgó por el asesinato de 31 presos políticos detenidos en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba. Para ambos cultores del hecho consumado los juicios por crímenes de lesa humanidad no son un acto de justicia sino de venganza y la violencia estatal es el principio fundante de la convivencia colectiva. Videla se jactó de haber prestado un “inestimable servicio a la nación agredida facilitando el restablecimiento del orden republicano democrático”. Duhalde dijo que el gobierno había traído la violencia y que él reimplantaría el orden por medio de la represión. Ninguno ha aprendido ni olvidado nada, como el vizconde Chateaubriand decía de los Borbones después de la Revolución Francesa y el imperio de Napoleón. El ex dictador citó el fallo de la Cámara Federal que lo condenó en 1985 para decir que el país vivió una guerra revolucionaria. Pero también recurrió a la justificación teológica, invocando a Santo Tomás de Aquino para caracterizar la represión generalizada que se desató sobre el país como una “guerra justa”. Todo ello fue refutado hace ya 25 años. Los jueces Carlos Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio dijeron entonces que luego de estudiar las disposiciones del derecho de la guerra convencional y de la guerra revolucionaria o subversiva no encontraron ni una sola regla que justificara o exculpara a los autores de los hechos juzgados, ya que el homicidio, la tortura, el robo, el daño indiscriminado, la privación ilegal de la libertad “son antijurídicos para el derecho interno argentino. Son contrarios al derecho de gentes. No encuentran justificación en las normas de cultura. No son un medio justo para un fin justo. Contravienen principios éticos y religiosos”.
Una pequeña diferencia
Un inconveniente difícil de salvar para este volver a vivir que intentan el partido “Obrero” y Duhalde reside en las ostensibles diferencias entre aquel diciembre y éste. Entonces, el establecimiento de un corralito bancario que dejó sin ingresos al sector informal de la economía culminó en forma estrepitosa una recesión de tres años, que destruyó millones de puestos de trabajo y endeudó al país. Los saqueos generalizados de entonces fueron un recurso de última instancia para proveerse de alimentos por parte de personas que en el mes previo habían perdido los precarios empleos con los que sobrevivían. El sindicalismo carecía de peso político y su resistencia a la desprotección de los trabajadores se limitaba a denuncias como la de Hugo Moyano sobre la compra de votos para la aprobación de la ley de precarización laboral. Ahora la desocupación ha retrocedido a niveles de hace tres décadas. La alta inflación no ha hecho mermar el consumo, que bate records cada mes, lo mismo que la producción industrial y la construcción, mientras el país reduce la deuda externa como porcentaje del PIB a su mínimo histórico desde el empréstito Baring de 1826. La Asignación Universal por Hijo se constituyó en el plan de transferencia de ingresos más significativo de la región, según el juicio del organismo de las Naciones Unidas para la región. En 2001 se vivía además una profunda crisis política. Consecuencia de tres gobiernos sucesivos que llegaron al poder con promesas que abandonaron al día siguiente de asumir para dedicarse a viabilizar las políticas de ajuste dictadas por el consenso de Washington, se había impuesto un descreimiento absoluto de la política y de las instituciones. La abstención en los comicios de octubre de aquel año fue la más alta desde que se llevan registros, mientras se instalaba la exigencia de una renovación total de la clase política, en la penetrante consigna “Que se vayan todos”. Ante la imposibilidad de ejercer cualquier control político, el gobierno de la UCR ordenó la represión de las movilizaciones, sin asegurarse de qué forma la ejecutaban las fuerzas policiales y de seguridad, lo cual provocó cuatro decenas de muertos en todo el país.
Se fueron todos
Desde entonces, se fueron casi todos: sólo 27 diputados y senadores actuales ya lo eran en 2001, cruzaron de cámara o fueron sucedidos por un familiar, es decir apenas el 8,2 por ciento. Pero además de la renovación de personal, se produjeron cambios sustanciales de política, que obtienen diferentes respuestas de la sociedad. La frase tantas veces reiterada por Kirchner de que no había llegado a la presidencia para dejar en la puerta sus convicciones está en la base de una recuperación de la estima social por la política como instrumento de transformación, aunque para ello deba confrontar con los poderes fácticos que añoran la situación anterior. Luego de la descontrolada represión en el desalojo del Parque Indoamericano, donde murieron tres personas, la presidente CFK ratificó la consigna de su antecesor en contra del empleo de armas de fuego ante manifestaciones y encaró la postergada reforma de las instituciones policiales, con la creación del Ministerio de Seguridad y la designación a cargo de Nilda Garré. Esa directiva no está exenta de desajustes, como los que se vieron el jueves en Constitución, cuando la pistola reglamentaria de un policía de civil de la comisaría del barrio asomó por debajo de la camisa que usaba para mimetizarse con los manifestantes y detener a quienes arrojaban piedras. Pero no hay comparación posible entre esa situación, que Garré detectó y corregirá, y la de 2001, cuando ni se ponía en tela de juicio el empleo de esos medios letales para enfrentar a personas furiosas pero desarmadas, que no pedían una vivienda o un transporte dignos, sino comer cada día.
Tardó pero va llegando
Los discursos de los condenados a cadena perpetua en cárcel común. Frases remanidas y citas recientes. El avance en 2010 de los juicios por delitos de lesa humanidad, lo que viene en 2011. Sentencias y procesos en casi todas las provincias. Memoria, justicia, motivos para festejar.
Por Mario Wainfeld
Para Página 12
26 de diciembre de 2010
Jorge Rafael Videla, bueno es subrayarlo, ya estaba condenado por el Juicio a las Juntas: el indulto del presidente Carlos Menem fue declarado nulo, el fallo recobró plena vigencia. La decisión del Tribunal Federal Oral de Córdoba es, de cualquier manera, un hito histórico. Cadena perpetua y cárcel común para el ex dictador y represor. Le corresponden de pleno derecho porque fue juzgado por crímenes comunes y porque ha perdido la condición militar. Videla, un habitué del banquillo de los acusados, repitió su discurso remanido. Añadió, apenas, una excusa miserable ex post facto: una supuesta bendición (un pedido más bien) del dirigente radical Ricardo Balbín. Mendaz e indigna de crédito es, en su plenitud, la narrativa de los genocidas. Buscan arraigo en el sistema político previo, aluden a sus deberes militares. Soslayan que gobernaron a sangre y fuego, que impusieron sus propios criterios en el plan sistemático de exterminio. Hablan de más sobre las autoridades civiles y callan sobre sus demiurgos y aliados: el establishment que les dio letra y programa. Su finalidad iba mucho más allá de “la subversión”, era despanzurrar los vestigios del más grande Estado benefactor de América del Sur y barrer con una sociedad civil habituada a la lucha política, las reivindicaciones y la militancia.
Videla reiteró su monserga, se victimizó. Fue sentenciado en base a las leyes ordinarias, tras un proceso pleno de garantías. No hay en Argentina un Nuremberg: un tribunal de vencedores, con leyes propias impuestas tras la victoria bélica. Impera el derecho penal común, con los añadidos epocales del derecho internacional. Eso determina circunstancias enojosas, que enmarañan la “ingeniería judicial”: los procesos surgen al vaivén de los requerimientos de fiscales y querellantes. Es un costo de la legalidad.
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Luciano Benjamín Menéndez, aún más baqueano en el arte de acumular condenas, representó el papel de Luciano Benjamín Menéndez. A los perros de la guerra les encanta citar a Antonio Gramsci y enriquecer su ignorancia con nuevas lecturas. Otrora fue el fugaz ministro de Educación machista, Abel Posse. Ahora visitó la prosa de Tzvetan Todorov. El intelectual búlgaro, reprisando en tono perverso la de viejos comensales de Victoria Ocampo, pasó una semanita en nuestro país y sacó conclusiones berretas, inconsistentes. Pan comido para el Chacal del Tercer Cuerpo, que se valió de la cita de autoridad como argumento de la defensa. Si Todorov llegara a enterarse del uso social de sus intervenciones periodísticas, acaso tendría oportunidad de recapacitar sobre la mirada del turista, epidérmica y frívola.
Videla y Menéndez lucieron arrogantes y convencidos. Sostuvieron el silencio sobre sus cómplices, instigadores y encubridores civiles (hablamos en términos políticos) y consiguieron reforzar el pacto de silencio. Toda organización genocida urde su burocracia, deja huellas escritas, la lógica organizativa se lo impone. Entre nosotros, pocos datos de esos se han ido conociendo por la omertá de los terroristas de Estado. También gracias a las omisiones de la jerarquía de la Iglesia Católica, que tiene sobrado saber sobre el tema y la guarda cual si fuera secreto de confesión.
Otros criminales abyectos, dueño de vida y honra de tantos argentinos, bajaron la mirada, se escondieron de las cámaras. Resaltó El Turco Julián, que supo desfilar por tantos programas de tv basura alardeando de sus hazañas cuando creían que habían logrado la eterna impunidad.
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El pacto de silencio pareció tener un quiebre en Córdoba, a través de un eslabón débil y viscoso. El ex cabo Miguel Angel Pérez, asesino del militante popular Raúl “Paco” Bauducco, adujo que se le había escapado el tiro, por impericia. Pidió perdón a los familiares de la víctima y culpó a las autoridades castrenses de “arruinar su vida y su familia”. Contó que no estaba preparado, como militar, para una labor carcelaria.... “Yo sólo estaba capacitado para realizar fajina.” Víctimas que conocen a Pérez y lo padecieron niegan su autorretrato piadoso: lo describen como un represor violento y sádico.
Aun así, el mensaje de Pérez apuntaba a deslindar responsabilidades con sus jefes, pero no avanzó en su denuncia. Videla lo desmereció en su alegato final, le atribuyó carecer de las dotes necesarias para ser un soldado.
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Varias absoluciones dictó el Tribunal cordobés, algunas enardecieron a querellantes y víctimas. El cronista, por falta de conocimiento propio, desiste de entrar en el punto, que deberá ser dirimido por tribunales superiores. Pero destaca, sin que esto sirva de justificativo para una sentencia eventualmente injusta, que la existencia de absoluciones prueba la seriedad de los procesos. Contra lo que ellos afirman, los acusados no están condenados de antemano. La plena vigencia de la ley, con su amplio contenido garantista, los favorece. En tendencia, eso refuerza la calidad institucional de los procesos. En detalle, cada caso debe ser motivo de una sentencia fundada.
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La Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento de las causas por violaciones de derechos humanos de la Procuración General (UFC) dio a conocer un informe con datos actuales sobre el despliegue de los juicios por delitos de lesa humanidad. El número de condenados en 2010 cuadruplicó largamente a los de 2009. También se potenció la cifra de procesados: son 800 en total, 166 más que el año anterior.
Se han dictado sentencias en casi todas las provincias argentinas. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, la Ciudad Autónoma, Formosa, San Luis, La Pampa, Misiones, Salta, Tucumán, Neuquén, Santiago del Estero y Mendoza.
Si se cumplen, medianamente, los términos procesales, el año próximo se agregarán a la lista Jujuy, Entre Ríos y Chubut. La dilación obedece a resistencias internas, en especial de jueces y eventualmente de fiscales. En Entre Ríos, los bretes fueron fenomenales, se han ido removiendo. Será en la causa conocida como Area Concordia. Según informa el recomendable on line entrerriano Junio, que dirige el periodista Claudio Gastaldi, la fiscal María Isabel Cacciopoli consiguió pruebas inusuales: documentación de época de la policía provincial que se había dado por perdida y que estaba oculta, pero disponible. En Chubut se juzgará un hecho fundacional, preludio de la última dictadura: la Masacre de Trelew, consumada el 22 de agosto de 1972.
No es sencillo computar el número exacto de condenados, porque los hay en toda la geografía nacional, a través de varias vertientes: la resurrección del Juicio a las Juntas y expedientes referidos a apropiación de bebés, los procesos más recientes. La UFC estima su cifra aproximada en dos centenares. La mayoría se sentenció después de 2004, tras la nulidad de las leyes de la impunidad. La Cámara de Casación es un embudo ulterior a las sentencias. Sus Señorías, dando rienda suelta a su idiosincrasia derechosa y a su ideología, asientan sus posaderas sobre los expedientes dilatándolos hasta el paroxismo. En los tribunales, el que quiere ralentar las decisiones siempre goza de un bonus, cuyo vigor se acrecienta cuando el tribunal tiene empatía con los acusados. La Corte Suprema conoce ese retén siniestro, lo deplora en la intimidad, lo cuestiona con frases melifluas no siempre accesibles a los profanos. Y no se juega a fondo. Su compromiso con los derechos humanos es muy alto, su ethos corporativo, también.
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Videla se victimiza como “preso político”. Miente de nuevo, a sabiendas. Su actuación política fue sopesada por el electorado, durante décadas. Sus crímenes son atroces pero se juzgan por ley común. La doctrina, la jurisprudencia y la conciencia internacional vienen determinando que los delitos de lesa humanidad sean imprescriptibles, consecuencia de cajón de su afrentosa peculiaridad. En el resto, es el Código Penal y los tribunales ordinarios. Como ya se apuntó, eso carga la mochila de demoras, traqueteos y se magnifica por la existencia de tribunales afines a los represores.
Una apuesta de los genocidas es trabar los trámites, esperanzados en un cambio de gobierno en 2011. La presencia activa de Cecilia Pando en el lanzamiento de la candidatura presidencial de Eduardo Duhalde patentiza ese afán. Las argucias y chicanas de Marcela y Felipe Herrera Noble, hurtándole la responsabilidad a una toma de pruebas legal e incruenta, se orienta al mismo norte.
Con cada sentencia se afirma la búsqueda de verdad y justicia. A despecho de retrocesos y concesiones indignas de gobiernos democráticos, la Argentina ocupa un lugar privilegiado en el mundo en esta materia. Como siempre, es motivo para rendir homenaje a la inclaudicable, pacífica y democrática lucha de los organismos de derechos humanos.
Para este diario, que desde sus primeros días tuvo a los derechos humanos como el principal núcleo de su línea editorial, es motivo para festejar. La lectura de los recordatorios gratuitos que se repiten desde sus primeras ediciones demuestra cómo evolucionó la palabra de los familiares y las víctimas sobrevivientes y cuánto se ha avanzado en sentencias, reconocimiento de cuerpos, recuperación de chicos apropiados. Un buen motivo, pues, para levantar la copa y brindar con el lector, sin dejar de reconocer cuánto falta hacer en este y otros terrenos en esta sociedad dolida, luchadora y esperanzada.
Miseria de la lengua
Por Diego Tatián *
Para Página 12
26 de diciembre de 2010
Comienza Videla. Aunque dice que pensó en llamarse a silencio como hasta ahora, declara haberse decidido a romperlo por la juventud y las nuevas generaciones. No habla ante un tribunal sino para la historia. Se trabuca, se equivoca, se le desacomodan las hojas. Pero no parece nervioso. Se cambia las gafas. Exhibe un esquema en cuyo centro está la expresión “guerra interna”. Afirma que no se trató de una guerra sucia, sino de una guerra justa, y cita a Santo Tomás. Desarrolla, pretenciosamente, una filosofía de la historia reciente. Habla como si hubiera condescendido a dictar una lección para legos.
Dice también: los guerrilleros eran un enemigo mimético, sin uniforme ni banderas, que usaban mujeres embarazadas como escudo para poner bombas y asesinar. Y dice otras cosas, hasta que llega a donde finalmente quería: esa guerra no terminó. Se trata de una “guerra imprecisa” que aún continúa por medios no violentos, y concluye: los enemigos derrotados en el campo militar hoy gobiernan el país, están en el poder, y quieren instaurar un régimen marxista a la manera de Gramsci. Se define como preso político e insta a la sociedad argentina a recuperar el protagonismo perdido (por protagonismo entiende: haber delegado en las Fuerzas Armadas la defensa de “nuestro estilo tradicional de vida”).
Dijo no haber venido a defenderse. Lo que se propuso en efecto fue justificar, con la repetición de una tosca versión de los hechos, la masacre de miles de personas, entre otros crímenes. Pero no lo hizo sin amenazas –que fueron aún más explícitas en el caso de la arenga a los gritos de Gustavo Alsina (quizás el más elemental y feroz de los asesinos condenados), incapaz de distinguir una sala de tribunales (y el mundo en general) de un cuartel militar; incapaz de advertir la diferencia entre “coraje cívico” y bravuconada energúmena despojada del menor pensamiento, que embiste sin importar lo que hay delante ni de qué se trata.
Videla fue el primero en hacer uso de la palabra; Menéndez, el último, a su romo discurso, ya usado en otros juicios, antepuso esta vez largas citas del artículo de Todorov que días atrás publicara La Nación; también citas de Caparrós, Martini y Massetti. En el medio, la más miserable secuencia de idiotismo y cobardía cínica.
Hubo quien (el Gato Gómez ni más ni menos) se presentó como un humilde trabajador proveniente de una familia pobre y ahora honesto cocinero para viejitos en un hogar de día; hubo otro que dijo de sí ser descendiente de pueblos originarios y alfabetizador de sus propios padres iletrados; hubo quien se mostró perplejo por lo que estaba ocurriendo y al borde del llanto dijo no entender del todo por qué motivos se lo sometía a proceso; hubo quien dijo que otra persona se hizo pasar por él para cometer el crimen por el que se lo estaba juzgando ahora.
En casi la totalidad de esos sórdidos relatos, que oscilaron entre la amenaza y la autoconmiseración, estuvo presente la Navidad. Uno de los imputados imploró a los jueces que pensaran en la tristeza de su familia durante la Nochebuena; otro espetó que “dentro de poco el cordero de Dios iba a ser sacrificado”, y muchos concluyeron la alocución que les garantiza la ley deseando Feliz Navidad a todos –en algún caso mirando provocativamente a los pocos familiares de las víctimas que decidieron estar en la sala durante la víspera de la sentencia (entre ellos Olga Tello, siempre con la foto de Diana Findelman, capaz de afrontar con calma conmovedora esa exhibición del mal en toda su banalidad pero también en todo su cinismo y brutalidad, “para no dejar solo a Pérez Esquivel”).
Imposible no recordar aquí la página en la que Borges relata su experiencia durante el Juicio a las Juntas en 1985. El día en el que asistió declaraba Víctor Basterra. “De las muchas cosas que oí esa tarde y que espero olvidar –confesaba el viejo escritor–, referiré la que más me marcó, para librarme de ella. Ocurrió un 24 de diciembre.” Los secuestrados habían sido conducidos a una sala con una larga mesa tendida, donde había “manteles, platos de porcelana, cubiertos y botellas de vino”. Entre tortura y tortura, continúa Borges, en la cena de Nochebuena “apareció el señor de ese infierno y les deseó Feliz Navidad”.
