lunes, 24 de enero de 2011

Una muerte que se anticipó a la justicia

Nicolaides cumplía una condena domiciliaria por violaciones a los derechos humanos, pero por su enfermedad no podía ser juzgado en la causa por el plan sistemático de robos de bebés que comienza en los primeros días de febrero.

Página 12
24 de enero de 2011

Por Alejandra Dandan

Murió en Córdoba el represor Cristino Nicolaides. Ex jefe del Ejército e integrante de la cuarta Junta Militar formada después de la derrota de Malvinas, murió el sábado a la noche a los 86 años de edad. Por razones de salud, su nombre había sido borrado de la lista de acusados en la causa por robos de bebés de la última dictadura, cuyos debates orales están a punto de iniciarse. Alertados porque sus abogados pedían nuevamente que no se lo juzgase por razones de salud, Abuelas de Plaza de Mayo envió un perito de parte a verlo hace unos seis meses. El abogado de Abuelas, Alan Iud, confirmó a Página/12 que el deterioro en su estado de salud era cierto, que efectivamente el militar ya no comprendía nada, pero también aseguró que si el juicio oral se hubiese hecho cuatro o cinco años atrás, el represor que encontró en su indisposición permanente una suerte de salvoconducto judicial podría haber sido condenado.

Los restos de Nicolaides fueron velados y cremados con celeridad. Su abogado Alejandro Zeverín confirmó a la prensa cordobesa que esas medidas se llevaron adelante por decisión de sus familiares.

Nicolaides nació en Córdoba en 1925. Integró la Junta de Comandantes que asumió el poder a medida que se despedazaba la dictadura. Fue quien ungió a Reynaldo Bignone para presidir la última etapa del “proceso”, y a quien se lo recuerda entre los autores del llamado “Documento Final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo”, que declaró muertos a los desaparecidos, y por el que estuvo acusado en la causa de Abuelas. Escapó del Juicio a las Juntas de 1985 por un acuerdo negociado por las Fuerzas Armadas con el ex presidente Raúl Alfonsín. De esa manera se le concedió una especie de autoamnistía por la que ni él ni los miembros de la última Junta fueron juzgados. Antes emitió la orden de quemar los documentos de la represión, impartida en noviembre de 1983 por el Estado Mayor General del Ejército para destruir las pruebas antes de la apertura democrática, otra de las acusaciones por las que iba a ser juzgado en la causa por el Plan Sistemático. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el subsecretario Luis Alén recordaba anoche una de sus frases más célebres: “El marxismo viene persiguiendo a la humanidad desde quinientos años antes de Cristo”.

A lo largo de los últimos años, el deterioro del estado de salud se convirtió en uno de sus mejores salvoconductos. No sólo lo salvó ahora de quedar incluido en el juicio oral que empieza el próximo 28 de febrero en la causa impulsada por Abuelas de Plaza de Mayo. Sucedió lo mismo en Corrientes y con la causa por la masacre de Margarita Belén en el Chaco. “De la Brigada que él comandaba salió la orden de traslado de los que terminaron siendo fusilados ese 13 de diciembre de 1976, con el nombre de ‘Operativo Rojo’”, recordó anoche el fiscal general Jorge Auat, enrolado entre quienes batallaron por conseguir primero quitarle el beneficio del indulto que había conseguido Nicolaides y entre quienes una vez que lo consiguieron tuvieron que escuchar, luego, que eran las razones de salud las que impedían procesarlo y habilitaron una vía para separarlo de la causa.

