Tiempo Argentino
2 de julio de 2011
Por C. M.
El juez Roberto Gallardo ordenó el procedimiento en dependencias del Ministerio de Desarrollo Social porteño. Busca datos sobre la asistencia a personas en situación de calle.
Poco antes de proclamarla como compañera de fórmula, el jefe de gobierno, Mauricio Macri, dijo que María Eugenia Vidal, su ministra de Desarrollo Social, era “la mejor ministra que tenía”. Cuando se pronunció, y se ganó la inquina del resto del Gabinete PRO, al alcalde porteño le faltaba un mes para definir su postulación por la reelección. Ayer, la minuciosa comunicación electoral que armó su costoso equipo de imagen, recibió un duro revés judicial. Sucedió cerca del mediodía, cuando el juez contencioso Roberto Andrés Gallardo, considerado por Macri como un enemigo íntimo dentro de la justicia, resolvió allanar la sede de la cartera de Vidal por una investigación que indaga presuntas irregularidades en la entrega de fondos públicos del Ministerio de Desarrollo Social al Club 17 de Agosto, que funcionó en algunas ocasiones como centro para asistir a desalojados. De inmediato, ante la intervención judicial, la ministra se calzó el traje de candidata y contestó que su gestión no tiene “nada que ocultar”. Y subrayó: “Es lamentable que una semana antes de la elección se allane el ministerio buscando una información que habíamos presentado en el expediente, sobre un lugar que actuó como centro de evacuados pero que no está en funcionamiento para ese fin.” Como si fuera una fatalidad para el gobierno PRO, la problemática de los sin techo volvió a colarse en la campaña. Según las denuncias que recibió Gallardo, la comuna habría utilizado fondos destinados a la atención de personas en situación de calle para contratar un club deportivo. Al respecto, Vidal sostuvo que ese centro “funcionó como centro de evacuados” para personas desalojadas y en situación de calle en ocasiones concretas”, como cuando se reparó el parador del barrio porteño de Retiro y en el desalojo de “La Veredita”. En ese caso, las familias que fueron expulsadas de la ocupación terminaron separadas, casi en su totalidad, por la ausencia de lugares disponibles para familias completas. “Ya no funciona como tal e incluso, cuando el juez lo inspeccionó, no dijo nada porque no encontró ninguna irregularidad”, dijo Vidal en su defensa. Fue pocos minutos después de que el propio Macri dijera que ponía “las manos en el fuego” por su joven compañera de fórmula que comenzó su experiencia como empleada de la Fundación Creer y Crecer, la misma que recibió un manojo de gerentes del Grupo Macri para transformarse en funcionarios públicos para la gestión que el heredero de Franco pretendía ganar. Casi cuatro años después, una de esos cuadros pujantes termina implicado en una causa que el PRO, al unísono, salió a repudiar. Dentro del gobierno porteño, los funcionarios de distintas carteras reconocen que, la derivación al centro 17 de agosto no es la única que tuvo que costear la cartera de Vidal, sino que habría otra decena de centros que fueron destinados a la atención de personas en situación de calle. Esas derivaciones de dinero tendrían serias irregularidades que el macrismo procuró contestar. En los tribunales porteños dicen que las respuestas de Vidal fueron inconsistentes y que nunca explicaron por qué fue necesaria la derivación de fondos a una red controlada por figuras del PRO que provenían de Boca Juniors en la época en que Macri fue su presidente.
Furioso, el legislador Cristian Ritondo, candidato en la lista del PRO y principal sospechado en la incitación de la crisis del Parque Indoamericano, se preguntó “si este juez Gallardo, es el mismo que caminaba por la villa junto a Schoklender”. Sin embargo, no dijo una palabra sobre el caso donde la candidata estrella podría resultar salpicada más allá de los consejos de los consultores que la visitan, día tras día, para que acompañe al jefe de gobierno como su “mejor ministra”.
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