Tiempo Argentino
7 de abril de 2011
En un asado con dirigentes del agro, el ex presidente transitorio opinó que para cambiar el país “se necesita el mismo instinto que el kirchnerismo”. Lavagna resiste el acuerdo con Macri.
El contexto fue un asado con unos 60 productores de las localidades de Gualeguaychú, Larroque, Urdinarrain y Concepción del Uruguay. Escuchaban a Eduardo Duhalde el presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú, Javier Melchiori y el presidente de la Federación Agraria de la provincia, Alfredo De Angeli: “Tenemos que unirnos, porque si no Cristina saca el 40% y nos gana”, sostuvo ayer, en una frase cargada de pragmatismo, durante la cena en la estancia San Martín, a pocos kilómetros de la ciudad entrerriana.
Duhalde llegó ayer a Entre Ríos como parte de su gira de campaña ya que el domingo se realizará la segunda edición de la interna del Peronismo Federal en las provincias del Nordeste Argentino (NEA). Sin embargo, el bonaerense no estuvo acompañado por el referente del peronismo disidente en Entre Ríos, el ex gobernador Jorge Busti, quien se declaró prescindente en la compulsa del domingo.
La frase de Duhalde convocando a la unidad de la oposición sonó a llamado casi desesperado, ante la cada vez más cercana posibilidad de que la presidenta pueda imponerse en las elecciones de octubre en primera vuelta.
“Yo creo que la dirigencia argentina está ante una responsabilidad histórica. Los kirchneristas lo hacen todos los días, se juntan con Carlos Menem, con Ramón Saadi. Hay que tener el mismo instinto que ellos tienen si uno quiere cambiar el país”, intentó convencerlos. Después planteó la necesidad de unirse con todo el radicalismo y no sólo con los sectores que responden al senador Ernesto Sanz y al vicepresidente Julio Cobos. “Lo interesante es que compita todo el radicalismo, el macrismo y el Peronismo Federal, quizá queden dos o tres descolgados, pero eso es el núcleo de la oposición”, delimitó. Después, se refirió a las cuestiones programáticas. “Ya existe un acuerdo sobre las políticas de Estado que se deben implementar. Lo que hay que bucear es la alternativa de competir en una preliminar el 14 de agosto entre todos los que conformemos un frente. A eso hay que intentarlo, hay que explorarlo para llegar con más fuerza a las elecciones de octubre”, propuso. Carlos Brown, jefe de campaña de Duhalde, explicó los detalles del plan del ex presidente: quiere que todas las fuerzas participen con fórmulas propias en las primarias abiertas del 14 de agosto y que el ganador lidere al resto de los partidos de la coalición opositora.
La propuesta de Duhalde volvió a generar ruido en el Peronismo Federal. El diputado Felipe Solá advirtió que “lo peor sería unirse por temor a perder”. El precandidato presidencial consideró que el eventual acuerdo electoral entre los principales referentes de la oposición sólo debería concretarse sobre la base de objetivos comunes porque “después va a ser difícil gobernar”. (Télam)
jueves, 7 de abril de 2011
La justicia rosarina identificó a María, la nieta recuperada 103
Tiempo Argentino
7 de abril de 2011
Por Gimena Fuertes
Nació en cautiverio y la familia que la crió fue obligada a aceptarla a punta de pistola. La mujer se resistía a realizarse los exámenes de ADN, pero finalmente accedió.
Cecilia Beatriz Barral y Ricardo Klotzman militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) cuando el 2 de agosto de 1976 fueron secuestrados en Rosario por un grupo de policías y militares. Cecilia estaba embarazada de nueves meses. Después de 35 años, gracias a la lucha de su familia y de organismos de Derechos Humanos, esa beba que nació en cautiverio, recuperó su verdadera identidad, tras un examen de ADN que se realizó en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Así, esta mujer que se llama María se convirtió en la nieta recuperada número 103.
Si bien hubo resistencia por parte de María y de la familia que la crió para que se realizara el estudio de ADN, a fines del mes pasado se pudo llevar a cabo la extracción de sangre y el martes el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, a cargo de Martín Bailaque, notificó a las partes que hay un 99,9% de probabilidad de parentalidad entre la joven y la pareja secuestrada.
La pareja fue capturada en Rosario por militares del Batallón 121 de Inteligencia y agentes de la policía rosarina, quienes los trasladaron a la llamada Quinta Operacional de Fisherton, ubicada en la calle Calasanz 9100 de Rosario. Allí se presume que Cecilia Barral fue vista con vida hasta el 11 de agosto, según un testimonio de un sobreviviente de ese centro clandestino. Ahora la comprobación de la identidad de María aporta el dato sustancial de que Cecilia fue mantenida con vida hasta el momento del parto. Luego, esa beba fue llevada en un Ford Falcon y entregada con armas largas a la vista a una familia que vivía en calle Amenábar al 3000, en Santa Fe.
“La tuvieron viva y la hicieron parir, esto constituye una prueba más de cuán sistemático fue el plan para apropiarse de niños”, destacó a Tiempo Argentino Ana Oberlin, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo en Rosario, quienes son querellantes en la investigación en el fragmento que corresponde a la apropiación de aquella beba.
María lleva el nombre que le puso la familia que la crió, aquella que recibió esa beba a fuerza de pistola y que hizo la denuncia judicial correspondiente ante el entonces juez de menores Luis María Vera Candioti, recientemente procesado por otro caso de supresión de identidad durante la dictadura. Vera Candioti autorizó a hacer la inscripción en el Registro Civil como NN y le adosó el apellido de la familia que la había recibido, “cuando lo que había que hacer era investigar un hecho delictivo”, relató el abogado santafesino Jorge Pedrazza, actual funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y quien participó en el inicio de la causa.
La causa comenzó en 2004 y recién ahora María se pudo reencontrar con su hermana, quien fue una de las que nunca perdió las esperanzas de hallarla.
Oberlin, la abogada de Abuelas, se quejó porque “hay jueces que no terminan de entender la urgencia que hay en que este tipo de medidas, como el análisis de ADN, se lleven adelante, porque los familiares que están buscando a los nietos se van muriendo”. “Los jueces tienen que tomar conciencia que no se pueden dilatar estas causas, y mucho menos si son dilaciones producto de las estrategias de las defensas”, reclamó.
Según explicó Oberlin, la causa por el centro clandestino de detención donde estuvieron secuestrados los padres de la joven en Rosario está en etapa de instrucción. Ahora, a partir del conocimiento de la identidad de la joven, se agrega la prueba de un nuevo delito, que es la apropiación de bebés. También se agrega una nueva víctima, María.
7 de abril de 2011
Por Gimena Fuertes
Nació en cautiverio y la familia que la crió fue obligada a aceptarla a punta de pistola. La mujer se resistía a realizarse los exámenes de ADN, pero finalmente accedió.
Cecilia Beatriz Barral y Ricardo Klotzman militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) cuando el 2 de agosto de 1976 fueron secuestrados en Rosario por un grupo de policías y militares. Cecilia estaba embarazada de nueves meses. Después de 35 años, gracias a la lucha de su familia y de organismos de Derechos Humanos, esa beba que nació en cautiverio, recuperó su verdadera identidad, tras un examen de ADN que se realizó en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Así, esta mujer que se llama María se convirtió en la nieta recuperada número 103.
Si bien hubo resistencia por parte de María y de la familia que la crió para que se realizara el estudio de ADN, a fines del mes pasado se pudo llevar a cabo la extracción de sangre y el martes el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, a cargo de Martín Bailaque, notificó a las partes que hay un 99,9% de probabilidad de parentalidad entre la joven y la pareja secuestrada.
La pareja fue capturada en Rosario por militares del Batallón 121 de Inteligencia y agentes de la policía rosarina, quienes los trasladaron a la llamada Quinta Operacional de Fisherton, ubicada en la calle Calasanz 9100 de Rosario. Allí se presume que Cecilia Barral fue vista con vida hasta el 11 de agosto, según un testimonio de un sobreviviente de ese centro clandestino. Ahora la comprobación de la identidad de María aporta el dato sustancial de que Cecilia fue mantenida con vida hasta el momento del parto. Luego, esa beba fue llevada en un Ford Falcon y entregada con armas largas a la vista a una familia que vivía en calle Amenábar al 3000, en Santa Fe.
“La tuvieron viva y la hicieron parir, esto constituye una prueba más de cuán sistemático fue el plan para apropiarse de niños”, destacó a Tiempo Argentino Ana Oberlin, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo en Rosario, quienes son querellantes en la investigación en el fragmento que corresponde a la apropiación de aquella beba.
María lleva el nombre que le puso la familia que la crió, aquella que recibió esa beba a fuerza de pistola y que hizo la denuncia judicial correspondiente ante el entonces juez de menores Luis María Vera Candioti, recientemente procesado por otro caso de supresión de identidad durante la dictadura. Vera Candioti autorizó a hacer la inscripción en el Registro Civil como NN y le adosó el apellido de la familia que la había recibido, “cuando lo que había que hacer era investigar un hecho delictivo”, relató el abogado santafesino Jorge Pedrazza, actual funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y quien participó en el inicio de la causa.
La causa comenzó en 2004 y recién ahora María se pudo reencontrar con su hermana, quien fue una de las que nunca perdió las esperanzas de hallarla.
Oberlin, la abogada de Abuelas, se quejó porque “hay jueces que no terminan de entender la urgencia que hay en que este tipo de medidas, como el análisis de ADN, se lleven adelante, porque los familiares que están buscando a los nietos se van muriendo”. “Los jueces tienen que tomar conciencia que no se pueden dilatar estas causas, y mucho menos si son dilaciones producto de las estrategias de las defensas”, reclamó.
Según explicó Oberlin, la causa por el centro clandestino de detención donde estuvieron secuestrados los padres de la joven en Rosario está en etapa de instrucción. Ahora, a partir del conocimiento de la identidad de la joven, se agrega la prueba de un nuevo delito, que es la apropiación de bebés. También se agrega una nueva víctima, María.
Un represor complicó al actual jefe de la Armada
Tiempo Argentino
7 de abril de 2011
El ex marino Adolfo Miguel Donda aportó ayer información confidencial de la Armada obtenida durante la dictadura cívico-militar en una nueva audiencia del juicio oral de la megacausa ESMA, que lo tiene como imputado. El represor entregó claves de documentos con listas de oficiales y suboficiales que actuaron en ese centro clandestino de detención.
Donda habló de tres listados con los nombres de 140 oficiales y le atribuyó al actual jefe de la Armada, Jorge Godoy, la confección de los listados. Si bien no entregó los documentos originales, tanto la fiscalía como las querellas que impulsan el juicio oral anticiparon que reclamarán su incorporación en la causa.
Los dichos de Donda corresponden a la ampliación de la declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal Nº 5. Los últimos aportes correspondieron a un pedido de la fiscalía, que había reclamado esos datos para citar a oficiales que hubiesen prestado funciones en esa dependencia de la Armada.
A través de su declaración, el ex marino intentó diferenciarse de los delitos cometidos en la ESMA. Señaló que mientras cumplió funciones allí, en 1978, no actuó en el Grupo de Tareas 3.3.2. y para corroborarlo ofreció como testigos a 200 conscriptos que estuvieron a su cargo.
Por otro lado, sostuvo que la represión fue “legal” y que él mismo había participado en la detención de una media docena de “elementos terroristas o subversivos”. Donda también señaló que toda la Armada participó de la represión, ya que unos 2500 marinos participaron de cursos de capacitación y luego eran destinados a los grupos de tareas.
Este juicio oral concentra una parte de los delitos cometidos en la ESMA y reúne a 18 imputados. Al finalizar las ampliaciones de las declaraciones de los acusados comenzarán los alegatos y se espera para julio una sentencia.
7 de abril de 2011
El ex marino Adolfo Miguel Donda aportó ayer información confidencial de la Armada obtenida durante la dictadura cívico-militar en una nueva audiencia del juicio oral de la megacausa ESMA, que lo tiene como imputado. El represor entregó claves de documentos con listas de oficiales y suboficiales que actuaron en ese centro clandestino de detención.
Donda habló de tres listados con los nombres de 140 oficiales y le atribuyó al actual jefe de la Armada, Jorge Godoy, la confección de los listados. Si bien no entregó los documentos originales, tanto la fiscalía como las querellas que impulsan el juicio oral anticiparon que reclamarán su incorporación en la causa.
Los dichos de Donda corresponden a la ampliación de la declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal Nº 5. Los últimos aportes correspondieron a un pedido de la fiscalía, que había reclamado esos datos para citar a oficiales que hubiesen prestado funciones en esa dependencia de la Armada.
A través de su declaración, el ex marino intentó diferenciarse de los delitos cometidos en la ESMA. Señaló que mientras cumplió funciones allí, en 1978, no actuó en el Grupo de Tareas 3.3.2. y para corroborarlo ofreció como testigos a 200 conscriptos que estuvieron a su cargo.
Por otro lado, sostuvo que la represión fue “legal” y que él mismo había participado en la detención de una media docena de “elementos terroristas o subversivos”. Donda también señaló que toda la Armada participó de la represión, ya que unos 2500 marinos participaron de cursos de capacitación y luego eran destinados a los grupos de tareas.
Este juicio oral concentra una parte de los delitos cometidos en la ESMA y reúne a 18 imputados. Al finalizar las ampliaciones de las declaraciones de los acusados comenzarán los alegatos y se espera para julio una sentencia.
Marcó del Pont, dura con el establishment
Tiempo Argentino
7 de abril de 2011
En una llamativa declaración, por su contundencia, la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, dijo que “está claro que el establishment está incómodo. No sólo porque perdió la batalla ideológica, sino fundamentalmente porque el gobierno está demostrando que se puede gestionar exitosamente de una manera radicalmente opuesta a la que postula el pensamiento conservador.”
La presidenta del ente monetario destacó que “el año 2010 cerró con cifras contundentes en materia de crecimiento económico, baja del desempleo, aumento de la inversión y acumulación de reservas, aun luego de los pagos de deuda realizados”. Agregó que “mientras tanto, la política monetaria ha cuidado estrictamente el equilibrio entre la oferta y la demanda de dinero, con el objetivo de aumentar el nivel de remonetización de la economía, extender la cobertura de los servicios financieros, es decir, incrementar el grado de bancarización y permitir que el crédito crezca, especialmente el crédito a la producción”.
Las declaraciones de la funcionaria se produjeron tras la publicación de un editorial del diario La Nación que critica dura y extensamente la política monetaria y a su responsable, la presidenta del Banco Central.
7 de abril de 2011
En una llamativa declaración, por su contundencia, la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, dijo que “está claro que el establishment está incómodo. No sólo porque perdió la batalla ideológica, sino fundamentalmente porque el gobierno está demostrando que se puede gestionar exitosamente de una manera radicalmente opuesta a la que postula el pensamiento conservador.”
La presidenta del ente monetario destacó que “el año 2010 cerró con cifras contundentes en materia de crecimiento económico, baja del desempleo, aumento de la inversión y acumulación de reservas, aun luego de los pagos de deuda realizados”. Agregó que “mientras tanto, la política monetaria ha cuidado estrictamente el equilibrio entre la oferta y la demanda de dinero, con el objetivo de aumentar el nivel de remonetización de la economía, extender la cobertura de los servicios financieros, es decir, incrementar el grado de bancarización y permitir que el crédito crezca, especialmente el crédito a la producción”.
Las declaraciones de la funcionaria se produjeron tras la publicación de un editorial del diario La Nación que critica dura y extensamente la política monetaria y a su responsable, la presidenta del Banco Central.
miércoles, 6 de abril de 2011
“Espero que este sea un caso bisagra”
Tiempo Argentino
6 de abril de 2011
Por Pablo Ferreyra Hermano de Mariano.
Entiendo que es importante que Pedraza espere la condena en prisión porque en el transcurso de estos meses el caso ejemplificó cuál es la distancia que debe tener la justicia. Creo y espero que este sea un caso bisagra en el que la justicia se anime a investigar a un poderoso.
Me enteré de la noticia ayer muy temprano en un avión: el fin de semana estuve en Neuquén intentando ayudar a la familia de Carlos Fuentealba porque necesitan resolver la autoría intelectual de ese crimen. Cuando estaba volviendo, recibí la noticia en un mensaje de texto que me envió mi abogado. Después hablé con mi vieja, que estaba muy contenta, más tranquila.
Creo que en el caso de Mariano excepcionalmente la justicia está actuando de manera impecable, la jueza es muy seria. La investigación es prolija y hasta ahora no vemos irregularidades. También quiero destacar la tarea del fiscal porque hizo una justificación intachable de los motivos por los cuales Pedraza debe quedar preso.
Debo reconocer que tuve dudas en algún momento. El sábado, leí una nota malintencionada de Clarín que decía que era probable que Pedraza quedara libre. Pero enseguida me di cuenta de que era una operación para desprestigiar a la justicia. Finalmente, la realidad le pasó por encima a esa noticia malintencionada.
6 de abril de 2011
Por Pablo Ferreyra Hermano de Mariano.
Entiendo que es importante que Pedraza espere la condena en prisión porque en el transcurso de estos meses el caso ejemplificó cuál es la distancia que debe tener la justicia. Creo y espero que este sea un caso bisagra en el que la justicia se anime a investigar a un poderoso.
Me enteré de la noticia ayer muy temprano en un avión: el fin de semana estuve en Neuquén intentando ayudar a la familia de Carlos Fuentealba porque necesitan resolver la autoría intelectual de ese crimen. Cuando estaba volviendo, recibí la noticia en un mensaje de texto que me envió mi abogado. Después hablé con mi vieja, que estaba muy contenta, más tranquila.
Creo que en el caso de Mariano excepcionalmente la justicia está actuando de manera impecable, la jueza es muy seria. La investigación es prolija y hasta ahora no vemos irregularidades. También quiero destacar la tarea del fiscal porque hizo una justificación intachable de los motivos por los cuales Pedraza debe quedar preso.
Debo reconocer que tuve dudas en algún momento. El sábado, leí una nota malintencionada de Clarín que decía que era probable que Pedraza quedara libre. Pero enseguida me di cuenta de que era una operación para desprestigiar a la justicia. Finalmente, la realidad le pasó por encima a esa noticia malintencionada.
“No salir fue una decisión empresarial del Grupo Clarín”
Tiempo Argentino
6 de abril de 2011
El monopolio apostó a victimizarse. La cámara oculta a Siri muestra una edición de sólo 7 minutos de una reunión de más de una hora.
Hablan de ataque a la libertad de prensa pero fue claramente una decisión empresaria no sacar el diario el domingo” lanzó ayer el jefe de Gabinete de la Nación Aníbal Fernández en el programa 6,7,8 haciéndose eco de la edición de ayer de Tiempo Argentino que demostró que, de haber querido, Clarín podría haber estado en la calle el domingo 27 de marzo.
“Esto es Clarín. Esto es Magnetto que manda a su ejército de adulones y alcahuetes a mentir. Desde el 17 de febrero ya sabían que esto iba a pasar, el video lo tuvieron 38 días y podrían haber previsto todo. Tienen una vocación de no decir las cosas como son” señaló Fernández.
Roberto Caballero, director de Tiempo Argentino, resaltó a su vez la estrategia de victimización que está adoptando el Grupo Clarín y la preparación del terreno junto a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), integrada por las empresas de medios más grandes de la región, para defender los intereses del monopolio. “Se sabe que hoy dentro del Grupo se habla de que les quedan sólo seis meses. Seis meses antes de tener que desinvertir. Están en combate, para ellos es una guerra y en una guerra la primera víctima es la verdad”, dijo Caballero quien ofreció las páginas de este diario para publicar el contenido completo del video de las negociaciones entre el delegado Luis Siri y los abogados de Clarín grabadas por una cámara oculta.
“El video de 20 minutos de duración sólo muestra siete minutos de una reunión que duró una hora y cuarto”, explicó Caballero dando cuenta de que lo que emitieron los canales del monopolio es sólo la edición descontextualizada de una grabación mucho más larga.
Para Fernández el grupo tiene “un profundo desprecio por el apego a la ley y nunca nadie se animó a decirles que tienen que cumplir con la ley. Este gobierno sí lo hizo”. “Hoy los argentinos ya no quieren más eso. Sobre todo los pibes, por eso les molestó tanto a estos carcamanes como (Mariano) Grondona ver a los pibes en la Plaza.“Para discutir de política hay que cuestionar el poder, porque si no dependes de los Magnetto que lo único que quieren hacer es llenarse los bolsillos así.”
6 de abril de 2011
El monopolio apostó a victimizarse. La cámara oculta a Siri muestra una edición de sólo 7 minutos de una reunión de más de una hora.
Hablan de ataque a la libertad de prensa pero fue claramente una decisión empresaria no sacar el diario el domingo” lanzó ayer el jefe de Gabinete de la Nación Aníbal Fernández en el programa 6,7,8 haciéndose eco de la edición de ayer de Tiempo Argentino que demostró que, de haber querido, Clarín podría haber estado en la calle el domingo 27 de marzo.
“Esto es Clarín. Esto es Magnetto que manda a su ejército de adulones y alcahuetes a mentir. Desde el 17 de febrero ya sabían que esto iba a pasar, el video lo tuvieron 38 días y podrían haber previsto todo. Tienen una vocación de no decir las cosas como son” señaló Fernández.
Roberto Caballero, director de Tiempo Argentino, resaltó a su vez la estrategia de victimización que está adoptando el Grupo Clarín y la preparación del terreno junto a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), integrada por las empresas de medios más grandes de la región, para defender los intereses del monopolio. “Se sabe que hoy dentro del Grupo se habla de que les quedan sólo seis meses. Seis meses antes de tener que desinvertir. Están en combate, para ellos es una guerra y en una guerra la primera víctima es la verdad”, dijo Caballero quien ofreció las páginas de este diario para publicar el contenido completo del video de las negociaciones entre el delegado Luis Siri y los abogados de Clarín grabadas por una cámara oculta.
“El video de 20 minutos de duración sólo muestra siete minutos de una reunión que duró una hora y cuarto”, explicó Caballero dando cuenta de que lo que emitieron los canales del monopolio es sólo la edición descontextualizada de una grabación mucho más larga.
Para Fernández el grupo tiene “un profundo desprecio por el apego a la ley y nunca nadie se animó a decirles que tienen que cumplir con la ley. Este gobierno sí lo hizo”. “Hoy los argentinos ya no quieren más eso. Sobre todo los pibes, por eso les molestó tanto a estos carcamanes como (Mariano) Grondona ver a los pibes en la Plaza.“Para discutir de política hay que cuestionar el poder, porque si no dependes de los Magnetto que lo único que quieren hacer es llenarse los bolsillos así.”
Testimonio clave de Pablo Díaz sobre robo de bebés
Tiempo Argentino
6 de abril de 2011
Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes de La noche de los lápices, relató ayer cómo asistió al médico policial Jorge Antonio Bergés en el parto de una detenida que permanece desaparecida, al declarar como testigo en el juicio por el Plan Sistemático de robo de bebés.