En 2007 esas mismas razones de salud le permitieron no estar presente en la sala de audiencias de los Tribunales porteños para escuchar lo que finalmente fue su primera y única condena a 25 años de prisión por el secuestro y la desaparición de integrantes de la organización Montoneros, que volvieron al país enrolados en lo que se llamó la Contraofensiva. Entre ellos estaba Ricardo Marcos Zucker, el hijo del actor Marcos Zucker, secuestrado en febrero de 1980. En 1997, el sargento Nelson Ramón González –ex miembro de un grupo de tareas– dijo en un reportaje de televisión que el propio Nicolaides ordenó fusilarlo en el polígono de tiro de Campo de Mayo. Durante el juicio, se supo que además ordenó el fusilamiento de otras dos personas que luego fueron incineradas entre neumáticos. El juicio fue llevado adelante por Ariel Lijo, y ese fue el primer juicio contra los jefes de la dictadura militar tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Es en ese sentido que Luis Alén decide hacer un subrayado: “Se murió condenado”, dice. “Y pese a esa condena –sigue– él ya tenía además una condena ética y moral de parte de la sociedad, y eso es para destacar.”

El sábado a la noche el estado de salud de Nicolaides desmejoró por una complicación pulmonar, según el parte de su abogado.

Las causas en las que estaba acusado o estaba siendo investigado incluyeron desde procesos en Corrientes a Chaco, Córdoba, el área de Campo de Mayo e incluso la acusación por el Plan Sistemático que dibujan de alguna manera una huella de lo que fueron sus pasos. Cristino Nicolaides fue jefe del Ejército entre diciembre de 1981 y julio de 1982. Pero antes, entre abril de 1976 y enero de 1978, estuvo a cargo de la Brigada de Infantería VII y de la subzona 23 del II Cuerpo del Ejército en Misiones, Chaco, Formosa y parte de Corrientes. Comandó la guarnición de Campo de Mayo del Ejército entre diciembre de 1979 y 1980. Y entre diciembre de 1980 y diciembre de 1981 fue jefe del III Cuerpo de Ejército en Córdoba.

Hasta hace seis meses, su nombre integraba la lista de acusados de la causa por los 33 casos de apropiación sistemática de niños a cargo del Tribunal Oral Federal 6 porteño. También están acusados los represores Jorge Rafael Videla y Bignone. En aquella visita a Córdoba, el perito de Abuelas confirmó no sólo que el estado de salud de Nicolaides iba a servirle nuevamente como salvoconducto. En el mismo análisis, el perito supo que si hubiese sido sometido a una batería de fármacos cuatro o cinco años atrás se podría haber contenido el proceso de deterioro. Si además, la etapa oral se hubiese hecho antes, Nicolaides podría haber sido juzgado.

El capitán José Luis D’Andrea Mohr –un luchador por los derechos humanos– lo conoció en 1962 durante los enfrentamientos entre azules y colorados, cuando a Nicolaides lo nombraron subdirector de la Escuela de Tropas Aerotransportadas (paracaidistas) de Córdoba, de la que él formaba parte. El ex capitán ya fallecido siguió sus pasos hasta denunciarlo por la incineración de los documentos sobre los desaparecidos en 1983. “Era gordo y torpe”, dijo a Página/12 a fines de los ’90. “Con pocas aptitudes para tirarse de un avión, apenas llegó, llenó los calabozos de soldados y con poco esfuerzo se hizo odiar por todos. A los oficiales nos ordenó concurrir a cenar al comedor del casino de saco y corbata, pero lo solucionamos en short y remera mudando las mesas al jardín.” El 2 de abril de 1963, a Nicolaides se le rebelaron los soldados. Era jefe de la guarnición, y por entonces los oficiales decían que era “un hombre de nalgas griegas” por su apellido. En la embestida lo introdujeron en el escobero, entre lampazos, baldes, jabón y papel higiénico. Algunos historiadores –dijo D’Andrea Mohr más tarde– sostienen que la oscuridad del escobero lo inspiró para planificar acciones tan heroicas como la de Margarita Belén. “Pueden ser calumnias de zurdos. O de carapintadas. O de pelilargos y barbudos a los que Cristino persiguió con saña en su aristotélica guerra ideológica.” De eso sabía mucho. Quizá por eso cuando decoró un pasillo de la Escuela de Tropas con retratos de próceres, encima de la leyenda “Facundo Quiroga” aparecía un ignoto hombre perfectamente rasurado y de aspecto mussoliniano.

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