Tiempo Argentino
26 de abril de 2011
El titular de la Unión Ferroviaria y su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández, son considerados instigadores del homicidio del militante del PO en el escrito de Fernando Fiszer. También se imputa a los autores de los disparos.
El fiscal Fernando Fiszer pidió que el titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y los otros nueve procesados y detenidos por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra vayan a juicio oral por el delito de homicidio calificado.
Junto con Pedraza está acusado el número dos del gremio, Juan Carlos “Gallego” Fernández, ambos considerados “instigadores” del homicidio, cometido el 20 de octubre pasado en proximidades de las vías del ferrocarril Roca, en el barrio de Barracas.
En un escrito de más de un centenar de páginas, el fiscal consideró probado que hubo un “concurso premeditado” y una organización para “escarmentar” a los empleados tercerizados que reclamaban su efectivización.
Además de los dos jefes sindicales, están acusados el barrabrava Cristian “Harry” Favale y el ferroviario Gabriel “Payaso” Sánchez, presuntos autores de los disparos que mataron a Ferreyra e hirieron gravemente a otros tres manifestantes.
También están detenidos como miembros de la organización los delegados sindicales y activistas Jorge González, Gustavo Alcorcel, Pablo Díaz, Salvador Pipitó, Armando Uño y Juan Carlos Pérez.
Fiszer sostuvo que los jefes gremiales instigaron el crimen para “asegurar el poder económico y político” del gremio, dado que habitualmente designaba a los trabajadores que entraban a trabajar a la UGOFE, que gestiona el ferrocarril Roca.
El fiscal contestó con su escrito la vista que días atrás le corrió la jueza de la causa, Susana Wilma López, para declarar cerrada la investigación y pasar a juicio oral y público a los acusados.
Los abogados del Partido Obrero, en representación de Elsa Rodríguez, la más afectada de los otros tres heridos, habían pedido ya la semana pasada el cierre de la causa, aunque reclamaron que la investigación alcance también a directivos de la UGOFE y de la Secretaría de Transportes.
Ahora resta que haga su presentación el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que patrocina a la familia de Ferrey-ra y que había pedido que se determinara la responsabilidad de los policías federales que no se interpusieron entre agresores y agredidos.
La jueza le correrá vista a las diez defensas, y tras ello decidirá si da por cerrada esta parte de la investigación, aunque, tal como lo anticipó Tiempo Argentino, los abogados de los imputados anticiparon que centran sus expectativas en una nueva pericia sobre la bala que mató a Ferreyra.
Según esa pericia, realizada por la Policía Federal, el proyectil habría rebotado antes de impactar en el cuerpo del muchacho, dado que se habrían encontrado restos de silicio y aluminio, componentes frecuentes en las mezclas asfálticas. La teoría del “rebote” es funcional a la idea de que los tiradores no buscaban matar a Ferreyra, lo que modificaría la calificación legal de “homicidio agravado” –con una pena de prisión o reclusión perpetua– a “homicidio culposo” –con una condena de seis meses a cinco años de cárcel–. No obstante, esa eventual modificación no impedirá el inicio del juicio oral y público.
No hay comentarios:
Publicar un comentario