Tiempo Argentino
19 de abril de 2011
Por Mariano Beristain Editor de Economía.
La determinación del Estado argentino de ejercer los derechos políticos y económicos en aquellas empresas en las que tiene acciones puso de manifiesto el alto grado de discrecionalidad que existe en la conducción política del establishment económico argentino. Diego Bossio estimó que los directorios de las 44 empresas en las que participa la ANSES cuentan con unos $ 25 mil millones en dividendos que aún no repartieron, y de los que se desconoce su destino real. Es una enorme masa de dinero que los burócratas de las compañías incluyen en un ítem conocido como Resultados No Asignados, de los que no existe ningún tipo de control por parte del Estado, de los accionistas minoritarios y mucho menos de los trabajadores. De alguna manera, esto explica por qué Clarín y Techint actúan con una visión totalitaria de la realidad económica. Creen que la ley sólo debe contemplar sus derechos y necesidades, y que el resto de las normas, especialmente aquellas que pueden afectarlos, son letra muerta. Creen que el poder económico que ellos encarnan tiene reglas propias, un derecho que heredaron cuando los militares arrasaron con la sociedad civil y les legaron el mandato del país. Por eso recurren a algunos personeros de la justicia y de la oposición, como soldados rasos para frenar cualquier aplicación de la ley. Rocca y Magnetto sólo creen en el derecho de propiedad y en la seguridad jurídica, pilares básicos del Estado de derecho, cuando estos consolidan sus intereses y sus beneficios. Ahora, el Estado argentino tiene en su poder la posibilidad de evitar los abusos de estas empresas y fijar reglas de juego claras que defiendan los intereses de la mayoría, en lugar de los privilegios de unos pocos.
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