Un allanamiento y rumores de detención

Tiempo Argentino
9 de junio de 2011

Por Néstor Espósito

Los jueces federales Norberto Oyarbide y Marcelo Martínez de Giorgi avanzaron ayer, cada uno por su lado, en la construcción de un cerco que parece cerrarse cada día más sobre la figura de Sergio Schoklender. A tal punto que en los tribunales de Comodoro Py 2002 corrieron como maratonistas las versiones que hablaban de una “inminente” orden de detención contra el mayor de los hermanos Schoklender, sospechado de liderar una supuesta asociación ilícita que habría desviado en beneficio propio fondos estatales destinados a planes de viviendas que debía construir la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En esa especulación, aún no confirmada por la realidad, el apellido Schoklender aparecía repetido y acompañado de al menos otra media docena de investigados.
Oyarbide avanza como una topadora. Ayer allanó el aeropuerto de San Fernando buscando un avión presuntamente adquirido por Schoklender. Otros bienes que le son sospechados como propios (algunos de ellos, incluso, consignados en la documentación que el propio Schoklender entregó a la justicia) ya habrían sido detectados y el juez apunta a determinar si están inscriptos por “prestanombres” o personas relacionadas con las supuestas irregularidades por las que está acusado el ex apoderado de la Fundación de las Madres.
Por su parte, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi se mueve con otro ritmo. A él no le fue entregada ninguna documentación por Schoklender y su abogado, Adrián Tenca. Pero sobre la base de la escueta información (básicamente, recortes periodísticos) que aportó el primer denunciante judicial, el abogado Jorge Luis Vitale, comenzó a buscar datos por caminos distintos de los que tramita Oyarbide. Pidió copia de los acuerdos entre las provincias de Misiones, Santiago del Estero y Chaco, y los municipios bonaerenses de Tigre, Ezeiza y Almirante Brown, más Rosario y Bariloche, en el marco del programa Sueños Compartidos, de la Fundación de las Madres.
Oyarbide y Martínez de Giorgi están investigando a las mismas personas y por hechos idénticos, que representan delitos calcados. No puede haber una doble investigación y todo hace suponer que más temprano o más tarde quedará trabada una “cuestión de competencia entre ambos”. El expediente debería quedar en manos de Martínez de Giorgi porque fue quien intervino primero, pero Oyarbide parece ser quien más avanzó en la investigación.
Fuentes judiciales especulaban ayer con que sea el propio Schoklender quien plantee el conflicto de competencia. De esa manera podría buscar que hasta que la Cámara Federal no resuelva en qué juzgado quedará el expediente, ninguno de los dos jueces firme una orden de detención en su contra.