Tiempo Argentino
27 de abril de 2011
Por N.E
La jueza López indagará a los efectivos de la Federal por no haber evitado el accionar de la patota de la Unión Ferroviaria, pese a contar con los medios para hacerlo. Entre los convocados está el ex superintendente Lompizano.
Siete integrantes de la Policía Federal, entre ellos tres comisarios, comenzarán a desfilar hoy ante la jueza de instrucción Wilma López acusados de haber “liberado la zona” en que el 20 de octubre de 2010, en el barrio porteño de Barracas, el militante del PO Mariano Ferreyra murió por un balazo presuntamente disparado desde una patota de la Unión Ferroviaria. La magistrada hizo lugar a un pedido que había formulado el 18 de febrero pasado, el fiscal de instrucción Fernando Fiszer, continuador de una tarea de investigación que inició su ex colega y hoy viceministra de Seguridad Cristina Caamaño. Las indagatorias comenzarán esta mañana y terminarán el jueves de la semana próxima.
La lista está integrada por el comisario inspector Luis Osvaldo Mansilla, titular del Departamento de Control de Líneas de la Policía Federal; el comisario Jorge Raúl Ferreyra, jefe de la División Roca de Ferrocarriles; el principal Gastón Conti, de la Dirección General de Operaciones; el subcomisario de la Seccional 30 –con jurisdicción en la zona– Rolando César Garay, y el agente David Ismael Villalba. A esos cinco nombres, originalmente imputados por el fiscal, la jueza López agregó otros dos: Hugo Lompizano, ex titular de la Superintendencia Metropolitana y recientemente pasado a disponibilidad, y su ex segundo, Luis Alberto Echevarría.
En las declaraciones indagatorias, el juez explica al imputado cuáles son los hechos por los que será interrogado y qué pruebas tiene en su contra. Cuando Conti ingrese hoy, a las 10, al despacho del quinto piso del Palacio de Tribunales, sabrá que él y sus compañeros de armas están acusados de haber “contado con los medios para evitar” el ataque contra los tercerizados del Roca y militantes de fuerzas de izquierda, pese a lo cual “no ordenaron interrumpir la conducta de los nombrados, abandonando a su suerte a las víctimas y poniendo en peligro la vida y la salud de los mismos”. Después del ataque, “permitieron que los autores huyan y oculten los elementos utilizados”, especialmente las armas, que jamás aparecieron. Finalmente, “no se adoptaron los recaudos para la obtención y preservación de la prueba en el lugar del hecho y no revelaron la totalidad de los elementos que en el lugar se hallaban”.
La jueza López ha desarrollado en el marco de esta causa una dinámica de trabajo que se repite sistemáticamente. No se apresura a llamar a indagatorias, pese a los pedidos del fiscal y las querellas, pero una vez que toma la decisión de convocar a los acusados los termina procesando. Cada paso que da está precedido de un aval previo de sus superiores jerárquicos de la Cámara del Crimen y de la Cámara de Casación. Cuando el 22 de febrero ordenó la detención de José Pedraza ya tenía consigo la confirmación de los procesamientos de los primeros siete acusados y la denegatoria de excarcelación de casi todos ellos. Ahora, con la confirmación del procesamiento de Pedraza y la certeza de que seguirá en prisión, avanza sobre los policías.
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