Díaz, quien estuvo detenido en el Centro Clandestino de Detención (CCD) Pozo de Banfield, recordó que Bergés “les decía a los guardias que si querían divertirse con las chicas lo hicieran, pero a las embarazadas no las tocan”, porque las consideraban “las joyas de la abuela” y los amenazaba con que “si algo les pasaba les iba a pasar algo mucho peor a ellos”.
Durante su detención, entre septiembre y diciembre de 1976, el testigo coincidió con tres mujeres embarazadas en que al día de hoy permanecen desaparecidas al igual que sus bebés: Gabriela Carriquiriborde, Estela Maris Montesano de Ogando y Cristina Navaja de Santucho.
En su relato sostuvo que Bergés lo asignó para asistirlo en el parto de Carriquiriborde. La mujer permaneció con los ojos vendados y él debía atenderla con “unos trapos y un balde con agua”, y señaló: “La muchacha de 21 o 22 años no volvió y me dijeron que la habían trasladado a una granja de rehabilitación.”
También contó que en el caso de Estela Maris Montesano, había llegado a tener a su bebé –a quién había nombrado Martín–, muy poco tiempo en brazos “vestido con ropita”, y le habían asegurado que “iba a estar bien”.
El testimonio de Díaz sirvió para contextualizar el Plan Sistemático de robo de bebés que juzga el Tribunal Federal Oral Nº 6. Si bien Bergés no está imputado en la causa, el ex médico policial supervisaba los partos en el circuito Camps e incluso fue encontrado culpable y condenado por la apropiación de Carmen Gallo Sánz, hija de una pareja de uruguayos asesinados.
En la causa se encuentran procesados los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, y el ex jefe de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3 de la ESMA, Jorge ‘Tigre’ Acosta, entre otros.
6 de abril de 2011
Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes de La noche de los lápices, relató ayer cómo asistió al médico policial Jorge Antonio Bergés en el parto de una detenida que permanece desaparecida, al declarar como testigo en el juicio por el Plan Sistemático de robo de bebés.
Díaz, quien estuvo detenido en el Centro Clandestino de Detención (CCD) Pozo de Banfield, recordó que Bergés “les decía a los guardias que si querían divertirse con las chicas lo hicieran, pero a las embarazadas no las tocan”, porque las consideraban “las joyas de la abuela” y los amenazaba con que “si algo les pasaba les iba a pasar algo mucho peor a ellos”.
Durante su detención, entre septiembre y diciembre de 1976, el testigo coincidió con tres mujeres embarazadas en que al día de hoy permanecen desaparecidas al igual que sus bebés: Gabriela Carriquiriborde, Estela Maris Montesano de Ogando y Cristina Navaja de Santucho.
En su relato sostuvo que Bergés lo asignó para asistirlo en el parto de Carriquiriborde. La mujer permaneció con los ojos vendados y él debía atenderla con “unos trapos y un balde con agua”, y señaló: “La muchacha de 21 o 22 años no volvió y me dijeron que la habían trasladado a una granja de rehabilitación.”
También contó que en el caso de Estela Maris Montesano, había llegado a tener a su bebé –a quién había nombrado Martín–, muy poco tiempo en brazos “vestido con ropita”, y le habían asegurado que “iba a estar bien”.
El testimonio de Díaz sirvió para contextualizar el Plan Sistemático de robo de bebés que juzga el Tribunal Federal Oral Nº 6. Si bien Bergés no está imputado en la causa, el ex médico policial supervisaba los partos en el circuito Camps e incluso fue encontrado culpable y condenado por la apropiación de Carmen Gallo Sánz, hija de una pareja de uruguayos asesinados.
En la causa se encuentran procesados los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, y el ex jefe de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3 de la ESMA, Jorge ‘Tigre’ Acosta, entre otros.
“Actuaron en el armado del plan criminal”
Página 12
6 de abril de 2011
La Sala I de la Cámara del Crimen consideró que el titular de la Unión Ferroviaria y su número dos, el Gallego Fernández, instigaron el homicidio del militante del PO por “un interés político y económico”, ante los reclamos de los tercerizados.
Por Irina Hauser
José Pedraza, titular de la Unión Ferroviaria (UF), y Juan Carlos “El Gallego” Fernández, su número dos, “actuaron de manera conjunta y coordinada desde el día anterior en el armado y diagramación del plan criminal” contra una protesta de trabajadores tercerizados de la línea Roca, “que fue puesto en marcha desde las primeras horas de la mañana” del 20 de octubre y terminó en el asesinato de Mariano Ferreyra.
Con esa descripción contundente, la Sala I de la Cámara del Crimen ratificó el procesamiento de ambos sindicalistas como instigadores de homicidio calificado y los acusó –en aval a la jueza de primera instancia, Wilma López– de haber actuado movidos por “un interés político y económico”, dada la pérdida de poder que podría significarles que los subcontratados fueran regularizados y el peligro que corría la existencia de las tercerizadas, subsidiadas por el Estado, de las cuales al menos una era manejada por ellos mismos. El tribunal resolvió que deberán seguir presos mientras esperan el juicio oral no sólo por la gravedad del delito que se les atribuye, sino por los numerosos intentos de entorpecer la investigación detectados en la causa, entre los que señalaron amenazas a una decena de testigos, el presunto intento de soborno a un juez de la Cámara de Casación Penal y el comportamiento sospechoso de un perito denunciado por alterar la bala que mató al militante del Partido Obrero (PO).
El histórico dirigente ferroviario y su influyente escolta seguirán detenidos en el penal de Ezeiza, mientras el juzgado de López planea empezar a trabajar cuanto antes en la elevación a juicio oral de este tramo de la investigación, referido al asesinato propiamente dicho –otro expediente analiza la responsabilidad de la Policía Federal–. Mientras tanto, la defensa tiene la chance de reclamar la excarcelación –y anunció que lo hará– ante la Cámara de Casación, que antes rechazó liberar a los siete imputados de la patota. Según la resolución conocida ayer, también continuará preso el delegado Claudio Alcorcel, aunque el tribunal suavizó su imputación al cambiar el papel de instigador por el de partícipe secundario.
Pruebas y razones
La semana pasada, el abogado Carlos Froment tildó de “arbitrario”, “dogmático” y con “falta de pruebas” el procesamiento con prisión preventiva de sus defendidos, Pedraza y Fernández. Los camaristas Jorge Rimondi, Luis María Bunge Campos y Alfredo Barbarosch dijeron que evidencias sobran, aunque se puede discutir cómo “valorarlas”. Ellos respaldaron y fortalecieron la interpretación de la jueza López e hicieron hincapié en dos pruebas: el análisis de los llamados telefónicos de Pedraza, Fernández y los protagonistas del grupo de choque, y sus vínculos e intereses en torno de las empresas que tercerizan servicios ferroviarios, contratadas por la Unidad de Gestión Operativa de Emergencia (Ugofe), que pagaban salarios por menos de la mitad de lo percibido por un trabajador de planta y recortaban derechos laborales.
Según la Cámara, Pedraza y Fernández impartieron sus directivas a través del delegado Pablo Díaz, secretario de la Comisión de Reclamos del gremio, a quien se le atribuye haber reclutado y comandado la patota que llevó armas de fuego, palos y piedras para romper la protesta de los tercerizados, que pedían estabilidad y mayor salario. Reproducían la lógica “piramidal” de la UF. El tribunal recuerda que Fernández habló por teléfono varias veces con Díaz desde las 7.46 hasta las 13.23. Ese último contacto partió del teléfono de Fernández y “coincidió con momentos definitorios de los acontecimientos investigados”: a las 13.24, según videos, aparece caminando por las vías el barrabrava Cristian Favale, uno de los tiradores, y a los diez minutos comienzan los disparos. Díaz llamó a Favale inmediatamente después de hablar con Fernández. Un testigo escuchó que fue él quien le daba a Díaz por “handy” la orden dejar el lugar después del homicidio. Pedraza y Fernández estaban juntos, recuerdan los jueces, en la sede de la UF, en un congreso. Lo estuvieron hasta entrada la tarde y, desde las 18, siguieron comunicados por teléfono. Los definen como “instigadores conjuntos” del crimen, pero descartan una “instigación en cadena”, como sostenía la jueza, un detalle que no cambia el escenario.
- Las camaristas afirman que los dirigentes ferroviarios tenían un “interés político económico” en “evitar que los tercerizados” cortaran “las vías tanto ese día como en el futuro”. Querían “aleccionarlos” porque –dice el tribunal en consonancia con la jueza– veían amenazado su predominio en el gremio, que Pedraza conduce “ininterrumpidamente” desde hace 17 años, desde 2000, sin oposición. Esa construcción de poder, a su vez, estaba asentada –explica– en la fuerte injerencia del sindicato en el ingreso de personal en las empresas ferroviarias. La regularización de los tercerizados, dicen Sus Señorías, era una amenaza palpable para las cooperativas que tercerizan, ya que implicaba que “dejen de existir”. Y ahí confirman la estrecha relación a Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur, que funciona en un inmueble de su esposa Graciela Coria, que a la vez es directora de acciones, su hermana Silvia Coria es la tesorera y sobrino Maximiliano Pedraza, empleado. También señalan la vinculación del titular de la UF con Belgrano Cargas, a través de su mujer.
Todo esto explicaría, dice la Cámara, la inquietud por que “no se modifique el statu quo obtenido durante tantos años, atento a la enorme cantidad de dinero que ingresaba tanto al sindicato por los aportes de los afiliados como a la cooperativa por los subsidios dados por el Estado nacional para hacer frente a la contratación de los tercerizados”. Los jueces señalan que el pase a planta de 1515 trabajadores no fue producto de una preocupación de la UF –como intentó esgrimir la defensa–, sino resultado de los sucesos donde mataron a Ferreyra y tres personas más fueron heridas de bala, y añaden que “no borra ni modifica el conflicto anterior”.
Presos
La Cámara resolvió que Pedraza, Fernández y Alcorcel deberán seguir detenidos no sólo por la gravedad de los delitos, que prevén penas de cumplimiento efectivo de hasta 25 años de cárcel, sino porque aparecen vinculados a una serie de maniobras “que se realizaron con la finalidad de impedir el descubrimiento de la verdad”. Citan, por empezar, las amenazas de muerte e intimidaciones (personales y telefónicas) recibidas por al menos ocho testigos, por las que se abrieron causas penales. Añaden el presunto intento de soborno a un juez de la Cámara de Casación Penal –que sería Eduardo Riggi–, a través de un ex secretario suyo, Octavio Aráoz de Lamadrid, quien defendía al picaboletos Guillermo Uño, con la intención de que el tribunal liberara a los primeros siete detenidos de la patota, para debilitar la causa que, ya al inicio, apuntaba hacia la cúpula gremial. Esas gestiones fueron detectadas en escuchas al propio Pedraza, en las que incluso un directivo de Belgrano Cargas le ofrece ayuda económica desde esa firma, y también aparece como intermediario un operador y agente de la Secretaría de Inteligencia, Juan José Riquelme. Esta maniobra es investigada por otro juzgado, igual que la aparente modificación de la bala extraída del cuerpo de Ferreyra, que según testigos fue golpeada por el perito balístico Roberto Locles durante una junta de especialistas.
Por todo esto, dicen los camaristas, que sigan presos no es “irrazonable ni desproporcionado”. Los pronósticos más optimistas dicen que Pedraza y los otros nueve detenidos estarían sentados en un juicio oral antes de fin de año. Entretanto, el abogado Froment recurrirá a Casación, que no tiene plazos para expedirse, aunque con detenidos de por medio puede ser que apure el paso.
6 de abril de 2011
La Sala I de la Cámara del Crimen consideró que el titular de la Unión Ferroviaria y su número dos, el Gallego Fernández, instigaron el homicidio del militante del PO por “un interés político y económico”, ante los reclamos de los tercerizados.
Por Irina Hauser
José Pedraza, titular de la Unión Ferroviaria (UF), y Juan Carlos “El Gallego” Fernández, su número dos, “actuaron de manera conjunta y coordinada desde el día anterior en el armado y diagramación del plan criminal” contra una protesta de trabajadores tercerizados de la línea Roca, “que fue puesto en marcha desde las primeras horas de la mañana” del 20 de octubre y terminó en el asesinato de Mariano Ferreyra.
Con esa descripción contundente, la Sala I de la Cámara del Crimen ratificó el procesamiento de ambos sindicalistas como instigadores de homicidio calificado y los acusó –en aval a la jueza de primera instancia, Wilma López– de haber actuado movidos por “un interés político y económico”, dada la pérdida de poder que podría significarles que los subcontratados fueran regularizados y el peligro que corría la existencia de las tercerizadas, subsidiadas por el Estado, de las cuales al menos una era manejada por ellos mismos. El tribunal resolvió que deberán seguir presos mientras esperan el juicio oral no sólo por la gravedad del delito que se les atribuye, sino por los numerosos intentos de entorpecer la investigación detectados en la causa, entre los que señalaron amenazas a una decena de testigos, el presunto intento de soborno a un juez de la Cámara de Casación Penal y el comportamiento sospechoso de un perito denunciado por alterar la bala que mató al militante del Partido Obrero (PO).
El histórico dirigente ferroviario y su influyente escolta seguirán detenidos en el penal de Ezeiza, mientras el juzgado de López planea empezar a trabajar cuanto antes en la elevación a juicio oral de este tramo de la investigación, referido al asesinato propiamente dicho –otro expediente analiza la responsabilidad de la Policía Federal–. Mientras tanto, la defensa tiene la chance de reclamar la excarcelación –y anunció que lo hará– ante la Cámara de Casación, que antes rechazó liberar a los siete imputados de la patota. Según la resolución conocida ayer, también continuará preso el delegado Claudio Alcorcel, aunque el tribunal suavizó su imputación al cambiar el papel de instigador por el de partícipe secundario.
Pruebas y razones
La semana pasada, el abogado Carlos Froment tildó de “arbitrario”, “dogmático” y con “falta de pruebas” el procesamiento con prisión preventiva de sus defendidos, Pedraza y Fernández. Los camaristas Jorge Rimondi, Luis María Bunge Campos y Alfredo Barbarosch dijeron que evidencias sobran, aunque se puede discutir cómo “valorarlas”. Ellos respaldaron y fortalecieron la interpretación de la jueza López e hicieron hincapié en dos pruebas: el análisis de los llamados telefónicos de Pedraza, Fernández y los protagonistas del grupo de choque, y sus vínculos e intereses en torno de las empresas que tercerizan servicios ferroviarios, contratadas por la Unidad de Gestión Operativa de Emergencia (Ugofe), que pagaban salarios por menos de la mitad de lo percibido por un trabajador de planta y recortaban derechos laborales.
Según la Cámara, Pedraza y Fernández impartieron sus directivas a través del delegado Pablo Díaz, secretario de la Comisión de Reclamos del gremio, a quien se le atribuye haber reclutado y comandado la patota que llevó armas de fuego, palos y piedras para romper la protesta de los tercerizados, que pedían estabilidad y mayor salario. Reproducían la lógica “piramidal” de la UF. El tribunal recuerda que Fernández habló por teléfono varias veces con Díaz desde las 7.46 hasta las 13.23. Ese último contacto partió del teléfono de Fernández y “coincidió con momentos definitorios de los acontecimientos investigados”: a las 13.24, según videos, aparece caminando por las vías el barrabrava Cristian Favale, uno de los tiradores, y a los diez minutos comienzan los disparos. Díaz llamó a Favale inmediatamente después de hablar con Fernández. Un testigo escuchó que fue él quien le daba a Díaz por “handy” la orden dejar el lugar después del homicidio. Pedraza y Fernández estaban juntos, recuerdan los jueces, en la sede de la UF, en un congreso. Lo estuvieron hasta entrada la tarde y, desde las 18, siguieron comunicados por teléfono. Los definen como “instigadores conjuntos” del crimen, pero descartan una “instigación en cadena”, como sostenía la jueza, un detalle que no cambia el escenario.
- Las camaristas afirman que los dirigentes ferroviarios tenían un “interés político económico” en “evitar que los tercerizados” cortaran “las vías tanto ese día como en el futuro”. Querían “aleccionarlos” porque –dice el tribunal en consonancia con la jueza– veían amenazado su predominio en el gremio, que Pedraza conduce “ininterrumpidamente” desde hace 17 años, desde 2000, sin oposición. Esa construcción de poder, a su vez, estaba asentada –explica– en la fuerte injerencia del sindicato en el ingreso de personal en las empresas ferroviarias. La regularización de los tercerizados, dicen Sus Señorías, era una amenaza palpable para las cooperativas que tercerizan, ya que implicaba que “dejen de existir”. Y ahí confirman la estrecha relación a Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur, que funciona en un inmueble de su esposa Graciela Coria, que a la vez es directora de acciones, su hermana Silvia Coria es la tesorera y sobrino Maximiliano Pedraza, empleado. También señalan la vinculación del titular de la UF con Belgrano Cargas, a través de su mujer.
Todo esto explicaría, dice la Cámara, la inquietud por que “no se modifique el statu quo obtenido durante tantos años, atento a la enorme cantidad de dinero que ingresaba tanto al sindicato por los aportes de los afiliados como a la cooperativa por los subsidios dados por el Estado nacional para hacer frente a la contratación de los tercerizados”. Los jueces señalan que el pase a planta de 1515 trabajadores no fue producto de una preocupación de la UF –como intentó esgrimir la defensa–, sino resultado de los sucesos donde mataron a Ferreyra y tres personas más fueron heridas de bala, y añaden que “no borra ni modifica el conflicto anterior”.
Presos
La Cámara resolvió que Pedraza, Fernández y Alcorcel deberán seguir detenidos no sólo por la gravedad de los delitos, que prevén penas de cumplimiento efectivo de hasta 25 años de cárcel, sino porque aparecen vinculados a una serie de maniobras “que se realizaron con la finalidad de impedir el descubrimiento de la verdad”. Citan, por empezar, las amenazas de muerte e intimidaciones (personales y telefónicas) recibidas por al menos ocho testigos, por las que se abrieron causas penales. Añaden el presunto intento de soborno a un juez de la Cámara de Casación Penal –que sería Eduardo Riggi–, a través de un ex secretario suyo, Octavio Aráoz de Lamadrid, quien defendía al picaboletos Guillermo Uño, con la intención de que el tribunal liberara a los primeros siete detenidos de la patota, para debilitar la causa que, ya al inicio, apuntaba hacia la cúpula gremial. Esas gestiones fueron detectadas en escuchas al propio Pedraza, en las que incluso un directivo de Belgrano Cargas le ofrece ayuda económica desde esa firma, y también aparece como intermediario un operador y agente de la Secretaría de Inteligencia, Juan José Riquelme. Esta maniobra es investigada por otro juzgado, igual que la aparente modificación de la bala extraída del cuerpo de Ferreyra, que según testigos fue golpeada por el perito balístico Roberto Locles durante una junta de especialistas.
Por todo esto, dicen los camaristas, que sigan presos no es “irrazonable ni desproporcionado”. Los pronósticos más optimistas dicen que Pedraza y los otros nueve detenidos estarían sentados en un juicio oral antes de fin de año. Entretanto, el abogado Froment recurrirá a Casación, que no tiene plazos para expedirse, aunque con detenidos de por medio puede ser que apure el paso.
martes, 5 de abril de 2011
Clarín pudo sacar su diario y no lo hizo para victimizarse
Tiempo Argentino
5 de abril de 2011
Por Roberto Caballero Director.
Además, la edición del domingo 27 pudo haber sido impresa en la planta que el grupo tiene en la provincia de Santa Fe o en alguna otra empresa. En el año 2000 hubo una protesta similar, sin embargo los camiones distribuyeron el diario.
Hace nueve días, la Argentina entera asiste a un show mediático falaz donde el Grupo Clarín se presenta como víctima de un atentado a la “libertad de expresión”, mientras en simultáneo busca demonizar con la potencia de todas sus licencias radiales y televisivas al gobierno de Cristina Kirchner, a la CGT de Hugo Moyano, a la juventud militante y a la prensa antimonopólica.
Se trata del mismo grupo empresario –con posición dominante en el mercado de la comunicación desde hace décadas– que fue kirchnerista hasta que le arrebató al gobierno la extensión de sus licencias, para pasar luego a ser salvajemente opositor cuando el mismo kirchnerismo, en un rapto de lucidez y autopreservación notables, le impidió quedarse con la empresa Telecom.
Héctor Magnetto, CEO del grupo editorial y capataz ideológico de los opositores sin programa ni chances, está urgido por voltear, esmerilar, dañar y atacar –con noticias, “ciertas o falsas, no importa”, según la línea que bajó a los cuadros gerenciales y periodísticos que dirigen sus medios– al inmenso arco de personalidades y organizaciones políticas y sociales que en su pelea por democratizar la información en nuestro país debilitan cotidianamente su hegemonía en el discurso público, hoy mucho más plural y abierto que hace tres años.
Es en este contexto de guerra, a todo o nada, donde la verdad se convierte en un elemento accesorio y hasta peligroso para el hombre que alguna vez se pensó más poderoso que un presidente. Después de una investigación que duró una semana, y que incluyó prácticas del manual de periodismo básico, Tiempo Argentino está en condiciones de afirmar que el domingo 27 de marzo el diario Clarín no salió a la calle por una decisión empresaria, aprovechando en su favor el bloqueo testimonial de los delegados de AGR, su firma impresora, en conflicto hace siete años –van para ocho– con la empresa de Magnetto por la persecución gremial y penal contra los integrantes de la Comisión Interna. Como bien detectó Edi Zunino, jefe de redacción del semanario Noticias, a quien nadie podría calificar de oficialista: “El condenable bloqueo terminó siendo un monumental golpe de márketing libertario e independentista para Clarín, que hasta hace unos cuarenta meses jugaba otro juego muy distinto con la excusa de que la mayoría de ‘la gente’ apoyaba al oficialismo.”
Clarín comunicó a la sociedad que piquetes moyanistas bloquearon las puertas de su planta impresora de Barracas, sobre la calle Zepita, evitando así la salida de los camiones con sus ejemplares dominicales. La verdad de lo sucedido en la noche del sábado 26 y la madrugada del domingo 27 es que frente a cuatro de los portones que se extienden sobre Zepita se colocaron 60 manifestantes, miembros de la Comisión Interna gráfica, familiares e integrantes de otros gremios solidarios con sus reclamos. No dijo Clarín, ni nadie que se haya ocupado en serio del conflicto, lo que un periodista de este diario comprobó caminando alrededor de la planta de 34.520 metros cuadrados, delimitada por las calles Zepita, Magaldi, Luna y Ascasubi (esta última, privatizada por Clarín, donde hay una garita de seguridad permanente): existen otros seis portones por donde los camiones podrían haber salido sin inconvenientes.
Veamos el testimonio de un gráfico que no participó de la protesta gremial –de quien se preserva su identidad porque peligra su empleo– sobre esa noche: “El diario no salió porque el diario no quería. Ellos tienen una distribuidora propia dentro de la planta que se llama José C. Paz, que tiene salida por otros portones.”
Otro gráfico, presente en el piquete, describió la acción de los manifestantes: “La planta tiene varias puertas, pero nosotros no bloqueamos ninguna. Nosotros nos paramos en las calles por donde habitualmente salen los camiones hacia el centro de distribución. Pero no hubo un solo camión que haya intentado salir de la planta. Directamente se quedaron adentro.”
