La familia judicial y sus vínculos con el monopolio

Tiempo Argentino
24 de abril de 2011

Jueces y fiscales ayudaron al Grupo Clarín en los amparos por Fibertel y la Ley de Medios.


Los vínculos de Clarín y la justicia no empiezan ni terminan en el matrimonio de la fiscal Sánchez y el abogado Soaje Pinto. Como informó Tiempo Argentino el 7 de marzo, la jueza Graciela Medina, de la Sala III de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, está casada con el prestigioso abogado Julio César Rivera, especialista en Derecho Comercial.
El estudio de Rivera tiene entre sus clientes a Cablevisión y al Grupo Clarín, sin embargo eso no evitó que la jueza Medina, junto a Ricardo Gustavo Recondo, fallara a favor del multimedios al ordenar al Estado que se “abstenga de ejecutar” la Resolución 100/2010 de la Secretaría de Comunicaciones que decretó la caducidad de la licencia de Fibertel.
Rivera también actuó “en las negociaciones entre el FMI y el Poder Ejecutivo”, durante el interinato de Eduardo Duhalde, según consta en la página web de su estudio. En ese momento, el Fondo reclamaba una modificación de la Ley de Concursos y Quiebras para otorgar un préstamo al país, y fue Rivera el encargado de redactar los cambios a la ley rebautizada como “ley Clarín”. La modificación evita que los acreedores se apropien de una compañía antes de la quiebra definitiva (cramdown), una necesidad del entonces endeudado multimedios para evitar que Goldman Sachs, uno de los accionistas del Grupo, se quedara con la empresa ante una posible quiebra.
En el mismo caso de la caducidad de la licencia de Fibertel participó el bufet Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, que tiene como cliente a Cablevisión. Según reveló Télam, la Asociación para la Defensa de la Competencia (ADC) presentó dos amparos a favor de la empresa prestadora de Internet. Sucede que la ONG fue fundada por Carlos Fernando Rosenkrantz y la integran los socios del estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, por lo que realizaron los amparos simulando una acción colectiva impulsada por consumidores de Fibertel, siendo ellos abogados de la empresa.
Pero las relaciones no necesariamente son comerciales o familiares. La estrategia del Grupo Clarín para bloquear la aplicación de la Ley de Medios fue realizar presentaciones judiciales en todo el país. Mendoza, Salta y la Ciudad de Buenos Aires fueron los distritos donde el grupo monopólico consiguió las cautelares que obstaculizan la norma. La jueza mendocina, Olga Pura de Arrabal, dictó una medida cautelar a pedido del diputado del PJ Federal Enrique Thomas que frenó en su totalidad la aplicación de la Ley de Medios. La Corte Suprema declaró inconstitucional la cautelar. Finalmente, la jueza debió aceptar los argumentos y cerró la causa. En San Juan, el juez Federal Miguel Antonio Medina aceptó un amparo similar presentado por el Comité de Defensa del Consumidor (CODELCO) para suspender el artículo 161 de la ley que establece un plazo de un año para adaptarse a las nuevas reglas de juego.
El caso del magistrado porteño Edmundo Carbone también muestra los nexos entre la corporación mediática que promete no ir por sus cargos. El juez de primera instancia en lo Civil y Comercial suspendió dos artículos de la ley a pedido del Grupo Clarín. Esta es la única medida cautelar aún vigente, a pesar de que la Corte Suprema ordenara fijarle un plazo razonable para evitar que se transformen en sentencias definitivas.