La ANSES denuncia a un juez por una estafa de $ 60 millones

Tiempo Argentino
20 de abril de 2011

Se detectó que el magistrado de Córdoba permitió que una misma sentencia, auditada por un perito oficial, se cobrara más de una vez.


La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) accionará contra el juez Federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, por presuntas irregularidades en el pago de sentencias previsionales, que se habrían realizado más de una vez y por valores superiores a los originales en perjuicio del Estado.
“Lamentablemente, y gracias al trabajo de la ANSES, ha sido detectada una maniobra con varios casos que implican un perjuicio contra el Estado, que consistía en embargos judiciales por los cuales se cobraba más de una vez una misma sentencia, por valores superiores a los dictados por la propia sentencia”, señaló ayer el ministro de Economía, Amado Boudou.
Por su parte, el titular de la ANSES, Diego Bossio, afirmó que se realizó una auditoría externa iniciada en noviembre del año pasado. La denuncia se realizó por “prevaricato, incumplimiento de deberes de funcionario público y estafa, a la vez que se giró al Consejo de la Magistratura”, informó Bossio. “Hemos encontrado en Río Cuarto casos de doble pago por ejecuciones de la ANSES por un valor superior a la sentencia ordinaria, y la denuncia inicial abarca al pago de seis expedientes. A la brevedad, se denunciarán en sede penal las irregularidades detectadas en otros 20 expedientes, en tanto que tenemos 60 millones de pesos embargados en la ANSES por decisión del juez Ochoa.”
Bossio agregó que “el 50% del total de los embargos que tienen la ANSES por el pago de sentencias a favor de los jubilados provienen de la ciudad de Río Cuarto.”
Al margen de esta cuestión, y al brindar precisiones sobre el universo de sentencias jubilatorias que debe hacer frente la ANSES, Bossio detalló que alcanzan un total de “15.069 (causas), de las cuales estamos en condiciones de afrontar unas 3000 por mes, teniendo en cuenta que mantenemos el mismo presupuesto del año pasado, que ronda los 2500 millones de pesos”.
Boudou indicó que “esta situación involucra a jueces, abogados y beneficiarios que prestaron su consentimiento para formar parte de la maniobra que estamos denunciando”