Por Osvaldo Bayer
Para Página 12
15 de enero de 2011
Desde Bonn, Alemania
Tristeza e indignación. Dos palabras que expresan los sentimientos que me invadieron al recibir la noticia y la documentación respectiva. A la avenida Agustín Tosco, de Córdoba, le van a cambiar el nombre por Juan Bautista Bustos. Al mejor de todos de nuestra generación, al ejemplo de lucha por la dignidad, a quien sufrió cárceles, persecuciones, amenazas y nunca retrocedió, a quien fue un ejemplo de honradez y sencillez, justo a él, los representantes del pueblo cordobés le niegan que sea recordado su nombre en una calle de esa ciudad. A él, protagonista de una historia heroica contra dictaduras e injusticias sociales. Su protagonismo en el Cordobazo ya lo dice todo, cuando un pueblo se levantó contra una despreciable dictadura militar, sus documentos sindicales, sus discursos obreros plenos de grandezas, coraje civil y sentido de la solidaridad. Su sabia resistencia ética en las largas cárceles sufridas y la más que vergonzosa persecución sufrida durante el gobierno de Isabel Perón-López Rega cuando ya se encontraba enfermo y no pudo ser internado en ningún hospital o sanatorio porque era sabido que allí lo irían a buscar las siniestras Tres A.
Lo recordamos siempre, al frente –en primera fila dando la cara– en las largas marchas por las calles de la protesta, vestido humildemente con su “overol” de mecánico. Recuerdo su debate con Vandor, en el congreso de la CGT de 1956, donde el joven Tosco barrió con palabras simples el enredado discurso del burócrata. Y fue cuando se consagró como el ser antiburocrático y fiel a las luchas obreras por la justicia social. Que luego iba a culminar con aquel encuentro televisivo con Rucci ya poco antes de la llegada de la desaparición como método de dominio. Allí Tosco dejó al desnudo a la burocracia de los que dirigían en ese momento al movimiento obrero.
Pero en ese momento, por pura honestidad, este héroe del pueblo firmaba definitivamente su condena a muerte. Tosco.
Por eso nos alegramos y sentimos entrar en un país nuevo cuando, en el 2006, el cuerpo de concejales de la ciudad de Córdoba votó por unanimidad, vuelvo a decir, por unanimidad –con sólo un concejal que se abstuvo pero no votó en contra– el nombre de Agusín Tosco, ese héroe del pueblo, para la avenida de Circunvalación de la ciudad de Córdoba, acceso de la autopista Córdoba-Rosario.
Y justo ahora, a cuatro años de esa resolución viene la otra noticia. La del puñal por la espalda. La proposición para que el cambio de nombre de Tosco por el de Juan Bautista Bustos se tratara sobre tablas la hizo el diputado provincial Daniel Passerini, un nombre para recordar. Es decir, para que el tema no comenzara a discutirse y se enterara la opinión pública, propuso que se votara enseguida. Además, propuso el nombre de Bustos, que es una especie de San Martín para los cordobeses, hombre que actuó en las luchas entre unitarios y federales. Pero los que pidieron borrarlo a Tosco pasaron por alto que Bustos ya tiene un monumento impresionante en el Parque Sarmiento, otro monumento en la Avenida Ejército Argentino, y lleva su nombre una calle cordobesa, además de un pasaje y un barrio. Pero claro, para borrarlo a Tosco había que poner a alguien indiscutible para los cordobeses. El diputado Passerini sostuvo como base que el nombre de Tosco por el Concejo Deliberante no valía porque esa comuna no tiene competencia sobre esa avenida ya que se trata de una ruta nacional. Es decir, una razón burocrática, nada más.
Se opusieron al cambio y defendieron a Tosco tres diputados: Birri, Coria y Liliana Olivero. Todos los demás, oficialistas y opositores votaron en contra de Agustín Tosco. Claro, el lector se preguntará: ¿cómo es posible si los representantes de esos mismos partidos habían votado a favor en el Concejo Deliberante? ¿De dónde vino la orden? ¿O es que comenzaron a tener temor de que el nombre de Tosco influya en el pueblo cordobés en el futuro?
Pero lo que no esperaban los señores diputados provinciales es que los dos hijos de Agustín Tosco pusieran todo el coraje civil necesario para denunciar esta vil jugarreta de política sucia: Malvina Tosco y Héctor Agustín Tosco hicieron una presentación ante la Justicia. Esa presentación vale editarla y repartirla en todo el país. La redactó la abogada Mabel Sessa y tiene no sólo un valor jurídico indiscutible, sino también una base ética que avergonzará para siempre a quienes votaron por el cambio de nombre.
En esa presentación, los hijos sostienen que no sólo se había “atacado el honor y la memoria de Agustín Tosco sino también la dignidad de sus familiares”. Señala el escrito presentado: “Designar con el nombre de nuestro padre a la avenida de Circunvalación fue un reconocimiento que nos llenó de orgullo por el valorar su lucha en favor de los trabajadores, la democracia y los derechos humanos, pese a las persecuciones y encarcelamientos sufridos, nunca claudicó en pos de una sociedad más justa y equitativa. Designar una avenida con su nombre –la única en Córdoba– se convirtió en un patrimonio público que se arraigó desde el 2006, respaldando nuestra identidad y la de los cordobeses”.
La pregunta que queda sin respuesta es: por qué con tanta premura la legislatura borró el nombre de Tosco de esa avenida. No da los motivos, sólo se basa en una falsa interpretación de que los representantes municipales no tenían derecho a dar ese nombre a esa avenida, pero en el escrito de sus hijos se demuestra que este argumento es falso y que los que no tienen ningún derecho a cambiar el nombre de una calle, que es parte de una ruta nacional en una ciudad, son los representantes de la provincia. Y aquí, el escrito de los hijos demuestra cómo otras calles –como la llamada Gobernador Amadeo Sabattini– que es parte de una ruta nacional, fue así nombrada por el Concejo Deliberante.
Desde ya invito al diputado Daniel Passerini a tener una polémica pública en la ciudad de Córdoba acerca de la figura de Tosco y si es suficiente, para tapar su nombre, basarse en razones burocráticas de mandato o no. ¿A quién le disgustó el nombre de Tosco? ¿Por qué todo se hizo en forma subrepticia y no se informó por qué los representantes oficialistas y de la oposición cambiaron su opinión del día a la noche? Realmente, algo patético.
Además, no tienen respuesta los “innovadores” cuando se demuestra que jamás intervino la Legislatura contra resoluciones de la Municipalidad de Córdoba cuando dio nombre a calles continuadoras de rutas nacionales. Sólo en el caso de Tosco.
En resumen, la presentación ante la Justicia de la abogada Mabel Sessa es un lujo en materia de Derecho. Este episodio va a quedar en la biografía de Agustín Tosco como un galón más a su lucha sin cuartel por más dignidad. Cómo se trata de combatir su memoria con agachadas burocráticas.
Son realidades que debemos tener en cuenta. Y sacarlas a la luz para el debate.
Otro hecho doloroso que ha llegado aquí a Europa, donde existen una serie de organizaciones que debaten sobre los problemas de los pueblos originarios de sus antiguas colonias, es el de los Qom en la Formosa argentina. Los hechos ocurrido en La Primavera no tienen ninguna explicación racional. Que los Qom no tengan título de propiedad sobre las tierras que habitan durante siglos es un argumento que no tiene ningún justificativo para echarlos a tiros. Ya en 1800, el sabio alemán Alexander von Humboldt describió con enorme admiración que los naturales latinoamericanos no tienen noción de la palabra “propiedad” y que todo para ellos era comunitario. Hay que partir de esa base.
Basta de mirar para otro lado en el caso de nuestros pueblos originarios. Están allí, ahora, en el centro de Buenos Aires aguardando justicia. Hay que darles la mano y devolverles lo que es de su naturaleza desde hace siglos. El papelito firmado por algún funcionario que eso pertenece al terrateniente Fulano de Tal no tiene ningún valor moral. Aprendamos a defender la vida y no la propiedad.
Por eso el regreso de Tosco y el abrazo a los auténticos hijos de la tierra.
sábado, 15 de enero de 2011
Las Madres piden un juicio político al magistrado Eliseo Otero
La Asociación Madres de Plaza de Mayo pidió el juicio político y la remoción del magistrado que se negó a detener a un supuesto barrabrava acusado de disparar un arma de fuego durante los hechos de violencia registrados durante la ocupación del Parque Indoamericano, en Villa Soldati, en diciembre pasado. Se trata del juez de instrucción Eliseo Otero, a quien el organismo que preside Hebe de Bonafini acusó ante el Consejo de la Magistratura de “mal desempeño en sus funciones”. La presentación de 14 carillas fue patrocinada por los abogados Eduardo Barcesat y Antonio Rojas Salinas.
“A esta altura de los acontecimientos, la única vía de escape frente a la patética privación de justicia es dar intervención al órgano de contralor constitucional, aguardando que de una vez se restablezcan las garantías mínimas que nuestro estado de Derecho exige en la sustanciación de una causa penal”, sostuvieron las Madres en el escrito.
En la presentación, el organismo de Derechos Humanos calificó la conducta de Otero como “un obrar pretendidamente jurisdiccional, que desmerece los derechos y garantías constitucionales de las víctimas de un obrar delictivo”.
El juez Otero dictó la “falta de mérito” y se negó a detener al supuesto barrabrava Julio Capella, el hombre que fue registrado por las cámaras de televisión el 9 de diciembre último, mientras exhibía y apuntaba con un arma de fuego en medio de los incidentes en el Indoamericano. “No está acreditado que hubiera portado un arma, pues simplemente no existe un sólo dato objetivo que, de momento, permita afirmar tal hipótesis”, explicó entonces el magistrado.
“No admite discusión que el propósito institucional del control republicano a través del juicio político alude principalmente a evitar un desvarío funcional que, en la mayoría de los casos, está enlazado a la comisión de algún delito tipificado en la ley penal”, confrontaron las Madres en la presentación.
Además, reclamaron que se ordene “la remisión a la justicia penal de todo lo obrado a fin de investigar la posible comisión de delitos de acción pública” por parte del cuestionado juez.
El fiscal Sandro Abraldes había pedido con anterioridad la recusación de Otero por entender que existían sospechas de “parcialidad” en la liberación de Capella.
Abraldes había estimado que “aparece claro en el horizonte que el sobreseimiento de Capella fue derivado del hecho de que al Ministerio Público no le será admitida la producción de diligencias susceptibles de controvertir –aun más- la hipótesis defensiva”. “La sospecha de parcialidad también se nutre con las expresiones peyorativas y suspicaces del magistrado instructor respecto de la actuación de la Fiscalía”, afirmó.
“A esta altura de los acontecimientos, la única vía de escape frente a la patética privación de justicia es dar intervención al órgano de contralor constitucional, aguardando que de una vez se restablezcan las garantías mínimas que nuestro estado de Derecho exige en la sustanciación de una causa penal”, sostuvieron las Madres en el escrito.
En la presentación, el organismo de Derechos Humanos calificó la conducta de Otero como “un obrar pretendidamente jurisdiccional, que desmerece los derechos y garantías constitucionales de las víctimas de un obrar delictivo”.
El juez Otero dictó la “falta de mérito” y se negó a detener al supuesto barrabrava Julio Capella, el hombre que fue registrado por las cámaras de televisión el 9 de diciembre último, mientras exhibía y apuntaba con un arma de fuego en medio de los incidentes en el Indoamericano. “No está acreditado que hubiera portado un arma, pues simplemente no existe un sólo dato objetivo que, de momento, permita afirmar tal hipótesis”, explicó entonces el magistrado.
“No admite discusión que el propósito institucional del control republicano a través del juicio político alude principalmente a evitar un desvarío funcional que, en la mayoría de los casos, está enlazado a la comisión de algún delito tipificado en la ley penal”, confrontaron las Madres en la presentación.
Además, reclamaron que se ordene “la remisión a la justicia penal de todo lo obrado a fin de investigar la posible comisión de delitos de acción pública” por parte del cuestionado juez.
El fiscal Sandro Abraldes había pedido con anterioridad la recusación de Otero por entender que existían sospechas de “parcialidad” en la liberación de Capella.
Abraldes había estimado que “aparece claro en el horizonte que el sobreseimiento de Capella fue derivado del hecho de que al Ministerio Público no le será admitida la producción de diligencias susceptibles de controvertir –aun más- la hipótesis defensiva”. “La sospecha de parcialidad también se nutre con las expresiones peyorativas y suspicaces del magistrado instructor respecto de la actuación de la Fiscalía”, afirmó.
El Grupo Clarín puede ser sancionado por no cumplir la Ley de Medios
Tiempo Argentino
15 de enero de 2011
El titular de la AFSCA, Gabriel Mariotto, recordó que el multimedios está transgrediendo una resolución de la norma sancionada en 2009.
El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Gabriel Mariotto, anticipó que el Grupo Clarín podría ser sancionado en los próximos días si no cumple con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “El Grupo Clarín está transgrediendo la resolución de la ley que establece que debe haber una grilla inclusiva, plural y abierta”, afirmó Mariotto en declaraciones a la prensa al inaugurar la primera “Casa Compañera” en Lomas de Zamora, un espacio para el debate político.
“Las leyes están para cumplirse, todos los ciudadanos debemos cumplir la ley. Si no se cumple, la Ley de Medios prevé sanciones. El Grupo Clarín no está acostumbrado a cumplir con la ley”, enfatizó el funcionario.
En la oportunidad, Mariotto recordó que “hay un proceso administrativo de sanción que puede terminar en la primera falta grave que va a tener Cablevisión”.
“Con cuatro faltas graves es plausible la caducidad de la licencia. Este proceso dura aproximadamente 30 días, entre la intimación y el descargo. La sanción es del 5% de la publicidad de la señal de cable”, precisó.
Asimismo, Mariotto argumentó que no se trata de “una ley represiva” sino de “una sanción lógica a quien no cumple con una disposición”.
Al respecto, el funcionario reiteró que “Cablevisión puede ser sancionado porque transgrede la resolución que establece que hay una grilla plural para que todos los ciudadanos puedan acceder a todas las señales, y no que en el zapping sólo veamos lo que quiere el señor (CEO del Grupo Clarín, Héctor) Magnetto”.
Por otra parte, Mariotto ponderó el nombramiento de Juan Manuel Abal Medina como nuevo secretario de Comunicación Pública de la Nación. “Es un compañero, un militante y un profesional con gran identidad en el proyecto nacional y popular. Está para coordinar todas las acciones de medios que hay en distintos espacios comunicacionales que garanticen la libertad de expresión, la pluralidad, la independencia y el derecho a la información de todos los ciudadanos”, expresó.
El titular de AFSCA estuvo acompañado por el titular de La Cámpora, Andrés Larroque, y el dueño de la vivienda inaugurada como espacio de debate, Hugo Fernández. “La Casa Compañera es la casa de un compañero militante, quien propone su vivienda para reunirse con sus amigos y sus compañeros de trabajo para hacer un espacio de discusión política, con el fin de profundizar el proyecto de Cristina Fernández 2011”, manifestó.
15 de enero de 2011
El titular de la AFSCA, Gabriel Mariotto, recordó que el multimedios está transgrediendo una resolución de la norma sancionada en 2009.
El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Gabriel Mariotto, anticipó que el Grupo Clarín podría ser sancionado en los próximos días si no cumple con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “El Grupo Clarín está transgrediendo la resolución de la ley que establece que debe haber una grilla inclusiva, plural y abierta”, afirmó Mariotto en declaraciones a la prensa al inaugurar la primera “Casa Compañera” en Lomas de Zamora, un espacio para el debate político.
“Las leyes están para cumplirse, todos los ciudadanos debemos cumplir la ley. Si no se cumple, la Ley de Medios prevé sanciones. El Grupo Clarín no está acostumbrado a cumplir con la ley”, enfatizó el funcionario.
En la oportunidad, Mariotto recordó que “hay un proceso administrativo de sanción que puede terminar en la primera falta grave que va a tener Cablevisión”.
“Con cuatro faltas graves es plausible la caducidad de la licencia. Este proceso dura aproximadamente 30 días, entre la intimación y el descargo. La sanción es del 5% de la publicidad de la señal de cable”, precisó.
Asimismo, Mariotto argumentó que no se trata de “una ley represiva” sino de “una sanción lógica a quien no cumple con una disposición”.
Al respecto, el funcionario reiteró que “Cablevisión puede ser sancionado porque transgrede la resolución que establece que hay una grilla plural para que todos los ciudadanos puedan acceder a todas las señales, y no que en el zapping sólo veamos lo que quiere el señor (CEO del Grupo Clarín, Héctor) Magnetto”.
Por otra parte, Mariotto ponderó el nombramiento de Juan Manuel Abal Medina como nuevo secretario de Comunicación Pública de la Nación. “Es un compañero, un militante y un profesional con gran identidad en el proyecto nacional y popular. Está para coordinar todas las acciones de medios que hay en distintos espacios comunicacionales que garanticen la libertad de expresión, la pluralidad, la independencia y el derecho a la información de todos los ciudadanos”, expresó.
El titular de AFSCA estuvo acompañado por el titular de La Cámpora, Andrés Larroque, y el dueño de la vivienda inaugurada como espacio de debate, Hugo Fernández. “La Casa Compañera es la casa de un compañero militante, quien propone su vivienda para reunirse con sus amigos y sus compañeros de trabajo para hacer un espacio de discusión política, con el fin de profundizar el proyecto de Cristina Fernández 2011”, manifestó.
viernes, 14 de enero de 2011
El robo de fondos para el viaje
Página 12
14 de enero de 2011
Un coordinador del viaje que anoche inició la presidenta Cristina Fernández hacia Medio Oriente sufrió el robo de un maletín que contenía 68 mil dólares y 17 mil euros, previstos para afrontar gastos del avión y la tripulación del Tango 01. Rodolfo Stefanon denunció que fue asaltado en Palermo por tres delincuentes que circulaban en motocicleta y fue golpeado con un arma para arrebatarle el dinero. La policía investiga si los ladrones tenían información previa o si fue un asalto al azar.
“Se hizo la denuncia en la comisaría y ahora se encuentra en etapa de investigación”, informaron fuentes de la Casa Rosada sobre el robo. La víctima fue Stefanon, un empleado de la Casa Militar que había retirado el dinero de la Tesorería de la Casa de Gobierno, en Diagonal Norte al 700. En el maletín llevaba 68 mil dólares y 17 mil euros que había retirado para afrontar viáticos de la tripulación durante el periplo que llevará a la comitiva presidencial a Kuwait, Qatar y Turquía.
Luego de retirar el dinero, Stefanon abordó un auto oficial con chofer y un acompañante con un desvío hacia su casa en el barrio de Palermo. Allí, en Malabia al 1600, fue interceptado por tres hombres que iban en una moto y le arrancaron el maletín, previo culatazo en la nuca con un arma de fuego, y luego escaparon del lugar. El empleado –revista en la planta permanente de la Casa de Gobierno desde hace quince años– integra el área del personal civil de la agrupación aérea que depende de la Casa Militar. Tras los hechos, presentó la denuncia en la comisaría 25ª.
La policía se encontraba investigando en la zona para ver si en las cámaras de seguridad de los edificios linderos había alguna filmación del momento del robo para así poder identificar a los agresores. La causa quedó en manos del fiscal Patricio Evers y del juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Una de las líneas de investigación apunta a comprobar si los asaltantes efectuaron un seguimiento sobre el funcionario presidencial desde el centro porteño, es decir, si tenían alguna información previa sobre quién era la persona a la que estaban asaltando.
14 de enero de 2011
Un coordinador del viaje que anoche inició la presidenta Cristina Fernández hacia Medio Oriente sufrió el robo de un maletín que contenía 68 mil dólares y 17 mil euros, previstos para afrontar gastos del avión y la tripulación del Tango 01. Rodolfo Stefanon denunció que fue asaltado en Palermo por tres delincuentes que circulaban en motocicleta y fue golpeado con un arma para arrebatarle el dinero. La policía investiga si los ladrones tenían información previa o si fue un asalto al azar.
“Se hizo la denuncia en la comisaría y ahora se encuentra en etapa de investigación”, informaron fuentes de la Casa Rosada sobre el robo. La víctima fue Stefanon, un empleado de la Casa Militar que había retirado el dinero de la Tesorería de la Casa de Gobierno, en Diagonal Norte al 700. En el maletín llevaba 68 mil dólares y 17 mil euros que había retirado para afrontar viáticos de la tripulación durante el periplo que llevará a la comitiva presidencial a Kuwait, Qatar y Turquía.
Luego de retirar el dinero, Stefanon abordó un auto oficial con chofer y un acompañante con un desvío hacia su casa en el barrio de Palermo. Allí, en Malabia al 1600, fue interceptado por tres hombres que iban en una moto y le arrancaron el maletín, previo culatazo en la nuca con un arma de fuego, y luego escaparon del lugar. El empleado –revista en la planta permanente de la Casa de Gobierno desde hace quince años– integra el área del personal civil de la agrupación aérea que depende de la Casa Militar. Tras los hechos, presentó la denuncia en la comisaría 25ª.
La policía se encontraba investigando en la zona para ver si en las cámaras de seguridad de los edificios linderos había alguna filmación del momento del robo para así poder identificar a los agresores. La causa quedó en manos del fiscal Patricio Evers y del juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Una de las líneas de investigación apunta a comprobar si los asaltantes efectuaron un seguimiento sobre el funcionario presidencial desde el centro porteño, es decir, si tenían alguna información previa sobre quién era la persona a la que estaban asaltando.
La justicia analiza videos que demuestran que la droga no fue cargada en Ezeiza
Por Juan Alonso
Tiempo Argentino
14 de enero de 2011
El juez recibió todas las imágenes del avión Challenger 604 de Medical Jet, mientras estuvo detenido en el aeropuerto internacional desde el 30 de diciembre hasta el 1° de enero a las 20:44, cuando partió a Cabo Verde. Por primera vez, los documentos.
A última hora de anoche, el juez en lo Penal Económico Número 4, Alejandro Catania, incorporó a la causa una serie de documentos reveladores sobre la conexión local, el plan de vuelo, los movimientos de los tripulantes y la estadía completa de la aeronave en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde el 30 de diciembre a las 17:35 hasta las 20:44 horas del 1° de enero, cuando partió rumbo a la Isla de Sal, en África, para recalar más tarde, a las 15 horas en España, donde fueron descubiertos por la Guardia Civil y la Aduana locales. El magistrado investiga el tráfico de cocaína, por el que están presos y alojados en la Cárcel Modelo de Barcelona, tres hijos de ex altos jefes de la Fuerza Aérea, luego del 2 de enero, cuando arribaron desde Cabo Verde con 944 kilos de esa sustancia en la bodega del avión Challenger 604, matrícula estadounidense N600AM, a cargo de la empresa Medical Jet. La aeronave, valuada entre 10 y 30 millones de dólares, estuvo estacionada por un día y medio en el Sector 2, Posición 25 B, frente a la Terminal de Ezeiza, a la vista del público y los empleados que transitaron por allí, según un informe reservado de la Aduana Argentina al que este diario accedió de forma exclusiva.
Desde que el 6 de enero, cuando se dio a conocer el hecho a través de la prensa española –cuatro días después del secuestro de la droga y la detención de los tripulantes argentinos– se lanzaron todo tipo de conjeturas sobre el alcance real de la red de narcotraficantes que estarían detrás de la megaoperación estimada en más de 30 millones de euros en el mercado europeo.
