Tiempo Argentino
20 de marzo de 2011
Por Claudio Mardones
Para el fiscal, el compañero de escuela de Macri y ex ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, “debe ser considerado como autor mediato” de las agresiones de la “fuerza parapolicial”.
Mientras el jefe de gobierno Mauricio Macri recorría París para evitar una nueva citación de la justicia, se dio cuenta que tiene a un viejo amigo en problemas que podría perjudicarlo en la próxima campaña electoral. La confirmación le llegó el jueves pasado, en plena gira francesa, cuando el juez de Instrucción Facundo Cubas, rechazó su pedido de nulidad y ratificó su imputación en la causa que investiga la creación de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), el organismo creado en 2008 y acusado de “perseguir, hostigar y golpear” a personas en situación de calle. El temor del alcalde, por ahora, no tiene que ver con un nuevo procesamiento a su nombre, sino contra Juan Pablo Piccardo, su ex compañero del secundario y ex ministro de Ambiente y Espacio Público. El ex alumno del colegio Cardenal Newman, actualmente preside la millonaria empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y según el fiscal de instrucción Martín Niklison “debe ser considerado como autor mediato” de las agresiones de la UCEP, por ser “la cabeza visible de un aparato de poder estructurado verticalmente”. A pesar de contar con el patrocinio del costoso abogado sacapresos Cristian Cúneo Libarona, las imputaciones que hizo el representante del Ministerio Público cosecharon nuevos puntos a su favor hace un mes, cuando Piccardo se presentó en las oficinas del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº49 y aceptó ser interrogado por el juez Cubas. Una hora antes de comparecer, el plan de la defensa sólo se limitaba a la presentación de un escrito donde negaba su participación en todos los hechos investigados. Sin embargo, Piccardo fue más allá de las recomendaciones de sus abogados y aceptó responder las preguntas del juez.
Según consta en el expediente 53.350/08, caratulado “UCEP y otros s/ amenazas y otros” que nació a partir de una denuncia presentada por la entonces legisladora porteña Liliana Parada, Piccardo aportó detalles que confirman su íntima relación con la estructura de 26 empleados públicos que se dedicaba a desalojar espacios públicos y privados, de noche y a la fuerza. Cuando el juez le preguntó, por qué estableció que la UCEP trabajara entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, el ex rugbier dijo que lo hizo porque “a la noche hay más movilidad” y porque “resultaba más fácil la parte operativa”. En la indagatoria, el funcionario justificó el alquiler de un camión recolector de basura a la empresa Panizza, “porque era necesario para todos los movimientos de material”. Según los testimonios recogidos en los 17 hechos investigados por el juez, en ese camión blanco eran arrojadas todas las pertenencias de las personas golpeadas. Si bien el ex ministro no pudo explicar por qué equipó a los integrantes de la UCEP con 52 chalecos antipunzantes, respondió que el organismo no violaba los Derechos Humanos y agregó que la única persuasión que aplicaban sus funcionarios era “comunicar a los eventuales infractores por qué estaban cometiendo una infracción”. Aunque negó que el ente hiciera uso de la fuerza pública para liberar espacios ocupados, nada le privó aclarar que para él, “persuadir es el intento de buscar la comprensión de la contraparte”. En el expediente, que ya tiene 3500 fojas, Piccardo carga las responsabilidades en Fabián Rodríguez Simón, ex jefe de Gabinete del ministerio y en Jorge Polini y Matías Lanusse, administrador y coordinador de la UCEP.
En su descargo, Rodríguez Simón aclaró que su función al frente de la UCEP fue “ad honorem”, y recordó que en el único procedimiento en el que estuvo presente fue en el de-salojo de Paseo Colón, realizado el 26 de febrero de 2009 a pedido de Daniel Presti, subsecretario porteño de Justicia del ministerio conducido por Guillermo Montenegro. El dato arroja una nueva vinculación del organismo con la cartera que tiene a la Policía Metropolitana bajo su órbita. Ese día, según los testimonios de los denunciantes, un grupo de diez personas entró a los golpes al primer piso del edificio ocupado, se llevó a varios niños por delante y les dio dos horas de plazo a todas las familias del lugar para que se fueran. Luego, comenzaron a derribar las paredes a mazazos. Para Niklison, Piccardo y Rodríguez Simón “organizaron un grupo de hombres, una fuerza parapolicial que actuaba de noche y que no tenía otra capacitación que no fuera golpear y meter objetos en el camión de basura”.
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