16 de abril de 2011
Lejos de obedecer a razones de índole ideológica o de defensa de la “libertad económica”, el furibundo ataque que por estos días ensaya el diario Clarín contra la decisión oficial de hacer valer los derechos políticos del Estado en forma proporcional a la tenencia accionaria en empresas privadas que cotizan en Bolsa, tiene motivos mucho más terrenales.
Y es que en función de la participación en las acciones del 9% que el Estado argentino –a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)– mantiene en el poderoso holding le correspondería, sólo por el ejercicio fiscal de 2010 una suma equivalente a los $ 48 millones. Eso se debe a que para el último ejercicio que venció el 31 de diciembre de 2010, el multimedios comandado por la dupla Noble-Magnetto informó a la Bolsa de Comercio ganancias por $ 533.714.480, lo que equivale a un nivel de rentabilidad del 84% superior a la que había tenido en 2009.
La negativa del Grupo Clarín a distribuir dividendos no es algo nuevo. De hecho, la ANSES inició un pleito judicial contra el Grupo por el no reconocimiento de los derechos económicos del Estado. El 22 de abril de 2010, la asamblea de accionistas resolvió no distribuir los $ 290 millones de utilidades que Clarín obtuvo durante el ejercicio fiscal de 2009. Ese dinero pasó a engrosar un fondo que ya acumula $ 700 millones.
Es por ello que el organismo que conduce Diego Bossio reclama en la actualidad el 9% de ese fondo ($ 63 millones), a lo que habría que adicionarle el porcentaje correspondiente a las utilidades de 2010. Tras un primer fallo adverso, la ANSES elevó la apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que deberá expedirse sobre la cuestión.
Los antecedentes les son favorables, ya que en febrero pasado en un pleito de características similares al entablado contra Clarín, la justicia le dio la razón al reclamo de la ANSES contra la eléctrica Emdersa, compañía que no quería pagar dividendos y de la que el ente estatal posee el 20,96% de las acciones.
En esa ocasión, el fallo de la Sala D precisaba que “el derecho al dividendo de los socios o accionistas sólo puede ser negado por graves motivos”, con los que la empresa está obligada a explicar las razones por las cuales las utilidades se destinan a la creación de reservas, en forma clara, circunstanciada y detallada.
El 10 de marzo pasado, una asamblea ordinaria puso a consideración de los accionistas del Grupo que de los $ 533,7 millones de utilidades obtenidas el año pasado, $ 26.685.724 vayan a conformar la reserva legal, que $ 120 millones sean destinados al pago de dividendos y que $ 387.028.756 formen parte del Saldo a Resultados no Asignados.
La Asamblea General Ordinaria donde los accionistas deberán aprobar o no esta distribución de la utilidad económica del año pasado está convocada para el próximo 28 de abril a las 15 hs. Habrá una segunda asamblea el 6 de mayo, siempre en la calle Piedras 1743, de esta Capital Federal, sede del Grupo.
Desde que a fines de 2008 el gobierno se hizo cargo del sistema previsional, y por ende, de las acciones que las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) tenían en su cartera, la ANSES no ha percibido los dividendos que le corresponden en función de esas mismas participaciones. Por tal motivo cobra relevancia el Decreto 441 publicado el miércoles pasado en el Boletín Oficial, por el cual se le asegura al Estado el ejercicio de los derechos políticos que en su calidad de accionista relevante le corresponden en aquellas empresas donde posee participación, dejando atrás las limitaciones que regían durante la época de las AFJP, por las cuales estas solamente podían ejercer derechos políticos por el 5% de las acciones, aun cuando dispongan en su cartera de una participación mucho más elevada.
Pese a haber un proceso legal de por medio, el multimedios se niega a reconocer los derechos económicos del Estado, que detenta a través de la ANSES el 9% de las acciones del Grupo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario