Tiempo Argentino
20 de abril de 2011
Por Ignacio Chausis
En la asamblea de la empresa de energía Camuzzi realizada ayer se aceptó sin inconvenientes la vigencia del decreto que equilibra los derechos políticos de la ANSES con su tenencia accionaria. Es la sexta firma que lo hace.
La controversia desatada por la negativa de Siderar a reconocer los derechos del Estado durante su última asamblea de accionistas tendrá su desenlace final en la justicia. Así lo aseguró ayer el ministro de Economía, Amado Boudou, quien durante una conferencia de prensa calificó como un “papelón” la actitud del holding que encabeza Paolo Rocca. “El Grupo Techint está haciendo un verdadero papelón, al actuar como si tuviese algo que esconder”, manifestó Boudou, quien durante la presentación estuvo acompañado por el titular de la Administración de la Seguridad Social (ANSES), Diego Bossio. Además de la presentación en la justicia por la presunta comisión de “irregularidades en la asamblea”, el titular del Palacio de Hacienda informó que instruyó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para que inicie un sumario contra los directores de Siderar.
Algo que va quedando claro según se suceden las asambleas de accionistas de las restantes empresas donde el Estado mantiene algún tipo de participación accionaria es el aislamiento de Techint, en tanto el resto de las compañías aceptó de manera natural el Decreto 441 que expandió los derechos políticos de la ANSES. Desde la entrada en vigencia del nuevo marco normativo, ya se desarrollaron asambleas de accionistas en Molinos Río de la Plata, en el Grupo Concesionario del Oeste, en Transportadora de Gas del Norte, en Pampa Energía, en Socotherm Americas SA y en Camuzzi Gas Pampeana (ver recuadro). En ninguno de los casos se presentaron controversias ni rechazos a la participación del Estado en las compañías, si bien en algunas firmas la ANSES no cuenta con los números de votos suficientes como para introducir algún director, como es el caso de lo sucedido durante la asamblea de Molinos Río de la Plata, donde el Estado detenta el 19,99% del paquete accionario.
En este sentido, la firma que comanda Gregorio Pérez Companc reconoció la nueva disposición, pero es tan pequeño el número de directores, que la ANSES no tenía los votos suficientes como para tener la posibilidad de introducir uno propio. Lo mismo se repitió durante el acto asambleario desarrollado el lunes en Socotherm Americas, una empresa de revestimiento para tubos de acero, en la que la ANSES mantiene una participación del 18,59%. A diferencia de Siderar, Socotherm no utilizó el tope del 5% a los derechos políticos del Estado, tal como lo establece la nueva legislación, aunque la votación no fue favorable para el Estado argentino, que no alcanzó a designar a ningún representante.
Entre las asambleas que vienen, la de Consultatio aparece como abierta al planteo del gobierno. Eduardo Constantini, su máximo ejecutivo, dijo la semana pasada que veía bien la iniciativa del gobierno. Las otras dos asambleas de la semana próxima son las del Banco Macro y el Grupo Financiero Galicia.
Anoche, durante su participación en una emisión televisiva, el ministro de Economía, Amado Boudou, aseguró que el comportamiento de Techint no es acompañado por el resto de las compañías. “Lo veo muy aislado al Grupo Techint”, aseguró el funcionario.
Durante la asamblea ordinaria de Siderar, el viernes pasado, Techint –el controlante de la acerera– desconoció la ampliación de derechos del Estado, y distribuyó dividendos por $ 1500 millones, pero se negó a tratar la distribución de otros $ 6455 millones reservados. Como consecuencia de las irregularidades, el Estado –a través de la CNV– declaró nula las decisiones tomadas y prepara acciones legales contra la firma. Además, fuentes de la CNV confirmaron a Tiempo Argentino que ya se iniciaron las investigaciones formales para determinar si corresponde o no la apertura de un sumario a los directores de Siderar.
Justamente, uno de los puntos conflictivos desde que el sistema previsional pasó a manos del Estado es la no distribución de dividendos de las empresas donde tiene participación, y la conformación de fondos de Resultados No Asignados, lo que ya dio pie a que el gobierno accione judicialmente contra la eléctrica Emdersa y el Grupo Clarín. En concreto, la Ley de Sociedades Comerciales establece en su artículo 70 que “en cualquier tipo de sociedad podrán constituirse otras reservas que las legales, siempre que las mismas sean razonables y respondan a una prudente administración”. De este modo, la justicia consideró que no había razones suficientes para la no distribución de dividendos en Emdersa –la firma obtuvo en el ejercicio 2009 utilidades por más de $ 38 millones, de los cuales el 95% los hizo pasar a un fondo de Resultados No Asignados–, en tanto todavía debe expedirse por una situación similar en el Grupo Clarín, donde el Estado detenta el 9% de las acciones. “Si alguien tiene acciones es para obtener de ellas algún dividendo, una asamblea puede decidir por distintos motivos no distribuirlos, pero siempre tiene que prevalecer una cuestión de razonabilidad. Si no la hay, existe una clara violación”, indicó a Tiempo Argentino un magistrado del fuero comercial con larga experiencia en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. La misma fuente explicó que los accionistas que deciden no distribuir dividendos deben explicar los motivos. “El criterio de razonabilidad tiene que ser muy concreto y caso por caso”, indicó. Esa falta de razonabilidad sería uno de los principales argumentos legales para el reclamo judicial de la ANSES. “Los accionistas votaron a favor del directorio de Techint desconociendo el DNU 441/11, distribuyeron dividendos por $ 1500 millones, pero se negaron a tratar la distribución de $ 6455 millones reservados, sin argumento válido”, señaló Bossio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario