La Corte se involucró en las causas por el manejo irregular de Papel Prensa

Tiempo Argentino
15 de abril de 2011

Por Néstor Espósito

Le envió al jefe de los fiscales una decena de recursos de apelación vinculados con la política comercial de la firma y anomalías en la gestión de los socios Clarín y La Nación. La medida es virtualmente el paso previo a un fallo sobre el tema.


La Corte Suprema de Justicia decidió meterse de lleno en los expedientes en los que está cuestionado el accionar de los representantes de La Nación y Clarín en el manejo de Papel Prensa, la firma mixta productora del principal insumo de los diarios, cuya propiedad comparten ambas empresas periodísticas y el Estado. El tribunal resolvió enviar a la Procuración General de la Nación una decena de recursos de apelación, que esencialmente se vinculan con dos grandes grupos de temas, presentados por la fiscal general Alejandra Gils Carbó: la política comercial de la compañía y las irregularidades en la gestión.
Se trata de los recursos que impugnaron la decisión de la Cámara en lo Comercial de revocar la designación de un coadministrador judicial en Papel Prensa, que había sido ordenada por el juez Eduardo Malde. También de la apelación contra la resolución por la que la Sala C de la Cámara impidió al Estado investigar posibles prácticas de abuso de mercado –la venta de papel a Clarín y La Nación a un precio preferencial– al separar del directorio a los tres representantes del Poder Ejecutivo. Y por último, de las presentaciones sobre el expediente iniciado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), contra la sentencia de la Sala C, que le negó facultades para declarar la irregularidad e ineficiencia de actos administrativos del directorio de Papel Prensa.
Las causas relacionadas con Papel Prensa que tramitan ante la justicia comercial originaron un enfrentamiento entre la Sala C y la fiscal Gils Carbó, quien sostiene que el tribunal le impide ejercer su control jurisdiccional y sobre la legalidad del trámite judicial. La decisión de la Corte es, en rigor, el paso previo a un fallo.
La CNV había detectado una serie de presuntas irregularidades administrativas, anuló decisiones adoptadas en asamblea de socios y puso el tema en conocimiento de la Gerencia de Investigaciones y Prevención del Lavado de Dinero, porque estaban en juego elementos centrales en la actividad comercial como la Ley de Sociedades y al Régimen de Transparencia de la Oferta Pública. La Cámara revocó la decisión de la CNV por una supuesta “violación de las garantías de defensa en juicio” y las supuestas irregularidades fueron virtualmente avaladas por la justicia.
Hoy, el directorio de Papel Prensa funciona sin directores estatales, pues están suspendidos justamente como consecuencia de una decisión de la Cámara. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, no puede asistir a las asambleas porque está virtualmente destituido también por decisión de los camaristas.
Todo ese cúmulo de cuestiones, que llegó a la Corte, en la mayoría de los casos por la vía del “recurso de queja”, están desde el martes pasado en el escritorio del Procurador General de la Nación, Esteban Righi. La sola remisión de los expedientes para pedir la opinión del jefe de los fiscales es un dato relevante: la Corte pudo –como lo hace en cientos de causas con trámite procesal similar a este– declarar “inadmisible” los recursos y aplicar lo que en la jerga tribunalicia se denomina “la plancha del 280”. En otras palabras, confirmar la decisión de Cámara sin más trámite.
Sin embargo, un dato resulta llamativo: el máximo tribunal sólo le envió a Righi los recursos presentados por la fiscal Gils Carbó, no así los que interpusieron la CNV y el Estado Nacional. Existe la posibilidad de que se haya tratado de un olvido, una omisión que aún está a tiempo de ser subsanada. Pero si no fuera así, la señal indicaría que la Corte sólo escuchará los argumentos de la fiscal y no al Estado, ni a un organismo regulador de la actividad.
El procurador Righi no tiene plazos determinados para pronunciarse y, atento a la multiplicidad y complejidad de los expedientes, todo parece indicar que sus dictámenes no estarán listos en el corto plazo. Tampoco la Corte, una vez que reciba la opinión del jefe de los fiscales, está limitada por un lapso determinado.
A propósito de la fiscal Gils Carbó, por una vía poco ortodoxa e infrecuente llegó a la Corte Suprema un pedido corporativo de la Cámara Comercial para que cese en sus críticas al accionar de los camaristas. El Acuerdo 11/2011, fechado el 5 de abril pasado, sostiene: “Esta cámara consideró una serie de manifestaciones e imputaciones respecto de varios jueces que la integran formuladas por la fiscal general en sendas comunicaciones dirigidas a la Procuración General y a la Corte Suprema. El tribunal resolvió rechazar esas expresiones, haciéndolo saber a las autoridades nombradas y comunicar esa decisión a la citada funcionaria en la inteligencia de que se reencauzarían las relaciones institucionales. Después de ello, la fiscal ha hecho público que mantiene una situación de conflicto con este tribunal, que ha desembocado, en su parecer, en una ruptura institucional.” Los párrafos siguientes son una suerte de lamento y reproche hacia la actitud de Gils Carbó. La situación de conflicto es real y se traslada al plano jurisdiccional. De hecho, la fiscal se queja porque la Cámara dictó al menos media docena de resoluciones sin siquiera “darle vista” de los expedientes.