Tiempo Argentino
14 de abril de 2011
Por Roberto Caballero Director
Lo que es presentado por el Clarín de Magnetto y AEA como una injerencia inaceptable del Estado en el mundo empresario es el paso a la ofensiva de Rocca para connotar negativamente (chavizar) a Cristina Kirchner.
La pretendida “injerencia del gobierno en compañías privadas” que denuncian Techint y Clarín, capitanes ideológicos de AEA (Asociación Empresaria Argentina), busca instalar mediáticamente a Cristina Kirchner como la mandamás de un soviet sudamericano que sólo existe en el prejuicio de muchos de los integrantes de esta central empresaria, cuya utopía es volver al neoliberalismo de los ’90.
El Decreto 441/2011 no viene a implantar la revolución bolchevique ni a abolir la propiedad privada. Nada de eso. Aunque suene aburrido, incluso, hasta es posible que la pregonada “radicalización intervencionista” no produzca nada nuevo a lo ya conocido, salvo un episodio de tensión más que será aprovechado electoralmente por los empresarios que no toleran al gobierno, justo cuando varios de ellos comenzaban a dar señales de apoyo –por convicción o resignación– ante la reelección de Cristina Kirchner, como vaticinan todas las encuestas.
La verdad es que, desde que el paradigma previsional de las AFJP hizo crisis y el Estado tuvo que salir a socorrerlo, la famosa “plata de los jubilados” (en realidad, los aportes de trabajadores activos y pasivos) comenzó a ser administrada por un organismo oficial. La mayoría de las más de 40 empresas que se nutren del dinero que proviene del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES aceptó hace ya tres años, y sin hacer demasiado barullo, que el Estado pusiera representantes propios en sus directorios.
Pero aunque siguieron haciendo buenos negocios, la convivencia del gobierno –como administrador de la cosa pública en democracia– y estos grupos privados siempre estuvo atravesada por la tensión. A estos últimos les resulta difícil sustraerse de la añoranza atávica de aquellos años “locos y neoliberales”, donde el Estado era prescindente de casi todo, salvo de la tutela de sus intereses sectoriales.
El más belicoso de todos ellos es la transnacional Techint, que hace poco mudó su domicilio de las Islas Caimán a Luxemburgo. Su sociedad controlante, San Faustin SA, también emigró al mismo paraíso fiscal. Para que no queden dudas de que estamos hablando de una multinacional, San Faustin SA es a su vez controlada por Rocca & Partners Stichting, que organizó una fundación privada, pero no bajo el Derecho argentino, sino el holandés. Cuanto más lejos de Buenos Aires y sus controles, parece ser mejor para Paolo Rocca. ¿Tienen los jubilados argentinos actuales y futuros derecho a supervisar qué hace con su plata Techint? ¿Está bien o mal que el Estado vigile con un director propio esos fondos que hoy están aquí y mañana en Luxemburgo por un click de mouse?
En realidad, lo que es presentado por el Clarín de Magnetto y AEA como una injerencia inaceptable del Estado en el mundo empresario es el paso a la ofensiva de Rocca para connotar negativamente (“chavizar”) a Cristina Kirchner ante el establishment local e internacional, dañando todo lo que pueda su figura de acá a las elecciones de octubre.
Hagamos un poco de historia. Fue Techint la que aceptó a Aldo Ferrer como representante estatal en el directorio de Siderar. Pero ahora que el hombre se fue como embajador a París, Rocca puso la excusa del veto a Axel Kicillof, militante de La Cámpora y actual representante financiero de Aerolíneas Argentinas en el mismo cargo, aduciendo que este sería el comienzo de un copamiento estatal kirchnerista que concluye con la sovietización del país. Un verdadero disparate, sólo comestible en las oficinas ejecutivas donde se privilegia más el fundamentalismo ideológico que los balances contables de los últimos años.
Rocca busca meter miedo y de este modo alinear a su tropa, que empezaba a aceptar la posibilidad de que el “satánico” kirchnerismo se extienda en el tiempo por cuatro años más. Sabía Rocca que si se negaba a aceptar al sucesor de Ferrer propuesto por el Estado, a la presidenta no le quedaba otra opción que ordenar que todo se hiciera por un decreto de necesidad y urgencia para no incurrir en falta a sus deberes de funcionaria pública. No había otra posibilidad: el Estado, que somos todos, no podía quedar subordinado al capricho de un privado. La mutua comprensión de las normas, que había funcionado eficazmente hasta ahora como articulación virtuosa entre lo público y lo privado, quedó resentida con el desafío de Rocca.
No estamos en presencia, entonces, de una avanzada estatizante del marxismo-leninismo camporista. Se trata, simplemente, de que a los señores Rocca y Magnetto no les gusta Cristina Kirchner y tampoco su gobierno.
Pero ellos no quieren definir el pleito en las urnas. Prefieren votar en los mercados.
Pero estos ayer ni se inmutaron.
Se ve que también ahí vienen perdiendo.
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