Noble: un nuevo capítulo judicial

Miradas al Sur
20 de marzo de 2011

Por Laureano Barrera

La Cámara ratificó la decisión de la Justicia de extraer muestras biológicas de los hermanos

Lo anunciaron desde Abuelas de Plaza de Mayo: el próximo 30 de abril, la célebre “causa Noble” cumple diez años de trajín, muriendo y resucitando, pero no brinda, por el momento, ni verdad ni justicia. Aunque ahora, una vez más, parecen estar un peldaño más cerca, después de que este jueves la Cámara Federal de San Martín ratificara rotundamente la medida ordenada el 21 de diciembre por la jueza Sandra Arroyo Salgado de extraer “con o sin consentimiento, mínimas muestras de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras” de Marcela y Felipe Noble Herrera. Desde el organismo que hace 34 años busca a los hijos de los desaparecidos, mostraron satisfacción con el fallo, pero también prudencia. “Es un paso adelante muy importante. Nosotros lo recibimos con mucha esperanza porque ratifica el pedido que hace mucho tiempo hizo Abuelas, pero también con cautela porque sabemos que se vienen los recursos del otro lado”, explicó el abogado de la institución Alan Iud, en diálogo con Miradas al Sur. “Si bien el panorama indicaría que los análisis de ADN no se van a hacer hasta que se pronuncie la Cámara de Casación –agregó el letrado–, creemos que hay una posibilidad de que se hagan antes, sobre todo si la Cámara de San Martín rechaza los recursos de Casación que van a presentar, como debería ser por las disposiciones legales y las particularidades de la causa”.
En tal caso, de acuerdo al modus operandi desplegado por los abogados de la dueña del Grupo Clarín , resulta menos premonitorio que natural imaginar el futuro cercano del expediente. Irían de todas maneras a la Cámara de Casación con un recurso en queja, donde se abriría un nuevo debate: si mientras el máximo cuerpo penal resuelve el planteo corre un efecto suspensivo sobre el fondo de la cuestión. Es decir, si la deliberación rezaga una vez más, o no, los benditos análisis. Queda claro que, para el buffet de la viuda, debería. Si así fuera, sus juristas calcarían la operación ante la Corte Suprema con el único fin de seguir ganando tiempo y postergar el desenlace ad eternum.
Las desventuras de sugestiva parcialidad que se sucedieron a lo largo de la investigación judicial –a saber: la contaminación con varios perfiles genéticos de prendas de vestir, el apartamiento de un subcomisario de la policía federal por irregularidades en la ejecución de un operativo, la profanación de la caja de seguridad donde el juez anterior conservaba las muestras, entre otras–, llevaron a las querellas a pensar que los métodos alternativos no aportaban “igual certeza” y que había que recurrir a una extracción directa. La jueza tabuló las muestras con las que ya contaba, pero los expertos no pudieron asegurarle “indubitablemente” que se trataba de los perfiles de Marcela y Felipe. El 21 de diciembre dispuso “la extracción directa, con o sin consentimiento”, de dosis mínimas de su sangre, saliva, piel, o cabello, instándolos cordialmente a que los aportaran al hospital Durand por motus proprio.
Los herederos del imperio no se presentaron y apelaron la medida y la causa. La Cámara Federal de San Martín convocó a una audiencia el 10 de marzo, en la que sondeó a las defensas de Ernestina y Felipe y Marcela, si conocían un método alternativo para obtener las “muestras biológicas” que garantizara eficacia y permitiera “avanzar en el proceso”. Las respuestas, en un principio evasivas, terminaron por ser concluyentes: no.
El fallo del tribunal, una semana después, fue unánime, aunque cada miembro expuso sus propios argumentos. Al margen de la viuda imputada, menos preocupada en conservar su honor que su libertad y su imperio, los camaristas compararon el trámite judicial con un “nudo gordiano”: un conflicto de intereses irreconciliables entre dos grupos de víctimas. El primero, los presuntos nietos desaparecidos, Felipe y Marcela. El otro, los familiares de esos hijos y nietos desaparecidos.
Daniel Rudi resolvió “a favor del derecho de familia” del segundo grupo, incluso “con la oposición de las presuntas víctimas” (Felipe y Marcela), ya que no serían las únicas, sino “algunas, entre las varias damnificadas por los delitos de desaparición forzada de sus familiares”. Al resultar “inútiles” los métodos alternativos, el camarista concluyó “la obtención de mínimas muestras biológicas con o sin el consentimiento de las presuntas víctimas (…) es el último remedio a una compleja situación que no se puede solucionar por otro camino”.
Alberto Criscuolo, por su parte, se quejó de que los análisis siguen siendo una “asignatura pendiente” en un proceso con “más de nueve años de tramitación”, advirtiendo que “han sido las presuntas víctimas del delito quienes sistemáticamente se han opuesto” a “la prueba hematológica pertinente, inequívoca y útil” para llegar a la verdad. Sopesó una serie de factores para ratificar la resolución de Arroyo Salgado: el tiempo prolongado de investigación; la insuficiencia de las medidas alternativas; la imperiosidad de “arribar a la verdad histórica” y, finalmente, el deber del Estado de seguir indagando ante la negativa de adultos –aunque no estén imputados– cuando la medida dispuesta no implica daño para su salud.
El voto de Hugo Gurruchaga, el tercer camarista, fue perentorio. Consideró a la resolución de la jueza como “una diligencia impostergable, útil y pertinente” para destrabar el expediente, y debido a “la evidente pérdida del factor sorpresa” evaluó “agotado el intento de obtener muestras alternativas”. Desdramatizó –calificándolos de “descabellados”– los exabruptos de los letrados Alejandro Carrió y Roxana Piña, que habían comparado las extracciones con apremios ilegales o torturas. “Es una intervención mínima sobre el cuerpo, que en su esencia resulta común y habitual en análisis de rutina”. En el epílogo de su voto, el camarista deslizó la verdadera razón del vendaval recursivo. “Con base en todos los antecedentes del proceso, la pretensión de los apelantes implica obstaculizar sin justificación una investigación criminal y, en consecuencia, afectar ilegalmente los derechos de terceros y del propio Estado de perseguir delitos de intensa gravedad.” Delitos como la apropiación de menores, que pueden conducir a Ernestina otra vez a un calabozo VIP.