Tiempo Argentino
28 de abril de 2011
Por Néstor Espósito
El caso, iniciado tras la acusación de una nieta recuperada en el marco del juicio por el robo de bebés, recayó en el magistrado por sorteo. La justicia de San Martín también fue notificada.
La investigación sobre el fiscal ante la Cámara Nacional de Casación Penal Juan Martín Romero Victorica, denunciado por una nieta recuperada como colaborador de ex represores imputados en causas por delitos de lesa humanidad, quedó a cargo del juez federal Norberto Oyarbide. En una nueva muestra del poder de atracción que sus dos juzgados –los federales Nº 5 y 7– tienen para los expedientes de alta importancia, Oyarbide fue designado por sorteo para llevar adelante una de las múltiples causas en las que Romero Victorica deberá dar explicaciones. En este caso, los denunciantes fueron los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 6, María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Domingo Altieri. Tras escuchar el relato desgarrador de Victoria Montenegro –quien durante su infancia y adolescencia vivió bajo la falsa identidad de María Sol Tetzlaff Eduartes, llamando “papá” a Herman Antonio Tetzlaff, su apropiador y presunto asesino de su verdadero padre–, el tribunal resolvió “extraer testimonios”, es decir impulsar una nueva causa en la que el fiscal será el principal investigado.
No será el único expediente que lo tendrá como activo protagonista: el tribunal también remitió información a la Cámara Federal de San Martín, donde se investigan violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército, especialmente en la guarnición Campo de Mayo. El asesinato de Hilda Ramona Torres y Roque Orlando Montenegro, ocurrido a manos del apropiador de Victoria (quien en ese momento tenía 13 días de vida) en la casa de Boulogne en la que se habían instalado escapando de la represión en el monte tucumano, aún se investiga en los tribunales de San Martín.
Romero Victorica hizo silencio de radio después de fijar su posición en una emisora sobre la declaración de Victoria ante el tribunal oral. No obstante, allegados que aseguran haber tenido contacto con él en las últimas horas indican que está “molesto pero no parece preocupado”, y aunque sospechan que podría tratarse de una “pose”, le escucharon algún exabrupto para minimizar los alcances de la imputación. “En el fondo, sigue pensando que es parte de la batalla ideológica que nunca se negó a dar”, sostienen.
Ayer, además, comenzaron a correr los plazos para que el fiscal formule su descargo ante el sumario interno que ordenó el procurador general de la Nación, Esteban Righi. Dispone, para ello, de cinco días hábiles. Fuentes judiciales recordaron que Romero Victorica tiene un antecedente disciplinario: hace un par de años recibió una sanción menor por parte de Righi, a raíz de expresiones consideradas inadecuadas en el marco de otra investigación. Ante la evolución de los acontecimientos, la causa que promovió el procurador parece ser menos complicada y riesgosa para él: a lo sumo podría ser destituido; en cambio, en los otros expedientes podría terminar preso.
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