En mi opinión, ni aquella macabra cena de Nochebuena, ni los siniestros deseos de felicidad (“sin distinción de credos”) que se debieron escuchar en la sala de Tribunales el 21 de diciembre último, tienen que ver con una “inocencia del mal” –según la expresión que Borges acuñó en el texto mencionado, contigua en su espíritu a la “banalidad del mal” con la que años antes Hannah Arendt había subtitulado un libro sobre Eichmann. En mi opinión hay allí simplemente burla y experimentación con el dolor de los otros.
Considerar esas “palabras últimas” de Videla, Menéndez y los sicarios de la peor patota asesina que asoló Córdoba por años como si fuera un relato único donde las posibilidades más sórdidas que aloja la lengua que hablamos pueden ser despertadas, deja en quien ha oído una irremediable turbación: todo puede ser dicho. Hay algo triste en que así sea.
* Filósofo, docente de la Universidad Nacional de Córdoba.
Para Página 12
26 de diciembre de 2010
Comienza Videla. Aunque dice que pensó en llamarse a silencio como hasta ahora, declara haberse decidido a romperlo por la juventud y las nuevas generaciones. No habla ante un tribunal sino para la historia. Se trabuca, se equivoca, se le desacomodan las hojas. Pero no parece nervioso. Se cambia las gafas. Exhibe un esquema en cuyo centro está la expresión “guerra interna”. Afirma que no se trató de una guerra sucia, sino de una guerra justa, y cita a Santo Tomás. Desarrolla, pretenciosamente, una filosofía de la historia reciente. Habla como si hubiera condescendido a dictar una lección para legos.
Dice también: los guerrilleros eran un enemigo mimético, sin uniforme ni banderas, que usaban mujeres embarazadas como escudo para poner bombas y asesinar. Y dice otras cosas, hasta que llega a donde finalmente quería: esa guerra no terminó. Se trata de una “guerra imprecisa” que aún continúa por medios no violentos, y concluye: los enemigos derrotados en el campo militar hoy gobiernan el país, están en el poder, y quieren instaurar un régimen marxista a la manera de Gramsci. Se define como preso político e insta a la sociedad argentina a recuperar el protagonismo perdido (por protagonismo entiende: haber delegado en las Fuerzas Armadas la defensa de “nuestro estilo tradicional de vida”).
Dijo no haber venido a defenderse. Lo que se propuso en efecto fue justificar, con la repetición de una tosca versión de los hechos, la masacre de miles de personas, entre otros crímenes. Pero no lo hizo sin amenazas –que fueron aún más explícitas en el caso de la arenga a los gritos de Gustavo Alsina (quizás el más elemental y feroz de los asesinos condenados), incapaz de distinguir una sala de tribunales (y el mundo en general) de un cuartel militar; incapaz de advertir la diferencia entre “coraje cívico” y bravuconada energúmena despojada del menor pensamiento, que embiste sin importar lo que hay delante ni de qué se trata.
Videla fue el primero en hacer uso de la palabra; Menéndez, el último, a su romo discurso, ya usado en otros juicios, antepuso esta vez largas citas del artículo de Todorov que días atrás publicara La Nación; también citas de Caparrós, Martini y Massetti. En el medio, la más miserable secuencia de idiotismo y cobardía cínica.
Hubo quien (el Gato Gómez ni más ni menos) se presentó como un humilde trabajador proveniente de una familia pobre y ahora honesto cocinero para viejitos en un hogar de día; hubo otro que dijo de sí ser descendiente de pueblos originarios y alfabetizador de sus propios padres iletrados; hubo quien se mostró perplejo por lo que estaba ocurriendo y al borde del llanto dijo no entender del todo por qué motivos se lo sometía a proceso; hubo quien dijo que otra persona se hizo pasar por él para cometer el crimen por el que se lo estaba juzgando ahora.
En casi la totalidad de esos sórdidos relatos, que oscilaron entre la amenaza y la autoconmiseración, estuvo presente la Navidad. Uno de los imputados imploró a los jueces que pensaran en la tristeza de su familia durante la Nochebuena; otro espetó que “dentro de poco el cordero de Dios iba a ser sacrificado”, y muchos concluyeron la alocución que les garantiza la ley deseando Feliz Navidad a todos –en algún caso mirando provocativamente a los pocos familiares de las víctimas que decidieron estar en la sala durante la víspera de la sentencia (entre ellos Olga Tello, siempre con la foto de Diana Findelman, capaz de afrontar con calma conmovedora esa exhibición del mal en toda su banalidad pero también en todo su cinismo y brutalidad, “para no dejar solo a Pérez Esquivel”).
Imposible no recordar aquí la página en la que Borges relata su experiencia durante el Juicio a las Juntas en 1985. El día en el que asistió declaraba Víctor Basterra. “De las muchas cosas que oí esa tarde y que espero olvidar –confesaba el viejo escritor–, referiré la que más me marcó, para librarme de ella. Ocurrió un 24 de diciembre.” Los secuestrados habían sido conducidos a una sala con una larga mesa tendida, donde había “manteles, platos de porcelana, cubiertos y botellas de vino”. Entre tortura y tortura, continúa Borges, en la cena de Nochebuena “apareció el señor de ese infierno y les deseó Feliz Navidad”.
En mi opinión, ni aquella macabra cena de Nochebuena, ni los siniestros deseos de felicidad (“sin distinción de credos”) que se debieron escuchar en la sala de Tribunales el 21 de diciembre último, tienen que ver con una “inocencia del mal” –según la expresión que Borges acuñó en el texto mencionado, contigua en su espíritu a la “banalidad del mal” con la que años antes Hannah Arendt había subtitulado un libro sobre Eichmann. En mi opinión hay allí simplemente burla y experimentación con el dolor de los otros.
Considerar esas “palabras últimas” de Videla, Menéndez y los sicarios de la peor patota asesina que asoló Córdoba por años como si fuera un relato único donde las posibilidades más sórdidas que aloja la lengua que hablamos pueden ser despertadas, deja en quien ha oído una irremediable turbación: todo puede ser dicho. Hay algo triste en que así sea.
* Filósofo, docente de la Universidad Nacional de Córdoba.
Constitución: última escena de una serie de incidentes poco “casuales”
Por Laureano Barrera
Para Miradas al sur
26 de diciembre de 2010
Los disturbios en la estación cierran un ciclo de desórdenes sospechosos. El caso más llamativo fue el ataque a cuatro gendarmes, cometido por profesionales
La suma de un nuevo corte de vías promovido durante siete horas por militantes del Partido Obrero –en la foto eran literalmente 20 bajo una pancarta que decía “Trabajadores de baños-Roca”–, más las broncas acumuladas contra las deficiencias del transporte en dirección al sur de Buenos Aires, más el accionar siempre llamativo de bandas de fieritas que aparecen en esos escenarios para terminar de incendiar la escena, terminó prolongada en otro incendio aún mayor: el de las pantallas televisivas al rojo, con zócalos que anunciaban falsos “en vivo” y el periodismo dominante pidiendo orden. Los incidentes forman una sospechosa secuencia de “días de descontrol” con las tomas de predios y con un hecho que fue poco analizado por los medios. Sucedió el martes pasado, a las cuatro de la tarde, cuando cuatro gendarmes que custodiaban –por orden del juez federal de Quilmes, Luis Armella– un predio en Lanús donde la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) instalará una planta de procesamiento de líquidos cloacales, fueron alcanzados por múltiples disparos por atacantes que se fueron sin dejar rastros.
Así como las banditas de pibes pobres que se aparecen con sus mochilas cargadas de piedras no necesariamente forman parte de los “usuarios indignados” a los que aluden los medios, lo ocurrido con los gendarmes, por su violencia y por su impronta, parece exceder largamente las pasiones que podrían desatar en algunos vecinos la intención de ocupar o recuperar un predio. En el primer caso, y a diferencia de otros episodios de pibes que tiran piedras casi como un ritual pactado con la policía, en los incidentes de Constitución la Federal, sin armas, apostó a retomar la zona y detuvo a 34 personas, algunas de ellas con elementos de agresión. Además, a través del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, el Gobierno presentó una denuncia penal contra los ocupantes de las vías, quienes acudieron a esa medida extrema en teoría por el tema de los tercerizados. Pese a que ya son mil los tercerizados que dejaron de serlo, mientras el puñado de militantes y trabajadoras de baños cortaban la vía, en el Ministerio de Trabajo se estaba negociando la situación de quienes, según las autoridades difícilmente pueden considerarse “ferroviarios”.
La denuncia de Schiavi recayó justamente en el juzgado de Armella, el que investiga el asunto del ataque a los gendarmes. Sobre ese episodio, un informante con alta responsabilidad en la administración comunal de Lanús, que pidió reserva de su identidad, confió a Miradas al Sur algunos detalles sobre el atentado: los agresores se habrían bajado de un auto, encapuchados, y disparando con pistolas automáticas y, presumiblemente, un fusil Fal (en ambos casos se trata de armamento policial o militar). El operativo, así descripto, lleva el sello inconfundible del sicariato y desnuda una logística sofisticada y una lógica mafiosa. “No fue algo de origen social”, insistió la fuente, pero tampoco lo definió con certeza. El ataque, agregó, se produjo un rato después de que un grupo de jóvenes, menos organizados, sin armamento ostensible, habían llegado hasta las proximidades del predio a insultarlos. Otras fuentes cercanas a Gendarmería añaden datos relevantes: de lo que se habla es de una banda criminal con su retaguardia desplegada en los barrios pobres. Esa banda tendría espacios de negocios compartidos con la Bonarense. No se trata de matones vinculados con la política, sino de delincuentes con la suficiente preparación operativa y profesionalidad como saber disparar con precisión y como para asociarse a la bonaerense. La sola presencia de la Gendarmería incomoda esa relación.
Las balas, por fortuna, no fueron letales. Pero podrían haberlo sido. Una de ellas, amortiguada por el casco, golpeó la cabeza del centinela. Los otros, recibieron impactos en las piernas –dos de ellos– y en la ingle. Los cuatro efectivos están fuera de peligro.
El predio de 40 hectáreas ubicado en Villa Diamante, en la localidad de Lanús, pertenecía a la Asociación de Curtidores de Buenos Aires, pero había sido cedido por orden judicial al organismo estatal encargado del saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo. A mediados de 2009 el predio ya había sido tomado, y un grupo de “vecinos” había atacado a los ocupantes, matando a un joven de 16 años.
De eso se habló poco y, por el contario, el miércoles las cadenas noticiosas sostuvieron el habitual show de la angustia permanente multiplicando los incidentes ya fuera con zócalos que mentían falsos “vivos” o partiendo las pantallas para que aun cuando se calmaba la situación se prolongaran las escenas de los disturbios. Un cronista de TN se detuvo en el detalle de un policía que presuntamente llevaba su arma en la pistolera. Si la lleva, TN dice que fallan o se incumplen las órdenes oficiales (inutilidad política). Si no se llevan armas, eso es el titular principal del diario Clarín, como anunciando un peligroso desarme del Estado ante “los violentos”.
Ante ese escenario el Gobierno, con su nueva política de seguridad, se ve obligado a encauzar sus acciones en un más que espinoso y complejo sistema de equilibrios. Si se es prudente, las críticas son por la blandura. Si se es duro, se lo acusa por reprimir la protesta social de orígenes legítimos o los promovidos por el sistema de punteros del macriduhaldismo.
El operativo represivo montado en Constitución fue algo así como un primer ensayo de las políticas que se aspira a implementar en caso de incidentes callejeros. La ministra Nilda Garré instruyó a la Federal para que se aplique un mecanismo gradual en los operativos, evitado el uso de armas de fuego y apelando al empleo de gases lacrimógenos sólo como un segundo nivel de respuesta. Las tácticas y el despliegue sobre el terreno quedan a cargo de los uniformados y lo que se hizo en Constitución fue primero montar un primer dispositivo de contención con pocos efectivos. Más tarde llegaron los refuerzos, incluidos los camiones hidrantes.
En boca de los funcionarios nacionales, de lo que se habla es de una lógica en la cual los militantes del PO, sabedores del efecto visibilizador y multiplicador de los medios, no reparan en la proporción de los fines que dicen defender (la incoporación de todos los tercerizados, aunque algunos casos sean más que opinables) y los medios empleados, con lo que ayudan a que todo se pudra más y más. Sobre ese accionar, que no repara en los perjuicios causados a decenas de miles de trabajadores y pobres que vuelven a sus casas, se montan los fieritas agitadores, se provoca a la Federal (ocho heridos entre sus efectivos) para que reprima con mayor dureza, y se polarizan los discursos de odio de los medios y los referentes de la derecha. Políticos en apariencia diversos como Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Julio Cobos coincidieron en criticar la decisión oficial de apelar al diálogo, la negociación y la paciencia y de evitar el uso de armas de fuego para evitar excesos y muertes. En la tribuna de A dos voces, Macri dijo que “la Policía se tiene que defender de acuerdo a la violencia que haya. Balearon a cuatro gendarmes, no entiendo en qué Argentina quieren vivir”.
Del mismo modo, Eduardo Duhalde colgó la pilcha de conferencista y “estadista” y volvió a la palestra el día del noveno aniversario de las jornadas trágicas del 2001, autoproclamándose como el gran pacificador. “No tengan miedo de hablar de represión, que no es matar a nadie, sino vivir en un país donde el Estado tiene funciones indelegables”, disparó el bañero de Lomas de Zamora el lunes pasado, durante el lanzamiento de su candidatura presidencial. La proclama es clara: resulta evidente que para pacificar es condición sine qua non dar por hecho que existe un escenario de caos. Esas cavilaciones, según acusan desde el Gobierno, animan los últimos y extraños sucesos que subyacen bajo el reclamo legítimo de tierras y vivienda, y sobre el cual el Gobierno porteño tiene una cuota no menor de responsabilidad.
A saber: durante la iniciática toma del Parque Indoamericano, algunos acampantes denunciaron que unos días antes, operadores que se movían en “autos amarillos, del PRO”, prometieron en las villas que luego nutrirían la toma, el loteo y la entrega de títulos de propiedad sobre los terrenos del Parque. Durante los enfrentamientos que se desataron entre vecinos del lugar, ocupantes del predio y fuerzas de seguridad fueron identificados barrabravas empuñando armas de fuego que no vivían en la zona, pero fuertemente vinculados con las estructuras punteriles de Macri y de Duhalde.
Para Miradas al sur
26 de diciembre de 2010
Los disturbios en la estación cierran un ciclo de desórdenes sospechosos. El caso más llamativo fue el ataque a cuatro gendarmes, cometido por profesionales
La suma de un nuevo corte de vías promovido durante siete horas por militantes del Partido Obrero –en la foto eran literalmente 20 bajo una pancarta que decía “Trabajadores de baños-Roca”–, más las broncas acumuladas contra las deficiencias del transporte en dirección al sur de Buenos Aires, más el accionar siempre llamativo de bandas de fieritas que aparecen en esos escenarios para terminar de incendiar la escena, terminó prolongada en otro incendio aún mayor: el de las pantallas televisivas al rojo, con zócalos que anunciaban falsos “en vivo” y el periodismo dominante pidiendo orden. Los incidentes forman una sospechosa secuencia de “días de descontrol” con las tomas de predios y con un hecho que fue poco analizado por los medios. Sucedió el martes pasado, a las cuatro de la tarde, cuando cuatro gendarmes que custodiaban –por orden del juez federal de Quilmes, Luis Armella– un predio en Lanús donde la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) instalará una planta de procesamiento de líquidos cloacales, fueron alcanzados por múltiples disparos por atacantes que se fueron sin dejar rastros.
Así como las banditas de pibes pobres que se aparecen con sus mochilas cargadas de piedras no necesariamente forman parte de los “usuarios indignados” a los que aluden los medios, lo ocurrido con los gendarmes, por su violencia y por su impronta, parece exceder largamente las pasiones que podrían desatar en algunos vecinos la intención de ocupar o recuperar un predio. En el primer caso, y a diferencia de otros episodios de pibes que tiran piedras casi como un ritual pactado con la policía, en los incidentes de Constitución la Federal, sin armas, apostó a retomar la zona y detuvo a 34 personas, algunas de ellas con elementos de agresión. Además, a través del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, el Gobierno presentó una denuncia penal contra los ocupantes de las vías, quienes acudieron a esa medida extrema en teoría por el tema de los tercerizados. Pese a que ya son mil los tercerizados que dejaron de serlo, mientras el puñado de militantes y trabajadoras de baños cortaban la vía, en el Ministerio de Trabajo se estaba negociando la situación de quienes, según las autoridades difícilmente pueden considerarse “ferroviarios”.
La denuncia de Schiavi recayó justamente en el juzgado de Armella, el que investiga el asunto del ataque a los gendarmes. Sobre ese episodio, un informante con alta responsabilidad en la administración comunal de Lanús, que pidió reserva de su identidad, confió a Miradas al Sur algunos detalles sobre el atentado: los agresores se habrían bajado de un auto, encapuchados, y disparando con pistolas automáticas y, presumiblemente, un fusil Fal (en ambos casos se trata de armamento policial o militar). El operativo, así descripto, lleva el sello inconfundible del sicariato y desnuda una logística sofisticada y una lógica mafiosa. “No fue algo de origen social”, insistió la fuente, pero tampoco lo definió con certeza. El ataque, agregó, se produjo un rato después de que un grupo de jóvenes, menos organizados, sin armamento ostensible, habían llegado hasta las proximidades del predio a insultarlos. Otras fuentes cercanas a Gendarmería añaden datos relevantes: de lo que se habla es de una banda criminal con su retaguardia desplegada en los barrios pobres. Esa banda tendría espacios de negocios compartidos con la Bonarense. No se trata de matones vinculados con la política, sino de delincuentes con la suficiente preparación operativa y profesionalidad como saber disparar con precisión y como para asociarse a la bonaerense. La sola presencia de la Gendarmería incomoda esa relación.
Las balas, por fortuna, no fueron letales. Pero podrían haberlo sido. Una de ellas, amortiguada por el casco, golpeó la cabeza del centinela. Los otros, recibieron impactos en las piernas –dos de ellos– y en la ingle. Los cuatro efectivos están fuera de peligro.
