Tiempo Argentino
13 de abril de 2011
Por Néstor Espósito
El Tribunal de alzada tendrá 30 días para expedirse sobre la toma de muestras con o sin consentimiento, dispuesta por Arroyo Salgado.
La Sala Segunda de la Cámara Federal de San Martín concedió el “recurso de casación” presentado por los abogados de los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera contra la decisión de someterlos a la extracción con o sin consentimiento de flujos corporales (sangre, saliva o cabellos) para determinar sus respectivos patrones genéticos y, con ellos, sus verdaderas identidades biológicas.
El tribunal, integrado por los jueces Daniel Rudi, Alberto Criscuolo y Hugo Gurruchaga, admitió que sea la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país, el que en definitiva resuelva en esta instancia si la extracción de muestras para el ADN debe llevarse a cabo o no. En los hechos, la decisión significa que los análisis seguirán suspendidos por lo menos por 30 días más, que es el plazo que la Casación dispone para resolver. Pero ese lapso podría estirarse ya que uno de los integrantes del tribunal convocado para resolver podría excusarse de continuar interviniendo, según deslizaron fuentes judiciales.
La Sala Segunda de la Casación está compuesta por los jueces Guillermo Yacobucci, Luis García y Gustavo Mitchell. Este último, junto con su colega José Martínez Sobrino, vicepresidente del Tribunal Oral Federal Nº 6, fue denunciado hace un año por una supuesta entrega irregular de un bebé hijo de desaparecidos durante la dictadura, cuando ambos eran ya funcionarios judiciales. Desde entonces, observadores judiciales indican que Mitchell es renuente a intervenir en causas de esta naturaleza, por lo que no descartaron que se excuse en el expediente Noble Herrera. Ello podría demorar la resolución, ya que ante tal eventualidad debería ser designado un nuevo juez, quien debería tomar conocimiento de la causa.
De cualquier modo, la Casación no será el último paso en el trajinado expediente. Sea cual fuere su decisión, el caso llegará a la Corte Suprema de Justicia, que será en última instancia la que deberá fijar criterio sobre la validez o no de la ley que consagró la extracción compulsiva como una medida de prueba válida para determinar la identidad de presuntos hijos de desaparecidos.
Abuelas de Plaza de Mayo emitió un comunicado en el que se quejó que la decisión de la Cámara “demora una vez más la resolución del caso”, ya que esperaban que el tribunal de alzada rechazara in limine el nuevo recurso de los Noble Herrera para permitir que se realizara el análisis genético.
La organización, querellante en la causa, señaló que “una vez más este sistema judicial favorece la dilación de la causa, no obstante, como en todos los casos, las Abuelas esperamos que finalmente se sepa la verdad y que los nietos que aún esperamos recuperen su identidad”.
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