El Decreto 441 divide al Congreso

Tiempo Argentino
20 de abril de 2011

Por Felipe Yapur

La UCR busca argumentos para rechazarlo. El SI y Proyecto Sur lo ven con buenos ojos.


Algún distraído puede confundir la solicitud con un pedido de auxilio. Sin embargo, cuando los directivos de Techint reclaman que sea el Congreso el que analice el decreto que designa directores de la ANSES en empresas donde tiene acciones, no están diciendo otra cosa que lo previsto por la Constitución. Ahora bien, por ahora sólo la UCR avisó que se opone al DNU que tienen que debatir los legisladores. El resto de las fuerzas opositoras dicen que deben estudiar el tema. En tanto, el oficialismo ya tiene listo el dictamen de apoyo y se prepara para defenderlo.
“No tenemos dudas sobre la validez de lo resuelto por la presidenta y mucho menos de la necesidad de que el Estado tenga un rol activo en las empresas donde tiene participación accionaria”, aseguró a Tiempo Argentino la diputada del Frente para la Victoria, Diana Conti. La legisladora es, además, una de las secretarias ad hoc de la comisión bicameral que debe elaborar el dictamen que aconseje aprobar o rechazar el DNU.
En la oposición hay miradas contrapuestas. Por caso, el diputado de Solidaridad e Igualdad Eduardo Macaluse, que está en el interbloque Proyecto Sur, dijo a Tiempo que “conceptualmente estoy de acuerdo con el decreto”. Ahora bien, advierte que antes de tomar posición, lo estudiarán en profundidad. En cuanto al rechazo que provocó el decreto en esas empresas, Macaluse considera que puede haber algún temor que esté relacionado con “los manejos impropios de (Guillermo) Moreno”. Pero el diputado advierte que la resistencia puede también tener que ver con “la intención de ocultar manejos non sanctos”.
Distinta es la posición de los radicales, al menos en el Senado. Por caso, el jefe de la bancada de la UCR, Gerardo Morales, señaló que todo esto es “una intromisión burda del gobierno en las empresas” y que “va a hacerle perder plata a los jubilados”. El jujeño insistió en que el Ejecutivo no tiene otro objetivo que “controlar empresas y no proteger el fondo de sustentabilidad de los jubilados”. No hay duda, los radicales votarán en contra y la tarea de conseguir un dictamen de rechazo recayó en el senador formoseño Luis Naidenoff, el otro secretario que tiene la comisión bicameral. Por estas horas, el radical apura a sus asesores para que encuentren razones legales para justificar el rechazo.
Al jefe del bloque del PJ Federal, Felipe Solá, le disgusta la idea de tener que discutir un DNU. “Es preferible una ley donde quede bien claro cuál es el mecanismo y las posibles variables que se puedan aplicar de ahora en más”, aseguró a este diario. Solá no arriesga cuál será la postura de su bloque, pero no se muestra convencido de tener que defender a empresas privadas.
El Ejecutivo tiene tiempo de enviar el DNU al Congreso hasta el 2 de mayo. Luego la comisión bicameral que lo estudiará, cuenta con 10 días hábiles para emitir opinión. En esta comisión, que carece de presidente porque oficialismo y oposición están empatados en ocho por lado, seguramente no habrá dictamen mayoritario y deberá definirse en el recinto. Por ahora, la única coincidencia en la oposición es que el Senado será la cámara que respaldará el DNU, condición mínima y necesaria para legitimar el decreto.