domingo, 26 de diciembre de 2010

Constitución: última escena de una serie de incidentes poco “casuales”

Por Laureano Barrera
Para Miradas al sur
26 de diciembre de 2010

Los disturbios en la estación cierran un ciclo de desórdenes sospechosos. El caso más llamativo fue el ataque a cuatro gendarmes, cometido por profesionales

La suma de un nuevo corte de vías promovido durante siete horas por militantes del Partido Obrero –en la foto eran literalmente 20 bajo una pancarta que decía “Trabajadores de baños-Roca”–, más las broncas acumuladas contra las deficiencias del transporte en dirección al sur de Buenos Aires, más el accionar siempre llamativo de bandas de fieritas que aparecen en esos escenarios para terminar de incendiar la escena, terminó prolongada en otro incendio aún mayor: el de las pantallas televisivas al rojo, con zócalos que anunciaban falsos “en vivo” y el periodismo dominante pidiendo orden. Los incidentes forman una sospechosa secuencia de “días de descontrol” con las tomas de predios y con un hecho que fue poco analizado por los medios. Sucedió el martes pasado, a las cuatro de la tarde, cuando cuatro gendarmes que custodiaban –por orden del juez federal de Quilmes, Luis Armella– un predio en Lanús donde la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) instalará una planta de procesamiento de líquidos cloacales, fueron alcanzados por múltiples disparos por atacantes que se fueron sin dejar rastros.
Así como las banditas de pibes pobres que se aparecen con sus mochilas cargadas de piedras no necesariamente forman parte de los “usuarios indignados” a los que aluden los medios, lo ocurrido con los gendarmes, por su violencia y por su impronta, parece exceder largamente las pasiones que podrían desatar en algunos vecinos la intención de ocupar o recuperar un predio. En el primer caso, y a diferencia de otros episodios de pibes que tiran piedras casi como un ritual pactado con la policía, en los incidentes de Constitución la Federal, sin armas, apostó a retomar la zona y detuvo a 34 personas, algunas de ellas con elementos de agresión. Además, a través del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, el Gobierno presentó una denuncia penal contra los ocupantes de las vías, quienes acudieron a esa medida extrema en teoría por el tema de los tercerizados. Pese a que ya son mil los tercerizados que dejaron de serlo, mientras el puñado de militantes y trabajadoras de baños cortaban la vía, en el Ministerio de Trabajo se estaba negociando la situación de quienes, según las autoridades difícilmente pueden considerarse “ferroviarios”.
La denuncia de Schiavi recayó justamente en el juzgado de Armella, el que investiga el asunto del ataque a los gendarmes. Sobre ese episodio, un informante con alta responsabilidad en la administración comunal de Lanús, que pidió reserva de su identidad, confió a Miradas al Sur algunos detalles sobre el atentado: los agresores se habrían bajado de un auto, encapuchados, y disparando con pistolas automáticas y, presumiblemente, un fusil Fal (en ambos casos se trata de armamento policial o militar). El operativo, así descripto, lleva el sello inconfundible del sicariato y desnuda una logística sofisticada y una lógica mafiosa. “No fue algo de origen social”, insistió la fuente, pero tampoco lo definió con certeza. El ataque, agregó, se produjo un rato después de que un grupo de jóvenes, menos organizados, sin armamento ostensible, habían llegado hasta las proximidades del predio a insultarlos. Otras fuentes cercanas a Gendarmería añaden datos relevantes: de lo que se habla es de una banda criminal con su retaguardia desplegada en los barrios pobres. Esa banda tendría espacios de negocios compartidos con la Bonarense. No se trata de matones vinculados con la política, sino de delincuentes con la suficiente preparación operativa y profesionalidad como saber disparar con precisión y como para asociarse a la bonaerense. La sola presencia de la Gendarmería incomoda esa relación.
Las balas, por fortuna, no fueron letales. Pero podrían haberlo sido. Una de ellas, amortiguada por el casco, golpeó la cabeza del centinela. Los otros, recibieron impactos en las piernas –dos de ellos– y en la ingle. Los cuatro efectivos están fuera de peligro.
El predio de 40 hectáreas ubicado en Villa Diamante, en la localidad de Lanús, pertenecía a la Asociación de Curtidores de Buenos Aires, pero había sido cedido por orden judicial al organismo estatal encargado del saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo. A mediados de 2009 el predio ya había sido tomado, y un grupo de “vecinos” había atacado a los ocupantes, matando a un joven de 16 años.
