Por Viviana Mariño
El gobierno nacional consensuó con las autoridades porteñas que las obras se emprenderán en conjunto. Para acceder habrá que demostrar dos años de residencia en el país. En Villa Soldati, algunos acampantes decidieron dejar el predio.
A poco más de una semana de la primera ocupación del Parque Indoamericano de Villa Soldati, el gobierno nacional y la administración porteña que encabeza Mauricio Macri llegaron a un principio de acuerdo para intentar destrabar el conflicto. El anuncio de un plan de viviendas financiado entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, del que quedarán excluidas todas las personas que participen de la ocupación de espacios públicos y privados, fue la salida de consenso para descomprimir el reclamo en la zona sur de la Capital Federal.
El entendimiento fue oficialmente comunicado anoche en la Casa Rosada tras una reunión de casi dos horas entre las autoridades nacionales y porteñas. Casi en simultáneo, algunas de las familias que mantenían el acampe en el Indoamericano comenzaron a levantar la ocupación tras la firma de un certificado censal y la promesa de ser incluidos en el grupo de mayores prioridades para la adjudicación de una vivienda (ver p. 6).
El diseño de un plan como una salida potencial había sido resistido desde un principio por Macri, aun cuando la represión policial, primero, y la violencia de los días posteriores, produjeron tres muertes y decenas de heridos.
El principio de acuerdo se alumbró en la segunda reunión que el gobierno nacional mantuvo con la administración macrista desde el sábado. A esa mesa se sentaron ayer el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, por la Nación. El gobierno porteño estuvo representado por Macri; su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; y su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro.
Aunque sin dar detalles de las áreas de gobierno que estarán involucradas, la Nación y la administración porteña acordaron que el financiamiento será conjunto. Tanto Rodríguez Larreta como Fernández fueron enfáticos en subrayar como condición indispensable de acceso al plan que el peticionante tenga dos años de residencia efectiva en el país y que no esté involucrado en una toma o usurpación de espacios públicos. El gobierno nacional fue aun más firme en ese reclamo y lo extendió también a la entrega de planes sociales en todo el país.
“Todo aquel que usurpe el ámbito público o privado no tendrá derecho formal a formar parte de ningún plan de vivienda ni a percibir o acceder a ningún plan de ninguna característica social existente o futuro. Esta es una decisión nacional”, puntualizó el jefe de Gabinete. Fue una respuesta anticipada a las incipientes ocupaciones en predios de la Ciudad de Buenos Aires que, según el análisis de las últimas horas en la Casa Rosada, podía replicarse a otros puntos del país en una suerte de secuencia organizada por los grupos que el Ejecutivo comenzó a identificar como instigadores de las tomas.
El jefe de Gabinete aclaró también que el financiamiento del plan que comenzó a diseñarse ayer será de la Ciudad de Buenos Aires. “Por cada peso que la ciudad ponga, el Estado Nacional pondrá otro peso. Acompañaremos la inversión”, subrayó.
Esa aclaración apuntó a pasar en limpio las declaraciones que unos minutos antes y como balance del encuentro en las oficinas de Fernández, en el primer piso de la Casa de Gobierno, había formulado Rodríguez Larreta. “Se implementará un plan que apunte en la ciudad a la urbanización de las villas, con los servicios sociales básicos. Será un plan de créditos blandos pero con contraprestación de parte de los ciudadanos. Las prioridades las tendrán los que más necesitan”, puntualizó el funcionario porteño.
El marco para el acuerdo anunciado anoche comenzó a articularse en las primeras horas del día. Con los resultados del censo realizado por el Ministerio de Desarrollo Social, el equipo que comanda Sergio Berni, secretario de Gestión y Articulación Institucional de esa cartera, inició una segunda etapa de diálogo con los ocupantes. Con la colaboración de representantes de los consulados de Bolivia y Paraguay y personal de Migraciones, los funcionarios nacionales lograron los primeros acuerdos para agilizar los trámites de documentación, una de las condiciones para el acceso al futuro plan. Fuentes del Ministerio que encabeza Alicia Kirchner señalaron que algunas de las familias censadas que vivían en las zonas cercanas al Indoamericano habían comenzado el retorno a sus casas anoche tras la firma de un acta-compromiso. “Con el parque rodeado por Gendarmería, la situación para muchos de ellos se volvía insostenible”, explicaron los voceros.
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