Lo cierto es que Eduardo Juliá Noceti, piloto, pasaporte 14.149276N, fecha de nacimiento 2/08/1960; y Matías Miret, DNI 23.683.075; copiloto de la nave con más de 1200 tránsitos internacionales en la aviación civil; y Gustavo Adolfo Juliá –el titular de la empresa Medical Jet y ex gerente económico-financiero del PAMI, echado por Néstor Kirchner en junio de 2003– pasaron por cada uno de los controles de rigor en Ezeiza antes de salir del país y perder la libertad. Así lo confirmó Tiempo Argentino en su edición del miércoles 12, donde se revelaron los formularios de la Aduana, Migraciones y la Policía Nacional Aeroportuaria (PSA), que los hermanos Juliá y Miret tuvieron que completar, antes del despegue. Todo es parte del expediente penal que investiga el juez Catania. Una “minuta sobre procedimiento de aeronave”, hecha por la AFIP-Aduana, confirmó los datos publicados por este medio e incluso se refirió al detalle en la inscripción del pasaporte de uno de los imputados (ver recuadro).
Según el documento, Miret pasó por Migraciones a las 19:56:56 del 1 de enero; Eduardo Juliá unos segundos antes, a las 19:56:29; y Gustavo –el organizador del último viaje al exterior – casi al filo del despegue, a las 20:37:07 horas. Los tres acusados aparecen en las grabaciones del sistema de seguridad del aeropuerto y se reflejan aquí también por primera vez desde que estalló el escándalo en España y la Argentina.
Catania tiene en su escritorio más de 50 horas de video en donde se ven cada uno de los movimientos alrededor del avión que está en la mira de los investigadores españoles y argentinos. En esas imágenes, no existe ningún tipo de acción de carga de la aeronave. O sea que el avión no pudo haber salido cargado de droga de Ezeiza.
Sin embargo, las fuentes judiciales aseguraron que investigan qué sucedió durante el tiempo en que el Challenger 604 estuvo en un hangar de Morón (ver recuadros aparte).
En este sentido, el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sostuvo ayer: “No hay que descartar que la droga haya salido de la Argentina ni que haya salido de Cabo Verde. Hay que esperar a tener información de Interpol España para que se comunique con Interpol Argentina, hacer los allanamientos y seguimientos.”
La investigación española está bajo secreto de sumario. Lo mismo sucede con el expediente abierto en la Argentina, luego de la denuncia que realizó la PSA el 6 de enero y su ampliación del 10. Tal es así, que el Sumario Número 001/2011 (SDG OAM) de la Aduana nacional, presumió ése mismo día, que la cocaína pudo haber sido cargada, en realidad, en la República de Cabo Verde.
Tal como anticipó este diario la última semana, el vuelo tripulado por Eduardo Juliá y Matías Miret que tenía al ex funcionario duhaldista, Gustavo Juliá como pasajero, tiene un bache horario de tres horas imposibles de justificar. Debió llegar a África entre las 5 y las 7 de la mañana y aterrizar en España a las 11: 30, pero recién lo hizo a las 15 horas. ¿En dónde estuvo?
Otro dato: los tripulantes acusados por narcotráfico fueron asistidos por un ex agente de la Policía Aeroportuaria Nacional (PAN) y la PSA. Su nombre es Roberto Antonio Coronel, DNI 12.731.333, empleado de la empresa Aviación Atlántico Sur S.A, en cuya nómina de directores hay una mujer de apellido Miret.
Ayer trascendió que Coronel podría ser el misterioso cuarto pasajero del vuelo que llevaba 944 kilos de cocaína envuelta en plástico grueso y de colores. Algo inverosímil porque no existen registros documentales de que el ex PAN haya salido del país con los hermanos Juliá y Miret.
Lo único cierto es que la droga llegó a España.
Tiempo Argentino
14 de enero de 2011
El juez recibió todas las imágenes del avión Challenger 604 de Medical Jet, mientras estuvo detenido en el aeropuerto internacional desde el 30 de diciembre hasta el 1° de enero a las 20:44, cuando partió a Cabo Verde. Por primera vez, los documentos.
A última hora de anoche, el juez en lo Penal Económico Número 4, Alejandro Catania, incorporó a la causa una serie de documentos reveladores sobre la conexión local, el plan de vuelo, los movimientos de los tripulantes y la estadía completa de la aeronave en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde el 30 de diciembre a las 17:35 hasta las 20:44 horas del 1° de enero, cuando partió rumbo a la Isla de Sal, en África, para recalar más tarde, a las 15 horas en España, donde fueron descubiertos por la Guardia Civil y la Aduana locales. El magistrado investiga el tráfico de cocaína, por el que están presos y alojados en la Cárcel Modelo de Barcelona, tres hijos de ex altos jefes de la Fuerza Aérea, luego del 2 de enero, cuando arribaron desde Cabo Verde con 944 kilos de esa sustancia en la bodega del avión Challenger 604, matrícula estadounidense N600AM, a cargo de la empresa Medical Jet. La aeronave, valuada entre 10 y 30 millones de dólares, estuvo estacionada por un día y medio en el Sector 2, Posición 25 B, frente a la Terminal de Ezeiza, a la vista del público y los empleados que transitaron por allí, según un informe reservado de la Aduana Argentina al que este diario accedió de forma exclusiva.
Desde que el 6 de enero, cuando se dio a conocer el hecho a través de la prensa española –cuatro días después del secuestro de la droga y la detención de los tripulantes argentinos– se lanzaron todo tipo de conjeturas sobre el alcance real de la red de narcotraficantes que estarían detrás de la megaoperación estimada en más de 30 millones de euros en el mercado europeo.
Lo cierto es que Eduardo Juliá Noceti, piloto, pasaporte 14.149276N, fecha de nacimiento 2/08/1960; y Matías Miret, DNI 23.683.075; copiloto de la nave con más de 1200 tránsitos internacionales en la aviación civil; y Gustavo Adolfo Juliá –el titular de la empresa Medical Jet y ex gerente económico-financiero del PAMI, echado por Néstor Kirchner en junio de 2003– pasaron por cada uno de los controles de rigor en Ezeiza antes de salir del país y perder la libertad. Así lo confirmó Tiempo Argentino en su edición del miércoles 12, donde se revelaron los formularios de la Aduana, Migraciones y la Policía Nacional Aeroportuaria (PSA), que los hermanos Juliá y Miret tuvieron que completar, antes del despegue. Todo es parte del expediente penal que investiga el juez Catania. Una “minuta sobre procedimiento de aeronave”, hecha por la AFIP-Aduana, confirmó los datos publicados por este medio e incluso se refirió al detalle en la inscripción del pasaporte de uno de los imputados (ver recuadro).
Según el documento, Miret pasó por Migraciones a las 19:56:56 del 1 de enero; Eduardo Juliá unos segundos antes, a las 19:56:29; y Gustavo –el organizador del último viaje al exterior – casi al filo del despegue, a las 20:37:07 horas. Los tres acusados aparecen en las grabaciones del sistema de seguridad del aeropuerto y se reflejan aquí también por primera vez desde que estalló el escándalo en España y la Argentina.
Catania tiene en su escritorio más de 50 horas de video en donde se ven cada uno de los movimientos alrededor del avión que está en la mira de los investigadores españoles y argentinos. En esas imágenes, no existe ningún tipo de acción de carga de la aeronave. O sea que el avión no pudo haber salido cargado de droga de Ezeiza.
Sin embargo, las fuentes judiciales aseguraron que investigan qué sucedió durante el tiempo en que el Challenger 604 estuvo en un hangar de Morón (ver recuadros aparte).
En este sentido, el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sostuvo ayer: “No hay que descartar que la droga haya salido de la Argentina ni que haya salido de Cabo Verde. Hay que esperar a tener información de Interpol España para que se comunique con Interpol Argentina, hacer los allanamientos y seguimientos.”
La investigación española está bajo secreto de sumario. Lo mismo sucede con el expediente abierto en la Argentina, luego de la denuncia que realizó la PSA el 6 de enero y su ampliación del 10. Tal es así, que el Sumario Número 001/2011 (SDG OAM) de la Aduana nacional, presumió ése mismo día, que la cocaína pudo haber sido cargada, en realidad, en la República de Cabo Verde.
Tal como anticipó este diario la última semana, el vuelo tripulado por Eduardo Juliá y Matías Miret que tenía al ex funcionario duhaldista, Gustavo Juliá como pasajero, tiene un bache horario de tres horas imposibles de justificar. Debió llegar a África entre las 5 y las 7 de la mañana y aterrizar en España a las 11: 30, pero recién lo hizo a las 15 horas. ¿En dónde estuvo?
Otro dato: los tripulantes acusados por narcotráfico fueron asistidos por un ex agente de la Policía Aeroportuaria Nacional (PAN) y la PSA. Su nombre es Roberto Antonio Coronel, DNI 12.731.333, empleado de la empresa Aviación Atlántico Sur S.A, en cuya nómina de directores hay una mujer de apellido Miret.
Ayer trascendió que Coronel podría ser el misterioso cuarto pasajero del vuelo que llevaba 944 kilos de cocaína envuelta en plástico grueso y de colores. Algo inverosímil porque no existen registros documentales de que el ex PAN haya salido del país con los hermanos Juliá y Miret.
Lo único cierto es que la droga llegó a España.
jueves, 13 de enero de 2011
En la búsqueda de la conexión porteña
Gendarmería estuvo a cargo de los operativos. Se realizaron en Acassuso, San Isidro y Victoria, en los domicilios de los hermanos Juliá y de Miret. En la Capital, otros allanamientos a las oficinas de Medical Jet y Federal Aviation. Morón espera.
Por Horacio Cecchi
Página 12
13 de enero de 2011
Mientras en Barcelona un juez intenta determinar las puntas y contactos de la red de narcos que trasladaba casi una tonelada de cocaína, en Buenos Aires el dilema de la Justicia consiste en develar lo que a la fecha es una de las principales incógnitas del caso Juliá y, como suele ocurrir con la ausencia de datos, promotoras de todo tipo de especulaciones. Ayer, en concreto, fuerzas de la Gendarmería Nacional realizaron seis allanamientos en la Capital y en Zona Norte. Con orden del juez en lo Penal Económico 4, Alejandro Catania, avanzaron sobre los domicilios de los dos hermanos Juliá detenidos, Eduardo y Gustavo, del tercer detenido en Barcelona, Matías Miret, y de las oficinas de Medical Jet y Federal Aviation en el centro porteño. Según informaron investigadores del caso, de los allanamientos se obtuvieron agendas, libros, anotaciones, computadoras, todo material de análisis cuidadoso, pero lento. Por el momento, el juez no avanzó sobre el aeropuerto de Morón, donde era estacionada la Challenger 604, y uno de los puntos sospechados de haber sido utilizados para la carga de la droga. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, anticipó que realizará cambios en los protocolos de control de la partida de los vuelos, especialmente la aviación comercial general y la inteligencia criminal previa (ver aparte).
La Gendarmería estuvo a cargo de los allanamientos, por orden del juez en lo Penal Económico 4, Alejandro Catania. Los operativos fueron realizados en las casas de los tres detenidos: en Victoria, Miret; en San Isidro, sobre Márquez al 2600, Eduardo Juliá; y en la Avenida del Libertador, a la altura de Acassuso, Gustavo Juliá. Además, en el centro porteño, los gendarmes avanzaron sobre las oficinas de Medical Jet y Federal Aviation, las dos empresas de transporte aéreo puestas sobre la cresta de la ola después de que el primer domingo del año fueran descubiertos 944,50 kilos de cocaína de máxima pureza, dentro de un moderno Challenger 604 alquilado por Medical Jet y arribado al aeropuerto El Prat de Llobregat, de Barcelona.
¿Qué obtuvieron los investigadores? “Información abundante, ahora hay que procesarla”, confiaron a este diario. Carpetas, libros, agendas, papeles, computadoras. Los hombres salían con cajas y embalajes de los diferentes domicilios, que ahora deberán ser analizados cuidadosamente para intentar encontrar respuestas que demuestren la hipótesis de que la droga fue cargada en Argentina, antes de partir de Ezeiza.
El lugar indicado, siguiendo esa línea, podría ser el hangar de la empresa CATA, en el aeropuerto militar de Morón, donde fue estacionado a partir de noviembre el Jet Bombardier Challenger 604, luego de su arribo al país y que luego finalizó su recorrido detenido en Barcelona. El aeropuerto de Morón, asiento de la VII Brigada Aérea, hace años que está en desuso en cuanto a despegues militares, aunque sigue bajo jurisdicción de la Fuerza Aérea. De todos modos, hay un área de la jurisdicción que no sigue los controles militares y que es de uso civil. Allí se realizan, por ejemplo, muchas de las revisiones técnicas de aviones civiles, ya que muchos hangares son utilizados por mecánicos acreditados por las empresas fabricantes. Entre aquellos hangares se encuentra el de la ex CATA, empresa de transporte aéreo que a mediados de los ‘90 quebró tras el accidente de un Fokker que operaba. El hangar se encuentra bajo jurisdicción del juez comercial 21 Germán Báez Castañeda.
En sí, el aeropuerto de Morón quedó colocado en la mira de las suspicacias. Con la escasa información que surge del expediente original, en Barcelona y bajo estricto y real secreto de sumario, el aeropuerto de Morón, de escaso control, se erige como el lugar propicio para las sospechas. Por el momento, quedó incólume a la avanzada judicial local.
La denuncia que motivó la apertura de la causa en el fuero Penal Económico fue presentada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria el jueves 6, luego de las primeras informaciones periodísticas de esa mañana que daban cuenta de la detención de los dos hermanos Juliá y de Miret en Barcelona, con el fabuloso cargamento de cocaína. Lo hizo con la intención de averiguar rápidamente cualquier posible vinculación con los hechos. El lunes, la PSA aportó más información y pidió concretamente algunas medidas como allanamientos, cruces telefónicos, consultas al juez de Barcelona, a las autoridades de Cabo Verde. Todas alternativas que ayer comenzaron a dilucidarse cuando se realizaron los primeros allanamientos.
“La cabeza de la investigación está en Barcelona –sugirió un investigador a este diario–. Los datos que surgen de Argentina son especulativos. Lo único que hay es la hora de partida y presunciones sobre Morón. ¿Son posibles? Sí. No son certezas. Por eso se originó la investigación.” Desde Cabo Verde, la Policía Judicial aseguró que no se había cargado la cocaína en su aeropuerto. La confirmación es una obviedad que no deja demasiadas certezas. Esa misma autoridad informó sobre el horario de arribo y partida del Challenger, cuyo arribo a Barcelona es la otra certeza horaria, a las 15 de Barcelona. Una hipótesis sostiene que el cargamento se realizó en Morón y que en Ezeiza el control aduanero, encargado de verificar cargas y correos, pasó de largo.
Aportan a esta versión, con imaginación, el pase a disponibilidad del comodoro Guillermo Juliá, hermano de los detenidos, y algo más concreto, el anuncio de Garré sobre la modificación del protocolo en los controles de vuelos, una suerte de reconocimiento de que existe un bache a mejorar (ver aparte).
La otra hipótesis, que sostienen las autoridades locales y la lógica de las organizaciones de narcos a gran escala, es que se cargó en Cabo Verde. Como supuesto fuerte, el juez español tiene el dato de la partida desde Cabo Verde y, en caso de que sospechara que el Challenger salió de Argentina ya cargado, llama la atención que aún no hubiera iniciado un pedido de investigación local.
Por Horacio Cecchi
Página 12
13 de enero de 2011
Mientras en Barcelona un juez intenta determinar las puntas y contactos de la red de narcos que trasladaba casi una tonelada de cocaína, en Buenos Aires el dilema de la Justicia consiste en develar lo que a la fecha es una de las principales incógnitas del caso Juliá y, como suele ocurrir con la ausencia de datos, promotoras de todo tipo de especulaciones. Ayer, en concreto, fuerzas de la Gendarmería Nacional realizaron seis allanamientos en la Capital y en Zona Norte. Con orden del juez en lo Penal Económico 4, Alejandro Catania, avanzaron sobre los domicilios de los dos hermanos Juliá detenidos, Eduardo y Gustavo, del tercer detenido en Barcelona, Matías Miret, y de las oficinas de Medical Jet y Federal Aviation en el centro porteño. Según informaron investigadores del caso, de los allanamientos se obtuvieron agendas, libros, anotaciones, computadoras, todo material de análisis cuidadoso, pero lento. Por el momento, el juez no avanzó sobre el aeropuerto de Morón, donde era estacionada la Challenger 604, y uno de los puntos sospechados de haber sido utilizados para la carga de la droga. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, anticipó que realizará cambios en los protocolos de control de la partida de los vuelos, especialmente la aviación comercial general y la inteligencia criminal previa (ver aparte).
La Gendarmería estuvo a cargo de los allanamientos, por orden del juez en lo Penal Económico 4, Alejandro Catania. Los operativos fueron realizados en las casas de los tres detenidos: en Victoria, Miret; en San Isidro, sobre Márquez al 2600, Eduardo Juliá; y en la Avenida del Libertador, a la altura de Acassuso, Gustavo Juliá. Además, en el centro porteño, los gendarmes avanzaron sobre las oficinas de Medical Jet y Federal Aviation, las dos empresas de transporte aéreo puestas sobre la cresta de la ola después de que el primer domingo del año fueran descubiertos 944,50 kilos de cocaína de máxima pureza, dentro de un moderno Challenger 604 alquilado por Medical Jet y arribado al aeropuerto El Prat de Llobregat, de Barcelona.
¿Qué obtuvieron los investigadores? “Información abundante, ahora hay que procesarla”, confiaron a este diario. Carpetas, libros, agendas, papeles, computadoras. Los hombres salían con cajas y embalajes de los diferentes domicilios, que ahora deberán ser analizados cuidadosamente para intentar encontrar respuestas que demuestren la hipótesis de que la droga fue cargada en Argentina, antes de partir de Ezeiza.
El lugar indicado, siguiendo esa línea, podría ser el hangar de la empresa CATA, en el aeropuerto militar de Morón, donde fue estacionado a partir de noviembre el Jet Bombardier Challenger 604, luego de su arribo al país y que luego finalizó su recorrido detenido en Barcelona. El aeropuerto de Morón, asiento de la VII Brigada Aérea, hace años que está en desuso en cuanto a despegues militares, aunque sigue bajo jurisdicción de la Fuerza Aérea. De todos modos, hay un área de la jurisdicción que no sigue los controles militares y que es de uso civil. Allí se realizan, por ejemplo, muchas de las revisiones técnicas de aviones civiles, ya que muchos hangares son utilizados por mecánicos acreditados por las empresas fabricantes. Entre aquellos hangares se encuentra el de la ex CATA, empresa de transporte aéreo que a mediados de los ‘90 quebró tras el accidente de un Fokker que operaba. El hangar se encuentra bajo jurisdicción del juez comercial 21 Germán Báez Castañeda.
En sí, el aeropuerto de Morón quedó colocado en la mira de las suspicacias. Con la escasa información que surge del expediente original, en Barcelona y bajo estricto y real secreto de sumario, el aeropuerto de Morón, de escaso control, se erige como el lugar propicio para las sospechas. Por el momento, quedó incólume a la avanzada judicial local.
La denuncia que motivó la apertura de la causa en el fuero Penal Económico fue presentada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria el jueves 6, luego de las primeras informaciones periodísticas de esa mañana que daban cuenta de la detención de los dos hermanos Juliá y de Miret en Barcelona, con el fabuloso cargamento de cocaína. Lo hizo con la intención de averiguar rápidamente cualquier posible vinculación con los hechos. El lunes, la PSA aportó más información y pidió concretamente algunas medidas como allanamientos, cruces telefónicos, consultas al juez de Barcelona, a las autoridades de Cabo Verde. Todas alternativas que ayer comenzaron a dilucidarse cuando se realizaron los primeros allanamientos.
“La cabeza de la investigación está en Barcelona –sugirió un investigador a este diario–. Los datos que surgen de Argentina son especulativos. Lo único que hay es la hora de partida y presunciones sobre Morón. ¿Son posibles? Sí. No son certezas. Por eso se originó la investigación.” Desde Cabo Verde, la Policía Judicial aseguró que no se había cargado la cocaína en su aeropuerto. La confirmación es una obviedad que no deja demasiadas certezas. Esa misma autoridad informó sobre el horario de arribo y partida del Challenger, cuyo arribo a Barcelona es la otra certeza horaria, a las 15 de Barcelona. Una hipótesis sostiene que el cargamento se realizó en Morón y que en Ezeiza el control aduanero, encargado de verificar cargas y correos, pasó de largo.
Aportan a esta versión, con imaginación, el pase a disponibilidad del comodoro Guillermo Juliá, hermano de los detenidos, y algo más concreto, el anuncio de Garré sobre la modificación del protocolo en los controles de vuelos, una suerte de reconocimiento de que existe un bache a mejorar (ver aparte).
La otra hipótesis, que sostienen las autoridades locales y la lógica de las organizaciones de narcos a gran escala, es que se cargó en Cabo Verde. Como supuesto fuerte, el juez español tiene el dato de la partida desde Cabo Verde y, en caso de que sospechara que el Challenger salió de Argentina ya cargado, llama la atención que aún no hubiera iniciado un pedido de investigación local.
Hay equipo en el nuevo ministerio
La estructura que encabeza Garré quedó integrada, entre otros, por Ileana Arduino, proveniente de Defensa, Gustavo Palmieri, del CELS, y el policía cordobés Miguel Angel Robles, quien descubrió que en 1975 su padre fue asesinado por policías y no por Montoneros.
Página 12
13 de enero de 2011
El Ministerio de Seguridad que conduce Nilda Garré va tomando forma. La estructura quedó integrada por Ileana Arduino –viene de la cartera de Defensa– en la Secretaría de Políticas de Prevención y Relaciones con la Comunidad; por Gustavo Palmieri –abogado de amplia experiencia en el CELS y en Naciones Unidas– como subsecretario de Gestión y Bienestar del Personal de las Fuerzas Policiales, y por el policía cordobés Miguel Angel Robles, a cargo de Delitos Complejos.
En medio de la recorrida para monitorear el Operativo Centinela en el partido de Malvinas Argentinas, la ministra Garré expuso algunos de los ejes rectores que impulsará al frente de la sensible cartera de Seguridad.
La ex ministra de Defensa aseguró que su propósito es tener un “plan integral en el que sumemos lo moderno y capacitación de nuestros recursos humanos, y después una articulación del Estado nacional con los Estados provinciales y los municipales”. Fue en ese contexto que se formalizó la designación de varios funcionarios para desempeñarse en la nueva cartera.
En la Secretaría de Políticas de Prevención y Relaciones con la Comunidad fue designada la abogada Ileana Romina Arduino, quien ya venía acompañando la gestión de Garré en Defensa. Considerada como “un cuadro político” por el entorno de la ministra, va a estar encargada del seguimiento de la aplicación de políticas del sector. Trae una experiencia de cinco años al frente de la Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Debajo de Arduino fue designada como subsecretaria de Prevención del Delito y la Violencia, Cecilia Laura Ales, que ya trabajaba en la Secretaría de Seguridad y fue ratificada por Garré por su experiencia y sus antecedentes académicos.
