Tiempo Argentino
2 de julio de 2011
Por Claudio Mardones
Mauricio Macri se benefició con el fallo judicial a una semana de las elecciones en la Ciudad. El fiscal deberá aportar más pruebas. La decisión es idéntica a la que el juez adoptó en la causa por el mobiliario urbano.
Desde este viernes, el juez de instrucción Fernando Cubas y el jefe de gobierno Mauricio Macri comparten, al menos, dos coincidencias. Se trata de las dos faltas de mérito que recibió el alcalde por parte del magistrado.
La primera, la firmó hace más de un año en la investigación donde Macri estaba salpicado por las irregularidades en la concesión del mobiliario urbano. La segunda se concretó ayer, pocos minutos antes de las 12 del mediodía, cuando el mismo juez consideró la ausencia de elementos para procesar al jefe comunal en la causa que investiga la creación de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), creada bajo el gobierno PRO, acusada en esa causa de perseguir, golpear, hostigar y desalojar a personas en situación de calle en distintos puntos de la Ciudad.
Ayer, cuando faltaban instantes para el vencimiento final de los plazos definitivos para expedirse sobre la situación procesal de los 34 imputados en el caso, Cubas consideró que no había condiciones para ordenar el procesamiento de los funcionarios implicados, y devolvió el expediente a la Fiscalía 14, a cargo de Marcelo Roma, para que continúe con la investigación y obtenga “nuevo material probatorio”.
La resolución del juez significó una bocanada de aire fresco para Macri, a nueve días del 10 de julio, cuando se realice la primera vuelta de las elecciones porteñas, donde el alcalde buscará su reelección.
En tribunales, y también dentro de la Legislatura Porteña, el pronunciamiento judicial despertó sospechas, por una razón de mucho peso. La causa 53.350/08, que comenzó poco después de la asunción de Macri como alcalde, está repleta de testimonios de víctimas, filmaciones de operativos nocturnos, decretos, resoluciones y documentos que confirman la existencia de una relación orgánica entre la treintena de empleados municipales dedicados al hostigamiento, el entonces ministro Piccardo y el jefe de gobierno.
La parte principal de esas pruebas fue aportada por el juez porteño Roberto Andrés Gallardo, titular del segundo tribunal contencioso, administrativo y tributario porteño, que en 2009 allanó las oficinas de la UCEP en el 211 de Carlos Pellegrini, algunas pocas horas antes de que la sede de la unidad de control quedara vacía. En el hallazgo, que le quitó el aliento a las esperanzas judiciales del macrismo, está el disco rígido del empleado municipal Luis “Tano” Savolardo, jefe de la patota y una de las personas que habían quedado implicadas en la investigación. Fuentes del tribunal reconocieron que esa documentación no fue analizada por el juez, pese a que la tiene por los menos desde hace un año, cuando Gallardo la aportó varios meses después del allanamiento.
Dentro de esos archivos, hay decenas de planillas de Excel con las ubicaciones y las fotos de las personas que finalmente fueron desalojadas. En las hojas de cálculo hay más de 10 mil procedimientos, asentados y distribuidos a partir del relevamiento de terreno que realizaban los empleados de la UCEP. Esa información era volcada a mapas de la Ciudad, donde se insertaban las fotos que eran tomadas de noche por empleados vestidos de civil que sólo utilizaban las insignias de la UCEP, cuando realizaban los desalojos por la fuerza entre las 23 y las 6, un punto que el propio jefe de gobierno no pudo explicar hace 15 días, cuando tuvo que prestar declaración indagatoria por el caso y cargó todas las responsabilidades legales y operativas en su ex compañero del secundario Juan Pablo Piccardo, entonces ministro de Medio Ambiente, y en los empleados de la UCEP.
El mismo funcionario, al igual que Macri, tuvo su estreno de buenas noticias el 10 de febrero de 2010, cuando Cubas le dictó la falta de mérito y sobreseyó a Macri, juntos a otros tres ex funcionarios de la Ciudad, en la investigación por presuntas maniobras y falsificación de documentos para beneficiar a un grupo económico en la licitación de las paradas de colectivos, marquesinas publicitarias y equipamiento de plazas: un negocio que mueve unos 100 millones de pesos anuales.
La medida provocó una ola de apelaciones que desembocó en el apartamiento de Cubas y en una serie de medidas que fueron resueltas por la Cámara de Apelaciones del fuero porteño.
Al parecer, en el caso UCEP, la estrategia es similar: firmar una resolución que lo saque del caso, que desemboque en medidas judiciales que el magistrado no tenga que realizar y que evite un confrontamiento abierto con Macri, ese alcalde con quien ahora tiene dos coincidencias que, después de las elecciones, podrían cambiarlo todo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario