Righi aconsejó que la CNV controle en Papel Prensa

Tiempo Argentino
19 de mayo de 2011

Por Néstor Espósito

Para poner la lupa sobre los accionistas privados de la empresa.


El procurador general de la Nación, Esteban Righi, le planteó formalmente a la Corte Suprema que reivindique a la Comisión Nacional de Valores (CNV) como organismo de control de Papel Prensa SA, lo que en los hechos podría traducirse en el regreso de “un interventor co-administrador” judicial que ponga la lupa sobre los manejos de los accionistas privados de la empresa, y la posibilidad de que exista un “consejero de vigilancia en representación del Estado Nacional”, que es socio minoritario en la firma monopólica de la fabricación de papel para diarios.
Righi firmó ayer una decena de dictámenes que presentó ante el máximo tribunal para emprolijar el funcionamiento de Papel Prensa, a partir de una serie de decisiones administrativas que los representantes de los diarios Clarín y La Nación habían adoptado el 4 de noviembre de 2009. En rigor, se trataba de irregularidades administrativas fácilmente subsanables en una sociedad que funcionaría con objetivos comunes de todos sus integrantes. Pero está claro que en Papel Prensa los accionistas privados y el Estado Nacional tienen intereses contrapuestos.
La CNV está para “fiscalizar el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias” y “declarar irregulares e ineficaces a los efectos administrativos los actos sometidos a su fiscalización, cuando sean contrarios a la ley, a las reglamentaciones, al estatuto o a los reglamentos”. Además, la normativa establece que “toda persona sujeta a un procedimiento de investigación debe proveer a la CNV la información que esta le requiera”.
Un juez de primera instancia había respaldado la postura de la CNV, que virtualmente era desconocida por Papel Prensa en el cumplimiento de esas funciones de fiscalización y control. Pero la Sala C de la Cámara en lo Comercial revocó la decisión, reinterpretando las facultades de la Comisión. Como si el Estado Nacional no fuera socio minoritario, o se tratara de una empresa privada, la Cámara entendió, además, que en el caso no existía “gravedad institucional” pues “las cuestiones de fondo que subyacen son problemas típicamente societarios”. Y, en ese contexto, rechazó el recurso extraordinario que había presentado la fiscal de Cámara Alejandra Gils Carbó para que la Corte Suprema resolviera quién tenía razón. La fiscal –a la que a menudo la Cámara ni siquiera le pidió opinión– se metió igual en los despachos de la Corte, mediante un “recurso de queja” sobre el que ayer se pronunció Righi.
“La primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley. No cabe pues, a los jueces, sustituir al legislador, sino aplicar la norma tal como este la concibió”, reprendió el procurador a la Cámara.
¿Qué más dijo Righi? Recordó un viejo fallo de la Corte, de abril de 2007, en el que la CNV intervino en la transferencia del paquete accionario de Terrabusi a la multinacional Nabisco. Y subrayó que la ley asigna a la CNV “el poder de policía sobre la oferta pública de valores negociables, como modo de resguardar los intereses de los inversores mediante la protección de la transparencia de las operaciones, necesaria para mantener las condiciones de seguridad y confianza que impulsan la difusión de la propiedad de valores negociables.”
En otras palabras, Righi propuso un límite a la discrecionalidad con que se toman las decisiones en Papel Prensa. Y para ello impulsó la reanudación de la coadministración supervisada por la justicia, y la presencia de un “consejero de vigilancia” que cuide los intereses del Estado, es decir de toda la comunidad.