Tiempo Argentino
13 de abril de 2011
Por Hernán Cocchi
El fallo del juez Roberto Gallardo exhorta al jefe de gobierno porteño a confeccionar un plan estructural de salud que incluya un protocolo de atención del SAME. “El caso de Ruiz es un exponente claro de desidia y xenofobia”, concluyó.
A ningún habitante de la Ciudad se le puede pedir que permanezca pasivamente frente al peligro que lo acecha diariamente, sabiendo que si una urgencia médica le afecta, nadie lo socorrerá en tiempo y forma, ello bajo la inaceptable excusa estatal de la supuesta ‘inseguridad’.” Arrollador en los argumentos, el juez Roberto Gallardo dictó ayer –luego de la muerte de Humberto Ruiz en la Villa 31– una medida cautelar que le ordena al gobierno porteño confeccionar “un plan estructural de salud que incluya un protocolo de atención del SAME, de implementación inmediata”. El fallo busca garantizar la atención médica de las emergencias en los barrios más desprotegidos de la Ciudad de Buenos Aires. A sólo un día de la suspensión del juez de Garantías de San Isidro, su colega porteño no dudó en criticar los discursos de la demagogia punitiva que exigen políticas de mano dura: “Paradójicamente, la primera inseguridad es la de aquel cuya vida peligra y no encuentra en el Estado sustento o cobertura.”
“El caso del señor Humberto Ruiz es un exponente claro de la desidia, la desorganización, el prejuicio, la xenofobia y el racismo, la incoherencia y el desprecio”, concluyó Gallardo. La presentación inicial, realizada por la Asesoría Tutelar contra el gobierno de la Ciudad, reclamaba a la justicia el diseño de un “plan específico de seguridad ciudadano” que garantice “las condiciones necesarias que permitan a todos los habitantes acceder a obras de infraestructura, servicios de salud, servicios básicos de recolección de residuos, etcétera”.
El juez Gallardo pidió al SAME las transcripciones de las comunicaciones de radio realizadas el 8 de abril pasado entre la base del servicio de emergencias porteño y las ambulancias del Hospital Fernández enviadas a la Villa 31 a atender las convulsiones que sufría Ruiz. Los escalofriantes diálogos entre el chofer y el operador –que incluyen frases como “en cualquier momento van a venir todos los negros y van a armar un bardo terrible”– demuestran la falta de voluntad de los agentes de salud enviados al lugar para entrar al barrio y las decisiones del jefe del organismo, Alberto Crescenti, para abandonar el lugar. El fallo afirma que “la lectura de los diálogos sostenidos entre los operadores del SAME y los encargados de las ambulancias permite con elocuencia considerar que no existen a la fecha protocolos de actuación adecuados y efectivos”. Y agrega: “los operadores actúan discrecionalmente como si su función fuera privada y no pública y que las autoridades del ente responsable dan órdenes en forma indiscriminada y sin conocimiento real de lo que acontece en el terreno”.
Gallardo no debió indagar en demasiados libros de derecho para encontrar argumentos legales que obliguen al Estado a garantizar la atención de la salud. En 1994, la reforma constitucional incorporó a la Carta Magna los pactos internacionales sobre Derechos Humanos. “Los derechos a la vida y a la salud se encuentran consagrados en la Constitución Nacional”, recordó el magistrado. Además, resaltó la “asimetría que presentan los barrios periféricos en contraste con los barrios consolidados de la Ciudad”. El juez convocó a una audiencia pública que se realizará el próximo viernes a las 11:30 en el Colegio Público de Abogados de la Ciudad. Deberá participar “con carácter personal e indelegable” el ministro de Salud porteño, Jorge Lemus. Gallardo consideró además que “luego de casi dos años de intimaciones judiciales, la responsabilidad política” del funcionario “resulta incuestionable”. Además, deberán comparecer el titular de la cartera de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y el jefe de Gabinete macrista, Horacio Rodríguez Larreta.
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