Caso Schoklender

Tiempo Argentino
2 de julio de 2011

Por Néstor Espósito

El juez levantó el secreto bancario de una treintena de compañías y más de 20 personas. También prorrogó el secreto de sumario. Investiga supuestas irregularidades en el manejo de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

El juez federal Norberto Oyarbide volvió a blindar la causa en la que se investigan las supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la Misión Sueños Compartidos bajo la administración de Sergio Schoklender. Esta vez, sin embargo, resolvió ampliar la base de la investigación: levantó el secreto bancario y fiscal para Alejandra Bonafini, la hija de Hebe; puso en el freezer los bienes de ella y de un batallón de personas y empresas y prorrogó el secreto de sumario. Todo en un día frenético, en el que sus decisiones encendieron luces de alerta porque, según todo parece indicar, la investigación no se concentra ahora exclusivamente en el mayor de los hermanos Schoklender.
El disparador de las medidas que dispuso ayer el magistrado fue la presunta venta por unos 25 mil dólares de una propiedad cuyo valor de mercado sería sensiblemente superior, por parte de Alejandra Bonafini a la empresa Meldorek, que regenteaba Sergio Schoklender.
Fuentes judiciales dijeron a Tiempo Argentino que esa sería sólo la “segunda parte” de una transacción inmobiliaria de mayor envergadura, cuyo origen estaría en la compra de dólares en una cueva financiera por parte de Schoklender para adquirir otra propiedad, por unos 200 mil dólares. La investigación apunta a determinar si existió una triangulación en la operación y si esa metodología de negocios era habitual. Al juez Oyarbide le tocará determinar si hubo una propiedad comprada con ese dinero presuntamente salido de las cuentas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y para qué o para quién fue adquirida. En la respuesta a esos interrogantes, suponen los investigadores, hallarán explicaciones también a la operación que enlaza a la hija de Hebe con Meldorek.
Oyarbide dispuso medidas de prueba y prevención que incluyen la inhibición de bienes de una treintena de particulares y empresas, entre ellas Alejandro Gotkin, el empresario que aparece estrechamente vinculado con Schoklender en sus emprendimientos paralelos a su trabajo en Madres, y Gustavo Serventich, piloto del avión cuya propiedad la justicia sospecha que pertenece a Meldorek. Las cuentas de esa empresa también quedaron inmovilizadas.
Pero pese a la espectacularidad mediática de las determinaciones, lo cierto es que el expediente quedará virtualmente paralizado durante el período de vacaciones que Oyarbide inició ayer, tras ordenar las diligencias. De hecho, la prórroga del secreto de sumario es por diez días hábiles, exactamente el tiempo que durará el receso del juez. A su remplazante, el subrogante Marcelo Martínez de Giorgi, no le quedan indagatorias, ni testimoniales, ni allanamientos. Ni siquiera una medida de prueba tan elemental como el entrecruzamiento de llamadas telefónicas desde y hacia los teléfonos de Sergio Schoklender, algo que el fiscal Jorge Di Lello no pidió, ni Oyarbide ordenó por su cuenta.
A propósito de Di Lello, pese al distanciamiento con el juez –quien lo criticó públicamente por haber filtrado datos de la causa– será el único que tendrá posibilidades de avanzar en la investigación. Oyarbide le envió los 28 cuerpos de la causa y las ocho cajas lacradas que aportó Sergio Schoklender como defensa anticipada, a través de su abogado, Adrián Tenca. El fiscal convocará a las partes para abrir esas cajas y comenzar a analizar la documentación. Esa parece ser la “tarea para el hogar” que tiene asignada hasta la vuelta de Oyarbide.