El abogado Gustavo Palmieri quedó al frente de la Subsecretaría de Gestión y Bienestar del Personal de las Fuerzas Policiales. Palmieri trabajó muchos años en el Centro de Estudios Legales y Sociales y en la Organización de Naciones Unidas (ONU). Ahora estará a cargo del diseño de políticas para el desarrollo institucional de la policía. Lograr una mayor profesionalización democrática de las fuerzas de seguridad será el pilar de un trabajo enfocado en la formación y capacitación de oficiales y suboficiales, el control de ascensos y selección de personal y los derechos de los funcionarios policiales.
Miguel Angel Robles asumió como subsecretario de Delitos Complejos y Lucha contra la Criminalidad Organizada. Robles es un policía cordobés –era jefe de la División Telefonía de la Policía Judicial– que, al investigar la muerte de su padre en 1975, descubrió que lo había matado la propia fuerza de seguridad y no un atentado montonero, como versaba la “historia oficial”. Con el resultado de su investigación, Robles escribió un libro, La búsqueda, que en su momento llegó a manos de la Presidenta.
Como subsecretario de Planeamiento Estratégico de la seguridad fue designado Juan López Chorne, que se desempeñaba como subsecretario de Diego Sibilla, un joven de 33 años que acompañó a Garré como viceministro en el último tramo de su gestión y que también desembarcó en la cartera de Seguridad.
El Ministerio de Seguridad fue creado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando una toma de tierras en el Parque Indoamericano dejó tres muertos después de la represión policial y el enfrentamiento entre vecinos de la zona. Garré fue designada en el nuevo ministerio tras su desempeño en Defensa, donde consiguió abrir un proceso de modernización y actualización de las rígidas estructuras militares.
Página 12
13 de enero de 2011
El Ministerio de Seguridad que conduce Nilda Garré va tomando forma. La estructura quedó integrada por Ileana Arduino –viene de la cartera de Defensa– en la Secretaría de Políticas de Prevención y Relaciones con la Comunidad; por Gustavo Palmieri –abogado de amplia experiencia en el CELS y en Naciones Unidas– como subsecretario de Gestión y Bienestar del Personal de las Fuerzas Policiales, y por el policía cordobés Miguel Angel Robles, a cargo de Delitos Complejos.
En medio de la recorrida para monitorear el Operativo Centinela en el partido de Malvinas Argentinas, la ministra Garré expuso algunos de los ejes rectores que impulsará al frente de la sensible cartera de Seguridad.
La ex ministra de Defensa aseguró que su propósito es tener un “plan integral en el que sumemos lo moderno y capacitación de nuestros recursos humanos, y después una articulación del Estado nacional con los Estados provinciales y los municipales”. Fue en ese contexto que se formalizó la designación de varios funcionarios para desempeñarse en la nueva cartera.
En la Secretaría de Políticas de Prevención y Relaciones con la Comunidad fue designada la abogada Ileana Romina Arduino, quien ya venía acompañando la gestión de Garré en Defensa. Considerada como “un cuadro político” por el entorno de la ministra, va a estar encargada del seguimiento de la aplicación de políticas del sector. Trae una experiencia de cinco años al frente de la Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Debajo de Arduino fue designada como subsecretaria de Prevención del Delito y la Violencia, Cecilia Laura Ales, que ya trabajaba en la Secretaría de Seguridad y fue ratificada por Garré por su experiencia y sus antecedentes académicos.
El abogado Gustavo Palmieri quedó al frente de la Subsecretaría de Gestión y Bienestar del Personal de las Fuerzas Policiales. Palmieri trabajó muchos años en el Centro de Estudios Legales y Sociales y en la Organización de Naciones Unidas (ONU). Ahora estará a cargo del diseño de políticas para el desarrollo institucional de la policía. Lograr una mayor profesionalización democrática de las fuerzas de seguridad será el pilar de un trabajo enfocado en la formación y capacitación de oficiales y suboficiales, el control de ascensos y selección de personal y los derechos de los funcionarios policiales.
Miguel Angel Robles asumió como subsecretario de Delitos Complejos y Lucha contra la Criminalidad Organizada. Robles es un policía cordobés –era jefe de la División Telefonía de la Policía Judicial– que, al investigar la muerte de su padre en 1975, descubrió que lo había matado la propia fuerza de seguridad y no un atentado montonero, como versaba la “historia oficial”. Con el resultado de su investigación, Robles escribió un libro, La búsqueda, que en su momento llegó a manos de la Presidenta.
Como subsecretario de Planeamiento Estratégico de la seguridad fue designado Juan López Chorne, que se desempeñaba como subsecretario de Diego Sibilla, un joven de 33 años que acompañó a Garré como viceministro en el último tramo de su gestión y que también desembarcó en la cartera de Seguridad.
El Ministerio de Seguridad fue creado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando una toma de tierras en el Parque Indoamericano dejó tres muertos después de la represión policial y el enfrentamiento entre vecinos de la zona. Garré fue designada en el nuevo ministerio tras su desempeño en Defensa, donde consiguió abrir un proceso de modernización y actualización de las rígidas estructuras militares.
Una Supersecretaría de la Comunicación
Por Nicolás Lantos
Página 12
13 de enero de 2011
La presidenta Cristina Kirchner decidió unificar los criterios de diagramación y ejecución de las acciones del Gobierno a través de la creación de la Secretaría de Comunicación Pública, que quedará a cargo del ex secretario de la Gestión Pública, Juan Manuel Abal Medina, tal como anticipó ayer Página/12. Esta nueva oficina, bajo el ala de la Jefatura de Gabinete pero con llegada directa al despacho de la Presidenta el diseño de políticas de difusión de las actividades del Ejecutivo, supervisará los contenidos del sistema de medios públicos y la planificación del reparto de la publicidad oficial, además de la representación de la Jefatura de Gabinete ante el Programa Fútbol para Todos. Sin embargo, Además, la responsabilidad más novedosa de Abal Medina será encabezar el flamante Consejo Coordinador de Políticas de Comunicación Pública, con la misión de unificar el trabajo en esa materia de distintas dependencias del Estado.
La designación del joven politólogo de 41 años al frente de la nueva Secretaría se oficializó hoy con la publicación en el Boletín Oficial de los decretos 14 al 20/2011. Según el texto, el funcionario tendrá a su cargo “entender en la formulación, ejecución y supervisión de la política de comunicación pública” del Poder Ejecutivo, además de “la comunicación de las actividades del Sector Público Nacional, de los actos del Estado y en su relación institucional con los medios de comunicación”.
A estas funciones se agrega la de “administrar y supervisar los medios de difusión que se encuentran bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional” y también aquellos en los que el Estado sea accionista, y “coordinar y verificar la ejecución de las políticas fijadas por el Estado Nacional para el sector de la radiodifusión”, lo cual le asegurará cierto nivel de control sobre los contenidos de los canales públicos de televisión y de Radio Nacional. También formará parte, como representante de la Jefatura de Gabinete, del Comité que maneja el programa Fútbol para Todos, con la función de intervenir “en las materias propias de la comunicación pública”.
Otra atribución de la nueva secretaría será, tal como aparece en el decreto, “entender y efectuar la planificación y ejecución de la publicidad oficial de gestión centralizada y aprobar los lineamientos de la descentralizada”. De esta manera, Abal Medina manejará, directa o indirectamente, los recursos que distribuye el Ejecutivo en materia de pauta publicitaria, algo que despertó las críticas de la oposición (ver aparte).
La conformación de esta nueva Secretaría aparece relacionada con el calendario electoral: en Casa Rosada consideran que este año “se juega en las urnas el futuro del modelo”, según argumentaban ayer a este diario, por lo que decidieron centralizar la estrategia comunicativa para hacerla más efectiva. No es casualidad que Abal Medina pase a ocupar un rol que interpretaba, desde la ya extinta Secretaría de Medios, Enrique Albistur, quien debió abandonar la función pública tras las difíciles, para el oficialismo, elecciones legislativas del 2009.
Por otra parte, la Presidenta decidió crear un Consejo de Coordinación de Políticas de Comunicación Pública, que buscará unificar criterios interjurisdiccionales “en materia de políticas de comunicación y difusión institucionales”, funcionar como nexo entre los distintos organismos del Estado que tengan a su cargo tareas de “comunicación de la gestión gubernamental”, encargarse de la “capacitación y desarrollo” del personal a cargo de esos roles e implementar “estrategias de comunicación de políticas regionales y sectoriales”.
El Consejo, encabezado por Abal Medina, estará integrado por los titulares de la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Planificación, de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC, también bajo el ala de Julio De Vido), de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), de Télam y de Radio y Televisión Argentina (Rtasa); además de un representante del Consejo Asesor del Sistema de Televisión Digital Terrestre y otro del Ministerio de Educación.
Junto a la designación de Abal Medina al frente de la Secretaría, se confirmó la continuidad de Alfredo Scoccimarro en el área. El hasta ayer subsecretario de Medios, cargo desde el que funcionaba como virtual vocero de la Presidenta, continuará con ese rol pero bajo el nombre de subsecretario de Comunicación y Contenidos de Difusión. Scoccimarro, que llegó al gobierno como vocero de De Vido, se convirtió en el hombre de confianza de Néstor Kirchner en cuanto a la relación con los medios luego de que dejara la presidencia.
Por último, Abal Medina puso a dos cuadros de su mayor confianza al frente de otras dos subsecretarías, con una curiosidad: se trata de dos hermanos. Son Lucas y Facundo Nejamkis, que acompañaron el paso del flamante secretario por el Frepaso y la Ciencia Política. Lucas era el número dos de Gestión Pública y ahora ocupará la Subsecretaría de Comunicación Pública; mientras que su hermano Facundo, histórico colaborador de Chacho Alvarez, estará al frente de la Subsecretaría de Comunicación Estratégica. Todavía no se conocieron los detalles del rol específico que tendrá cada uno en el nuevo armado.
Página 12
13 de enero de 2011
La presidenta Cristina Kirchner decidió unificar los criterios de diagramación y ejecución de las acciones del Gobierno a través de la creación de la Secretaría de Comunicación Pública, que quedará a cargo del ex secretario de la Gestión Pública, Juan Manuel Abal Medina, tal como anticipó ayer Página/12. Esta nueva oficina, bajo el ala de la Jefatura de Gabinete pero con llegada directa al despacho de la Presidenta el diseño de políticas de difusión de las actividades del Ejecutivo, supervisará los contenidos del sistema de medios públicos y la planificación del reparto de la publicidad oficial, además de la representación de la Jefatura de Gabinete ante el Programa Fútbol para Todos. Sin embargo, Además, la responsabilidad más novedosa de Abal Medina será encabezar el flamante Consejo Coordinador de Políticas de Comunicación Pública, con la misión de unificar el trabajo en esa materia de distintas dependencias del Estado.
La designación del joven politólogo de 41 años al frente de la nueva Secretaría se oficializó hoy con la publicación en el Boletín Oficial de los decretos 14 al 20/2011. Según el texto, el funcionario tendrá a su cargo “entender en la formulación, ejecución y supervisión de la política de comunicación pública” del Poder Ejecutivo, además de “la comunicación de las actividades del Sector Público Nacional, de los actos del Estado y en su relación institucional con los medios de comunicación”.
A estas funciones se agrega la de “administrar y supervisar los medios de difusión que se encuentran bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional” y también aquellos en los que el Estado sea accionista, y “coordinar y verificar la ejecución de las políticas fijadas por el Estado Nacional para el sector de la radiodifusión”, lo cual le asegurará cierto nivel de control sobre los contenidos de los canales públicos de televisión y de Radio Nacional. También formará parte, como representante de la Jefatura de Gabinete, del Comité que maneja el programa Fútbol para Todos, con la función de intervenir “en las materias propias de la comunicación pública”.
Otra atribución de la nueva secretaría será, tal como aparece en el decreto, “entender y efectuar la planificación y ejecución de la publicidad oficial de gestión centralizada y aprobar los lineamientos de la descentralizada”. De esta manera, Abal Medina manejará, directa o indirectamente, los recursos que distribuye el Ejecutivo en materia de pauta publicitaria, algo que despertó las críticas de la oposición (ver aparte).
La conformación de esta nueva Secretaría aparece relacionada con el calendario electoral: en Casa Rosada consideran que este año “se juega en las urnas el futuro del modelo”, según argumentaban ayer a este diario, por lo que decidieron centralizar la estrategia comunicativa para hacerla más efectiva. No es casualidad que Abal Medina pase a ocupar un rol que interpretaba, desde la ya extinta Secretaría de Medios, Enrique Albistur, quien debió abandonar la función pública tras las difíciles, para el oficialismo, elecciones legislativas del 2009.
Por otra parte, la Presidenta decidió crear un Consejo de Coordinación de Políticas de Comunicación Pública, que buscará unificar criterios interjurisdiccionales “en materia de políticas de comunicación y difusión institucionales”, funcionar como nexo entre los distintos organismos del Estado que tengan a su cargo tareas de “comunicación de la gestión gubernamental”, encargarse de la “capacitación y desarrollo” del personal a cargo de esos roles e implementar “estrategias de comunicación de políticas regionales y sectoriales”.
El Consejo, encabezado por Abal Medina, estará integrado por los titulares de la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Planificación, de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC, también bajo el ala de Julio De Vido), de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), de Télam y de Radio y Televisión Argentina (Rtasa); además de un representante del Consejo Asesor del Sistema de Televisión Digital Terrestre y otro del Ministerio de Educación.
Junto a la designación de Abal Medina al frente de la Secretaría, se confirmó la continuidad de Alfredo Scoccimarro en el área. El hasta ayer subsecretario de Medios, cargo desde el que funcionaba como virtual vocero de la Presidenta, continuará con ese rol pero bajo el nombre de subsecretario de Comunicación y Contenidos de Difusión. Scoccimarro, que llegó al gobierno como vocero de De Vido, se convirtió en el hombre de confianza de Néstor Kirchner en cuanto a la relación con los medios luego de que dejara la presidencia.
Por último, Abal Medina puso a dos cuadros de su mayor confianza al frente de otras dos subsecretarías, con una curiosidad: se trata de dos hermanos. Son Lucas y Facundo Nejamkis, que acompañaron el paso del flamante secretario por el Frepaso y la Ciencia Política. Lucas era el número dos de Gestión Pública y ahora ocupará la Subsecretaría de Comunicación Pública; mientras que su hermano Facundo, histórico colaborador de Chacho Alvarez, estará al frente de la Subsecretaría de Comunicación Estratégica. Todavía no se conocieron los detalles del rol específico que tendrá cada uno en el nuevo armado.
Seis allanamientos y dudas sobre la conexión local
Tiempo Argentino
13 de enero de 2011
La documentación oficial señala que el avión de Medical Jet, interceptado con casi una tonelada de cocaína en Barcelona, salió con la bodega vacía desde Buenos Aires. Sin embargo, la justicia argentina que investiga la conexión local del caso todavía no descarta que la droga haya sido cargada aquí violando los controles de rigor. De hecho, a esa hipótesis responden los seis allanamientos realizados ayer, ordenados por el juez en lo Penal Económico Alejandro Catania, en las oficinas de la empresa y en domicilios de los tres argentinos detenidos en España: los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, dueños de la empresa, y Matías Miret, el copiloto.
El fiscal de la causa, Miguel Schamun, pidió en las últimas horas una serie de medidas al juez. Fuentes cercanas a la investigación aseguraron que entre esas medidas figuraban informes que debían ser requeridos a las autoridades aeroportuarias de Cabo Verde y España sobre los movimientos de la aeronave.Hasta anoche no había constancias de que de los informes internacionales hubieran llegado, al menos oficialmente, al juzgado. Pero si se aceptara que la droga no fue cargada en Cabo Verde y que el avión no estuvo en otro aeropuerto, existiría la posibilidad de que la cocaína se hubiera cargado en Ezeiza. En ese hipotético escenario, los investigadores tratan de determinar si es posible realizar semejante carga en pista, después de haber pasado por los controles aduaneros de rigor. “El volumen de 944 kilos de cocaína no es invisible, pero tampoco ofrece grandes problemas para una carga rápida en una bodega de avión”, explicaron fuentes judiciales. Entre la documentación secuestrada en los allanamientos, deslizaron que parte de la búsqueda se orientará a determinar si hubo vuelos similares con anterioridad. En caso afirmativo, la justicia investigará si las personas que intervinieron en todo el proceso previo al decolaje de la aeronave Challenger 604 son las mismas que en los otros vuelos.
13 de enero de 2011
La documentación oficial señala que el avión de Medical Jet, interceptado con casi una tonelada de cocaína en Barcelona, salió con la bodega vacía desde Buenos Aires. Sin embargo, la justicia argentina que investiga la conexión local del caso todavía no descarta que la droga haya sido cargada aquí violando los controles de rigor. De hecho, a esa hipótesis responden los seis allanamientos realizados ayer, ordenados por el juez en lo Penal Económico Alejandro Catania, en las oficinas de la empresa y en domicilios de los tres argentinos detenidos en España: los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, dueños de la empresa, y Matías Miret, el copiloto.
El fiscal de la causa, Miguel Schamun, pidió en las últimas horas una serie de medidas al juez. Fuentes cercanas a la investigación aseguraron que entre esas medidas figuraban informes que debían ser requeridos a las autoridades aeroportuarias de Cabo Verde y España sobre los movimientos de la aeronave.Hasta anoche no había constancias de que de los informes internacionales hubieran llegado, al menos oficialmente, al juzgado. Pero si se aceptara que la droga no fue cargada en Cabo Verde y que el avión no estuvo en otro aeropuerto, existiría la posibilidad de que la cocaína se hubiera cargado en Ezeiza. En ese hipotético escenario, los investigadores tratan de determinar si es posible realizar semejante carga en pista, después de haber pasado por los controles aduaneros de rigor. “El volumen de 944 kilos de cocaína no es invisible, pero tampoco ofrece grandes problemas para una carga rápida en una bodega de avión”, explicaron fuentes judiciales. Entre la documentación secuestrada en los allanamientos, deslizaron que parte de la búsqueda se orientará a determinar si hubo vuelos similares con anterioridad. En caso afirmativo, la justicia investigará si las personas que intervinieron en todo el proceso previo al decolaje de la aeronave Challenger 604 son las mismas que en los otros vuelos.
miércoles, 12 de enero de 2011
Adicionales que no llegaban a destino
Siete de los desplazados fueron procesados por quedarse con parte del dinero de los adicionales. Se suman al superintendente de Asuntos Internos, Raúl Timossi, quien sancionó al cabo que denunció ese caso.
Por Raúl Kollmann
Página 12
12 de enero de 2011
En el marco de los estudios de todos los legajos de oficiales de la Policía Federal que aspiran a ascensos, la ministra de Seguridad Nilda Garré resolvió ayer pasar a disponibilidad preventiva a ocho comisarios. Siete de ellos están procesados por la jueza María Romilda Servini de Cubría porque presuntamente se quedaban con parte del dinero que se les debía pagar a los agentes que realizaban adicionales. También quedó en la misma situación el recientemente designado superintendente de Asuntos Internos de la fuerza, Raúl Timossi, quien sancionó al cabo denunciante Fernando Sousa Helguera, pese a que la Justicia determinó que dos denuncias posteriores en su contra, anónimas, realizadas casi como una venganza, resultaron falsas. Sousa Helguera no tendría que haber sido sancionado, pero Timossi violó la norma que indica que un efectivo no puede ser penalizado cuando la Justicia lo declara inocente.
En el año 2001, el cabo Sousa Helguera trabajaba como fotógrafo en la División Científica de la Policía Federal. Por entonces, se dio cuenta de que le habían dejado de pagar las horas extras –adicionales– que realizaba, pese a que firmaba todos los meses los recibos correspondientes. El suboficial empezó a averiguar qué ocurría y se enteró que lo mismo le pasaba a otros efectivos de Científica. Finalmente decidió hacer la denuncia, que recayó en la jueza federal María Romilda Servini de Cubría. La causa fue la número 4783/05. La magistrada investigó a 28 oficiales, entre ellos a veinte comisarios y al final de la pesquisa judicial resolvió procesar a siete de los imputados. Los cargos fueron peculado –que consiste en quedarse con dinero público– y falsedad ideológica. Ayer, Garré resolvió pasar a disponibilidad preventiva a todos los oficiales procesados, al menos hasta que haya sentencia judicial. Según los trascendidos, las pruebas contra los uniformados serían muy contundentes, entre otras razones porque decenas de efectivos declararon en su contra y habrían sido sujetos de la misma maniobra: realizaban horas extra, firmaban los recibos, pero no se les pagó lo que correspondía.
La situación de Timossi es igualmente comprometida. Después de hacer la denuncia, Sousa Helguera recibió dos imputaciones en su contra. Se lo acusó esencialmente de venderles información sobre la salud de efectivos policiales a dos estudios jurídicos. Estas denuncias anónimas también terminaron en la Justicia, pero, además, Asuntos Internos abrió un expediente contra Sousa Helguera. El instructor del legajo fue Timossi.
El delito supuestamente cometido por el cabo fue exacciones ilegales, que consiste en exigir dinero a particulares desde el Estado. La investigación judicial demostró que las denuncias contra Sousa Helguera fueron falsas, al punto que el dictamen final de la Justicia fue que “los delitos nunca se cometieron”. Pese a lo indicado por el expediente judicial, Timossi igualmente sancionó a Sousa Helguera, algo que es ilegal ya que la norma indica que si la Justicia sobresee a un integrante de la fuerza, ésta no puede tomar determinaciones que van en contra de lo resuelto por los jueces.
Para peor, un análisis del expediente de Asuntos Internos demostró varias irregularidades. Entre otras, que se realizaron escuchas ilegales a estudios de abogados y que a Sousa Helguera se le negaron los derechos de defensa. Sobre la base de todos esos elementos, el entonces fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, realizó una nueva denuncia en la Justicia y, además, le pidió a la Policía Federal que reponga en su puesto a Sousa Helguera, aunque el cabo ya se pasó al campo de la política, incorporándose a las huestes de Felipe Solá en Esteban Echeverría.
Desde que asumió como ministra, Garré, y la secretaria de Seguridad, Graciela Caamaño, tuvieron que dedicar parte importante de su tiempo a resolver sobre los ascensos en todas las fuerzas que dependen de esa cartera. La fecha tradicional es diciembre, pero los legajos siguen en estudio para fundamentar las decisiones que se tomen. La disponibilidad preventiva de Timossi y los otros ocho oficiales de alto rango son producto justamente de la revisión de los legajos.
La lógica indica que Garré tendrá que designar a otro superintendente de Asuntos Internos, un puesto clave porque es quien tiene la responsabilidad de controlar a la fuerza desde el punto de vista de la disciplina y, sobre todo, de los casos de corrupción. Tanto Garré como Caamaño adhieren al Acuerdo para una Seguridad Democrática que, entre otros puntos fundacionales, sostiene que lo óptimo es que Asuntos Internos esté a cargo de civiles e incluso que se adopte el modelo que hoy ya tiene la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la que Asuntos Internos funciona como una auditoría externa, es decir que no está bajo la disciplina de los jefes de la fuerza. En ese esquema, lo razonable es que Asuntos Internos dependa exclusivamente del propio ministerio.
