Las Madres piden un juicio político al magistrado Eliseo Otero

La Asociación Madres de Plaza de Mayo pidió el juicio político y la remoción del magistrado que se negó a detener a un supuesto barrabrava acusado de disparar un arma de fuego durante los hechos de violencia registrados durante la ocupación del Parque Indoamericano, en Villa Soldati, en diciembre pasado. Se trata del juez de instrucción Eliseo Otero, a quien el organismo que preside Hebe de Bonafini acusó ante el Consejo de la Magistratura de “mal desempeño en sus funciones”. La presentación de 14 carillas fue patrocinada por los abogados Eduardo Barcesat y Antonio Rojas Salinas.
“A esta altura de los acontecimientos, la única vía de escape frente a la patética privación de justicia es dar intervención al órgano de contralor constitucional, aguardando que de una vez se restablezcan las garantías mínimas que nuestro estado de Derecho exige en la sustanciación de una causa penal”, sostuvieron las Madres en el escrito.
En la presentación, el organismo de Derechos Humanos calificó la conducta de Otero como “un obrar pretendidamente jurisdiccional, que desmerece los derechos y garantías constitucionales de las víctimas de un obrar delictivo”.
El juez Otero dictó la “falta de mérito” y se negó a detener al supuesto barrabrava Julio Capella, el hombre que fue registrado por las cámaras de televisión el 9 de diciembre último, mientras exhibía y apuntaba con un arma de fuego en medio de los incidentes en el Indoamericano. “No está acreditado que hubiera portado un arma, pues simplemente no existe un sólo dato objetivo que, de momento, permita afirmar tal hipótesis”, explicó entonces el magistrado.
“No admite discusión que el propósito institucional del control republicano a través del juicio político alude principalmente a evitar un desvarío funcional que, en la mayoría de los casos, está enlazado a la comisión de algún delito tipificado en la ley penal”, confrontaron las Madres en la presentación.
Además, reclamaron que se ordene “la remisión a la justicia penal de todo lo obrado a fin de investigar la posible comisión de delitos de acción pública” por parte del cuestionado juez.
El fiscal Sandro Abraldes había pedido con anterioridad la recusación de Otero por entender que existían sospechas de “parcialidad” en la liberación de Capella.
Abraldes había estimado que “aparece claro en el horizonte que el sobreseimiento de Capella fue derivado del hecho de que al Ministerio Público no le será admitida la producción de diligencias susceptibles de controvertir –aun más- la hipótesis defensiva”. “La sospecha de parcialidad también se nutre con las expresiones peyorativas y suspicaces del magistrado instructor respecto de la actuación de la Fiscalía”, afirmó.