De eso se habló poco y, por el contario, el miércoles las cadenas noticiosas sostuvieron el habitual show de la angustia permanente multiplicando los incidentes ya fuera con zócalos que mentían falsos “vivos” o partiendo las pantallas para que aun cuando se calmaba la situación se prolongaran las escenas de los disturbios. Un cronista de TN se detuvo en el detalle de un policía que presuntamente llevaba su arma en la pistolera. Si la lleva, TN dice que fallan o se incumplen las órdenes oficiales (inutilidad política). Si no se llevan armas, eso es el titular principal del diario Clarín, como anunciando un peligroso desarme del Estado ante “los violentos”.
Ante ese escenario el Gobierno, con su nueva política de seguridad, se ve obligado a encauzar sus acciones en un más que espinoso y complejo sistema de equilibrios. Si se es prudente, las críticas son por la blandura. Si se es duro, se lo acusa por reprimir la protesta social de orígenes legítimos o los promovidos por el sistema de punteros del macriduhaldismo.
El operativo represivo montado en Constitución fue algo así como un primer ensayo de las políticas que se aspira a implementar en caso de incidentes callejeros. La ministra Nilda Garré instruyó a la Federal para que se aplique un mecanismo gradual en los operativos, evitado el uso de armas de fuego y apelando al empleo de gases lacrimógenos sólo como un segundo nivel de respuesta. Las tácticas y el despliegue sobre el terreno quedan a cargo de los uniformados y lo que se hizo en Constitución fue primero montar un primer dispositivo de contención con pocos efectivos. Más tarde llegaron los refuerzos, incluidos los camiones hidrantes.
En boca de los funcionarios nacionales, de lo que se habla es de una lógica en la cual los militantes del PO, sabedores del efecto visibilizador y multiplicador de los medios, no reparan en la proporción de los fines que dicen defender (la incoporación de todos los tercerizados, aunque algunos casos sean más que opinables) y los medios empleados, con lo que ayudan a que todo se pudra más y más. Sobre ese accionar, que no repara en los perjuicios causados a decenas de miles de trabajadores y pobres que vuelven a sus casas, se montan los fieritas agitadores, se provoca a la Federal (ocho heridos entre sus efectivos) para que reprima con mayor dureza, y se polarizan los discursos de odio de los medios y los referentes de la derecha. Políticos en apariencia diversos como Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Julio Cobos coincidieron en criticar la decisión oficial de apelar al diálogo, la negociación y la paciencia y de evitar el uso de armas de fuego para evitar excesos y muertes. En la tribuna de A dos voces, Macri dijo que “la Policía se tiene que defender de acuerdo a la violencia que haya. Balearon a cuatro gendarmes, no entiendo en qué Argentina quieren vivir”.
Del mismo modo, Eduardo Duhalde colgó la pilcha de conferencista y “estadista” y volvió a la palestra el día del noveno aniversario de las jornadas trágicas del 2001, autoproclamándose como el gran pacificador. “No tengan miedo de hablar de represión, que no es matar a nadie, sino vivir en un país donde el Estado tiene funciones indelegables”, disparó el bañero de Lomas de Zamora el lunes pasado, durante el lanzamiento de su candidatura presidencial. La proclama es clara: resulta evidente que para pacificar es condición sine qua non dar por hecho que existe un escenario de caos. Esas cavilaciones, según acusan desde el Gobierno, animan los últimos y extraños sucesos que subyacen bajo el reclamo legítimo de tierras y vivienda, y sobre el cual el Gobierno porteño tiene una cuota no menor de responsabilidad.
A saber: durante la iniciática toma del Parque Indoamericano, algunos acampantes denunciaron que unos días antes, operadores que se movían en “autos amarillos, del PRO”, prometieron en las villas que luego nutrirían la toma, el loteo y la entrega de títulos de propiedad sobre los terrenos del Parque. Durante los enfrentamientos que se desataron entre vecinos del lugar, ocupantes del predio y fuerzas de seguridad fueron identificados barrabravas empuñando armas de fuego que no vivían en la zona, pero fuertemente vinculados con las estructuras punteriles de Macri y de Duhalde.

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