Por Raúl Kollmann
Página 12
12 de enero de 2011
En el marco de los estudios de todos los legajos de oficiales de la Policía Federal que aspiran a ascensos, la ministra de Seguridad Nilda Garré resolvió ayer pasar a disponibilidad preventiva a ocho comisarios. Siete de ellos están procesados por la jueza María Romilda Servini de Cubría porque presuntamente se quedaban con parte del dinero que se les debía pagar a los agentes que realizaban adicionales. También quedó en la misma situación el recientemente designado superintendente de Asuntos Internos de la fuerza, Raúl Timossi, quien sancionó al cabo denunciante Fernando Sousa Helguera, pese a que la Justicia determinó que dos denuncias posteriores en su contra, anónimas, realizadas casi como una venganza, resultaron falsas. Sousa Helguera no tendría que haber sido sancionado, pero Timossi violó la norma que indica que un efectivo no puede ser penalizado cuando la Justicia lo declara inocente.
En el año 2001, el cabo Sousa Helguera trabajaba como fotógrafo en la División Científica de la Policía Federal. Por entonces, se dio cuenta de que le habían dejado de pagar las horas extras –adicionales– que realizaba, pese a que firmaba todos los meses los recibos correspondientes. El suboficial empezó a averiguar qué ocurría y se enteró que lo mismo le pasaba a otros efectivos de Científica. Finalmente decidió hacer la denuncia, que recayó en la jueza federal María Romilda Servini de Cubría. La causa fue la número 4783/05. La magistrada investigó a 28 oficiales, entre ellos a veinte comisarios y al final de la pesquisa judicial resolvió procesar a siete de los imputados. Los cargos fueron peculado –que consiste en quedarse con dinero público– y falsedad ideológica. Ayer, Garré resolvió pasar a disponibilidad preventiva a todos los oficiales procesados, al menos hasta que haya sentencia judicial. Según los trascendidos, las pruebas contra los uniformados serían muy contundentes, entre otras razones porque decenas de efectivos declararon en su contra y habrían sido sujetos de la misma maniobra: realizaban horas extra, firmaban los recibos, pero no se les pagó lo que correspondía.
La situación de Timossi es igualmente comprometida. Después de hacer la denuncia, Sousa Helguera recibió dos imputaciones en su contra. Se lo acusó esencialmente de venderles información sobre la salud de efectivos policiales a dos estudios jurídicos. Estas denuncias anónimas también terminaron en la Justicia, pero, además, Asuntos Internos abrió un expediente contra Sousa Helguera. El instructor del legajo fue Timossi.
El delito supuestamente cometido por el cabo fue exacciones ilegales, que consiste en exigir dinero a particulares desde el Estado. La investigación judicial demostró que las denuncias contra Sousa Helguera fueron falsas, al punto que el dictamen final de la Justicia fue que “los delitos nunca se cometieron”. Pese a lo indicado por el expediente judicial, Timossi igualmente sancionó a Sousa Helguera, algo que es ilegal ya que la norma indica que si la Justicia sobresee a un integrante de la fuerza, ésta no puede tomar determinaciones que van en contra de lo resuelto por los jueces.
Para peor, un análisis del expediente de Asuntos Internos demostró varias irregularidades. Entre otras, que se realizaron escuchas ilegales a estudios de abogados y que a Sousa Helguera se le negaron los derechos de defensa. Sobre la base de todos esos elementos, el entonces fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, realizó una nueva denuncia en la Justicia y, además, le pidió a la Policía Federal que reponga en su puesto a Sousa Helguera, aunque el cabo ya se pasó al campo de la política, incorporándose a las huestes de Felipe Solá en Esteban Echeverría.
Desde que asumió como ministra, Garré, y la secretaria de Seguridad, Graciela Caamaño, tuvieron que dedicar parte importante de su tiempo a resolver sobre los ascensos en todas las fuerzas que dependen de esa cartera. La fecha tradicional es diciembre, pero los legajos siguen en estudio para fundamentar las decisiones que se tomen. La disponibilidad preventiva de Timossi y los otros ocho oficiales de alto rango son producto justamente de la revisión de los legajos.
La lógica indica que Garré tendrá que designar a otro superintendente de Asuntos Internos, un puesto clave porque es quien tiene la responsabilidad de controlar a la fuerza desde el punto de vista de la disciplina y, sobre todo, de los casos de corrupción. Tanto Garré como Caamaño adhieren al Acuerdo para una Seguridad Democrática que, entre otros puntos fundacionales, sostiene que lo óptimo es que Asuntos Internos esté a cargo de civiles e incluso que se adopte el modelo que hoy ya tiene la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la que Asuntos Internos funciona como una auditoría externa, es decir que no está bajo la disciplina de los jefes de la fuerza. En ese esquema, lo razonable es que Asuntos Internos dependa exclusivamente del propio ministerio.
Gobierno con nuevo comunicador
El hasta ayer secretario de Gestión Pública quedará al frente de un área que apuntará a concentrar y jerarquizar la política comunicacional del Gobierno en el año electoral. Scoccimarro continuará como subsecretario.
Por Nicolás Lantos
Página 12
12 de enero de 2011
El secretario de Gestión Pública, Juan Manuel Abal Medina, fue designado ayer para encabezar la flamante Secretaría de Comunicación Pública, creada por la presidenta Cristina Kirchner para concentrar las políticas de comunicación del Estado en el inicio del año electoral. Este espacio reemplazará la Secretaría de Medios –que se encontraba vacante desde julio de 2009, luego de la renuncia de su último titular, Enrique Albistur, poco después de la derrota del oficialismo en los comicios legislativos– y tendrá como principal objetivo la coordinación de las estrategias comunicativas oficiales. Tras un día cargado de rumores, fue el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien anunció la novedad. La nueva dependencia quedará bajo su ala.
“Hubo una decisión política de la Presidenta de concentrar la política de comunicación”, explicaron a Página/12 fuentes de la Casa Rosada. El cambio apunta a jerarquizar la tarea comunicativa del Gobierno, buscando aunar estrategias de cara a un año cargado de elecciones, que culminará en octubre con las presidenciales. La nueva Secretaría de Comunicación Pública absorberá las funciones que tenía a su cargo la Secretaría de Medios, incluyendo la distribución de la pauta publicitaria, pero tendrá nuevas responsabilidades relacionadas con la unificación de los criterios en la difusión de información oficial.
El elegido para ocupar este espacio es el hasta hoy secretario de Gestión Pública y virtual vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, un doctor en Ciencia Política de 41 años que forma parte del Gobierno desde 2005 y se transformó en uno de los hombres de mayor confianza de Néstor Kirchner antes de su muerte. Era, junto con Rafael Follonier, uno de sus asesores de cabecera tanto en asuntos de política interna y la conducción del PJ como en su labor al frente de la Unasur.
“Es un hombre que era muy cercano a Néstor y un funcionario con un perfil que a la Presidenta le interesa mucho: joven, con mucha formación, capacitado para la función y que entiende mucho de política”, comentó Follonier a este diario sobre las razones de la designación. “Es uno de los funcionarios mejor formados con los que cuenta el kirchnerismo, estaba a cargo de una secretaría de mucha importancia aunque ahora va a una en la que tendrá mucha mayor exposición pública –abundó–. Eso demuestra la confianza que le tiene Cristina.”
El reacomodamiento generará más cambios en el área, aunque todavía no está listo el decreto que reglamentará la nueva estructura. Probablemente el texto definitivo sea redactado, y firmado por la Presidenta, durante el día de hoy. De todas formas, en la Casa Rosada aseguran que seguirá en su cargo el subsecretario de Comunicación, Alfredo Scoccimarro, que hace las veces de vocero presidencial. Lo mismo, afirman, corre para Juan Ross, al frente de la Subsecretaría de Gestión de Medios. Todos, en el marco de la nueva dependencia, seguirán bajo la órbita de la jefatura de Gabinete encabezada por Aníbal Fernández, que continúa en su cargo a pesar de las versiones que indicaban lo contrario (ver aparte).
Abal Medina viene de una familia de estirpe peronista. Su padre, de quien heredó el nombre, fue secretario general del Movimiento Justicialista y hombre de máxima confianza de Juan Domingo Perón, al punto de haber sido su último delegado en la Argentina antes de que el ex presidente volviera al país. En ese rol, fue uno de los encargados de organizar el regreso del líder luego de 18 años de exilio. A su vez, su tío Fernando Abal Medina fue uno de los fundadores de Montoneros, participó del fusilamiento del general Pedro Aramburu y murió en un enfrentamiento con la policía en 1970.
Politólogo formado en la UBA con varios doctorados en el exterior, Abal Medina se sumó al gobierno kirchnerista en 2005 pero ya arrastraba experiencias de gestión: fue titular del Instituto Nacional de la Administración Pública durante la presidencia de Fernando de la Rúa y director general de Asuntos Políticos y Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires entre 2001 y 2003, cuando la Capital era gobernada por Aníbal Ibarra.
Llegó al gobierno de Néstor Kirchner en 2005, desembarcando en el cargo que mantuvo hasta hoy y que fue creado ad hoc para él por el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Se mantuvo en esa oficina desde entonces, aun cuando Alberto Fernández se alejó del oficialismo para dejarle su lugar a Sergio Massa, y luego Massa hiciera lo propio en favor de otro Fernández, Aníbal. A partir de la gestión del intendente de Tigre, comenzó a cumplir el rol de un virtual vicejefe de Gabinete.
En los últimos años, su labor llamó la atención de Néstor Kirchner, quien lo adoptó como uno de sus pocos hombres de confianza. El equipo que conformaban el ex presidente, Follonier y Abal Medina trabajaba tanto en asuntos de gobierno como respecto de la organización del PJ, pero tomó mayor relevancia cuando el santacruceño asumió como secretario general de la Unasur, en mayo del año pasado. Sus gestiones fueron clave para desactivar, contrarreloj, el conflicto entre Colombia y Venezuela, así como para dar respaldo al presidente ecuatoriano Rafael Correa cuando tuvo que enfrentar un intento de golpe de Estado en su contra.
Por Nicolás Lantos
Página 12
12 de enero de 2011
El secretario de Gestión Pública, Juan Manuel Abal Medina, fue designado ayer para encabezar la flamante Secretaría de Comunicación Pública, creada por la presidenta Cristina Kirchner para concentrar las políticas de comunicación del Estado en el inicio del año electoral. Este espacio reemplazará la Secretaría de Medios –que se encontraba vacante desde julio de 2009, luego de la renuncia de su último titular, Enrique Albistur, poco después de la derrota del oficialismo en los comicios legislativos– y tendrá como principal objetivo la coordinación de las estrategias comunicativas oficiales. Tras un día cargado de rumores, fue el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien anunció la novedad. La nueva dependencia quedará bajo su ala.
“Hubo una decisión política de la Presidenta de concentrar la política de comunicación”, explicaron a Página/12 fuentes de la Casa Rosada. El cambio apunta a jerarquizar la tarea comunicativa del Gobierno, buscando aunar estrategias de cara a un año cargado de elecciones, que culminará en octubre con las presidenciales. La nueva Secretaría de Comunicación Pública absorberá las funciones que tenía a su cargo la Secretaría de Medios, incluyendo la distribución de la pauta publicitaria, pero tendrá nuevas responsabilidades relacionadas con la unificación de los criterios en la difusión de información oficial.
El elegido para ocupar este espacio es el hasta hoy secretario de Gestión Pública y virtual vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, un doctor en Ciencia Política de 41 años que forma parte del Gobierno desde 2005 y se transformó en uno de los hombres de mayor confianza de Néstor Kirchner antes de su muerte. Era, junto con Rafael Follonier, uno de sus asesores de cabecera tanto en asuntos de política interna y la conducción del PJ como en su labor al frente de la Unasur.
“Es un hombre que era muy cercano a Néstor y un funcionario con un perfil que a la Presidenta le interesa mucho: joven, con mucha formación, capacitado para la función y que entiende mucho de política”, comentó Follonier a este diario sobre las razones de la designación. “Es uno de los funcionarios mejor formados con los que cuenta el kirchnerismo, estaba a cargo de una secretaría de mucha importancia aunque ahora va a una en la que tendrá mucha mayor exposición pública –abundó–. Eso demuestra la confianza que le tiene Cristina.”
El reacomodamiento generará más cambios en el área, aunque todavía no está listo el decreto que reglamentará la nueva estructura. Probablemente el texto definitivo sea redactado, y firmado por la Presidenta, durante el día de hoy. De todas formas, en la Casa Rosada aseguran que seguirá en su cargo el subsecretario de Comunicación, Alfredo Scoccimarro, que hace las veces de vocero presidencial. Lo mismo, afirman, corre para Juan Ross, al frente de la Subsecretaría de Gestión de Medios. Todos, en el marco de la nueva dependencia, seguirán bajo la órbita de la jefatura de Gabinete encabezada por Aníbal Fernández, que continúa en su cargo a pesar de las versiones que indicaban lo contrario (ver aparte).
Abal Medina viene de una familia de estirpe peronista. Su padre, de quien heredó el nombre, fue secretario general del Movimiento Justicialista y hombre de máxima confianza de Juan Domingo Perón, al punto de haber sido su último delegado en la Argentina antes de que el ex presidente volviera al país. En ese rol, fue uno de los encargados de organizar el regreso del líder luego de 18 años de exilio. A su vez, su tío Fernando Abal Medina fue uno de los fundadores de Montoneros, participó del fusilamiento del general Pedro Aramburu y murió en un enfrentamiento con la policía en 1970.
Politólogo formado en la UBA con varios doctorados en el exterior, Abal Medina se sumó al gobierno kirchnerista en 2005 pero ya arrastraba experiencias de gestión: fue titular del Instituto Nacional de la Administración Pública durante la presidencia de Fernando de la Rúa y director general de Asuntos Políticos y Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires entre 2001 y 2003, cuando la Capital era gobernada por Aníbal Ibarra.
Llegó al gobierno de Néstor Kirchner en 2005, desembarcando en el cargo que mantuvo hasta hoy y que fue creado ad hoc para él por el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Se mantuvo en esa oficina desde entonces, aun cuando Alberto Fernández se alejó del oficialismo para dejarle su lugar a Sergio Massa, y luego Massa hiciera lo propio en favor de otro Fernández, Aníbal. A partir de la gestión del intendente de Tigre, comenzó a cumplir el rol de un virtual vicejefe de Gabinete.
En los últimos años, su labor llamó la atención de Néstor Kirchner, quien lo adoptó como uno de sus pocos hombres de confianza. El equipo que conformaban el ex presidente, Follonier y Abal Medina trabajaba tanto en asuntos de gobierno como respecto de la organización del PJ, pero tomó mayor relevancia cuando el santacruceño asumió como secretario general de la Unasur, en mayo del año pasado. Sus gestiones fueron clave para desactivar, contrarreloj, el conflicto entre Colombia y Venezuela, así como para dar respaldo al presidente ecuatoriano Rafael Correa cuando tuvo que enfrentar un intento de golpe de Estado en su contra.
Argentina asume al frente del G-77
Por Catriel Etcheverri
Tiempo Argentino
12 de enero de 2011
La Argentina se está convirtiendo en un jugador global de peso en la política internacional. Muy lejos quedan los años de aislamiento que se verificaron como consecuencia de la crisis del año 2001” aseguró ayer a Tiempo Argentino el embajador ante la Organización de Naciones Unidas, Jorge Argüello.
Designada en septiembre pasado, la Argentina asumirá formalmente hoy la presidencia del Grupo de los 77 (G-77) más China que reúne a los países en desarrollo más el gigante asiático. Aunque el G-77 concentra la porción más grande del Producto Bruto Mundial y el mayor volumen demográfico, no tiene la debida representación en el sistema de decisión de los organismos multilaterales. “La intención de la Argentina será revertir la ecuación en que una minoría de poderosos indican lo que sucede en todos los países del mundo”, señaló el canciller Héctor Timerman, que debió suspender su participación en el acto de asunción que se celebrará hoy en Nueva York debido a que una fuerte tormenta de nieve le impidió volar a la ciudad estadounidense.
Argüello destacó el papel preponderante que puede jugar el país en su doble función de miembro pleno del G-20 y titular del G-77. “La Argentina está llamada a expresar la voz de los países en desarrollo en el marco del G-20. Este es el compromiso que asumió la presidenta de la república y este fue el pedido que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon le efectuó a Cristina Fernández y a Néstor Kirchner en una reunión que mantuvieron en septiembre pasado”.
El embajador ante la ONU adelantó además algunos de los puntos principales que integrarán los ejes de trabajo que desarrollará la gestión argentina al frente del G-77. “Hay una vasta agenda que va a ser anunciada mañana (por hoy) que básicamente tiene que ver con cuestiones vinculadas a la reforma financiera internacional, el cambio climático y la cooperación sur-sur entre otras cosas”, señaló a este diario.
Estos lineamientos van al unísono con los reclamos que la Argentina viene realizando desde 2003 en diversos organismos internacionales. En el marco de la Asamblea General de la ONU de 2010, la presidenta reclamó una vez más por una mayor representación de los países en desarrollo en los órganos de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial de Comercio (OMC).
El G-77 fue creado en 1964 para coordinar posiciones en materia de comercio y desarrollo, adoptar medidas a favor de los países menos desarrollados y fomentar las relaciones entre ellos. En la actualidad está compuesto por 130 países, por lo que representa más de los dos tercios de los miembros de las Naciones Unidas.
Tiempo Argentino
12 de enero de 2011
La Argentina se está convirtiendo en un jugador global de peso en la política internacional. Muy lejos quedan los años de aislamiento que se verificaron como consecuencia de la crisis del año 2001” aseguró ayer a Tiempo Argentino el embajador ante la Organización de Naciones Unidas, Jorge Argüello.
Designada en septiembre pasado, la Argentina asumirá formalmente hoy la presidencia del Grupo de los 77 (G-77) más China que reúne a los países en desarrollo más el gigante asiático. Aunque el G-77 concentra la porción más grande del Producto Bruto Mundial y el mayor volumen demográfico, no tiene la debida representación en el sistema de decisión de los organismos multilaterales. “La intención de la Argentina será revertir la ecuación en que una minoría de poderosos indican lo que sucede en todos los países del mundo”, señaló el canciller Héctor Timerman, que debió suspender su participación en el acto de asunción que se celebrará hoy en Nueva York debido a que una fuerte tormenta de nieve le impidió volar a la ciudad estadounidense.
Argüello destacó el papel preponderante que puede jugar el país en su doble función de miembro pleno del G-20 y titular del G-77. “La Argentina está llamada a expresar la voz de los países en desarrollo en el marco del G-20. Este es el compromiso que asumió la presidenta de la república y este fue el pedido que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon le efectuó a Cristina Fernández y a Néstor Kirchner en una reunión que mantuvieron en septiembre pasado”.
El embajador ante la ONU adelantó además algunos de los puntos principales que integrarán los ejes de trabajo que desarrollará la gestión argentina al frente del G-77. “Hay una vasta agenda que va a ser anunciada mañana (por hoy) que básicamente tiene que ver con cuestiones vinculadas a la reforma financiera internacional, el cambio climático y la cooperación sur-sur entre otras cosas”, señaló a este diario.
Estos lineamientos van al unísono con los reclamos que la Argentina viene realizando desde 2003 en diversos organismos internacionales. En el marco de la Asamblea General de la ONU de 2010, la presidenta reclamó una vez más por una mayor representación de los países en desarrollo en los órganos de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial de Comercio (OMC).
El G-77 fue creado en 1964 para coordinar posiciones en materia de comercio y desarrollo, adoptar medidas a favor de los países menos desarrollados y fomentar las relaciones entre ellos. En la actualidad está compuesto por 130 países, por lo que representa más de los dos tercios de los miembros de las Naciones Unidas.
Juan Manuel Abal Medina quedó al frente de la Secretaría de Medios
Por Viviana Mariño
Tiempo Argentino
12 de enero de 2011
La presidenta Cristina Fernández nombró al funcionario en una dependencia clave para el manejo de la comunicación oficial. El cargo estaba vacante desde la renuncia de José “Pepe” Albistur, en diciembre de 2009.
Su ascendencia en el círculo de confianza de Cristina Fernández era una de las señales de la nueva dinámica de la Casa Rosada tras el fallecimiento de Néstor Kirchner. La presidenta refrendó ayer esa posición y resolvió designar a Juan Manuel Abal Medina al frente de la Secretaría de Medios de la Nación, un área de gestión estratégica para el manejo de la comunicación oficial. El ahora ex secretario de la Gestión Pública será el principal responsable de la relación con los medios, la administración de la pauta publicitaria oficial, la difusión de la actividad del Poder Ejecutivo y de los actos de Estado y la formulación de la comunicación social.
El nuevo cambio en el equipo de gobierno fue comunicado por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, de quien depende la Secretaría de Medios. La dirección de esa dependencia estaba vacante desde diciembre de 2009, cuando Enrique Albistur presentó su renuncia. En un breve contacto con los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno, Fernández confirmó que las subsecretarías de Gestión de Medios y de Comunicación continuarán a cargo de Juan Ross y Alfredo Scoccimarro, respectivamente. El remplazo de Abal Medina como vicejefe de Gabinete continuaba anoche sin definición.
El nuevo secretario de Medios había estrechado una relación de profunda confianza con Kirchner. Ofició, junto a Rafael Follonier, como su asesor en la Unasur, y también se sumó a la actividad política doméstica del ex presidente y sus infatigables recorridas por el interior del país.
Tras la muerte de Kirchner, Abal Medina afianzó el diálogo con la presidenta. En las últimas semanas, por caso, estuvo involucrado en el repaso del mapa electoral para 2011 y el análisis de la secuencia de comicios provinciales que arrancará el 13 de marzo en Catamarca, según confiaron fuentes oficiales a Tiempo Argentino. La nueva designación amplía los cambios en el equipo de gobierno que la presidenta inició con la creación del Ministerio de Seguridad y varias modificaciones en el área de Justicia que, en sectores del gobierno, se interpretaron como un recorte de las atribuciones del jefe de Gabinete.
Ayer, Fernández aprovechó el contacto con la prensa para desmentir nuevamente su posible salida del Gabinete. Y apuntó directamente al diario Clarín que, en su edición de ayer, dio cuenta de esas versiones y mencionó al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, como el potencial remplazante de Fernández. “Si estos diarios publican que (Julio) Falcioni, en lugar de (Walter) Erviti, pondrá de segundo enganche a la presidenta de la Nación, yo no lo voy a contestar”, ironizó el funcionario, trazando un paralelo con las negociaciones entre el DT de Boca Juniors y el jugador de Banfield.
Y fue categórico con la información publicada por Clarín: “No leo ese diario, salvo cuando envuelvo huevos.”
Los rumores de cambio en el elenco de ministros circulan desde la creación del Ministerio de Seguridad y el nombramiento de Nilda Garré al frente de esa cartera. Sin embargo, la hipótesis de modificaciones “profundas” antes del inicio de su viaje al Golfo Pérsico aparecía anoche como poco probable.
Tiempo Argentino
12 de enero de 2011
La presidenta Cristina Fernández nombró al funcionario en una dependencia clave para el manejo de la comunicación oficial. El cargo estaba vacante desde la renuncia de José “Pepe” Albistur, en diciembre de 2009.
Su ascendencia en el círculo de confianza de Cristina Fernández era una de las señales de la nueva dinámica de la Casa Rosada tras el fallecimiento de Néstor Kirchner. La presidenta refrendó ayer esa posición y resolvió designar a Juan Manuel Abal Medina al frente de la Secretaría de Medios de la Nación, un área de gestión estratégica para el manejo de la comunicación oficial. El ahora ex secretario de la Gestión Pública será el principal responsable de la relación con los medios, la administración de la pauta publicitaria oficial, la difusión de la actividad del Poder Ejecutivo y de los actos de Estado y la formulación de la comunicación social.
