Moreno, ratificado como querellante

Tiempo Argentino
13 de abril de 2011

El gerente de la empresa, acusado de falsificar balances, intentó apartarlo del caso.


La justicia corrió ayer el último obstáculo antes de juzgar al presidente de Papel Prensa, Alberto Maquieira, acusado por la falsificación de los balances contables del año 2009. Los abogados del gerente, designado por Clarín y La Nación, le habían negado a Guillermo Moreno la capacidad de ser querellante. Ayer, la Cámara coincidió con un fallo de un juez, rechazó la apelación del gerente y le dio la razón al secretario de Comercio.
La causa es una de las primeras que surgió en la disputa entre los accionistas privados y el gobierno nacional en torno a la administración de Papel Prensa. De hecho, en diciembre del año pasado, después de un año de dilaciones, el juez Alejandro Catania dispuso que se le tome declaración indagatoria a Maquieira, acusado por el delito de falsificación de balances. La apelación congeló todo.
Pero ahora Maquieira ya no tiene excusas. Le tomarán declaración indagatoria y, si sus argumentos no fueran considerados válidos, podrían procesarlo. La acusación del gobierno –realizada en primera instancia por el miembro del Comité de Vigilancia de Papel Prensa, Alberto González Arzac– generó varios allanamientos. En noviembre del año pasado, Catania secuestró siete cajas con documentación de las oficinas porteñas de la compañía.
La resolución judicial es simbólica por donde se la mire. Da cuenta de los múltiples artilugios judiciales empleados por los accionistas privados para impedir el acceso a la información por parte de los representantes del Poder Ejecutivo en Papel Prensa. Y de la persistencia de los funcionarios en hacer valer el rol de control y de gestión que le corresponde al Estado Nacional en la empresa que tiene, actualmente, el virtual monopolio de la industria de papel para diarios en la Argentina.
El hecho que se investiga es que, en la aprobación de un balance, la firma de quien presidía la reunión no se correspondía con alguien que hubiese estado presente ese día. En rigor, en el apuro, con la motivación de que los funcionarios designados por el gobierno nacional no accedan a los datos cruciales que alimentan un balance, tacharon una firma de manera ilegal y la remplazaron por otra. Nada hubiera ocurrido si los accionistas privados hubiesen accedido a discutir esa aprobación con los funcionarios que lidera Guillermo Moreno.
“Es la primera causa judicial de una larga serie. La motivación que tuvieron para no aprobar el balance como corresponde es que no accedamos a la información. En un principio, ni siquiera podíamos conocer cuánto cobraban los gerentes. Fuimos avanzando, aunque aún hoy hay datos relevantes a los que nos impiden el acceso”, explicó Alberto González Arzac.