Además de enviar un periodista a la zona para que cuente simplemente lo que vio, vale en estos casos recurrir al archivo o hemeroteca para saber qué sucedió la última vez que trabajadores de Clarín intentaron bloquear la salida del diario por una acción sindical. Hay que remontarse al 4 de noviembre de 2000, cuando periodistas despedidos del diario, también acompañados de sus familias, quisieron frenar su distribución. El piquete duró dos horas, pero la salida de camiones de gran porte que amenazaron con pisarlos los hizo desistir. “Siempre que el diario se imprimió, salió”, recuerda el periodista Pablo Llonto. La única vez que no lo hizo fue el 14 de julio de 1989, porque 400 trabajadores, entre gráficos y de redacción, tomaron la planta Zepita en reclamo de aumento de salarios, y el diario no pudo imprimirse. Lo curioso es que aquella vez Clarín no denunció un ataque a la “libertad de expresión”. Un cable de la agencia de noticias DYN (del propio Clarín) reflejó el hecho como “un conflicto gremial”.
Volviendo a lo ocurrido la última vez, ya se dijo que la planta de Zepita tiene diez portones, de los cuales sólo cuatro estaban esa noche afectados por la protesta; esto es cierto, tanto como que con tan escaso número de adherentes hubiera resultado imposible para los trabajadores en lucha impedir la salida de cuatro camiones a la vez. Pero aun dando por sentado que Clarín no haya querido escenas de tensión sobre Zepita (lo que está en duda porque su historia patronal lo desmiente), ni sobre ninguna de las otras puertas del complejo, en las seis horas que duró el tira y afloje podría haber enviado por Internet sus páginas ya cerradas a otra planta que las imprimiera y llegar a los kioscos normalmente, con tirada reducida o completa. Por caso, la imprenta de Editorial Perfil, de Jorge Fontevecchia, imprime 100 mil ejemplares por hora, calculando un diario de 96 páginas solamente, porque los suplementos de Clarín (Economía, Turismo, Clasificados y la Revista Viva) ya estaban distribuidos con antelación en los kioscos. Pensemos en detalle: cargar los PDF de las páginas lleva poco más de una hora, hacer las planchas otro tanto, y una impresión de 350 o 400 mil ejemplares, algo más de tres. En total, unas cinco horas. El bloqueo comenzó a las 22 del sábado. Viendo que no había acuerdo, tipo medianoche, el operativo de emergencia podría haber tenido el diario completo en la calle a las 4 de la mañana. O quizá a las 5.
Para salvar “la libertad de prensa” que Clarín declama, el costo total del operativo, tanto en impresión como en papel, no hubiera superado el millón de pesos. Parece mucho, es cierto. Pero el tarifario de Clarín refleja que si algo no le falta a Héctor Magnetto es dinero: un aviso de página completa, impar, entre las 13 primeras de la edición, cuesta $ 550 mil. Página par:
$ 400 mil. Sólo en esas páginas, y aun haciendo descuentos, que los hace, Clarín factura, en teoría, 2 millones de pesos por domingo.
Poco se habla de la segunda planta de impresión que tiene el grupo. Está en Santa Fe, en la localidad de Sauce Viejo. Esa noche imprimió 200 mil ejemplares, 110 mil más que los habituales. Está en el km 457 de la Ruta 11. Tiene 4000 metros cuadrados. Es una zona estratégica: frente a un aeropuerto. Y esa madrugada del 27 de marzo llegó con ejemplares del diario “censurado” hasta las localidades bonaerenses de Pergamino y Junín. ¿Por qué no abasteció ante la crisis, aunque con la demora del caso, al Conurbano y Capital Federal? ¿Por qué, si estaba en juego “la libertad de expresión”, no salieron a suplir el faltante de ejemplares las otras dos plantas que tiene Clarín en Mendoza y Córdoba?
Un tercer trabajador gráfico, en riguroso off the record, crítico de los delegados de AGR, admitió lo obvio: “El quilombo a Clarín le vino como anillo al dedo. Podrían haber sacado la edición completa desde Santa Fe, pero no quisieron.”
La falsa inmolación de Clarín como defensor de “la libertad de expresión” es parte de la ofensiva del grupo para “chavizar” al gobierno de Cristina Kirchner y asociar el nombre de Hugo Moyano con todos los delitos del Código Penal, en una estrategia general que busca involucrar a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su pelea política con fines estrictamente comerciales. Algo que viene preparando hace ya un año, desde que Magnetto presentó su libro rojo, victimizándose por la entrada en vigencia de la Ley de Medios de la Democracia y preparándose para dar batalla afuera, incluso, de la Argentina, estimulando la solidaridad de clase con otras patronales mediáticas de la región.
Un párrafo aparte merece la denuncia de “extorsión” del domingo pasado contra Luis Siri y los delegados de AGR. Primero, lo primero: ninguna de esas notas llevaba firmas. Eso quiere decir que el contenido no es periodístico, sino empresario, bajado a la redacción directamente por sus accionistas. Tan grave en su contenido, que ni siquiera Ricardo Kirschbaum, editor general, se animó a rubricarlo.
El video registrado con cámara oculta al que alude esa nota, y que anoche Telenoche y TN dieron editado para sostener la supuesta extorsión de Siri y otros gráficos en conflicto, se parece más a una operación tendiente a ocultar la verdad que a descubrirla, lo cual atenta contra el derecho a la información veraz que exige el Pacto de San José de Costa Rica, al que nuestro país suscribe con rango constitucional. Para empezar, y tomando en cuenta sólo las partes recortadas y emitidas:
1) Se confirma que el 17 de febrero Clarín ya sabía que Siri y los otros podían intentar el bloqueo de la planta y la empresa no armó ningún plan de contingencia para evitarlo. Más bien, dejó que sucediera.
2) Se los muestra negociando en el bufete de abogados del Grupo, en Puerto Madero, donde estos trabajadores que vienen encabezando un duro y extenso conflicto gremial fueron previamente citados, pero nunca se aclara con qué intención.
3) Aunque la edición procura demostrar que Clarín recibió un pedido de dinero de parte de los trabajadores, viendo el material no se puede descartar que este tópico haya sido introducido en la charla por los ejecutivos de Clarín.
4) Siri y sus colegas, en su momento, fueron denunciados por Clarín por “privación ilegal de la libertad” en el marco de una acción sindical. La justicia penal, luego de más de un lustro, en un proceso oral y público, decidió absolver a los trabajadores. El resarcimiento económico por la falsa denuncia como “secuestradores” sobre estos empleados aún está pendiente.
5) Tampoco se puede descartar que los trabajadores hayan estado hablando de eso o de sus eventuales indemnizaciones para no regresar al trabajo en la planta, ya que el clima de hostigamiento en su lugar de trabajo fue, incluso, verificado por el Ministerio de Trabajo.
6) Si estuviéramos frente a un delito de extorsión, que es lo que sugiere la edición, sería un hecho repudiable, pero no hay elementos que confirmen este supuesto más allá de la intencionalidad del editor, que aborrece del trabajador. Por eso llama la atención que la crónica de Clarín de ayer vuelve a salir sin firma periodística, es decir, vuelve a bajar desde las oficinas de los accionistas del grupo. En eso, copian a las operaciones empresarias del caso Graiver, donde el grupo terminó haciendo un verdadero papelón con Isidoro.
7) Si mintió Clarín cuando denunció a Siri y los otros por “privación ilegal de la libertad”, delito que fue desestimado por la justicia, ¿por qué ahora estarían reflejando la verdad de lo sucedido?
8) ¿Por qué, para no dejar lugar a dudas, no emiten el crudo completo de la grabación con cámara oculta? Tiempo Argentino se ofrece para reproducir el diálogo registrado en video, sin recortes ni edición, cualquiera fuese el contenido.
Por último, puestos a reflexionar sobre el meneado escándalo de la “libertad de expresión” y la tapa en blanco que Clarín dedicó a victimizarse por el diario que pudo sacar y no quiso, lo único que va quedando en claro es que el régimen patronal de las empresas de Magnetto retrocede al siglo XIX: hasta el propio Kirschbaum admitió que está mal que no haya comisiones gremiales internas en el diario.
Luis Siri, en principio, fue la cabeza de una protesta gremial que lleva siete años. Logró para sus compañeros lo que exigía desde el comienzo: reincorporaciones, mejoras en las condiciones y una intervención del Ministerio de Trabajo que, en los hechos, se tradujo en un nuevo estatuto laboral para los trabajadores de AGR.
¿Es correcto que Siri sea filmado con cámara oculta mientras negocia con su patronal?
¿Tiene derecho Siri o Juan Pérez, no importa a esta altura, a discutir su indemnización como cualquier trabajador, después que logró que se respetaran derechos a sus compañeros, sin que sea vejado por su patronal con una grabación a escondidas?
¿Qué sucedería en la Argentina si cada trabajador pudiera tener una cámara oculta cuando se sienta a hablar con los empresarios o los gerentes de RR HH?
Hay mucha hipocresía en esta historia.
Una, dejar que el diario que silenció el genocidio se convierta ahora en custodio virginal de la “libertad de expresión”.
La otra, que el diario que impide la agremiación en sus redacciones dé lecciones de moral sindical.
Es como mucho, ¿no?
5 de abril de 2011
Por Roberto Caballero Director.
Además, la edición del domingo 27 pudo haber sido impresa en la planta que el grupo tiene en la provincia de Santa Fe o en alguna otra empresa. En el año 2000 hubo una protesta similar, sin embargo los camiones distribuyeron el diario.
Hace nueve días, la Argentina entera asiste a un show mediático falaz donde el Grupo Clarín se presenta como víctima de un atentado a la “libertad de expresión”, mientras en simultáneo busca demonizar con la potencia de todas sus licencias radiales y televisivas al gobierno de Cristina Kirchner, a la CGT de Hugo Moyano, a la juventud militante y a la prensa antimonopólica.
Se trata del mismo grupo empresario –con posición dominante en el mercado de la comunicación desde hace décadas– que fue kirchnerista hasta que le arrebató al gobierno la extensión de sus licencias, para pasar luego a ser salvajemente opositor cuando el mismo kirchnerismo, en un rapto de lucidez y autopreservación notables, le impidió quedarse con la empresa Telecom.
Héctor Magnetto, CEO del grupo editorial y capataz ideológico de los opositores sin programa ni chances, está urgido por voltear, esmerilar, dañar y atacar –con noticias, “ciertas o falsas, no importa”, según la línea que bajó a los cuadros gerenciales y periodísticos que dirigen sus medios– al inmenso arco de personalidades y organizaciones políticas y sociales que en su pelea por democratizar la información en nuestro país debilitan cotidianamente su hegemonía en el discurso público, hoy mucho más plural y abierto que hace tres años.
Es en este contexto de guerra, a todo o nada, donde la verdad se convierte en un elemento accesorio y hasta peligroso para el hombre que alguna vez se pensó más poderoso que un presidente. Después de una investigación que duró una semana, y que incluyó prácticas del manual de periodismo básico, Tiempo Argentino está en condiciones de afirmar que el domingo 27 de marzo el diario Clarín no salió a la calle por una decisión empresaria, aprovechando en su favor el bloqueo testimonial de los delegados de AGR, su firma impresora, en conflicto hace siete años –van para ocho– con la empresa de Magnetto por la persecución gremial y penal contra los integrantes de la Comisión Interna. Como bien detectó Edi Zunino, jefe de redacción del semanario Noticias, a quien nadie podría calificar de oficialista: “El condenable bloqueo terminó siendo un monumental golpe de márketing libertario e independentista para Clarín, que hasta hace unos cuarenta meses jugaba otro juego muy distinto con la excusa de que la mayoría de ‘la gente’ apoyaba al oficialismo.”
Clarín comunicó a la sociedad que piquetes moyanistas bloquearon las puertas de su planta impresora de Barracas, sobre la calle Zepita, evitando así la salida de los camiones con sus ejemplares dominicales. La verdad de lo sucedido en la noche del sábado 26 y la madrugada del domingo 27 es que frente a cuatro de los portones que se extienden sobre Zepita se colocaron 60 manifestantes, miembros de la Comisión Interna gráfica, familiares e integrantes de otros gremios solidarios con sus reclamos. No dijo Clarín, ni nadie que se haya ocupado en serio del conflicto, lo que un periodista de este diario comprobó caminando alrededor de la planta de 34.520 metros cuadrados, delimitada por las calles Zepita, Magaldi, Luna y Ascasubi (esta última, privatizada por Clarín, donde hay una garita de seguridad permanente): existen otros seis portones por donde los camiones podrían haber salido sin inconvenientes.
Veamos el testimonio de un gráfico que no participó de la protesta gremial –de quien se preserva su identidad porque peligra su empleo– sobre esa noche: “El diario no salió porque el diario no quería. Ellos tienen una distribuidora propia dentro de la planta que se llama José C. Paz, que tiene salida por otros portones.”
Otro gráfico, presente en el piquete, describió la acción de los manifestantes: “La planta tiene varias puertas, pero nosotros no bloqueamos ninguna. Nosotros nos paramos en las calles por donde habitualmente salen los camiones hacia el centro de distribución. Pero no hubo un solo camión que haya intentado salir de la planta. Directamente se quedaron adentro.”
Además de enviar un periodista a la zona para que cuente simplemente lo que vio, vale en estos casos recurrir al archivo o hemeroteca para saber qué sucedió la última vez que trabajadores de Clarín intentaron bloquear la salida del diario por una acción sindical. Hay que remontarse al 4 de noviembre de 2000, cuando periodistas despedidos del diario, también acompañados de sus familias, quisieron frenar su distribución. El piquete duró dos horas, pero la salida de camiones de gran porte que amenazaron con pisarlos los hizo desistir. “Siempre que el diario se imprimió, salió”, recuerda el periodista Pablo Llonto. La única vez que no lo hizo fue el 14 de julio de 1989, porque 400 trabajadores, entre gráficos y de redacción, tomaron la planta Zepita en reclamo de aumento de salarios, y el diario no pudo imprimirse. Lo curioso es que aquella vez Clarín no denunció un ataque a la “libertad de expresión”. Un cable de la agencia de noticias DYN (del propio Clarín) reflejó el hecho como “un conflicto gremial”.
Volviendo a lo ocurrido la última vez, ya se dijo que la planta de Zepita tiene diez portones, de los cuales sólo cuatro estaban esa noche afectados por la protesta; esto es cierto, tanto como que con tan escaso número de adherentes hubiera resultado imposible para los trabajadores en lucha impedir la salida de cuatro camiones a la vez. Pero aun dando por sentado que Clarín no haya querido escenas de tensión sobre Zepita (lo que está en duda porque su historia patronal lo desmiente), ni sobre ninguna de las otras puertas del complejo, en las seis horas que duró el tira y afloje podría haber enviado por Internet sus páginas ya cerradas a otra planta que las imprimiera y llegar a los kioscos normalmente, con tirada reducida o completa. Por caso, la imprenta de Editorial Perfil, de Jorge Fontevecchia, imprime 100 mil ejemplares por hora, calculando un diario de 96 páginas solamente, porque los suplementos de Clarín (Economía, Turismo, Clasificados y la Revista Viva) ya estaban distribuidos con antelación en los kioscos. Pensemos en detalle: cargar los PDF de las páginas lleva poco más de una hora, hacer las planchas otro tanto, y una impresión de 350 o 400 mil ejemplares, algo más de tres. En total, unas cinco horas. El bloqueo comenzó a las 22 del sábado. Viendo que no había acuerdo, tipo medianoche, el operativo de emergencia podría haber tenido el diario completo en la calle a las 4 de la mañana. O quizá a las 5.
Para salvar “la libertad de prensa” que Clarín declama, el costo total del operativo, tanto en impresión como en papel, no hubiera superado el millón de pesos. Parece mucho, es cierto. Pero el tarifario de Clarín refleja que si algo no le falta a Héctor Magnetto es dinero: un aviso de página completa, impar, entre las 13 primeras de la edición, cuesta $ 550 mil. Página par:
$ 400 mil. Sólo en esas páginas, y aun haciendo descuentos, que los hace, Clarín factura, en teoría, 2 millones de pesos por domingo.
Poco se habla de la segunda planta de impresión que tiene el grupo. Está en Santa Fe, en la localidad de Sauce Viejo. Esa noche imprimió 200 mil ejemplares, 110 mil más que los habituales. Está en el km 457 de la Ruta 11. Tiene 4000 metros cuadrados. Es una zona estratégica: frente a un aeropuerto. Y esa madrugada del 27 de marzo llegó con ejemplares del diario “censurado” hasta las localidades bonaerenses de Pergamino y Junín. ¿Por qué no abasteció ante la crisis, aunque con la demora del caso, al Conurbano y Capital Federal? ¿Por qué, si estaba en juego “la libertad de expresión”, no salieron a suplir el faltante de ejemplares las otras dos plantas que tiene Clarín en Mendoza y Córdoba?
Un tercer trabajador gráfico, en riguroso off the record, crítico de los delegados de AGR, admitió lo obvio: “El quilombo a Clarín le vino como anillo al dedo. Podrían haber sacado la edición completa desde Santa Fe, pero no quisieron.”
La falsa inmolación de Clarín como defensor de “la libertad de expresión” es parte de la ofensiva del grupo para “chavizar” al gobierno de Cristina Kirchner y asociar el nombre de Hugo Moyano con todos los delitos del Código Penal, en una estrategia general que busca involucrar a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su pelea política con fines estrictamente comerciales. Algo que viene preparando hace ya un año, desde que Magnetto presentó su libro rojo, victimizándose por la entrada en vigencia de la Ley de Medios de la Democracia y preparándose para dar batalla afuera, incluso, de la Argentina, estimulando la solidaridad de clase con otras patronales mediáticas de la región.
Un párrafo aparte merece la denuncia de “extorsión” del domingo pasado contra Luis Siri y los delegados de AGR. Primero, lo primero: ninguna de esas notas llevaba firmas. Eso quiere decir que el contenido no es periodístico, sino empresario, bajado a la redacción directamente por sus accionistas. Tan grave en su contenido, que ni siquiera Ricardo Kirschbaum, editor general, se animó a rubricarlo.
El video registrado con cámara oculta al que alude esa nota, y que anoche Telenoche y TN dieron editado para sostener la supuesta extorsión de Siri y otros gráficos en conflicto, se parece más a una operación tendiente a ocultar la verdad que a descubrirla, lo cual atenta contra el derecho a la información veraz que exige el Pacto de San José de Costa Rica, al que nuestro país suscribe con rango constitucional. Para empezar, y tomando en cuenta sólo las partes recortadas y emitidas:
1) Se confirma que el 17 de febrero Clarín ya sabía que Siri y los otros podían intentar el bloqueo de la planta y la empresa no armó ningún plan de contingencia para evitarlo. Más bien, dejó que sucediera.
2) Se los muestra negociando en el bufete de abogados del Grupo, en Puerto Madero, donde estos trabajadores que vienen encabezando un duro y extenso conflicto gremial fueron previamente citados, pero nunca se aclara con qué intención.
3) Aunque la edición procura demostrar que Clarín recibió un pedido de dinero de parte de los trabajadores, viendo el material no se puede descartar que este tópico haya sido introducido en la charla por los ejecutivos de Clarín.
4) Siri y sus colegas, en su momento, fueron denunciados por Clarín por “privación ilegal de la libertad” en el marco de una acción sindical. La justicia penal, luego de más de un lustro, en un proceso oral y público, decidió absolver a los trabajadores. El resarcimiento económico por la falsa denuncia como “secuestradores” sobre estos empleados aún está pendiente.
5) Tampoco se puede descartar que los trabajadores hayan estado hablando de eso o de sus eventuales indemnizaciones para no regresar al trabajo en la planta, ya que el clima de hostigamiento en su lugar de trabajo fue, incluso, verificado por el Ministerio de Trabajo.
6) Si estuviéramos frente a un delito de extorsión, que es lo que sugiere la edición, sería un hecho repudiable, pero no hay elementos que confirmen este supuesto más allá de la intencionalidad del editor, que aborrece del trabajador. Por eso llama la atención que la crónica de Clarín de ayer vuelve a salir sin firma periodística, es decir, vuelve a bajar desde las oficinas de los accionistas del grupo. En eso, copian a las operaciones empresarias del caso Graiver, donde el grupo terminó haciendo un verdadero papelón con Isidoro.
7) Si mintió Clarín cuando denunció a Siri y los otros por “privación ilegal de la libertad”, delito que fue desestimado por la justicia, ¿por qué ahora estarían reflejando la verdad de lo sucedido?
8) ¿Por qué, para no dejar lugar a dudas, no emiten el crudo completo de la grabación con cámara oculta? Tiempo Argentino se ofrece para reproducir el diálogo registrado en video, sin recortes ni edición, cualquiera fuese el contenido.
Por último, puestos a reflexionar sobre el meneado escándalo de la “libertad de expresión” y la tapa en blanco que Clarín dedicó a victimizarse por el diario que pudo sacar y no quiso, lo único que va quedando en claro es que el régimen patronal de las empresas de Magnetto retrocede al siglo XIX: hasta el propio Kirschbaum admitió que está mal que no haya comisiones gremiales internas en el diario.
Luis Siri, en principio, fue la cabeza de una protesta gremial que lleva siete años. Logró para sus compañeros lo que exigía desde el comienzo: reincorporaciones, mejoras en las condiciones y una intervención del Ministerio de Trabajo que, en los hechos, se tradujo en un nuevo estatuto laboral para los trabajadores de AGR.
¿Es correcto que Siri sea filmado con cámara oculta mientras negocia con su patronal?
¿Tiene derecho Siri o Juan Pérez, no importa a esta altura, a discutir su indemnización como cualquier trabajador, después que logró que se respetaran derechos a sus compañeros, sin que sea vejado por su patronal con una grabación a escondidas?
¿Qué sucedería en la Argentina si cada trabajador pudiera tener una cámara oculta cuando se sienta a hablar con los empresarios o los gerentes de RR HH?
Hay mucha hipocresía en esta historia.
Una, dejar que el diario que silenció el genocidio se convierta ahora en custodio virginal de la “libertad de expresión”.
La otra, que el diario que impide la agremiación en sus redacciones dé lecciones de moral sindical.
Es como mucho, ¿no?
El día que Clarín confesó sus métodos parapoliciales
Tiempo Argentino
5 de abril de 2011
Por Demetrio Iramain Director de la revista Sueños Compartidos.
El conflicto sindical entre Artes Gráficas Rioplatense y su Comisión Interna sumó otro capítulo: la confesión por parte del Grupo Clarín de que las prácticas persecutorias y parapoliciales que los delegados denunciaron mediante la protesta del domingo 27 de marzo eran ciertas.
Yo no creía que la democracia estuviera en riesgo, pero quizás deba volver a pensarlo al observar cómo se comportan sus conspicuos defensores, que recurren incluso al espionaje para justificar sus más bajas picardías.
Con la inescrupulosa grabación en audio y video de una conversación entre autoridades de la empresa y el delegado Siri, y que el multimedios mostró durante todo el domingo, sin ruborizarse siquiera, producida más de un mes antes, y exhibida públicamente una vez arribado el conflicto a su máxima expresión, el Grupo confirma que las denuncias de los gremialistas eran verdaderas.