El nuevo cambio en el equipo de gobierno fue comunicado por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, de quien depende la Secretaría de Medios. La dirección de esa dependencia estaba vacante desde diciembre de 2009, cuando Enrique Albistur presentó su renuncia. En un breve contacto con los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno, Fernández confirmó que las subsecretarías de Gestión de Medios y de Comunicación continuarán a cargo de Juan Ross y Alfredo Scoccimarro, respectivamente. El remplazo de Abal Medina como vicejefe de Gabinete continuaba anoche sin definición.
El nuevo secretario de Medios había estrechado una relación de profunda confianza con Kirchner. Ofició, junto a Rafael Follonier, como su asesor en la Unasur, y también se sumó a la actividad política doméstica del ex presidente y sus infatigables recorridas por el interior del país.
Tras la muerte de Kirchner, Abal Medina afianzó el diálogo con la presidenta. En las últimas semanas, por caso, estuvo involucrado en el repaso del mapa electoral para 2011 y el análisis de la secuencia de comicios provinciales que arrancará el 13 de marzo en Catamarca, según confiaron fuentes oficiales a Tiempo Argentino. La nueva designación amplía los cambios en el equipo de gobierno que la presidenta inició con la creación del Ministerio de Seguridad y varias modificaciones en el área de Justicia que, en sectores del gobierno, se interpretaron como un recorte de las atribuciones del jefe de Gabinete.
Ayer, Fernández aprovechó el contacto con la prensa para desmentir nuevamente su posible salida del Gabinete. Y apuntó directamente al diario Clarín que, en su edición de ayer, dio cuenta de esas versiones y mencionó al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, como el potencial remplazante de Fernández. “Si estos diarios publican que (Julio) Falcioni, en lugar de (Walter) Erviti, pondrá de segundo enganche a la presidenta de la Nación, yo no lo voy a contestar”, ironizó el funcionario, trazando un paralelo con las negociaciones entre el DT de Boca Juniors y el jugador de Banfield.
Y fue categórico con la información publicada por Clarín: “No leo ese diario, salvo cuando envuelvo huevos.”
Los rumores de cambio en el elenco de ministros circulan desde la creación del Ministerio de Seguridad y el nombramiento de Nilda Garré al frente de esa cartera. Sin embargo, la hipótesis de modificaciones “profundas” antes del inicio de su viaje al Golfo Pérsico aparecía anoche como poco probable.
Apartaron a ocho oficiales de la Federal
Por Néstor Espósito
Tiempo Argentino
12 de enero de 2011
El Ministerio de Seguridad utilizó la figura de la “disponibilidad preventiva” a partir de una investigación sobre irregularidades en el cobro de servicios adicionales. Detalles del plan para transparentar el accionar de la fuerza.
El Ministerio de Seguridad profundizó ayer la depuración de las filas de la Policía Federal con el pase a “disponibilidad preventiva” de ocho oficiales de alto rango, entre ellos el jefe de Asuntos Internos Raúl Timossi, tal como anticipó Tiempo Argentino. Todos están salpicados por una investigación sobre irregularidades en el cobro de servicios adicionales de la Federal.
El objetivo del flamante ministerio es alcanzar una policía confiable, honesta, con la que “la gente se sienta segura y respaldada”. Sin “cajas”, ni zonas liberadas, ni complicidades con la delincuencia. Si para ello es necesario separar de la fuerza preventivamente a oficiales de todas las jerarquías, como acaba de ocurrir, no habrá reparos. De hecho, la primera determinación es que cada policía sobre quien pese un procesamiento confirmado por Cámara, es decir que esté en camino a un juicio oral, será puesto bajo el paraguas de esta nueva figura de la “disponibilidad preventiva” hasta tanto se aclare su situación.
La Policía Federal –anuncian los voceros del ministerio− “será hiperprofesional. Y su eficiencia redundará en una mejora individual y colectiva de todos los uniformados.”
Ayer por la mañana, funcionarios de Seguridad se comunicaron con el juzgado federal de María Servini de Cubría para certificar el estado de un proceso judicial en el que varios uniformados aparecen comprometidos con un presunto caso de corrupción. De esa comunicación surgió la decisión de separar de la fuerza a los ocho oficiales de alta jerarquía. Las fuentes aclararon que no se trata de un castigo. La “presunción de inocencia” los comprende, y si resultaran absueltos, regresarían con todas las facultades a la actividad.
Pero el caso de un oficial que estuvo a punto de llegar a superintendente, estando acusado por presunta aplicación de tormentos a un detenido para esclarecer un resonante caso de secuestro ocurrido hace dos décadas, encendió las alarmas.
El ministerio busca generar políticas de seguridad que hagan hincapié en la prevención. En ese sentido, se identificaron varias áreas, entre las que se destacan los espectáculos deportivos, los desarmaderos ilegales, el narcotráfico (en especial la problemática del “paco”) y la trata de personas. Se ratifica la decisión de no criminalizar la pobreza, pero habrá especial atención contra lo que se denominan “villeros feudales”, que usurpan terrenos durante las tomas aprovechando la necesidad extrema de sectores pobres y luego lucran con ello.
El proyecto parte de la base de que en octubre próximo Cristina Fernández será reelecta. Porque se trata de un proceso “lento y largo”, que excede en mucho los once meses que le restan de gobierno a la actual administración.
Durante la última semana, la ministra Nilda Garré instruyó a sus colaboradores sobre cómo unificar el mensaje hacia adentro y hacia fuera del ministerio. El modelo de gestión, argumentaron las fuentes, es la resolución de la toma del Club Albariños.
Tiempo Argentino
12 de enero de 2011
El Ministerio de Seguridad utilizó la figura de la “disponibilidad preventiva” a partir de una investigación sobre irregularidades en el cobro de servicios adicionales. Detalles del plan para transparentar el accionar de la fuerza.
El Ministerio de Seguridad profundizó ayer la depuración de las filas de la Policía Federal con el pase a “disponibilidad preventiva” de ocho oficiales de alto rango, entre ellos el jefe de Asuntos Internos Raúl Timossi, tal como anticipó Tiempo Argentino. Todos están salpicados por una investigación sobre irregularidades en el cobro de servicios adicionales de la Federal.
El objetivo del flamante ministerio es alcanzar una policía confiable, honesta, con la que “la gente se sienta segura y respaldada”. Sin “cajas”, ni zonas liberadas, ni complicidades con la delincuencia. Si para ello es necesario separar de la fuerza preventivamente a oficiales de todas las jerarquías, como acaba de ocurrir, no habrá reparos. De hecho, la primera determinación es que cada policía sobre quien pese un procesamiento confirmado por Cámara, es decir que esté en camino a un juicio oral, será puesto bajo el paraguas de esta nueva figura de la “disponibilidad preventiva” hasta tanto se aclare su situación.
La Policía Federal –anuncian los voceros del ministerio− “será hiperprofesional. Y su eficiencia redundará en una mejora individual y colectiva de todos los uniformados.”
Ayer por la mañana, funcionarios de Seguridad se comunicaron con el juzgado federal de María Servini de Cubría para certificar el estado de un proceso judicial en el que varios uniformados aparecen comprometidos con un presunto caso de corrupción. De esa comunicación surgió la decisión de separar de la fuerza a los ocho oficiales de alta jerarquía. Las fuentes aclararon que no se trata de un castigo. La “presunción de inocencia” los comprende, y si resultaran absueltos, regresarían con todas las facultades a la actividad.
Pero el caso de un oficial que estuvo a punto de llegar a superintendente, estando acusado por presunta aplicación de tormentos a un detenido para esclarecer un resonante caso de secuestro ocurrido hace dos décadas, encendió las alarmas.
El ministerio busca generar políticas de seguridad que hagan hincapié en la prevención. En ese sentido, se identificaron varias áreas, entre las que se destacan los espectáculos deportivos, los desarmaderos ilegales, el narcotráfico (en especial la problemática del “paco”) y la trata de personas. Se ratifica la decisión de no criminalizar la pobreza, pero habrá especial atención contra lo que se denominan “villeros feudales”, que usurpan terrenos durante las tomas aprovechando la necesidad extrema de sectores pobres y luego lucran con ello.
El proyecto parte de la base de que en octubre próximo Cristina Fernández será reelecta. Porque se trata de un proceso “lento y largo”, que excede en mucho los once meses que le restan de gobierno a la actual administración.
Durante la última semana, la ministra Nilda Garré instruyó a sus colaboradores sobre cómo unificar el mensaje hacia adentro y hacia fuera del ministerio. El modelo de gestión, argumentaron las fuentes, es la resolución de la toma del Club Albariños.
El avión salió de Buenos Aires sin carga, según documentación oficial
Por Juan Alonso
Tiempo Argentino
12 de enero de 2011
Los organismos de control del Estado determinaron que la aeronave de Medical Jet, secuestrada por la Guardia Civil Española, estaba vacía cuando partió de Ezeiza el pasado 1° de enero a las 20:44. El informe de Europol.
El avión Challenger 604, matrícula N600AM, de la empresa Medical Jet, propiedad de los hermanos Gustavo Adolfo Juliá, de 48 años, y su hermano Eduardo Juliá Noceti, de 50 años, salió de la Argentina con Matías Miret, de 37 años, como copiloto a las 20:44 del 1 de enero desde Ezeiza rumbo a las islas de Cabo Verde, en Africa, sin carga en la bodega. Así lo prueba un documento oficial al que accedió en forma exclusiva Tiempo Argentino. El formulario de “Declaración General” tiene los sellos de la Aduana, de Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de Migraciones con la misma fecha de partida desde Buenos Aires. La información está siendo investigada por el juez en lo Penal Económico, Alejandro Catania, luego de la denuncia penal que realizó la PSA el 10 de enero. A ese documento se le suma otro de un organismo público. El mismo dato certificó la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en un formulario de “Movimiento de Matrícula” que también forma parte del expediente a cargo del juez Catania.
Es decir: todos los organismos de control del Estado determinaron que el avión de la empresa Medical Jet que fue secuestrado por la Guardia Civil española alrededor de las 15 del 2 de enero en Barcelona con 944 kilos de cocaína de máxima pureza salió de la Argentina vacío.
A raíz de esta información, la justicia española está analizando las posibles rutas del avión que partió de Buenos Aires a Cabo Verde. Los investigadores –que están siendo asistidos por la Policía Federal Argentina y EUROPOL- investigan una presunta escala en Marruecos u otro punto limítrofe con España, porque el avión al mando de Eduardo Juliá Noceti y Matías Miret tardó tres horas más de lo normal para llegar a Barcelona: debía llegar al mediodía del 2 de enero y, según los informes de la Guardia Civil, recién arribó entre las 14.30 y las 15 de ese mismo día.
Todo indica que el viaje de los Juliá tuvo cierta logística interna. Eduardo salió del país el pasado 13 de diciembre en el vuelo de Iberia 6844 hacia España, y regresó cuatro días después, el 17, por la misma compañía en el vuelo 6843.
Pero lo más llamativo para los investigadores son los movimientos de Gustavo Juliá, al igual que su hermano, hijo del ex jefe de la Fuerza Aérea durante la gestión de Carlos Menem, José Juliá. El titular de Medical Jet viajó Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en abril del año pasado. Luego completó viajes a Estados Unidos y partió el 8 de diciembre de 2010, en el vuelo 1160 de Aerolíneas Argentinas con destino a Barcelona. Regresó al país el 11 y viajó de nuevo el 13, esta vez, por Iberia, volviendo el mismo 17 con su hermano mayor, quien fue echado de la Fuerza Aérea en dos oportunidades: la primera por copiarse en un examen, y la segunda por “un faltante” en el Casino de Oficiales. Las dos veces le salvó la carrera su padre brigadier, fallecido en 2005. Uno de los últimos informes de EUROPOL destacó la importancia de Cabo Verde para los cárteles de drogas internacionales. “Se han identificado tres principales rutas marítimas en dirección a Europa: la ruta del Norte, con origen en el Caribe discurre a través de las Azores en dirección a Portugal y España; la ruta central, desde América del Sur a través de Cabo Verde o Madeira y las Islas Canarias hacia Europa, y más recientemente la ruta africana, que va desde América del Sur hacia África Occidental y desde aquí a Portugal y España”, afirma el documento de inteligencia de la policía europea.
La idea de que el secuestro de los 944 kilos de cocaína en Barcelona se trató de una especie de “entrega controlada” por la DEA estadounidense, se debilita con un informe reservado de la Aduana Argentina del 7 de enero. Allí consta que “en relación a los detenidos (Matías Miret y los hermanos Eduardo y Gustavo Juliá), consultadas la base de datos de la DEA, no se pudieron encontrar antecedentes relacionados con el narcotráfico”.
Quizá para poder revelar el comienzo de esta saga de estafadores y nuevos ricos, haya que remontarse al viaje de los Juliá a Bolivia, el 16 de abril de 2010. Entonces, Gustavo –el ex gerente económico-financiero del PAMI duhaldista-, echado por Néstor Kirchner en 2003, compartió el vuelo con Daniel Rogelio Amitrano y John Wilson Díaz Vélez, a quien fuentes judiciales señalan como presuntos referentes del Cártel de Sinaloa. En ese mismo vuelo iban Matías Miret, hijo del ex secretario de Planeamiento de la dictadura, Eduardo Juliá; y Carlos Gustavo Luaces; mano derecha de Gustavo. Todos ellos, compartieron viajes a Bolivia, Brasil, España y Estados Unidos, el país en donde adquieron el avión, propiedad de la compañía South Aviation Inc.
Tiempo Argentino
12 de enero de 2011
Los organismos de control del Estado determinaron que la aeronave de Medical Jet, secuestrada por la Guardia Civil Española, estaba vacía cuando partió de Ezeiza el pasado 1° de enero a las 20:44. El informe de Europol.
El avión Challenger 604, matrícula N600AM, de la empresa Medical Jet, propiedad de los hermanos Gustavo Adolfo Juliá, de 48 años, y su hermano Eduardo Juliá Noceti, de 50 años, salió de la Argentina con Matías Miret, de 37 años, como copiloto a las 20:44 del 1 de enero desde Ezeiza rumbo a las islas de Cabo Verde, en Africa, sin carga en la bodega. Así lo prueba un documento oficial al que accedió en forma exclusiva Tiempo Argentino. El formulario de “Declaración General” tiene los sellos de la Aduana, de Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de Migraciones con la misma fecha de partida desde Buenos Aires. La información está siendo investigada por el juez en lo Penal Económico, Alejandro Catania, luego de la denuncia penal que realizó la PSA el 10 de enero. A ese documento se le suma otro de un organismo público. El mismo dato certificó la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en un formulario de “Movimiento de Matrícula” que también forma parte del expediente a cargo del juez Catania.
Es decir: todos los organismos de control del Estado determinaron que el avión de la empresa Medical Jet que fue secuestrado por la Guardia Civil española alrededor de las 15 del 2 de enero en Barcelona con 944 kilos de cocaína de máxima pureza salió de la Argentina vacío.
A raíz de esta información, la justicia española está analizando las posibles rutas del avión que partió de Buenos Aires a Cabo Verde. Los investigadores –que están siendo asistidos por la Policía Federal Argentina y EUROPOL- investigan una presunta escala en Marruecos u otro punto limítrofe con España, porque el avión al mando de Eduardo Juliá Noceti y Matías Miret tardó tres horas más de lo normal para llegar a Barcelona: debía llegar al mediodía del 2 de enero y, según los informes de la Guardia Civil, recién arribó entre las 14.30 y las 15 de ese mismo día.
Todo indica que el viaje de los Juliá tuvo cierta logística interna. Eduardo salió del país el pasado 13 de diciembre en el vuelo de Iberia 6844 hacia España, y regresó cuatro días después, el 17, por la misma compañía en el vuelo 6843.
Pero lo más llamativo para los investigadores son los movimientos de Gustavo Juliá, al igual que su hermano, hijo del ex jefe de la Fuerza Aérea durante la gestión de Carlos Menem, José Juliá. El titular de Medical Jet viajó Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en abril del año pasado. Luego completó viajes a Estados Unidos y partió el 8 de diciembre de 2010, en el vuelo 1160 de Aerolíneas Argentinas con destino a Barcelona. Regresó al país el 11 y viajó de nuevo el 13, esta vez, por Iberia, volviendo el mismo 17 con su hermano mayor, quien fue echado de la Fuerza Aérea en dos oportunidades: la primera por copiarse en un examen, y la segunda por “un faltante” en el Casino de Oficiales. Las dos veces le salvó la carrera su padre brigadier, fallecido en 2005. Uno de los últimos informes de EUROPOL destacó la importancia de Cabo Verde para los cárteles de drogas internacionales. “Se han identificado tres principales rutas marítimas en dirección a Europa: la ruta del Norte, con origen en el Caribe discurre a través de las Azores en dirección a Portugal y España; la ruta central, desde América del Sur a través de Cabo Verde o Madeira y las Islas Canarias hacia Europa, y más recientemente la ruta africana, que va desde América del Sur hacia África Occidental y desde aquí a Portugal y España”, afirma el documento de inteligencia de la policía europea.
La idea de que el secuestro de los 944 kilos de cocaína en Barcelona se trató de una especie de “entrega controlada” por la DEA estadounidense, se debilita con un informe reservado de la Aduana Argentina del 7 de enero. Allí consta que “en relación a los detenidos (Matías Miret y los hermanos Eduardo y Gustavo Juliá), consultadas la base de datos de la DEA, no se pudieron encontrar antecedentes relacionados con el narcotráfico”.
Quizá para poder revelar el comienzo de esta saga de estafadores y nuevos ricos, haya que remontarse al viaje de los Juliá a Bolivia, el 16 de abril de 2010. Entonces, Gustavo –el ex gerente económico-financiero del PAMI duhaldista-, echado por Néstor Kirchner en 2003, compartió el vuelo con Daniel Rogelio Amitrano y John Wilson Díaz Vélez, a quien fuentes judiciales señalan como presuntos referentes del Cártel de Sinaloa. En ese mismo vuelo iban Matías Miret, hijo del ex secretario de Planeamiento de la dictadura, Eduardo Juliá; y Carlos Gustavo Luaces; mano derecha de Gustavo. Todos ellos, compartieron viajes a Bolivia, Brasil, España y Estados Unidos, el país en donde adquieron el avión, propiedad de la compañía South Aviation Inc.
Pasan a disponibilidad a otro de los hermanos Juliá
Por Rodolfo González Arzac y Fernando Pittaro
Tiempo Argentino
12 de enero de 2011
La Fuerza Aérea anunció ayer el pase a disponibilidad “para que la justicia lo pueda investigar” de Guillermo Juliá, hermano de Gustavo y Eduardo Juliá, detenidos en España por transportar 944 kilos de cocaína en un avión de la compañía Medical Jet. El comodoro sancionado tiene 51 años y cumplía tareas en la Jefatura 5 del Estado Mayor Conjunto.
El comunicado de la Fuerza Aérea fue breve. Pero, a todas luces, elocuente. El primer informe decía que el brigadier general Normando Costantino había puesto en estado de “disponibilidad” al Comodoro Guillermo Juliá para que resuelva su situación personal familiar. Voceros de la fuerza lo ampliaron: reconocieron que la medida estaba fundada en la intención de que pudiera ser investigado.
Según datos de otras fuentes, a los que accedió Tiempo Argentino, durante el año 2010 el desplazado habría viajado dos veces con Gustavo Adolfo Juliá al exterior. Gustavo, quien figura como CEO de Medical Jet SA y Federal Aviation (empresas vinculadas con el avión que aterrizó en Barcelona), fue gerente del PAMI en 2003 y está procesado por sobreprecios como proveedor de la mutual de los jubilados.
Guillermo Carlos Juliá ingresó en 1977 en la escuela de aviación militar, voló aviones Mirage y estuvo como instructor en España. Es el único de los cuatro hermanos Juliá que integra la Fuerza Aérea Argentina. En los informes comerciales figura con domicilio en San Isidro y está registrado como presidente de una empresa en el año 2000: Petro World SA, dedicada a la comercialización de derivados del petróleo. El número dos de esa firma es su hermano Ricardo, quien le admitió a Zulema Yoma ser agente de la Side y fue investigado por la muerte de Carlos Menem Jr.
El único vínculo actual de la familia Juliá con la Fuerza Aérea es Guillermo, hoy en disponibilidad. Pero los cuatro hermanos son hijos del brigadier José Juliá, que comandó la Fuerza Aérea entre el 11 de julio de 1989 y el 15 de julio de 1993. José Juliá fue denunciado por enriquecimiento ilícito y por mantener vínculo con el empresario Alfredo Yabrán. Poco tiempo después de irse de la fuerza, fundó Medical Jet. La empresa se dedicaba al alquiler de vuelos sanitarios para el PAMI y otras obras sociales. Una auditoría realizada en 2003, en la gestión de Néstor Kirchner, demostró que la compañía facturó más de 5 millones de pesos a la obra social de los jubilados en el lapso de tres años. El gerente económico-financiero del PAMI era Gustavo Adolfo Juliá, de 48 años, encargado de autorizar todos los gastos y el mismo que está siendo investigado ahora por narcotráfico en Europa. En junio de 2003, el Poder Ejecutivo intervino el PAMI y lo relevó de su cargo, que respondía al director duhaldista Horacio David Pacheco y a Luis Barrionuevo. En 2005, las empresas Medical Jet y Federal Aviation, aportaron 5000 pesos cada una para la campaña de Barrionuevo en Catamarca.
Otro dato, que circuló por estos días con insistencia, conectó al Challenger 604 con la Fuerza Aérea. Se dijo que el avión ocupó un hangar de la Base Aérea de Morón, controlado por la fuerza. Los voceros, ayer, negaron esa información: aseguraron que la aeronave estuvo allí pero en un hangar privado, sobre el que tiene jurisdicción la Autoridad Nacional de la Aviación Civil.
Tiempo Argentino
12 de enero de 2011
La Fuerza Aérea anunció ayer el pase a disponibilidad “para que la justicia lo pueda investigar” de Guillermo Juliá, hermano de Gustavo y Eduardo Juliá, detenidos en España por transportar 944 kilos de cocaína en un avión de la compañía Medical Jet. El comodoro sancionado tiene 51 años y cumplía tareas en la Jefatura 5 del Estado Mayor Conjunto.
El comunicado de la Fuerza Aérea fue breve. Pero, a todas luces, elocuente. El primer informe decía que el brigadier general Normando Costantino había puesto en estado de “disponibilidad” al Comodoro Guillermo Juliá para que resuelva su situación personal familiar. Voceros de la fuerza lo ampliaron: reconocieron que la medida estaba fundada en la intención de que pudiera ser investigado.
Según datos de otras fuentes, a los que accedió Tiempo Argentino, durante el año 2010 el desplazado habría viajado dos veces con Gustavo Adolfo Juliá al exterior. Gustavo, quien figura como CEO de Medical Jet SA y Federal Aviation (empresas vinculadas con el avión que aterrizó en Barcelona), fue gerente del PAMI en 2003 y está procesado por sobreprecios como proveedor de la mutual de los jubilados.