El predio de 40 hectáreas ubicado en Villa Diamante, en la localidad de Lanús, pertenecía a la Asociación de Curtidores de Buenos Aires, pero había sido cedido por orden judicial al organismo estatal encargado del saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo. A mediados de 2009 el predio ya había sido tomado, y un grupo de “vecinos” había atacado a los ocupantes, matando a un joven de 16 años.
De eso se habló poco y, por el contario, el miércoles las cadenas noticiosas sostuvieron el habitual show de la angustia permanente multiplicando los incidentes ya fuera con zócalos que mentían falsos “vivos” o partiendo las pantallas para que aun cuando se calmaba la situación se prolongaran las escenas de los disturbios. Un cronista de TN se detuvo en el detalle de un policía que presuntamente llevaba su arma en la pistolera. Si la lleva, TN dice que fallan o se incumplen las órdenes oficiales (inutilidad política). Si no se llevan armas, eso es el titular principal del diario Clarín, como anunciando un peligroso desarme del Estado ante “los violentos”.
Ante ese escenario el Gobierno, con su nueva política de seguridad, se ve obligado a encauzar sus acciones en un más que espinoso y complejo sistema de equilibrios. Si se es prudente, las críticas son por la blandura. Si se es duro, se lo acusa por reprimir la protesta social de orígenes legítimos o los promovidos por el sistema de punteros del macriduhaldismo.
El operativo represivo montado en Constitución fue algo así como un primer ensayo de las políticas que se aspira a implementar en caso de incidentes callejeros. La ministra Nilda Garré instruyó a la Federal para que se aplique un mecanismo gradual en los operativos, evitado el uso de armas de fuego y apelando al empleo de gases lacrimógenos sólo como un segundo nivel de respuesta. Las tácticas y el despliegue sobre el terreno quedan a cargo de los uniformados y lo que se hizo en Constitución fue primero montar un primer dispositivo de contención con pocos efectivos. Más tarde llegaron los refuerzos, incluidos los camiones hidrantes.
En boca de los funcionarios nacionales, de lo que se habla es de una lógica en la cual los militantes del PO, sabedores del efecto visibilizador y multiplicador de los medios, no reparan en la proporción de los fines que dicen defender (la incoporación de todos los tercerizados, aunque algunos casos sean más que opinables) y los medios empleados, con lo que ayudan a que todo se pudra más y más. Sobre ese accionar, que no repara en los perjuicios causados a decenas de miles de trabajadores y pobres que vuelven a sus casas, se montan los fieritas agitadores, se provoca a la Federal (ocho heridos entre sus efectivos) para que reprima con mayor dureza, y se polarizan los discursos de odio de los medios y los referentes de la derecha. Políticos en apariencia diversos como Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Julio Cobos coincidieron en criticar la decisión oficial de apelar al diálogo, la negociación y la paciencia y de evitar el uso de armas de fuego para evitar excesos y muertes. En la tribuna de A dos voces, Macri dijo que “la Policía se tiene que defender de acuerdo a la violencia que haya. Balearon a cuatro gendarmes, no entiendo en qué Argentina quieren vivir”.
Del mismo modo, Eduardo Duhalde colgó la pilcha de conferencista y “estadista” y volvió a la palestra el día del noveno aniversario de las jornadas trágicas del 2001, autoproclamándose como el gran pacificador. “No tengan miedo de hablar de represión, que no es matar a nadie, sino vivir en un país donde el Estado tiene funciones indelegables”, disparó el bañero de Lomas de Zamora el lunes pasado, durante el lanzamiento de su candidatura presidencial. La proclama es clara: resulta evidente que para pacificar es condición sine qua non dar por hecho que existe un escenario de caos. Esas cavilaciones, según acusan desde el Gobierno, animan los últimos y extraños sucesos que subyacen bajo el reclamo legítimo de tierras y vivienda, y sobre el cual el Gobierno porteño tiene una cuota no menor de responsabilidad.
A saber: durante la iniciática toma del Parque Indoamericano, algunos acampantes denunciaron que unos días antes, operadores que se movían en “autos amarillos, del PRO”, prometieron en las villas que luego nutrirían la toma, el loteo y la entrega de títulos de propiedad sobre los terrenos del Parque. Durante los enfrentamientos que se desataron entre vecinos del lugar, ocupantes del predio y fuerzas de seguridad fueron identificados barrabravas empuñando armas de fuego que no vivían en la zona, pero fuertemente vinculados con las estructuras punteriles de Macri y de Duhalde.
Denuncian corrupción en la emisión de deuda porteña
Por Gabriel Bencivengo
Para Miradas al sur
26 de diciembre de 2010
El ministro de Economía, Néstor Grindetti, y el director de Crédito Público de la Ciudad, Abel Fernández Semhan, fueron acusados ante la justicia de administracion fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros cargos.
Administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función son las cargos que pesan sobre el ministro de Economía porteño, Néstor Grindetti, y el director de Crédito Público de la Ciudad, Abel Ignacio Fernández Semhan. La denuncia la formuló el constitucionalista Ezequiel Nino, en representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), ante el juzgado de instrucción a cargo de Eliseo Otero, y también alcanza a Edgardo Srodek, consultor financiero y ex jefe de campaña de la efímera alianza que concretaron el PRO y Recrear en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de 2005. Los montos involucrados son enormes, las irregularidades denunciadas muchas y los detalles de la operación, como mínimo, sospechosos. El tema no es menor y amenaza con detonar en los próximos días, luego de que el magistrado diera intervención a la fiscalía de Estado.
La historia comenzó a tejerse entre el 29 de marzo y el 6 de abril pasados, cuando la administración de Mauricio Macri concretó la emisión de deuda pública por un monto de 475 millones de dólares -correspondientes a la octava serie de los Bonos Tango-, convalidando una tasa del 12,5 por ciento anual en dólares a cinco años. La operación se pactó -sin licitación de por medio- con el Credit Suisse, entidad que actuó como agente de colocación de los títulos en el mercado financiero internacional y que cobró una comisión del 0,75 por ciento del capital -unos 3.562.500 dólares- por la gestión y administración de los bonos emitidos.
“Colgada de una cláusula del contrato, aparece sin justificación alguna la firma KBR Corporate Finance Ltd., cuyo representante y negociador ante el Estado porteño fue Edgardo Srodek, de estrechos vínculos con funcionarios y dirigentes del Pro”, señala Luis Villanueva, coordinador del Programa de Acción Ciudadana y Lucha contra la Corrupción de ACIJ. Según la documentación aportada por ACIJ a la justicia, la aparición de KBR se tradujo para el fisco porteño en una comisión adicional del 1,25 por ciento - 5.937.500 dólares- por los “servicios de organización”, monto que, según las cláusulas del contrato, debía repartirse en proporciones no aclaradas entre el Credit Suisse y la ignota KBR.
Las fuentes consultadas califican como sugestivo que el Credit Suisse, una entidad de gran porte que cargó con la mayor tarea, haya recibido una comisión menor que KBR. La respuesta quizá haya que buscarla en el domicilio de la firma, cuya representación detenta Srodek en Buenos Aires. Ubicadas en Cerrito al 1200, por sus oficinas transitaron muchos dirigentes del PRO y Recrear, cuando el polifacético cuadro macrista y hermano de Jorge Srodek (diputado bonaerense de Unión Pro y vicepresidente de Carbap) se desempeñaba como jefe de campaña del armado electoral que incluyó a Recrear, el partido de Ricardo López Murphy.
Más irregularidades. Los cuestionamientos judiciales no terminan en la sugestiva y poco clara comisión con que se alzó KBR. Tampoco en los vínculos de Srodek con la administración de Macri. Villanueva también señala que los fondos obtenidos mediante la operación de crédito tenían como finalidad financiar las obras de ampliación de las líneas A. B y H de la red de subterráneos, según lo aprobado por la Legislatura porteña. Sin embargo, nada de ello ocurrió. Al menos en lo inmediato.
“Por una decisión unilateral e infundada, y sin la autorización de la Legislatura, los fondos fueron pesificados e invertidos en la compra de letras del tesoro nacional y el resto depositados en un plazo fijo en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires”, precisa Villanueva. En otras palabras, los 475 millones de dólares iniciales se convirtieron en 1.843 millones de pesos, de los cuales 600 millones de pesos fueron destinados a la compra de LEBACs y 1.243 millones de pesos quedaron depositados en el Banco Ciudad con un rendimiento anual del 6,5 por ciento. Ambas decisiones habrían reportado una pérdida para el fisco que supera los 30 millones de pesos por la diferencia entre la tasa pagada a los inversores del bono y el rendimiento obtenido por las LEBACs y el plazo fijo. Un desmanejo producto de que, al momento de realizarse la colocación, ni siquiera estaban en marcha la, licitación de las obras públicas a las que debían afectarse los fondos obtenidos en el mercado.
“Cuatro meses después, a raíz del escándalo y por los pedidos de informes de la Legislatura, el Ejecutivo envió un proyecto de ley para que lo autorizaran a modificar la asignación de los fondos”, explica Villanueva. La movida, destinada a cubrir con un manto de legalidad las irregularidades, encontró eco y, en agosto pasado, la Legislatura autorizó que 150 millones de dólares le fueran prestados a AUSA -a una tasa idéntica a la obtenida por los bonistas, según la versión oficial- para la construcción de pasos bajo nivel en los ferrocarriles Mitre, San Martín y Urquiza; además de 36 millones de dólares para obras de infraestructura escolar.
Sin explicaciones. Hasta el momento, y pese a los pedidos de la Legislatura, ningún funcionario porteño explicó en detalle cuáles fueron los motivos por los que se contrató a Credite Suisse y, por su intermedio, a KBR, agente que aparece en el prospecto de emisión como el responsable del armado de la operación. “Tampoco explicaron por qué no se apeló al Banco Ciudad, en la medida que es el agente financiero natural del Estado porteño”, subraya Villanueva. En la City agregan que tampoco está justificada la elevada comisión pagada por un trabajo que no requería una ingeniería financiera importante por tratarse de la octava serie de un título considerado clásico” por los inversores.
Según consta en la denuncia presentada por ACIJ, “la carencia de previsión, planificación y coordinación serias en lo concerniente a las obras de extensión del subterráneo (…) trajo aparejada la imposibilidad de establecer una política eficiente en materia de endeudamiento”. Para peor, el dinero obtenido en la colocación de títulos “se reinvirtió en actividades que ni siquiera dieron un renta que alcance a pagar los costos de la operación”. En síntesis, un panorama que refuerza la ya tradicionales críticas a la administración de Macri por su ineficiencia y que, además, podría deparar consecuencias penales a Grindetti, Sehman y Srodek por la contratación de KBR.
• Otro nido de caranchos
KBR opera mediante dos entidades subsidirias. Una de ellas es KBR Finance Limited, con sede en la ciudad de Nicosia, Chipre. Sus actividades declaradas se localizan en mercados emergentes, como los de América Latina, y en plazas financieras de Europa del Este, donde los ataques especulativos sobre las monedas locales y las deudas soberanas suelen dejar fuertes ganancias a los fondos buitres. Su otra filial es KBR Finance Corporate Limited GmbH, con sede en Frankfurt.
Edgardo Srodek es uno de los directivos locales de la firma. Otro de ellos es Pablo Basualdo. Ambos fundadores, en 2003, de Buenos Aires Investment Company. Con oficinas en Londres y Nueva York, la sociedad ofrece servicios en el sector de las finanzas corporativas. Las transferencias de carteras y el mercado de derivados, dos actividades fuertemente cuestionadas tras la crisis financiera internacional, son algunos de los servicios que ofrece a sus clientes.
• Una oferta barata y para pocos
Los comentarios que disparó la colocación de la Serie 8 del Bono Tango no fueron pocos. A los pocos días de emitido, el papel había dejado una utilidad muy superior a la normal. Obviamente, sólo a los pocos inversores que pudieron conseguirlo en la oferta inicial. Un reflejo de la alta tasa que convalidó la administración de Mauricio Macri. En los hechos, el rendimiento pautado -muy por encima de las colocaciones que concretaron empresas y jurisdicciones provinciales con menor calificación crediticia- disparó la bronca de los frustrados suscriptores.
Poco después de concretada la operación, las versiones periodísticas señalaron que tanto el City como el Barclays habrían ofrecido cobrar comisiones menores a la pactada por el ministro de Economía, Néstor Grindetti. Según los expertos, las usuales oscilan entre el 0,25 y 0,50 por ciento. Hoy, algunas versiones insisten en señalar que Grindetti habría desarmado un preacuerdo pactado con una tercera entidad para, finalmente, elegir a KBR Coporate Finance, la sociedad que comanda en Buenos Aires Edgardo Srodek.
No es la única arista polémica la operación. En la City consideran habitual que tras la colocación de deuda, el título en cuestión registre un alza. Sin embargo, las subas nunca alcanzan el nivel que registró la Serie 8 del Bono Tango. Cuando ocurre es porque el emisor vendió por debajo del precio de mercado. La situación dejaría al borde del despido al gerente financiero de una empresa privada. No es el caso de Grindetti. Tampoco de Abel Fernández Semhan, director de Crédito Público. Ambos, hasta el momento, siguen en sus cargos.
Para Miradas al sur
26 de diciembre de 2010
El ministro de Economía, Néstor Grindetti, y el director de Crédito Público de la Ciudad, Abel Fernández Semhan, fueron acusados ante la justicia de administracion fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros cargos.
Administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función son las cargos que pesan sobre el ministro de Economía porteño, Néstor Grindetti, y el director de Crédito Público de la Ciudad, Abel Ignacio Fernández Semhan. La denuncia la formuló el constitucionalista Ezequiel Nino, en representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), ante el juzgado de instrucción a cargo de Eliseo Otero, y también alcanza a Edgardo Srodek, consultor financiero y ex jefe de campaña de la efímera alianza que concretaron el PRO y Recrear en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de 2005. Los montos involucrados son enormes, las irregularidades denunciadas muchas y los detalles de la operación, como mínimo, sospechosos. El tema no es menor y amenaza con detonar en los próximos días, luego de que el magistrado diera intervención a la fiscalía de Estado.
La historia comenzó a tejerse entre el 29 de marzo y el 6 de abril pasados, cuando la administración de Mauricio Macri concretó la emisión de deuda pública por un monto de 475 millones de dólares -correspondientes a la octava serie de los Bonos Tango-, convalidando una tasa del 12,5 por ciento anual en dólares a cinco años. La operación se pactó -sin licitación de por medio- con el Credit Suisse, entidad que actuó como agente de colocación de los títulos en el mercado financiero internacional y que cobró una comisión del 0,75 por ciento del capital -unos 3.562.500 dólares- por la gestión y administración de los bonos emitidos.
“Colgada de una cláusula del contrato, aparece sin justificación alguna la firma KBR Corporate Finance Ltd., cuyo representante y negociador ante el Estado porteño fue Edgardo Srodek, de estrechos vínculos con funcionarios y dirigentes del Pro”, señala Luis Villanueva, coordinador del Programa de Acción Ciudadana y Lucha contra la Corrupción de ACIJ. Según la documentación aportada por ACIJ a la justicia, la aparición de KBR se tradujo para el fisco porteño en una comisión adicional del 1,25 por ciento - 5.937.500 dólares- por los “servicios de organización”, monto que, según las cláusulas del contrato, debía repartirse en proporciones no aclaradas entre el Credit Suisse y la ignota KBR.
Las fuentes consultadas califican como sugestivo que el Credit Suisse, una entidad de gran porte que cargó con la mayor tarea, haya recibido una comisión menor que KBR. La respuesta quizá haya que buscarla en el domicilio de la firma, cuya representación detenta Srodek en Buenos Aires. Ubicadas en Cerrito al 1200, por sus oficinas transitaron muchos dirigentes del PRO y Recrear, cuando el polifacético cuadro macrista y hermano de Jorge Srodek (diputado bonaerense de Unión Pro y vicepresidente de Carbap) se desempeñaba como jefe de campaña del armado electoral que incluyó a Recrear, el partido de Ricardo López Murphy.
Más irregularidades. Los cuestionamientos judiciales no terminan en la sugestiva y poco clara comisión con que se alzó KBR. Tampoco en los vínculos de Srodek con la administración de Macri. Villanueva también señala que los fondos obtenidos mediante la operación de crédito tenían como finalidad financiar las obras de ampliación de las líneas A. B y H de la red de subterráneos, según lo aprobado por la Legislatura porteña. Sin embargo, nada de ello ocurrió. Al menos en lo inmediato.
“Por una decisión unilateral e infundada, y sin la autorización de la Legislatura, los fondos fueron pesificados e invertidos en la compra de letras del tesoro nacional y el resto depositados en un plazo fijo en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires”, precisa Villanueva. En otras palabras, los 475 millones de dólares iniciales se convirtieron en 1.843 millones de pesos, de los cuales 600 millones de pesos fueron destinados a la compra de LEBACs y 1.243 millones de pesos quedaron depositados en el Banco Ciudad con un rendimiento anual del 6,5 por ciento. Ambas decisiones habrían reportado una pérdida para el fisco que supera los 30 millones de pesos por la diferencia entre la tasa pagada a los inversores del bono y el rendimiento obtenido por las LEBACs y el plazo fijo. Un desmanejo producto de que, al momento de realizarse la colocación, ni siquiera estaban en marcha la, licitación de las obras públicas a las que debían afectarse los fondos obtenidos en el mercado.
“Cuatro meses después, a raíz del escándalo y por los pedidos de informes de la Legislatura, el Ejecutivo envió un proyecto de ley para que lo autorizaran a modificar la asignación de los fondos”, explica Villanueva. La movida, destinada a cubrir con un manto de legalidad las irregularidades, encontró eco y, en agosto pasado, la Legislatura autorizó que 150 millones de dólares le fueran prestados a AUSA -a una tasa idéntica a la obtenida por los bonistas, según la versión oficial- para la construcción de pasos bajo nivel en los ferrocarriles Mitre, San Martín y Urquiza; además de 36 millones de dólares para obras de infraestructura escolar.
Sin explicaciones. Hasta el momento, y pese a los pedidos de la Legislatura, ningún funcionario porteño explicó en detalle cuáles fueron los motivos por los que se contrató a Credite Suisse y, por su intermedio, a KBR, agente que aparece en el prospecto de emisión como el responsable del armado de la operación. “Tampoco explicaron por qué no se apeló al Banco Ciudad, en la medida que es el agente financiero natural del Estado porteño”, subraya Villanueva. En la City agregan que tampoco está justificada la elevada comisión pagada por un trabajo que no requería una ingeniería financiera importante por tratarse de la octava serie de un título considerado clásico” por los inversores.
