Por Néstor Espósito
Para Tiempo Argentino
30 de diciembre de 2010
El caso se encamina a determinar si el grupo instigó la ocupación para quedarse con el predio, lotearlo y venderlo a personas de Ciudad Oculta y otros asentamientos precarios. El negocio que esperaban realizar era de 300 mil pesos.
La causa por la ocupación durante 16 días del club Albariño tendrá “otros detenidos”, además de los que fueron indagados hasta ayer avanzada la noche. Pese a que el juez federal Daniel Rafecas estableció el “secreto de sumario” y virtualmente blindó la causa, fuentes judiciales adelantaron que la investigación se orienta hacia el delito de “asociación ilícita”. Y que el cuadro probatorio “no está completo, van a haber más detenciones”.
Ayer, Rafecas dispuso el allanamiento de un local situado en Ciudad Oculta que funciona durante el día como una suerte de centro comunitario y los fines de semana organiza bailes. Ese predio, según determinó la investigación, sería propiedad de Guillermo Ferreira, uno de los principales imputados como organizador de la toma del club desalojado el martes por la tarde. Los investigadores analizaban al atardecer de la víspera “varios elementos secuestrados en el lugar cuya relevancia para la causa aún es imposible de saber”. No obstante, la búsqueda apunta a establecer los límites de lo que ya parece consolidado en el expediente judicial: que la toma fue impulsada por un grupo de personas, probablemente reunidas al calor de los episodios de la ocupación del Parque Indoamericano, para forzar la entrega del predio del club de Villa Lugano, lotearlo y venderlo a ocupantes de Ciudad Oculta y otros asentamientos precarios de la Capital Federal. Ferreira está sospechado de pertenecer a ese núcleo de personas que, según los cálculos realizados por agrimensores, podrían obtener por la venta de los lotes del club Albariño “más de 300 mil pesos, seguro”.
Una de las hipótesis sobre las cuales trabajan los investigadores indica que las familias que hasta el martes ocuparon el club tenían como misión garantizar la presencia en el lugar, pero no iban a ser –en el hipotético caso de loteo y venta– los ocupantes definitivos.
Por otra parte, el juez Rafecas dejó sin efecto la orden de captura de Regino Abel Acevedo, un residente de la llamada Villa Fátima”, sobre quien en un principio se sospechó que formaba parte de la presunta organización y con el correr de las horas se estableció que su situación era la de un ocupante más.
De hecho, el juez federal comenzó a deslindar la naturaleza de los delitos investigados y por la “extracción de testimonios” (el impulso de una causa tras detectar un delito diferente mientras se investigaba la toma del club) ya hay un expediente abierto en la justicia penal ordinaria de la Capital Federal, que recayó ante el juez de instrucción Ricardo Warley.
Por lo pronto, el juez Rafecas anunció ayer a sus colaboradores que permanecerá trabajando durante la primera semana de enero –pese a la feria judicial– pero no aseguró que la situación procesal de los detenidos sea resuelta en ese lapso. La comunicación pareció una señal sobre sus pasos siguientes. Después de la indagatoria, el juez dispone de un plazo indicativo de diez días hábiles para resolver la situación procesal de los imputados. Aun cuando los días de feria no sean considerados “hábiles” en términos judiciales, lo cierto es que habiendo detenidos el juez debería resolver la situación durante el receso veraniego. Si no lo hace será porque no tiene detenidos. En otros términos, fuentes judiciales no descartaban ayer que en los próximos días llovieran sobre los tribunales federales de Comodoro Py pedidos de excarcelación de los hasta ahora once detenidos.
La situación en el club Albariño podría tener en los próximos días un nuevo costado judicial. Tras el anuncio de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, sobre la instalación de un cuartel de bomberos de la Policía Federal en el predio, autoridades del club comenzaron a evaluar la posibilidad de presentar una acción de amparo que les permita conservar las instalaciones con el uso y funcionamiento que tenían antes de la toma. La situación presagia un trámite engorroso porque no está claro bajo qué condiciones legales Albariño funcionaba como club y si la cesión de usufructuo está vigente y cumpliendo con todas las condiciones.
También ayer surgieron novedades en una causa indirectamente relacionada con el club Albariño. Fuentes judiciales adelantaron a Tiempo Argentino que hay por lo menos cuatro imputados por supuesto abuso de armas de fuego en los episodios que tuvieron lugar dos días después de la toma del Parque Indoamericano. Se trata del expediente en el que ya goza de “falta de mérito” el presunto barrabrava de Huracán Julio Capella. “La investigación está avanzando y lo que se ve es gente empuñando armas. Hay relatos, incluso públicos, que hablan de disparos”, revelaron los informantes. Al menos uno de los imputados fue sindicado por un testigo como empleado público porteño.
No hay comentarios:
Publicar un comentario