Guillermo Carlos Juliá ingresó en 1977 en la escuela de aviación militar, voló aviones Mirage y estuvo como instructor en España. Es el único de los cuatro hermanos Juliá que integra la Fuerza Aérea Argentina. En los informes comerciales figura con domicilio en San Isidro y está registrado como presidente de una empresa en el año 2000: Petro World SA, dedicada a la comercialización de derivados del petróleo. El número dos de esa firma es su hermano Ricardo, quien le admitió a Zulema Yoma ser agente de la Side y fue investigado por la muerte de Carlos Menem Jr.
El único vínculo actual de la familia Juliá con la Fuerza Aérea es Guillermo, hoy en disponibilidad. Pero los cuatro hermanos son hijos del brigadier José Juliá, que comandó la Fuerza Aérea entre el 11 de julio de 1989 y el 15 de julio de 1993. José Juliá fue denunciado por enriquecimiento ilícito y por mantener vínculo con el empresario Alfredo Yabrán. Poco tiempo después de irse de la fuerza, fundó Medical Jet. La empresa se dedicaba al alquiler de vuelos sanitarios para el PAMI y otras obras sociales. Una auditoría realizada en 2003, en la gestión de Néstor Kirchner, demostró que la compañía facturó más de 5 millones de pesos a la obra social de los jubilados en el lapso de tres años. El gerente económico-financiero del PAMI era Gustavo Adolfo Juliá, de 48 años, encargado de autorizar todos los gastos y el mismo que está siendo investigado ahora por narcotráfico en Europa. En junio de 2003, el Poder Ejecutivo intervino el PAMI y lo relevó de su cargo, que respondía al director duhaldista Horacio David Pacheco y a Luis Barrionuevo. En 2005, las empresas Medical Jet y Federal Aviation, aportaron 5000 pesos cada una para la campaña de Barrionuevo en Catamarca.
Otro dato, que circuló por estos días con insistencia, conectó al Challenger 604 con la Fuerza Aérea. Se dijo que el avión ocupó un hangar de la Base Aérea de Morón, controlado por la fuerza. Los voceros, ayer, negaron esa información: aseguraron que la aeronave estuvo allí pero en un hangar privado, sobre el que tiene jurisdicción la Autoridad Nacional de la Aviación Civil.
martes, 11 de enero de 2011
Eva
Por María Elena Walsh
Calle Florida, túnel de flores podridas.
Y el pobrerío se quedó sin madre llorando entre faroles sin crespones.
Llorando en cueros, para siempre, solos.
Sombríos machos de corbata negra sufrían rencorosos por decreto y el órgano por Radio del Estado hizo durar a Dios un mes o dos.
Buenos Aires de niebla y de silencio.
El Barrio Norte tras las celosías encargaba a París rayos de sol.
La cola interminable para verla y los que maldecían por si acaso no vayan esos cabecitas negras a bienaventurar a una cualquiera.
Flores podridas para Cleopatra.
Y los grasitas con el corazón rajado, rajado en serio. Huérfanos. Silencio.
Calles de invierno donde nadie pregona El Líder, Democracia, La Razón.
Y Antonio Tormo calla "amémonos".
Un vendaval de luto obligatorio.
Escarapelas con coágulos negros.
El siglo nunca vio muerte más muerte.
Pobrecitos rubíes, esmeraldas, visones ofrendados por el pueblo, sandalias de oro, sedas virreinales, vacías, arrumbadas en la noche.
Y el odio entre paréntesis, rumiando venganza en sótanos y con picana.
Y el amor y el dolor que eran de veras gimiendo en el cordón de la vereda.
Lágrimas enjuagadas con harapos, Madrecita de los Desamparados.
Silencio, que hasta el tango se murió.
Orden de arriba y lagrimas de abajo.
En plena juventud. No somos nada.
No somos nada más que un gran castigo.
Se pintó la República de negro mientras te maquillaban y enlodaban.
En los altares populares, santa.
Hiena de hielo para los gorilas pero eso sí, solísima en la muerte.
Y el pueblo que lloraba para siempre sin prever tu atroz peregrinaje.
Con mis ojos la vi, no me vendieron esta leyenda, ni me la robaron.
Días de julio del 52 ¿Qué importa dónde estaba yo? II No descanses en paz, alza los brazos no para el día del renunciamiento sino para juntarte a las mujeres con tu bandera redentora lavada en pólvora, resucitando.
No sé quién fuiste, pero te jugaste.
Torciste el Riachuelo a Plaza de Mayo, metiste a las mujeres en la historia de prepo, arrebatando los micrófonos, repartiendo venganzas y limosnas.
Bruta como un diamante en un chiquero ¿Quién va a tirarte la última piedra? Quizás un día nos juntemos para invocar tu insólito coraje.
Todas, las contreras, las idólatras, las madres incesantes, las rameras, las que te amaron, las que te maldijeron, las que obedientes tiran hijos a la basura de la guerra, todas las que ahora en el mundo fraternizan sublevándose contra la aniquilación.
Cuando los buitres te dejen tranquila y huyas de las estampas y el ultraje empezaremos a saber quién fuiste.
Con látigo y sumisa, pasiva y compasiva, única reina que tuvimos, loca que arrebató el poder a los soldados.
Cuando juntas las reas y las monjas y las violadas en los teleteatros y las que callan pero no consienten arrebatemos la liberación para no naufragar en espejitos ni bañarnos para los ejecutivos.
Cuando hagamos escándalo y justicia el tiempo habrá pasado en limpio tu prepotencia y tu martirio, hermana.
Tener agallas, como vos tuviste, fanática, leal, desenfrenada en el candor de la beneficencia pero la única que se dio el lujo de coronarse por los sumergidos.
Agallas para hacer de nuevo el mundo.
Tener agallas para gritar basta aunque nos amordacen con cañones.
Calle Florida, túnel de flores podridas.
Y el pobrerío se quedó sin madre llorando entre faroles sin crespones.
Llorando en cueros, para siempre, solos.
Sombríos machos de corbata negra sufrían rencorosos por decreto y el órgano por Radio del Estado hizo durar a Dios un mes o dos.
Buenos Aires de niebla y de silencio.
El Barrio Norte tras las celosías encargaba a París rayos de sol.
La cola interminable para verla y los que maldecían por si acaso no vayan esos cabecitas negras a bienaventurar a una cualquiera.
Flores podridas para Cleopatra.
Y los grasitas con el corazón rajado, rajado en serio. Huérfanos. Silencio.
Calles de invierno donde nadie pregona El Líder, Democracia, La Razón.
Y Antonio Tormo calla "amémonos".
Un vendaval de luto obligatorio.
Escarapelas con coágulos negros.
El siglo nunca vio muerte más muerte.
Pobrecitos rubíes, esmeraldas, visones ofrendados por el pueblo, sandalias de oro, sedas virreinales, vacías, arrumbadas en la noche.
Y el odio entre paréntesis, rumiando venganza en sótanos y con picana.
Y el amor y el dolor que eran de veras gimiendo en el cordón de la vereda.
Lágrimas enjuagadas con harapos, Madrecita de los Desamparados.
Silencio, que hasta el tango se murió.
Orden de arriba y lagrimas de abajo.
En plena juventud. No somos nada.
No somos nada más que un gran castigo.
Se pintó la República de negro mientras te maquillaban y enlodaban.
En los altares populares, santa.
Hiena de hielo para los gorilas pero eso sí, solísima en la muerte.
Y el pueblo que lloraba para siempre sin prever tu atroz peregrinaje.
Con mis ojos la vi, no me vendieron esta leyenda, ni me la robaron.
Días de julio del 52 ¿Qué importa dónde estaba yo? II No descanses en paz, alza los brazos no para el día del renunciamiento sino para juntarte a las mujeres con tu bandera redentora lavada en pólvora, resucitando.
No sé quién fuiste, pero te jugaste.
Torciste el Riachuelo a Plaza de Mayo, metiste a las mujeres en la historia de prepo, arrebatando los micrófonos, repartiendo venganzas y limosnas.
Bruta como un diamante en un chiquero ¿Quién va a tirarte la última piedra? Quizás un día nos juntemos para invocar tu insólito coraje.
Todas, las contreras, las idólatras, las madres incesantes, las rameras, las que te amaron, las que te maldijeron, las que obedientes tiran hijos a la basura de la guerra, todas las que ahora en el mundo fraternizan sublevándose contra la aniquilación.
Cuando los buitres te dejen tranquila y huyas de las estampas y el ultraje empezaremos a saber quién fuiste.
Con látigo y sumisa, pasiva y compasiva, única reina que tuvimos, loca que arrebató el poder a los soldados.
Cuando juntas las reas y las monjas y las violadas en los teleteatros y las que callan pero no consienten arrebatemos la liberación para no naufragar en espejitos ni bañarnos para los ejecutivos.
Cuando hagamos escándalo y justicia el tiempo habrá pasado en limpio tu prepotencia y tu martirio, hermana.
Tener agallas, como vos tuviste, fanática, leal, desenfrenada en el candor de la beneficencia pero la única que se dio el lujo de coronarse por los sumergidos.
Agallas para hacer de nuevo el mundo.
Tener agallas para gritar basta aunque nos amordacen con cañones.
Pero un día se marchó
Por Hugo Soriani
Página 12
11 de enero de 2011
Mi mamá solía cantar en el patio de mi casa uno de sus temas “para grandes”. La canción se llamaba “Barco quieto” y trataba de impedir una separación con palabras tan hermosas que quien pensara en irse probablemente abandonara la idea: “No te vayas/ quedaté/ que ya estamos de vuelta de todo/ y esta casa es nuestro modo/ de ser”. Con el tiempo fui aprendiendo de memoria cada una de sus canciones y cuando ya empezaba a olvidar alguna de sus letras, Paula y Jorge se encargaron de recordármelas.
Sus libros están ordenados en los estantes de la biblioteca de casa y Laura, mi mujer, siempre se negó a deshacerse de ellos, aunque fueran ediciones gastadas por el uso, el exilio y el paso del tiempo. Cuando por fin nació Joaquín, nuestro tercer hijo, con 17 y 21 años de diferencia con sus hermanos, tuvimos nuevamente una “excusa” para renovar el rito. Viejas y nuevas ediciones se juntaron entonces en nuestra casa, ese barco quieto que resistió muchas tempestades.
Debo confesar que entre los cuatro y los nueve años de Joaquín los viajes a la costa se hicieron escuchando casi exclusivamente las canciones de María Elena. Nuestro hijo, estimulado por todos los que lo rodeaban, se copaba con ella y era imposible hacerlo escuchar otra cosa que no fueran sus “grandes éxitos”. Finalmente, como temimos acabar odiándolas, inventamos que cada canción no podía ser escuchada más de cinco veces porque se borraba del disco. Ante la duda, Joaquín prefirió no arriesgarse y se resignó a escuchar “sólo” cinco veces cada canción. Pero ni una menos.
Hoy escucha con el mismo placer AC/DC, Beatles, Metálica, Catupecu o León, pero entre uno y otro siempre encuentra un lugarcito para volver a sus canciones de la infancia y María Elena se cuela por los parlantes del auto o de casa. Nunca nos pusimos de acuerdo sobre quién versiona mejor “La cigarra”, si Mercedes, la propia María Elena o León Gieco, pero al menos sí acordamos con que ese tema eriza la piel en cualquiera de sus versiones y que es quizá la canción más bella que se haya escrito sobre la resistencia a la dictadura.
Tuve el privilegio de tratarla durante los últimos quince años, cuando este diario empezó a publicar muchas de sus mejores obras. La primera vez fue la enciclopedia Veo Veo, cuatro tomos que en el formato fascículos hizo que se agotaran las ediciones de Página/12 los días miércoles. Luego vinieron los discos con sus inolvidables canciones y los famosos Cuentopos. A María Elena le encantaron los dibujos que acompañaron los CD, algunos de los cuales acompañan la nota principal de la edición de hoy. Los hizo la ilustradora Alina Cazes, que tenía poco más de veinte años y con ellos empezó su trabajo en el diario. Alina también adoraba a María Elena y en sus dibujos, además de su talento, demostró la admiración que sentía por ella.
Nos vimos por última vez en la presentación que la editorial Alfaguara hizo de las reediciones de Doña Disparate y Bambuco y de sus Canciones para mirar, con ilustraciones espléndidas de Carolina, Florencia y Mariana Lancman. Fue en el Círculo Italiano y logré “colar” a Joaquín, para envidia de muchos colegas presentes, que prefirieron respetar la prohibición sobre la asistencia de niños. La editorial y la propia María Elena así lo habían decidido, para evitar que los mocosos hicieran imposible un acto que no estaba preparado para ellos.
El maestro de ceremonias fue Carlos Ulanovsky, y María Elena, sonriente y majestuosa, entró en su silla de ruedas ayudada por Ida Suárez, por muchos años su secretaria y asistente personal. Ulanovsky reseñó su trayectoria, tan vasta que no terminaba nunca, y luego Jairo, antes de entonarla, contó la historia del tema que cantaría después: “El valle y el volcán”. Y yo, que creía saberlo todo acerca de ella, tuve una pequeña decepción. Acababa de enterarme de que esa canción, que tantas veces silbé sin darme cuenta, también le pertenecía, en coautoría con él.
Dijo Jairo que estaba en España, recién llegado, sin saber muy bien cómo hacer para darse a conocer allí. Y que deambulaba por las calles de Madrid con la letra de una canción en el bolsillo a la que no le terminaba de encontrar la melodía adecuada. Finalmente se decidió y fue a tocar el timbre del departamento donde María Elena vivía su autoexilio. Subió, le dio la letra y ella le dijo que volviera en unas horas. Así lo hizo Jairo que, cuando regresó a casa de María Elena y ella le tarareó la música que había compuesto, supo que tenía un hit entre sus manos. “Para decirle al dolor/ que ya no vuelva más/ somos dos, somos dos”, dice el estribillo que recorrió el mundo y que le abrió a Jairo las puertas de España.
Después hubo un brindis y ahí Joaquín obtuvo uno de sus trofeos más preciados. A falta de una, dos fotos con ella. Como en la primera María Elena tenía los anteojos negros puestos, y no le gustó, me pidió que les tomara otra. Se sacó los anteojos y su sonrisa, junto a la de Joaquín, hoy iluminan la pared de corcho de su cuarto.
Estoy seguro de que este “país del no me acuerdo” no la olvidará jamás.
Página 12
11 de enero de 2011
Mi mamá solía cantar en el patio de mi casa uno de sus temas “para grandes”. La canción se llamaba “Barco quieto” y trataba de impedir una separación con palabras tan hermosas que quien pensara en irse probablemente abandonara la idea: “No te vayas/ quedaté/ que ya estamos de vuelta de todo/ y esta casa es nuestro modo/ de ser”. Con el tiempo fui aprendiendo de memoria cada una de sus canciones y cuando ya empezaba a olvidar alguna de sus letras, Paula y Jorge se encargaron de recordármelas.
Sus libros están ordenados en los estantes de la biblioteca de casa y Laura, mi mujer, siempre se negó a deshacerse de ellos, aunque fueran ediciones gastadas por el uso, el exilio y el paso del tiempo. Cuando por fin nació Joaquín, nuestro tercer hijo, con 17 y 21 años de diferencia con sus hermanos, tuvimos nuevamente una “excusa” para renovar el rito. Viejas y nuevas ediciones se juntaron entonces en nuestra casa, ese barco quieto que resistió muchas tempestades.
Debo confesar que entre los cuatro y los nueve años de Joaquín los viajes a la costa se hicieron escuchando casi exclusivamente las canciones de María Elena. Nuestro hijo, estimulado por todos los que lo rodeaban, se copaba con ella y era imposible hacerlo escuchar otra cosa que no fueran sus “grandes éxitos”. Finalmente, como temimos acabar odiándolas, inventamos que cada canción no podía ser escuchada más de cinco veces porque se borraba del disco. Ante la duda, Joaquín prefirió no arriesgarse y se resignó a escuchar “sólo” cinco veces cada canción. Pero ni una menos.
Hoy escucha con el mismo placer AC/DC, Beatles, Metálica, Catupecu o León, pero entre uno y otro siempre encuentra un lugarcito para volver a sus canciones de la infancia y María Elena se cuela por los parlantes del auto o de casa. Nunca nos pusimos de acuerdo sobre quién versiona mejor “La cigarra”, si Mercedes, la propia María Elena o León Gieco, pero al menos sí acordamos con que ese tema eriza la piel en cualquiera de sus versiones y que es quizá la canción más bella que se haya escrito sobre la resistencia a la dictadura.
Tuve el privilegio de tratarla durante los últimos quince años, cuando este diario empezó a publicar muchas de sus mejores obras. La primera vez fue la enciclopedia Veo Veo, cuatro tomos que en el formato fascículos hizo que se agotaran las ediciones de Página/12 los días miércoles. Luego vinieron los discos con sus inolvidables canciones y los famosos Cuentopos. A María Elena le encantaron los dibujos que acompañaron los CD, algunos de los cuales acompañan la nota principal de la edición de hoy. Los hizo la ilustradora Alina Cazes, que tenía poco más de veinte años y con ellos empezó su trabajo en el diario. Alina también adoraba a María Elena y en sus dibujos, además de su talento, demostró la admiración que sentía por ella.
Nos vimos por última vez en la presentación que la editorial Alfaguara hizo de las reediciones de Doña Disparate y Bambuco y de sus Canciones para mirar, con ilustraciones espléndidas de Carolina, Florencia y Mariana Lancman. Fue en el Círculo Italiano y logré “colar” a Joaquín, para envidia de muchos colegas presentes, que prefirieron respetar la prohibición sobre la asistencia de niños. La editorial y la propia María Elena así lo habían decidido, para evitar que los mocosos hicieran imposible un acto que no estaba preparado para ellos.
El maestro de ceremonias fue Carlos Ulanovsky, y María Elena, sonriente y majestuosa, entró en su silla de ruedas ayudada por Ida Suárez, por muchos años su secretaria y asistente personal. Ulanovsky reseñó su trayectoria, tan vasta que no terminaba nunca, y luego Jairo, antes de entonarla, contó la historia del tema que cantaría después: “El valle y el volcán”. Y yo, que creía saberlo todo acerca de ella, tuve una pequeña decepción. Acababa de enterarme de que esa canción, que tantas veces silbé sin darme cuenta, también le pertenecía, en coautoría con él.
Dijo Jairo que estaba en España, recién llegado, sin saber muy bien cómo hacer para darse a conocer allí. Y que deambulaba por las calles de Madrid con la letra de una canción en el bolsillo a la que no le terminaba de encontrar la melodía adecuada. Finalmente se decidió y fue a tocar el timbre del departamento donde María Elena vivía su autoexilio. Subió, le dio la letra y ella le dijo que volviera en unas horas. Así lo hizo Jairo que, cuando regresó a casa de María Elena y ella le tarareó la música que había compuesto, supo que tenía un hit entre sus manos. “Para decirle al dolor/ que ya no vuelva más/ somos dos, somos dos”, dice el estribillo que recorrió el mundo y que le abrió a Jairo las puertas de España.
Después hubo un brindis y ahí Joaquín obtuvo uno de sus trofeos más preciados. A falta de una, dos fotos con ella. Como en la primera María Elena tenía los anteojos negros puestos, y no le gustó, me pidió que les tomara otra. Se sacó los anteojos y su sonrisa, junto a la de Joaquín, hoy iluminan la pared de corcho de su cuarto.
Estoy seguro de que este “país del no me acuerdo” no la olvidará jamás.
Una tonelada de cocaína como polizón
El juez español ordenó trasladar a la penitenciaría de Barcelona a los tres argentinos. Su abogado defensor dijo que eran inocentes y que “no sabían nada de ese asunto”. Uno de los vínculos de los Juliá y el trabajo esclavo.
Por Horacio Cecchi
Página 12
11 de enero de 2011
El juzgado 2 con jurisdicción sobre el aeropuerto El Prat de Llobregat, de Barcelona, ordenó la prisión sin fianza de los dos hermanos Juliá, Eduardo y Gustavo, y de Gastón Miret, quienes fueron trasladados al Centro Penitenciario Obert, de Barcelona. Los tres declararon ante el juez, que sin embargo mantuvo el secreto de sumario, lo que indica que tiene en vista nuevas detenciones que requieren no ventilar el expediente. Probablemente se trate de vínculos en Barcelona, quizás algún receptor de los 944,50 kilos de cocaína que transportaba el Challenger 604 de Medical Jet. Lo único que trascendió del caso es una breve mención de la declaración de los detenidos, en boca de su abogado español, Santiago Giménez Olavarriaga: “Ellos defienden su inocencia, ellos sostienen que no tienen absolutamente nada que ver con este asunto”. En Buenos Aires, entre tanto, el juez en lo Penal Económico 4 Alejandro Catania (el mismo de Papel Prensa) deberá avanzar en la investigación sobre un posible pero desconocido delito cometido en territorio argentino, ya que por el momento no hay información de que el transporte se haya realizado desde el país.
“Nosotros hemos solicitado que no los ingresen en prisión, los defensores estamos en pro de la presunción de inocencia –sostuvo con buen criterio el abogado español–, y ellos defienden su inocencia, sostienen que no tienen absolutamente nada que ver con este asunto.” El juez que investiga podrá volver a citar al trío o a alguno de los tres, y cualquiera de ellos puede pedirle volver a declarar antes del juicio. El magistrado, según anunciaron voceros judiciales, investiga al trío por el delito contra la salud por tráfico de drogas.
El secreto de sumario sigue vigente, con lo que lo que no se sabe en qué situación procesal se encuentra cada uno de ellos. Pero que el juez haya ordenado la detención indica que debiera contar con suficiente prueba para oponer a la versión de la defensa sobre desconocimiento de la carga que llevaban en su propio avión.
¿Cómo funciona el proceso de carga de un avión? ¿Es posible que el piloto lleve una carga de una tonelada sin conocimiento de qué lleva? “Van solos, sin pasajeros –explicó a Página/12 el ex piloto y actual director de cine Enrique Piñeyro–. No te pueden encajar 12 valijas (es el tamaño calculado por Piñeyro) sin que sepas. A mí me daban un sobre para entregar a una viejita en Montevideo y yo decía ‘el sobre me lo das abierto’. No podés responder por lo que dicen que te dan. En un avión de línea el equipaje se escanea. Pero si recibís un equipaje en un aeropuerto, como piloto, si el pasajero se hace cargo, fenómeno, pero si no tenés que pedir que se abran para ver qué tienen.”
“Del peso te das cuenta, en ese avión no te pueden cargar una tonelada sin que lo sepas –explicó Gerardo Quadros, ex piloto y especialista que dirige la publicación en Internet Aeroinfolatinoamericano–. En las variables del despegue el piloto tiene para su nave una tabla que le indica la velocidad según la temperatura, el largo de pista, y de acuerdo con el peso. Cuando llega a la que se conoce como VR, tiene que tirar hacia atrás el volante y la trompa se levanta. Si tiene una tonelada no calculada no se levanta.” Los expertos sostienen que durante la operación de carga de un avión el copiloto siempre está observando el ejercicio, y antes de firmar el OK para el despegue, entra a la bodega, verifica que estén distribuidas como deben estarlo, mira que no haya nada raro. En el caso del vuelo de Medical Jet, no eran dos sino tres. “El ojo del amo engorda el ganado. Uno de los tres tiene que estar afuera”, aseguró Quadros.
