Tiempo Argentino
27 de mayo de 2011
Por Gerardo Aranguren
Reclamaron a la Cámara de Casación Penal que rechace la apelación de Felipe y Marcela Noble Herrera contra la decisión de someterse a una nueva prueba de ADN, y que ratifique la decisión de la jueza Sandra Arroyo Salgado.
Sólo resta que la justicia entienda que hay dos intereses contrapuestos: uno busca verdad, justicia y la liberación de las víctimas; y otro la impunidad”, manifestó con determinación, ayer al mediodía, la abogada Alcira Ríos en la audiencia convocada por la Sala II de la Cámara de Casación Penal. Reclamó de esa manera una definición a los jueces Raúl Madueño, Guillermo Yacobucci y Luis García, quienes el próximo jueves a las 12 difundirán si confirman o rechazan la extracción de sangre y saliva “con o sin consentimiento” de Marcela y Felipe Noble Herrera.
Pasadas las 11, la Sala AMIA de Comodoro Py se llenó sorpresivamente de público y periodistas para escuchar los argumentos a favor y en contra de la extracción de sangre dispuesta por la jueza Sandra Arroyo Salgado más de cinco meses atrás.
Las posiciones en la sala marcaron las posturas de las partes sobre el análisis de ADN a los herederos de Ernestina Herrera de Noble: a la derecha de los jueces se sentaron la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, junto a los abogados, Alan Iud y Mariano Gaitán; los fiscales Raúl Pleé y Jorge Auat, y detrás los abogados querellantes Alcira Ríos y Pablo Llonto. Todos coincidieron en reclamar que se rechace la apelación y se ratifique la decisión de Arroyo Salgado. A la izquierda del estrado se ubicaron los letrados de Marcela y Felipe, Alejandro Carrió y Roxana Piña, quienes, por turnos, cuestionaron la constitucionalidad y legalidad de la medida dispuesta por la magistrada en diciembre de 2010. Para eso utilizaron los mismos argumentos que ya fueron rechazados por la Cámara de San Martín en la instancia anterior.
“Está en juego la autonomía de Marcela y Felipe, de no ver su voluntad violentada”, señaló Carrió, en referencia a la negativa de ambos de entregar muestras de ADN para realizar el análisis genético. El abogado cuestionó duramente el fallo de Arroyo Salgado y volvió a comparar la extracción de sangre con una tortura. También planteó la inconstitucionalidad del artículo 218 bis del Código Procesal Penal, que regula las extracciones. Para eso utilizó los dichos de dirigentes del diputado Federico Pinedo (PRO) y los senadores radicales Ernesto Sanz y Luis Naidenoff durante la discusión parlamentaria en la que se modificó ese artículo.
“Se va a cometer un grave daño a dos personas grandes que no han cometido ningún delito. Por eso es que pedimos que se revoque el fallo y se anule la medida. Además, mantenemos la reserva federal para recurrir a la Corte Suprema en caso de un fallo adverso”, agregó el abogado.
Piña, por su parte, criticó, sin nombrarlas, a las Abuelas de Plaza de Mayo. “¿Por qué se opina sobre los sentimientos más íntimos de dos personas? ¿Con qué base se dice que van a ser más felices y libres? Quieren imponer una forma de pensar cueste lo que cueste, y recuerda las peores épocas de la argentina”, manifestó la abogada.
Por último, Carrió volvió a tomar la palabra y cambió el eje de la discusión: “Responsabilizo a las querellas por las demoras en la causa. Es falso que Marcela y Felipe hayan dilatado, sólo hicieron uso de su derecho a apelar”, señaló el letrado.
“La medida es legal y constitucional. Si, como dicen, no son hijos de desaparecidos, no veo razones para que no se realicen el examen. El problema es que hay sobrados elementos para sostener esa hipótesis”, contestó Alan Iud, de Abuelas. El abogado recordó que una medida idéntica a la que cuestionan había sido dispuesta por el juez de instrucción Conrado Bergesio, y nunca fue apelada por Marcela y Felipe. También rechazó los dichos de Carrió sobre el daño físico que les podría provocar la medida: “No se puede decir que la práctica es un trato humillante o similar a la tortura”, puesto que los jóvenes ya se sometieron a una extracción de sangre voluntaria en el Cuerpo Médico Forense, aunque con la condición de que sólo se comparara con dos familias de desaparecidos.
En contraste con la exposición más técnica de Abuelas, Ríos y Llonto hicieron una lectura más política del caso. La abogada repasó la historia de la causa y aclaró: “Lo único que falta hacer desde hace ocho años es establecer la identidad.”
Llonto, con voz firme, consideró una “locura” los dichos de Carrió, en los que endilgó las demoras en la causa a las querellas y acusó a los abogados y al Grupo Clarín de utilizar “a Marcela y Felipe como un escudo para proteger a Ernestina Herrera de Noble”. Destacó además que Felipe hace poco fue padre, por lo que “su hija Morita también es víctima y tiene derecho a conocer quiénes fueron sus abuelos”. Por último, Llonto concluyó: “Mientras más tiempo pasa, la responsabilidad de la justicia es mayor. Alguien les tiene que poner un nunca más a las dilaciones, un nunca más a las mentiras, para conocer la verdad de Marcela y Felipe.”
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