* Especial para El Sol Online
Hay quienes aseguran que el 70 por ciento de los clasificados eran pagados por explotadores sexuales. La legislación vigente y los relatos de violencia y sometimiento.
Por: Javier Ávila*
El decreto 936 de prohibición de avisos clasificados vinculados a la oferta sexual asesta un golpe importante al negocio de la prostitución, pero sobre todo a las redes de trata de personas.
Es que en los últimos tiempos, gran parte del trabajo sexual mudó de las calles hacia lugares más seguros.
La creciente complejidad del negocio – extendido a niveles de organización transnacional- y la sensación de inseguridad hicieron del rubro 59 uno de los vínculos más importante entre oferta y demanda.
También un medio de captación de las redes de trata con fines de prostitución.
Según Fabiana Tuñez, de la organización La Casa del Encuentro, el 70% de los avisos de oferta sexual eran publicados por tratantes y proxenetas. Por eso, la medida anunciada por Cristina es un paso importante.
Sin embargo, la prohibición no alcanzará para frenar una economía informal que mueve formidables sumas de dinero. Según informes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), solamente la trata de personas genera ganancias por 32.000 millones de dólares al año.
Ahora el negocio mutara para adaptarse a las nuevas condiciones.
Y medios son lo que sobran: redes sociales, canales de chat, mensajes de texto, listas de correo.
En el terreno de las nuevas virtualidades los controles son más difíciles.
Derechos vulnerados
Mientras tanto, como muestra el informe sobre trata de personas en Argentina efectuado por la OIM en 2006, el mercado de la prostitución y la trata de personas seguirá floreciendo. Junto a él la violencia, los secuestros y las privaciones ilegítimas de la libertad. También el tráfico de drogas y la explotación sexual de menores.
La mayoría de las mujeres en situación de prostitución están libradas a su suerte. Sus vidas son tierra fértil para los abusos, la violencia y la vulneración de derechos.
Unas pocas entran por elección y otras por la fuerza, pero, como afirma Tuñez, la mayoría lo hace por necesidad. De algún modo u otro todas terminan pagando protección o impunidad.
Allí el Estado debe intervenir para garantizar derechos.
Al margen de algunos esfuerzos, en general no existen políticas públicas que atiendan específicamente sus problemáticas, salvo la que lo hacen desde un enfoque epidemiológico de salud -como por ejemplo el Programa Provincial de SIDA del Gobierno de Mendoza- o de represión y control – tal como lo promueven los artículos 54 y 55 del código de faltas de la Provincia.
El reciente caso de Edith Forquera, secuestrada y asesinada en una galería del microcentro mendocino, es un ejemplo de la delgada línea que existe entre la vida y la muerte de las mujeres en situación de prostitución.
Cartografía
En Mendoza, o en cualquier ciudad del mundo, la de la prostitución es una cartografía complicada; acaso imposible.
La que rige es la ley de mercado. Los cuerpos trabajan y recaudan. Y los clientes son el eslabón inicial de la cadena de pago.
La demanda incluye clientes individuales, fiestas privadas, cumpleaños de dieciocho y despedidas de soltero.
De acuerdo con la información que maneja Fabiana Tuñez, la mayoría de quienes ejercen la prostitución integran alguna red u organización clandestina. Una parte del dinero que ingresa queda en manos de las mujeres. El resto circula, de abajo hacia arriba. En Mendoza, dependiendo del servicio, los precios varían entre 40 y 300 pesos. De allí en adelante.
El reparto llega a manos de regentes de prostíbulos, reclutadores y proxenetas. Según revelan algunos casos judiciales de resonancia, como el asesinato en 2006 de Sandra Cabrera, dirigente de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices Argentina) o la desaparición de María de los Ángeles Verón en Tucumán, algunos funcionarios y policías corruptos también participan del botín.
Aún así, una minoría ejerce de manera autónoma, como medio de vida o como una forma de aumentar sus ingresos.
Según fuentes no oficiales consultadas, el radio céntrico mendocino alberga un complejo sistema auto regulado de prostitución. Proxenetas, regentas y trabajadoras sexuales ofrecen sus servicios. Los lugares son habitaciones de hoteles y departamentos alquilados por horas, días o meses. Algunas calles céntricas y del gran Mendoza son identificadas en función de los tipos de servicio que ofrecen. También se estima que existen alrededor de cincuenta saunas que funcionan de manera ilegal. Salvo algunos controles, todo parece moverse bajo un manto de indiferencia generalizada.
Las vías de de acceso a esta oferta son variados: avisos clasificados, páginas web especializadas, redes sociales, relaciones interpersonales y hasta folletos entregados en mano en la vía pública. También existen los sitios "escort", que ofrecen los servicios de acompañantes remuneradas para acudir a reuniones, fiestas y salidas, ya sea a cambio de sexo o no. La prostitución callejera es acaso la más visible, y también aquella en la que la mujer más expone a situaciones de abuso y violencia.
Un tema negado
A pesar de su arraigo cultural y de los daños que provoca en la vida de miles de mujeres, la prostitución siempre fue un tema negado.
Pero en la última semana, la prohibición del rubro 59 logró instalarlo en la agenda mediática.
Algunas voces se alzaron a favor y otras en contra.
La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, entidad nacional que agrupa a mujeres que reivindican la prostitución como un trabajo, cuestiona la constitucionalidad del decreto. Según afirman, dado que la prostitución es legal en la Argentina no se puede prohibir que una trabajadora venda sus servicios.
Por el contrario, desde el Gobierno Nacional y un gran número de organizaciones sociales aplauden la medida, y sostienen que los avisos atentan contra la dignidad de las mujeres, las discriminan, las ponen como objetos y no como sujetos.
Pero el debate debería profundizarse:
¿Qué responsabilidad le cabe a los clientes? ¿Qué rol cumplen algunos empresarios y funcionarios estatales? ¿Cómo se estructura el mercado en torno a la actividad? ¿En qué medida es posible regularla? ¿Cómo abordar los problemas de las mujeres en situación de prostitución? ¿Cómo prevenir su ingreso a las redes de explotación sexual?
Las universidades, los cuadros técnicos del Estado y el periodismo de investigación podrían hacer aportes fundamentales.
Mientras tanto, si no se discuten cuestiones de fondo, los avances que viene haciendo el Gobierno – entre ellos la ley de trata de personas sancionada en 2008, la creación de una oficina de rescate y un programa de asistencia a víctimas en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social- quedarán a medio camino.
Ahora el desafío es desarticular las redes criminales de trata de personas. También erradicar los factores que llevan a que una mujer deba vender su cuerpo para subsistir.
La responsabilidad también es de las provincias y los municipios.
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