¿Dónde se realizó efectivamente el cargamento? Por el momento, todo indica que el avión partió vacío de Ezeiza a las 21 del sábado 1º de enero, según las planillas selladas por la Aduana, encargada de verificar las cargas, con destino a Cabo Verde. No hay más datos. En esa línea de investigación deberá avanzar el juez Alejandro Catania, secretaría 8 de Martín Castellano. Por el momento no realizó medidas importantes como podrían ser allanamientos a las oficinas o las viviendas de los detenidos. Realizada la denuncia el jueves pasado, ya hubo tiempo de vaciar de datos comprometedores, si es que los hubiere. Pero tampoco se puede reclamar urgencia en una medida para la que son necesarias pruebas que desde España, donde tienen el timón de la investigación del delito, no fueron aportadas. La idea que rodea el caso en Argentina es sostener las garantías constitucionales más allá de la urgencia por tomar medidas que luego puedan ser nulificadas con facilidad. “Acá no hay elementos para allanar hasta que no se los encuentre, el delito fue en España y eso no alcanza para allanar una casa acá, a menos que la Justicia española lo pida, que por ahora no lo hizo, hay que tener cuidado con eso”, confió un funcionario.
¿Cabo Verde? El Challenger con los Juliá y Miret partió a las 21 y llegó al aeropuerto Amílcar Cabral, de la isla de Sal, archipiélago de Cabo Verde (frente a Dakar) alrededor de las 7 de la mañana y pasado el mediodía del domingo arribó a Barcelona. “Es un absurdo si quisieron cargar en Sal, ahí no hay nada –describió Piñeyro–. Los hubieran detectado enseguida. Sal es un aeropuerto capaz de recibir un Jumbo pero no hay nada más que eso. Lo usaban antes los DC3, DC4, DC6 para repostar cuando no podían llegar a Europa. Hacían escala ahí y seguían. Ahora no se usa más porque los aviones tienen autonomía. Cualquier cosa ahí llama la atención, si está todo pelado, no hay ni señaleros.”
Otros, en cambio, sostienen lo contrario. Los paquetes, señalaron a este diario, que se observan en la filmación de la Guardia Civil, están envueltos en un plástico grueso y al vacío. ¿Qué indica? El procedimiento habitual según la Europol: los buques lanzan la carga, una lancha rápida la recoge y luego se monta en un avión con destino a Europa. ¿Por qué a Barcelona, uno de los aeropuertos de tecnología más avanzada? ¿Por qué no a Sevilla o a Girona? La respuesta, por el momento, la tiene el juez 2 de Barcelona.
Por Horacio Cecchi
Página 12
11 de enero de 2011
El juzgado 2 con jurisdicción sobre el aeropuerto El Prat de Llobregat, de Barcelona, ordenó la prisión sin fianza de los dos hermanos Juliá, Eduardo y Gustavo, y de Gastón Miret, quienes fueron trasladados al Centro Penitenciario Obert, de Barcelona. Los tres declararon ante el juez, que sin embargo mantuvo el secreto de sumario, lo que indica que tiene en vista nuevas detenciones que requieren no ventilar el expediente. Probablemente se trate de vínculos en Barcelona, quizás algún receptor de los 944,50 kilos de cocaína que transportaba el Challenger 604 de Medical Jet. Lo único que trascendió del caso es una breve mención de la declaración de los detenidos, en boca de su abogado español, Santiago Giménez Olavarriaga: “Ellos defienden su inocencia, ellos sostienen que no tienen absolutamente nada que ver con este asunto”. En Buenos Aires, entre tanto, el juez en lo Penal Económico 4 Alejandro Catania (el mismo de Papel Prensa) deberá avanzar en la investigación sobre un posible pero desconocido delito cometido en territorio argentino, ya que por el momento no hay información de que el transporte se haya realizado desde el país.
“Nosotros hemos solicitado que no los ingresen en prisión, los defensores estamos en pro de la presunción de inocencia –sostuvo con buen criterio el abogado español–, y ellos defienden su inocencia, sostienen que no tienen absolutamente nada que ver con este asunto.” El juez que investiga podrá volver a citar al trío o a alguno de los tres, y cualquiera de ellos puede pedirle volver a declarar antes del juicio. El magistrado, según anunciaron voceros judiciales, investiga al trío por el delito contra la salud por tráfico de drogas.
El secreto de sumario sigue vigente, con lo que lo que no se sabe en qué situación procesal se encuentra cada uno de ellos. Pero que el juez haya ordenado la detención indica que debiera contar con suficiente prueba para oponer a la versión de la defensa sobre desconocimiento de la carga que llevaban en su propio avión.
¿Cómo funciona el proceso de carga de un avión? ¿Es posible que el piloto lleve una carga de una tonelada sin conocimiento de qué lleva? “Van solos, sin pasajeros –explicó a Página/12 el ex piloto y actual director de cine Enrique Piñeyro–. No te pueden encajar 12 valijas (es el tamaño calculado por Piñeyro) sin que sepas. A mí me daban un sobre para entregar a una viejita en Montevideo y yo decía ‘el sobre me lo das abierto’. No podés responder por lo que dicen que te dan. En un avión de línea el equipaje se escanea. Pero si recibís un equipaje en un aeropuerto, como piloto, si el pasajero se hace cargo, fenómeno, pero si no tenés que pedir que se abran para ver qué tienen.”
“Del peso te das cuenta, en ese avión no te pueden cargar una tonelada sin que lo sepas –explicó Gerardo Quadros, ex piloto y especialista que dirige la publicación en Internet Aeroinfolatinoamericano–. En las variables del despegue el piloto tiene para su nave una tabla que le indica la velocidad según la temperatura, el largo de pista, y de acuerdo con el peso. Cuando llega a la que se conoce como VR, tiene que tirar hacia atrás el volante y la trompa se levanta. Si tiene una tonelada no calculada no se levanta.” Los expertos sostienen que durante la operación de carga de un avión el copiloto siempre está observando el ejercicio, y antes de firmar el OK para el despegue, entra a la bodega, verifica que estén distribuidas como deben estarlo, mira que no haya nada raro. En el caso del vuelo de Medical Jet, no eran dos sino tres. “El ojo del amo engorda el ganado. Uno de los tres tiene que estar afuera”, aseguró Quadros.
¿Dónde se realizó efectivamente el cargamento? Por el momento, todo indica que el avión partió vacío de Ezeiza a las 21 del sábado 1º de enero, según las planillas selladas por la Aduana, encargada de verificar las cargas, con destino a Cabo Verde. No hay más datos. En esa línea de investigación deberá avanzar el juez Alejandro Catania, secretaría 8 de Martín Castellano. Por el momento no realizó medidas importantes como podrían ser allanamientos a las oficinas o las viviendas de los detenidos. Realizada la denuncia el jueves pasado, ya hubo tiempo de vaciar de datos comprometedores, si es que los hubiere. Pero tampoco se puede reclamar urgencia en una medida para la que son necesarias pruebas que desde España, donde tienen el timón de la investigación del delito, no fueron aportadas. La idea que rodea el caso en Argentina es sostener las garantías constitucionales más allá de la urgencia por tomar medidas que luego puedan ser nulificadas con facilidad. “Acá no hay elementos para allanar hasta que no se los encuentre, el delito fue en España y eso no alcanza para allanar una casa acá, a menos que la Justicia española lo pida, que por ahora no lo hizo, hay que tener cuidado con eso”, confió un funcionario.
¿Cabo Verde? El Challenger con los Juliá y Miret partió a las 21 y llegó al aeropuerto Amílcar Cabral, de la isla de Sal, archipiélago de Cabo Verde (frente a Dakar) alrededor de las 7 de la mañana y pasado el mediodía del domingo arribó a Barcelona. “Es un absurdo si quisieron cargar en Sal, ahí no hay nada –describió Piñeyro–. Los hubieran detectado enseguida. Sal es un aeropuerto capaz de recibir un Jumbo pero no hay nada más que eso. Lo usaban antes los DC3, DC4, DC6 para repostar cuando no podían llegar a Europa. Hacían escala ahí y seguían. Ahora no se usa más porque los aviones tienen autonomía. Cualquier cosa ahí llama la atención, si está todo pelado, no hay ni señaleros.”
Otros, en cambio, sostienen lo contrario. Los paquetes, señalaron a este diario, que se observan en la filmación de la Guardia Civil, están envueltos en un plástico grueso y al vacío. ¿Qué indica? El procedimiento habitual según la Europol: los buques lanzan la carga, una lancha rápida la recoge y luego se monta en un avión con destino a Europa. ¿Por qué a Barcelona, uno de los aeropuertos de tecnología más avanzada? ¿Por qué no a Sevilla o a Girona? La respuesta, por el momento, la tiene el juez 2 de Barcelona.
Es una mujer con paño
Página 12
11 de enero de 2011
El presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, afirmó que su colega argentina, Cristina Fernández de Kirchner, “es una mujer que tiene paño” y “va a seguir dando batalla”. El mandatario uruguayo evaluó que la presidenta argentina “tiene una responsabilidad tremenda encima”.
Mujica consideró que la muerte del ex presidente Néstor Kirchner “fue una conmoción muy grande”, porque se trató de un dirigente que “tuvo el valor de hacer creer a una nueva generación en la política, en el valor de la política”. Para el presidente uruguayo, eso no es muy frecuente “en un mundo que no se caracteriza por eso”. En ese sentido, destacó que se ve que hay “una juventud comprometida” y que eso “se notaba frente al féretro”, donde los jóvenes desfilaban “con los rostros compungidos y un grito de dolor o de valor, o de las dos cosas”.
Mujica dio una entrevista al programa televisivo del periodista Víctor Hugo Morales. En los últimos meses resultó notoria la mejora en la relación bilateral, dato verificable en la buena voluntad que mostró Argentina con el anuncio uruguayo sobre la instalación de una nueva megapapelera, esta vez a orillas del Río de la Plata.
Mujica aseguró que quiere “mucho” a la Argentina. “Nosotros nos perdemos en las calles de Buenos Aires y no nos sentimos en otro país; eso no nos pasa en ningún otro lugar del mundo –explicó–. Además, tengo memoria histórica: cada vez que anduvimos peleados con la Argentina, para lo único que nos sirvió fue para estar bien jodidos, y también a la Argentina, en parte”, añadió. Por otra parte, Mujica sostuvo que “el poder no existe” como una cosa totalizadora y unitaria, sino que “está muy distribuido” y “es una novia esquiva” que “no se deja agarrar jamás”.
11 de enero de 2011
El presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, afirmó que su colega argentina, Cristina Fernández de Kirchner, “es una mujer que tiene paño” y “va a seguir dando batalla”. El mandatario uruguayo evaluó que la presidenta argentina “tiene una responsabilidad tremenda encima”.
Mujica consideró que la muerte del ex presidente Néstor Kirchner “fue una conmoción muy grande”, porque se trató de un dirigente que “tuvo el valor de hacer creer a una nueva generación en la política, en el valor de la política”. Para el presidente uruguayo, eso no es muy frecuente “en un mundo que no se caracteriza por eso”. En ese sentido, destacó que se ve que hay “una juventud comprometida” y que eso “se notaba frente al féretro”, donde los jóvenes desfilaban “con los rostros compungidos y un grito de dolor o de valor, o de las dos cosas”.
Mujica dio una entrevista al programa televisivo del periodista Víctor Hugo Morales. En los últimos meses resultó notoria la mejora en la relación bilateral, dato verificable en la buena voluntad que mostró Argentina con el anuncio uruguayo sobre la instalación de una nueva megapapelera, esta vez a orillas del Río de la Plata.
Mujica aseguró que quiere “mucho” a la Argentina. “Nosotros nos perdemos en las calles de Buenos Aires y no nos sentimos en otro país; eso no nos pasa en ningún otro lugar del mundo –explicó–. Además, tengo memoria histórica: cada vez que anduvimos peleados con la Argentina, para lo único que nos sirvió fue para estar bien jodidos, y también a la Argentina, en parte”, añadió. Por otra parte, Mujica sostuvo que “el poder no existe” como una cosa totalizadora y unitaria, sino que “está muy distribuido” y “es una novia esquiva” que “no se deja agarrar jamás”.
Durante 12 años Barrionuevo se cobró favores de Medical Jet
Tiempo Argentino
11 de enero de 2011
La legisladora del Frente Cívico y Social fue autora de una denuncia en 2003 contra el gastronómico por el uso de los aviones de esa compañía prestataria del PAMI para la campaña electoral. “Cada vuelo costaba 7000 dólares”, dijo.
La ex senadora nacional por Catamarca María Teresa Colombo denunció que durante 12 años el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo cobró “favores políticos con viajes a Catamarca de la empresa Medical Jet”, propiedad de Gustavo y Eduardo Juliá, ahora detenidos en España junto a Matías Miret tras haber sido encontrados en el aeropuerto de Barcelona con casi una tonelada de cocaína en un avión de esa compañía aérea.
La detención el pasado 2 de enero en España de los hermanos Juliá, hijos del fallecido jefe de la Fuerza Aérea durante la presidencia de Carlos Menem, el brigadier José Juliá, y de Matías Miret, hijo del ex secretario de Planeamiento durante la dictadura, brigadier José Miret, sacó a la luz la relación que mantenían con Barrionuevo a través de la empresa aérea Medical Jet.
Este vínculo fue confirmado ayer por la ex legisladora Colombo, quien señaló que “mientras duró su actividad política en Catamarca, Barrionuevo siempre se trasladó en Medical Jet. Es decir que viajó durante 12 años en esos aviones”. También detalló que “en la campaña electoral de 2003 Barrionuevo hizo un uso intensivo de los vuelos. En febrero de ese año hacía una frecuencia diaria con los aviones Medical Jet”.
La empresa aeronáutica fue fundada en 1994 por José Juliá, un año después de su retiro de la fuerza, para prestar servicios de alquiler de vuelos sanitarios para el PAMI y otras obras sociales.
Durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde, Gustavo Juliá, ahora preso en España por narcotráfico, fue nombrado gerente financiero del PAMI. Medical Jet prestó su servicio a la obra social de los jubilados hasta 2003, cuando, en el comienzo de la presidencia de Néstor Kirchner, una auditoría demostró que la compañía de los Juliá facturó más de 5 millones de pesos a la obra social de los jubilados en el lapso de tres años, lo que después derivó en una causa por sobreprecios que está a punto de llegar a juicio oral. Ese mismo año Gustavo fue relevado de su cargo.
La ex senadora nacional por Catamarca, quien en la actualidad integra el Frente Cívico y Social de esa provincia, hizo la denuncia en 2003 ante el juez federal Norberto Oyarbide para que se investigara si existía financiamiento del PAMI para realizar los viajes de Barrionuevo a Catamarca, lo cual fue desestimado por el juez porteño.
“Cada vuelo costaba 7000 dólares, y Barrionuevo en su declaración jurada decía que no tenía bienes”, comentó la ex senadora, y agregó: “La única actividad, al menos visible, que cumplían los viajes era traer y llevar a Barrionuevo.”
La diputada nacional por el Peronismo Federal Graciela Camaño, esposa de Barrionuevo, admitió en un comunicado haber realizado viajes con la empresa de los Juliá. La legisladora aseguró que los viajes fueron “durante el año 2009 por problemas de salud de un familiar” que debieron atender en Uruguay, y “por nuestra actividad sindical y política”, y aclaró que se trató “nada más que una vinculación comercial”.
Si bien esa denuncia no prosperó, sí lo hizo una causa iniciada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi. En ese caso, Gustavo Juliá deberá enfrentar un juicio oral por fraude en el que se intentará probar sobreprecios en el alquiler de vuelos de la compañía aérea por parte del PAMI durante el menemismo. Habría cobrado hasta tres veces más el valor de cada vuelo sanitario a través de Medical Jet, una cifra que suma casi 5 millones de dólares en sobreprecios. Además de Juliá, también están imputados Víctor Alderete, entonces titular de la obra social, y César López Eleorraga, su yerno, quien se desempeñaba como jefe de la Unidad de Traslados por Razones de Salud del PAMI y era accionista y piloto de Medical Jet.
11 de enero de 2011
La legisladora del Frente Cívico y Social fue autora de una denuncia en 2003 contra el gastronómico por el uso de los aviones de esa compañía prestataria del PAMI para la campaña electoral. “Cada vuelo costaba 7000 dólares”, dijo.
La ex senadora nacional por Catamarca María Teresa Colombo denunció que durante 12 años el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo cobró “favores políticos con viajes a Catamarca de la empresa Medical Jet”, propiedad de Gustavo y Eduardo Juliá, ahora detenidos en España junto a Matías Miret tras haber sido encontrados en el aeropuerto de Barcelona con casi una tonelada de cocaína en un avión de esa compañía aérea.
La detención el pasado 2 de enero en España de los hermanos Juliá, hijos del fallecido jefe de la Fuerza Aérea durante la presidencia de Carlos Menem, el brigadier José Juliá, y de Matías Miret, hijo del ex secretario de Planeamiento durante la dictadura, brigadier José Miret, sacó a la luz la relación que mantenían con Barrionuevo a través de la empresa aérea Medical Jet.
Este vínculo fue confirmado ayer por la ex legisladora Colombo, quien señaló que “mientras duró su actividad política en Catamarca, Barrionuevo siempre se trasladó en Medical Jet. Es decir que viajó durante 12 años en esos aviones”. También detalló que “en la campaña electoral de 2003 Barrionuevo hizo un uso intensivo de los vuelos. En febrero de ese año hacía una frecuencia diaria con los aviones Medical Jet”.
La empresa aeronáutica fue fundada en 1994 por José Juliá, un año después de su retiro de la fuerza, para prestar servicios de alquiler de vuelos sanitarios para el PAMI y otras obras sociales.
Durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde, Gustavo Juliá, ahora preso en España por narcotráfico, fue nombrado gerente financiero del PAMI. Medical Jet prestó su servicio a la obra social de los jubilados hasta 2003, cuando, en el comienzo de la presidencia de Néstor Kirchner, una auditoría demostró que la compañía de los Juliá facturó más de 5 millones de pesos a la obra social de los jubilados en el lapso de tres años, lo que después derivó en una causa por sobreprecios que está a punto de llegar a juicio oral. Ese mismo año Gustavo fue relevado de su cargo.
La ex senadora nacional por Catamarca, quien en la actualidad integra el Frente Cívico y Social de esa provincia, hizo la denuncia en 2003 ante el juez federal Norberto Oyarbide para que se investigara si existía financiamiento del PAMI para realizar los viajes de Barrionuevo a Catamarca, lo cual fue desestimado por el juez porteño.
“Cada vuelo costaba 7000 dólares, y Barrionuevo en su declaración jurada decía que no tenía bienes”, comentó la ex senadora, y agregó: “La única actividad, al menos visible, que cumplían los viajes era traer y llevar a Barrionuevo.”
La diputada nacional por el Peronismo Federal Graciela Camaño, esposa de Barrionuevo, admitió en un comunicado haber realizado viajes con la empresa de los Juliá. La legisladora aseguró que los viajes fueron “durante el año 2009 por problemas de salud de un familiar” que debieron atender en Uruguay, y “por nuestra actividad sindical y política”, y aclaró que se trató “nada más que una vinculación comercial”.
Si bien esa denuncia no prosperó, sí lo hizo una causa iniciada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi. En ese caso, Gustavo Juliá deberá enfrentar un juicio oral por fraude en el que se intentará probar sobreprecios en el alquiler de vuelos de la compañía aérea por parte del PAMI durante el menemismo. Habría cobrado hasta tres veces más el valor de cada vuelo sanitario a través de Medical Jet, una cifra que suma casi 5 millones de dólares en sobreprecios. Además de Juliá, también están imputados Víctor Alderete, entonces titular de la obra social, y César López Eleorraga, su yerno, quien se desempeñaba como jefe de la Unidad de Traslados por Razones de Salud del PAMI y era accionista y piloto de Medical Jet.
Dictan prisión preventiva sin fianza para los hermanos Juliá y Miret
Tiempo Argentino
11 de enero de 2011
La justicia española dictó ayer la prisión preventiva sin fianza para los argentinos Gustavo y Eduardo Juliá y Matías Miret, detenidos por transportar 944 kilos de cocaína en un avión de su compañía aérea Medical Jet. La orden provino del Juzgado 2 de Instrucción de El Prat de Llobregat de Barcelona e inmediatamente fueron trasladados desde la Jefatura Provincial de la Policía de Barcelona a la cárcel Modelo, donde son enviados los presos preventivos.
Los hermanos Juliá, hijos del fallecido brigadier José Juliá, y Matías Miret, hijo del ex secretario de Planeamiento durante la dictadura, brigadier José Miret, fueron detenidos el pasado 2 de enero en el aeropuerto de El Prat, de Barcelona.
El juez de la causa, que mantiene el secreto de sumario, los investiga por un delito contra la salud pública por tráfico de estupefacientes. Según el abogado defensor, Santiago Giménez Olavarriaga, los detenidos sostienen que no tienen relación con el hecho, a pesar de haber sido arrestados in fraganti en posesión del cargamento. “Nosotros hemos solicitado que no los ingresen en prisión, los defensores estamos en pro de la presunción de inocencia y ellos defienden su inocencia, ellos sostienen que no tienen absolutamente nada que ver con este asunto”, señaló el abogado.
En diálogo con Radio 10, Giménez Olavarriaga explicó que, debido al secreto de sumario, no puede aportar información sobre el contenido del caso para no violar lo dispuesto por la justicia. Por ese mismo motivo y por la falta de información sobre los futuros pasos de la justicia española, el abogado relativizó la información sobre la cantidad de droga que habrían llevado sus defendidos y pidió “esperar a conocer todos los extremos de la investigación para poder hacer alguna afirmación”.
El avión, un Callenger 604 de la compañía argentina Medical Jet, que fundó Juliá padre en 1994, llegó a España procedente de la isla africana de Cabo Verde, donde los investigadores de la Guardia Civil española e Interpol suponen que habrían cargado los 944,5 kilos de panes de cocaína.
Al momento del aterrizaje, a las 15 del domingo (hora local), agentes de la Guardia Civil española estaban esperando la aeronave. Por orden del juez de instrucción, allanaron el avión con perros adiestrados para detectar drogas e inmediatamente realizaron las detenciones. Además de los hermanos Juliá y de Miret, viajaba una cuarta persona que luego fue liberada tras determinarse que no tenía relación con el hecho.
11 de enero de 2011
La justicia española dictó ayer la prisión preventiva sin fianza para los argentinos Gustavo y Eduardo Juliá y Matías Miret, detenidos por transportar 944 kilos de cocaína en un avión de su compañía aérea Medical Jet. La orden provino del Juzgado 2 de Instrucción de El Prat de Llobregat de Barcelona e inmediatamente fueron trasladados desde la Jefatura Provincial de la Policía de Barcelona a la cárcel Modelo, donde son enviados los presos preventivos.
Los hermanos Juliá, hijos del fallecido brigadier José Juliá, y Matías Miret, hijo del ex secretario de Planeamiento durante la dictadura, brigadier José Miret, fueron detenidos el pasado 2 de enero en el aeropuerto de El Prat, de Barcelona.
El juez de la causa, que mantiene el secreto de sumario, los investiga por un delito contra la salud pública por tráfico de estupefacientes. Según el abogado defensor, Santiago Giménez Olavarriaga, los detenidos sostienen que no tienen relación con el hecho, a pesar de haber sido arrestados in fraganti en posesión del cargamento. “Nosotros hemos solicitado que no los ingresen en prisión, los defensores estamos en pro de la presunción de inocencia y ellos defienden su inocencia, ellos sostienen que no tienen absolutamente nada que ver con este asunto”, señaló el abogado.
