Tiempo Argentino
14 de abril de 2011
Por N.E.
El funcionario cuestionó la inciativa del líder del PRO que modifica el Código Contravencional para sancionar protestas de trabajadores.
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, calificó ayer de “inconstitucional” el Decreto 2/11 firmado el martes por Mauricio Macri que amplía los alcances del Código Contravencional de la Ciudad y establece sanciones para quien “intencionalmente impida, obstruya y obstaculice” la producción , impresión o distribución de ideas. El ministro y precandidato a jefe de gobierno porteño por el Frente para la Victoria lo consideró “la más grave falta de respeto en la división de poderes en la corta vida como Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Además, un grupo de legisladores opositores anunciaron que realizarán hoy una presentación judicial para frenar su aplicación.
Macri continúa acumulando errores. El decreto de Macri fue vehementemente rechazado por el ministro de Trabajo, quien aseguró ayer que la norma “es a todas luces inconstitucional y pretende castigar a los trabajadores de medios de comunicación colocándolos en un lugar de menores derechos frente a otros trabajadores”. Además, Tomada destacó que la norma es “claramente antisindical”, y comparó al actual jefe de gobierno con Osvaldo Cacciatore, quien ocupó ese cargo durante la última dictadura militar.
El ministro se presentó en la Legislatura acompañado por la diputada nacional de Forja, Silvia Vázquez; los legisladores Aníbal Ibarra, de Diálogo por Buenos Aires; Gonzalo Ruanova, de Nuevo Encuentro; María José Lubertino y Francisco Nenna, del Frente para la Victoria; y del director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, Damián Loretti.
Ruanova dijo que no lo sorprende que Macri “defienda los intereses de los más poderosos”, y opinó que la emisión del decreto es una sobreactuación del jefe de gobierno “para quedar bien con un grupo de empresarios”. A su turno, Vázquez expresó que “se trata de una situación institucional de muchísima gravedad”, al tiempo que rechazó “la asociación de intereses entre Clarín y el gobierno de Macri”. La legisladora también cuestionó que en los fundamentos del decreto se mencione “un caso particular”.
El decreto debe ser refrendado por la Legislatura para tener vigencia. Para impedir su aplicación, Ruanova e Ibarra realizarán una presentación judicial, pero no decidieron si lo harán mediante un amparo o una acción declarativa de certeza.
No hay comentarios:
Publicar un comentario