Renunció el juez que avaló la continuidad de Fibertel

Tiempo Argentino
12 de abril de 2011

Elvio Sagarra había sido denunciado por “parcialidad manifiesta”. El jurado se enteró justo cuando debatía si lo sometería a un jury.


El juez Civil y Comercial
Nº 6 de La Plata, Elvio Sagarra, se jubiló la semana pasada, y así evitó ser sometido a un jurado de enjuiciamiento de magistrados que lo iba a investigar por “parcialidad manifiesta” cuando falló a favor de la continuidad de la firma Fibertel, del Grupo Clarín.
Sagarra había sido acusado por tres diputados provinciales del Frente para la Victoria de haber “violado el artículo 196 del Código Procesal Civil y Comercial” al suspender, el año pasado, la resolución de la Secretaría de Comunicaciones que declaró la caducidad de la licencia de Fibertel.
Los legisladores Fernando Navarro, Carlos Gatica y Karina Nazabal acusaron a Sagarra, por esa resolución judicial, de haber actuado con “parcialidad manifiesta” en el caso y lo denunciaron ante el jurado de enjuiciamiento, que preside Hilda Kogan, titular de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
El jurado se iba a reunir ayer para determinar si prosperaba el juicio político, pero a último momento sus integrantes fueron notificados de la jubilación del juez, lo que en la práctica desactiva la posibilidad de una investigación sobre su actuación.
La denuncia realizada el 1 de octubre de 2010 por Navarro advertía que el magistrado “incurrió en graves incumplimientos de los deberes a su cargo, negligencia e irregularidades en el ejercicio de sus funciones por actuar en una causa en la que no tenía competencia y excederse en su jurisdicción”. El diputado bonaerense consideró que Sagarra incurrió “triplemente” en las causales de remoción que indica el artículo 21 de la Ley 13.661, que regula el proceso de enjuiciamiento de magistrados. Explicó que, para dictar su fallo, se basó en dos causas “sin conexión subjetiva ni objetiva”, como son el proceso iniciado por la Asociación de Vendedores Ambulantes de la provincia para impedir la instalación de una feria (que fue rechazado por el magistrado el pasado 30 de marzo), y el caso de María Eugenia Espósito, quien solicitó suspender la ejecución de la Resolución Nº 100, al considerar que afectaría sus derechos como consumidora de servicios de Internet.