martes, 19 de abril de 2011

El gobierno confirmó que recurrirá a la justicia para que Techint acate la ley

Tiempo Argentino
19 de abril de 2011

Por Ignacio Chausis

Así lo adelantó Cristina Fernández durante un acto oficial. Dijo que es “curioso que quienes hablan de seguridad jurídica ahora no quieren repartir dividendos”, y reclamó que distribuyan lo que pertenece a los “40 millones de argentinos”.


La presidenta Cristina Fernández confirmó ayer que el gobierno acudirá a la justicia para defender los derechos políticos que le corresponden en las empresas donde el Estado posee participación accionaria. Durante un acto en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, la mandataria aseguró que será la justicia la encargada de “poner las cosas en su lugar”, en una clara evocación al incumplimiento por parte de la empresa Siderar, del Grupo Techint, a la vigencia del Decreto 441, por el cual el gobierno pretende incrementar su presencia en el directorio de la empresa, de la cual posee casi el 26% del paquete accionario.
“Es curioso que los mismos que hablan de seguridad jurídica ahora no quieren repartir dividendos”, afirmó Cristina, y enfatizó que quiere que esas firmas “distribuyan las utilidades que le pertenecen a los 40 millones de argentinos”.
La ocasión no podía ser más propicia, en tanto los destinatarios del anuncio oficial de ayer sobre mejoras en la cobertura de salud que reciben del PAMI son los mismos jubilados cuyos intereses busca defender la ANSES, a través del uso pleno de sus derechos políticos en las empresas que tienen capital que le pertenece a la Administración Nacional de la Seguridad Social. “Yo espero que la justicia sabrá poner las cosas en su lugar, porque es lo que reclamaría cualquier argentino.” Además, la jefa de Estado reconoció que “cualquier argentino privado tiene derecho a tener sus ganancias”, pero advirtió que “en el Estado, eso es aun más necesario”. Y argumentó: “Es para hacer cosas como las que hoy estamos anunciando acá: sin eso no se podrían hacer.”
Aunque la presidenta evitó cuidadosamente hacer referencia al poderoso holding siderúrgico, el destinatario del mensaje no podía ser otro que la firma conducida por Paolo Rocca.
El viernes pasado, durante una Asamblea Ordinaria, los accionistas mayoritarios de Siderar –Techint– desconocieron la vigencia del nuevo marco normativo, manipularon la votación y pasaron a un cuarto intermedio, hasta un próximo encuentro el próximo 11 de mayo. Durante dicha asamblea, Siderar distribuyó dividendos por $ 1500 millones, pero se negó a tratar la distribución de $ 6455 millones reservados.
No obstante, ante la evidencia de las irregularidades, en la misma tarde del viernes el Estado Nacional, a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), decidió declarar “irregulares e ineficaces” las resoluciones tomadas en esa asamblea de accionistas. A diferencia de lo acontecido en Siderar, otras importantes firmas en las que el Estado posee acciones realizaron sus asambleas reconociendo la validez del nuevo marco normativo, y aceptando los nuevos derechos políticos que le caben ahora a la ANSES. Esos son los casos de Molinos Río de la Plata, Pampa Energía, Grupo Concesionaria del Oeste y Transportadora de Gas del Norte. El propio titular de la ANSES, Diego Bossio, quien ayer estuvo presente durante el acto, reconoció el carácter excepcional del comportamiento de Techint. “En todas estas firmas ejercimos el pleno derecho de los votos, y hubo un normal funcionamiento”, indicó.
En sintonía con el discurso de la presidenta, el ministro de Economía, Amado Boudou, afirmó ayer que Techint debe permitir el ingreso de directores en representación del Estado. “El Estado no quiere manejar las empresas, sólo participar como se debe”, destacó. El Decreto 441 amplía los derechos políticos de la ANSES de acuerdo a su participación accionaria. Esas acciones pertenecían a las AFJP y pasaron al Estado a fines de 2008, con la estatización del sistema previsional. La legislación vigente durante el régimen de reparto privado establecía que las AFJP no podían ejercer derechos por más del 5% de las acciones, aun cuando su participación superara ese número, evitando así posibles conflictos de intereses. “Vemos que algunos tienen balances formidables que les permiten distribuir dividendos. Bueno... no a todos, porque a algunos no nos quieren distribuir, pero no importa, ya lo lograremos”, concluyó la presidenta Cristina Fernández.

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