domingo, 23 de enero de 2011

Caso Papel Prensa: ahora la fiscalía puede citar a Noble y a Magnetto

Tiempo Argentino
23 de enero de 2011

Por Hernán Cocchi
En el organismo encabezado por Eduardo Luis Duhalde esperan que los fiscales den curso al pedido realizado en septiembre del año pasado. Las pruebas confirman la “asociación” entre Clarín, La Nación, La Razón y los dictadores.


Hemos probado la asociación entre los militares y los diarios”, concluyó el subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén. Ahora, en la secretaría comandada por Eduardo Luis Duhalde esperan que los fiscales den curso al pedido de indagatoria presentado por el organismo a fines de septiembre del año pasado. En la querella, los funcionarios solicitaron que se citaran a los empresarios Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre, y a los ex directivos de La Razón Sergio, Marcos y Hugo Peralta Ramos. Además, en la lista figuran los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y el titular de la cartera de Desarrollo Industrial Raymundo Juan Pío Podestá. Los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos creen que el testimonio del genocida Reynaldo Bignone –quien reconoció sus reuniones “por Papel Prensa” con los dueños de Clarín durante la última dictadura militar– cerró un capítulo en la investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos antes y después de la apropiación de la fábrica de papel para diarios.
Por decisión del juez Arnaldo Corazza, los fiscales de la Unidad de Coordinación de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos tienen a su cargo la instrucción de la causa. El procedimiento judicial obliga a Marcelo Molina y Hernán Schapiro a cursar el pedido de indagatoria al magistrado, quien puede aceptarlo o rechazarlo. “Con las pruebas que aportamos, los testimonios que ya se tomaron y las 27 mil fojas del informe Papel Prensa – La Verdad, alcanza para citar a todos los imputados”, consideró Alén, quien agregó que “ en el expediente, están probadas las amenazas previas al traspaso de acciones, y las detenciones y torturas posteriores”.
La asociación entre los militares y los empresarios de los diarios fue la línea que siguieron desde la Secretaría de Derechos Humanos, cuando la presidenta Cristina Fernández anunció en agosto del año pasado que el organismo sería el encargado de analizar el contenido de la investigación realizada por la Secretaría de Comercio Interior. Las consecuencias para el mercado editorial del control de la mayor fábrica de papel para periódicos estaban a la vista. Nadie dudaba del enorme beneficio que gozaban Clarín y La Nación al controlar el mercado del principal insumo para cualquier proyecto periodístico. Sin embargo, restaba comprobar que la apropiación de la empresa de los Graiver fue un plan ideado y puesto en práctica con la complicidad cívico-militar. “El objetivo era dominar a los demás diarios”, explicó Alén, quien expresó su deseo de que al regreso de la feria, el juez autorice a los fiscales a convocar a indagatoria a Magnetto y compañía.
Papel Prensa es quizás el caso más emblemático de la complicidad de grandes empresarios con los genocidas que asaltaron a la Argentina en 1976. Pero no es el único. El 29 de noviembre, el gobierno nacional oficializó la creación de una unidad especial de investigación de delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica durante la última dictadura militar. La Secretaría de Derechos Humanos tiene en su poder la información sobre más de 600 casos de compañías que fueron liquidadas, intervenidas o apropiadas por los militares en beneficio propio o de sus “socios”.

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