Tiempo Argentino
4 de abril de 2011
Por Hernán Cocchi
El organismo que llegará el 4 de mayo a custodiar la libertad de expresión en la Argentina tiene un pasado ligado a los golpes de Estado latinoamericanos y un presente polémico. También es defensor a ultranza de la libre empresa.
Son unos infotraficantes.” La definición del periodista canadiense residente en Cuba Jean Guy-Allard parecería resumir el rol autoadjudicado (junto a la inigualable colaboración de la CIA estadounidense) por los dueños de los medios de comunicación de todo el continente agrupados en la cámara empresaria Sociedad Interamericana de Prensa.
La historia de la SIP en América Latina es la historia del intervencionismo de los Estados Unidos en su “patio trasero”. La entidad nació en La Habana en 1943. Por aquellos años (y continuó así hasta 1950), las reuniones eran auspiciadas y financiadas por los gobiernos anfitriones. Pues bien, el generoso dictador cubano Fulgencio Batista colaboró en el nacimiento de la organización multinacional dedicada a criticar a los Estados que osaban enfrentarse al poder de los empresarios periodísticos. Los delegados de la SIP que arribarán al país el próximo 4 de mayo para “analizar los temas más conflictivos que enfrenta la prensa argentina”–no por casualidad en el contexto del bloqueo gremial de la planta impresora del multimedios– cargarán en sus espaldas una lista casi interminable de presiones y conspiraciones encubiertas detrás del discurso filántropo de la “defensa de la libertad de prensa”.
El 28 de noviembre de 1971, el diario chileno de derecha El Mercurio publicó una carta enviada por el entonces presidente de la SIP, el dominicano Germán Ornes, al presidente Salvador Allende. La misiva manifestaba la “preocupación” de “todo el periodismo continental” por el proyecto del gobierno socialista de estatizar la única fábrica de papel para diarios de Chile. La respuesta de Allende fue contundente: “El pueblo de Chile y su gobierno no aceptan tutores ni consejeros, menos aún cuando se trata de organismos que, como la Sociedad Interamericana de Prensa, ni siquiera respetan la libertad de expresión en sus propias deliberaciones. Debo finalmente, manifestarle que esta es la última contestación que doy a las comunicaciones de esta Sociedad.”
Los vínculos de la CIA estadou-nidense con el diario chileno y la SIP quedaron documentados en el informe realizado por el Comité Church del Senado de los Estados Unidos, que comprobó que la central de inteligencia envió más de un millón y medio de dólares al dueño de El Mercurio y luego vicepresidente de la SIP, Agustín Edwards, para colaborar con la campaña de desestabilización del gobierno de la Unidad Popular. El primer párrafo de la respuesta de Allende a la carta del entonces titular del cártel de medios continental demuestra que las operaciones secretas de los espías estadounidenses eran vistas a todas luces por los chilenos: “Como excepcional demostración de tolerancia, doy respuesta a su cable, a fin de poner término a la campaña difamatoria emprendida por la SIP y su único defensor en Chile, El Mercurio, contra nuestro país y su gobierno”.
Los empresarios “garantes” de la libertad de expresión continental encargados de cuestionar cualquier avance estatal contra el monopolio de la información no deben poder explicar el currículum de otro de sus selectos miembros. El uruguayo Danilo Arbilla Frachia fue director hasta el año 2009 del semanario Búsqueda e integra el Consejo Consultivo de la SIP. El empresario nacido en el departamento uruguayo de Florida fue presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa y director del Centro de Difusión e Información de la Presidencia de Uruguay durante la dictadura cívico–militar de Juan María Bordaberry. Antes y después del golpe de Estado del 27 de junio de 1973 se produjeron clausuras de medios, allanamientos de redacciones, arrestos de periodistas y se intervino la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). La SIP nunca mostró preocupación porque uno de sus miembros haya sido un actor protagónico de gobiernos que aplicaron la censura y la persecución contra medios y periodistas.
Pero el prontuario de la SIP no se restringe a dictadores y torturadores de los años ’70 y ’80. Basta navegar por su página web para encontrar qué les produce “honda preocupación”. El informe de la 66ª Asamblea General, realizada del 5 al 9 de noviembre del año pasado en Mérida, México, detalla país por país el estado de la “libertad de expresión”. El caso de Bolivia es paradigmático: “El hecho más grave en este período es la reciente aprobación de la Ley contra el Racismo y la Discriminación Social que contiene los artículos 16 y 23, que apuntan, en el primer caso, a sacar de circulación utilizando cualquier argucia a medios y a sus propietarios que no estén alineados con el oficialismo y, en el segundo, a aplicar el Código Penal a los periodistas, atropellando la vigente Ley de Imprenta y la autorregulación.” La novedad es que los empresarios nucleados en esta multinacional de la información advierten sobre los riesgos de una ley que establece: “El medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación.” En el capítulo Brasil, los magnates aprovecharon para mostrar sin prejuicios su concepto de libertad: “Los cimientos de una prensa democrática tienen por base dos pilares: la libre empresa y la libertad de expresión”. Pero el análisis de Colombia demuestra el carácter corporativista de la SIP. El 7 de noviembre de 2010, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dio un extenso discurso ante la Asamblea Genera de la Sociedad Interamericana de Prensa. Más allá de anécdotas personales, el delfín de Álvaro Uribe recordó sus años como vicepresidente del Comité de Libertad de Prensa. “Recuerdo la visita a Chile en época de Pinochet a defender allá la libertad de prensa. Estuvimos en Nicaragua cuando el régimen Sandinista estaba apretando a la prensa de Nicaragua”, afirmó el mandatario. Nótese que la dictadura sangrienta de Augusto Pinochet es definida como “época”, mientras que el gobierno nicaragüense del Frente Sandinista de Liberación Nacional que en 1979 derrocó a la “Dinastía Somoza” que ostentaba el poder desde el asesinato de Augusto César Sandino en 1934 es caracterizado como “régimen”.
Pero la SIP no advirtió sobre el deficiente estado de la libertad de expresión en ese país, a pesar de que el propio presidente reconoció en la Asamblea de la entidad que 170 periodistas viven con custodia. Cabe recordar que Colombia es un país que atraviesa una guerra civil hace más de 50 años que no sólo se desarrolla en zonas rurales, sino también en las ciudades. El propio presidente explicó los riesgos del trabajo periodístico en su discurso: “Hoy hay en Colombia 170 periodistas que tienen algún esquema de protección y la gente me pregunta, ¿pero hay tantos periodistas amenazados? La respuesta es que posiblemente no, pero preferimos pecar por exceso que por defecto, el día de mañana que nadie pueda decir que el Estado colombiano no hizo todo lo posible para defender no solamente a los periodistas, también a los sindicalistas, a todos los que se han considerado o se consideran como una parte vulnerable de la sociedad, una parte amenazada de la sociedad”, afirmó Santos.
Sin embargo, la SIP no expresó su preocupación por el estado de la libertad de expresión en el país virtualmente ocupado por tropas estadounidenses, a pesar de que los delegados colombianos presentaron un informe detallado de amenazas y asesinatos de periodistas. De hecho, el grupo de magnates periodísticos se limitó a “exhortar a la fiscalía, a presentar a la mayor brevedad resultados en esas 20 investigaciones por amenazas contra periodistas para castigar a los responsables y evitar que se alimente la amenaza como forma de intimidación de los periodistas”, es la conclusión del escueto capítulo, junto al pedido al Congreso de archivar “todo proyecto que afecte la libertad de prensa”.
Paradojas de la “libertad de expresión”.
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