Sancionaron la norma contra el lavado

Tiempo Argentino
2 de junio de 2011

Por Felipe Yapur

Se opusieron el puntano Adolfo Rodríguez Saá y el sanjuanino Roberto Basualdo. La ley es clave para que el país cumpla con la legislación internacional en la materia. La oposición puso reparos pero terminó levantando los brazos.


Una abrumadora mayoría aprobó la ley que evita y sanciona el lavado de dinero. Sucedió ayer en el Senado donde 61 legisladores, de todos los bloques que integran el cuerpo, dieron su voto a favor de la norma que convierte a esta figura penal en un delito autónomo. Sólo se opusieron Adolfo Rodríguez Saá y el sanjuanino, Roberto Basualdo. De esta manera, el gobierno cumple con las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que determina las pautas para combatir esta figura delictual y que se reunirá el próximo 20 de junio en México. La ley, impulsada por Cristina Fernández, ya había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados. El oficialismo en el Senado consiguió el respaldo del resto de los bloques para sancionar la norma que tipifica al delito como autónomo. Eso significa que ya no será necesario por otro delito a la persona que lave activos. Por otra parte, los montos punibles fueron elevados a
$ 300 mil y todas las maniobras de lavado inferior a ese monto tienen la pena del encubrimiento.
La casi totalidad de la oposición accedió a la solicitud de aprobar la norma. La condición fue votar la media sanción a un proyecto que llamaron “correctivo” de algunos puntos que surgieron de recomendaciones realizadas por las entidades que agrupan a las compañías de seguros y a las automotrices. Esas correcciones incorporadas a un nuevo proyecto, se aprobó anoche con 57 votos a favor y uno solo en contra. La peronista federal por Salta, Sonia Escudero, presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, justificó la necesidad de aprobar el texto normativo. Pero aprovechó la oportunidad para deslizar sus críticas por el apuro gubernamental: “No debe ser una ley bajo presión de una amenaza, sino que necesita ser un compromiso de la clase política argentina en la lucha contra la criminalidad organizada.” A su turno, el radical, Ernesto Sanz planteó la inconveniencias de las “inmensas facultades” que se le otorgan a la UIF. Miguel Pichetto tomó la palabra y se opuso de manera tajante a la intención radical. “La UIF tiene autonomía, pero debe tener una dependencia del Poder Ejecutivo. No es una ONG. Esto tiene que ver con las políticas públicas, tiene que ver con posicionamientos del gobierno frente a temas externos e internos. Colocarlo en otro lugar sería indudablemente ineficaz”, concluyó.