Según consta en la denuncia presentada por ACIJ, “la carencia de previsión, planificación y coordinación serias en lo concerniente a las obras de extensión del subterráneo (…) trajo aparejada la imposibilidad de establecer una política eficiente en materia de endeudamiento”. Para peor, el dinero obtenido en la colocación de títulos “se reinvirtió en actividades que ni siquiera dieron un renta que alcance a pagar los costos de la operación”. En síntesis, un panorama que refuerza la ya tradicionales críticas a la administración de Macri por su ineficiencia y que, además, podría deparar consecuencias penales a Grindetti, Sehman y Srodek por la contratación de KBR.
• Otro nido de caranchos
KBR opera mediante dos entidades subsidirias. Una de ellas es KBR Finance Limited, con sede en la ciudad de Nicosia, Chipre. Sus actividades declaradas se localizan en mercados emergentes, como los de América Latina, y en plazas financieras de Europa del Este, donde los ataques especulativos sobre las monedas locales y las deudas soberanas suelen dejar fuertes ganancias a los fondos buitres. Su otra filial es KBR Finance Corporate Limited GmbH, con sede en Frankfurt.
Edgardo Srodek es uno de los directivos locales de la firma. Otro de ellos es Pablo Basualdo. Ambos fundadores, en 2003, de Buenos Aires Investment Company. Con oficinas en Londres y Nueva York, la sociedad ofrece servicios en el sector de las finanzas corporativas. Las transferencias de carteras y el mercado de derivados, dos actividades fuertemente cuestionadas tras la crisis financiera internacional, son algunos de los servicios que ofrece a sus clientes.
• Una oferta barata y para pocos
Los comentarios que disparó la colocación de la Serie 8 del Bono Tango no fueron pocos. A los pocos días de emitido, el papel había dejado una utilidad muy superior a la normal. Obviamente, sólo a los pocos inversores que pudieron conseguirlo en la oferta inicial. Un reflejo de la alta tasa que convalidó la administración de Mauricio Macri. En los hechos, el rendimiento pautado -muy por encima de las colocaciones que concretaron empresas y jurisdicciones provinciales con menor calificación crediticia- disparó la bronca de los frustrados suscriptores.
Poco después de concretada la operación, las versiones periodísticas señalaron que tanto el City como el Barclays habrían ofrecido cobrar comisiones menores a la pactada por el ministro de Economía, Néstor Grindetti. Según los expertos, las usuales oscilan entre el 0,25 y 0,50 por ciento. Hoy, algunas versiones insisten en señalar que Grindetti habría desarmado un preacuerdo pactado con una tercera entidad para, finalmente, elegir a KBR Coporate Finance, la sociedad que comanda en Buenos Aires Edgardo Srodek.
No es la única arista polémica la operación. En la City consideran habitual que tras la colocación de deuda, el título en cuestión registre un alza. Sin embargo, las subas nunca alcanzan el nivel que registró la Serie 8 del Bono Tango. Cuando ocurre es porque el emisor vendió por debajo del precio de mercado. La situación dejaría al borde del despido al gerente financiero de una empresa privada. No es el caso de Grindetti. Tampoco de Abel Fernández Semhan, director de Crédito Público. Ambos, hasta el momento, siguen en sus cargos.
Sentados en el viejo muelle
Por Jorge Giles
Para Miradas al sur
26 de diciembre de 2010
A punto de finalizar el 2010, es necesario acomodar los huesos para la travesía que en el próximo año vamos a emprender, juntos, como sociedad. Imaginémonos, sentados en el viejo muelle de un país tan viejo como el mismo muelle, a punto de partir con una barca llena de pueblo, hacia el puerto de un nuevo país. Todo nos interpela, nos interroga, nos asombra, nos llena de zozobra, nos desafía, nos provoca, nos empuja, nos estimula a echarnos a mar abierto de una buena vez. Es esta la última nota de un año llamado del Bicentenario; y el riesgo que nos gane la melancolía es harto peligroso. Hasta que nos preguntamos:
Esas seis millones de personas que desfilaron ante los Presidentes de la América del Sur en el Paseo de la Avenida ¿Son parte del pasado o del futuro de los argentinos?
¿Néstor Kirchner quedó atrás de nuestras vidas o está marchando como lo hizo siempre, adelante de todos?
¿Los pibes y las pibas de la Asignación Universal por Hijo fijaron su identidad en los años de exclusión o nos están esperando, allá en el horizonte?
Esa juventud, más que maravillosa, que irrumpió descalza en el escenario mayor de la política ¿vino para quedarse quieta o para multiplicarse al infinito?
El aire presagia buenos tiempos, por eso hay acechanzas. Hay que hacerse cargo de que cuando se proclama desde el gobierno o cuando los de abajo deseamos, decimos y exigimos colectivamente que el modelo de crecimiento con inclusión social debe profundizarse, los que siempre estuvieron arriba de la pirámide pondrán el grito en el cielo y lo querrán incendiar, si les fuese posible hacerlo.
Los poderosos no se quejan cuando no existen cambios que los afecten. No es este el caso argentino. No lo viene siendo desde el 2003. Menos desde que Cristina Fernández de Kirchner es la presidenta. Y esas consecuencias hay que abordarlas entre todos.
Es de una pereza absoluta, para ser prudentes, pretender que el gobierno haga todo en nombre nuestro. Que avance, que corrija, que cuide, que defienda al borde del área chica, que patee los penales, que tire el centro, que cabecee, que la saque afuera, que limpie el vestuario.
Los que desertaron por izquierda o por derecha, da igual, lo hicieron porque no estuvieron nunca a la altura del desafío histórico. Total, si el proyecto nacional es derrotado ellos dirán que “nos retiramos a tiempo”. Y obtendrán así el perdón de los verdugos, que es el más infame perdón. Dan vergüenza ajena.
“Esta travesía la hacemos entre todos o no lo hace nadie”, parafraseando a un viejo general, tan argentino como paraguayo, llamado Juan Perón.
No es cierto que una hoja de ruta asegure el destino. Ni que el 2011 esté ganado de antemano. Ni es cierto que no habrá tiburones ni cazadores de tiburones que hagan más peligroso el rumbo. No es cierto que nos favorecerán los vientos de proa y/o de popa porque esta barca está predestinada a llegar a puerto. Se llegará. Pero la travesía victoriosa del 2011 será la mayor obra humana que este pueblo hará en su historia de Nación.
De lo contrario, volverá con las velas hechas jirones al punto de partida, a resistir una nueva década de injusticia y exclusión.
Sabiendo esto, crudamente, hay que animarse a partir con el futuro que ya está entre nosotros, a consolidar sus bienaventuranzas, para asegurar hacia adelante un siglo de justicia y de paz, de pleno empleo, de inclusión social. Pero a no engañarse. Nada nos será dado porque sí. La historia de este hermoso pueblo, así lo enseña. Habrá que juntar armónicamente, gestión y gobernabilidad con militancia política en las calles de la patria.
Los movimientos populares tienen causas para defender, no sólo meros expedientes.
Aunque el gobierno de Cristina como el de Néstor, demostró con creces que además de nutrirse en las raíces más profundas del proyecto nacional, popular y democrático, de expresarlo y reverdecerlo, implementaron la gestión más eficiente, con mejores resultados, con los mayores logros que haya conocido este país. Hay que emprender la travesía entre todos.
Aquellos que quieran abordar las naves de la discordia, de la exclusión social, la xenofobia y el racismo, la discriminación y la violencia de la patota republicana, ya tendrán seguramente los pasajes para retirar por la ventanilla correspondiente.
Los funcionales a esas naves, con discurso de progresía, tendrán lugar en algún mullido camarote. ¿O se conformarán en dormir sus conciencias auto violentadas en las balsas dispuestas para el caso de naufragio?
En definitiva, allá vamos, en nombre del futuro. A suerte o verdad. Hacia el pasado o hacia el porvenir. Que nadie se llame a engaño. La derecha de Macri o Duhalde no tirarán con los añejos tomos de la Biblioteca de Alejandría. Son de marcar la cancha con otros modales estos muchachos de las patotas que primero incendian y después ofertan el mejor matafuego. Hay que atreverse a más.
Por eso no debería extrañar, por ejemplo, que María Rachid sea nombrada vicepresidenta del Inadi el mismo día en que los dictadores Videla y Menéndez fueron juzgados por genocidio y enviados a prisión. Son las marcas indubitables de un país más igualitario y más justo.
Y de vuelta vemos a Néstor Kirchner en el horizonte descolgando los cuadros de los asesinos.
Señores y señoras, compañeros todos, la Navidad pasó y él no estuvo con nosotros. Perdonen la tristeza. Pero sin embargo, alegra saber que una mujer, Cristina, “¡Madre, presidenta y argentina!”, como diría Jorge Luz el grande, sueña con nosotros un mañana mejor.
La flamante asunción de Nilda Garré, es el certificado de calidad de la nueva doctrina de Seguridad basada en la no represión violenta del conflicto social y en las políticas sociales y de empleo que hacen que nuestros hermanos, todos, sean un poco más libres, día a día. O triunfa esta doctrina o vuelve el garrote de la represión de Macri o lo peor de la derecha delarruista.
La luz de distancia que se logre será mayor si emprendemos juntos como pueblo, esta hermosa travesía que, mientras charlamos, acaba de comenzar.
Para Miradas al sur
26 de diciembre de 2010
A punto de finalizar el 2010, es necesario acomodar los huesos para la travesía que en el próximo año vamos a emprender, juntos, como sociedad. Imaginémonos, sentados en el viejo muelle de un país tan viejo como el mismo muelle, a punto de partir con una barca llena de pueblo, hacia el puerto de un nuevo país. Todo nos interpela, nos interroga, nos asombra, nos llena de zozobra, nos desafía, nos provoca, nos empuja, nos estimula a echarnos a mar abierto de una buena vez. Es esta la última nota de un año llamado del Bicentenario; y el riesgo que nos gane la melancolía es harto peligroso. Hasta que nos preguntamos:
Esas seis millones de personas que desfilaron ante los Presidentes de la América del Sur en el Paseo de la Avenida ¿Son parte del pasado o del futuro de los argentinos?
¿Néstor Kirchner quedó atrás de nuestras vidas o está marchando como lo hizo siempre, adelante de todos?
¿Los pibes y las pibas de la Asignación Universal por Hijo fijaron su identidad en los años de exclusión o nos están esperando, allá en el horizonte?
Esa juventud, más que maravillosa, que irrumpió descalza en el escenario mayor de la política ¿vino para quedarse quieta o para multiplicarse al infinito?
El aire presagia buenos tiempos, por eso hay acechanzas. Hay que hacerse cargo de que cuando se proclama desde el gobierno o cuando los de abajo deseamos, decimos y exigimos colectivamente que el modelo de crecimiento con inclusión social debe profundizarse, los que siempre estuvieron arriba de la pirámide pondrán el grito en el cielo y lo querrán incendiar, si les fuese posible hacerlo.
Los poderosos no se quejan cuando no existen cambios que los afecten. No es este el caso argentino. No lo viene siendo desde el 2003. Menos desde que Cristina Fernández de Kirchner es la presidenta. Y esas consecuencias hay que abordarlas entre todos.
Es de una pereza absoluta, para ser prudentes, pretender que el gobierno haga todo en nombre nuestro. Que avance, que corrija, que cuide, que defienda al borde del área chica, que patee los penales, que tire el centro, que cabecee, que la saque afuera, que limpie el vestuario.
Los que desertaron por izquierda o por derecha, da igual, lo hicieron porque no estuvieron nunca a la altura del desafío histórico. Total, si el proyecto nacional es derrotado ellos dirán que “nos retiramos a tiempo”. Y obtendrán así el perdón de los verdugos, que es el más infame perdón. Dan vergüenza ajena.
“Esta travesía la hacemos entre todos o no lo hace nadie”, parafraseando a un viejo general, tan argentino como paraguayo, llamado Juan Perón.
No es cierto que una hoja de ruta asegure el destino. Ni que el 2011 esté ganado de antemano. Ni es cierto que no habrá tiburones ni cazadores de tiburones que hagan más peligroso el rumbo. No es cierto que nos favorecerán los vientos de proa y/o de popa porque esta barca está predestinada a llegar a puerto. Se llegará. Pero la travesía victoriosa del 2011 será la mayor obra humana que este pueblo hará en su historia de Nación.
De lo contrario, volverá con las velas hechas jirones al punto de partida, a resistir una nueva década de injusticia y exclusión.
Sabiendo esto, crudamente, hay que animarse a partir con el futuro que ya está entre nosotros, a consolidar sus bienaventuranzas, para asegurar hacia adelante un siglo de justicia y de paz, de pleno empleo, de inclusión social. Pero a no engañarse. Nada nos será dado porque sí. La historia de este hermoso pueblo, así lo enseña. Habrá que juntar armónicamente, gestión y gobernabilidad con militancia política en las calles de la patria.
Los movimientos populares tienen causas para defender, no sólo meros expedientes.
Aunque el gobierno de Cristina como el de Néstor, demostró con creces que además de nutrirse en las raíces más profundas del proyecto nacional, popular y democrático, de expresarlo y reverdecerlo, implementaron la gestión más eficiente, con mejores resultados, con los mayores logros que haya conocido este país. Hay que emprender la travesía entre todos.
Aquellos que quieran abordar las naves de la discordia, de la exclusión social, la xenofobia y el racismo, la discriminación y la violencia de la patota republicana, ya tendrán seguramente los pasajes para retirar por la ventanilla correspondiente.
Los funcionales a esas naves, con discurso de progresía, tendrán lugar en algún mullido camarote. ¿O se conformarán en dormir sus conciencias auto violentadas en las balsas dispuestas para el caso de naufragio?
En definitiva, allá vamos, en nombre del futuro. A suerte o verdad. Hacia el pasado o hacia el porvenir. Que nadie se llame a engaño. La derecha de Macri o Duhalde no tirarán con los añejos tomos de la Biblioteca de Alejandría. Son de marcar la cancha con otros modales estos muchachos de las patotas que primero incendian y después ofertan el mejor matafuego. Hay que atreverse a más.
Por eso no debería extrañar, por ejemplo, que María Rachid sea nombrada vicepresidenta del Inadi el mismo día en que los dictadores Videla y Menéndez fueron juzgados por genocidio y enviados a prisión. Son las marcas indubitables de un país más igualitario y más justo.
Y de vuelta vemos a Néstor Kirchner en el horizonte descolgando los cuadros de los asesinos.
Señores y señoras, compañeros todos, la Navidad pasó y él no estuvo con nosotros. Perdonen la tristeza. Pero sin embargo, alegra saber que una mujer, Cristina, “¡Madre, presidenta y argentina!”, como diría Jorge Luz el grande, sueña con nosotros un mañana mejor.
La flamante asunción de Nilda Garré, es el certificado de calidad de la nueva doctrina de Seguridad basada en la no represión violenta del conflicto social y en las políticas sociales y de empleo que hacen que nuestros hermanos, todos, sean un poco más libres, día a día. O triunfa esta doctrina o vuelve el garrote de la represión de Macri o lo peor de la derecha delarruista.
La luz de distancia que se logre será mayor si emprendemos juntos como pueblo, esta hermosa travesía que, mientras charlamos, acaba de comenzar.
La presidenta es la dirigente con mejor imagen e intención de voto
Tiempo Argentino
26 de diciembre de 2010
Cristina Fernández continúa cosechando adhesiones, mientras la valoración de los dirigentes de la oposición cae vertiginosamente. Un 59,1% de los consultados evaluó como “muy buena” y “bastante buena” a la mandataria.
Cristina Fernández es la dirigente política con mejor imagen de la Argentina, según un sondeo realizado en diciembre. Quien la sucede también pertenece al Frente para la Victoria: el ex motonauta Daniel Scioli, seguido con más de 10 puntos de diferencia por el empresario Mauricio Macri, único opositor en subirse al podio. Del estudio también se desprende que de haber una segunda vuelta en las elecciones nacionales de 2011, la presidenta triunfaría ante cualquier candidato con el 47% de los votos. En segundo lugar se ubicaría Mauricio Macri con el 34,9 % , según la encuesta.
La consultora Ibarómetro elaboró un sondeo de opinión pública y entrevistó a 1200 personas de la zona metropolitana y en diferentes poblaciones del interior del país.
A principios de 2010, la clase política nacional parecía haber caído nuevamente en desgracia: según varios sondeos, absolutamente todos los dirigentes argentinos tenían mayor imagen negativa que positiva. El último en derrumbarse fue el vicepresidente Julio César Cleto Cobos, quien un año y medio después del voto “no positivo” que lo lanzó a la fama en julio de 2008, empezó a padecer su alta exposición pública.
A final del año pasado, Cristina Fernández afrontaba un escenario complicado. Tras la derrota en las elecciones legislativas de junio de 2009, los números no le sonreían. Un 68% de la población tenía una imagen negativa de la ex senadora por Santa Cruz. Entre marzo y julio de este año, la mandataria escaló de manera astronómica y ahora un 59,1% de los encuestados hace una evaluación “muy buena” o “bastante buena” de Cristina como dirigente política, contra un33,9% que la considera “bastante mala” o “mala”. Con la mirada puesta en las elecciones de 2011, Macri aparece como el dirigente opositor mejor posicionado: un 48,2% de los encuestados tiene una imagen positiva del empresario. A pesar de que en ese rubro sus números son más que respetables, el ex presidente de Boca Juniors tiene un inconveniente, ya que cuatro de cada diez personas lo ve como un dirigente “bastante malo” o “muy malo”. El caso del diputado radical Ricardo Alfonsín es similar y a pesar de que en la consideración general está por debajo de Macri, su imagen negativa es sensiblemente menor a la del procesado jefe de gobierno porteño: 33,2%.
El resto de los competidores en la carrera hacia la Casa Rosada está en una situación bastante delicada si quieren salir airosos el año próximo, ya que todos tienen más imagen negativa que positiva. El ex presidente interino Eduardo Duhalde tiene el dudoso honor de liderar la tabla con 39 puntos negativos de imagen, seguido por la abogada chaqueña Elisa Carrió, a menos de 10 puntos del ex bañero lomense.
Si bien todavía quedan casi diez meses para las presidenciales del año próximo, el oficialismo le saca años luz a sus posibles contendientes. Con un 38,7% de intención de voto, la presidenta está al tope de las preferencias electorales. Macri está muy por debajo de la mandataria platense, y solamente uno de cada diez encuestados expresó su voluntad de votarlo. Ricardo Alfonsín tiene números similares.
De todas formas, no todas son rosas para el gobierno nacional. De los 1200 casos consultados, un 46,5% considera que la gestión kirchnerista es muy o bastante buena, pero casi la misma cantidad (45%) opina que es muy o bastante mala. Más allá de esos números, la imagen de Cristina Fernández es cada vez más sólida y más de la mitad de los encuestados considera que se maneja “mejor” o “igual de bien” luego de la muerte de su esposo, Néstor Kirchner.
26 de diciembre de 2010
Cristina Fernández continúa cosechando adhesiones, mientras la valoración de los dirigentes de la oposición cae vertiginosamente. Un 59,1% de los consultados evaluó como “muy buena” y “bastante buena” a la mandataria.
Cristina Fernández es la dirigente política con mejor imagen de la Argentina, según un sondeo realizado en diciembre. Quien la sucede también pertenece al Frente para la Victoria: el ex motonauta Daniel Scioli, seguido con más de 10 puntos de diferencia por el empresario Mauricio Macri, único opositor en subirse al podio. Del estudio también se desprende que de haber una segunda vuelta en las elecciones nacionales de 2011, la presidenta triunfaría ante cualquier candidato con el 47% de los votos. En segundo lugar se ubicaría Mauricio Macri con el 34,9 % , según la encuesta.
La consultora Ibarómetro elaboró un sondeo de opinión pública y entrevistó a 1200 personas de la zona metropolitana y en diferentes poblaciones del interior del país.
A principios de 2010, la clase política nacional parecía haber caído nuevamente en desgracia: según varios sondeos, absolutamente todos los dirigentes argentinos tenían mayor imagen negativa que positiva. El último en derrumbarse fue el vicepresidente Julio César Cleto Cobos, quien un año y medio después del voto “no positivo” que lo lanzó a la fama en julio de 2008, empezó a padecer su alta exposición pública.
A final del año pasado, Cristina Fernández afrontaba un escenario complicado. Tras la derrota en las elecciones legislativas de junio de 2009, los números no le sonreían. Un 68% de la población tenía una imagen negativa de la ex senadora por Santa Cruz. Entre marzo y julio de este año, la mandataria escaló de manera astronómica y ahora un 59,1% de los encuestados hace una evaluación “muy buena” o “bastante buena” de Cristina como dirigente política, contra un33,9% que la considera “bastante mala” o “mala”. Con la mirada puesta en las elecciones de 2011, Macri aparece como el dirigente opositor mejor posicionado: un 48,2% de los encuestados tiene una imagen positiva del empresario. A pesar de que en ese rubro sus números son más que respetables, el ex presidente de Boca Juniors tiene un inconveniente, ya que cuatro de cada diez personas lo ve como un dirigente “bastante malo” o “muy malo”. El caso del diputado radical Ricardo Alfonsín es similar y a pesar de que en la consideración general está por debajo de Macri, su imagen negativa es sensiblemente menor a la del procesado jefe de gobierno porteño: 33,2%.
El resto de los competidores en la carrera hacia la Casa Rosada está en una situación bastante delicada si quieren salir airosos el año próximo, ya que todos tienen más imagen negativa que positiva. El ex presidente interino Eduardo Duhalde tiene el dudoso honor de liderar la tabla con 39 puntos negativos de imagen, seguido por la abogada chaqueña Elisa Carrió, a menos de 10 puntos del ex bañero lomense.
Si bien todavía quedan casi diez meses para las presidenciales del año próximo, el oficialismo le saca años luz a sus posibles contendientes. Con un 38,7% de intención de voto, la presidenta está al tope de las preferencias electorales. Macri está muy por debajo de la mandataria platense, y solamente uno de cada diez encuestados expresó su voluntad de votarlo. Ricardo Alfonsín tiene números similares.
De todas formas, no todas son rosas para el gobierno nacional. De los 1200 casos consultados, un 46,5% considera que la gestión kirchnerista es muy o bastante buena, pero casi la misma cantidad (45%) opina que es muy o bastante mala. Más allá de esos números, la imagen de Cristina Fernández es cada vez más sólida y más de la mitad de los encuestados considera que se maneja “mejor” o “igual de bien” luego de la muerte de su esposo, Néstor Kirchner.
Duhalde y Carrió son los políticos más rechazados
Tiempo Argentino
26 de diciembre de 2010
Los números le dan la espalda al dirigente bonaerense con un 61,3% de imagen negativa. La chaqueña cosecha un 59,5% de desaprobación.
Corren días aciagos para los políticos opositores argentinos. Con las excepciones de Mauricio Macri y Ricardo Alfonsín, el resto de los contendientes de Cristina Fernández para las elecciones del año próximo tiene mayor imagen negativa que positiva.
“¡Que se vayan todos!” fue el grito que inundó la Argentina como bandera del violento fin de año en 2001. Algunos dirigentes, como Fernando de la Rúa, tomaron nota del reclamo popular y desaparecieron del mapa. Otros, como Eduardo Duhalde, prometieron retirarse, pero luego dieron marcha atrás.
Después de terminar de manera anticipada su mandato y entregarle la banda presidencial a Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003, Duhalde cumplió funciones en el Mercosur y en 2005 volvió a la arena política e impulsó la candidatura de su esposa Hilda al senado nacional, que a pesar de una dura derrota contra el kirchnerismo accedió a la Cámara Alta. Hoy los números tampoco le sonríen al bonaerense: 61,3% de los encuestados tiene una imagen “muy mala” o “bastante mala” de Duhalde.
La líder de la Coalición Cívica tampoco tendrá un camino de rosas si planea competir contra Cristina Fernández, ya que casi uno de cada tres de los consultados la considera en forma negativa.
El caso del titular de la UCR, Ernesto Sanz, es muy particular. Un 15% lo ve positivamente, contra el 28,6% que tiene poca simpatía por el mendocino. En la medición se destaca que un 55,8% de los encuestados no tiene opinión sobre él. Como aliciente, el senador radical puede decir que ese número superaba el 70% un mes atrás.
26 de diciembre de 2010
Los números le dan la espalda al dirigente bonaerense con un 61,3% de imagen negativa. La chaqueña cosecha un 59,5% de desaprobación.
Corren días aciagos para los políticos opositores argentinos. Con las excepciones de Mauricio Macri y Ricardo Alfonsín, el resto de los contendientes de Cristina Fernández para las elecciones del año próximo tiene mayor imagen negativa que positiva.
“¡Que se vayan todos!” fue el grito que inundó la Argentina como bandera del violento fin de año en 2001. Algunos dirigentes, como Fernando de la Rúa, tomaron nota del reclamo popular y desaparecieron del mapa. Otros, como Eduardo Duhalde, prometieron retirarse, pero luego dieron marcha atrás.
Después de terminar de manera anticipada su mandato y entregarle la banda presidencial a Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003, Duhalde cumplió funciones en el Mercosur y en 2005 volvió a la arena política e impulsó la candidatura de su esposa Hilda al senado nacional, que a pesar de una dura derrota contra el kirchnerismo accedió a la Cámara Alta. Hoy los números tampoco le sonríen al bonaerense: 61,3% de los encuestados tiene una imagen “muy mala” o “bastante mala” de Duhalde.
La líder de la Coalición Cívica tampoco tendrá un camino de rosas si planea competir contra Cristina Fernández, ya que casi uno de cada tres de los consultados la considera en forma negativa.
El caso del titular de la UCR, Ernesto Sanz, es muy particular. Un 15% lo ve positivamente, contra el 28,6% que tiene poca simpatía por el mendocino. En la medición se destaca que un 55,8% de los encuestados no tiene opinión sobre él. Como aliciente, el senador radical puede decir que ese número superaba el 70% un mes atrás.
El gobierno volvió a denunciar un intento de desestabilizar a Cristina
Por Viviana Mariño
Para Tiempo Argentino
26 de diciembre de 2010
Apuntó especialmente al ex presidente interino Eduardo Duhalde. También criticó al macrismo y al Partido Obrero. Tres ministros vincularon los violentos episodios del jueves con la toma del Indoamericano y la ocupación del Albariño.
Los violentos incidentes del jueves frente a la Estación Constitución afianzaron el argumento. En vísperas de la Nochebuena, el gobierno expuso al debate público la lectura oficial sobre esos episodios: la hipótesis de una “provocación” de sectores políticos con el objetivo de desestabilizar a la administración de Cristina Fernández. En verdad, la evaluación comenzó a tomar cuerpo en la Casa Rosada a partir de la toma del Parque Indoamericano, en el barrio de Villa Soldati, se afianzó con la todavía irresuelta ocupación del Club Albariño de Villa Lugano, y terminó de configurarse en las últimas horas del jueves cuando un conflicto con trabajadores tercerizados del ex Ferrocarril Roca derivó en la interrupción por más de siete horas del servicio y los posteriores choques en la estación terminal. En su análisis, el gobierno volvió a apuntar al macrismo, al sector del peronismo disidente que responde al ex presidente interino Eduardo Duhalde y, por último, al Partido Obrero. El PO rechazó las acusaciones y acusó al gobierno de no cumplir con los acuerdos con los tercerizados y de encubrir a los “verdaderos responsables” del conflicto que, a mediados de octubre tuvo un hito trágico con el asesinato del joven Mariano Ferreyra: los líderes de la Unión Ferroviaria, José Pedraza; de La Fraternidad, Omar Maturana; y el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna.
Los ministros del Interior, Florencio Randazzo, y de Justicia, Julio Alak, fueron los primeros en aportar al razonamiento. Poco antes del brindis navideño, y mediante un mensaje grabado, el jefe de Gabinete Aníbal Fernández completó la secuencia. “Este fin de año no termina convulsionado, lo convulsionaron, lo provocaron. Hay un dirigente que dijo: ‘esto se desmadró’. No, ‘desmadrar’ es salir de madre y acá lo que hicieron es que se apadrinó, como dijo la presidenta”, evaluó Fernández. Horas antes, Randazzo había dado crédito a la idea de un proceso para “generar inestabilidad y zozobra por sectores que quieren imponer el discurso de que el orden se impone por la violencia”. “Hemos escuchado a Duhalde hablando de un estado preanárquico, que no hay que tener miedo de reprimir y, oh casualidad, se da un corte en la línea Roca donde murieron (Maximiliano) Kosteki y (Darío) Santillán”, sintetizó.
Aunque era una lectura afianzada en la Rosada, Cristina había sido la primera en advertir públicamente sobre la supuesta vinculación de Duhalde con un intento de desestabilización. Fue casi en simultáneo al lanzamiento electoral del ex senador con un discurso reivindicatorio de la política de mano dura. “Esto no se desmadró, esto se apadrinó”, había advertido la presidenta, a mediados de diciembre, a raíz del conflicto del Indoamericano.
La presidenta tiene patente registrada de la comparación con la figura del capo mafia que inmortalizó la trilogía El Padrino, de Francis Ford Coppola. La había utilizado a mediados de 2005 cuando lanzó su candidatura a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, durante un acto en el Teatro Argentino de La Plata que marcó el divorcio de Néstor Kirchner con el duhaldismo. En su mensaje, el jefe de Gabinete insistió en la noche del viernes con la misma idea. Las críticas alcanzaron también a los “partidos trotskistas” y a los medios de comunicación por haber “incentivado” los incidentes. “Existen personajes que asumiendo roles de padrino y mafiosos han buscado motivar determinadas acciones que significaron dolores de cabeza para todos. Hay canales de TV que muestran imágenes como si fuera la Segunda Guerra Mundial, destilan veneno”, subrayó. El jueves por la tarde, la presidenta decidió postergar su partida a Río Gallegos por los incidentes en Constitución. Ayer, fuentes oficiales consultadas por Tiempo Argentino admitieron el profundo malestar de Cristina por la dilatada medida de fuerza en las vías del Roca, liderada por un grupo de tercerizados y militantes del PO que, al mismo tiempo, negociaban en Trabajo con el jefe de la cartera laboral, Carlos Tomada. Por eso, una de las primeras instrucciones de la mandataria fue presentar una denuncia penal contra ese grupo de manifestantes.
Para Tiempo Argentino
26 de diciembre de 2010
Apuntó especialmente al ex presidente interino Eduardo Duhalde. También criticó al macrismo y al Partido Obrero. Tres ministros vincularon los violentos episodios del jueves con la toma del Indoamericano y la ocupación del Albariño.
Los violentos incidentes del jueves frente a la Estación Constitución afianzaron el argumento. En vísperas de la Nochebuena, el gobierno expuso al debate público la lectura oficial sobre esos episodios: la hipótesis de una “provocación” de sectores políticos con el objetivo de desestabilizar a la administración de Cristina Fernández. En verdad, la evaluación comenzó a tomar cuerpo en la Casa Rosada a partir de la toma del Parque Indoamericano, en el barrio de Villa Soldati, se afianzó con la todavía irresuelta ocupación del Club Albariño de Villa Lugano, y terminó de configurarse en las últimas horas del jueves cuando un conflicto con trabajadores tercerizados del ex Ferrocarril Roca derivó en la interrupción por más de siete horas del servicio y los posteriores choques en la estación terminal. En su análisis, el gobierno volvió a apuntar al macrismo, al sector del peronismo disidente que responde al ex presidente interino Eduardo Duhalde y, por último, al Partido Obrero. El PO rechazó las acusaciones y acusó al gobierno de no cumplir con los acuerdos con los tercerizados y de encubrir a los “verdaderos responsables” del conflicto que, a mediados de octubre tuvo un hito trágico con el asesinato del joven Mariano Ferreyra: los líderes de la Unión Ferroviaria, José Pedraza; de La Fraternidad, Omar Maturana; y el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna.
Los ministros del Interior, Florencio Randazzo, y de Justicia, Julio Alak, fueron los primeros en aportar al razonamiento. Poco antes del brindis navideño, y mediante un mensaje grabado, el jefe de Gabinete Aníbal Fernández completó la secuencia. “Este fin de año no termina convulsionado, lo convulsionaron, lo provocaron. Hay un dirigente que dijo: ‘esto se desmadró’. No, ‘desmadrar’ es salir de madre y acá lo que hicieron es que se apadrinó, como dijo la presidenta”, evaluó Fernández. Horas antes, Randazzo había dado crédito a la idea de un proceso para “generar inestabilidad y zozobra por sectores que quieren imponer el discurso de que el orden se impone por la violencia”. “Hemos escuchado a Duhalde hablando de un estado preanárquico, que no hay que tener miedo de reprimir y, oh casualidad, se da un corte en la línea Roca donde murieron (Maximiliano) Kosteki y (Darío) Santillán”, sintetizó.
Aunque era una lectura afianzada en la Rosada, Cristina había sido la primera en advertir públicamente sobre la supuesta vinculación de Duhalde con un intento de desestabilización. Fue casi en simultáneo al lanzamiento electoral del ex senador con un discurso reivindicatorio de la política de mano dura. “Esto no se desmadró, esto se apadrinó”, había advertido la presidenta, a mediados de diciembre, a raíz del conflicto del Indoamericano.
La presidenta tiene patente registrada de la comparación con la figura del capo mafia que inmortalizó la trilogía El Padrino, de Francis Ford Coppola. La había utilizado a mediados de 2005 cuando lanzó su candidatura a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, durante un acto en el Teatro Argentino de La Plata que marcó el divorcio de Néstor Kirchner con el duhaldismo. En su mensaje, el jefe de Gabinete insistió en la noche del viernes con la misma idea. Las críticas alcanzaron también a los “partidos trotskistas” y a los medios de comunicación por haber “incentivado” los incidentes. “Existen personajes que asumiendo roles de padrino y mafiosos han buscado motivar determinadas acciones que significaron dolores de cabeza para todos. Hay canales de TV que muestran imágenes como si fuera la Segunda Guerra Mundial, destilan veneno”, subrayó. El jueves por la tarde, la presidenta decidió postergar su partida a Río Gallegos por los incidentes en Constitución. Ayer, fuentes oficiales consultadas por Tiempo Argentino admitieron el profundo malestar de Cristina por la dilatada medida de fuerza en las vías del Roca, liderada por un grupo de tercerizados y militantes del PO que, al mismo tiempo, negociaban en Trabajo con el jefe de la cartera laboral, Carlos Tomada. Por eso, una de las primeras instrucciones de la mandataria fue presentar una denuncia penal contra ese grupo de manifestantes.
Mariotto: “Magnetto necesita a opositores que le respondan”
Por Hernán Cocchi
Para Tiempo Argentino
26 de diciembre de 2010
El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual analizó el rol del periodismo en los discursos xenófobos. Evaluó los efectos de la democratización del espectro radioeléctrico.
La foto con Hebe está buena”, dice, sonriente, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Gabriel Mariotto, mientras levanta de su escritorio la imagen encuadrada en la que se mira cómplice con la dirigente de Madres de Plaza de Mayo. En otro cuadro, la presidenta Cristina Fernández sostiene un muñeco del “Néstornauta”. “Esta también me gusta”, sentencia. Detrás del funcionario, un póster con el mapa de medios realizado por una consultora privada grafica el poder concentrado del Grupo Clarín. Las flechas se cruzan, las empresas se subordinan casi naturalmente. “Pronto, este escenario va a cambiar y, además, esta información se publicará en la Web de la AFSCA y será de acceso gratuito”, afirma con orgullo mientras señala el intrincado esquema.
Los televisores sin volumen nunca se apagan en la oficina de Mariotto. Al mejor estilo Gran Hermano, el hombre que comenzó en los años ochenta con una FM comunitaria en Lomas de Zamora mira por el rabillo del ojo todos los canales de noticias en simultáneo, mientras dialoga, ya con cara seria, con Tiempo Argentino.
–Estas últimas semanas, con el tema de las tomas, se vio mucha xenofobia en los medios, sobre todo en los electrónicos. ¿Hasta dónde la responsabilidad es del medio?
