Memoria, Verdad y Justicia

Por Eduardo Luis Duhalde
Secretario de Derechos Humanos de la Nación
Para Tiempo Argentino
26 de diciembre de 2010


Si por políticas de Estado entendemos las políticas públicas que trascienden la acción de un gobierno para constituirse en acciones estratégicas para una sociedad, y además son compartidas por los otros poderes constitucionales, ninguna duda cabe que en la República Argentina la aplicación consecuente de los principios de Memoria Verdad y Justicia lo son, y los juicios por crímenes de lesa humanidad resultan la consecuencia fáctica de aquellas.
Desde aquel 25 de mayo memorable del año 2003, en que en su discurso de presentación en el Parlamento el presidente Néstor Kirchner, recogiendo las banderas históricas del movimiento de Derechos Humanos, recuperó los principios éticos del Estado y enunció el carácter emblemático de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, se puso en marcha la rueda que hizo añicos el muro de la impunidad frente a los responsables de la dictadura cívico militar y terrorista que asoló al país, y cuyas secuelas tienen una dolorosa y traumática vigencia.
Esa acción del gobierno de Kirchner, que ha tenido una muy firme continuidad por el actual gobierno que preside Cristina Fernández de Kirchner, fue compartida por el Poder Legislativo, que en su acción más notoria declaró insalvablemente nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y ratificó la Convención Internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. A su vez, la Corte Suprema de Justicia, al decretar la inconstitucionalidad de ambas leyes y de los indultos oprobiosos a Videla, Massera, Martínez de Hoz y demás jerarcas protegidos por la inmoralidad de Carlos Menem, dio el paso relevante para que esta recuperación de la ética jurídica se tradujera en una política de Estado.
Por cierto, no fue fácil poner nuevamente en marcha a los tribunales judiciales, tras casi dos décadas de una impunidad total que había cerrado y mandado a los archivos polvorientos las causas abiertas contra el terrorismo de Estado en la Argentina. Hubo también que luchar con la mentalidad complaciente de muchos fiscales y jueces formados en la enseñanza histórica del no juzgamiento de los responsables de los golpes de Estado en la Argentina. Cobraron nueva vigencia, entonces, el histórico juicio a las Juntas Militares –del que acaban de cumplirse 25 años– y las probanzas de la CONADEP y de los testimonios posteriores pacientemente recopilados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ahora convertida en querellante, y sobre todo, a través del esfuerzo del Archivo Nacional de la Memoria –creado por el Poder Ejecutivo en el año 2003–, celoso guardián de toda aquella documentación puesta desde entonces a disposición de la justicia.
El proceso recuperador de las demandas históricas del movimiento de Derechos Humanos –con más de tres décadas de ser el reservorio moral de los argentinos– fue brillantemente sintetizado por el presidente Kirchner ante la Asamblea General de las Naciones Unidas: los argentinos somos hijos de las Madres y las Abuelas de la Plaza de Mayo. Declaraba así que la Democracia argentina y los Derechos Humanos eran indivisibles y que dentro de estos, los principios de Memoria, Verdad y Justicia eran irrenunciables.
Las victimas sobrevivientes y los familiares de los detenidos desaparecidos y asesinados, con sus dolorosos testimonios –inevitable vuelta a revivir el horror y los padecimientos más monstruosos–, con una gran cuota de responsabilidad y de sacrificio (basta pensar en Jorge Julio López y Silvia Suppo), fueron los articuladores ante los tribunales del discurso narrativo de la Memoria y la Verdad, del plan sistemático de exterminio de esos crímenes de lesa humanidad desde el punto de vista jurídico, y del genocidio disciplinador del conjunto social, en términos de caracterización política.
Esta suprema docencia para las generaciones actuales y futuras de por qué NUNCA MÁS el asalto a las instituciones de la República y la necesidad de juzgar, condenar y enviar a cárceles comunes a los ex terroristas de Estado –militares y civiles–, tuvo una inesperada contribución en vivo, sobre todo para las generaciones más jóvenes, que no pudieron vivenciar las palabras de los genocidas en el Juicio a las Juntas.
Jorge Rafael Videla, el abominable dictador, con sus intervenciones en el juicio desarrollado ante el Tribunal Oral en lo Federal N° 1 de Córdoba, especialmente en las palabras finales –secundado por ese otro monstruo que es Luciano Benjamín Menéndez– mostró la cara más auténtica del Estado Terrorista: justificando el horror y la crueldad, sin un ápice de arrepentimiento, con vanagloria de haber asaltado las instituciones del Estado, y reivindicando el plan sistemático de exterminio. Todo el país pudo contemplar su personalidad viscosa, su pobreza intelectual –y eso que mal leía un texto escrito– y su hipocresía. Su única confesión: que toda la acción criminal militar no les había alcanzado para ganar la “guerra política”, es decir que no habían podido destruir a la sociedad en su conjunto para perpetuar en el poder una Argentina para pocos: quebrada en sus lazos y redes solidarias, hambreada y con la cabeza gacha, marcando el paso al compás de las marchas militares y con un Estado al servicio de los intereses monopólicos internacionales.
Un proceso de trámite ejemplar y ejemplarizador. Dieciséis condenas a prisión perpetua en cárcel común, en un juicio con todas las garantías del debido proceso legal para los imputados, absolviendo a aquellos que la fiscalía, en cuatro casos, y el tribunal, en definitiva en seis, consideraron que no había pruebas suficientes para condenarlos, demostrando así que no se trata de una parodia judicial ni una valoración mecánica de las responsabilidades acreditadas. Al mismo tiempo, este juicio desnudó las complicidades civiles, judiciales y eclesiásticas con que contaron los homicidas.
Un paso fundamental para afianzar el ejemplo de la Argentina al mundo: sin tribunales y leyes especiales, con los jueces naturales y con la ley común (el Código Penal vigente en los momentos de los hechos), es posible juzgar los crímenes masivos de lesa humanidad, experiencia inédita internacional con muy honrosas y puntuales excepciones, como la condena de los coroneles griegos.
El año 2010 se cierra con este juicio histórico en Córdoba con un resultado muy promisorio. En el año se dictaron 106 condenas, la mayor parte a prisión perpetua o a 25 años, en juicios celebrados en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Santiago del Estero, Buenos Aires, Chaco, La Rioja, La Pampa, Mendoza y Salta.
El total de condenados, contando los años anteriores, son 197 (incluyendo a Adolfo Scilingo en España), sumados a un número de 783 procesados (149 más que los que había en el 2009).
El año que se inicia es previsible que depare un resultado tan importante como el de este año: por lo pronto recibirán sentencia las causas orales en trámite: un tramo muy importante de la mega causa ESMA, Orletti y Vesubio (Capital Federal), la de la Masacre de Margarita Belén (Chaco), la del represor Patti y otros (en la provincia de Buenos Aires) y las que se están sustanciando en Mendoza y Rosario. A su vez, deberá tener un impulso definitivo la querella de Abuelas en el caso de Marcela y Felipe Noble Herrera, y la del proceso judicial por los crímenes de lesa humanidad cometidos con el fin de apropiarse de Papel Prensa SA
En un Estado de Derecho, la justicia en lo Criminal cumple un rol fundamental: condena a los violadores de la ley penal y ofrece a las víctimas y familiares la reparación simbólica por los delitos de los que fueron objeto. Es cierto que en los casos de los crímenes de lesa humanidad llega en nuestro país con al menos 25 años de retraso, pero celebremos que hoy estos juicios se han hecho posibles, porque siempre es preferible una justicia tardía a una injusticia eterna.