El vergonzoso video contiene escenas de alto contenido antidemocrático, pero no por parte del delegado, como quiere presentarlo la empresa, sino por los gerentes de la compañía, que operan miserablemente sobre la Comisión Interna.
Cualquier representante gremial que discute desde el jabón líquido en los baños de los trabajadores hasta cuestiones tan sensibles y explícitamente políticas como el libre ejercicio de la representación sindical, presumiría de sus contactos y solidaridades externas, tanto más tratándose de una patronal tan refractaria a la acción gremial.
¿Acaso no se jacta Clarín de sus vinculaciones con la SIP, ADEPA, ElPaís de España, y el Grupo A en el parlamento?
Si un delegado va a discutir sobre derechos sindicales, ¿no pondría sobreaviso a sus interlocutores de sus amistades con miembros del gobierno que tiene sobre la empresa facultades de contralor, y que ha hecho de la defensa de los derechos laborales una política de Estado? Si va a plantear medidas de fuerza, ¿evitaría mostrar sus acuerdos con la CGT y la empatía con sus gremios más influyentes? Claro que no.
Recuerdo una escena de la película La Noche de los Lápices, en la que un inocente alumno de la escuela secundaria (que hace las veces de Pablo Díaz), afirma con ingenuidad y ternura, en el medio de una asamblea que debe resolver una acción de protesta por el boleto estudiantil, poder conseguir para la marcha el apoyo de una organización guerrillera.
Una puja gremial supone siempre presión; a veces la pugna se resuelve por consenso, otras comprende medidas de fuerza. Pero eso jamás puede ser calificado de extorsión. Clarín se tutea con el Código Penal, tanto que ha perdido la distancia que debe mantener con él: jueces mediante, sólo atiende la parte que lo beneficia, y nunca sus obligaciones.
Que una Comisión Interna se plante firmemente ante un patrón no constituye amenaza. Jamás. Para evitarles esas coacciones con que podrían correrlos los patrones, entre otras garantías, están los fueros gremiales de los que gozan los delegados.
Por lo demás, Clarín se contradice cuando afirma que el conflicto es político y no gremial, y cifra el supuesto “chantaje” en 9 millones de pesos. Cualquiera se da cuenta que si la puja fuera exclusivamente política, entonces no tendría precio.
El conflicto efectivamente es por dinero, Magnetto, con todo lo político que ello tiene: hay unos cuantos trabajadores que fueron sancionados por su compromiso sindical mediante el no pago de su salario durante los últimos ocho años. La eventual reparación civil, en dinero contante y sonante, a los trabajadores por daños y perjuicios, sueldos caídos, despidos arbitrarios y violaciones en cadena a la ley laboral, sumarían quizás más que ese monto, salvo un detalle, nada leve por cierto: los trabajadores y sus familias ya no pueden esperar a que otro juez ordene indemnizarlos, y la parte condenada apele, y un tribunal de alzada confirme o no la sentencia. Ellos precisan el dinero hoy. Ya. Son trabajadores. Cuentan sólo con su fuerza de trabajo para subsistir.
Así las cosas, y viendo en TN con cuánta fuerza y convicción el delegado Siri enfrenta a sus patrones, yo también quisiera tener una Comisión Interna como la de AGR. Usted, lector, ¿no, acaso?
5 de abril de 2011
Por Demetrio Iramain Director de la revista Sueños Compartidos.
El conflicto sindical entre Artes Gráficas Rioplatense y su Comisión Interna sumó otro capítulo: la confesión por parte del Grupo Clarín de que las prácticas persecutorias y parapoliciales que los delegados denunciaron mediante la protesta del domingo 27 de marzo eran ciertas.
Yo no creía que la democracia estuviera en riesgo, pero quizás deba volver a pensarlo al observar cómo se comportan sus conspicuos defensores, que recurren incluso al espionaje para justificar sus más bajas picardías.
Con la inescrupulosa grabación en audio y video de una conversación entre autoridades de la empresa y el delegado Siri, y que el multimedios mostró durante todo el domingo, sin ruborizarse siquiera, producida más de un mes antes, y exhibida públicamente una vez arribado el conflicto a su máxima expresión, el Grupo confirma que las denuncias de los gremialistas eran verdaderas.
El vergonzoso video contiene escenas de alto contenido antidemocrático, pero no por parte del delegado, como quiere presentarlo la empresa, sino por los gerentes de la compañía, que operan miserablemente sobre la Comisión Interna.
Cualquier representante gremial que discute desde el jabón líquido en los baños de los trabajadores hasta cuestiones tan sensibles y explícitamente políticas como el libre ejercicio de la representación sindical, presumiría de sus contactos y solidaridades externas, tanto más tratándose de una patronal tan refractaria a la acción gremial.
¿Acaso no se jacta Clarín de sus vinculaciones con la SIP, ADEPA, ElPaís de España, y el Grupo A en el parlamento?
Si un delegado va a discutir sobre derechos sindicales, ¿no pondría sobreaviso a sus interlocutores de sus amistades con miembros del gobierno que tiene sobre la empresa facultades de contralor, y que ha hecho de la defensa de los derechos laborales una política de Estado? Si va a plantear medidas de fuerza, ¿evitaría mostrar sus acuerdos con la CGT y la empatía con sus gremios más influyentes? Claro que no.
Recuerdo una escena de la película La Noche de los Lápices, en la que un inocente alumno de la escuela secundaria (que hace las veces de Pablo Díaz), afirma con ingenuidad y ternura, en el medio de una asamblea que debe resolver una acción de protesta por el boleto estudiantil, poder conseguir para la marcha el apoyo de una organización guerrillera.
Una puja gremial supone siempre presión; a veces la pugna se resuelve por consenso, otras comprende medidas de fuerza. Pero eso jamás puede ser calificado de extorsión. Clarín se tutea con el Código Penal, tanto que ha perdido la distancia que debe mantener con él: jueces mediante, sólo atiende la parte que lo beneficia, y nunca sus obligaciones.
Que una Comisión Interna se plante firmemente ante un patrón no constituye amenaza. Jamás. Para evitarles esas coacciones con que podrían correrlos los patrones, entre otras garantías, están los fueros gremiales de los que gozan los delegados.
Por lo demás, Clarín se contradice cuando afirma que el conflicto es político y no gremial, y cifra el supuesto “chantaje” en 9 millones de pesos. Cualquiera se da cuenta que si la puja fuera exclusivamente política, entonces no tendría precio.
El conflicto efectivamente es por dinero, Magnetto, con todo lo político que ello tiene: hay unos cuantos trabajadores que fueron sancionados por su compromiso sindical mediante el no pago de su salario durante los últimos ocho años. La eventual reparación civil, en dinero contante y sonante, a los trabajadores por daños y perjuicios, sueldos caídos, despidos arbitrarios y violaciones en cadena a la ley laboral, sumarían quizás más que ese monto, salvo un detalle, nada leve por cierto: los trabajadores y sus familias ya no pueden esperar a que otro juez ordene indemnizarlos, y la parte condenada apele, y un tribunal de alzada confirme o no la sentencia. Ellos precisan el dinero hoy. Ya. Son trabajadores. Cuentan sólo con su fuerza de trabajo para subsistir.
Así las cosas, y viendo en TN con cuánta fuerza y convicción el delegado Siri enfrenta a sus patrones, yo también quisiera tener una Comisión Interna como la de AGR. Usted, lector, ¿no, acaso?
Cuando la libertad de expresión se transforma en un eslogan
Tiempo Argentino
5 de abril de 2011
Red de Carreras de Comunicación Social
Los hechos producidos el domingo último en relación con un conflicto gremial entre un grupo de trabajadores y el multimedios Clarín han desatado un sinnúmero de declaraciones acerca de una supuesta violación a la libertad de expresión. La liviandad de las argumentaciones y la ligereza con que se etiqueta un hecho sin que se escuchen todas las voces involucradas en el conflicto resulta preocupante. La mayoría de los medios de mayor circulación y asociaciones gremiales de los empresarios del periodismo, tales como ADEPA y la SIP, han atacado a los trabajadores pero nada dijeron de las violaciones sistemáticas de los derechos sindicales que en esas mismas empresas se producen de manera corriente, ignorando las resoluciones de la misma justicia a la que hoy le piden actuar a su favor. Los trabajadores de TN y Canal 13 han expresado en un comunicado, de casi nula circulación, su solidaridad con los compañeros que realizaron las acciones el domingo 27 de marzo.
Estamos convencidos de que la producción de información de calidad sólo se consigue cuando se respetan los derechos laborales de quienes la producen. Y eso forma parte de un derecho tan importante como los que supuestamente se han violado. La responsabilidad de las empresas implica el respeto de los derechos laborales y sindicales de sus trabajadores. La Cámara de Senadores ha emitido una declaración que pone el acento en tres ejes: el repudio a las metodologías que impidan la circulación de los medios, el aval de la política de reprimir las protestas sociales (haciéndose eco de las declaraciones del camarista Eugenio Zaffaroni en el sentido de que no hay un derecho que impida el ejercicio de otro) y el pedido a las empresas de que se respeten plenamente las libertades sindicales.
En este contexto, han circulado a lo largo de estos días voces que siguen privilegiando la mirada del patrón por sobre la de las víctimas de un conflicto que se ha sostenido en el tiempo sin que los mismos medios se hagan eco de él. Pequeños medios y los mismos periodistas que suelen ser perjudicados seriamente por el más importante multimedios han reproducido la voz y los argumentos de la maquinaria que los está sometiendo, dando cuenta de una mirada colonizada que la academia debería desmontar. Las carreras de comunicación tenemos un fuerte compromiso con la formación de futuros comunicadores comprometidos en la defensa de la ética profesional pero también de los propios derechos laborales. Nuestros egresados deben saber con claridad que su campo profesional es el de producción de una comunicación al servicio del pueblo y, a la vez, el de la defensa de los derechos laborales que los comunicadores tienen como cualquier otro trabajador en la República Argentina.
5 de abril de 2011
Red de Carreras de Comunicación Social
Los hechos producidos el domingo último en relación con un conflicto gremial entre un grupo de trabajadores y el multimedios Clarín han desatado un sinnúmero de declaraciones acerca de una supuesta violación a la libertad de expresión. La liviandad de las argumentaciones y la ligereza con que se etiqueta un hecho sin que se escuchen todas las voces involucradas en el conflicto resulta preocupante. La mayoría de los medios de mayor circulación y asociaciones gremiales de los empresarios del periodismo, tales como ADEPA y la SIP, han atacado a los trabajadores pero nada dijeron de las violaciones sistemáticas de los derechos sindicales que en esas mismas empresas se producen de manera corriente, ignorando las resoluciones de la misma justicia a la que hoy le piden actuar a su favor. Los trabajadores de TN y Canal 13 han expresado en un comunicado, de casi nula circulación, su solidaridad con los compañeros que realizaron las acciones el domingo 27 de marzo.
Estamos convencidos de que la producción de información de calidad sólo se consigue cuando se respetan los derechos laborales de quienes la producen. Y eso forma parte de un derecho tan importante como los que supuestamente se han violado. La responsabilidad de las empresas implica el respeto de los derechos laborales y sindicales de sus trabajadores. La Cámara de Senadores ha emitido una declaración que pone el acento en tres ejes: el repudio a las metodologías que impidan la circulación de los medios, el aval de la política de reprimir las protestas sociales (haciéndose eco de las declaraciones del camarista Eugenio Zaffaroni en el sentido de que no hay un derecho que impida el ejercicio de otro) y el pedido a las empresas de que se respeten plenamente las libertades sindicales.
En este contexto, han circulado a lo largo de estos días voces que siguen privilegiando la mirada del patrón por sobre la de las víctimas de un conflicto que se ha sostenido en el tiempo sin que los mismos medios se hagan eco de él. Pequeños medios y los mismos periodistas que suelen ser perjudicados seriamente por el más importante multimedios han reproducido la voz y los argumentos de la maquinaria que los está sometiendo, dando cuenta de una mirada colonizada que la academia debería desmontar. Las carreras de comunicación tenemos un fuerte compromiso con la formación de futuros comunicadores comprometidos en la defensa de la ética profesional pero también de los propios derechos laborales. Nuestros egresados deben saber con claridad que su campo profesional es el de producción de una comunicación al servicio del pueblo y, a la vez, el de la defensa de los derechos laborales que los comunicadores tienen como cualquier otro trabajador en la República Argentina.
La confianza de los lectores en el diario Clarín cayó diez puntos en el último año
Tiempo Argentino
5 de abril de 2011
El trabajo revela que aumentó el porcentaje de ciudadanos que considera sesgada la información del matutino. Apoyo al bloqueo.
La batalla emprendida por el Grupo Clarín contra el gobierno de Cristina Fernández dejó por el piso la credibilidad del multimedios y la influencia que durante años ejerció en la opinión pública. Así lo revela una encuesta de Ibarómetro, que comprobó que en el último año aumentó 14 puntos porcentuales la cantidad de ciudadanos del Área Metropolitana que considera sesgada la información difundida por Clarín. Al mismo tiempo descendieron 10 puntos quienes consideran que el diario es confiable.
Entre marzo de 2010 y el mismo mes de 2011, los encuestados que desconfían del diario pasaron del 34,1 al 48%, mientras que quienes consideran que aporta información confiable y objetiva pasaron del 45,1 al 35,4% en ese año.
La encuesta, sobre 1000 casos, señala que no sólo ha disminuido la credibilidad del multimedios sino que además decreció su poder sobre la opinión pública. Esto lo demuestran los altos índices de apoyo a la protesta de los delegados de Artes Gráficas Rioplatense que el domingo pasado impidió la salida del diario.
A pesar de que durante una semana el Grupo Clarín impulsó la idea de que el bloqueo había sido un acto de censura, el 47,5% de los consultados está de acuerdo en que no se trató de un ataque a la libertad de prensa sino una protesta contra un grupo empresario que no respeta la libertad sindical. Si bien la metodología del bloqueo fue rechazada (41,6% la rechazó y un 36,5% se mostró a favor), el 56,7% coincidió con el gobierno en que la Policía Federal no debía reprimir a los trabajadores que participaron de la medida de fuerza.
El 67% de los entrevistados cree que las empresas deben permitir a los trabajadores reunirse en asamblea, agremiarse y elegir delegados. Y un 59,6% rechazó que los periodistas del Grupo no puedan tener una comisión interna.
5 de abril de 2011
El trabajo revela que aumentó el porcentaje de ciudadanos que considera sesgada la información del matutino. Apoyo al bloqueo.
La batalla emprendida por el Grupo Clarín contra el gobierno de Cristina Fernández dejó por el piso la credibilidad del multimedios y la influencia que durante años ejerció en la opinión pública. Así lo revela una encuesta de Ibarómetro, que comprobó que en el último año aumentó 14 puntos porcentuales la cantidad de ciudadanos del Área Metropolitana que considera sesgada la información difundida por Clarín. Al mismo tiempo descendieron 10 puntos quienes consideran que el diario es confiable.
Entre marzo de 2010 y el mismo mes de 2011, los encuestados que desconfían del diario pasaron del 34,1 al 48%, mientras que quienes consideran que aporta información confiable y objetiva pasaron del 45,1 al 35,4% en ese año.
La encuesta, sobre 1000 casos, señala que no sólo ha disminuido la credibilidad del multimedios sino que además decreció su poder sobre la opinión pública. Esto lo demuestran los altos índices de apoyo a la protesta de los delegados de Artes Gráficas Rioplatense que el domingo pasado impidió la salida del diario.
A pesar de que durante una semana el Grupo Clarín impulsó la idea de que el bloqueo había sido un acto de censura, el 47,5% de los consultados está de acuerdo en que no se trató de un ataque a la libertad de prensa sino una protesta contra un grupo empresario que no respeta la libertad sindical. Si bien la metodología del bloqueo fue rechazada (41,6% la rechazó y un 36,5% se mostró a favor), el 56,7% coincidió con el gobierno en que la Policía Federal no debía reprimir a los trabajadores que participaron de la medida de fuerza.
El 67% de los entrevistados cree que las empresas deben permitir a los trabajadores reunirse en asamblea, agremiarse y elegir delegados. Y un 59,6% rechazó que los periodistas del Grupo no puedan tener una comisión interna.
Mariotto: “Cablevisión puede perder la licencia por incumplir la ley”
Tiempo Argentino
5 de abril de 2011
Por Felipe Yapur
El Grupo Clarín denuncia ataques a la libertad de prensa mientras silencia a Pakapaka, CN23 y Telesur. La prestadora del servicio de TV por cable ya tiene dos faltas graves. Con dos sanciones más, pierde la autorización para operar.
Cablevisión, empresa del Grupo Clarín, tensa la cuerda. Y cada día un poco más. Sobre todo al negarse sistemáticamente a cumplir con la resolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) de incluir en su grilla los canales Pakapaka, CN23 y Telesur. Gabriel Mariotto, titular del organismo, aseguró que la firma “ya tiene dos faltas graves” y advirtió que, de continuar la negativa a cumplir con las resoluciones de la AFSCA, puede llegar a perder la licencia, porque así lo estipula la Ley de Comunicación Audiovisual.
La empresa se niega a la incorporación de estas señales de TV desde el mismo momento en que la AFSCA publicó la Resolución 296, en septiembre de 2010. La estrategia utilizada fue recurrir a los diferentes amparos judiciales que se presentaron en localidades distintas como para complicar la tarea de los abogados del Estado. Uno a uno los amparos fueron resolviéndose a favor de la Ley de Medios, pero aun así, Cablevisión continuó negándose a acatar lo ordenado.
Ante esa resistencia, la empresa del Grupo Clarín fue objeto de dos sanciones consideradas faltas graves. Según la Ley de Comunicación Audiovisual, cuando una empresa suma cuatro de este tipo de faltas puede enfrentar la pérdida de la licencia. “Nosotros no queremos llegar a ese punto. Queremos que todo el mundo cumpla con la ley, y la ley tiene previstas sanciones para aquellos que incumplan”, reconoció Mariotto ante los periodistas poco antes de dar inicio a la primera sesión del Consejo Asesor de la Comunicación Audivisual y la Infancia, que se realizó ayer en el Teatro Cervantes (ver aparte).
En las oficinas de la AFSCA se siguen con atención las maniobras que realiza Cablevisión para eludir la obligación de aplicar lo resuelto en septiembre del año pasado. En las diferentes inspecciones que se le realizaron a la subsidiaria de Clarín que se levantaron cargos, se realizaron sumarios y hasta se la multó. De hecho, hoy Cablevisión reúne la friolera de 152 sanciones por el incumplimiento de la Resolución 296 en las diferentes licencias televisivas que explota en el país. En un primer momento recibió 86 sanciones aplicadas a distintas licencias, lo que le valió la primera de las faltas graves. Ahora, y tras sancionar 66 licencias que Cablevisión explota, se hizo merecedora de la segunda falta grave. A pesar de ello, continúa sin cumplir con la resolución.
Una sumatoria de cuatro faltas graves puede provocar, entre otras medidas disciplinarias, la aplicación de la más dura de todas ellas, que no es otra que la caducidad de la licencia. Si bien no es automática, la posibilidad existe y es real.
Estas alternativas parecen no preocupar a los abogados de la firma, ni siquiera a sus propietarios, que promovieron una nueva solicitud a las autoridades de la AFSCA, que es “un plazo razonable” para cumplir con lo exigido. Los letrados de la Autoridad Federal estudian la respuesta a esta solicitud, que es considerada otra maniobra dilatoria, de las tantas que lleva adelante Cablevisión. Sobre todo si se tiene en cuenta que la Resolución 296 data de hace seis meses, un lapso de tiempo más que razonable para la adecuación de la grilla de canales dispuesta por la AFSCA y acatada por otras empresas prestadoras del servicio de TV por cable.
5 de abril de 2011
Por Felipe Yapur
El Grupo Clarín denuncia ataques a la libertad de prensa mientras silencia a Pakapaka, CN23 y Telesur. La prestadora del servicio de TV por cable ya tiene dos faltas graves. Con dos sanciones más, pierde la autorización para operar.
Cablevisión, empresa del Grupo Clarín, tensa la cuerda. Y cada día un poco más. Sobre todo al negarse sistemáticamente a cumplir con la resolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) de incluir en su grilla los canales Pakapaka, CN23 y Telesur. Gabriel Mariotto, titular del organismo, aseguró que la firma “ya tiene dos faltas graves” y advirtió que, de continuar la negativa a cumplir con las resoluciones de la AFSCA, puede llegar a perder la licencia, porque así lo estipula la Ley de Comunicación Audiovisual.
La empresa se niega a la incorporación de estas señales de TV desde el mismo momento en que la AFSCA publicó la Resolución 296, en septiembre de 2010. La estrategia utilizada fue recurrir a los diferentes amparos judiciales que se presentaron en localidades distintas como para complicar la tarea de los abogados del Estado. Uno a uno los amparos fueron resolviéndose a favor de la Ley de Medios, pero aun así, Cablevisión continuó negándose a acatar lo ordenado.
Ante esa resistencia, la empresa del Grupo Clarín fue objeto de dos sanciones consideradas faltas graves. Según la Ley de Comunicación Audiovisual, cuando una empresa suma cuatro de este tipo de faltas puede enfrentar la pérdida de la licencia. “Nosotros no queremos llegar a ese punto. Queremos que todo el mundo cumpla con la ley, y la ley tiene previstas sanciones para aquellos que incumplan”, reconoció Mariotto ante los periodistas poco antes de dar inicio a la primera sesión del Consejo Asesor de la Comunicación Audivisual y la Infancia, que se realizó ayer en el Teatro Cervantes (ver aparte).
En las oficinas de la AFSCA se siguen con atención las maniobras que realiza Cablevisión para eludir la obligación de aplicar lo resuelto en septiembre del año pasado. En las diferentes inspecciones que se le realizaron a la subsidiaria de Clarín que se levantaron cargos, se realizaron sumarios y hasta se la multó. De hecho, hoy Cablevisión reúne la friolera de 152 sanciones por el incumplimiento de la Resolución 296 en las diferentes licencias televisivas que explota en el país. En un primer momento recibió 86 sanciones aplicadas a distintas licencias, lo que le valió la primera de las faltas graves. Ahora, y tras sancionar 66 licencias que Cablevisión explota, se hizo merecedora de la segunda falta grave. A pesar de ello, continúa sin cumplir con la resolución.
Una sumatoria de cuatro faltas graves puede provocar, entre otras medidas disciplinarias, la aplicación de la más dura de todas ellas, que no es otra que la caducidad de la licencia. Si bien no es automática, la posibilidad existe y es real.
Estas alternativas parecen no preocupar a los abogados de la firma, ni siquiera a sus propietarios, que promovieron una nueva solicitud a las autoridades de la AFSCA, que es “un plazo razonable” para cumplir con lo exigido. Los letrados de la Autoridad Federal estudian la respuesta a esta solicitud, que es considerada otra maniobra dilatoria, de las tantas que lleva adelante Cablevisión. Sobre todo si se tiene en cuenta que la Resolución 296 data de hace seis meses, un lapso de tiempo más que razonable para la adecuación de la grilla de canales dispuesta por la AFSCA y acatada por otras empresas prestadoras del servicio de TV por cable.
Piden investigar a Clarín
Tiempo Argentino
5 de abril de 2011
Trabajadores despedidos de Canal 13 se movilizarán hoy hacia el Congreso de la Nación para reclamar que se investigue la apropiación ilegal de la emisora por parte de Clarín en 1990. Acompañarán además al delegado del personal despedido, José Carbonelli, quien a las 18 ratificará las denuncias ante la comisiones de Libertad de Expresión, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
En un comunicado, los trabajadores recordaron que el Grupo Clarín se apropió irregularmente de la emisora, violó los pliegos licitatorios de la privatización y el derecho a la libertad sindical al despedir a los delegados.
Los trabajadores reclamarán el pago de una deuda salarial por 7 millones de dólares y pedirán la investigación de la condonación de la millonaria deuda de Artear por parte del ex presidente interino Eduardo Duhalde.
“Pediremos que Artear sea sancionada con la quita de la licencia como ocurrió con otras empresas privatizadas durante los gobiernos del ex presidente Carlos Menem, como Aguas Argentinas y el Correo Argentino por violar pliegos, se intime a la misma a pagar la deuda salarial a los trabajadores y se abonen las verdaderas indemnizaciones que debieron ser pagadas”, señaló Carbonelli.
5 de abril de 2011
Trabajadores despedidos de Canal 13 se movilizarán hoy hacia el Congreso de la Nación para reclamar que se investigue la apropiación ilegal de la emisora por parte de Clarín en 1990. Acompañarán además al delegado del personal despedido, José Carbonelli, quien a las 18 ratificará las denuncias ante la comisiones de Libertad de Expresión, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
En un comunicado, los trabajadores recordaron que el Grupo Clarín se apropió irregularmente de la emisora, violó los pliegos licitatorios de la privatización y el derecho a la libertad sindical al despedir a los delegados.
Los trabajadores reclamarán el pago de una deuda salarial por 7 millones de dólares y pedirán la investigación de la condonación de la millonaria deuda de Artear por parte del ex presidente interino Eduardo Duhalde.
“Pediremos que Artear sea sancionada con la quita de la licencia como ocurrió con otras empresas privatizadas durante los gobiernos del ex presidente Carlos Menem, como Aguas Argentinas y el Correo Argentino por violar pliegos, se intime a la misma a pagar la deuda salarial a los trabajadores y se abonen las verdaderas indemnizaciones que debieron ser pagadas”, señaló Carbonelli.
Otra apelación de los hermanos Noble
Tiempo Argentino
5 de abril de 2011
Por Néstor Espósito
Los abogados de los jóvenes plantearán la inconstitucionalidad de la toma de material genético con o sin su consentimiento, dispuesta por la justicia. De esta forma, vuelven a postergar la verdad sobre su origen biológico.
Los abogados de los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera presentarán hoy un recurso de apelación contra el fallo de la Cámara Federal de San Martín, que ratificó la extracción compulsiva de sangre para ambos para cotejarlas con los patrones registrados en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Esa medida de prueba, que fue dispuesta a finales del año pasado por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, es determinante para establecer si los hijos adoptivos de la empresaria periodística Ernestina Herrera de Noble son o no descendientes directos de desaparecidos durante la última dictadura. Pero el escrito que presentarán esta mañana (tienen tiempo hasta las 9) los abogados Roxana Piña y Alejandro Carrió significará, en los hechos, que el examen comparativo de identidad deberá seguir esperando.
Si bien es cierto que la justicia viene avalando reiteradamente la búsqueda de la verdad sobre la identidad de Marcela y Felipe, también lo es que el sistema procesal argentino permite en estos casos una serie de instancias recursivas cuya consecuencia directa es que, antes de que se lleve a cabo una medida simple en su consecución, pero tremendamente significativa por su valor probatorio, pueden llegar a intervenir en condiciones normales hasta 14 jueces: uno de primera instancia, tres de la Cámara Federal de Apelaciones, tres más de la Cámara Nacional de Casación Penal y finalmente los siete de la Corte Suprema de Justicia. En el caso de los hermanos Noble Herrera, el recorrido apenas va por la mitad: el recurso que presentarán los abogados hoy tiene por objetivo llegar hasta la Casación, y después de esa instancia aún queda la de la Corte. Dicho de otro modo, a menos que haya un expreso consentimiento de los hermanos para acceder a entregar una gota de su sangre u otro flujo corporal (saliva, cabellos, células epiteliales), queda por recorrer todavía un largo trecho, sobre todo de tiempo, hasta que la justicia pueda llegar a la verdadera filiación de ambos jóvenes. Según ese cálculo, es virtualmente imposible que la causa esté resuelta antes de que finalice el actual mandato de la presidenta Cristina Fernández.
La jueza Arroyo Salgado ya descartó utilizar las muestras que tiene en su poder. Cuando estaba al frente de la investigación su colega Conrado Bergesio, los hermanos aceptaron entregar una muestra hemática para que fuera cotejada con dos grupos de familias querellantes que suponían que podrían ser sus nietos, pero el material estuvo guardado sin respetar los protocolos aconsejables para evitar su contaminación. Los datos que obtuvo de las prendas íntimas secuestradas durante un procedimiento realizado hace un año tampoco ofrecen garantías.
Arroyo Salgado intenta darle a la nueva muestra que pretende tomar de los hermanos el carácter de indubitable. Por eso sólo ordenará la toma compulsiva cuando esté segura de que nada podrá invalidar ni la orden de extracción, ni la pericia que se realizará sobre la muestra. Y eso lleva tiempo.
5 de abril de 2011
Por Néstor Espósito
Los abogados de los jóvenes plantearán la inconstitucionalidad de la toma de material genético con o sin su consentimiento, dispuesta por la justicia. De esta forma, vuelven a postergar la verdad sobre su origen biológico.
Los abogados de los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera presentarán hoy un recurso de apelación contra el fallo de la Cámara Federal de San Martín, que ratificó la extracción compulsiva de sangre para ambos para cotejarlas con los patrones registrados en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Esa medida de prueba, que fue dispuesta a finales del año pasado por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, es determinante para establecer si los hijos adoptivos de la empresaria periodística Ernestina Herrera de Noble son o no descendientes directos de desaparecidos durante la última dictadura. Pero el escrito que presentarán esta mañana (tienen tiempo hasta las 9) los abogados Roxana Piña y Alejandro Carrió significará, en los hechos, que el examen comparativo de identidad deberá seguir esperando.
Si bien es cierto que la justicia viene avalando reiteradamente la búsqueda de la verdad sobre la identidad de Marcela y Felipe, también lo es que el sistema procesal argentino permite en estos casos una serie de instancias recursivas cuya consecuencia directa es que, antes de que se lleve a cabo una medida simple en su consecución, pero tremendamente significativa por su valor probatorio, pueden llegar a intervenir en condiciones normales hasta 14 jueces: uno de primera instancia, tres de la Cámara Federal de Apelaciones, tres más de la Cámara Nacional de Casación Penal y finalmente los siete de la Corte Suprema de Justicia. En el caso de los hermanos Noble Herrera, el recorrido apenas va por la mitad: el recurso que presentarán los abogados hoy tiene por objetivo llegar hasta la Casación, y después de esa instancia aún queda la de la Corte. Dicho de otro modo, a menos que haya un expreso consentimiento de los hermanos para acceder a entregar una gota de su sangre u otro flujo corporal (saliva, cabellos, células epiteliales), queda por recorrer todavía un largo trecho, sobre todo de tiempo, hasta que la justicia pueda llegar a la verdadera filiación de ambos jóvenes. Según ese cálculo, es virtualmente imposible que la causa esté resuelta antes de que finalice el actual mandato de la presidenta Cristina Fernández.
La jueza Arroyo Salgado ya descartó utilizar las muestras que tiene en su poder. Cuando estaba al frente de la investigación su colega Conrado Bergesio, los hermanos aceptaron entregar una muestra hemática para que fuera cotejada con dos grupos de familias querellantes que suponían que podrían ser sus nietos, pero el material estuvo guardado sin respetar los protocolos aconsejables para evitar su contaminación. Los datos que obtuvo de las prendas íntimas secuestradas durante un procedimiento realizado hace un año tampoco ofrecen garantías.
Arroyo Salgado intenta darle a la nueva muestra que pretende tomar de los hermanos el carácter de indubitable. Por eso sólo ordenará la toma compulsiva cuando esté segura de que nada podrá invalidar ni la orden de extracción, ni la pericia que se realizará sobre la muestra. Y eso lleva tiempo.
“No tendría que haber sucedido”
Página 12
5 de abril de 2011
Para recordar al maestro asesinado por la policía en Neuquén hubo actos en esa provincia y en Capital, además de actividades en otras provincias. La compañera de Fuentealba, la CTA y la Ctera reclamaron que la Justicia avanzara con la responsabilidad de Sobisch.
Por Adrián Pérez
A cuatro años de su asesinato a manos de la policía de Neuquén, las marchas para recordar al maestro Carlos Fuentealba se multiplicaron en todo el país y renovaron el reclamo de justicia. En el acto central, organizado en la capital neuquina, dirigentes sindicales, miembros de pueblos originarios, docentes, familiares y amigos recordaron al docente y exigieron que la investigación avanzara sobre los autores intelectuales del crimen. Tanto la CTA como el gremio docente Ctera pidieron “juicio y castigo” para el ex gobernador Jorge Sobisch, que estaba al frente del gobierno provincial el 4 de abril de 2007, cuando Fuentealba fue herido de muerte por el cabo Darío Poblete durante una manifestación sindical. En Buenos Aires hubo actos y movilizaciones a la casa de Neuquén. “Es un asesinato que no tendría que haber sucedido nunca en democracia”, dijo Hugo Yasky, titular de la CTA. Todas las actividades se enmarcaron en la Jornada Nacional de Lucha contra la Impunidad, organizada por la Ctera. Mientras Ignacio Copani cerraba el acto en Neuquén, Sandra Rodríguez, compañera de Fuentealba, atendía el llamado de Página/12, conmovida por la masiva convocatoria de la movilización. En el escenario la acompañaron Tati Almeida (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén y representantes de la Confederación Mapuche. “Todos mencionaron la importancia de hacer justicia”, dijo Rodríguez y cargó sobre la inacción del Poder Judicial de la provincia. “Fue colonizado por el Movimiento Popular Neuquino, el partido de Sobisch”, dijo.
El 8 de julio de 2008, el cabo Poblete fue condenado a cadena perpetua por el crimen del maestro. Poco más de un año antes, el policía había disparado su escopeta lanzagases sobre el auto donde se trasladaba Fuentealba, ocasionándole la muerte. A partir de esa condena, la pesquisa se dividió: la investigación para determinar la responsabilidad política por la represión continuó en la llamada causa Fuentealba II. El juicio que llevó a la condena de Poblete dejó en evidencia que el ataque en el que asesinaron al maestro había sido parte de una emboscada, según Rodríguez, “como las que se realizaban en la época de la dictadura”. A Fuentealba le dispararon a seis kilómetros del lugar donde se había planeado el corte de ruta. La columna de manifestantes regresaba a la capital provincial cuando fueron interceptados por el cerrojo policial.
Rodríguez reconoció que fue “dolorosísimo y cruel” escuchar en el juicio el relato en que se reconstruyeron los hechos. Y no le quedaron dudas de que Poblete ejecutó el disparo “por orden de la jerarquía”, porque “se organizó una barrera, una especie de tenaza para encerrar” a los manifestantes. “Hubo momentos en los que se disparó hacia los autos”, dijo. “Para muchos fue un día milagroso, porque no hubo más muertos, pero no lo fue para nosotros, ni para Carlos.” La mujer espera que el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén se expida sobre la responsabilidad política en la muerte de su compañero. “Estamos en la última instancia, pero si no nos habilitan a seguir investigando vamos a recurrir a la Corte Suprema. El Ministerio Público de Neuquén reconoció el exceso, pero no quiere investigar, hizo desprocesar a los 15 policías (que actuaron durante la represión) y no llamó a Sobisch a indagatoria.”
Desde la plaza del monumento, frente a la Municipalidad de Neuquén, Tati Almeida –quien viajó en representación de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora– dijo que fue “conmovedor ver a tanta gente joven” y estimó que la convocatoria fue “multitudinaria, con cuadras y cuadras de gente”. En diálogo con este diario, destacó la fuerza de Rodríguez: “Esta chica es como el Ave Fénix, que resucitó con más fuerza”. Y dijo que “se está impidiendo investigar a fondo a Sobisch y a los quince policías”. En Buenos Aires, la CTA y los gremios docentes se manifestaron frente a la Casa de Neuquén. “Es un asesinato que no tendría que haber sucedido nunca en la democracia”, dijo Hugo Yasky, secretario general de la CTA. El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, destacó la amplitud de la convocatoria a todos los sectores para “construir las condiciones” y que “no haya impunidad en ningún lugar de Argentina”. Asimismo, remarcó la importancia de avanzar sobre los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Fuentealba “de la misma forma que se hizo con la causa por el crimen de Mariano Ferreyra”. Junto a Pablo Ferreyra, Sandra Rodríguez ofrecerá hoy al mediodía una conferencia de prensa en la sede porteña de la CTA.
5 de abril de 2011
Para recordar al maestro asesinado por la policía en Neuquén hubo actos en esa provincia y en Capital, además de actividades en otras provincias. La compañera de Fuentealba, la CTA y la Ctera reclamaron que la Justicia avanzara con la responsabilidad de Sobisch.
Por Adrián Pérez
A cuatro años de su asesinato a manos de la policía de Neuquén, las marchas para recordar al maestro Carlos Fuentealba se multiplicaron en todo el país y renovaron el reclamo de justicia. En el acto central, organizado en la capital neuquina, dirigentes sindicales, miembros de pueblos originarios, docentes, familiares y amigos recordaron al docente y exigieron que la investigación avanzara sobre los autores intelectuales del crimen. Tanto la CTA como el gremio docente Ctera pidieron “juicio y castigo” para el ex gobernador Jorge Sobisch, que estaba al frente del gobierno provincial el 4 de abril de 2007, cuando Fuentealba fue herido de muerte por el cabo Darío Poblete durante una manifestación sindical. En Buenos Aires hubo actos y movilizaciones a la casa de Neuquén. “Es un asesinato que no tendría que haber sucedido nunca en democracia”, dijo Hugo Yasky, titular de la CTA. Todas las actividades se enmarcaron en la Jornada Nacional de Lucha contra la Impunidad, organizada por la Ctera. Mientras Ignacio Copani cerraba el acto en Neuquén, Sandra Rodríguez, compañera de Fuentealba, atendía el llamado de Página/12, conmovida por la masiva convocatoria de la movilización. En el escenario la acompañaron Tati Almeida (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén y representantes de la Confederación Mapuche. “Todos mencionaron la importancia de hacer justicia”, dijo Rodríguez y cargó sobre la inacción del Poder Judicial de la provincia. “Fue colonizado por el Movimiento Popular Neuquino, el partido de Sobisch”, dijo.
El 8 de julio de 2008, el cabo Poblete fue condenado a cadena perpetua por el crimen del maestro. Poco más de un año antes, el policía había disparado su escopeta lanzagases sobre el auto donde se trasladaba Fuentealba, ocasionándole la muerte. A partir de esa condena, la pesquisa se dividió: la investigación para determinar la responsabilidad política por la represión continuó en la llamada causa Fuentealba II. El juicio que llevó a la condena de Poblete dejó en evidencia que el ataque en el que asesinaron al maestro había sido parte de una emboscada, según Rodríguez, “como las que se realizaban en la época de la dictadura”. A Fuentealba le dispararon a seis kilómetros del lugar donde se había planeado el corte de ruta. La columna de manifestantes regresaba a la capital provincial cuando fueron interceptados por el cerrojo policial.
Rodríguez reconoció que fue “dolorosísimo y cruel” escuchar en el juicio el relato en que se reconstruyeron los hechos. Y no le quedaron dudas de que Poblete ejecutó el disparo “por orden de la jerarquía”, porque “se organizó una barrera, una especie de tenaza para encerrar” a los manifestantes. “Hubo momentos en los que se disparó hacia los autos”, dijo. “Para muchos fue un día milagroso, porque no hubo más muertos, pero no lo fue para nosotros, ni para Carlos.” La mujer espera que el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén se expida sobre la responsabilidad política en la muerte de su compañero. “Estamos en la última instancia, pero si no nos habilitan a seguir investigando vamos a recurrir a la Corte Suprema. El Ministerio Público de Neuquén reconoció el exceso, pero no quiere investigar, hizo desprocesar a los 15 policías (que actuaron durante la represión) y no llamó a Sobisch a indagatoria.”
Desde la plaza del monumento, frente a la Municipalidad de Neuquén, Tati Almeida –quien viajó en representación de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora– dijo que fue “conmovedor ver a tanta gente joven” y estimó que la convocatoria fue “multitudinaria, con cuadras y cuadras de gente”. En diálogo con este diario, destacó la fuerza de Rodríguez: “Esta chica es como el Ave Fénix, que resucitó con más fuerza”. Y dijo que “se está impidiendo investigar a fondo a Sobisch y a los quince policías”. En Buenos Aires, la CTA y los gremios docentes se manifestaron frente a la Casa de Neuquén. “Es un asesinato que no tendría que haber sucedido nunca en la democracia”, dijo Hugo Yasky, secretario general de la CTA. El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, destacó la amplitud de la convocatoria a todos los sectores para “construir las condiciones” y que “no haya impunidad en ningún lugar de Argentina”. Asimismo, remarcó la importancia de avanzar sobre los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Fuentealba “de la misma forma que se hizo con la causa por el crimen de Mariano Ferreyra”. Junto a Pablo Ferreyra, Sandra Rodríguez ofrecerá hoy al mediodía una conferencia de prensa en la sede porteña de la CTA.
lunes, 4 de abril de 2011
Duhalde tuvo un triunfo ajustado
Tiempo Argentino
4 de abril de 2011
La elección, de características informales, se desarrolló en 15 escuelas de la Capital Federal. El ex presidente se impuso por 248 votos al gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá. Empataron en congresales, 28 para cada uno.
En una elección caracterizada por la informalidad, que no tuvo control de la Justicia Electoral, Eduardo Duhalde se impuso ante Alberto Rodríguez Saá por apenas 248 votos en el primer capítulo de la interna del PJ Federal, que se disputó ayer en la Ciudad de Buenos Aires y en la que votaron alrededor de 33 mil porteños.
Al conocerse los resultados, poco después de las 23:00, en sede de la Casa de San Luis, Duhalde evaluó su victoria por el 0,74% de los sufragios como “prácticamente un empate”. Dijo sentir “una enorme alegría” por haber “comenzado la conformación de un equipo para ser la alternativa del gobierno nacional”. Rodríguez Saá, visiblemente contento por su buena performance, se permitió una broma: “Si en este valuarte de Duhalde conseguí un empate, imaginen el resultado que conseguiremos en el resto del país.” En los últimos días, el puntano buscó diferenciarse de su adversario: advirtió que rechaza una alianza con el PRO de Mauricio Macri y deslizó que Duhalde y el jefe de gobierno porteño tienen un pacto electoral para octubre.
Según los cómputos de la Junta Electoral, el dirigente bonaerense obtuvo 16.976 votos (que representan el 50,37% del total) y el gobenador puntano consiguió 16.728 sufragios, es decir el 49,63%. De esta manera, cada candidato logró 28 delegados para el Congreso partidario que definirá el candidato del Peronismo Federal, el 4 de junio.
Eduado “Momo” Venegas, hombre de Duhalde y titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y líder de las 62 Organizaciones peronistas, calificó a la convocatoria como “espectacular”. El economista Martín Redrado mostró entusiasmo similar. La elección no tuvo validez legal: se trató de una competencia simbólica entre los candidatos. Según los organizadores del proceso interno del Peronismo antikirchnerista, 33.704 porteños votaron en las 15 escuelas habilitadas, una por cada Comuna de la Ciudad. Afiliados y no afiliados votaron de una manera un tanto particular: no necesitaron ir con una boleta y pudieron votar con un papel con la opción electoral o con una propaganda del candidato elegido. Inclusive no se sellaba el DNI, que servía como mera constancia de identidad para cotejar en el padrón. El diputado Felipe Solá y el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, se bajaron hace dos semanas de la interna por considerar que no tenía sentido, e incluso el diputado nacional la tildó de “absurda”.
“Superamos aquella interna famosa Cafiero-Menem, la hemos superado en cantidad de votantes. Fue una gran convocatoria, casi inesperada. Es un récord en la historia del peronismo en internas”, manifestó el gobernador de San Luis desde su búnker de campaña porteño, en el Teatro El Victorial, al cierre de los comicios. Duhalde, en una desde la sede del Movimiento Productivo Argentino, expresó que se sentía “gratamente sorprendido por la convocatoria de los comicios”, e incluso dijo que en algunas escuelas se registró “una cuadra de cola” para votar. “Acá no habrá ninguna impugnación ni cosas raras”, señaló Duhalde con picardía, en una crítica elíptica a Mario Das Neves por el resultado controvertido de las elecciones en Chubut.
El bonaerense también descartó la posibilidad de que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, le hubiera dado su respaldo. “Nooo, si pedirle a Macri que haga una interna, es como pedirle... Macri no entiende de internas, nunca ha hecho una interna, es imposible” enfatizó. Sin embargo, el diputado del PRO Cristian Ritondo aceptó ayer que votó por Eduardo Duhalde en la preinterna porque sintió “que había que darle una mano” al ex presidente.
El magro triunfo de Duhalde en una ciudad gobernada por el PRO es todo un síntoma del acuerdo al que se aproximan cada vez más el ex gobernador bonaerense y el jefe de gobierno porteño.
Cómo sigue el cronograma
Cumplida la votación en la Capital Federal, la interna por regiones del PJ Federal proseguirá el próximo domingo en el Noreste Argentino (NEA), en las provincias de Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Allí se habilitarán 250 mesas para que los interesados puedan concurrir a emitir su sufragio y elegir entre los dos postulantes. El 17 de abril, será el turno del Noroeste Argentino (NOA) y el 15 de mayo de la Patagonia. El domingo 22 se realizarán en San Juan, Mendoza, La Rioja y San Luis, según el cronograma oficial. El proceso concluirá el último fin de semana de mayo, cuando se desarrollen comicios el sábado 28 en el interior de la provincia de Buenos Aires y el domingo 29 en el Conurbano bonaerense.
4 de abril de 2011
La elección, de características informales, se desarrolló en 15 escuelas de la Capital Federal. El ex presidente se impuso por 248 votos al gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá. Empataron en congresales, 28 para cada uno.
En una elección caracterizada por la informalidad, que no tuvo control de la Justicia Electoral, Eduardo Duhalde se impuso ante Alberto Rodríguez Saá por apenas 248 votos en el primer capítulo de la interna del PJ Federal, que se disputó ayer en la Ciudad de Buenos Aires y en la que votaron alrededor de 33 mil porteños.
Al conocerse los resultados, poco después de las 23:00, en sede de la Casa de San Luis, Duhalde evaluó su victoria por el 0,74% de los sufragios como “prácticamente un empate”. Dijo sentir “una enorme alegría” por haber “comenzado la conformación de un equipo para ser la alternativa del gobierno nacional”. Rodríguez Saá, visiblemente contento por su buena performance, se permitió una broma: “Si en este valuarte de Duhalde conseguí un empate, imaginen el resultado que conseguiremos en el resto del país.” En los últimos días, el puntano buscó diferenciarse de su adversario: advirtió que rechaza una alianza con el PRO de Mauricio Macri y deslizó que Duhalde y el jefe de gobierno porteño tienen un pacto electoral para octubre.
Según los cómputos de la Junta Electoral, el dirigente bonaerense obtuvo 16.976 votos (que representan el 50,37% del total) y el gobenador puntano consiguió 16.728 sufragios, es decir el 49,63%. De esta manera, cada candidato logró 28 delegados para el Congreso partidario que definirá el candidato del Peronismo Federal, el 4 de junio.
Eduado “Momo” Venegas, hombre de Duhalde y titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y líder de las 62 Organizaciones peronistas, calificó a la convocatoria como “espectacular”. El economista Martín Redrado mostró entusiasmo similar. La elección no tuvo validez legal: se trató de una competencia simbólica entre los candidatos. Según los organizadores del proceso interno del Peronismo antikirchnerista, 33.704 porteños votaron en las 15 escuelas habilitadas, una por cada Comuna de la Ciudad. Afiliados y no afiliados votaron de una manera un tanto particular: no necesitaron ir con una boleta y pudieron votar con un papel con la opción electoral o con una propaganda del candidato elegido. Inclusive no se sellaba el DNI, que servía como mera constancia de identidad para cotejar en el padrón. El diputado Felipe Solá y el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, se bajaron hace dos semanas de la interna por considerar que no tenía sentido, e incluso el diputado nacional la tildó de “absurda”.
“Superamos aquella interna famosa Cafiero-Menem, la hemos superado en cantidad de votantes. Fue una gran convocatoria, casi inesperada. Es un récord en la historia del peronismo en internas”, manifestó el gobernador de San Luis desde su búnker de campaña porteño, en el Teatro El Victorial, al cierre de los comicios. Duhalde, en una desde la sede del Movimiento Productivo Argentino, expresó que se sentía “gratamente sorprendido por la convocatoria de los comicios”, e incluso dijo que en algunas escuelas se registró “una cuadra de cola” para votar. “Acá no habrá ninguna impugnación ni cosas raras”, señaló Duhalde con picardía, en una crítica elíptica a Mario Das Neves por el resultado controvertido de las elecciones en Chubut.
El bonaerense también descartó la posibilidad de que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, le hubiera dado su respaldo. “Nooo, si pedirle a Macri que haga una interna, es como pedirle... Macri no entiende de internas, nunca ha hecho una interna, es imposible” enfatizó. Sin embargo, el diputado del PRO Cristian Ritondo aceptó ayer que votó por Eduardo Duhalde en la preinterna porque sintió “que había que darle una mano” al ex presidente.
El magro triunfo de Duhalde en una ciudad gobernada por el PRO es todo un síntoma del acuerdo al que se aproximan cada vez más el ex gobernador bonaerense y el jefe de gobierno porteño.
Cómo sigue el cronograma
Cumplida la votación en la Capital Federal, la interna por regiones del PJ Federal proseguirá el próximo domingo en el Noreste Argentino (NEA), en las provincias de Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Allí se habilitarán 250 mesas para que los interesados puedan concurrir a emitir su sufragio y elegir entre los dos postulantes. El 17 de abril, será el turno del Noroeste Argentino (NOA) y el 15 de mayo de la Patagonia. El domingo 22 se realizarán en San Juan, Mendoza, La Rioja y San Luis, según el cronograma oficial. El proceso concluirá el último fin de semana de mayo, cuando se desarrollen comicios el sábado 28 en el interior de la provincia de Buenos Aires y el domingo 29 en el Conurbano bonaerense.
Una entidad que apoyó dictaduras viene a monitorear la prensa argentina
Tiempo Argentino
4 de abril de 2011
Por Hernán Cocchi
El organismo que llegará el 4 de mayo a custodiar la libertad de expresión en la Argentina tiene un pasado ligado a los golpes de Estado latinoamericanos y un presente polémico. También es defensor a ultranza de la libre empresa.
Son unos infotraficantes.” La definición del periodista canadiense residente en Cuba Jean Guy-Allard parecería resumir el rol autoadjudicado (junto a la inigualable colaboración de la CIA estadounidense) por los dueños de los medios de comunicación de todo el continente agrupados en la cámara empresaria Sociedad Interamericana de Prensa.
La historia de la SIP en América Latina es la historia del intervencionismo de los Estados Unidos en su “patio trasero”. La entidad nació en La Habana en 1943. Por aquellos años (y continuó así hasta 1950), las reuniones eran auspiciadas y financiadas por los gobiernos anfitriones. Pues bien, el generoso dictador cubano Fulgencio Batista colaboró en el nacimiento de la organización multinacional dedicada a criticar a los Estados que osaban enfrentarse al poder de los empresarios periodísticos. Los delegados de la SIP que arribarán al país el próximo 4 de mayo para “analizar los temas más conflictivos que enfrenta la prensa argentina”–no por casualidad en el contexto del bloqueo gremial de la planta impresora del multimedios– cargarán en sus espaldas una lista casi interminable de presiones y conspiraciones encubiertas detrás del discurso filántropo de la “defensa de la libertad de prensa”.
El 28 de noviembre de 1971, el diario chileno de derecha El Mercurio publicó una carta enviada por el entonces presidente de la SIP, el dominicano Germán Ornes, al presidente Salvador Allende. La misiva manifestaba la “preocupación” de “todo el periodismo continental” por el proyecto del gobierno socialista de estatizar la única fábrica de papel para diarios de Chile. La respuesta de Allende fue contundente: “El pueblo de Chile y su gobierno no aceptan tutores ni consejeros, menos aún cuando se trata de organismos que, como la Sociedad Interamericana de Prensa, ni siquiera respetan la libertad de expresión en sus propias deliberaciones. Debo finalmente, manifestarle que esta es la última contestación que doy a las comunicaciones de esta Sociedad.”
Los vínculos de la CIA estadou-nidense con el diario chileno y la SIP quedaron documentados en el informe realizado por el Comité Church del Senado de los Estados Unidos, que comprobó que la central de inteligencia envió más de un millón y medio de dólares al dueño de El Mercurio y luego vicepresidente de la SIP, Agustín Edwards, para colaborar con la campaña de desestabilización del gobierno de la Unidad Popular. El primer párrafo de la respuesta de Allende a la carta del entonces titular del cártel de medios continental demuestra que las operaciones secretas de los espías estadounidenses eran vistas a todas luces por los chilenos: “Como excepcional demostración de tolerancia, doy respuesta a su cable, a fin de poner término a la campaña difamatoria emprendida por la SIP y su único defensor en Chile, El Mercurio, contra nuestro país y su gobierno”.
Los empresarios “garantes” de la libertad de expresión continental encargados de cuestionar cualquier avance estatal contra el monopolio de la información no deben poder explicar el currículum de otro de sus selectos miembros. El uruguayo Danilo Arbilla Frachia fue director hasta el año 2009 del semanario Búsqueda e integra el Consejo Consultivo de la SIP. El empresario nacido en el departamento uruguayo de Florida fue presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa y director del Centro de Difusión e Información de la Presidencia de Uruguay durante la dictadura cívico–militar de Juan María Bordaberry. Antes y después del golpe de Estado del 27 de junio de 1973 se produjeron clausuras de medios, allanamientos de redacciones, arrestos de periodistas y se intervino la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). La SIP nunca mostró preocupación porque uno de sus miembros haya sido un actor protagónico de gobiernos que aplicaron la censura y la persecución contra medios y periodistas.
Pero el prontuario de la SIP no se restringe a dictadores y torturadores de los años ’70 y ’80. Basta navegar por su página web para encontrar qué les produce “honda preocupación”. El informe de la 66ª Asamblea General, realizada del 5 al 9 de noviembre del año pasado en Mérida, México, detalla país por país el estado de la “libertad de expresión”. El caso de Bolivia es paradigmático: “El hecho más grave en este período es la reciente aprobación de la Ley contra el Racismo y la Discriminación Social que contiene los artículos 16 y 23, que apuntan, en el primer caso, a sacar de circulación utilizando cualquier argucia a medios y a sus propietarios que no estén alineados con el oficialismo y, en el segundo, a aplicar el Código Penal a los periodistas, atropellando la vigente Ley de Imprenta y la autorregulación.” La novedad es que los empresarios nucleados en esta multinacional de la información advierten sobre los riesgos de una ley que establece: “El medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación.” En el capítulo Brasil, los magnates aprovecharon para mostrar sin prejuicios su concepto de libertad: “Los cimientos de una prensa democrática tienen por base dos pilares: la libre empresa y la libertad de expresión”. Pero el análisis de Colombia demuestra el carácter corporativista de la SIP. El 7 de noviembre de 2010, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dio un extenso discurso ante la Asamblea Genera de la Sociedad Interamericana de Prensa. Más allá de anécdotas personales, el delfín de Álvaro Uribe recordó sus años como vicepresidente del Comité de Libertad de Prensa. “Recuerdo la visita a Chile en época de Pinochet a defender allá la libertad de prensa. Estuvimos en Nicaragua cuando el régimen Sandinista estaba apretando a la prensa de Nicaragua”, afirmó el mandatario. Nótese que la dictadura sangrienta de Augusto Pinochet es definida como “época”, mientras que el gobierno nicaragüense del Frente Sandinista de Liberación Nacional que en 1979 derrocó a la “Dinastía Somoza” que ostentaba el poder desde el asesinato de Augusto César Sandino en 1934 es caracterizado como “régimen”.
Pero la SIP no advirtió sobre el deficiente estado de la libertad de expresión en ese país, a pesar de que el propio presidente reconoció en la Asamblea de la entidad que 170 periodistas viven con custodia. Cabe recordar que Colombia es un país que atraviesa una guerra civil hace más de 50 años que no sólo se desarrolla en zonas rurales, sino también en las ciudades. El propio presidente explicó los riesgos del trabajo periodístico en su discurso: “Hoy hay en Colombia 170 periodistas que tienen algún esquema de protección y la gente me pregunta, ¿pero hay tantos periodistas amenazados? La respuesta es que posiblemente no, pero preferimos pecar por exceso que por defecto, el día de mañana que nadie pueda decir que el Estado colombiano no hizo todo lo posible para defender no solamente a los periodistas, también a los sindicalistas, a todos los que se han considerado o se consideran como una parte vulnerable de la sociedad, una parte amenazada de la sociedad”, afirmó Santos.
Sin embargo, la SIP no expresó su preocupación por el estado de la libertad de expresión en el país virtualmente ocupado por tropas estadounidenses, a pesar de que los delegados colombianos presentaron un informe detallado de amenazas y asesinatos de periodistas. De hecho, el grupo de magnates periodísticos se limitó a “exhortar a la fiscalía, a presentar a la mayor brevedad resultados en esas 20 investigaciones por amenazas contra periodistas para castigar a los responsables y evitar que se alimente la amenaza como forma de intimidación de los periodistas”, es la conclusión del escueto capítulo, junto al pedido al Congreso de archivar “todo proyecto que afecte la libertad de prensa”.
Paradojas de la “libertad de expresión”.
4 de abril de 2011
Por Hernán Cocchi
El organismo que llegará el 4 de mayo a custodiar la libertad de expresión en la Argentina tiene un pasado ligado a los golpes de Estado latinoamericanos y un presente polémico. También es defensor a ultranza de la libre empresa.
Son unos infotraficantes.” La definición del periodista canadiense residente en Cuba Jean Guy-Allard parecería resumir el rol autoadjudicado (junto a la inigualable colaboración de la CIA estadounidense) por los dueños de los medios de comunicación de todo el continente agrupados en la cámara empresaria Sociedad Interamericana de Prensa.
La historia de la SIP en América Latina es la historia del intervencionismo de los Estados Unidos en su “patio trasero”. La entidad nació en La Habana en 1943. Por aquellos años (y continuó así hasta 1950), las reuniones eran auspiciadas y financiadas por los gobiernos anfitriones. Pues bien, el generoso dictador cubano Fulgencio Batista colaboró en el nacimiento de la organización multinacional dedicada a criticar a los Estados que osaban enfrentarse al poder de los empresarios periodísticos. Los delegados de la SIP que arribarán al país el próximo 4 de mayo para “analizar los temas más conflictivos que enfrenta la prensa argentina”–no por casualidad en el contexto del bloqueo gremial de la planta impresora del multimedios– cargarán en sus espaldas una lista casi interminable de presiones y conspiraciones encubiertas detrás del discurso filántropo de la “defensa de la libertad de prensa”.
El 28 de noviembre de 1971, el diario chileno de derecha El Mercurio publicó una carta enviada por el entonces presidente de la SIP, el dominicano Germán Ornes, al presidente Salvador Allende. La misiva manifestaba la “preocupación” de “todo el periodismo continental” por el proyecto del gobierno socialista de estatizar la única fábrica de papel para diarios de Chile. La respuesta de Allende fue contundente: “El pueblo de Chile y su gobierno no aceptan tutores ni consejeros, menos aún cuando se trata de organismos que, como la Sociedad Interamericana de Prensa, ni siquiera respetan la libertad de expresión en sus propias deliberaciones. Debo finalmente, manifestarle que esta es la última contestación que doy a las comunicaciones de esta Sociedad.”
Los vínculos de la CIA estadou-nidense con el diario chileno y la SIP quedaron documentados en el informe realizado por el Comité Church del Senado de los Estados Unidos, que comprobó que la central de inteligencia envió más de un millón y medio de dólares al dueño de El Mercurio y luego vicepresidente de la SIP, Agustín Edwards, para colaborar con la campaña de desestabilización del gobierno de la Unidad Popular. El primer párrafo de la respuesta de Allende a la carta del entonces titular del cártel de medios continental demuestra que las operaciones secretas de los espías estadounidenses eran vistas a todas luces por los chilenos: “Como excepcional demostración de tolerancia, doy respuesta a su cable, a fin de poner término a la campaña difamatoria emprendida por la SIP y su único defensor en Chile, El Mercurio, contra nuestro país y su gobierno”.
Los empresarios “garantes” de la libertad de expresión continental encargados de cuestionar cualquier avance estatal contra el monopolio de la información no deben poder explicar el currículum de otro de sus selectos miembros. El uruguayo Danilo Arbilla Frachia fue director hasta el año 2009 del semanario Búsqueda e integra el Consejo Consultivo de la SIP. El empresario nacido en el departamento uruguayo de Florida fue presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa y director del Centro de Difusión e Información de la Presidencia de Uruguay durante la dictadura cívico–militar de Juan María Bordaberry. Antes y después del golpe de Estado del 27 de junio de 1973 se produjeron clausuras de medios, allanamientos de redacciones, arrestos de periodistas y se intervino la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). La SIP nunca mostró preocupación porque uno de sus miembros haya sido un actor protagónico de gobiernos que aplicaron la censura y la persecución contra medios y periodistas.
Pero el prontuario de la SIP no se restringe a dictadores y torturadores de los años ’70 y ’80. Basta navegar por su página web para encontrar qué les produce “honda preocupación”. El informe de la 66ª Asamblea General, realizada del 5 al 9 de noviembre del año pasado en Mérida, México, detalla país por país el estado de la “libertad de expresión”. El caso de Bolivia es paradigmático: “El hecho más grave en este período es la reciente aprobación de la Ley contra el Racismo y la Discriminación Social que contiene los artículos 16 y 23, que apuntan, en el primer caso, a sacar de circulación utilizando cualquier argucia a medios y a sus propietarios que no estén alineados con el oficialismo y, en el segundo, a aplicar el Código Penal a los periodistas, atropellando la vigente Ley de Imprenta y la autorregulación.” La novedad es que los empresarios nucleados en esta multinacional de la información advierten sobre los riesgos de una ley que establece: “El medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación.” En el capítulo Brasil, los magnates aprovecharon para mostrar sin prejuicios su concepto de libertad: “Los cimientos de una prensa democrática tienen por base dos pilares: la libre empresa y la libertad de expresión”. Pero el análisis de Colombia demuestra el carácter corporativista de la SIP. El 7 de noviembre de 2010, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dio un extenso discurso ante la Asamblea Genera de la Sociedad Interamericana de Prensa. Más allá de anécdotas personales, el delfín de Álvaro Uribe recordó sus años como vicepresidente del Comité de Libertad de Prensa. “Recuerdo la visita a Chile en época de Pinochet a defender allá la libertad de prensa. Estuvimos en Nicaragua cuando el régimen Sandinista estaba apretando a la prensa de Nicaragua”, afirmó el mandatario. Nótese que la dictadura sangrienta de Augusto Pinochet es definida como “época”, mientras que el gobierno nicaragüense del Frente Sandinista de Liberación Nacional que en 1979 derrocó a la “Dinastía Somoza” que ostentaba el poder desde el asesinato de Augusto César Sandino en 1934 es caracterizado como “régimen”.
Pero la SIP no advirtió sobre el deficiente estado de la libertad de expresión en ese país, a pesar de que el propio presidente reconoció en la Asamblea de la entidad que 170 periodistas viven con custodia. Cabe recordar que Colombia es un país que atraviesa una guerra civil hace más de 50 años que no sólo se desarrolla en zonas rurales, sino también en las ciudades. El propio presidente explicó los riesgos del trabajo periodístico en su discurso: “Hoy hay en Colombia 170 periodistas que tienen algún esquema de protección y la gente me pregunta, ¿pero hay tantos periodistas amenazados? La respuesta es que posiblemente no, pero preferimos pecar por exceso que por defecto, el día de mañana que nadie pueda decir que el Estado colombiano no hizo todo lo posible para defender no solamente a los periodistas, también a los sindicalistas, a todos los que se han considerado o se consideran como una parte vulnerable de la sociedad, una parte amenazada de la sociedad”, afirmó Santos.
Sin embargo, la SIP no expresó su preocupación por el estado de la libertad de expresión en el país virtualmente ocupado por tropas estadounidenses, a pesar de que los delegados colombianos presentaron un informe detallado de amenazas y asesinatos de periodistas. De hecho, el grupo de magnates periodísticos se limitó a “exhortar a la fiscalía, a presentar a la mayor brevedad resultados en esas 20 investigaciones por amenazas contra periodistas para castigar a los responsables y evitar que se alimente la amenaza como forma de intimidación de los periodistas”, es la conclusión del escueto capítulo, junto al pedido al Congreso de archivar “todo proyecto que afecte la libertad de prensa”.
Paradojas de la “libertad de expresión”.
Bergman, un pastor mediático
Página 12
4 de abril de 2011
Por Manuela Fingueret *
“Y este conocimiento de la futilidad e insignificancia del poder, la conocían entre los judíos tanto los grandes como los pequeños, los libres como los oprimidos, los más alejados como los más cercanos.”
El judío Süs
Lion Feuchtwanger
Se podría debatir acerca de los judíos y su inserción política en distintos momentos de la historia, pero en estos tiempos, el pueblo, como dice Baudrillard, es la “opinión pública”, y la opinión, ya sabemos, siempre la han manejado los poderosos.
Entre los judíos, esa opinión refiere a saberes y creencias diferentes entre sus integrantes. Abunda la ignorancia en muchos; la indiferencia en otros; la adoración a Jehová en los religiosos; en algunos, alianzas convenientes con el gobierno de turno y en muchos, la tradición de ejercer un pensamiento crítico lúcido.
Somos una tribu, como me gusta decir, que ha vagado más de cuarenta años por el desierto con el mandato de que seremos libres en tanto cada generación pueda leer la Torá, con sus metáforas, enseñanzas y códigos para reinterpretar la realidad. Nómades y cuestionadores, la duda, el humor y la palabra como brújula, permitieron crear, rebelarse, sobrevivir. Es contradictorio, entonces, que quien se capacitó para transmitir la ética de los maestros y valores culturales inalienables que legaron entre tantos otros Spinoza, Maimónides, Buber, Benjamin, profetas y rabíes, para que cada uno se cuestione y elija su propia aventura, ignore esa herencia con discursos y actitudes funcionales a las ambiciones personales. Es importante comprometerse con nuestro país por convicción y por elección, pero desde lo individual. No es lícito que quien lo haga siga en funciones al frente de una comunidad porque sabe que confunde y aprovecha de ello ante los que no conocen que el rabino no es un “delegado” de Dios ni una autoridad verticalista, sino sólo un guía espiritual.
Sergio Bergman habilita al amigo judío que necesitan los Grondona, Biolcati, Blumberg, Macri y otros. Similar al libro de Feuchtwanger, es un ejemplo revelador respecto de esos judíos que se deslumbran con el poder, el dinero y la popularidad como ocurrió con algunos personajes comunitarios nefastos en épocas del menemismo.
Una pena que no haya continuado su excelente tarea como rabino reformista que ayudó a construir nuevas pautas que se opusieron al establishment judío. No es el único que se ha mimetizado. También militan en esa banda elástica de judíos Süs, intelectuales y periodistas que se mimetizan con los medios de comunicación que los emplean, que les pagan muy bien sus conferencias y defensas corporativas. Como me dijo uno de estos oportunistas hace tiempo: de ese lugar no se vuelve.
Me apena que la ciudadanía, en su desconocimiento de la diversidad y variedad de judíos y judaísmos que expresamos, nos identifique con quien se erige como un pastor mediático de almas cuyo abuso de aforismos y juegos de palabras es banal y lastimoso al pontificar al estilo de los evangelistas televisivos.
Parafraseando a la película homónima, de lo que se trata en definitiva es que Bergman no asume, como rabino, una premisa esencial del judaísmo: “Ser digno de ser”.
* Escritora; www.manuelafingueret.com.ar
4 de abril de 2011
Por Manuela Fingueret *
“Y este conocimiento de la futilidad e insignificancia del poder, la conocían entre los judíos tanto los grandes como los pequeños, los libres como los oprimidos, los más alejados como los más cercanos.”
El judío Süs
Lion Feuchtwanger
Se podría debatir acerca de los judíos y su inserción política en distintos momentos de la historia, pero en estos tiempos, el pueblo, como dice Baudrillard, es la “opinión pública”, y la opinión, ya sabemos, siempre la han manejado los poderosos.
Entre los judíos, esa opinión refiere a saberes y creencias diferentes entre sus integrantes. Abunda la ignorancia en muchos; la indiferencia en otros; la adoración a Jehová en los religiosos; en algunos, alianzas convenientes con el gobierno de turno y en muchos, la tradición de ejercer un pensamiento crítico lúcido.
Somos una tribu, como me gusta decir, que ha vagado más de cuarenta años por el desierto con el mandato de que seremos libres en tanto cada generación pueda leer la Torá, con sus metáforas, enseñanzas y códigos para reinterpretar la realidad. Nómades y cuestionadores, la duda, el humor y la palabra como brújula, permitieron crear, rebelarse, sobrevivir. Es contradictorio, entonces, que quien se capacitó para transmitir la ética de los maestros y valores culturales inalienables que legaron entre tantos otros Spinoza, Maimónides, Buber, Benjamin, profetas y rabíes, para que cada uno se cuestione y elija su propia aventura, ignore esa herencia con discursos y actitudes funcionales a las ambiciones personales. Es importante comprometerse con nuestro país por convicción y por elección, pero desde lo individual. No es lícito que quien lo haga siga en funciones al frente de una comunidad porque sabe que confunde y aprovecha de ello ante los que no conocen que el rabino no es un “delegado” de Dios ni una autoridad verticalista, sino sólo un guía espiritual.
Sergio Bergman habilita al amigo judío que necesitan los Grondona, Biolcati, Blumberg, Macri y otros. Similar al libro de Feuchtwanger, es un ejemplo revelador respecto de esos judíos que se deslumbran con el poder, el dinero y la popularidad como ocurrió con algunos personajes comunitarios nefastos en épocas del menemismo.
Una pena que no haya continuado su excelente tarea como rabino reformista que ayudó a construir nuevas pautas que se opusieron al establishment judío. No es el único que se ha mimetizado. También militan en esa banda elástica de judíos Süs, intelectuales y periodistas que se mimetizan con los medios de comunicación que los emplean, que les pagan muy bien sus conferencias y defensas corporativas. Como me dijo uno de estos oportunistas hace tiempo: de ese lugar no se vuelve.
Me apena que la ciudadanía, en su desconocimiento de la diversidad y variedad de judíos y judaísmos que expresamos, nos identifique con quien se erige como un pastor mediático de almas cuyo abuso de aforismos y juegos de palabras es banal y lastimoso al pontificar al estilo de los evangelistas televisivos.
Parafraseando a la película homónima, de lo que se trata en definitiva es que Bergman no asume, como rabino, una premisa esencial del judaísmo: “Ser digno de ser”.
* Escritora; www.manuelafingueret.com.ar
La conducción corporativa
Página 12
4 de abril de 2011
Por Eduardo Aliverti
¿Habría ocurrido el infernal despliegue mediático que siguió al bloqueo a la distribución de Clarín si hubiera una oposición cuya jefatura no fuera Clarín?
Es una pregunta que suena distractiva respecto de lo que tanto se consideró como el centro de la cuestión: un ataque, y feroz, contra la libertad de prensa. Pero sucede que ese eje también puede pasar por otro lado. Tomada la primera versión de la historia, hay un diario que un día no salió porque sus propietarios están en guerra contra el Gobierno; y a éste se le dio por joderles la vida impidiéndoles nada menos que una circulación dominical. Abordada otra visión, es atinado preguntarse a qué oligoide gubernamental, o conjunto de ellos, se le ocurriría ordenar una medida tan grosera y opuesta a cualquier recomendación de sentido común. ¿En qué cabeza entra la existencia de alguna otra capaz de pensar como fantástico que medio mundo periodístico y político se venga encima? Una respuesta factible –y escuchada, de hecho– es que, aunque en efecto sea difícil imaginar a imbécil semejante, se han generado condiciones institucionales para que cincuenta o cien personas se animen a meter una pata autoritaria terrible. Vaya problemón, en ese caso, porque entonces querría decir que la cosa pasó por cincuenta o cien personas y no por una persecución oficial a la “prensa libre”. Apliquemos lógica, no emociones. Es también bajo el arrebato como suelen cuestionarse las manifestaciones generadoras de inconvenientes callejeros, porque más que de la bronca comprensible parten de creer que hay una suerte de acción-inacción oficial destinada a estimular el caos de tránsito. Es un argumento análogo al anterior, que también requiere de someterse a contraposición por vía del ridículo: ¿se supone que hay autoridades –las actuales o las que fueren– dichosas con incitar al mal humor popular? ¿O debe entenderse que se mantiene firme la decisión de no reprimir porque es preferible a carecer de válvulas de escape social, en un país que viene de haber estallado? Después, ¿qué se conjetura como probable si se aplicara la represión planteada por las derechas dirigenciales y las de ciudadanía frívola, que al cabo, naturalmente, son lo mismo? ¿De qué estaríamos hablando si se obrase a la bala y el palo reclamados por la demagogia y la furia? ¿De la paz convivencial en la gran urbe?
Volvamos al episodio de ese domingo. Está bien: se le hizo el juego al enemigo. O mejor hablemos del contrario porque, si bien el convencionalismo de la frase previa es más rápido y eficaz, hay formas políticamente correctas que a veces es mejor respetar. Bloquear la salida de Clarín sirvió en bandeja a todas sus firmas, y alrededores políticos, la posibilidad de contragolpe. No hay nada que festejar. La portada en blanco del lunes no fue original, pero sí una muy buena idea. Y ni qué hablar de haberla implementado el 25 de marzo de 1976. Si la derecha tuviera cuadros se habría diligenciado un término medio, entre lo negativo de que no salga un diario y el advertir que de ahí a establecer al paisaje argentino como nazi, casi, hay una diferencia de tamaño bizarro. Pero la derecha no los tiene, a los cuadros, y pasó lo que pasó: un bombardeo de victimización como si estuviéramos en, digamos, la Uganda de Idi Amin. La manera en que el Grupo Clarín ataca a este Gobierno está, apenas, un escalón por debajo de lo que se ve, oye y lee en Venezuela, donde los medios privados directamente convocan al asesinato de Chávez. Pensemos en la CNN o la Fox llamando al magnicidio, a ver qué haría el Imperio. Debe disponerse de una cara de piedra imperturbable –modestísimo adjetivo– para decir que Argentina tiene en riesgo la libertad de expresión como si los sectores alarmados por eso que inventan, o compran, no dispusieran de infinitas opciones de soporte informativo para esquivar la persecución denunciada con increíble desparpajo. Solamente por Cristina: cornuda, bipolar, montonera, depresiva de luto, más pintada que una puerta, sus carteras y sus zapatos, el cajón sin el cuerpo del marido, el velorio a cargo de Fuerza Bruta. ¿Cuántos más calificativos y figuras monosémicas, explícitos e implícitos, que no se registren todos los santos días en opiniones, y títulos noticiosos, y sugerencias, y entrevistados, y tendenciosidad sistematizada? ¿Cuántos más? ¿En peligro la libertad expresiva? Con una mano en el corazón, ¿están jodiendo, no?
El firmante es reacio a írseles tan encima a los laburantes de Clarín que bloquearon la salida de la planta. Hubo en exceso ese señalamiento. Hubo demasiado de “esta gente... hay que comprenderlos, pero cómo no se avivaron”. Cómodamente sentado frente a la compu, y al micrófono, se puede largar así como así que, en vez del abuso de animárseles a los camiones de distribución, podrían haberse encadenado al Obelisco o a la Pirámide de la Plaza. U otros modos de llamar la atención. Pero los que ya se cansaron de años y años de que El Grupo los bastardee son ellos, no uno en la placidez de su análisis. Los que se hartaron de que echen delegados, de que los fallos de la Justicia no sirvan, de que en Clarín no pueda haber comisiones gremiales, de que no pueden cubrir ni la mitad de la heladera, son ellos. Y contémplese que ni siquiera se coteja autoridad moral, porque es republicanamente cierto que la incursión en un presunto delito penal no autoriza la ejecución de otro. Es decir: no hablemos de la complexión ética de quienes claman por la libertad periodística en el mientras de Papel Prensa; de las tramoyas de grandes bufetes para que se evadan análisis de ADN, hasta el punto de ingresar al Guinness de las gambetas jurídicas; de los vericuetos que sirven, con jueces enamoradizos, para trabar una ley de medios sancionada en democracia. No. No hablemos. Concedamos el beneficio de inventario de que el asunto es la yegua presidencial cebada y desorientada; y sus sub-40; y sus chicos de La Cámpora; y que está presa de los gordos de la CGT; y que no previó ni pudo evitar que no saliera Clarín un domingo. ¿Y?
La táctica y estrategia de la oposición encabezada por El Grupo, según acaba de confirmarse con el bombardeo mediático y el documento para “cuidar la democracia”, quedaron prácticamente reducidas a la demonización de Hugo Moyano. Su carácter de pistolero pianta-clase media y extorsionador –complicado para desmentir, acéptese– es el palenque al que ir a rascarse. Bien que sin rumbo claro, es acierto comunicacional. ¿Y? ¿Se va por Macri y su terapia de grupo en un shopping de Recoleta? ¿Se va por El Padrino? ¿Por la psiquiátrica-ambulatoria, por el que usa el apellido, por el traidor? Los sibaritas de Capital y aspirantes a sinónimos, que ya votaron a Erman González, a De la Rúa, a Solanas, al hijo de Franco, a Carrió, a Zamora, en blanco, ¿no deberían, alguna vez en la vida, introspeccionarse acerca de a dónde quieren ir, y con quién? ¿Van a votar, por puro resentimiento de clase, a un tipo que dice querer ser presidente cuando no puede arreglar un conflicto en el Colón, para que les cante Plácido Domingo?
Tal vez el maridaje comparativo suene agarrado de los pelos. No menos que hablar de una situación digna del liderazgo de Goebbels, porque un día no salió Clarín. Es una de las circunstancias que pueden acontecer, cuando la conducción política opositora la ejerce una corporación empresaria.
4 de abril de 2011
Por Eduardo Aliverti
¿Habría ocurrido el infernal despliegue mediático que siguió al bloqueo a la distribución de Clarín si hubiera una oposición cuya jefatura no fuera Clarín?
Es una pregunta que suena distractiva respecto de lo que tanto se consideró como el centro de la cuestión: un ataque, y feroz, contra la libertad de prensa. Pero sucede que ese eje también puede pasar por otro lado. Tomada la primera versión de la historia, hay un diario que un día no salió porque sus propietarios están en guerra contra el Gobierno; y a éste se le dio por joderles la vida impidiéndoles nada menos que una circulación dominical. Abordada otra visión, es atinado preguntarse a qué oligoide gubernamental, o conjunto de ellos, se le ocurriría ordenar una medida tan grosera y opuesta a cualquier recomendación de sentido común. ¿En qué cabeza entra la existencia de alguna otra capaz de pensar como fantástico que medio mundo periodístico y político se venga encima? Una respuesta factible –y escuchada, de hecho– es que, aunque en efecto sea difícil imaginar a imbécil semejante, se han generado condiciones institucionales para que cincuenta o cien personas se animen a meter una pata autoritaria terrible. Vaya problemón, en ese caso, porque entonces querría decir que la cosa pasó por cincuenta o cien personas y no por una persecución oficial a la “prensa libre”. Apliquemos lógica, no emociones. Es también bajo el arrebato como suelen cuestionarse las manifestaciones generadoras de inconvenientes callejeros, porque más que de la bronca comprensible parten de creer que hay una suerte de acción-inacción oficial destinada a estimular el caos de tránsito. Es un argumento análogo al anterior, que también requiere de someterse a contraposición por vía del ridículo: ¿se supone que hay autoridades –las actuales o las que fueren– dichosas con incitar al mal humor popular? ¿O debe entenderse que se mantiene firme la decisión de no reprimir porque es preferible a carecer de válvulas de escape social, en un país que viene de haber estallado? Después, ¿qué se conjetura como probable si se aplicara la represión planteada por las derechas dirigenciales y las de ciudadanía frívola, que al cabo, naturalmente, son lo mismo? ¿De qué estaríamos hablando si se obrase a la bala y el palo reclamados por la demagogia y la furia? ¿De la paz convivencial en la gran urbe?
Volvamos al episodio de ese domingo. Está bien: se le hizo el juego al enemigo. O mejor hablemos del contrario porque, si bien el convencionalismo de la frase previa es más rápido y eficaz, hay formas políticamente correctas que a veces es mejor respetar. Bloquear la salida de Clarín sirvió en bandeja a todas sus firmas, y alrededores políticos, la posibilidad de contragolpe. No hay nada que festejar. La portada en blanco del lunes no fue original, pero sí una muy buena idea. Y ni qué hablar de haberla implementado el 25 de marzo de 1976. Si la derecha tuviera cuadros se habría diligenciado un término medio, entre lo negativo de que no salga un diario y el advertir que de ahí a establecer al paisaje argentino como nazi, casi, hay una diferencia de tamaño bizarro. Pero la derecha no los tiene, a los cuadros, y pasó lo que pasó: un bombardeo de victimización como si estuviéramos en, digamos, la Uganda de Idi Amin. La manera en que el Grupo Clarín ataca a este Gobierno está, apenas, un escalón por debajo de lo que se ve, oye y lee en Venezuela, donde los medios privados directamente convocan al asesinato de Chávez. Pensemos en la CNN o la Fox llamando al magnicidio, a ver qué haría el Imperio. Debe disponerse de una cara de piedra imperturbable –modestísimo adjetivo– para decir que Argentina tiene en riesgo la libertad de expresión como si los sectores alarmados por eso que inventan, o compran, no dispusieran de infinitas opciones de soporte informativo para esquivar la persecución denunciada con increíble desparpajo. Solamente por Cristina: cornuda, bipolar, montonera, depresiva de luto, más pintada que una puerta, sus carteras y sus zapatos, el cajón sin el cuerpo del marido, el velorio a cargo de Fuerza Bruta. ¿Cuántos más calificativos y figuras monosémicas, explícitos e implícitos, que no se registren todos los santos días en opiniones, y títulos noticiosos, y sugerencias, y entrevistados, y tendenciosidad sistematizada? ¿Cuántos más? ¿En peligro la libertad expresiva? Con una mano en el corazón, ¿están jodiendo, no?
El firmante es reacio a írseles tan encima a los laburantes de Clarín que bloquearon la salida de la planta. Hubo en exceso ese señalamiento. Hubo demasiado de “esta gente... hay que comprenderlos, pero cómo no se avivaron”. Cómodamente sentado frente a la compu, y al micrófono, se puede largar así como así que, en vez del abuso de animárseles a los camiones de distribución, podrían haberse encadenado al Obelisco o a la Pirámide de la Plaza. U otros modos de llamar la atención. Pero los que ya se cansaron de años y años de que El Grupo los bastardee son ellos, no uno en la placidez de su análisis. Los que se hartaron de que echen delegados, de que los fallos de la Justicia no sirvan, de que en Clarín no pueda haber comisiones gremiales, de que no pueden cubrir ni la mitad de la heladera, son ellos. Y contémplese que ni siquiera se coteja autoridad moral, porque es republicanamente cierto que la incursión en un presunto delito penal no autoriza la ejecución de otro. Es decir: no hablemos de la complexión ética de quienes claman por la libertad periodística en el mientras de Papel Prensa; de las tramoyas de grandes bufetes para que se evadan análisis de ADN, hasta el punto de ingresar al Guinness de las gambetas jurídicas; de los vericuetos que sirven, con jueces enamoradizos, para trabar una ley de medios sancionada en democracia. No. No hablemos. Concedamos el beneficio de inventario de que el asunto es la yegua presidencial cebada y desorientada; y sus sub-40; y sus chicos de La Cámpora; y que está presa de los gordos de la CGT; y que no previó ni pudo evitar que no saliera Clarín un domingo. ¿Y?
La táctica y estrategia de la oposición encabezada por El Grupo, según acaba de confirmarse con el bombardeo mediático y el documento para “cuidar la democracia”, quedaron prácticamente reducidas a la demonización de Hugo Moyano. Su carácter de pistolero pianta-clase media y extorsionador –complicado para desmentir, acéptese– es el palenque al que ir a rascarse. Bien que sin rumbo claro, es acierto comunicacional. ¿Y? ¿Se va por Macri y su terapia de grupo en un shopping de Recoleta? ¿Se va por El Padrino? ¿Por la psiquiátrica-ambulatoria, por el que usa el apellido, por el traidor? Los sibaritas de Capital y aspirantes a sinónimos, que ya votaron a Erman González, a De la Rúa, a Solanas, al hijo de Franco, a Carrió, a Zamora, en blanco, ¿no deberían, alguna vez en la vida, introspeccionarse acerca de a dónde quieren ir, y con quién? ¿Van a votar, por puro resentimiento de clase, a un tipo que dice querer ser presidente cuando no puede arreglar un conflicto en el Colón, para que les cante Plácido Domingo?
Tal vez el maridaje comparativo suene agarrado de los pelos. No menos que hablar de una situación digna del liderazgo de Goebbels, porque un día no salió Clarín. Es una de las circunstancias que pueden acontecer, cuando la conducción política opositora la ejerce una corporación empresaria.
domingo, 3 de abril de 2011
“Gran Bretaña debe cumplir la orden de la ONU y sentarse a negociar”
Tiempo Argentino
3 de abril de 2011
Por Franco Mizrahi
Cristina pidió que de ahora en adelante los “veteranos” sean llamados “héroes” y que las escuelas tengan un aula con el nombre de alguno de los caídos en combate. Denunció el avance militarista británico y se manifestó a favor de la paz.
A 29 años del comienzo de la Guerra de Malvinas, la presidenta Cristina Fernández encabezó ayer el acto central por el “Día del Veterano de guerra y los Caídos” en Río Gallegos, Santa Cruz, donde volvió a pedir por la soberanía de las islas, denunció el avance militarista de los británicos a nivel global, y anunció una serie de medidas para reivindicar a los ex combatientes de aquel conflicto bélico que sacudió a la sociedad argentina entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. “Siempre, las Malvinas son argentinas”, destacó la mandataria durante el homenaje.
Frente al Monumento a los Caídos, ubicado en la Avenida San Martín y la Ruta Nacional 3, la presidenta aseguró que seguirá “batallando incansablemente por lograr el reconocimiento de lo que ya es nuestra soberanía sobre esas islas”, a la vez que reiteró la “vigencia del mandato de Naciones Unidas para que Gran Bretaña cumpla lo que se le ha ordenado en votación y se siente a negociar con la República Argentina en los términos establecidos.”
En el discurso que se transmitió por cadena nacional, Cristina Fernández cuestionó las “manifestaciones de autoridades del Reino Unido” que dejaron trascender la idea de un posible ataque argentino a las islas: algo que “parece una broma –dijo la jefa de Estado- cuando uno los ve ante cada conflicto emprenderla a bombazos. Nosotros participamos de misiones de paz y somos abanderados y ejemplo del mundo en materia de no proliferación nuclear”, sostuvo.
Además de los posicionamientos políticos sobre la soberanía de las islas, la presidenta anunció una serie de medidas de gran trascendencia simbólica para los ex combatientes. El primer momento emotivo de la tarde se vivió cuando se leyó la carta que un docente les escribió a sus alumnos desde el frente de batalla, adonde fue como soldado voluntario (ver aparte). Esta misiva llegó a manos de Cristina el viernes pasado, cuando el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, se la acercó con la idea de que leyera algún párrafo durante el acto. Movilizada por las palabras del maestro, la jefa de Estado no sólo leyó la carta completa sino que pidió que se difunda cada 2 de abril en todas las escuelas del país porque, “los ejemplos enseñan más que mil discursos o mil historias”.
En segundo lugar, pidió que los colegios de todas las provincias lleven un aula con el nombre de alguno de los caídos en Malvinas, acompañada por una biografía del combatiente.
En el área diplomática también hubo anuncios reivindicativos: de ahora en más cada vez que los jefes de Estado extranjeros y sus comitivas arriben al país, además de homenajear al libertador José de San Martín deberán depositar flores y rendir tributo en el cenotafio de honor a los caídos. Una forma de recordarles a los visitantes que aun en el siglo XXI, el colonialismo sigue vigente.
Acompañada por gran parte del Gabinete nacional, gobernadores, ex combatientes y sus familiares, la primera mandataria dijo: “Esto no nos convierte en una Nación beligerante ni guerrera, al contrario, nos convierte en una Nación con memoria y con honor.” Y opinó que “el siglo XXI no va a ser el siglo de los que tengan las armas más poderosas”, sino que será el “de los países que logren mantenerse unidos y desarrollar ciencia e inteligencia”.
En sintonía con los reconocimientos, la primera mandataria pidió la modificación del término “veterano” por el de “héroe” de Malvinas para referirse a los 649 compatriotas muertos que dejó esta guerra.
Una vez concluido el acto, envueltos en el clima emotivo que se vivió durante la jornada, el Gabinete y los invitados especiales concurrieron al cementerio donde descansan los restos del ex presidente Kirchner, ubicado a escasas cuadras del sitio donde se realizó la ceremonia.
Justamente, entre las apelaciones al pasado que había realizado Cristina durante su oratoria, recordó que Kirchner en 1991, entonces intendente de Río Gallegos, inauguró el monumento a los caídos de esa capital santacruceña. “Creo que fue el tercer monumento en todo el país, porque eran tiempos en los que se quería ocultar y olvidar, un proceso de desmalvinización que comenzó el mismo día que trajeron prácticamente escondidos a los combatientes”, mencionó para luego rememorar los apagones nocturnos que Río Gallegos sufría durante la guerra, en medio de la dictadura.
En referencia al momento histórico en que se dio la guerra, Cristina llamó a “diferenciar las cosas que ocurrieron y separar quiénes gobernaban bajo formas no democráticas del hecho en sí, que fue el ejercicio de la soberanía nacional y el rechazo al colonialismo que aún avergüenza a la humanidad. Es imprescindible que todos los argentinos hagamos el duro aprendizaje de poder diferenciar las cosas y saber comprender que la patria y sus derechos están por sobre otra cualquier circunstancia”, enfatizó.
A casi tres décadas de esa guerra infame, y en sintonía con el proceso que se viene desarrollando desde 2003, la soberanía de Malvinas ya es una política de Estado.
3 de abril de 2011
Por Franco Mizrahi
Cristina pidió que de ahora en adelante los “veteranos” sean llamados “héroes” y que las escuelas tengan un aula con el nombre de alguno de los caídos en combate. Denunció el avance militarista británico y se manifestó a favor de la paz.
A 29 años del comienzo de la Guerra de Malvinas, la presidenta Cristina Fernández encabezó ayer el acto central por el “Día del Veterano de guerra y los Caídos” en Río Gallegos, Santa Cruz, donde volvió a pedir por la soberanía de las islas, denunció el avance militarista de los británicos a nivel global, y anunció una serie de medidas para reivindicar a los ex combatientes de aquel conflicto bélico que sacudió a la sociedad argentina entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. “Siempre, las Malvinas son argentinas”, destacó la mandataria durante el homenaje.
Frente al Monumento a los Caídos, ubicado en la Avenida San Martín y la Ruta Nacional 3, la presidenta aseguró que seguirá “batallando incansablemente por lograr el reconocimiento de lo que ya es nuestra soberanía sobre esas islas”, a la vez que reiteró la “vigencia del mandato de Naciones Unidas para que Gran Bretaña cumpla lo que se le ha ordenado en votación y se siente a negociar con la República Argentina en los términos establecidos.”
En el discurso que se transmitió por cadena nacional, Cristina Fernández cuestionó las “manifestaciones de autoridades del Reino Unido” que dejaron trascender la idea de un posible ataque argentino a las islas: algo que “parece una broma –dijo la jefa de Estado- cuando uno los ve ante cada conflicto emprenderla a bombazos. Nosotros participamos de misiones de paz y somos abanderados y ejemplo del mundo en materia de no proliferación nuclear”, sostuvo.
Además de los posicionamientos políticos sobre la soberanía de las islas, la presidenta anunció una serie de medidas de gran trascendencia simbólica para los ex combatientes. El primer momento emotivo de la tarde se vivió cuando se leyó la carta que un docente les escribió a sus alumnos desde el frente de batalla, adonde fue como soldado voluntario (ver aparte). Esta misiva llegó a manos de Cristina el viernes pasado, cuando el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, se la acercó con la idea de que leyera algún párrafo durante el acto. Movilizada por las palabras del maestro, la jefa de Estado no sólo leyó la carta completa sino que pidió que se difunda cada 2 de abril en todas las escuelas del país porque, “los ejemplos enseñan más que mil discursos o mil historias”.
En segundo lugar, pidió que los colegios de todas las provincias lleven un aula con el nombre de alguno de los caídos en Malvinas, acompañada por una biografía del combatiente.
En el área diplomática también hubo anuncios reivindicativos: de ahora en más cada vez que los jefes de Estado extranjeros y sus comitivas arriben al país, además de homenajear al libertador José de San Martín deberán depositar flores y rendir tributo en el cenotafio de honor a los caídos. Una forma de recordarles a los visitantes que aun en el siglo XXI, el colonialismo sigue vigente.
Acompañada por gran parte del Gabinete nacional, gobernadores, ex combatientes y sus familiares, la primera mandataria dijo: “Esto no nos convierte en una Nación beligerante ni guerrera, al contrario, nos convierte en una Nación con memoria y con honor.” Y opinó que “el siglo XXI no va a ser el siglo de los que tengan las armas más poderosas”, sino que será el “de los países que logren mantenerse unidos y desarrollar ciencia e inteligencia”.
En sintonía con los reconocimientos, la primera mandataria pidió la modificación del término “veterano” por el de “héroe” de Malvinas para referirse a los 649 compatriotas muertos que dejó esta guerra.
Una vez concluido el acto, envueltos en el clima emotivo que se vivió durante la jornada, el Gabinete y los invitados especiales concurrieron al cementerio donde descansan los restos del ex presidente Kirchner, ubicado a escasas cuadras del sitio donde se realizó la ceremonia.
Justamente, entre las apelaciones al pasado que había realizado Cristina durante su oratoria, recordó que Kirchner en 1991, entonces intendente de Río Gallegos, inauguró el monumento a los caídos de esa capital santacruceña. “Creo que fue el tercer monumento en todo el país, porque eran tiempos en los que se quería ocultar y olvidar, un proceso de desmalvinización que comenzó el mismo día que trajeron prácticamente escondidos a los combatientes”, mencionó para luego rememorar los apagones nocturnos que Río Gallegos sufría durante la guerra, en medio de la dictadura.
En referencia al momento histórico en que se dio la guerra, Cristina llamó a “diferenciar las cosas que ocurrieron y separar quiénes gobernaban bajo formas no democráticas del hecho en sí, que fue el ejercicio de la soberanía nacional y el rechazo al colonialismo que aún avergüenza a la humanidad. Es imprescindible que todos los argentinos hagamos el duro aprendizaje de poder diferenciar las cosas y saber comprender que la patria y sus derechos están por sobre otra cualquier circunstancia”, enfatizó.
A casi tres décadas de esa guerra infame, y en sintonía con el proceso que se viene desarrollando desde 2003, la soberanía de Malvinas ya es una política de Estado.
Una carta conmovedora
Tiempo Argentino
3 de abril de 2011
Durante su discurso, la presidenta pidió que desde el año que viene, cada 2 de abril se lea la carta que el maestro de escuela Julio Cao escribió a sus alumnos desde las Islas Malvinas, en pleno conflicto bélico, adonde viajó como soldado voluntario. A continuación se reproduce la misiva que emocionó a Cristina Fernandez:
“A mis queridos amigos, queridos alumnos de 3° D: No hemos tenido tiempo para despedirnos y esto me tuvo preocupado muchas noches aquí en las Malvinas, donde me encuentro cumpliendo mi deber de soldado: defender nuestra bandera.
Espero que ustedes no se preocupen mucho por mí, porque muy pronto vamos a estar juntos nuevamente y vamos a cerrar los ojos y nos vamos a subir a nuestro inmenso cóndor, y le vamos a decir que nos lleve a todos al ‘país de los cuentos’, que como ustedes. saben queda muy cerca de las Malvinas. Y ahora como el maestro conoce muy bien Las Islas Malvinas no nos vamos a perder.
Chicos, quiero que sepan que a la noche, cuando me acuesto, cierro los ojos y veo cada una de sus caritas pequeñas riéndose y jugando; cuando me duermo sueño que estoy con ustedes. Quiero que se pongan muy contentos y que estudien mucho porque su maestro es un soldado que los quiere y los extraña.
Ahora sólo le pido a Dios volver pronto con ustedes. Muchos cariños de su maestro que nunca se olvida de ustedes.
Señora, además desearía hacer llegar mi recuerdo y saludos a todo el personal: a la Sra. Silvana, al Sr. Galo, Cristina, Nora Mercedes, Bárbara, Isabel y a todos los docentes de mi turno y de la escuela. A la Sra. Alicia quisiera que sepa que extraño mucho su mate de las 13 hs, y espero pronto volverlo a saborear ya que aquí el desayuno es una especie de mate cocido mezclado con cal de albañil y hasta un poco de cemento, nada de azúcar.
Habiéndole distraído demasiado su atención pero sintiéndonos por un instante con ustedes, me decido a concluir estas líneas con la esperanza de encontrarme a la brevedad con ustedes. Afectuosamente. Julio”, concluye la misiva.
3 de abril de 2011
Durante su discurso, la presidenta pidió que desde el año que viene, cada 2 de abril se lea la carta que el maestro de escuela Julio Cao escribió a sus alumnos desde las Islas Malvinas, en pleno conflicto bélico, adonde viajó como soldado voluntario. A continuación se reproduce la misiva que emocionó a Cristina Fernandez:
“A mis queridos amigos, queridos alumnos de 3° D: No hemos tenido tiempo para despedirnos y esto me tuvo preocupado muchas noches aquí en las Malvinas, donde me encuentro cumpliendo mi deber de soldado: defender nuestra bandera.
Espero que ustedes no se preocupen mucho por mí, porque muy pronto vamos a estar juntos nuevamente y vamos a cerrar los ojos y nos vamos a subir a nuestro inmenso cóndor, y le vamos a decir que nos lleve a todos al ‘país de los cuentos’, que como ustedes. saben queda muy cerca de las Malvinas. Y ahora como el maestro conoce muy bien Las Islas Malvinas no nos vamos a perder.
Chicos, quiero que sepan que a la noche, cuando me acuesto, cierro los ojos y veo cada una de sus caritas pequeñas riéndose y jugando; cuando me duermo sueño que estoy con ustedes. Quiero que se pongan muy contentos y que estudien mucho porque su maestro es un soldado que los quiere y los extraña.
Ahora sólo le pido a Dios volver pronto con ustedes. Muchos cariños de su maestro que nunca se olvida de ustedes.
Señora, además desearía hacer llegar mi recuerdo y saludos a todo el personal: a la Sra. Silvana, al Sr. Galo, Cristina, Nora Mercedes, Bárbara, Isabel y a todos los docentes de mi turno y de la escuela. A la Sra. Alicia quisiera que sepa que extraño mucho su mate de las 13 hs, y espero pronto volverlo a saborear ya que aquí el desayuno es una especie de mate cocido mezclado con cal de albañil y hasta un poco de cemento, nada de azúcar.
Habiéndole distraído demasiado su atención pero sintiéndonos por un instante con ustedes, me decido a concluir estas líneas con la esperanza de encontrarme a la brevedad con ustedes. Afectuosamente. Julio”, concluye la misiva.
“A los Cascos Blancos argentinos tenemos que decirle mil gracias”
Tiempo Argentino
3 de abril de 2011
Por Martín Piqué
Los especialistas nacionales reciben cada día miles de refugiados. Se quedarán en el terreno por lo menos dos semanas más.
Los Cascos Blancos de la Cancillería se quedarán por lo menos 15 días más en esta ciudad fronteriza con Libia por pedido expreso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El equipo de cinco especialistas que forman la delegación argentina –especializados en emergencia humanitaria y rescate en catástrofes– continuarán con su misión en los campamentos de refugiados de Choucha y Taawon, emplazados a menos de diez kilómetros del límite con Libia.
“A los Cascos Blancos argentinos tenemos que decirles mil gracias. Llegaron en el momento crítico y comenzaron a reestructurar el campamento (de Choucha), que estaba en un gran desorden. Eso fue crucial. Sin ellos no podríamos haber logrado organizar un campamento más grande y con más carpas. Los Cascos Blancos llegaron para hacer la reestructuración pero terminaron siendo mucho más que eso”, dijo ayer a Tiempo Argentino Hovig Etyemezian, oficial libanés de ACNUR y jefe del campamento de Choucha.
El pedido formal para que los argentinos permanezcan en la zona se concretará hoy a las 9 de Túnez (5 de la mañana de la Argentina), cuando el responsable máximo de la misión de ACNUR, el sirio Ayman Gharaibeh, brinde una conferencia de prensa conjunta con el titular de Cascos Blancos, Gabriel Fuks, quien ayer recorrió los campos de refugiados para supervisar la tarea realizada. Aparte de la reorganización general del campo de Choucha, de 22 hectáreas de extensión, los argentinos levantaron de cero el campamento de Taawon.
Ubicado a 100 metros del límite con Libia, Taawon es hoy el primer destino para los desplazados que traspasan la frontera: familias con hijos asustados y trabajadores que cruzan en grupos llegan todos los días hasta el campo construido por los Cascos Blancos. Allí pasan la noche, son registrados, se les provee de comida. Luego se les asigna un lugar en el campo que será su residencia transitoria hasta que la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) les consiga un pasaje de avión a su país de origen o se les asigne el estatus de refugiado político. La mayoría proviene del África sub-sahariana y de algunos países asiáticos, como Bangladesh y Pakistán. Son operarios de la industria petrolera o peones rurales que trabajan por temporadas.
La llegada de refugiados desde Libia al puesto fronterizo de Ras Al Ajdir no se detiene con el paso de los días. En ACNUR están alertas porque mientras se siguen sumando familias con niños –lo que obliga a extender el campo con cientos de nuevas carpas—, la provisión de servicios básicos, como agua potable y baños químicos, puede resultar insuficiente. El crecimiento del campo también provoca peleas entre los grupos de distintas nacionalidades. Para tratar de reducir los choques que llegan a ser muy violentos, el personal humanitario –entre ellos los argentinos– asigna a cada colectividad un lugar en el campamento. Pero la ubicación suele generar conflictos.
En ACNUR aseguran que las peleas dentro del campo no responden a cuestiones políticas. Dicen que los distintos posicionamientos respecto a Muammar Khadafi no tienen nada que ver con los roces por el espacio, por la mayor cercanía a la comida y el agua potable.
Los Cascos Blancos tienen una ventaja para sobrellevar esas tensiones lógicas en una zona de guerra. Por ser argentinos, nadie los identifica con la coalición franco-estadounidense que se formó para llevar adelante el bombardeo aéreo sobre Trípoli. “Nuestra inserción en la temática humanitaria es independiente de las resoluciones que tome el Consejo de Seguridad (de la ONU)”, aseguró Fuks a este diario.
3 de abril de 2011
Por Martín Piqué
Los especialistas nacionales reciben cada día miles de refugiados. Se quedarán en el terreno por lo menos dos semanas más.
Los Cascos Blancos de la Cancillería se quedarán por lo menos 15 días más en esta ciudad fronteriza con Libia por pedido expreso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El equipo de cinco especialistas que forman la delegación argentina –especializados en emergencia humanitaria y rescate en catástrofes– continuarán con su misión en los campamentos de refugiados de Choucha y Taawon, emplazados a menos de diez kilómetros del límite con Libia.
“A los Cascos Blancos argentinos tenemos que decirles mil gracias. Llegaron en el momento crítico y comenzaron a reestructurar el campamento (de Choucha), que estaba en un gran desorden. Eso fue crucial. Sin ellos no podríamos haber logrado organizar un campamento más grande y con más carpas. Los Cascos Blancos llegaron para hacer la reestructuración pero terminaron siendo mucho más que eso”, dijo ayer a Tiempo Argentino Hovig Etyemezian, oficial libanés de ACNUR y jefe del campamento de Choucha.
El pedido formal para que los argentinos permanezcan en la zona se concretará hoy a las 9 de Túnez (5 de la mañana de la Argentina), cuando el responsable máximo de la misión de ACNUR, el sirio Ayman Gharaibeh, brinde una conferencia de prensa conjunta con el titular de Cascos Blancos, Gabriel Fuks, quien ayer recorrió los campos de refugiados para supervisar la tarea realizada. Aparte de la reorganización general del campo de Choucha, de 22 hectáreas de extensión, los argentinos levantaron de cero el campamento de Taawon.
Ubicado a 100 metros del límite con Libia, Taawon es hoy el primer destino para los desplazados que traspasan la frontera: familias con hijos asustados y trabajadores que cruzan en grupos llegan todos los días hasta el campo construido por los Cascos Blancos. Allí pasan la noche, son registrados, se les provee de comida. Luego se les asigna un lugar en el campo que será su residencia transitoria hasta que la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) les consiga un pasaje de avión a su país de origen o se les asigne el estatus de refugiado político. La mayoría proviene del África sub-sahariana y de algunos países asiáticos, como Bangladesh y Pakistán. Son operarios de la industria petrolera o peones rurales que trabajan por temporadas.
La llegada de refugiados desde Libia al puesto fronterizo de Ras Al Ajdir no se detiene con el paso de los días. En ACNUR están alertas porque mientras se siguen sumando familias con niños –lo que obliga a extender el campo con cientos de nuevas carpas—, la provisión de servicios básicos, como agua potable y baños químicos, puede resultar insuficiente. El crecimiento del campo también provoca peleas entre los grupos de distintas nacionalidades. Para tratar de reducir los choques que llegan a ser muy violentos, el personal humanitario –entre ellos los argentinos– asigna a cada colectividad un lugar en el campamento. Pero la ubicación suele generar conflictos.
En ACNUR aseguran que las peleas dentro del campo no responden a cuestiones políticas. Dicen que los distintos posicionamientos respecto a Muammar Khadafi no tienen nada que ver con los roces por el espacio, por la mayor cercanía a la comida y el agua potable.
Los Cascos Blancos tienen una ventaja para sobrellevar esas tensiones lógicas en una zona de guerra. Por ser argentinos, nadie los identifica con la coalición franco-estadounidense que se formó para llevar adelante el bombardeo aéreo sobre Trípoli. “Nuestra inserción en la temática humanitaria es independiente de las resoluciones que tome el Consejo de Seguridad (de la ONU)”, aseguró Fuks a este diario.
El fiscal cuestionado por el caso Noble evitó fotografiar al “contratista” de la embajada
Tiempo Argentino
3 de abril de 2011
Por Hernán Cocchi
Goldaracena es el funcionario judicial que informó a la jueza Arroyo Salgado que la caja fuerte con las muestras de ADN había sido violada. Es también quien dio la orden de que no se tomaran imágenes del Matthew Steven Hankins.
Un viejo Premio Nobel de Literatura afirmó hace muchos años que “la casualidad es un desenlace, pero no una explicación”. La frase bien podría resumir una serie de eventos presuntamente azarosos que transcurrieron el 23 de marzo pasado en la entrada al Aeropuerto Internacional de San Fernando cuando dos agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) secuestraron dos fusiles flojitos de papeles de un BMW con patente diplomática.
Esta vez, la “casualidad” llevó a Fernando Goldaracena al Aeropuerto Internacional de San Fernando luego de que dos agentes de la PSA hallaran las armas en el asiento trasero del lujoso auto.
Tal como anticipó Tiempo Argentino el jueves pasado, el secretario del juez Conrado Bergesio ordenó tomar fotografías del vehículo, de la carabina Browning calibre 325 y del fusil Tikka T3. Pero indicó que no se registren imágenes de Matthew Steven Hankins.
Sin embargo, la “desprolijidad” se transformó en suspicacia: Goldaracena es el funcionario judicial que se presentó ante la jueza Sandra Arroyo Salgado para informarle que se “había roto” una manija de la caja fuerte que guardaba celosamente una de las tres muestras de saliva y sangre tomadas a Marcela y Felipe Noble Herrera, los herederos de la dueña de Clarín.
La historia comenzó el 29 de diciembre de 2009. Los jóvenes debieron someterse a extracciones de sangre e hisopados de saliva que debían utilizarse en los análisis de ADN ordenados por la justicia para determinar si son hijos de desaparecidos. Esas muestras se dividieron en tres partes iguales: dos quedaron en poder del Cuerpo Médico Forense y la otra fue entregada al juzgado de Conrado Bergesio. Sin embargo, esta última nunca fue entregada a la remplazante del magistrado, Sandra Arroyo Salgado.
El 11 de mayo del año pasado, la jueza descubrió que el sobre estaba dentro de una caja fuerte y determinó que las llaves debían quedar a cargo de Goldaracena, quien es titular de la Secretaría Nº 6.
Ella era la única persona que podía autorizar la apertura. Tres días después, la manija de la caja fuerte apareció rota, aunque no había sido abierta. Para qué y por qué intentaron forzar la puerta blindada todavía es una incógnita.
La otra pregunta por responder es quién intentó acceder a las muestras sin la autorización de la jueza. Hablando de “casualidades”, Goldaracena fue el encargado de informarle a Arroyo Salgado sobre el misterioso hecho.
La casualidad no es una explicación. El mismo Goldaracena fue el enviado por Bergesio para iniciar la causa por tenencia y portación ilegal de armas contra el mecánico de aviones de la Embajada de los Estados Unidos.
El mismo Goldaracena quien ordenó no tomarle fotografías a Hankins en San Fernando. El mismo Goldaracena quien caminó por los tribunales de San Isidro con la manija de la caja fuerte violada donde se custodiaban las muestras de los herederos de Ernestina Herrera de Noble.
Cabe recordar que en abril del año pasado, la Cámara Federal de San Martín aceptó un pedido de recusación de Bergesio presentado por los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo. El tribunal de alzada separó al juez de la causa por una serie de irregularidades en la investigación.
Más “casualidades”: Fernando Goldaracena comparte nombre y apellido con su padre, un conocido abogado penalista especialista en defender represores en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
Algunos de los clientes más famosos del letrado fueron el almirante Armando Lambruschini en el juicio a las Juntas Militares realizado en 1985. Además, representó al marino Alfredo Astiz, al vicealmirante Antonio Vañek y al médico castrense Jorge Magnacco, acusado de apropiarse del nieto de la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit.
Si bien la ciencia no acepta que se pueda heredar ideología a través del ADN, los dos Fernando Goldaracena comparten un patrón político y genético.
Por orden de Goldaracena, la justicia no cuenta con una foto de Hankins, quien aún no está imputado en la causa por las armas secuestradas en San Fernando. El “contratista” puede circular libremente por la Argentina y salir del país sin inconvenientes hasta tanto se resuelva su situación procesal. “Casualidades”.
3 de abril de 2011
Por Hernán Cocchi
Goldaracena es el funcionario judicial que informó a la jueza Arroyo Salgado que la caja fuerte con las muestras de ADN había sido violada. Es también quien dio la orden de que no se tomaran imágenes del Matthew Steven Hankins.
Un viejo Premio Nobel de Literatura afirmó hace muchos años que “la casualidad es un desenlace, pero no una explicación”. La frase bien podría resumir una serie de eventos presuntamente azarosos que transcurrieron el 23 de marzo pasado en la entrada al Aeropuerto Internacional de San Fernando cuando dos agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) secuestraron dos fusiles flojitos de papeles de un BMW con patente diplomática.
Esta vez, la “casualidad” llevó a Fernando Goldaracena al Aeropuerto Internacional de San Fernando luego de que dos agentes de la PSA hallaran las armas en el asiento trasero del lujoso auto.
Tal como anticipó Tiempo Argentino el jueves pasado, el secretario del juez Conrado Bergesio ordenó tomar fotografías del vehículo, de la carabina Browning calibre 325 y del fusil Tikka T3. Pero indicó que no se registren imágenes de Matthew Steven Hankins.
Sin embargo, la “desprolijidad” se transformó en suspicacia: Goldaracena es el funcionario judicial que se presentó ante la jueza Sandra Arroyo Salgado para informarle que se “había roto” una manija de la caja fuerte que guardaba celosamente una de las tres muestras de saliva y sangre tomadas a Marcela y Felipe Noble Herrera, los herederos de la dueña de Clarín.
La historia comenzó el 29 de diciembre de 2009. Los jóvenes debieron someterse a extracciones de sangre e hisopados de saliva que debían utilizarse en los análisis de ADN ordenados por la justicia para determinar si son hijos de desaparecidos. Esas muestras se dividieron en tres partes iguales: dos quedaron en poder del Cuerpo Médico Forense y la otra fue entregada al juzgado de Conrado Bergesio. Sin embargo, esta última nunca fue entregada a la remplazante del magistrado, Sandra Arroyo Salgado.
El 11 de mayo del año pasado, la jueza descubrió que el sobre estaba dentro de una caja fuerte y determinó que las llaves debían quedar a cargo de Goldaracena, quien es titular de la Secretaría Nº 6.
Ella era la única persona que podía autorizar la apertura. Tres días después, la manija de la caja fuerte apareció rota, aunque no había sido abierta. Para qué y por qué intentaron forzar la puerta blindada todavía es una incógnita.
La otra pregunta por responder es quién intentó acceder a las muestras sin la autorización de la jueza. Hablando de “casualidades”, Goldaracena fue el encargado de informarle a Arroyo Salgado sobre el misterioso hecho.
La casualidad no es una explicación. El mismo Goldaracena fue el enviado por Bergesio para iniciar la causa por tenencia y portación ilegal de armas contra el mecánico de aviones de la Embajada de los Estados Unidos.
El mismo Goldaracena quien ordenó no tomarle fotografías a Hankins en San Fernando. El mismo Goldaracena quien caminó por los tribunales de San Isidro con la manija de la caja fuerte violada donde se custodiaban las muestras de los herederos de Ernestina Herrera de Noble.
Cabe recordar que en abril del año pasado, la Cámara Federal de San Martín aceptó un pedido de recusación de Bergesio presentado por los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo. El tribunal de alzada separó al juez de la causa por una serie de irregularidades en la investigación.
Más “casualidades”: Fernando Goldaracena comparte nombre y apellido con su padre, un conocido abogado penalista especialista en defender represores en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
Algunos de los clientes más famosos del letrado fueron el almirante Armando Lambruschini en el juicio a las Juntas Militares realizado en 1985. Además, representó al marino Alfredo Astiz, al vicealmirante Antonio Vañek y al médico castrense Jorge Magnacco, acusado de apropiarse del nieto de la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit.
Si bien la ciencia no acepta que se pueda heredar ideología a través del ADN, los dos Fernando Goldaracena comparten un patrón político y genético.
Por orden de Goldaracena, la justicia no cuenta con una foto de Hankins, quien aún no está imputado en la causa por las armas secuestradas en San Fernando. El “contratista” puede circular libremente por la Argentina y salir del país sin inconvenientes hasta tanto se resuelva su situación procesal. “Casualidades”.
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