En diálogo con Radio 10, Giménez Olavarriaga explicó que, debido al secreto de sumario, no puede aportar información sobre el contenido del caso para no violar lo dispuesto por la justicia. Por ese mismo motivo y por la falta de información sobre los futuros pasos de la justicia española, el abogado relativizó la información sobre la cantidad de droga que habrían llevado sus defendidos y pidió “esperar a conocer todos los extremos de la investigación para poder hacer alguna afirmación”.
El avión, un Callenger 604 de la compañía argentina Medical Jet, que fundó Juliá padre en 1994, llegó a España procedente de la isla africana de Cabo Verde, donde los investigadores de la Guardia Civil española e Interpol suponen que habrían cargado los 944,5 kilos de panes de cocaína.
Al momento del aterrizaje, a las 15 del domingo (hora local), agentes de la Guardia Civil española estaban esperando la aeronave. Por orden del juez de instrucción, allanaron el avión con perros adiestrados para detectar drogas e inmediatamente realizaron las detenciones. Además de los hermanos Juliá y de Miret, viajaba una cuarta persona que luego fue liberada tras determinarse que no tenía relación con el hecho.
El juez Catania ordenó allanamientos en la empresa de los hermanos Juliá
Tiempo Argentino
11 de enero de 2011
El primero será a Medical Jet. El magistrado que indaga la conexión local con el caso dispuso el secreto de sumario.
El titular del Juzgado Penal Económico Nº 4, Alejandro Javier Catania, recibió ayer la denuncia efectuada días atrás por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y estaría por ordenar allanamientos y el secuestro de medidas de prueba en el marco de la investigación que comenzó a cursar en el país, a fin de determinar de qué manera operaba en la Argentina la banda de narcotraficantes que utilizó el avión sanitario de Medical Jet para intentar introducir en España 944 kilos de cocaína desde la isla de Cabo Verde.
Catania busca determinar si Gustavo y Alejandro Juliá y Matías Miret, detenidos en Barcelona, habían logrado efectuar con anterioridad contrabando de drogas. Sobre la causa que investiga la conexión local, el magistrado impuso el secreto de sumario por diez días hábiles y estaría por disponer el allanamiento de la sede de Medical Jet SA y Federal Aviation SA, ambas empresas controladas por los Juliá.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria pidió que se determine si la droga secuestrada en Barcelona partió desde territorio argentino o por el contrario fue subida al avión, tal como sospecha la Guardia Civil Española, en Cabo Verde, así como también si el avión de Medical Jet partió desde el aeropuerto internacional de Ezeiza o de la base que la Fuerza Aérea tiene en Morón.
El juez Catania también deberá investigar si existe alguna conexión entre los Juliá y la red de narcos mexicanos que operaba con Angie Sanclemente Valencia, la modelo colombiana. El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, que lleva la causa de la modelo, ordenó en enero del año pasado la detención de Sanclemente Valencia y de Nicolás Gualdo, su pareja, y el tío de este, Daniel Monroy. En los allanamientos dispuestos por Aguinsky se secuestraron computadoras en las que se encontró información que vincula a la organización narcocriminal con los hermanos Juliá. Entre varios de los pasajeros de Medical Jet figuran varios contactos de Monroy. El juez Catania deberá también investigar si el caso por el que fueron detenidos Gustavo y Alejandro Juliá y Matías Miret está vinculado también con el asesinato de dos narcotraficantes en el Unicenter Shopping en julio de 2008.
11 de enero de 2011
El primero será a Medical Jet. El magistrado que indaga la conexión local con el caso dispuso el secreto de sumario.
El titular del Juzgado Penal Económico Nº 4, Alejandro Javier Catania, recibió ayer la denuncia efectuada días atrás por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y estaría por ordenar allanamientos y el secuestro de medidas de prueba en el marco de la investigación que comenzó a cursar en el país, a fin de determinar de qué manera operaba en la Argentina la banda de narcotraficantes que utilizó el avión sanitario de Medical Jet para intentar introducir en España 944 kilos de cocaína desde la isla de Cabo Verde.
Catania busca determinar si Gustavo y Alejandro Juliá y Matías Miret, detenidos en Barcelona, habían logrado efectuar con anterioridad contrabando de drogas. Sobre la causa que investiga la conexión local, el magistrado impuso el secreto de sumario por diez días hábiles y estaría por disponer el allanamiento de la sede de Medical Jet SA y Federal Aviation SA, ambas empresas controladas por los Juliá.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria pidió que se determine si la droga secuestrada en Barcelona partió desde territorio argentino o por el contrario fue subida al avión, tal como sospecha la Guardia Civil Española, en Cabo Verde, así como también si el avión de Medical Jet partió desde el aeropuerto internacional de Ezeiza o de la base que la Fuerza Aérea tiene en Morón.
El juez Catania también deberá investigar si existe alguna conexión entre los Juliá y la red de narcos mexicanos que operaba con Angie Sanclemente Valencia, la modelo colombiana. El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, que lleva la causa de la modelo, ordenó en enero del año pasado la detención de Sanclemente Valencia y de Nicolás Gualdo, su pareja, y el tío de este, Daniel Monroy. En los allanamientos dispuestos por Aguinsky se secuestraron computadoras en las que se encontró información que vincula a la organización narcocriminal con los hermanos Juliá. Entre varios de los pasajeros de Medical Jet figuran varios contactos de Monroy. El juez Catania deberá también investigar si el caso por el que fueron detenidos Gustavo y Alejandro Juliá y Matías Miret está vinculado también con el asesinato de dos narcotraficantes en el Unicenter Shopping en julio de 2008.
Descabezan Asuntos Internos de la Federal
Por Néstor Espósito
Para Tiempo Argentino
11 de enero de 2011
Es a raíz de una investigación por corrupción que involucra a altos mandos de la Policía. Denuncian una persecución.
El Ministerio de Seguridad pasó a “disponibilidad preventiva” al responsable de Asuntos Internos de la Policía Federal, el comisario general Raúl Timossi, cuya labor en el marco de una investigación interna por un presunto caso de falsificación de gastos con servicios adicionales está bajo la lupa. Se trata de la primera decisión de esta naturaleza que adopta la cartera a cargo de Nilda Garré, quien parece decidida a transparentar a una fuerza fuertemente sospechada de focos de corrupción en distintos estamentos.
Un cabo de la Federal, Fernando Sousa Helguera –quien luego se dedicó a la política denunció que pese a que lo obligaban a firmar recibos por horas extras, nunca cobraba ese dinero que aparecía liquidado como servicios adicionales, como los que se realizan en la custodia de bancos e instituciones privadas y operativos en partidos de fútbol. ¿A dónde iba a parar ese dinero? Según el denunciante, a los bolsillos de un grupo de oficiales de alto rango.
La jueza federal María Servini de Cubría instruyó una causa en la que estableció que entre 1997 y 2003 “los jefes de la División Despacho de la Superintendencia de la Policía Científica de la Policía Federal Argentina” habrían incurrido “en la retención del dinero percibido por la citada dependencia para el pago de gastos de comida y de recargos de servicio del personal a ella asignado. En particular, se les atribuyó la confección, y posterior recolección de firmas, de las planillas mediante las cuales la División obtenía de la Superintendencia las sumas necesarias para afrontar aquellas erogaciones.
Sin embargo, la jueza tuvo por acreditado, en virtud de los testimonios reunidos, que dichos instrumentos eran “falaces, al adolecer de datos simulados y firmas apócrifas, y que los fondos así obtenidos culminaban siendo, en su mayor porcentaje, sustraídos por los titulares de la dependencia que se fueron sucediendo durante todo ese tiempo”, se lee en la causa a la que accedió Tiempo Argentino.
Están acusados “los jefes de la Superintendencia y de la División Despacho, Víctor De Filippis, Norberto Madrid, Jorge Barcia, Rogelio Montesano, Carlos Gil Alvarengo, Horacio Fernández, Carlos Giménez Kramer y Miguel Ángel Colella”. Todos ellos son candidatos a la “disponibilidad preventiva”, dijo -sin nombrarlos- la viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño en declaraciones a Radio América.
El caso de Timossi es diferente. A él le cupo la responsabilidad del sumario interno sobre la conducta de los oficiales de alto rango. Pero en el ministerio sospechan que puso más ahínco en investigar al denunciante que a los denunciados. De hecho, los procesados siguieron en actividad y Sousa Helguera fue pasado a disponibilidad por acusaciones que se revelaron falsas. El ex fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido concluyó que Sousa Helguera había sido espiado, seguido, fotografiado y grabado, con una indulgencia mucho menor que la que habían recibido los jefes a los que denunció. Pese a que quedó probado que era víctima de imputaciones falaces nunca pudo volver a la fuerza.
Para Tiempo Argentino
11 de enero de 2011
Es a raíz de una investigación por corrupción que involucra a altos mandos de la Policía. Denuncian una persecución.
El Ministerio de Seguridad pasó a “disponibilidad preventiva” al responsable de Asuntos Internos de la Policía Federal, el comisario general Raúl Timossi, cuya labor en el marco de una investigación interna por un presunto caso de falsificación de gastos con servicios adicionales está bajo la lupa. Se trata de la primera decisión de esta naturaleza que adopta la cartera a cargo de Nilda Garré, quien parece decidida a transparentar a una fuerza fuertemente sospechada de focos de corrupción en distintos estamentos.
Un cabo de la Federal, Fernando Sousa Helguera –quien luego se dedicó a la política denunció que pese a que lo obligaban a firmar recibos por horas extras, nunca cobraba ese dinero que aparecía liquidado como servicios adicionales, como los que se realizan en la custodia de bancos e instituciones privadas y operativos en partidos de fútbol. ¿A dónde iba a parar ese dinero? Según el denunciante, a los bolsillos de un grupo de oficiales de alto rango.
La jueza federal María Servini de Cubría instruyó una causa en la que estableció que entre 1997 y 2003 “los jefes de la División Despacho de la Superintendencia de la Policía Científica de la Policía Federal Argentina” habrían incurrido “en la retención del dinero percibido por la citada dependencia para el pago de gastos de comida y de recargos de servicio del personal a ella asignado. En particular, se les atribuyó la confección, y posterior recolección de firmas, de las planillas mediante las cuales la División obtenía de la Superintendencia las sumas necesarias para afrontar aquellas erogaciones.
Sin embargo, la jueza tuvo por acreditado, en virtud de los testimonios reunidos, que dichos instrumentos eran “falaces, al adolecer de datos simulados y firmas apócrifas, y que los fondos así obtenidos culminaban siendo, en su mayor porcentaje, sustraídos por los titulares de la dependencia que se fueron sucediendo durante todo ese tiempo”, se lee en la causa a la que accedió Tiempo Argentino.
Están acusados “los jefes de la Superintendencia y de la División Despacho, Víctor De Filippis, Norberto Madrid, Jorge Barcia, Rogelio Montesano, Carlos Gil Alvarengo, Horacio Fernández, Carlos Giménez Kramer y Miguel Ángel Colella”. Todos ellos son candidatos a la “disponibilidad preventiva”, dijo -sin nombrarlos- la viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño en declaraciones a Radio América.
El caso de Timossi es diferente. A él le cupo la responsabilidad del sumario interno sobre la conducta de los oficiales de alto rango. Pero en el ministerio sospechan que puso más ahínco en investigar al denunciante que a los denunciados. De hecho, los procesados siguieron en actividad y Sousa Helguera fue pasado a disponibilidad por acusaciones que se revelaron falsas. El ex fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido concluyó que Sousa Helguera había sido espiado, seguido, fotografiado y grabado, con una indulgencia mucho menor que la que habían recibido los jefes a los que denunció. Pese a que quedó probado que era víctima de imputaciones falaces nunca pudo volver a la fuerza.
lunes, 10 de enero de 2011
Un acto atroz
Por Fidel Castro *
Página 12
10 de enero de 2011
Una triste noticia se divulgó en la tarde del sábado desde Estados Unidos: la congresista demócrata por Arizona Gabrielle Giffords fue víctima de un atentado criminal mientras participaba en un acto político en su distrito electoral de Tucson. Al otro lado de la frontera se encuentra México, el país latinoamericano al que pertenecía ese territorio, cuando en una injusta guerra le fuera arrebatado más de la mitad de su extensión.
Por su árida superficie, muchos de los que emigran de México, Centroamérica y otros países latinoamericanos intentan escapar del hambre, la pobreza y el subdesarrollo a los que han sido conducidos esos pueblos por Estados Unidos. El dinero y las mercancías pueden cruzar libremente la frontera; los seres humanos, no. Sin hablar de las drogas y las armas que en una y otra dirección cruzan esa línea.
Cientos de miles de latinoamericanos, que en aquel país realizan los trabajos más duros y peor pagados, son capturados cada año y devueltos a sus puntos de partida, muchas veces separados de sus familiares más allegados. Ellos esperaban de la nueva administración una rectificación de esa política criminal e inhumana.
De acuerdo con las noticias, 19 personas fueron alcanzadas por las balas, y seis murieron, entre ellas, una niña de 9 años y el juez John Roll.
La congresista fue gravemente herida por un disparo en la cabeza. Está casada con el astronauta de la NASA Mark Kelly. Fue electa por primera vez al Congreso en el 2006, a la edad de 36 años. “Es partidaria de la reforma migratoria, la investigación con células embrionarias y las energías alternativas”, medidas que detesta la extrema derecha. Había sido reelecta como representante demócrata en las pasadas elecciones. Preguntado su padre por la prensa si tenía enemigos, respondió: “Todo el Tea Party”. Se conoce que la ex candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos en las elecciones del 2008 y líder del Tea Party, Sarah Palin, publicó en su sitio web como objetivo para los seguidores de su partido, un mapa del distrito congresional de 20 de los representantes que habían apoyado la propuesta de reforma de salud del presidente Obama, y los tenía marcados con la mirilla de un fusil.
El contrincante de la congresista Gabrielle Giffords, era un ex marino que en la campaña electoral apareció con un fusil M-16 en un mensaje, cuyo contenido según se informa era: “Ayuda a sacar a Gabrielle Giffords... Dispara el cargador completo de un M-16 automático con Jesse Kelly”.
En marzo de 2010 la oficina electoral de Gabrielle fue atacada. Ella declaró que cuando la gente hacía eso se tiene que dar cuenta de sus consecuencias; los líderes políticos deben reunirse y decir el límite. Cualquier persona sensata podría preguntarse si un hecho como éste ocurrió en Afganistán o en un distrito electoral en Arizona.
Obama declaró textualmente: “Lo que sabemos es que un acto de violencia tan insensato y terrible no tiene cabida en una sociedad libre...”. “Pido a todos los estadounidenses unirse a mí y a Michelle para tener a la congresista Giffords, las víctimas de esta tragedia y sus familias presentes en nuestras oraciones.”
Es relativamente dramática y bastante triste su apelación. Hasta los que no compartimos en absoluto sus ideas políticas o filosóficas deseamos sinceramente que no mueran niños, jueces, congresistas, ni ciudadano alguno de Estados Unidos de forma tan absurda e injustificable. Es triste recordar que en el mundo están perdiendo la vida cada año muchos millones de personas, como consecuencia de guerras absurdas, pobreza, hambrunas crecientes y deterioro al medio ambiente, promovida por las naciones más ricas y desarrolladas del planeta. Nos gustaría que Obama y el Congreso de Estados Unidos compartieran con los demás pueblos esas preocupaciones.
* Publicado en CubaDebate.
Página 12
10 de enero de 2011
Una triste noticia se divulgó en la tarde del sábado desde Estados Unidos: la congresista demócrata por Arizona Gabrielle Giffords fue víctima de un atentado criminal mientras participaba en un acto político en su distrito electoral de Tucson. Al otro lado de la frontera se encuentra México, el país latinoamericano al que pertenecía ese territorio, cuando en una injusta guerra le fuera arrebatado más de la mitad de su extensión.
Por su árida superficie, muchos de los que emigran de México, Centroamérica y otros países latinoamericanos intentan escapar del hambre, la pobreza y el subdesarrollo a los que han sido conducidos esos pueblos por Estados Unidos. El dinero y las mercancías pueden cruzar libremente la frontera; los seres humanos, no. Sin hablar de las drogas y las armas que en una y otra dirección cruzan esa línea.
Cientos de miles de latinoamericanos, que en aquel país realizan los trabajos más duros y peor pagados, son capturados cada año y devueltos a sus puntos de partida, muchas veces separados de sus familiares más allegados. Ellos esperaban de la nueva administración una rectificación de esa política criminal e inhumana.
De acuerdo con las noticias, 19 personas fueron alcanzadas por las balas, y seis murieron, entre ellas, una niña de 9 años y el juez John Roll.
La congresista fue gravemente herida por un disparo en la cabeza. Está casada con el astronauta de la NASA Mark Kelly. Fue electa por primera vez al Congreso en el 2006, a la edad de 36 años. “Es partidaria de la reforma migratoria, la investigación con células embrionarias y las energías alternativas”, medidas que detesta la extrema derecha. Había sido reelecta como representante demócrata en las pasadas elecciones. Preguntado su padre por la prensa si tenía enemigos, respondió: “Todo el Tea Party”. Se conoce que la ex candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos en las elecciones del 2008 y líder del Tea Party, Sarah Palin, publicó en su sitio web como objetivo para los seguidores de su partido, un mapa del distrito congresional de 20 de los representantes que habían apoyado la propuesta de reforma de salud del presidente Obama, y los tenía marcados con la mirilla de un fusil.
El contrincante de la congresista Gabrielle Giffords, era un ex marino que en la campaña electoral apareció con un fusil M-16 en un mensaje, cuyo contenido según se informa era: “Ayuda a sacar a Gabrielle Giffords... Dispara el cargador completo de un M-16 automático con Jesse Kelly”.
En marzo de 2010 la oficina electoral de Gabrielle fue atacada. Ella declaró que cuando la gente hacía eso se tiene que dar cuenta de sus consecuencias; los líderes políticos deben reunirse y decir el límite. Cualquier persona sensata podría preguntarse si un hecho como éste ocurrió en Afganistán o en un distrito electoral en Arizona.
Obama declaró textualmente: “Lo que sabemos es que un acto de violencia tan insensato y terrible no tiene cabida en una sociedad libre...”. “Pido a todos los estadounidenses unirse a mí y a Michelle para tener a la congresista Giffords, las víctimas de esta tragedia y sus familias presentes en nuestras oraciones.”
Es relativamente dramática y bastante triste su apelación. Hasta los que no compartimos en absoluto sus ideas políticas o filosóficas deseamos sinceramente que no mueran niños, jueces, congresistas, ni ciudadano alguno de Estados Unidos de forma tan absurda e injustificable. Es triste recordar que en el mundo están perdiendo la vida cada año muchos millones de personas, como consecuencia de guerras absurdas, pobreza, hambrunas crecientes y deterioro al medio ambiente, promovida por las naciones más ricas y desarrolladas del planeta. Nos gustaría que Obama y el Congreso de Estados Unidos compartieran con los demás pueblos esas preocupaciones.
* Publicado en CubaDebate.
Un mecanismo que permita atender a los más vulnerables
Por Héctor Recalde
Diputado del Frente para la Victoria (FpV).
Tiempo Argentino
10 de enero de 2011
La idea de establecer un Fondo Solidario tiene que ver con extender solidariamente la participación en las ganancias a los sectores más vulnerables, como son los trabajadores que están en negro. Si bien desde 2003 aumentó en forma constante la capacidad inspectiva para detectar trabajo irregular, es claro que no es suficiente. Entonces, lo que hicimos fue crear un mecanismo por el cual se incentive a aquel que se encuentra en una relación laboral ilegal para que proceda a regularizarla, pero a la vez que permanezca protegido por la legislación, con estabilidad y sin la posibilidad de ser despedido como represalia. En muchas empresas está presente la evaluación costo-beneficio, y deciden arriesgarse a tener trabajadores en negro, aun siendo pasibles de alguna sanción, por eso es importante el incentivo para que los trabajadores reclamen su derecho. Además, está en la misma línea filosófica que adoptó Cristina con relación a las asignaciones familiares: es contribuir al nivel de la recaudación, porque el que tiene trabajo en negro está evadiendo las cargas sociales.
Diputado del Frente para la Victoria (FpV).
Tiempo Argentino
10 de enero de 2011
La idea de establecer un Fondo Solidario tiene que ver con extender solidariamente la participación en las ganancias a los sectores más vulnerables, como son los trabajadores que están en negro. Si bien desde 2003 aumentó en forma constante la capacidad inspectiva para detectar trabajo irregular, es claro que no es suficiente. Entonces, lo que hicimos fue crear un mecanismo por el cual se incentive a aquel que se encuentra en una relación laboral ilegal para que proceda a regularizarla, pero a la vez que permanezca protegido por la legislación, con estabilidad y sin la posibilidad de ser despedido como represalia. En muchas empresas está presente la evaluación costo-beneficio, y deciden arriesgarse a tener trabajadores en negro, aun siendo pasibles de alguna sanción, por eso es importante el incentivo para que los trabajadores reclamen su derecho. Además, está en la misma línea filosófica que adoptó Cristina con relación a las asignaciones familiares: es contribuir al nivel de la recaudación, porque el que tiene trabajo en negro está evadiendo las cargas sociales.
Reparar los daños sociales que generó el neoliberalismo
Por Eduardo Fontenla
Especialista en cooperativismo (UMSA).
Tiempo Argentino
10 de enero de 2011
El proyecto de participación laboral en las ganancias en general y el Fondo Solidario en particular vienen a reparar, de alguna manera, los daños sociales que provocó la política económica neoliberal que se instauró en la Argentina a partir de la última dictadura militar. En este sentido, considero que la creación de un Fondo Solidario de estas características, al incentivar la regularización del trabajo, contribuye a que en esa relación laboral terminen ganando todos: empleado, empresa y sociedad en general.
Es decir, se trata de algo que excede a la mera relación entre empleado y empleador. El trabajador es el eslabón más débil de la relación laboral, y esa vulnerabilidad se intensifica cuando está en negro. La permanencia de niveles altos de empleo no registrado torna más frágiles a las sociedades, en tanto que la formalización contribuye a la paz social. Además, ya no tienen asidero los argumentos de muchos empresarios que dicen que este proyecto desincentiva a las inversiones, o que implica una cogestión.
Especialista en cooperativismo (UMSA).
Tiempo Argentino
10 de enero de 2011
El proyecto de participación laboral en las ganancias en general y el Fondo Solidario en particular vienen a reparar, de alguna manera, los daños sociales que provocó la política económica neoliberal que se instauró en la Argentina a partir de la última dictadura militar. En este sentido, considero que la creación de un Fondo Solidario de estas características, al incentivar la regularización del trabajo, contribuye a que en esa relación laboral terminen ganando todos: empleado, empresa y sociedad en general.
Es decir, se trata de algo que excede a la mera relación entre empleado y empleador. El trabajador es el eslabón más débil de la relación laboral, y esa vulnerabilidad se intensifica cuando está en negro. La permanencia de niveles altos de empleo no registrado torna más frágiles a las sociedades, en tanto que la formalización contribuye a la paz social. Además, ya no tienen asidero los argumentos de muchos empresarios que dicen que este proyecto desincentiva a las inversiones, o que implica una cogestión.
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