Por Rodolfo Yanzón
Abogado Fundación Liga por los DD HH.
La investigación de los crímenes económicos cometidos durante la dictadura es necesaria para tomar la real dimensión de lo sucedido. Los centenares de centros clandestinos de detención, las torturas sistemáticas, las desapariciones y muertes de miles de personas, se hallan íntimamente relacionados con aquellos. Los crímenes de lesa humanidad son los cometidos desde el aparato estatal como un ataque sistemático y generalizado contra la población. La declaración de imprescriptibilidad de esos crímenes deja en claro su carácter gravísimo. Se deben diferenciar tajantemente, no sólo porque se cometieron desde el Estado, sino porque los realizaron por las mismas fuerzas que deberían haber auxiliado a los jueces a llevar adelante las investigaciones judiciales. Durante esa época no hubo ninguna colaboración con los jueces de parte de esas fuerzas. Existía una negación total del exterminio. A eso se agrega que los grandes medios de difusión –como Clarín y La Nación– ocultaban lo que estaba sucediendo o tergiversaban los hechos. A los secuestros y los asesinatos los llamaban “operativos antisubversivos” llevados a cabo por “fuerzas legales”, en lugar de “fuerzas usurpadoras”.
El desguace del Estado y del aparato productivo, en beneficio de la timba financiera y de bancos trasnacionales, se difundía en los medios como operaciones económicas exitosas, cuando la ilegalidad era la constante. Actualmente existen distintos procesos en marcha para avanzar en el juzgamiento de varios responsables, como el secuestro extorsivo de los empresarios Gutheim (por el que está procesado José Alfredo Martínez de Hoz), la apropiación ilegal de bienes de cautivos en la ESMA, o el de las familias Greco y Grassi, entre otros. Avanzar en esas investigaciones es una tarea que jueces y fiscales deben realizar, sin perjuicio de aquellas decisiones que desde el Poder Administrador se tomen.
Fuente: Tiempo Argentino
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