Las prepagas reconocen que no quieren que las controlen

Tiempo Argentino
21 de abril de 2011

Por Leandro Renou

Los empresarios resisten la regulación. El superintendente de Salud respondió: “Queremos una ley con reglas claras y que se cumplan.”


La Cámara de Instituciones Médico Asistenciales (CIMARA) salió ayer a patear el tablero y puso en blanco sobre negro el discurso del lobby empresario que desde hace dos años viene intentando detener la ley que regulará al sector. El encargado de dejar en claro la posición empresaria fue Federico Díaz Mathé, director ejecutivo de CIMARA, quien señaló que “no creemos que en una democracia con libre mercado, el Estado pueda decidir qué es lo que tenemos que hacer y cuánto debemos cobrar por ello” y, en nombre de la institución y las empresas asociadas, amenazó con dejar de inyectar dinero en el sector al decir que “no tendremos reinversiones en camas, en tecnología, va a haber menos espacio para las personas que aportaron durante años para tener la seguridad de que una empresa los resguarde, ahora tendrán que responder frente a las necesidades de personas que ingresan con enfermedades muy caras de tratar o que son muy adultas y tienden a tener problemas que también, son difíciles de costear”.
En declaraciones a Diario Judicial, Díaz Mathé fue un paso más allá y afirmó que “esta ley es maliciosa y no tiene objetivos claros. Escuché que esta ley ayudará a que se incorpore gente al sistema, pero esto será a costo de los 4,5 millones de afiliados que tienen las prepagas, que tendrán que afrontar los gastos de los nuevos usuarios.” El ejecutivo de la cámara que agrupa a empresas del porte de Galeno, Medicus, Medifé y Omint, adelantó, además, que es factible que “las empresas presenten declaraciones de inconstitucionalidad, y en cuanto lo haga una todas se sumarán a ese reclamo”. Este último punto es una de las presiones más graves y evidentes para intentar que Diputados no apruebe la ley en la primera sesión de mayo.
No es la primera vez que Díaz Mathé se planta ante una ley que no le conviene al sector: ya lo había hecho con la Ley de Fertilización Asistida gratuita que se aprobó en la provincia de Buenos Aires. “Me parece que es un disparate esto de legislar la salud con leyes por enfermedades”, dijo por entonces Díaz Mathé, y agregó que “todas estas leyes son parches” que no resuelven “la enfermedad final”.
La respuesta del gobierno no se hizo esperar. El superintendente de Servicios de Salud de la Nación, Ricardo Bellagio, le dijo a Tiempo Argentino que “las empresas están equivocadas, tiene que quedar en claro que lo que busca y quiere este gobierno es que haya una ley que ponga reglas de juego claras, y que se cumplan”. El funcionario aclaró, además, que “no estamos en contra de que las compañías, como empresas con fines de lucro, ganen dinero, pero la regulación tiene que existir para que los asociados conozcan sus derechos”.
La ley de medicina prepaga redactada por la embajadora en México, Patricia Vaca Narvaja, se aprobó en Diputados en 2008 y estuvo dos años cajoneada en el Senado hasta que a fines de 2010 la Cámara Alta decidió aprobarla, pero con cambios, por eso hoy vuelve a quedar en manos de Diputados la posibilidad de la sanción definitiva.
La norma permitirá proteger a los más de 4,5 millones de clientes en todo el país (los mismos a los que Díaz Mathé amenaza con incrementarles las cuotas), y monitorear un negocio que factura unos
$ 15 mil millones anuales. Días atrás, el ministro de Salud, Juan Manzur, pidió celeridad a los diputados para aprobar cuanto antes la norma.
Actualmente no existe un organismo de control de las prepagas. Las consultas de los clientes de la medicina privada se reciben en la superintendencia que dirige Bellagio, donde más del 40% de los reclamos son por prepagas.
Bellagio echó por tierra la versión de que con la ley, las prepagas se funden. “No creemos que sea así -dijo-, no hemos recibido nunca un estudio de impacto económico y prestacional que compruebe un supuesto desfinanciamiento. Lo cierto es que hoy las reglas son propias de cada empresa y termina pasando que les suben la cuota a los mayores de 60 años y los expulsan del sistema.”