–Quienes transgreden las leyes de discriminación pueden ser sancionados. Lo que hace la Autoridad Federal de Aplicación es activar el Observatorio de la Discriminación en los medios. Cuando se relanzó ese observatorio sufrimos una estigmatización y una crítica muy grande. Los medios del sistema hablaron del Observatorio de Medios, quitando la palabra “discriminación”, para hablar de una garita que buscaba condicionar contenidos. Trabajamos sobre las construcciones discriminatorias. Los productores, cronistas, expresan sus prejuicios estéticos sin reflexionar y caen en discriminación. Lo que hace este Observatorio es llamar a los protagonistas de esos acontecimientos y reflexionar acerca de esa construcción sintagmática. Se han logrado buenos resultados, porque a veces, en el uso del medio de comunicación, cuando se lo hace sin responsabilidad, naturalmente ni reflexión, se opina lo que se quiere (y eso está muy bien) pero se cae en la discriminación.
–¿Qué responsabilidad tiene el medio? En esto de que no lo pensó y salió o el vivo…
–El vivo o no vivo es sólo una oportunidad. Lo que hay es un concepto muy sesgado y creo que hay un prejuicio estético muy propio de un sector social que no reflexionó demasiado, que ha incorporado una cultura muchas veces promovida desde lugares institucionales, y desde el uso y costumbre de los medios desde la dictadura en adelante. Esto trae consigo un espacio de desprecio profundo. El uso del medio de comunicación, ya sea por parte de los dueños de las licencias o por parte de los trabajadores de prensa, merece que se opine libremente, pero que se reflexione, no decir lo primero que se te venga a la boca, expresando ese prejuicio estético formado en la conciencia de ese ciudadano por años: los negros son malos, los rubios son buenos, por ejemplo. Los que se visten de traje y corbata son confiables, los que usan gorrita son pibes chorros. Prejuicios estéticos que se han moldeado en una cultura del sistema, auxiliados por una condición monopólica. El chamamé es música violenta porque termina con un cuchillazo y el vals es una danza paqueta. Quizá la discriminación es lo más doloroso, no solamente es una situación comunicacional más, sino que produce un gran dolor, una gran angustia ver cómo desde los medios de comunicación se desprecia.
–¿El ejemplo paradigmático fue Sandra Borghi que habló de “inmigración de baja calidad”?
–Puede ser que Sandra Borghi piense que sería bueno para la Argentina que no haya inmigración de ningún tipo, más allá de todos los antecedentes históricos, sociales y económicos que conformaron nuestra sociedad, pero es su opinión, que dista 180 grados de la de la gente con sensibilidad. Lo que tiene que hacer es sostener lo que dice, pero reflexionando para sostenerlo sin discriminar.
–¿Hubo una especie de efecto multiplicador que replicaba ese discurso xenófobo?
–Cuando no hay pluralidad, cuando hay medios condicionados por la agenda y la mirada monopólica, esto excede al monopolio, que impone su agenda porque el resto de los medios baila al ritmo de esa agenda. Mientras no haya diversidad, pluralidad, esa agenda del sistema que reproduce una serie de aspectos que condicionan la democratización, es como un aparato de reproducción de un esquema de dominación y la discriminación está íntimamente ligada a reproducir un esquema de dominación.
–En el despacho están encendidos cerca de 10 televisores. Se vieron en vivo y en directo las marchas, los conflictos y los muertos. ¿Cuánto convoca la tele?
–La tele convoca. Cada vez que la ciudadanía avanza en conciencia y organización, la tele pasa a ser un aspecto más de la cotidianeidad. Es sistemático que cuando no hay partidos de fútbol, desde que terminó el campeonato, el móvil en vivo de los canales de cable, que antes retransmitían el fútbol porque ahorraban costos de producción con un buen rating, manden al móvil a un lugar donde pueda haber alguna manifestación. Y termina cuando empiezan los programas pagos. Si a las 22, llega el programa de Grondona, el Canal 26 deja de transmitir en vivo tal o cual conflicto. Se apaga la luz, se apaga el conflicto. Si a las 22 llega la lotería en Crónica, se termina el móvil, se apaga la luz y se apaga el conflicto. Recuerdo cuando en el ’79, el Ayatollah Khomeini de Irán llevó adelante la revolución contra el sha. Las cámaras de la televisión norteamericana se encendían sin audio y los manifestantes, que estaban en ese momento frente a la Embajada de los EE UU, hacían gestos, no gritaban porque ya les habían tomado el tiempo de que el audio venía después. Cuando prendían el micrófono, empezaban a gritar. El acto para la televisión. Los productores, cuando recibían llamadas para los conflictos, preguntaban si iban a quemar gomas: una cosa es un corte con humo y otra un corte sin humo.
–Antes, cuando había un conflicto, primero sucedía y después se notificaba a los medios y ellos lo reproducían. Ahora parece que se convoca a los medios para que ese conflicto exista.
–Sobre todo hay un esquema opositor que funciona a partir de la potencialidad que le puede dar el medio de comunicación a un determinado hecho. La construcción de un modelo de país como este se hace más allá de la agenda mediática. Hay cientos, miles de encuentros, de actividades, de espacios de reflexión que no llaman al medio de comunicación para que se cubran. El espacio opositor no construye como corresponde de acuerdo a los cánones de participación popular, que sin el punto de rating no tiene la representatividad por fuera del medio de comunicación. Por eso hay una unidad de concepción entre Magnetto y muchos sectores de la oposición: son como un hipopótamo y un pájaro, se necesitan sistemáticamente. Magnetto necesita que haya hombres y mujeres de la oposición que, si tuvieran oportunidad de ocupar un espacio de gobierno, respondan a sus intereses y, para que eso ocurra, Magnetto les da aire en los diarios, en los sets televisivos. La oposición está íntimamente ligada a la potencialidad que le pueda dar el grupo monopólico. Hay un espacio de construcción política que se sostiene en el proyecto nacional de Néstor y Cristina, que construye más allá de ser visibilizado por los medios: se sabe que el monopolio no va a hacer visible nada. Si te ilumina algo que está ocurriendo, es para criticar, para estigmatizar, para despreciar.
–¿Alcanza con la Ley de Medios o hay que pensar en un código de ética periodística?
–La Ley de Medios va a permitir en su pleno ejercicio la pluralidad y diversidad a la que jamás asistimos en la Argentina. En ese marco se van a generar condiciones objetivas para una nueva instancia comunicacional, que va a potenciar distintas acciones hoy invisibilizadas. Si sin iluminar esas acciones, los medios no pueden detenerlas cuando hay sueños, decisiones, voluntad, militancia, cuando haya alguien que les dé un poquito de envión, se van a potenciar mucho más, y en el marco de la pluralidad es muy importante.
–Los nuevos medios también tienden a reproducir la agenda y a lo sumo sientan otra posición.
–Porque todavía no podemos advertir la potencialidad que nos da la pluralidad y la diversidad. Seguimos siendo condicionados por el esquema. Sostenemos siempre un apotegma que dice que la Historia la escriben los que ganan. Cambiémoslo por la Historia la ganan los que escriben. Si vos tenés la oportunidad de escribir y advertir que hay otra agenda, otras posibilidades, otras noticias, otras realidades, vas generando otra agenda. El corset sigue siendo el del sistema.
–Esta semana que pasó, nació un nuevo canal de televisión en Neuquén: Televisión Central. Esos proyectos, ¿estaban latentes y salieron a la luz con la Ley de Medios o surgen a raíz de la Ley de Medios?
–La comunicación en la Argentina existe por la vocación de los ciudadanos de poder ejercer la libertad de expresión. La ley viene a reparar los conflictos que han tenido esos sectores o ciudadanos cuando quisieron emitir, porque chocaban contra el sistema. La idea surge del pueblo. El Ejecutivo advierte y envía un proyecto de ley con gran participación de la ciudadanía para proteger y reparar esa acción, y potenciarla de alguna manera, pero no es un invento de esa ley. Es un invento de la sociedad: la ley va a poner legalidad a la legitimidad de origen de esa acción. Eso es muy peronista. Que ocurran las cosas y reparar los derechos.
–El 2011 será un año electoral. ¿Eso puede condicionar el avance de la aplicación plena de la Ley de Medios?
–Que sea un año electoral ha sido de gran beneficio para los que no quieren cambiar nada, porque el monopolio condicionaba a la política porque sabía que la política necesitaba del medio para asistir a las elecciones. Néstor y Cristina han roto con esos condicionamientos y han jugado de cara a la construcción con la sociedad, con el pueblo argentino, y no necesitan del auxilio de ningún medio de comunicación, sino que la profunda democratización que se lleva adelante en este aspecto es el capital electoral que tenemos para 2011. El poder hoy ve que por primera vez está siendo cuestionado. El gobierno no es poder. El gobierno es un instrumento. Después de la crisis de 2001, y hasta que llegó Néstor, el poder está siendo cuestionado, si no los gobiernos lo que hacían era llegar a esa función ejecutiva para tratar de chuparle las medias al poder y asimilarse a los poderes de turno.
–La gobernabilidad…
–Claro. El teorema del dirigente radical Raúl Baglini es el teorema de la desesperanza, de la resignación. “Cuánto más cerca del poder más lejos de los ideales”, dijo Baglini y Néstor lo cambia con “no dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada”. Es un cambio de matriz ideológica profunda.
Para Tiempo Argentino
26 de diciembre de 2010
El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual analizó el rol del periodismo en los discursos xenófobos. Evaluó los efectos de la democratización del espectro radioeléctrico.
La foto con Hebe está buena”, dice, sonriente, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Gabriel Mariotto, mientras levanta de su escritorio la imagen encuadrada en la que se mira cómplice con la dirigente de Madres de Plaza de Mayo. En otro cuadro, la presidenta Cristina Fernández sostiene un muñeco del “Néstornauta”. “Esta también me gusta”, sentencia. Detrás del funcionario, un póster con el mapa de medios realizado por una consultora privada grafica el poder concentrado del Grupo Clarín. Las flechas se cruzan, las empresas se subordinan casi naturalmente. “Pronto, este escenario va a cambiar y, además, esta información se publicará en la Web de la AFSCA y será de acceso gratuito”, afirma con orgullo mientras señala el intrincado esquema.
Los televisores sin volumen nunca se apagan en la oficina de Mariotto. Al mejor estilo Gran Hermano, el hombre que comenzó en los años ochenta con una FM comunitaria en Lomas de Zamora mira por el rabillo del ojo todos los canales de noticias en simultáneo, mientras dialoga, ya con cara seria, con Tiempo Argentino.
–Estas últimas semanas, con el tema de las tomas, se vio mucha xenofobia en los medios, sobre todo en los electrónicos. ¿Hasta dónde la responsabilidad es del medio?
–Quienes transgreden las leyes de discriminación pueden ser sancionados. Lo que hace la Autoridad Federal de Aplicación es activar el Observatorio de la Discriminación en los medios. Cuando se relanzó ese observatorio sufrimos una estigmatización y una crítica muy grande. Los medios del sistema hablaron del Observatorio de Medios, quitando la palabra “discriminación”, para hablar de una garita que buscaba condicionar contenidos. Trabajamos sobre las construcciones discriminatorias. Los productores, cronistas, expresan sus prejuicios estéticos sin reflexionar y caen en discriminación. Lo que hace este Observatorio es llamar a los protagonistas de esos acontecimientos y reflexionar acerca de esa construcción sintagmática. Se han logrado buenos resultados, porque a veces, en el uso del medio de comunicación, cuando se lo hace sin responsabilidad, naturalmente ni reflexión, se opina lo que se quiere (y eso está muy bien) pero se cae en la discriminación.
–¿Qué responsabilidad tiene el medio? En esto de que no lo pensó y salió o el vivo…
–El vivo o no vivo es sólo una oportunidad. Lo que hay es un concepto muy sesgado y creo que hay un prejuicio estético muy propio de un sector social que no reflexionó demasiado, que ha incorporado una cultura muchas veces promovida desde lugares institucionales, y desde el uso y costumbre de los medios desde la dictadura en adelante. Esto trae consigo un espacio de desprecio profundo. El uso del medio de comunicación, ya sea por parte de los dueños de las licencias o por parte de los trabajadores de prensa, merece que se opine libremente, pero que se reflexione, no decir lo primero que se te venga a la boca, expresando ese prejuicio estético formado en la conciencia de ese ciudadano por años: los negros son malos, los rubios son buenos, por ejemplo. Los que se visten de traje y corbata son confiables, los que usan gorrita son pibes chorros. Prejuicios estéticos que se han moldeado en una cultura del sistema, auxiliados por una condición monopólica. El chamamé es música violenta porque termina con un cuchillazo y el vals es una danza paqueta. Quizá la discriminación es lo más doloroso, no solamente es una situación comunicacional más, sino que produce un gran dolor, una gran angustia ver cómo desde los medios de comunicación se desprecia.
–¿El ejemplo paradigmático fue Sandra Borghi que habló de “inmigración de baja calidad”?
–Puede ser que Sandra Borghi piense que sería bueno para la Argentina que no haya inmigración de ningún tipo, más allá de todos los antecedentes históricos, sociales y económicos que conformaron nuestra sociedad, pero es su opinión, que dista 180 grados de la de la gente con sensibilidad. Lo que tiene que hacer es sostener lo que dice, pero reflexionando para sostenerlo sin discriminar.
–¿Hubo una especie de efecto multiplicador que replicaba ese discurso xenófobo?
–Cuando no hay pluralidad, cuando hay medios condicionados por la agenda y la mirada monopólica, esto excede al monopolio, que impone su agenda porque el resto de los medios baila al ritmo de esa agenda. Mientras no haya diversidad, pluralidad, esa agenda del sistema que reproduce una serie de aspectos que condicionan la democratización, es como un aparato de reproducción de un esquema de dominación y la discriminación está íntimamente ligada a reproducir un esquema de dominación.
–En el despacho están encendidos cerca de 10 televisores. Se vieron en vivo y en directo las marchas, los conflictos y los muertos. ¿Cuánto convoca la tele?
–La tele convoca. Cada vez que la ciudadanía avanza en conciencia y organización, la tele pasa a ser un aspecto más de la cotidianeidad. Es sistemático que cuando no hay partidos de fútbol, desde que terminó el campeonato, el móvil en vivo de los canales de cable, que antes retransmitían el fútbol porque ahorraban costos de producción con un buen rating, manden al móvil a un lugar donde pueda haber alguna manifestación. Y termina cuando empiezan los programas pagos. Si a las 22, llega el programa de Grondona, el Canal 26 deja de transmitir en vivo tal o cual conflicto. Se apaga la luz, se apaga el conflicto. Si a las 22 llega la lotería en Crónica, se termina el móvil, se apaga la luz y se apaga el conflicto. Recuerdo cuando en el ’79, el Ayatollah Khomeini de Irán llevó adelante la revolución contra el sha. Las cámaras de la televisión norteamericana se encendían sin audio y los manifestantes, que estaban en ese momento frente a la Embajada de los EE UU, hacían gestos, no gritaban porque ya les habían tomado el tiempo de que el audio venía después. Cuando prendían el micrófono, empezaban a gritar. El acto para la televisión. Los productores, cuando recibían llamadas para los conflictos, preguntaban si iban a quemar gomas: una cosa es un corte con humo y otra un corte sin humo.
–Antes, cuando había un conflicto, primero sucedía y después se notificaba a los medios y ellos lo reproducían. Ahora parece que se convoca a los medios para que ese conflicto exista.
–Sobre todo hay un esquema opositor que funciona a partir de la potencialidad que le puede dar el medio de comunicación a un determinado hecho. La construcción de un modelo de país como este se hace más allá de la agenda mediática. Hay cientos, miles de encuentros, de actividades, de espacios de reflexión que no llaman al medio de comunicación para que se cubran. El espacio opositor no construye como corresponde de acuerdo a los cánones de participación popular, que sin el punto de rating no tiene la representatividad por fuera del medio de comunicación. Por eso hay una unidad de concepción entre Magnetto y muchos sectores de la oposición: son como un hipopótamo y un pájaro, se necesitan sistemáticamente. Magnetto necesita que haya hombres y mujeres de la oposición que, si tuvieran oportunidad de ocupar un espacio de gobierno, respondan a sus intereses y, para que eso ocurra, Magnetto les da aire en los diarios, en los sets televisivos. La oposición está íntimamente ligada a la potencialidad que le pueda dar el grupo monopólico. Hay un espacio de construcción política que se sostiene en el proyecto nacional de Néstor y Cristina, que construye más allá de ser visibilizado por los medios: se sabe que el monopolio no va a hacer visible nada. Si te ilumina algo que está ocurriendo, es para criticar, para estigmatizar, para despreciar.
–¿Alcanza con la Ley de Medios o hay que pensar en un código de ética periodística?
–La Ley de Medios va a permitir en su pleno ejercicio la pluralidad y diversidad a la que jamás asistimos en la Argentina. En ese marco se van a generar condiciones objetivas para una nueva instancia comunicacional, que va a potenciar distintas acciones hoy invisibilizadas. Si sin iluminar esas acciones, los medios no pueden detenerlas cuando hay sueños, decisiones, voluntad, militancia, cuando haya alguien que les dé un poquito de envión, se van a potenciar mucho más, y en el marco de la pluralidad es muy importante.
–Los nuevos medios también tienden a reproducir la agenda y a lo sumo sientan otra posición.
–Porque todavía no podemos advertir la potencialidad que nos da la pluralidad y la diversidad. Seguimos siendo condicionados por el esquema. Sostenemos siempre un apotegma que dice que la Historia la escriben los que ganan. Cambiémoslo por la Historia la ganan los que escriben. Si vos tenés la oportunidad de escribir y advertir que hay otra agenda, otras posibilidades, otras noticias, otras realidades, vas generando otra agenda. El corset sigue siendo el del sistema.
–Esta semana que pasó, nació un nuevo canal de televisión en Neuquén: Televisión Central. Esos proyectos, ¿estaban latentes y salieron a la luz con la Ley de Medios o surgen a raíz de la Ley de Medios?
–La comunicación en la Argentina existe por la vocación de los ciudadanos de poder ejercer la libertad de expresión. La ley viene a reparar los conflictos que han tenido esos sectores o ciudadanos cuando quisieron emitir, porque chocaban contra el sistema. La idea surge del pueblo. El Ejecutivo advierte y envía un proyecto de ley con gran participación de la ciudadanía para proteger y reparar esa acción, y potenciarla de alguna manera, pero no es un invento de esa ley. Es un invento de la sociedad: la ley va a poner legalidad a la legitimidad de origen de esa acción. Eso es muy peronista. Que ocurran las cosas y reparar los derechos.
–El 2011 será un año electoral. ¿Eso puede condicionar el avance de la aplicación plena de la Ley de Medios?
–Que sea un año electoral ha sido de gran beneficio para los que no quieren cambiar nada, porque el monopolio condicionaba a la política porque sabía que la política necesitaba del medio para asistir a las elecciones. Néstor y Cristina han roto con esos condicionamientos y han jugado de cara a la construcción con la sociedad, con el pueblo argentino, y no necesitan del auxilio de ningún medio de comunicación, sino que la profunda democratización que se lleva adelante en este aspecto es el capital electoral que tenemos para 2011. El poder hoy ve que por primera vez está siendo cuestionado. El gobierno no es poder. El gobierno es un instrumento. Después de la crisis de 2001, y hasta que llegó Néstor, el poder está siendo cuestionado, si no los gobiernos lo que hacían era llegar a esa función ejecutiva para tratar de chuparle las medias al poder y asimilarse a los poderes de turno.
–La gobernabilidad…
–Claro. El teorema del dirigente radical Raúl Baglini es el teorema de la desesperanza, de la resignación. “Cuánto más cerca del poder más lejos de los ideales”, dijo Baglini y Néstor lo cambia con “no dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada”. Es un cambio de matriz ideológica profunda.
Memoria, Verdad y Justicia
Por Eduardo Luis Duhalde
Secretario de Derechos Humanos de la Nación
Para Tiempo Argentino
26 de diciembre de 2010
Si por políticas de Estado entendemos las políticas públicas que trascienden la acción de un gobierno para constituirse en acciones estratégicas para una sociedad, y además son compartidas por los otros poderes constitucionales, ninguna duda cabe que en la República Argentina la aplicación consecuente de los principios de Memoria Verdad y Justicia lo son, y los juicios por crímenes de lesa humanidad resultan la consecuencia fáctica de aquellas.
Desde aquel 25 de mayo memorable del año 2003, en que en su discurso de presentación en el Parlamento el presidente Néstor Kirchner, recogiendo las banderas históricas del movimiento de Derechos Humanos, recuperó los principios éticos del Estado y enunció el carácter emblemático de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, se puso en marcha la rueda que hizo añicos el muro de la impunidad frente a los responsables de la dictadura cívico militar y terrorista que asoló al país, y cuyas secuelas tienen una dolorosa y traumática vigencia.
Esa acción del gobierno de Kirchner, que ha tenido una muy firme continuidad por el actual gobierno que preside Cristina Fernández de Kirchner, fue compartida por el Poder Legislativo, que en su acción más notoria declaró insalvablemente nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y ratificó la Convención Internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. A su vez, la Corte Suprema de Justicia, al decretar la inconstitucionalidad de ambas leyes y de los indultos oprobiosos a Videla, Massera, Martínez de Hoz y demás jerarcas protegidos por la inmoralidad de Carlos Menem, dio el paso relevante para que esta recuperación de la ética jurídica se tradujera en una política de Estado.
Por cierto, no fue fácil poner nuevamente en marcha a los tribunales judiciales, tras casi dos décadas de una impunidad total que había cerrado y mandado a los archivos polvorientos las causas abiertas contra el terrorismo de Estado en la Argentina. Hubo también que luchar con la mentalidad complaciente de muchos fiscales y jueces formados en la enseñanza histórica del no juzgamiento de los responsables de los golpes de Estado en la Argentina. Cobraron nueva vigencia, entonces, el histórico juicio a las Juntas Militares –del que acaban de cumplirse 25 años– y las probanzas de la CONADEP y de los testimonios posteriores pacientemente recopilados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ahora convertida en querellante, y sobre todo, a través del esfuerzo del Archivo Nacional de la Memoria –creado por el Poder Ejecutivo en el año 2003–, celoso guardián de toda aquella documentación puesta desde entonces a disposición de la justicia.
El proceso recuperador de las demandas históricas del movimiento de Derechos Humanos –con más de tres décadas de ser el reservorio moral de los argentinos– fue brillantemente sintetizado por el presidente Kirchner ante la Asamblea General de las Naciones Unidas: los argentinos somos hijos de las Madres y las Abuelas de la Plaza de Mayo. Declaraba así que la Democracia argentina y los Derechos Humanos eran indivisibles y que dentro de estos, los principios de Memoria, Verdad y Justicia eran irrenunciables.
Las victimas sobrevivientes y los familiares de los detenidos desaparecidos y asesinados, con sus dolorosos testimonios –inevitable vuelta a revivir el horror y los padecimientos más monstruosos–, con una gran cuota de responsabilidad y de sacrificio (basta pensar en Jorge Julio López y Silvia Suppo), fueron los articuladores ante los tribunales del discurso narrativo de la Memoria y la Verdad, del plan sistemático de exterminio de esos crímenes de lesa humanidad desde el punto de vista jurídico, y del genocidio disciplinador del conjunto social, en términos de caracterización política.
Esta suprema docencia para las generaciones actuales y futuras de por qué NUNCA MÁS el asalto a las instituciones de la República y la necesidad de juzgar, condenar y enviar a cárceles comunes a los ex terroristas de Estado –militares y civiles–, tuvo una inesperada contribución en vivo, sobre todo para las generaciones más jóvenes, que no pudieron vivenciar las palabras de los genocidas en el Juicio a las Juntas.
Jorge Rafael Videla, el abominable dictador, con sus intervenciones en el juicio desarrollado ante el Tribunal Oral en lo Federal N° 1 de Córdoba, especialmente en las palabras finales –secundado por ese otro monstruo que es Luciano Benjamín Menéndez– mostró la cara más auténtica del Estado Terrorista: justificando el horror y la crueldad, sin un ápice de arrepentimiento, con vanagloria de haber asaltado las instituciones del Estado, y reivindicando el plan sistemático de exterminio. Todo el país pudo contemplar su personalidad viscosa, su pobreza intelectual –y eso que mal leía un texto escrito– y su hipocresía. Su única confesión: que toda la acción criminal militar no les había alcanzado para ganar la “guerra política”, es decir que no habían podido destruir a la sociedad en su conjunto para perpetuar en el poder una Argentina para pocos: quebrada en sus lazos y redes solidarias, hambreada y con la cabeza gacha, marcando el paso al compás de las marchas militares y con un Estado al servicio de los intereses monopólicos internacionales.
Un proceso de trámite ejemplar y ejemplarizador. Dieciséis condenas a prisión perpetua en cárcel común, en un juicio con todas las garantías del debido proceso legal para los imputados, absolviendo a aquellos que la fiscalía, en cuatro casos, y el tribunal, en definitiva en seis, consideraron que no había pruebas suficientes para condenarlos, demostrando así que no se trata de una parodia judicial ni una valoración mecánica de las responsabilidades acreditadas. Al mismo tiempo, este juicio desnudó las complicidades civiles, judiciales y eclesiásticas con que contaron los homicidas.
Un paso fundamental para afianzar el ejemplo de la Argentina al mundo: sin tribunales y leyes especiales, con los jueces naturales y con la ley común (el Código Penal vigente en los momentos de los hechos), es posible juzgar los crímenes masivos de lesa humanidad, experiencia inédita internacional con muy honrosas y puntuales excepciones, como la condena de los coroneles griegos.
El año 2010 se cierra con este juicio histórico en Córdoba con un resultado muy promisorio. En el año se dictaron 106 condenas, la mayor parte a prisión perpetua o a 25 años, en juicios celebrados en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Santiago del Estero, Buenos Aires, Chaco, La Rioja, La Pampa, Mendoza y Salta.
El total de condenados, contando los años anteriores, son 197 (incluyendo a Adolfo Scilingo en España), sumados a un número de 783 procesados (149 más que los que había en el 2009).
El año que se inicia es previsible que depare un resultado tan importante como el de este año: por lo pronto recibirán sentencia las causas orales en trámite: un tramo muy importante de la mega causa ESMA, Orletti y Vesubio (Capital Federal), la de la Masacre de Margarita Belén (Chaco), la del represor Patti y otros (en la provincia de Buenos Aires) y las que se están sustanciando en Mendoza y Rosario. A su vez, deberá tener un impulso definitivo la querella de Abuelas en el caso de Marcela y Felipe Noble Herrera, y la del proceso judicial por los crímenes de lesa humanidad cometidos con el fin de apropiarse de Papel Prensa SA
En un Estado de Derecho, la justicia en lo Criminal cumple un rol fundamental: condena a los violadores de la ley penal y ofrece a las víctimas y familiares la reparación simbólica por los delitos de los que fueron objeto. Es cierto que en los casos de los crímenes de lesa humanidad llega en nuestro país con al menos 25 años de retraso, pero celebremos que hoy estos juicios se han hecho posibles, porque siempre es preferible una justicia tardía a una injusticia eterna.
Secretario de Derechos Humanos de la Nación
Para Tiempo Argentino
26 de diciembre de 2010
Si por políticas de Estado entendemos las políticas públicas que trascienden la acción de un gobierno para constituirse en acciones estratégicas para una sociedad, y además son compartidas por los otros poderes constitucionales, ninguna duda cabe que en la República Argentina la aplicación consecuente de los principios de Memoria Verdad y Justicia lo son, y los juicios por crímenes de lesa humanidad resultan la consecuencia fáctica de aquellas.
Desde aquel 25 de mayo memorable del año 2003, en que en su discurso de presentación en el Parlamento el presidente Néstor Kirchner, recogiendo las banderas históricas del movimiento de Derechos Humanos, recuperó los principios éticos del Estado y enunció el carácter emblemático de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, se puso en marcha la rueda que hizo añicos el muro de la impunidad frente a los responsables de la dictadura cívico militar y terrorista que asoló al país, y cuyas secuelas tienen una dolorosa y traumática vigencia.
Esa acción del gobierno de Kirchner, que ha tenido una muy firme continuidad por el actual gobierno que preside Cristina Fernández de Kirchner, fue compartida por el Poder Legislativo, que en su acción más notoria declaró insalvablemente nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y ratificó la Convención Internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. A su vez, la Corte Suprema de Justicia, al decretar la inconstitucionalidad de ambas leyes y de los indultos oprobiosos a Videla, Massera, Martínez de Hoz y demás jerarcas protegidos por la inmoralidad de Carlos Menem, dio el paso relevante para que esta recuperación de la ética jurídica se tradujera en una política de Estado.
Por cierto, no fue fácil poner nuevamente en marcha a los tribunales judiciales, tras casi dos décadas de una impunidad total que había cerrado y mandado a los archivos polvorientos las causas abiertas contra el terrorismo de Estado en la Argentina. Hubo también que luchar con la mentalidad complaciente de muchos fiscales y jueces formados en la enseñanza histórica del no juzgamiento de los responsables de los golpes de Estado en la Argentina. Cobraron nueva vigencia, entonces, el histórico juicio a las Juntas Militares –del que acaban de cumplirse 25 años– y las probanzas de la CONADEP y de los testimonios posteriores pacientemente recopilados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ahora convertida en querellante, y sobre todo, a través del esfuerzo del Archivo Nacional de la Memoria –creado por el Poder Ejecutivo en el año 2003–, celoso guardián de toda aquella documentación puesta desde entonces a disposición de la justicia.
El proceso recuperador de las demandas históricas del movimiento de Derechos Humanos –con más de tres décadas de ser el reservorio moral de los argentinos– fue brillantemente sintetizado por el presidente Kirchner ante la Asamblea General de las Naciones Unidas: los argentinos somos hijos de las Madres y las Abuelas de la Plaza de Mayo. Declaraba así que la Democracia argentina y los Derechos Humanos eran indivisibles y que dentro de estos, los principios de Memoria, Verdad y Justicia eran irrenunciables.
Las victimas sobrevivientes y los familiares de los detenidos desaparecidos y asesinados, con sus dolorosos testimonios –inevitable vuelta a revivir el horror y los padecimientos más monstruosos–, con una gran cuota de responsabilidad y de sacrificio (basta pensar en Jorge Julio López y Silvia Suppo), fueron los articuladores ante los tribunales del discurso narrativo de la Memoria y la Verdad, del plan sistemático de exterminio de esos crímenes de lesa humanidad desde el punto de vista jurídico, y del genocidio disciplinador del conjunto social, en términos de caracterización política.
Esta suprema docencia para las generaciones actuales y futuras de por qué NUNCA MÁS el asalto a las instituciones de la República y la necesidad de juzgar, condenar y enviar a cárceles comunes a los ex terroristas de Estado –militares y civiles–, tuvo una inesperada contribución en vivo, sobre todo para las generaciones más jóvenes, que no pudieron vivenciar las palabras de los genocidas en el Juicio a las Juntas.
Jorge Rafael Videla, el abominable dictador, con sus intervenciones en el juicio desarrollado ante el Tribunal Oral en lo Federal N° 1 de Córdoba, especialmente en las palabras finales –secundado por ese otro monstruo que es Luciano Benjamín Menéndez– mostró la cara más auténtica del Estado Terrorista: justificando el horror y la crueldad, sin un ápice de arrepentimiento, con vanagloria de haber asaltado las instituciones del Estado, y reivindicando el plan sistemático de exterminio. Todo el país pudo contemplar su personalidad viscosa, su pobreza intelectual –y eso que mal leía un texto escrito– y su hipocresía. Su única confesión: que toda la acción criminal militar no les había alcanzado para ganar la “guerra política”, es decir que no habían podido destruir a la sociedad en su conjunto para perpetuar en el poder una Argentina para pocos: quebrada en sus lazos y redes solidarias, hambreada y con la cabeza gacha, marcando el paso al compás de las marchas militares y con un Estado al servicio de los intereses monopólicos internacionales.
Un proceso de trámite ejemplar y ejemplarizador. Dieciséis condenas a prisión perpetua en cárcel común, en un juicio con todas las garantías del debido proceso legal para los imputados, absolviendo a aquellos que la fiscalía, en cuatro casos, y el tribunal, en definitiva en seis, consideraron que no había pruebas suficientes para condenarlos, demostrando así que no se trata de una parodia judicial ni una valoración mecánica de las responsabilidades acreditadas. Al mismo tiempo, este juicio desnudó las complicidades civiles, judiciales y eclesiásticas con que contaron los homicidas.
Un paso fundamental para afianzar el ejemplo de la Argentina al mundo: sin tribunales y leyes especiales, con los jueces naturales y con la ley común (el Código Penal vigente en los momentos de los hechos), es posible juzgar los crímenes masivos de lesa humanidad, experiencia inédita internacional con muy honrosas y puntuales excepciones, como la condena de los coroneles griegos.
El año 2010 se cierra con este juicio histórico en Córdoba con un resultado muy promisorio. En el año se dictaron 106 condenas, la mayor parte a prisión perpetua o a 25 años, en juicios celebrados en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Santiago del Estero, Buenos Aires, Chaco, La Rioja, La Pampa, Mendoza y Salta.
El total de condenados, contando los años anteriores, son 197 (incluyendo a Adolfo Scilingo en España), sumados a un número de 783 procesados (149 más que los que había en el 2009).
El año que se inicia es previsible que depare un resultado tan importante como el de este año: por lo pronto recibirán sentencia las causas orales en trámite: un tramo muy importante de la mega causa ESMA, Orletti y Vesubio (Capital Federal), la de la Masacre de Margarita Belén (Chaco), la del represor Patti y otros (en la provincia de Buenos Aires) y las que se están sustanciando en Mendoza y Rosario. A su vez, deberá tener un impulso definitivo la querella de Abuelas en el caso de Marcela y Felipe Noble Herrera, y la del proceso judicial por los crímenes de lesa humanidad cometidos con el fin de apropiarse de Papel Prensa SA
En un Estado de Derecho, la justicia en lo Criminal cumple un rol fundamental: condena a los violadores de la ley penal y ofrece a las víctimas y familiares la reparación simbólica por los delitos de los que fueron objeto. Es cierto que en los casos de los crímenes de lesa humanidad llega en nuestro país con al menos 25 años de retraso, pero celebremos que hoy estos juicios se han hecho posibles, porque siempre es preferible una justicia tardía a una injusticia eterna.
viernes, 24 de diciembre de 2010
Horas de furia en la estación Constitución
Un grupo de tercerizados del Roca cortó las vías en Avellaneda, seis horas después la protesta provocó una batalla campal en la estación Constitución. El Gobierno realizó una denuncia penal contra los responsables de la medida de fuerza.
Por Nora Veiras
Para Página 12
24 de diciembre de 2010
Poco antes del mediodía, cuando la sensación térmica superaba los 35 grados, un grupo de trabajadores tercerizados cortó las vías del ferrocarril en Avellaneda. El servicio de trenes del Roca se interrumpió. Seis horas después estalló la protesta de usuarios en la estación Constitución. La Guardia de Infantería de la Policía Federal intervino de oficio ante los piedrazos, fogatas, corridas, robos y destrozos. Al anochecer la información oficial daba cuenta de trece heridos –ocho de ellos policías– y treinta y cuatro detenidos. Por orden de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, presentó una denuncia penal contra los ocupantes de las vías, liderados por el Partido Obrero, por haber instigado la medida mientras las negociaciones con Trabajo estaban en marcha. En Gobierno repetían que “las provocaciones van a seguir, potenciadas por la cadena de transmisión televisiva de los desmanes”. Después de las 19 se levantó el corte de vías, pero el transporte de pasajeros recién se reanudó a la madrugada.
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, siguió el desarrollo de los incidentes en contacto permanente con la Presidenta. Garré evitó hacer una evaluación pública de los incidentes que atosigaban las pantallas y sólo dejó trascender su “preocupación”. En la Rosada analizaban el crescendo de la protesta como un encadenamiento de demandas insatisfechas acumuladas durante años con el oportunismo político de quienes apuestan al desbande para cosechar. La reiteración de las imágenes de un grupo de jóvenes apedreando la estación, rompiendo vidrios y entrando en bandada a saquear un local de zapatillas atizaba un clima que ya la temperatura tornaba insoportable. Poco después de que los camiones hidrantes de la Federal largaran sus chorros teñidos de azul para marcar a los revoltosos, las agencias de noticias informaron que la Presidenta había postergado para hoy su viaje al Sur.
“Estoy yendo a hacer una denuncia penal al juzgado de Lomas de Zamora (a cargo de Luis Armella) por precisas instrucciones de la Presidenta”, dijo Schiavi, y anunció que “voy a pedir que el juez accione con toda la severidad” porque “hemos hecho lo imposible para tratar de resolver el problema sin violencia”. El corte de las vías en Avellaneda fue decidido por un grupo de tercerizados que reclaman ser efectivizados. Tras el asesinato de Mariano Ferreyra, el 20 de octubre pasado, los militantes del Partido Obrero siguen encabezando esa protesta. En Trabajo detallan que ya entraron mil trabajadores y que el corte de vías ahora se decidió por la situación de sesenta personas (ver página 4). “El Partido Obrero, con su estrategia de pudrir todo, de cuanto peor mejor, aprovecha el énfasis mediático para azuzar y alimentar el caos”, despotricaba un funcionario mientras hilvanaba la sucesión de Villa Soldati-Club Albariño-Retiro-Constitución.
Como resultado de las corridas, en la División Roca de la Policía Federal quedaron 19 detenidos a cargo del juzgado correccional Número 12 y otros 15 en la Comisaría 16ª a cargo del juez correccional Luis Pigni. Ocho policías fueron internados con distintas heridas en el Hospital Churruca. El titular del SAME, Alberto Crescenti, informó que entre los civiles el caso de mayor gravedad es el de un hombre de 60 años con traumatismo de cráneo, internado en el Hospital Argerich. En el mismo sanatorio quedó alojada una mujer de 66 años atendida por golpes y una crisis nerviosa.
En el Hospital Penna eran atendidos por traumatismos en miembros inferiores tres hombres de 18, 22 y 51 años.
La policía comunicó que incautó cachiporras, dos mochilas con aerosoles, piedras, navajas, botellas rotas y caños. Los desmanes empezaron cuando un grupo de jóvenes levantó las persianas de la estación y entró a romper lo que se cruzaba. Si el grupo actuó en forma espontánea o aprovechó el caldo de cultivo del malestar de los usuarios, la cercanía de la Navidad y el calor para potenciar el estallido es materia de investigación.
En Gobierno descreen de la espontaneidad de la sucesión de protestas violentas de las últimas semanas. Las balas que hirieron a cuatro gendarmes que custodiaban un predio de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), en Lanús, es el episodio que más preocupó a Garré. Llamó la atención especialmente porque nada había cambiado en una actividad que desde hace tiempo realizaban los gendarmes sin problemas. Sumado a eso recuerdan que el domingo a la noche los supuestos vecinos del Club Albariño les tiraron combustible a las fuerzas de seguridad que perimetraron el predio ocupado. “Las provocaciones van a seguir. Ahora estos tipos por izquierda tratan de rapiñar algo. Cortar las vías del tren es terminar de irritar a las clases medias, medias-bajas”, advierten.
La decisión política, ratificada por la ministra Garré, de contener la protesta social sin apelar a la represión violenta es desafiada en las últimas semanas por la proliferación de ocupaciones de predios públicos y privados. En Seguridad destacan el alineamiento de las fuerzas de seguridad, que han respetado la orden de no apelar a la fuerza a pesar de las agresiones. En ese campo, gran parte de la oposición política intenta sacar partido con discursos que añoran la mano dura como solución.
La prevención de los estallidos, la contención y la necesidad de armar un ministerio se conjugan en el nuevo trabajo que le encomendó la Presidenta a Garré. “La sensibilidad está a flor de piel y la corporación mediática entra en cadena ante el menor disturbio social. Convierten la protesta social por la dura realidad que padece una población abandonada por el Gobierno de la Ciudad en una acción de desgaste para el gobierno nacional”, analizan en un escenario atizado por la puja electoral.
Por Nora Veiras
Para Página 12
24 de diciembre de 2010
Poco antes del mediodía, cuando la sensación térmica superaba los 35 grados, un grupo de trabajadores tercerizados cortó las vías del ferrocarril en Avellaneda. El servicio de trenes del Roca se interrumpió. Seis horas después estalló la protesta de usuarios en la estación Constitución. La Guardia de Infantería de la Policía Federal intervino de oficio ante los piedrazos, fogatas, corridas, robos y destrozos. Al anochecer la información oficial daba cuenta de trece heridos –ocho de ellos policías– y treinta y cuatro detenidos. Por orden de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, presentó una denuncia penal contra los ocupantes de las vías, liderados por el Partido Obrero, por haber instigado la medida mientras las negociaciones con Trabajo estaban en marcha. En Gobierno repetían que “las provocaciones van a seguir, potenciadas por la cadena de transmisión televisiva de los desmanes”. Después de las 19 se levantó el corte de vías, pero el transporte de pasajeros recién se reanudó a la madrugada.
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, siguió el desarrollo de los incidentes en contacto permanente con la Presidenta. Garré evitó hacer una evaluación pública de los incidentes que atosigaban las pantallas y sólo dejó trascender su “preocupación”. En la Rosada analizaban el crescendo de la protesta como un encadenamiento de demandas insatisfechas acumuladas durante años con el oportunismo político de quienes apuestan al desbande para cosechar. La reiteración de las imágenes de un grupo de jóvenes apedreando la estación, rompiendo vidrios y entrando en bandada a saquear un local de zapatillas atizaba un clima que ya la temperatura tornaba insoportable. Poco después de que los camiones hidrantes de la Federal largaran sus chorros teñidos de azul para marcar a los revoltosos, las agencias de noticias informaron que la Presidenta había postergado para hoy su viaje al Sur.
“Estoy yendo a hacer una denuncia penal al juzgado de Lomas de Zamora (a cargo de Luis Armella) por precisas instrucciones de la Presidenta”, dijo Schiavi, y anunció que “voy a pedir que el juez accione con toda la severidad” porque “hemos hecho lo imposible para tratar de resolver el problema sin violencia”. El corte de las vías en Avellaneda fue decidido por un grupo de tercerizados que reclaman ser efectivizados. Tras el asesinato de Mariano Ferreyra, el 20 de octubre pasado, los militantes del Partido Obrero siguen encabezando esa protesta. En Trabajo detallan que ya entraron mil trabajadores y que el corte de vías ahora se decidió por la situación de sesenta personas (ver página 4). “El Partido Obrero, con su estrategia de pudrir todo, de cuanto peor mejor, aprovecha el énfasis mediático para azuzar y alimentar el caos”, despotricaba un funcionario mientras hilvanaba la sucesión de Villa Soldati-Club Albariño-Retiro-Constitución.
Como resultado de las corridas, en la División Roca de la Policía Federal quedaron 19 detenidos a cargo del juzgado correccional Número 12 y otros 15 en la Comisaría 16ª a cargo del juez correccional Luis Pigni. Ocho policías fueron internados con distintas heridas en el Hospital Churruca. El titular del SAME, Alberto Crescenti, informó que entre los civiles el caso de mayor gravedad es el de un hombre de 60 años con traumatismo de cráneo, internado en el Hospital Argerich. En el mismo sanatorio quedó alojada una mujer de 66 años atendida por golpes y una crisis nerviosa.
En el Hospital Penna eran atendidos por traumatismos en miembros inferiores tres hombres de 18, 22 y 51 años.
La policía comunicó que incautó cachiporras, dos mochilas con aerosoles, piedras, navajas, botellas rotas y caños. Los desmanes empezaron cuando un grupo de jóvenes levantó las persianas de la estación y entró a romper lo que se cruzaba. Si el grupo actuó en forma espontánea o aprovechó el caldo de cultivo del malestar de los usuarios, la cercanía de la Navidad y el calor para potenciar el estallido es materia de investigación.
En Gobierno descreen de la espontaneidad de la sucesión de protestas violentas de las últimas semanas. Las balas que hirieron a cuatro gendarmes que custodiaban un predio de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), en Lanús, es el episodio que más preocupó a Garré. Llamó la atención especialmente porque nada había cambiado en una actividad que desde hace tiempo realizaban los gendarmes sin problemas. Sumado a eso recuerdan que el domingo a la noche los supuestos vecinos del Club Albariño les tiraron combustible a las fuerzas de seguridad que perimetraron el predio ocupado. “Las provocaciones van a seguir. Ahora estos tipos por izquierda tratan de rapiñar algo. Cortar las vías del tren es terminar de irritar a las clases medias, medias-bajas”, advierten.
La decisión política, ratificada por la ministra Garré, de contener la protesta social sin apelar a la represión violenta es desafiada en las últimas semanas por la proliferación de ocupaciones de predios públicos y privados. En Seguridad destacan el alineamiento de las fuerzas de seguridad, que han respetado la orden de no apelar a la fuerza a pesar de las agresiones. En ese campo, gran parte de la oposición política intenta sacar partido con discursos que añoran la mano dura como solución.
La prevención de los estallidos, la contención y la necesidad de armar un ministerio se conjugan en el nuevo trabajo que le encomendó la Presidenta a Garré. “La sensibilidad está a flor de piel y la corporación mediática entra en cadena ante el menor disturbio social. Convierten la protesta social por la dura realidad que padece una población abandonada por el Gobierno de la Ciudad en una acción de desgaste para el gobierno nacional”, analizan en un escenario atizado por la puja electoral.
Denunciarán penalmente a los que bloquearon las vías del Roca
Por Ramiro Barreiro y Florencia Halfon-Laksman
Para Tiempo Argentino
24 de diciembre de 2010
En la estación Avellaneda, trabajadores tercerizados de ese ferrocarril impidieron el paso de los trenes desde el mediodía. Según Schiavi, fueron a romper las vías. A la noche hubo disturbios y robos. La policía los dispersó.
Al menos 29 personas resultaron detenidas y 22 terminaron heridas –entre ellas una mujer embarazada y seis policías– en los incidentes que se produjeron en Constitución, a partir de la interrupción del servicio ferroviario. El secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, anunció que “por orden de la presidenta” Cristina Kirchner, el gobierno presentará una denuncia penal contra los manifestantes que bloquearon las vías de la ex línea Roca.
Desde el mediodía y hasta las 20, trabajadores tercerizados del Roca, con el apoyo de militantes del Partido Obrero (PO) y de la Tendencia Piquetera Revolucionaria, realizaron una protesta en la estación bonaerense de Avellaneda, lo que implicó la paralización de los servicios Constitución-Quilmes y Constitución-Temperley. “Hicimos una protesta pacífica pero no tenemos nada que ver con lo que ocurrió en Constitución. Ahí había gente descontenta, pero los disturbios parecían armados”, dijo a Tiempo Argentino el dirigente del PO Marcelo Ramal.
Cerca de las seis de la tarde, en medio del descontento de miles de usuarios que esperaban desde hacía horas para poder viajar, un grupo de jóvenes con gorras, mochilas y torsos desnudos arrojó piedras y botellas contra la estación Constitución, provocó incendios, robó un local de ropa, destrozó otras vidrieras, rompió a patadas cabinas telefónicas y agredió a los policías que estaban dentro de la terminal. Entre los elementos secuestrados, la policía encontró un “amansalocos”, un palo de aluminio con un resorte para lastimar.
Según precisó Alberto Crescenti, titular del SAME, el servicio de emergencias atendió a siete personas en el lugar y trasladó a un hombre“muy grave, con traumatismo de cráneo y pérdida de conocimiento” que había recibido una golpiza, a una mujer de 55 años con “una crisis nerviosa” y a otras siete personas –la mayoría por intoxicación por gas pimienta–, todos distribuidos entre los hospitales Argerich, Penna y Rawson.
A media hora de comenzados los incidentes, la Guardia de Infantería llegó al lugar y lanzó líquido azul desde los carros hidrantes. Todos los efectivos estaban desarmados y había varios de civil. Al cierre de esta edición, cerca de 15 personas permanecían demoradas dentro de la estación y otros 14 detenidos habían sido trasladados a la comisaría 16ª. Además de los seis efectivos trasladados a centros de salud, tres policías más habrían permanecido heridos en la terminal.
Cerca de las 22 horas, los efectivos que participaron del operativo fueron felicitados por las autoridades. Se trató del primer accionar de las fuerza policial, luego de la asunción de Garré al frente del Ministerio de Seguridad. La situación se resolvió sin disparar un solo tiro. El trabajo consistió en dispersar a los manifestantes con el camión hidrante y realizar detenciones puntuales a los revoltosos.
Desde el mediodía, en Avellaneda, los trabajadores tercerizados del Roca protestaban por el “incumplimiento en la resolución del gobierno nacional de reincorporar a los despedidos y pase a planta permanente de los tercerizados”. El juez federal de Quilmes, Luis Armella, se acercó al corte de vías durante la tarde para interiorizarse de la situación y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, participó de una reunión de más de siete horas con los manifestantes, quienes solicitaron la incorporación inmediata de unas 60 personas, según fuentes de la cartera laboral. El ministerio propuso “abrir una mesa de negociación el 31 de diciembre para tratar caso por caso”. Tras la reunión, la asamblea de manifestantes decidió levantar la medida de fuerza y “continuar el plan de lucha el próximo martes”.
Desde la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE), que opera el tren Roca, informaron que la prestadora se veía “imposibilitada de prestar el diagrama normal” del servicio, por un corte de “un grupo de piqueteros”. Pasados los incidentes, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, confirmó que el tren tampoco funcionaría durante el resto del día “debido a la falta de seguridad sobre el estado de las vías” –se iba a reanudar esta madrugada– e informó sobre la presentación judicial contra los manifestantes: “Por orden de la presidenta, habrá una denuncia penal ante el Juzgado de Lomas de Zamora porque están dadas todas las condiciones para entender que han generado un mal contra el Estado”. El funcionario reclamó que el juez no haya actuado “con celeridad porque un servicio público no se puede interrumpir”. Las vías “fueron dañadas por esos actos vandálicos”, dijo Schiavi.
Al final del día, también habló el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, dijo: “No podemos dejar que sigan avanzando los los usurpadores de tierras, los usurpadores de libertad”. La lectura del diputado Remo Carlotto fue otra: “hubo una vuelta de rosca de la situación de parte de la conducción del Partido Obrero, que actuó con gran irresponsabilidad cortando las vías durante horas”.
Para Tiempo Argentino
24 de diciembre de 2010
En la estación Avellaneda, trabajadores tercerizados de ese ferrocarril impidieron el paso de los trenes desde el mediodía. Según Schiavi, fueron a romper las vías. A la noche hubo disturbios y robos. La policía los dispersó.
Al menos 29 personas resultaron detenidas y 22 terminaron heridas –entre ellas una mujer embarazada y seis policías– en los incidentes que se produjeron en Constitución, a partir de la interrupción del servicio ferroviario. El secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, anunció que “por orden de la presidenta” Cristina Kirchner, el gobierno presentará una denuncia penal contra los manifestantes que bloquearon las vías de la ex línea Roca.
Desde el mediodía y hasta las 20, trabajadores tercerizados del Roca, con el apoyo de militantes del Partido Obrero (PO) y de la Tendencia Piquetera Revolucionaria, realizaron una protesta en la estación bonaerense de Avellaneda, lo que implicó la paralización de los servicios Constitución-Quilmes y Constitución-Temperley. “Hicimos una protesta pacífica pero no tenemos nada que ver con lo que ocurrió en Constitución. Ahí había gente descontenta, pero los disturbios parecían armados”, dijo a Tiempo Argentino el dirigente del PO Marcelo Ramal.
Cerca de las seis de la tarde, en medio del descontento de miles de usuarios que esperaban desde hacía horas para poder viajar, un grupo de jóvenes con gorras, mochilas y torsos desnudos arrojó piedras y botellas contra la estación Constitución, provocó incendios, robó un local de ropa, destrozó otras vidrieras, rompió a patadas cabinas telefónicas y agredió a los policías que estaban dentro de la terminal. Entre los elementos secuestrados, la policía encontró un “amansalocos”, un palo de aluminio con un resorte para lastimar.
Según precisó Alberto Crescenti, titular del SAME, el servicio de emergencias atendió a siete personas en el lugar y trasladó a un hombre“muy grave, con traumatismo de cráneo y pérdida de conocimiento” que había recibido una golpiza, a una mujer de 55 años con “una crisis nerviosa” y a otras siete personas –la mayoría por intoxicación por gas pimienta–, todos distribuidos entre los hospitales Argerich, Penna y Rawson.
A media hora de comenzados los incidentes, la Guardia de Infantería llegó al lugar y lanzó líquido azul desde los carros hidrantes. Todos los efectivos estaban desarmados y había varios de civil. Al cierre de esta edición, cerca de 15 personas permanecían demoradas dentro de la estación y otros 14 detenidos habían sido trasladados a la comisaría 16ª. Además de los seis efectivos trasladados a centros de salud, tres policías más habrían permanecido heridos en la terminal.
Cerca de las 22 horas, los efectivos que participaron del operativo fueron felicitados por las autoridades. Se trató del primer accionar de las fuerza policial, luego de la asunción de Garré al frente del Ministerio de Seguridad. La situación se resolvió sin disparar un solo tiro. El trabajo consistió en dispersar a los manifestantes con el camión hidrante y realizar detenciones puntuales a los revoltosos.
Desde el mediodía, en Avellaneda, los trabajadores tercerizados del Roca protestaban por el “incumplimiento en la resolución del gobierno nacional de reincorporar a los despedidos y pase a planta permanente de los tercerizados”. El juez federal de Quilmes, Luis Armella, se acercó al corte de vías durante la tarde para interiorizarse de la situación y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, participó de una reunión de más de siete horas con los manifestantes, quienes solicitaron la incorporación inmediata de unas 60 personas, según fuentes de la cartera laboral. El ministerio propuso “abrir una mesa de negociación el 31 de diciembre para tratar caso por caso”. Tras la reunión, la asamblea de manifestantes decidió levantar la medida de fuerza y “continuar el plan de lucha el próximo martes”.
Desde la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE), que opera el tren Roca, informaron que la prestadora se veía “imposibilitada de prestar el diagrama normal” del servicio, por un corte de “un grupo de piqueteros”. Pasados los incidentes, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, confirmó que el tren tampoco funcionaría durante el resto del día “debido a la falta de seguridad sobre el estado de las vías” –se iba a reanudar esta madrugada– e informó sobre la presentación judicial contra los manifestantes: “Por orden de la presidenta, habrá una denuncia penal ante el Juzgado de Lomas de Zamora porque están dadas todas las condiciones para entender que han generado un mal contra el Estado”. El funcionario reclamó que el juez no haya actuado “con celeridad porque un servicio público no se puede interrumpir”. Las vías “fueron dañadas por esos actos vandálicos”, dijo Schiavi.
Al final del día, también habló el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, dijo: “No podemos dejar que sigan avanzando los los usurpadores de tierras, los usurpadores de libertad”. La lectura del diputado Remo Carlotto fue otra: “hubo una vuelta de rosca de la situación de parte de la conducción del Partido Obrero, que actuó con gran irresponsabilidad cortando las vías durante horas”.
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